¿Mercantilización en el Proceso de Bolonia? La palabra mercantilización es un término que empieza a ser usado en todo el mundo en relación con la universidad ya en los años ochenta bajo la denominación original inglesa de marketisation. Como consecuencia del incremento del número de estudiantes y de los costes de la enseñanza universitaria en todos los países (lo que se llamaba la crisis del Estado del bienestar), se planteó la necesidad de agilizar el funcionamiento de las instituciones haciéndolas responder más eficientemente a las demandas sociales. Para ello se introdujeron mecanismos de gestión llamados de cuasi-mercado. Estos mecanismos consisten en la aplicación de algunas reglas de mercado a las instituciones públicas para mejorar su eficacia y su eficiencia y así obtener el mayor rendimiento de los recursos públicos invertidos. En este sentido, los incentivos financieros a las universidades en función de su rendimiento son mecanismos de “marketisation”. Esto es algo, que por ejemplo, incluyen todos los nuevos sistemas de financiación desarrollados por las Comunidades Autónomas españolas y por muchos países europeos, siendo su aplicación una recomendación insistente en los documentos sobre universidades publicados por la Comisión Europea. Los propios incentivos a la investigación del profesorado (sexenios) son otro ejemplo de aplicación de mecanismos “mercantiles”, es decir, incentivos de cuasi-mercado al rendimiento individual. La propia existencia de las agencias de calidad para estimular la eficacia de las universidades es una consecuencia de esas tendencias “mercantiles” que empezaron en los años 80 y que han producido una mejora indudable de la educación superior en España y en todos los países. En este último sentido habría que decir que la aplicación de estos mecanismos “mercantiles” en España ha sido menor que en otros países como Suecia, Dinamarca o los Países Bajos (modelos reconocidos de Estado de bienestar) que gestionan sus universidades por mecanismos de cuasi-mercado muy eficientes. No hay razones que justifiquen prescindir de los mecanismos de mejora y de eficiencia en el uso de los recursos públicos, tampoco en la universidad. Lo único razonable es seguir extendiéndolos y mejorándolos. Dicho esto, se puede afirmar que el Proceso de Bolonia no tiene nada que ver con el proceso de “marketisation”. Este último es anterior (casi dos décadas), es universal (todos los países lo aplican, incluidos China y Vietnam, por poner dos ejemplos notables) y está referido exclusivamente al modelo de gestión interno de las instituciones. Algo que parece olvidarse es que el Proceso de Bolonia es un proceso voluntario de reforma de los estudios universitarios. En él participan países sin una estructura política común (no es un proceso de la Unión Europea, aunque ésta lo apoya decididamente) y por tanto no se han introducido nunca, en ningún documento del Proceso de Bolonia, referencias a ningún tema legal, estatutario, financiero, de tasas, de modelo organizativo institucional, etc.. Ese tipo de asuntos nunca ha sido objetivo del Proceso de Bolonia al ser imposible que 46 países con modelos organizativos tan diferentes pudieran ponerse de acuerdo en temas tan sensibles. Por tanto, criticar el Proceso de Bolonia por su deriva “mercantilista” no está justificado tanto si tenemos en cuenta los documentos básicos como la puesta en práctica de su contenido.
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