Compendio auditorias sociales niñez by victor ivan

COMPENDIO DE AUDITORIAS SOCIALES 2009-2012

Comisión de Auditoria Social del MOSDENAJ.

Secretaria de bienestar Social – Procuraduría General de la NaciónConsejo Nacional de Adopciones.

Anexo: Documento de Incidencia 2011 – 2012 Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud en Guatemala , como parte de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil por el Cumplimiento de las Recomendaciones del Comité internacional de Derechos del Niño con los tres poderes de estado e instituciones de Gobierno.

Diseño de Portada: Iveju Desing Diseño de Diagramación Iveju Desing/ivejuz@gmail.com Edición Comisión de Auditoría Social Impresión Intelligent Solutions/intelligentsolutionsgt@gmail.com Primera Edición 300 ejemplares, 2013

JUNTA DIRECTIVA 2012 Presidente Magister Nicolás Pacheco Asociación Comunicación Alterantiva. Vice Presidente Lic. Leonel Dubon. El Refugio de la Niñez. Tesorero Alexander Rabanales Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Secretaria Isabel Puluc. Asociación Juvenil Kojb´iyin Junam san Raymundo . Vocal I Elizabeth Pedraza Fundación para el Desarrollo Comunitario. Vocal II Jeannette Meza Asociación Viva Juntos por la Niñez. Vocal II Elubia Velasquez Asociación para la Prevención del Delito

Agradecimiento a El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia UNICEF por su apoyo técnico financiero durante el desarrollo de las Auditorías Sociales en 2009 y 2010 proporcionando técnicos, facilitando accesos a centros e instituciones que fueron visitados y auditados además por el soporte logístico que contribuyo al buen desarrollo de ese trabajo específicamente. A la Embajada de Francia por su apoyo económico para la reactivación de las auditorías sociales durante el 2012 para la realización de talleres, reuniones de la comisión de auditorías social, presentaciones publicas, impresión de este compendio todas estas actividad con el objetivo de mejorar la situación y condición de la niñez y adolescencia Guatemalteca.

Lic. José Nicolás Pacheco Chó Magister en Comunicación para el Desarrollo en Guatemala Asociación Comunicación Alternativa. Presidente Junta Directiva 2010-2012 Movimiento Social Por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud en Guatemala

Indice AUDITORIAS SOCIALES MOSDENAJ 2009-2010

INFORME FINAL AUDITORIA SOCIAL AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

Presentación 20 I.El Derecho a la Adopción en el Marco de la Doctrinade Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

II. Responsabilidad y Funciones del Consejo Nacional De adopciones (CNA).

III. ANÁLISIS DE INDICADORES Y RESULTADOS DE LAINFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVES DE LAS ENCUESTASREALIZADAS Y DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PORLAS AUTORIDADES Y TRABAJADORAS/ES DEL CONSEJONACIONAL DE ADOPCIONES.

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

Remuneraciones de personal temporal 029

Remuneraciones del personal permanente 011

3.2 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADOPCIONES.

3.3 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONALES Y CUMPLIMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL

Auditoría Social a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación

I. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) EN EL MARCO DE LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

1.1. LA PGN Y SU PNA EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

102

II. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES SOBRE LOS INDICADORES Y LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS Y LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LAS AUTORIDADES Y TRABAJADORAS/ES DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

104

2.1. CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

105

2.2. DESARROLLO DE FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PINA Y LEY VET

118

2.3. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONALES Y CUMPLIMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

129

IV. PROPUESTAS PARA LA PGN-PNA.

131

ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD

139

Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones 139 Presentación 140 Introducción 142 Justificación 145 Resumen Ejecutivo

147

Diez recomendaciones concretas

155

5 Metodología utilizada para ejercicio de Auditoria Social y el presente Informe

159

5.1 Consideraciones previas

159

5.2 Actividades acorde a la metodología

160

5.3 Fuentes complementarias para la realización del presente Informe 165 5.4 Organización del Informe

166

6 Marco jurídico relativo a la adolescencia en conflicto con la ley penal 166 Instrumentos internacionales en materia de justicia penal de adolescentes. 166 6.1.1Consideraciones previas

166

6.1.2 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 167

6.1.3 Reglas mínimas de las Naciones Unidad para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas Beijing).

170

6.1.4 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de Libertad.

171

6.2 Instrumentos nacionales en materia de justicia penal de adolescentes

173

6.2.1 Ley de Protección Integral de La Niñez y Adolescencia(Ley PINA) 173 7. Situación y contexto de la adolescencia en relación al tema de la Violencia

182

7.1 Causas estructurales de la violencia asociada a la adolescencia

188

7.1.1 Las Pandillas y “Maras”

189

8. Perfil de los y las adolescentes en los Centros de Privación de libertad contexto y otras causas

189

8.1.1 Violencia intrafamiliar

190

8.1.2 Deserción y violencia en las escuelas

190

8.1.3 El desempleo y subempleo juvenil

192

8.1.4 Fácil acceso, consumo de alcohol y drogas

193

8.1.5 Migración en condiciones precarias

193

8.1.6 Pocos espacios de participación juvenil

193

9. Situación de la adolescencia en Centros de Privación de Libertad a cargo de la subsecretaria de reinserción y resocialización de la SBS.

195

9.1 Consideraciones previas

195

9.2 Datos relevantes y estadísticas sobre el sistema de justicia penal juvenil.

197

9.3 Avances

200

9.4 Retrocesos: Problemática por afrontar, estancamientos y escasos avances. 203 9.4.1 Apertura interinstitucional de la Subsecretaría específica y la SBS 203 9.4.2 Falta de inversión y de voluntad política en el tema

203

9.4.3 Coordinaciones Ineficaces

204

9.4.4 Aplicación de criterios de separación procesal, etaria, por género y por pertenecía a “Mara” o pandilla de adolescentes.

207

9.4.5 La ley y las “reglas del juego”

208

9.4.6 Riesgo de sanciones crueles, malos tratos, castigos corporales o psicológicos degradantes.

210

9.4.7 Falta de especialización del personal de los Centros en derechos humanos y justicia penal especializada del adolescente 210 9.4.8 Insuficiencia en la existencia y el fortalecimiento de los programas educativos, recreativos y de salud en los Centros. 212 9.4.8.1 Oferta socioeducativa frente a desvalorización y deficiencias en la re-socialización de adolescentes.

212

9.4.9 Infraestructura insuficiente y deficiente en relación a la actual demanda 214 9.4.10 Derecho a las visitas y contacto con el exterior dentro del rol resocializador.

215

9.5 Conclusiones

216

9.6 Recomendaciones

216

9.6.1 Consideraciones previas

216

9.6.2 Diez recomendaciones concretas

216

10. Bibliografía

221

Anexo 1

221

Anexo 2

222

Anexo 3

223

SEGUIMIENTO AUDITORIAS SOCIALES MOSDENAJ 2010-2011

231

Auditoria Social Hogar Solidario

233

Análisis 2010 por el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud de Guatemala, MOSDENAJ

234

Estado del Hogar Solidario “Virgen de la Esperanza”

237

Número de niños, niñas y adolescentes que se atienden por programa: 241 CONCLUSIONES GENERALES:

247

ALGUNAS RECOMENDACIONES:

250

Objetivos

253

Objetivo General:

253

Objetivos Específicos:

253

Visitas institucionales:

254

Entrevistas a profundidad:

254

Entrevistas semi-estructuradas:

254

Observación institucional:

254

IMFORME DE AVANCES IMPLEMENTACIÓN PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

257

INTRODUCCIÓN 258 IMFORME DE AVANCES IMPLEMENTACIÓN PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

260

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

261

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

273

PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

287

CONCLUSIONES GENERALES

288

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL HECHAS POR EL MOVIMIENTO S OCIAL POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

293

PRESENTACIÓN 294 ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL HECHAS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA

PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CONCLUSIONES GENERALES

295 314

Auditoría Social de los Centros de Privación

317

de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

317

A MANERA DE INTRODUCCIÓN.

318

INTEGRACIÓN NORMATIVA

319

LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

321

POBLACIÓN CUMPLIENDO SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD

324

Adolescentes privada/os de libertad en cumplimiento de sanciones a febrero 2012.por tipo de régimen

324

PERCEPCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

325

SOBRE LAS PROPUESTAS DE SOCIEDAD CIVIL, PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORÍA SOCIAL

327

SOBRE LAS PROPUESTAS, DE SOCIEDAD CIVIL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

327

CONCLUSIONES. 328 RECOMENDACIONES. 329 BIBLIOGRAFÍA Y REVISTAS CONSULTADAS.

330

LEGISLACIÓN CONSULTADA

331

ANEXOS DOCUMENTOS DE INCIDENCIA

333

FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL DE CNNA

335

ANTECEDENTES:

336

DIAGNOSTICO:

340

Segundo momento de análisis:

343

Logros y avances:

343

Dificultades:

344

Tercer momento de análisis:

345

Fortalezas identificadas:

345

Oportunidades identificadas:

345

Debilidades identificadas:

346

Amenazas identificadas:

346

Propuestas:

347

Propuestas para el fortalecimiento Político:

347

Propuestas para el fortalecimiento Técnico de la CNNA:

348

Propuestas para el fortalecimiento Administrativo de la –CNNA-:

349

Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

351

INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN LAS siGUIENTES TEMÁTICASVENTA DE NIÑOS Y NIÑAS, PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE LA NIÑEZ EN LA PORNOGRAFÍA.

352

Introducción 352 Avances en la materia desde 1999 a 2012 del Estado:

353

Visión general de la situación actual:

354

Problemática prioritaria:

357

Recomendaciones: 358 Débil persecución Penal:

358

Recomendaciones: 360 Protección:

360

Recomendaciones: 362

PRESENTACIÓN UPR

365

Red de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en seguimientos de las recomendaciones del comite internacional de los derechos del niño.

365

COALICIÓN GUATEMALTECA A FAVOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUATEMALA

366

INTRODUCCIÓN 366 PRIMERA PARTE: Situación de abogacía, defensoría y realización de los derechos de la niñez

368

a)LEGISLACIÓN A FAVOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

368

Recomendaciones 369 b)POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES

369

SEGUNDA PARTE: Temas pendientes y recomendaciones

370

a)INVERSIÓN A FAVOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

371

b)VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

372

Recomendaciones:

373

c)EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LA NIÑEZ

374

Recomendaciones:

374

d)TRABAJO INFANTIL

374

Recomendaciones: 375 e)ADOPCIONES ILEGALES

375

Recomendaciones:

376

f)ACCESO A LA EDUCACIÓN

376

Recomendaciones: 377 g)ACCESO A SALUD

378

Recomendaciones: 378 h)SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

379

Recomendaciones: 379

Resumen de visita a Guatemala de Marta Maurás

381

Seguimiento de las Recomendaciones del Comité

382

Derechos civiles y políticos, desafíos:

385

Derechos económicos, sociales y culturales, desafíos:

386

Aplicación y difusión:

387

ANEXO I Anexo estadístico.

387

Anexo II Programa de la visita

388

Anexo III Conclusiones y Recomendaciones.

394

CONCLUSIONES 394 RECOMENDACIONES 395 ANEXO IV

396

AUDITORIAS SOCIALES MOSDENAJ 2009-2010

INFORME FINAL AUDITORIA SOCIAL AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) Movimiento social por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud (MOSDENAJ) Comisión de auditoría social

Guatemala, 08 de febrero 2010.

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

Presentación

El Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud (MSDNAJ), es una instancia confederativa de ochenta organizaciones sociales que trabajan a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, que por su naturaleza se ha propuesto una lucha histórica, para que tanto el Estado guatemalteco como la sociedad misma, transformen sus visones pasadas de considerar a la niñez, adolescencia y juventud como objetos, para verlos como sujetos y actores de cambio, desarrollando las políticas que propicien mejores condiciones de vida, la convivencia democrática y el desarrollo equitativo para ellos y ellas, y por ende de sus familias y de la p blación en general. Al proponerse dichos objetivos, se contribuye de manera directa a propiciar cambios sociales, culturales, económicos y políticos en las estructuras de Estado y la sociedad guatemalteca, aunando esfuerzos en la construcción de un Estado social que priorice a los grupos marginados y oprimidos en sus políticas públicas y en la inversión de sus recursos, lo cual desde la última lucha por la aprobación del Código de la Niñez y Juventud y posteriormente la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, se contrapuso al planteamiento neoliberal instalado en los últimos gobiernos, el cual tal y como se analizó, generaría mayor

pobreza y exclusión. El pasar de un Estado militarizado y represivo hacia un Estado democrático que sustente sus políticas en el respeto a los derechos humanos, es otra contribución, pues, los niños, las niñas y adolescentes también fueron objeto de ese tipo de visiones represivas desde las diferentes esferas del Estado. En esta línea, después de haber sido precursor en la aprobación de los marcos legales de protección integral de la niñez y la adolescencia, específicamente de la Ley de Adopciones, el MSDNAJ se ha propuesto jugar un papel vigilante y propositivo ante la responsabilidad de los y las funcionarias de las instituciones de implementar el marco legal, las políticas, programas y proyectos de protección integral, lo cual se ha realizado como un proceso permanente, independiente de quien se encuentre gobernando o asumiendo la dirección de las instituciones, pues, la problemática de la niñez y la adolescencia y sus familias es la misma.

Es así como se tomó la decisión de realizar un proceso de auditoría social al Consejo Nacional de Adopciones, como una instancia de reciente aprobación y funcionamiento, cuyo carácter autónomo le da un estatus especial en el Sistema de Protección Especial, pues, no depende de ninguna ministerio o secretaría y puede tomar sus propias decisiones para desarrollar sus funciones. Los resultados del proceso de auditoría social son presentados en el presente documento, estableciendo el marco doctrinario sobre derecho a la adopción y la familia establecido en los marcos legales que integran la protección integral, tales como la Convención Sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la Haya, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Posteriormente se establecen los conceptos teórico-legales, funciones y responsabilidades del CNA las cuales devienen de la Ley de Adopciones, su Plan Estratégico y otros documentos que sustentan teóricamente a dicha institución. Seguida-

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

Para el efecto, el Consejo Nacional de Adopciones creado en la Ley de Adopciones (Decreto 77-2007) establecido como Autoridad Central en materia de adopciones internacionales, tiene un papel determinante en el Sistema Nacional de Protección, principalmente porque es el responsable de asegurar el derecho a la adopción y a la familia que tienen los

niños y las niñas a quienes se les ha violado por diferentes causas, pero, que al estar desprotegidos necesitan ser adoptados por personas que deseen cumplir y restituir sus derechos y protegerlos integralmente.

mente con base a la metodología planteada para establecer indicadores y realizar un proceso de entrevistas para establecer su cumplimiento, se analizó la información recabada en tres áreas de auditaje del CNA: 1) Consolidación Institucional; 2) Cumplimiento de Funciones; y 3) Aplicación de la Doctrina de Protección Integral y el Enfoque de Derechos. Se estableció para cada área una batería de indicadores los cuales fueron medidos a través de la información oficial proporcionada por

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

las Autoridades del CNA, la información oficial obtenida por fuentes secundarias y la información obtenida por fuentes primarias a través de la realización de entrevistas al personal (6 personas entrevistadas).

Para cada área de indicadores se realiza un análisis de la información, a la luz de la doctrina de protección integral y el enfoque de derechos, presentando las conclusiones y propuestas correspondientes ante las autoridades correspondientes, con el objeto de establecer estrategias y acciones para mejorar los aspectos de la protección integral que no se aplican, solucionar los problemas encontrados y llevar a las instituciones a un mejor nivel de atención y protección. Los aspectos identificados en el análisis, se platean tal y como fueron obtenidos del levantamiento de las

entrevistas realizadas, para que las autoridades conozcan los problemas encontrados, pero sobre todo, se establezcan los correctivos y políticas para lograr que el CNA se consolide como institución al servicio de la niñez y adolescencia, así como de las familias guatemaltecas. Es importante que todas las organizaciones sociales e instituciones estatales coadyuvemos al desarrollo institucional del CNA; de igual forma el Ejecutivo y el Congreso de la República, después, de haber aprobado la Ley de Adopciones, deben destinar los recurso suficientes al CNA como una institución crucial para la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como para fortalecerla y a la vez evitar, que por su debilidad, se regrese al pasado de adopciones irregulares, corruptas y criminales, lo cual fue el diario vivir de muchas familias y niñas y niños de la sociedad guatemalteca.

I.El Derecho a la Adopción en el Marco de la Doctrinade Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

La adopción es un derecho inherente a todos los niños y las niñas como una forma de brindarles condiciones de vida digna, cuando su derecho a la familia ha sido violentado pordiferentes causas, sin embargo, en Guatemala, en el marco del conflicto armado interno y posteriormente a la firma de la paz, las adopciones en un alto porcentaje se realizaba no con el fin de darle a los niños y niñas una familia que los protegiera y procurara su atención y desarrollo integral, sino con el fin de lucro, llegando a constituirse redes criminales que sustraían, robaban, compraban, vendían o engañaban para conseguir niños o niñas, falsificaban registros y papelería y realizaban procedimientos anómalos, para que finalmente fueran dados en adopción. En dichas redes se vieron involucrados abogados y notarios, autoridades de los juzgados de familia, hogares, casas cuna y personas que constituían las redes delictivas de jaladores o de sustracción.

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

Durante casi 20 años la sociedad civil impulso una serie de luchas, propuestas y procesos de incidencia para que las autoridades investigaran dichas redes criminales, establecieran políticas para prevenir las adopciones irregulares y a la vez desarrollaran un marco legal de protección de la niñez, específicamente para que la adopción fuese una institución transparente, legal, que antepusiera

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

el interés superior y el bienestar del niño y la niña ante los negocios ilícitos, lo cual finalmente se concreto a partir de la aprobación de la Ley de Adopciones (Decreto 77-2007) y la ratificación del Convenio de “la Haya” sobre la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que regula todo lo relacionado a las adopciones internacionales. Sin embargo, dichos marcos legales se aprueban y ratifican, después, que más de 25,000 niños y niñas fueron dados en adopción internacional de manera irregular, corrupta y criminal y muchas familias en contra de su voluntad perdieran a sus hijos e hijas.

Para el efecto, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia establece en su artículo 18 que “todo niño, niña y adolescentes tiene derecho a ser criado y educado en el seño de su familia y excepcionalmente, en familia sustituta, asegurándoles la convivencia familiar y comunitaria” (Congreso de la República, LEYPINA, página 19) en este sentido, como uno de los derechos para cumplir con el derecho anteriormente planteado, en el artículo 22 establece como una alternativa la Adopción establecida en el artículo 22 el cuan expresa que “El Estado reconoce la institución de la adopción de los niños, niñas y adolescentes debiendo garantizar que en el ejercicio de ésta se atienda primordialmente a

su interés superior y conforme a los tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales en esta materia aceptados y ratificados por Guatemala” (Congreso, LEYPINA, página 19). Para que la Adopción sea admisible serán las autoridades competentes las que puedan determinar apegados a las leyes, los procedimientos necesarios que tomen cuenta toda la información pertinente y fidedigna, lo cual se establece en función de proteger de cualquier situación al niño y la niña. Para el efecto se establece en la Ley de Protección Integral que el Estado guatemalteco debe velar porque los niños, las niñas y adolescentes dados en adopción internacional, gocen en los países a donde irán de los mismos derechos, del país de origen. La Convención sobre los Derechos del Niño expone, en relación al derecho a la Adopción, que los Estados Partes qué reconozcan el sistema de adopción cuidarán del interés superior del niño “velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes las que determinarán, con arreglo a las leyes y la los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, qué la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en su relación con sus padres, parientes y representantes legales y que cuando así se requiera, las personas intere-

sadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento” (OACNUDH, CDN, 2008, página 17). Dichas normativas establecen, la visión y planteamiento filosófico a desarrollar en Guatemala, para que la Adopción sea transparente y confiable, atendiendo al interés superior del niño y la niña, y a la protección de las familias, evitando que puedan ser sustraídos de sus senos familiares y que no sean dados en adopción y separados de su familia consecuencia de la falta de recursos materiales de sus padres y madres o de la familia, pues la carencia materiales no es un motivo suficiente para que se pierda la patria potestad.

Por otro lado la Política Pública de Protección Integral (PPPI) y el Plan de Acción Nacional a Favor de la Niñez y la Adolescencia (PANFNA) 2004-2015, que fueron aprobadas en 2004 a través del Acuerdo Gubernativo 333-2004, el cual los convierte en un marco político legal que establece los objetivos, estrategias y metas en relación al derecho a la Adopción, planteando el objetivo de “velar por el interés superior de la niñez en materia de adopciones, garantizando procesos libres de vicios y anomalías” (CNNA, PPPI y PANFNA, 2006, página 79), planteándose como meta “Al 2005 aprobar y poner en vigencia la Ley Nacional de Adopciones y fortalecer el ente rector” (CNNA, 2006, página 79); dicha meta cumplida hasta el año 2007, consecuencia de los esfuerzos de la sociedad civil, el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y de instituciones de protección integral, que después de tres años de gestión en el Congreso de la República logró la aprobación del Decreto 77-2007 Ley de Adopciones, que aprueba de manera específica las definiciones, instituciones, funciones, procedimientos y normas, para que la Adopción se convierta en una herramienta social de restitución de derechos y de protección para los niños, las niñas y adolescentes.

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En materia de adopciones internacionales el Convenio de la Haya Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, tiene por objetivo el establecer las garantías para que las adopciones internacionales se realicen en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional. A la vez se propone instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes, para asegurar el respeto a dichas garantías y en consecuencia realice acciones de prevención a la sustracción, la venta y el tráfico

de niños y niñas (Conferencia de la Haya, Convenio de la Haya, 2008, página 2, artículo 1).

En el cuadro siguiente se presentan los objetivos, metas y acciones estratégicas para el

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

cumplimiento pleno del derecho a la Adopción y su regulación específica:

OBJETIVOS

METAS

Velar por el intrés superior de la niñez en materia de adopciones, garantizando prcesos libres de vicios o anomalías.

Proteger a la niñez de prácticas de adopción que sean ilegales o lesivas a sus derechos. Al 2005 aprobar y poner en vigencia la Ley nacional deAdopciones y fortalecer el ente rector.

ACCIONES ESTRATEGICAS

RESPONSABLES

Aprobación de un marco jurí- Congreso de la dico nacional (Ley Nacional de República Adopciones) e internacional (Convenio de la Haya) en materia de adopciones, con el fin deasegurar los controles que permitan eliminar las adopciones ilícitas. Comisión Nacional de la Niñez y AdoEstablecer mecanismos de se- lescencia, Procuraguimiento para el cumplimiento duría de la Niñez y de la Ley Nacional de Adopcio- Adolescencia de nes y el Convenio de la Haya, la Procuraduría lo que incluye el fortalecimiento General de la Nadel ente rector y asignación de ción, la Fiscalía de recursos para su funcionamien- la Niñez y Adolesto. cencia del Ministerio Público, los Juzgados de Paz y de Niñez y Adolescencia.

2005 establecer un programa permanente de comunicación sobre el derecho de la niñez a ser protegida de las prácticas de adopción que son ilegales y lesivas a sus derechos.

Realizar campañas de sensibilización y programas permanentes decomunicación, en todos los idiomas y para todos los grupos socio-culturales, sobre el derecho de la niñez a ser protegida del tráfico, venta y trata nacional e internacional.

Promover y ejecutar programas de apoyo a las madres en situación de extrema pobreza, para que puedan quedarse con sus hijos e hijas. Privilegiar la adopción nacional, y aplicar medidas que desestimulen las adopciones internacionales viciadas y anómalas.

Secretaría de Comunicación Social, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Secretaría de Bienestar Social, Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, Consejos de Desarrollo. Secretaría de Bienestar Social Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Secretaría General de Planificación, Ministerio de Trabajo, Consejos de Desarrollo.

Difundir la legislación nacional e internacional existente en mate- Ministerio Público, ria de adopciones, y capacitar a Juzgados, Minislos encargados de su aplicación. terio de Gobernación, Procuraduría Sancionar a quienes se com- de Derechos Hupruebe que Ministerio Público, manos, SecretaTribunales han incurrido en ac- ría de Bienestar ciones ilícitas ode justicia del or- Social , Ministerio den penal, viciadas de los procede Relaciones Exsos de adopciónPolicía Nacional teriores, Colegios Civil. establecidos, así como a Profesionales de los que incurran en la retención Médicos y Abogailegal de niños y niñas. dos, ONGS. Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

Secretaría de Comunicación Social, Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría de Derechos Humanos, Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, ONGS.

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

II. Responsabilidad y Funciones del Consejo Nacional Deadopciones (CNA).

El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) es la autoridad central responsable de lo relacionado al trámite y aprobación de los procesos de adopción de niños, niñas y adolescentes, la cual debe asegurar que dichos procesos se enmarquen en los principios de la protección integral y el interés superior del niño y la niña; fue creado en al Decreto 772007 del Congreso de la República, como “una entidad autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones” (PGN, Ley de Adopciones, 2008, página 7, Artículo 17), siendo la autoridad central de conformidad con lo que el Convenio de la Haya establece como obligación para los Estados parte, el cual comenzó a funcionar de manera oficial en el mes de abril de 2008. El CNA tiene un Consejo Directivo integrado por un representante designado por la Corte Suprema de Justicia, un representante designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y un representante designado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia; así como sus correspondientes suplentes. Las funciones centrales del Consejo Directivo son las de desarrollar políticas, procedimiento, estándares y líneas directivas para el procedimiento de la Adopción. Dicho Consejo Directivo fue integrado por primera vez en el

proceso de transición del Gobierno del Presidente Oscar Berger al Gobierno de Álvaro Colom, siendo nombrados los primeros representantes el 31 de diciembre de 2007. Dicha nombramiento genero un conflicto con el nuevo Gobierno, cambiando de representantes a finales del mes de enero de 2008. La Ley de Adopciones establece y reafirma las siguientes definiciones, las cuales son básicas para entender los procedimientos establecidos para el nuevo proceso de adopción: Concepto Adopción

Definición Institución social de protección y de orden público, tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como hijo o hija propia al hijo o hija biológica de otra persona. Aquella en la que un niño, niña o adolescente, con residencia en Guatemala va a ser traslado a una familia ciudadana residente de otro país de recepción.

Adopción nacional

Aquella en la que adoptante y adoptado son residentes legaleshabituales en Guatemala.

Adoptabilidad

Declaración judicial, dictada por un juez de la niñez y la adolescencia, que se realiza luego de un proceso que examina los aspectos sociales, psicológicos y médicos de niño, niña o adolescente y se establece la imposibilidad de la reunificación de éste con su familia. Tiene como objetivo primordial la restitución del derecho a una familia y el desarrollo integral del ellos y ellas.

Adoptante

Es la persona que por medio de los procedimientos legales adopta una persona hijo de otra, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que nuestra Constitución Política otorga a los hijos biológicos.

Familia ampliada

Es la que comprende a todas las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad con el adoptado que no sean sus padres o hermanos; y otras personas que mantengan con él una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarias.

Familia biológica

Comprende a aquellas personas que no siendo familia biológica o ampliada reciban a un niño en su hogar en forma temporal, durante el tiempo que dure el proceso de adopción.

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Adopción Internacional

Hogar temporal

Comprende a aquellas personas que no siendo familia biológica o ampliada reciban a un niño en su hogar en forma temporal, durante el tiempo que dure el proceso de adopción.

Seguimiento adopción

Es la evaluación de la adecuada adaptación y desarrollo del niño, niña o adolescente adoptada, con respeto a la nueva familia y entorno social.

Aspecto importante que establece la Ley de Adopciones, dentro de las disposiciones generales es que “La situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño. El Estado debe promover y facilitar la creación de políticas, instituciones, programas y servicios de apoyo que mejoren las condiciones de vida y promuevan la unidad familiar” (PGN, 2006, página 4, Artículo 6). Según el Plan Estratégico 2009-2013 presentado por las autoridades del CNA, se propone

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como Misión:

cional e internacionalmente por innovar el sistema de adopciones, a través del diseño, aplicación y procedimientos de adopción transparentes y ágiles, que reconocen y garantizan la ubicación del niño, niña y adolescente con una familia idónea, atendiendo primordialmente su interés superior. Además, se propone como valores y principios institucionales: 1) la Humanización del servicio: el Interés Superior del Niño asegura su protección y desarrollo, en el seño de su familia biológica o en caso de no ser esto posible en otro medio familiar permanente; 2) Integridad: Actuación institucional basada en la ética, el respeto, la equidad y el acciones

• Contribuir al fortalecimiento del sistema de protección integral, garantizando la restitución del derecho de la niñez y adolescencia a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, mediante políticas y programas que cumplan con los principios y procedimientos de la Ley de Adopciones.

colaborativas; 3) Transparencia: Cumplimiento de procedimientos claros y apegados a la ley, teniendo como prioridad el Interés Superior del Niño; 4) Responsabilidad: Cumplir eficientemente con las funciones asignadas, con colaboración y respeto.

Como Visión plantea:

Las funciones del CNA, son bastante específicas y amplias a la vez, pues

• Ser una institución reconocida na-

cubren todas las

y autorizadas.

aristas que conlleva un proceso de adopción, siendo estas las siguientes (PGN, 2008, páginas 8 y 9, artículo 23):

• Mantener un registro actualizado de los niños y niñas vulnerados en su derecho a la familia y de la institución donde se encuentran en resguardo.

• Asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de adopción.

• Elabora un expediente de cada niño en estado de adoptabilidad que se encuentre en albergado en sus instituciones o requerir su equivalente en las instituciones privadas.

• Promover la adopción nacional priorizando a los niños y las niñas institucionalizadas.

• Emitir un certificado de idoneidad de los solicitantes en un plazo no mayor de treinta días.

• Asignar a cada niño o niña en proceso de adopción la familia adecuada de acuerdo a su interés superior.

• Confirmar que los candidatos para una adopción internacional son idóneos de acuerdo a la legislación guatemalteca.

• Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres en la medida necesaria, para realizar el proceso de adopción. • Reunir y conservar la información sobre los orígenes del niño o niña, principalmente su identidad y la de sus padres, su historial médico y el de sus padres.

entidades de abrigo privadas que se encuentres debidamente registradas

• Supervisar el período de socialización y emitir el certificado de empatía. • Recibir las solicitudes de adopción, así como formar y mantener el expediente respectivo bajo custodia hasta el momento que se envíe al juez de familia. • Dar seguimiento a los niños y niñas dados en adopción. • Autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica, y en su caso sancionar a las entidades privadas, hogares de abrigo, hogares sustitutos que se dediquen al cuidado de

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• Velar por los niños y niñas en estado de adoptabilidad que ingresen a los hogares de protección y abrigo o al programa de familiares temporales del Estado, quienes previa autorización judicial a solicitud de la Autoridad Central, podrán ser ingresados a

• Recibir el consentimiento de los padres biológicos, previo asesoramiento.

los niños y niñas. • Tomar las medidas apropiadas y pertinentes para prevenir beneficios materiales indebidos en relación a la adopción. • Mantener comunicación constante y cooperar con Autoridades Centrales o sus equivalentes para asegurar la protección de los niños y las niñas. Establecer el número de organismos extranjeros acreditados que se permitirán funcionar en el país y autorizar a aquellos que tengan permiso para actuar, demostrando que están debidamente autorizados en su país de origen. • Promover la cooperación entre autoridades competentes, con la finalidad de brindarles la protección necesaria a los niños y las niñas.

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• Verificar que en cada etapa del proceso de adopción se aplique lo preceptuado en la Ley de la materia.

• Emitir el certificado de que la adopción internacional fue tramitada de conformidad con el Convenio de la Haya. El Equipo Multidisciplinario “es la unidad de la Autoridad Central que asesora las actuaciones en los procesos de adopción para que estos se realicen de conformidad con la ley, con transparencia, ética y los estándares internacionalmente aceptados; debiendo para el efecto prestar ase-

soría a los padres biológicos, a los padres adoptantes y los familiares del niño, así como a las instituciones o autoridades cuyo consentimiento sea necesario para el proceso de adopción” (PGN, 2008, página 9, artículo 24). El Equipo Multidisciplinario juega un papel determinante en el proceso de adopciones, pues, es el que tiene que ver directamente con los niños, niñas, adolescentes, padres y madres biológicas y personas adoptantes, en si con todos y todas las personas involucradas en el proceso de adopción; así como en el seguimiento a los niños, las niñas y adolescentes dados en adopción, siendo sus funciones las siguientes (PGN, 2008, página 10, artículo 27): • Asesorar a las familias tanto del adoptante como del adoptado. • Estudiar y dar opinión de los casos de adopciones según le sea requerido por la Autoridad Central. • Realizar los peritajes e investigaciones qué le sean requeridos por la Autoridad Central y sugerir otros que consideren necesarios. • Emitir opinión dentro del proceso de selección de la familia idónea para el niño a ser adoptado. • Emitir opinión en cuanto los certificados de idoneidad de los adoptantes y de empatía entre el

adoptado y el adoptante. • Emitir opinión profesional que oriente la resolución final de la Autoridad Central. • Supervisar bajo la coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la • República, a las entidades públicas y privadas qué se dediquen a abrigo de niños. Su estructura orgánica, denota una integración atendiendo a las funciones esenciales y a las funciones administrativas de una institución autónoma, lo cual se puede apreciar el organigrama, sin embargo, las funciones esenciales en buena medida son realizadas por el equipo multidisciplinario y la unidad de registro, siendo el Consejo Directivo quien emite finalmente las resoluciones en relación al proceso de adopciones. Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

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CONSOLIDACIÓN NAL

INSTITUCIO-

3.1.1. ¿Cuentan con un plan estrategico de la institución?

Un 67% del total de personas entrevistadas, afirmaron que existe en la institución un Plan Estratégico, y un 33% opinó que no cuentan, aduciendo que no lo conocen o sólo conocen los lineamientos generales. De lo cual se deduce que no todo el personal conoce el documento de Plan Estratégico que hay en el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), siendo necesario incluirlo en los programas de capacitación e inducción interna.

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Las autoridades presentaron un documento de Plan Estratégico (PE) 2009-2013 del CNA, el cual de manera general contiene algunos aspectos de un Plan Estratégico integral y técnicamente elaborado. La Misión esencial del CNA debería ser el cumplimiento pleno de sus funciones, lo cual asegure a los niños, las niñas y adolescentes la restitución de sus derechos, esencialmente el

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derecho a una familia, procurando así una vida digna y su bienestar social, económico, cultural, ambiental, jurídico y político. El documento del PE carece de algunos elementos, que lo harían más amplio e integral: 1) Incluirle la base legal que sustenta el derecho a la adopción y su funcionamiento, haciendo una relación entre Ejes estratégicos, funciones generales y específicas estables en la Ley de Adopciones; 2) Establecer las líneas de base, los indicadores y metas específicas, en concordancia a los resultados establecidos; 3) Ampliar la definición de las estrategias de implementación para cada eje estratégico; 4) Incluir un área específica donde se desarrollen los mecanismos de control y monitoreo de cumplimiento de indicadores, metas y resultados, así como el control de calidad del servicio prestado; 5) Establecer específicamente que instancias, unidades o departamentos tienen responsabilidad en los ejes estratégicos, acciones y resultados; 6) Agregar el presupuesto general por eje estratégico y acciones a desarrollar; 7) Agregar por lo menos el año o años en que se desarrollaran las acciones y resultados intermedios y resultados, no es técnico plantear que todo estará logrado para el fin del período del Plan Estratégico, pues, también hay resultados intermedios. En relación a la elaboración del PE

se opina que se realizó y consultó con una metodología participativa, con todos los coordinadores; hubo una orientación externa de UNICEF, quien ha sido un apoyo importante en el proceso. 3.1.2. Si cuentan con un plan estratégico ¿el mismo tiene el enfoque de la Doctrina de la protección integral y el enfoque de derechos del niño y la niña, enmarcada en la ley de adopciones?

El su totalidad las personas entrevistadas (100%), opinan que el Plan Estratégico tiene el enfoque de la protección integral y el enfoque de derechos. Sería, adecuado incluir en el plan una base doctrinario-filosófica sobre la base de lo que la Doctrina de Protección Integral establece en relación a la adopción, familia y protección integral del niño, la niña y adolescentes y sus sustentación legal. 3.1.3. ¿Cuéntan en el cna con su plan operativo anual (poa) con enfoque de Protección integral y de derechos?

Se observa, según opinión emitida que al inicio existió un divorcio entre PE y POA, no había concordancia entre POA 2009 y PE, pues, este último se termino en diciembre de 2008; y el POA 2009 se hizo en julio 2008. Para 2010 el POA concordará con el Plan Estratégico.

Hay que incluirle al POA los presupuestos específicos o costos, de las actividades y sub actividades.Al establecer sub actividades, hay que ubicar las sub actividades específicamente en el mes o meses en que se desarrollará.

3.1.4. ¿Cuentan con metodos, metodologías y/o protocolos (escritos y Aprobados) para desarrollar los procesos de adopción de niños, Niñas y adolescentes con base a la doctrina de proteccion integral?

El total del personal entrevistado (100%), afirmó que el CNA cuenta con protocolos y/o metodologías para cada uno de los procesos que desarrollan, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de la adopción, así como la doctrina de protección integral. Cuentan con 8 protocolos para desarrollar cada uno de los lineamientos establecidos en la Ley de Adopciones. Los protocolos fueron elaborados con asesoría de UNICEF y la HAYA. Se tiene que hacer el es-

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En relación a si el CNA cuenta con su plan operativo anual, un 67% del personal entrevistado plantea que si cuentan con un plan operativo anual (POA), un 33% opinó que no cuentan con el mimo. Los que opinaron con que si cuentan con POA, dicen que es desarrollo con base al plan estratégico. También expresaron que se hace un plan de funciones. Quienes opinaron negativamente dicen que aun no hay uno definido y que no lo conocen. En efecto se corroboro que existe un POA elaborado por Eje Estratégico, llenando los requerimientos técnicos en su elaboración, sin embargo, se debe ser más específico en las actividades y sub actividades, para que las unidades y su personal tenga mayor control y certeza de plazos.

fuerzo para actualizarlos constantemente. La realidad y la práctica llevan a variar algunos protocolos. Se está trabajando en lo relacionado a la adopción internacional, desarrollándose con base a la relación con autoridades centrales de otros países, también se está trabajando en los protocolos y para aprobar que operen organismos extranjeros de adopción en Guatemala.

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3.1.5. ¿Cree usted qué el personal contratado es suficiente para Desarrollar el derecho a la adopción y lo establecido en la ley de Adopciones?

El 100% del personal entrevistado expresó que el personal contratado no es suficiente para desarrollar el derecho a la adopción y lo establecido en la Ley de Adopciones. Las opiniones vertidad agregaron: el personal cubre todo el territorio del país; hay demasiada demanda del servicio del CNA; hay falta de atención por que no se puede cubrir; se plantea que se establescan regiones para poder y ampliar personal para cubrir todas las áreas psicológica,

social, jurídica, etc.; hay que ampliar el presupuesto del CNA; el equipo multidisciplinario se encuentra en un 50% de lo necesario, hay que ampliarlo a 30 profesionales más; si se logra ampliar los servicios del CNA, se necesitará más personal en todas las unidades; se tienen acciones nuevas que necesitan personal como el programa de madres biológicas y un programa para evitar el abandono de niños, niñas y adolescentes. Se opina también, que con el personal que actualmente se cuenta, el trabajo se desarrolla, pero la tendencia de la institución es a crecer en su proceso de atención de la adopción, por lo que se necesitará personal técnico profesional; se evidencia una triplicacion de los procesos de adopción de 54 en 2008 a 168 en 2009, así como el número de familias orientadas, pero el recurso humano es en mismo. Tambíen se informó que UNICEF destina recursos para el CNA y contrato 9 personas que coadyuva al desarrollo de las acciones y procesos de adopción. Se opina que hay recurso humano bien capacitado, principalmente en el Equipo Multidisciplinario. También se expresó que la estructura de personal de los funcionarios de la Haya es de 70% técnicos y 30 % adiminstrativos, sin embargo, el CNA se tiene un 50% de personal adminis-

trativo y un 50% de personal técnico. Se hace necesario tener un criterio técnico para establecer las necesidades de personal, priorizando el personal que está directamente vinculado al proceso de adopción. Hay que valorar si hasta el momento se ha priorizado o privilegiado la contratación de personal administrativo, por lo que se plantea variar la ecuación de personal contratando más personal técnico que administrativo, pues se espera que a partir de que en los centros de protección, se encuentran aproximadamente 5,000 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad o que en algún momento serán declarados, por lo que hará falta personal en el área técnica. Se denota un alto interés y compromiso en el personal entrevistado con el que hacer del CNA y con la niñez y adolescencia. 3.1.6. ¿Cree qué es importante que el personal tenga pemamencia y Estabilidad y se especialice en su trabajo de protección a la niñez y la Adolescencia?

El 100% del personal entrevistado, ve con importancia que el personal tenga permanencia y estabilidad, logrando especialización en su trabajo protección integral. Se complementa con las siguientes opiniones: se puede dar seguimiento y continuidad a los procesos; se necesita lograr estabilidad laboral; al haber permanencia las capacitaciones tienen mayor asimilación e impacto en el trabajo que desarrolla el personal; se brindaría un buen seguimiento a adopción. Se evidencian ciertos niveles permanencia en los equipos de trabajo, pero sólo el 50% es personal permanente, lo que no contribuye a generar la estabilidad y seguridad laboral necesaria para que el personal desarrolle en mejores condiciones sus atribuciones; es necesario darles mayor permanencia a los equipos técnicos. La lógica es restringir lo administrativo y ampliar lo técnico. 3.1.7. ¿Qué formas de remuneración se utilizan para el pago del consejo Directivo y demas personas contratado en el cna?

Para el caso de quienes integran el Consejo Directivo se estipulan dietas

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Para el personal en general depende del contrato establecido, si es personal permanente 011, se contemplan las planillas correspondientes; para el caso de personal por contrato en 029 facturas mensuales e informes de trabajo.

y gastos de representación para la Presidencia.

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3.1.8. ¿Cree usted qué los salarios y honorarios del personal tecnico y Administrativo motivan a los y las trabajadoras a desarrollar sus Funciones con etica y compromiso social?

El 67% del personal entrevistado opina que los salarios y honorarios del personal técnico y administrativo si motivan a los y las trabajadoras a desarrollar sus funciones con ética y compromiso social, un 33% opinó que no los motivan. Adicionalmente se planteó: los salarios son competitivos y motivantes para no corromperse; no hay una política salarial; no tienen incentivos; los salarios no son justos en relación al trabajo de campo que se realiza pues el mismo es extenso. A continuación se pueden apreciar los cuadros correspondientes a los salarios y honorarios que devenga el personal contratado en el Consejo Nacional de Adopciones. Los cuales denotan salarios por arriba de otras instituciones, que también

son parte del Sistema de Protección Integral, por ejemplo, los salarios en los centros de protección para el director del centro se encuentra entre los Q6,000.00 y Q8,000.00, para profesionales de psicología entre los Q6,000.00 y Q7,000.00, para trabajadoras sociales entre los Q3,000.00 a 4,000.00. Se opina que al ser el CNA una entidad autónoma le permite que los salarios sean mejores. Además, a los coordinadores se les paga el parqueo y celular, lo cual se está analizando. Las autoridades del CNA han tomado las decisiones respecto al monto de salarios por cada uno de los puestos. También se vuelve a identificar en las respuestas de este indicador, que no existe una política salarial y motivacional para el personal.

personal de Remuneraciones temporal 029

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Remuneraciones del personal permanente 011

3.1.9. ¿Cuál es el monto anualmensual de las dietas y la forma de pago Para los y las integrantes del consejo directivo? En relación al monto anual y mensual de las dietas, los entrevistados plantearon que se pagan dietas de Q2,500.00 por sesión, a cada uno de las-os integrantes del Consejo Directivo, y qué además, la Presidencia cuenta con Q20,000.00 mensuales de gastos de representación. En promedio mensual se paga a cada integrante del Consejo Directivo Q30,000.00, para realizar el pago correspondiente se emite una planilla. Se plantea la necesidad de revisar el sistema de dietas. 3.1.10. ¿Cree usted qué el personal este capacitado en la doctrina de Protección integral de la niñez y la adolescencia y en el enfoque de Derechos humanos?

3.1.11. ¿Cree usted qué el presupuesto anual qué tiene el cna es suficiente Para atender de manera integral a los niños y niñas y familias en el Proceso de adopción?

El 100% de personas entrevistadas plantean que el presupuesto no es suficiente para atender de manera integral a la niñez-adolescencia y familias en el proceso de adopción. Opinan, que el trabajo se ha reali-

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En relación al nivel de capacitación que tiene el personal sobre la doctrina de protección integral y el enfoque de derechos, un 16.67% plantea que mucho están capacitados, un

66.67% que regular y un 16.67% que poco. También, opinaron lo siguiente: el Equipo Multidisciplinario cuenta con buen nivel de capacitación en el proceso y la doctrina de protección integral; los recursos no alcanzan para establecer un proceso de capacitación adecuado; se han impartido capacitaciones con apoyo de otras organizaciones; en el caso del personal administrativo tiene alguna capacitación, pero no conocen en su totalidad; se han tenido dos momentos de capacitación. Se propone que hay que capacitar de manera periódica al personal, estableciendo un proceso/ programa de formación y capacitación, para que se articule aun más el proceso del CNA.

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zado pero con limitaciones, que se debe ampliar el presupuesto para cubrir áreas en donde hay obstáculos para desarrollar las actividades, priorizando por ejemplo el proceso post adoptivo, la evaluación psicológica, la atención a las familias y a los niños, niñas y adolescentes.

Se analiza, según información oficial del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental del Ministerio de Finanzas, que del total del prepuesto del CNA de Q11,972,000.00 un 86.1% se gasta en servicios personales, rubro integrado por personal permanente, personal temporal, dietas y gastos de representación; un 41.69% se utiliza en personal permanente, un 29.45% para el pago de personal temporal y 14.95% para el pago de dietas y gastos de representación. El resto de rubros no pasa de 15% del total del presupuesto. Por ser una institución que requiere de la atención personalizada hacia la niñez y familias en el proceso de adopciones, se hace necesario el contar con el personal suficiente, sin embargo, los rubros de inversión en propiedad planta y equipo únicamente cuenta con 0.68% del presupuesto. Se evidencia que los gastos en personal son demasiado elevados en relación al total del presupuesto del CNA, lo cual genera la necesidad de realizar una evaluación de puestos, funciones y salarios, para establecer

las prioridades de contratación de personal en relación a los programas sustanciales y las funciones centrales del CNA. Del rubro de servicios personales, un 48.43% se destina para personal permanente, un 34.37% para personal temporal y un 17.37% para dietas y gastos de representación. Lo cual corresponde a que un 50% del personal es administrativo y un 50% es personal técnico. El rubro de personal temporal es el que según los cuadros de personal del CNA, es el que desarrolla las acciones principales del proceso de adopciones, por lo que procedería integrarlos al rubro de personal permanente, en su mayoría, para generar mayores condiciones de estabilidad laboral y a la vez mayor compromiso en el desarrollo de sus funciones, a la vez que los procesos serían de mejor calidad, al contar con una permanente asimilación de los protocolos, metodologías y experiencias en el desarrollo de las acciones del CNA. El rubro de dietas para el Consejo Directivo y gastos de representación asciende a un 14.95% del total del presupuesto, equivalente a un Q1,790,000.00; dicho rubro es muy alto para destinarse a un sistema de dietas, pues, se supone que las personas que integran el CNA realizan otras ocupaciones en donde devengan salario o remuneración y su pa

ticipación en el Consejo Directivo como órgano colegiado obedece a un nombramiento de representación de la institución donde laboran o que les dio el respaldo para ser representantes. Actualmente, el CNA no cuenta con oficinas propias para desarrollar adecuadamente sus funciones, pues, las oficinas no llenan los requerimientos básicos para la atención a los niñas, las niñas y adolescentes en proceso de adopción, pues los espacios con los que cuenta son muy pequeños, a la vez que los equipos de trabajo están muy hacinados, lo cual impide un ambiente favorable y amigable para que desarrollen sus funciones en mejores condiciones.

y supervisión de entidades privadas y públicas 3.63%; se percibe aquí una desproporción entre las actividades administrativas, asesoría, de representación y comunicación, en relación a las partidas de los programa o ejes sustantivos del hacer del CNA, pues a estas se les destina un 28.96% del total del presupuesto.

Sin embargo, en los planes de desarrollo no se tiene planificado el adquirir o contar con dichos espacios en la capital.

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Por otro lado, se analiza el presupuesto por programa, contando el de actividades centrales con un 55.86% del total del presupuesto, la coordinación financiera con un 10.93% y la coordinación de recursos humanos con un 4.25%, en total estos tres programas cuenta con el 71.04% del presupuesto. Para el registro de adopciones nacionales e internacionales se cuenta con el 4.41%, acciones de adopción nacional e internacional 14.22%, calificación de la familia adoptiva y seguimiento 6.69%

2.504.543,00

1.094.750,00

1.550.000,00

240.000,00

5.389.293,00

928.631,00

272.036,00

Personal temporal

Dietas

Gastos de representación interior

Total servicios personales

100 Servicios no personales

200 Materiales y suministros

Actividades centrales

Personal permanente

Servicios Personales

Rubro

11.799,00

39.736,00

1.219.913,00

175,00

2.650,00

480.187,00

60.000,00

420.187,00

27.800,00

150,00

499.538,00

67.053,00

118.214,00

1.517.328,00

1.169.838,00

347.490,00

C o o r d i n a - Coordina- R e g i s t r o Acciones de ción ción de Adopción de de Recur- A d o p c i o - nacional e Administrasos nes Internacioción Humanos N a c i o n a nal Financiera les e Internacionales

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

1.000,00

19.163,00

781.162,00

15.107,00

420.000,00

Califica- S u p e r v i ción a sión la Familia y Peritaje Adoptiva y a S e g u i - Entidades miento Privadas y Públicas

379.863,00

1.123.651,00

10.307.421,00

240.000,00

1.550.000,00

3.525.750,00

4.991.671,00

Total por Rubro

3,17

9,39

86,10

2,00

12,95

29,45

41,69

% del Total del Pres u puesto

43.700,00

54.465,00

6.688.125,00

55,86

48,43

34,21

17,37

300 Propiedad, planta y equipo

400 Transferencias corrientes

Total Programa

% por Programa

% Personal permanente de total de Servicios Personales

% Personal temporal del total de servicios personales

% Dietas y gastos de representaci贸n del total de servicios personales

10,93

1.308.248,00

24.800,00

12.000,00

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

527.488,00 4,41

509.112,00 4,25

26.100,00

14,22

1.702.595,00 6,69

801.325,00 3,63

435.107,00

100,00

0,66

79.265,00

11.972.000,00

0,68

81.800,00

En este contexto presupuestario, las autoridades del CNA solicitaron al Ministro de Finanzas una ampliación presupuestaria a Q20,000,000.00, con el objeto de que el CNA fortalezca sus funciones y se desconcentren los servicios a otros departamentos, el cual duplica el presupuesto manejado en 2008 y 2009, estableciendo para el efecto los siguientes objetivos: • La apertura de tres sedes del Consejo Nacional de Adopciones en Alta Verapaz, Zacapa y Quetzaltenango, para ampliar la cobertura de los servicios de adopción.

Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

• Renovar el equipo de oficina y computó, para las diferentes coordinaciones que conforman el CNA, ya que el equipo actual esta desactualizado, pues antes estuvo al servicio de la Comisión Presidencial para la Reforma y Descentralización del Estado.

peto de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. •Autorizar a organismos de adopción acreditados en otros estados contractuales del Convenio de la Haya, conforme los estándares técnicamente preestablecidos. La propuesta, presenta una estructura, en donde el rubro de servicios personales cuenta con 73.49%, el de servicios no personales 14.39%, suministros y materiales 4.68%, propiedad, planta, equipo e intangibles 6.68% y transferencias corrientes 0.76%. Aunque en el presupuesto se plantea la desconcentración de servicios, el cual es uno de los principios de las políticas públicas, la inversión para adquirir bienes inmuebles como patrimonio del CNA no se visualiza en las proyecciones.

• Atender a las madres biológicas que presentan conflicto con su maternidad.

Dicha propuesta debe analizarse detalladamente, con base al Plan Estratégico, las funciones del CNA y la necesidad de dotar según el marco de derechos a la niñez que no la posee de una familia y condiciones de desarrollo y atención integral. A la vez buscar apoyo con las organizaciones de la sociedad civil para gestionar los recursos para ampliar y mejorar el proceso de adopción.

• Supervisar las entidades privadas autorizadas y organismos acreditados, para garantizar el res-

El en cuadro siguiente se pueden apreciar los montos solicitados por grupo presupuestario y los porcenta-

• El seguimiento a los proyectos y planes para lograr la restitución del derecho a una familia, desarrollando los procedimientos administrativos que derivan de la Ley de Adopciones.

jes correspondientes. MONTO Q

% por grupo

JUSTIFICACION

GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES

14.698.476,00

73,49

Este monto será utilizado para cubrir el pago de sueldos y salario, honorarios, dietas, gastos de representación, cuota patronal, aguinaldo, bono 14 y bono vacacional, al personal del CNA en la sede central, así como en las sedes departamentales qué serán que se abrirán en Zacapa, Alta Verapaz, Quetzaltenango.

GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES

2.877.325,00

14,39

Pago de servicios básicos, impresión y encuadernación, mantenimiento y reparación de edificio, pago de viáticos al interior y exterior del país, mantenimiento y reparación de vehículos, arrendamiento de parqueos, arrendamiento de planta telefónica, para el funcionamiento tanto en la sede central, como en las 3 sedes departamentales.

GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS

936.100,00

4,68

Se solicita para la compra de materiales y suministros, tales como papel de escritorio, tintas, tóner, combustibles y lubricantes, productos de limpieza, útiles de oficina, productos de papel o cartón, materiales eléctricos, productos de plástico, productos de metal, alimentos para personas, para sede central y 3 sedes departamentales.

GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

1.336.099,00

6,68

Esta cantidad se solicita para la compra de escritorios, archivos, equipo de transporte, equipo de computó y equipo para comunicaciones tanto en la sede central como en 3 sedes departamentales

GRUPO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

152.000,00

0,76

Se solicita para el pago de los servicios de fiscalización, y prestaciones laborales como indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro tanto en la sede central como en las 3 sedes departamentales.

20.000.000,00

100,00

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GRUPO PRESUPUESTARIO

3.1.12. ¿Cree usted qué el presupuesto del cna es manejado eficiente y Adecuadamente para fortalecer el cna y desarrollar sus funciones Centrales?

Un 67% de las personas entrevistadas, expusieron que el presupuesto es manejado adecuada y eficientemente para fortalecer y desarrollar sus funciones, un 33% opina que no es manejado eficientemente.

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Adicionalmente se opinó que son conscientes de los gastos, pero otros opinaron que no hay equidad interna, que hay mucho personal y que no hay una auditoría de puestos.

También se expresó que en general el manejo técnico del presupuesto se ha desarrolla bien, se implementaron los mecanismos de control del Ministerio de Finanzas, el principio de transparencia se ha manejado bien. Se puede ingresar en la página web en donde se encuentra la información requerida según la Ley de Acceso de la Información. El manejo presupuestario se ha orientado a satisfacer las necesidades de la institución. Existe una racionalidad y austeridad, se aprobaron 10 y se

aprobaron. Los fondos para inversión no es mucha, no pasa del 5%, se ha dejado de hacer inversión; el gasto de funcionamiento se ha mantenido. 3.1.13. ¿La calidad de la infraesctructura (instalaciones, equipo, vehículos, etc.) Para desarrollar las funciones del cna y asegurar la protección A través del proceso de adopción?

En relación a la infraestructura (instalaciones, equipo, vehículos) para desarrollar en mejores condiciones las funciones del CNA, un 50% del personal entrevistado opina que es poco adecuado y un 50% que es regular. Lo cual provoca ineficiencia para cumplir algunas funciones específicas. Se plantea que el CNA debe contar con áreas adecuadas para sus equipos de trabajo; no hay equipo completo y suficiente; no se cuentan con vehículos; falta de mobiliario y equipo, el actual se encuentra en mal estado. Para tener oficinas se suscribió convenio donde se cede el primero y segundo nivel, no se paga arrendamiento, pero el mantenimiento es

equivalente a Q10,500.00 mensuales. Se Reafirma que es necesario tener un espacio adecuado, hay que readecuarlo y redistribuirlo, el espacio en el tercer nivel hay que readecuarlo, en el segundo hay hacinamiento. Hay limitaciones en equipo, sólo hay 3 vehículos para la institución, para realizar el trabajo y realizar las visitas. El mobiliario es del COPRE, que está en proceso liquidación, cuando termine el proceso pasaran al CNA; hay tres vehículos del COPRE, los cuales se utilicen para visitas a las familias. El equipo de computó es malo, es de COPRE, tienen varios años de uso.

3.1.14. ¿Cuentan con un centro de atención y acogimiento para niños, niñas, Familias que parte de los procesos de adopcion?

Hay un médico pero no se tiene el espacio y equipo para que haga en mejores condiciones su trabajo.

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De los que se tienen se realiza back up constante, se tienen en una entidad bancaria resguardados. Se celebró un convenio con la embajada de FRANCIA para comprar 2 servidores, para almacenar y tener una base de datos, orientadas únicamente a los hogares y niños que están en los mismos, se está construyendo dicha base. La información se resguarda a través del escaneo cuando finaliza el proceso, a través de la unidad del registro. Se guardan los expedientes en un lugar con seguridad.

El 67% del personal entrevistado expuso que no se cuenta con un centro de atención y acogimiento para niños, niñas y familias y el 33% expuso que si cuentan. Adicionalmente expresaron que hay que ampliar el espacio porque solo existe un cuarto; es necesario tener un espacio adecuado y especializado para el proceso; hay procesos de evaluación por parte de psicólogos y trabajadoras sociales y no hay espacios adecuados, sin embargo, se cuenta con redes de apoyo cuando es importante la atención; es necesario descentralizarse. 30 No se tiene un espacio de atención temporal, podría ser útil para dar albergue temporal, por ejemplo, había una audiencia que estaba planificada para las nueve de la mañana, pero se tuvo que buscar apoyo en un hogar para que las personas vinieran un día, antes y pudieran pernoctar. Se plantea establecer vínculos con otras instituciones para este tipo de apoyo.

3.1.15. ¿Cree qué la institución respeta y restituye los derechos y la protección integral a traves de los servicios prestados?

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Un 100% del personal entrevistado opina que el CNA si respeta y restituye los derechos y la protección integral a través de los servicios prestados. Expresan que: es de las pocas instituciones que hacen este trabajo; se contribuye pero hace falta mucho, pues, la satisfacción de las necesidades sociales en materia de protección integral a través de la adopción, pasa por tener recursos suficientes para ampliar el beneficio a más niños, niñas, adolescentes y familias.

3.1.16. ¿El cna cuenta con un reglamento basado en la doctrina de protección integral y los derechos de la niñez y adolescencia?

El 33% de las personas entrevistas opina que no tienen un reglamento basado en la doctrina de protección integral y los derechos de la niñez y la adolescencia, un 33% no respondió y un 33% opinó que si cuentan. En realidad el CNA todavía no cuenta con su reglamento aprobado por la Presidencia de la República, pero expresaron que se utiliza el Decreto 77-31 2007 para guiarse jurídicamente. También se expresa que existen protocolos y procedimientos establecidos en la Ley de Adopciones. Se expuso que el reglamento ya está terminado y que será trasladado a la Secretaría de la Presidencia para su aprobación como Acuerdo Gubernativo. También, se dijo que hay un vacio, esta la Ley de Adopciones como marco jurídico general (arriba) y abajo están todos los procedimientos administrativos, técnicos, protocolos, manuales y metodologías, pero, en medio no existe ninguna norma que desarrolle la Ley y le de marco legal a lo que se está haciendo en procedimientos o normas menores. Se opinó que si el reglamento lo hubieran hecho en 60 días, no se hubiera elaborado adecuadamente. Alguna bondad tiene que no el reglamento no fuese aprobado. Hay que llegar a un consenso entre el Consejo Directivo quien tiene que aprobar inicialmente y posteriormente man-

darlo a la Presidencia de la República para aprobación. Por otro lado se comentó que hay un libro de actas, el cual se puede solicitar para ver cuáles han sido las decisiones del Consejo Directivo, y directamente de la Presidenta. 3.1.17. ¿El cna cuenta con manuales de funciones-atribucionesresponsabilidades del personal basado en la doctrina de protección integral y los derechos de la niñez y adolescencia y las funciones establecidas en la ley de adopciones?

3.1.18. ¿La instutución cuenta con mecanismos de trabajo en equipo para la planificación, evaluación, reflexión, atención y coordinacion para desarrollar sus funciones?

Las reuniones se han espaciado un poco en la nueva dirección. Se reúnen para: planificar mensualmente; programar múltiples puntos para su aplicación y cumplir las funciones del proceso; se realizan evaluaciones una vez a la semana, dependiendo del problema a tratar; se realizan juntas de todo el equipo multidisciplinario; se llevan a cabo juntas técnicas de evaluación; se realizan planificaciones multidisciplinarias; juntas para evaluar a padres de familia, niños y niñas; se realizan talleres, planificaciones y evaluaciones; se coordina constantemente.

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Un 67% de las personas consultadas opinan que si hay un manual de funciones-atribuciones basado en la doctrina de protección integral y las funciones establecidas en la Ley deAdopciones, un 33% no respondió. Existen los manuales correspondientes.

La totalidad de personas entrevistadas opinan qué si hay mecanismos de trabajo en equipo para la planificación, evaluación, reflexión, atención y coordinación para desarrollar sus funciones. Adicionalmente se expresó que hay un alto grado de trabajo en equipo, las personas que coordinan tienen conocimiento de lo que les compete y piensan en función de la CNA. Al inicio se organizaban reuniones de coordinadores durante la dirección anterior.

3.1.19. ¿El cna cuenta con planes de mejoramiento, adecuación, ampliación y/o cambio y extensión de las instalaciones, equipamiento adecuado para todos los servicios que prestan?

Sin embargo, cada una de las líneas que se quieren fortalecer habría que convertirlas en planes-proyectos de desarrollo, no sólo para buscar los recursos en las instituciones del Estado o con otros organismos de cooperación nacional e internacional. 3.1.20. ¿Cuenta el cna con planes de descentralización y desconcetración de sus servicios?

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Un 66.67% de las personas entrevistadas expresaron que el CNA no cuenta con planes de mejoramiento, adecuación y ampliación para los servicios que prestan, un 16.67% que si cuentan con planes y un 16.67% no respondió. Se opina, que los planes se van haciendo conforme a las necesidades de los casos, para atenderlos adecuadamente. Si hay planes para mejorar el área de computó. Si existen planes de mejoramiento para la coordinación del grupo multidisciplinario.

Es este indicador se recibió de parte de las autoridades un documento que contiene una propuesta de ampliación de presupuesto para 2010, en donde se plantean algunas líneas de acciones para el mejoramiento de la infraestructura, equipo y mobiliario, así como el fortalecimiento de algunos programas y ejes estratégicos existentes en el Plan Estratégico.

Un 50% del personal entrevistado dijo que no cuentas con dichos planes de descentralización y desconcentración de sus servicios, un 33% que si cuenta y un 17% no respondió. Sin embargo, se presentó la propuesta de ampliar a 3 sedes regionales Alta Verapaz, Zacapa y Quetzaltenango, para atender los procesos regionales de adopción de dichas áreas geográficas; según el Plan Estratégico se perfila abrir sedes en 5 regiones. Por lo menos se plantea, que dichas sedes regionales contarían con 3 personas que den la atención inicial. También, se expuso que es necesario formar redes de apoyo con otras organizaciones, que no se conoce un plan estructurado, pero se tiene la proyección. Es necesario establecer

espacios regionales por áreas en donde los juzgados de la niñez y la adolescencia tengan presencia. No se cuenta con un equipo de personas que promuevan el progreso y desarrollo del CNA. 3.1.21. ¿Han divulgado los servicios que prestan, las funciones y el que hacer del cna?

tucional y de los servicios que presta el CNA, de manera sistemática y por diferentes medios de divulgación y comunicación. 3.1.22. ¿En general qué problemas han encontrado en la consolidación institucional y que proponen para solucionarlos? • Causa fundamental de los problemas es la falta de un presupuesto. • En desarrollo de funciones y dar una mejor atención y servicio a las personas que adoptan o quieren dar en adopción.

Un 50% del total de las personas que emitieron su opinión en las entrevistas, expresa que los servicios se han divulgado de regular a poco, y un 50% que se ha divulgado bastante.

• Negligencia de abogados que requieren dinero de las familias. • Que se amplié el personal de los equipos de trabajo. • El Consejo Nacional de Adopciones tiene mucha demanda. • Se trata de hacer lo que se puede pero por falta de personal capaz y presupuesto muchas veces se queda corto. • Ampliar el equipo técnico, consultorías y capacitarlo adecuadamente. • Crear alianzas con entidades es-

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Adicionalmente dijeron que: cuando se iniciaba no se divulgaba; hace falta comunicación y campañas; se hace a través de televisión y radio a las familias; se promueve a nivel local; se han pronunciado a través de Guatevisión; se han realizado comunicaciones de prensa; campaña de afiches colocados en los juzgados, iglesias y supermercados; se cuenta con la página web; se tiene una línea de emergencia las 24 horas, para resolver conflictos de maternidad, o que quieran dar en adopción. Se evidencia la necesidad de contar con una estrategia de comunicación insti-

• La cultura en general de la gente que va a los hospitales, no conoce los procedimientos y leyes que los protegen en materia de adopciones.

tatales como hospitales, centros, juzgados, etc. Mejorar la equidad presupuestaria interna. Programas motivacionales para el personal. • Realizar estudios salariales para generar una política equitativa y de incentivos. • Consolidar una visión estratégica y ejes principales. • Hay cierta lentitud en procesos que podrían ser rápidos si existiera una mejororganización.

3.2 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADOPCIONES.

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3.2.1. ¿Cuántos niños y niñas son protegidos integralmente a traves de la adopcion nacional anualmente? (2008-Proyección para 2009)

En 2008 según información proporcionada por las autoridades del CNA se reportaron 54 adopciones de niños y niñas; en 2009 184 adopciones, en total se llevan 238 adopciones. Se puede establecer para el efecto que el Estado invierte en restituir a un niño-niña su derechos a la familia y mejora condiciones de vida

a través de una adopción realizada, Q53,804.34 Dicho costo se establece con el monto total del presupuesto del CNA proporcionado por el Estado pues, se asume que la institución en su totalidad se organiza en función de velar por todo lo relacionado al proceso de adopciones como una institución social de restitución de derechos, principalmente el derecho a la familia de los niños, niñas y adolescentes. 3.2.2. ¿Cuántos niños y niñas son protegidos integralmente a través de la adopción internacional anualmente? (2008-Proyección para 2009) Actualmente no se están tramitando adopciones internacionales, pues el programa todavía no está funcionando. Se piensa que durante 2010 se dará apertura al mismo, pero es necesario sustentar todos los procedimientos y estándares internacionales de adopción. 3.2.3. ¿Cuéntan con programas para promover la adopción nacional?

Un 83% del personal entrevistado afirma que existe un programa de

promoción a la adopción nacional, un 17% que no existe dicho programa. Con base a la información proporcionada, se evidencia la existencia del programa de promoción de la adopción nacional, pues, es la que se está impulsando. Se hace a través programas de difusión pública, existiendo profesionales contratados para promover la adopción y preservación de la familia. La divulgación capta a las familias interesadas en la adopción en el CNA, sería bueno impulsar una campaña nacional sobre la importancia de la adopción; se transmiten mensajes a través de emisoras de radio; existe una persona encargada de promover en los juzgados; hay familiar que solicitan información y llegan a las oficinas. 3.2.4. ¿Se prioriza la adopción nacional ante la adopción internacional?

3.2.5. ¿Cuentan con programas

Un 33% del personal entrevistado manifiesta que si cuenta con un programa de adopción internacional, un 33% que no cuentan y un 33% no respondió. Actualmente se estánest ableciendo los procedimientos, protocolos, requerimientos y un reglamento para regular la adopción internacional; se impulsará un plan priorizando a niñez institucionalizada y con problemas específicos, lo que los hace necesitar mayor protección de una familia. Actualmente existe un plan piloto para 2 años, para niños y niñas que finalmente, no salieron del país con el proceso anterior de adopción. 3.2.6. ¿En los programas de adopción nacional e internacional se prioriza a la niñez de los centros de protección y abrigo estatales?

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El 100% del personal consultado, expone en un 100% que si se prioriza la adopción nacional en relación a la adopción internacional. Hay que velar por la cultura del niño-niña, educación, salud y todos sus niveles.

para promover la adopción internacional?

Un 67% de las personas consultadas respondió que si se prioriza a la niñez de los centros de protección y abrigo estatales, un 16.67% opina que no se prioriza y un 16.67% opina que algunas se prioriza. Además, opinaron que se prioriza al niño o niña que necesita la adopción ya que se restituye el derecho a la familia; por las condiciones del hogar en el que se encuentra es importante la adopción; en los centros los niños y las niñas no tienen condición legal para que los adopten; se está realizando un censo nacional de niñez y adolescencia institucionalizada.

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3.2.7. ¿El cna tiene mecanismos y procecimientos para reunir y conservar la información relativa a la situación del niño niña y futuros padres para el proceso de adopción?

El 100% de los y las entrevistadas expresaron que si cuentan con mecanismos y procedimientos para reunir y conservar la información relativa a la situación del niño-niña y futuros padres para el proceso de adopción. Se tiene expediente completo del niño-niña; existe una unidad de

registro y estadística, en donde se alberga y resguarda la información; hay un departamento de registro de adopciones; un coordinador hace el monitoreo con las unidades. 3.2.8. ¿El cna cuenta con mecanismos y procecimientos para reunir y conservar la información sobre los origenes del niño niña, su identidad, padres, historial medico y de sus padres?

La totalidad de personas entrevistadas plantean que si existen dichos mecanismos para reunir y conservan la información sobre los orígenes del niño-niña, su identidad, padres, historial médico y de sus padres. En algunos casos se ha podido recopilar información y antecedentes de los niños y de los padres y madres; se ha tratado de investigar el camino que han recorrido los mismo; se guarda información para las personas interesadas en algún caso; se recopila información social y psicológica del niño-niña; se junta y presenta un expediente antes y después de la adopción. Los expedientes son depositados en copia PDF en una caja seguridad de un banco, resguardándola de cualquier situación.

3.2.9. ¿El cna cuenta con manuales de procedimientos y/0 protocolos para asignar y asegurar a cada niño o niña en proceso de adopción la familia adecuada de acuerdo al interes superior?

El 100% del personal consultado opinó que si cuentan con manuales de procedimientos y/o protocolos para asignar y asegurar a cada niños o niña en proceso de adopción la familia adecuada de acuerdo al interés superior. Se cuenta con protocolos aprobados y procedimientos establecidos, buscando el interés superior del niño y la niña en dicho proceso.

Respecto a dicho indicador, expusieron que se están realizando protocolos estándar, están involucrados en este tema la Procuraduría General de la Nación y los Juzgados de Niñez y Adolescencia. 3.2.11. ¿El cna cuenta con manuales que establezca los mecanismos y procedimientos para autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica a entidades privadas, hogares de abrigo u hogares sustitutos que se dediquen al cuidado de los niños y niñas?

Un 67% del personal entrevistado aduce que existe un manual o mecanismos para autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica a entidades privadas, hogares de abrigo y hogares sustitutos que se dediquen al cuidado de los niños y niñas, un 33% opina que no existen dichos

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3.2.10. ¿El cna cuenta mecanismos, procedimientos y/o protocolos para velar qué los niños niñas en estado de adoptabilidad ingresen a hogares de protección y abrigo o al programa de familias temporales del estado?

Un 66.67% opina que no existen dichos protocolos para velar que los niños-niñas-adolescentes en estado de adoptabilidad ingresen a los de protección y abrigo o a los programa de familias sustitutas. Un 16.67% opina que si existen y un 16.67% no respondió.

procedimientos o manuales. La Unidad de Investigaciones, Peritaje y Supervisión de Entidades Públicas y Privadas de protección y abrigo a la niñez y adolescencia (UNIPSE), realiza todo el proceso planteado de supervisión y monitoreo a dichas entidades. La SBS y la PGN están relacionados con este tema, por lo que se coordina con dichas instituciones. La SBS está realizando un protocolo para autorizar, supervisar y monitorear a las entidades de protección y abrigo privadas y estatales. De manera conjunta entre la SBS,

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PGN, PDH-DNAJ, CNA y otras instituciones estatales y sociedad civil, se recomienda que se emita un protocolo o manual para realizar esta función. Se plantea que no existe un manual o protocolo establecido sobre este tema, pero que se trabajaran los estándares sobre el abrigo, protección, cumplimiento y restitución de derechos, trato y atención.

3.2.12. ¿Si cuentan con un manual de mecanismos y procedimientos para supervisar y monitorear el forma periodica a hogares privados o estatales que se dediquen al cuidado de niños y niñas, cada cuanto los monitorean y que tipo de recomendaciones emite? No hay monitores/as para desarrollar dichas funciones; se monitorea cada 3 o 4 meses y se actualiza constante-

mente la información de los hogares. Se realiza una calendarización para las visitas a efectuar. Se realiza la localización de hogares e información de la niñez. Se hacen supervisiones con otras organizaciones. El área de aprobación, supervisión y monitoreo de hogares debe fortalecerse, contando con los manuales pertinentes para realizar dichas funciones y controlar los estándares y calidades de la protección y abrigo a la niñez y la adolescencia. Sin duda alguna, es necesario contar con un equipo especializado en supervisión y monitoreo de hogares. 3.2.13. ¿Cuántos hogares privados y estatales han certificado hasta el momento como aptos para el cuidado y protección integral de niños y niñas y cuantos no tienen ninguna certificación? En relación a este tema existe un proceso de certificación de centros privados o estatales de protección y abrigo, para el efecto se presenta el siguiente cuadro, que resume la información sobre el trabajo desarrollado para cumplir con esta función del CNA.

ENTIDADES

CANTIDAD CANTIDAD 2008 2009

Solicitudes de autorización

Supervisados

Autorizados

Entidades en funcionamiento

Entidades que cerraron

Entidades no inscritas

Se plantea que sólo 3 centros están certificados-acreditados y están en proceso ochenta que han solicitado inscripción. 3.2.14. ¿Cuentan con un reglamento de sanciones para hogares que no llenan los requisitos para la protección integral de niños y niñas?

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Un 50% opina que si hay un reglamento de sanciones para hogares que no llenan los requisitos para la protección integral de niños y niñas, un 33% que no se cuenta con ese reglamento y un 16.67% que no respondió. Sin embargo, no existe dicha reglamentación, la cual se plantea que se contemplaran dichas sanciones en el Reglamento del CNA.

Se le da recomendaciones y plazos para que las cumplan y puedan mantenerse; se han cerrado algunos establecimientos que no cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento; la Ley de Adopciones establece los lineamientos estándar y si no los cumplen, se les da una prórroga para que llenen los requisitos. Se pueden allanar hogares sino están legalmente aptos, también se les da acompañamientos. Tanto el manual para la aprobación de Hogares, como el proceso de supervisión y monitoreo y el establecimiento de sanciones, deben sistematizarse adecuadamente. Queda, aquí la inquietud sobre la necesidad de darle seguimiento a la propuesta de Ley de Centros y Hogares de Protección y Abrigo. En todo caso, en el reglamento del CNA, deben contemplarse las sanciones cuando se violan derechos, la protección y abrigo es de mala calidad y la infraestructura no sea adecuada para dar atención. 3.2.15. ¿El cna cuenta con procedi-

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mientos y mecanismos aprobados para Mantener registro y elaborar expediente de niños niñas vulnerado en su derecho a la familia y de la institucion donde se encuentren Albergados, que se encuentren en estado de adoptabilidad?

El 100% del personal entrevistado plantea que si cuentan con procedimientos o mecanismos aprobados para registrar y elaborar expedientes de niños, niñas y adolescentes vulnerados en su derecho a la familia y de la institución en donde se encuentran albergado, que se encuentren en estado de adoptabilidad. Se manifiesta que se está realizando un censo-registro nacional de niños y niñas institucionalizadas, realizando una base de datos completa, de acuerdo a los datos y registros mínimos que se tienen, en el cual se confirma el estado de adoptabilidad. Es importante concluir dicho censo con sus expedientes correspondientes completos e integrales, planteando sobre todo la identidad y la ubicación exacta de los niños y las niñas. 3.2.16. ¿Tienen conocimiento de cuántos niños y niñas se encuen-

tran en estado de adoptabilidad?

Un 50% de los y las entrevistadas plantea que si tiene conocimiento de cuántos niños y niñas se encuentran en estado de adoptabilidad, respondiendo algunos que entre 200 a 520 aproximadamente. El CNA informa que en 2008 fueron 200 niños, niñas y adolescentes declarados en adoptabilidad y que en 2009 fueron 284, un total de 484. Otra de las personas entrevistadas planteo que son 200 declarados en 2008 y 311 en 2009, en total 511 niños-niñas. Dichos registros deben ser actualizados permanentemente, incluyendo a todas las instituciones privadas o estatales de protección y abrigo. 3.2.17. ¿El cna ha cumplido con la emisión del certificado de idoneidad para adoptar niños o niñas en todos los casos?

Un 83% de los y las consultadas, expone que si se ha cumplido con la emisión del certificado de idoneidad para adoptar. Se contemplan aspectos sociales, psicológicos, médicos, jurídicos. Se analizan las dinámicas familiares, aspecto económico, información colateral, motivación familiar. Se hace una evaluación psicológica constante. Se verifican las condiciones legales y el estado socioeconómico. Son evaluados por una trabajadora social, un psicólogo y legalmente. A veces se confirman su identidad psicológicamente. Hay familias que no llenan los requisitos, por tanto no se puede proceder con la adopción. 3.2.18. ¿El cna cuenta con un mecanismo o procedimiento para recibir el consentimiento de los padres y madres biologicas para dar a niños niñas en adopción?

3.2.19. ¿Cuentan con criterios de supervisión y evaluación idoneos del período de socialización entre quien da en adopción y quien adopta, qué permitan emitir el certificado de empatía?

Un 83% del personal entrevistado afirma que existen criterios de supervisión y evaluación idóneos del período de socialización entre quien da en adopción y quien adopta. Existe un Protocolo específico de socialización; se da un proceso de convivencia previa al proceso de adopción. Se busca un equilibrio familiar, comunicación entre familias, aceptación del niño y niña y adaptación al entrono. Se realizan una visita de psicólogo, trabajadora social, para establecer las relaciones entre niños-niñas y adultos o en las familias ampliadas. Se realiza una entrevista al niño, para conocer su opinión acerca de su familia y el proceso de adopción, cuando este o esta puede expresarse. 3.2.20. ¿Cuentan con los procedimiento-mecanismos para llevar el control, recibir las solicitudes de

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El 100% de entrevistados confirma que si cuentan con dicho mecanismo. Se les da la orientación e información de lo significa proceso de adopción. Si hay un reconocimiento, se envía después al juzgado. Se cuenta con un protocolo específico

sobre este aspecto.

adopción y protegerlas?

extranjeras 37 en 2008 y 35 en 2009. Las solicitudes ingresan por medio de la Secretaría General del CNA y el Equipo Multidisciplinario es en que tiene a su cargo la tramitación del expediente, el cual al finaliza es remitido a la Unidad de Registro para el archivo y resguardo correspondiente.

Estos procedimientos o mecanismos están plenamente sistematizados por la unidad de Registro del CNA. En la recepción se reciben los documentos del juzgado así como también de hogares. Existe un formulario que debe ser llenado, realizando un expediente. Se cuenta con un formulario y requisitos para llevar el control de las solicitudes. Se lleva un control de la información sobre la familia a la que el niño se integra. El Juzgado dictamina es Estado de adopción y se realiza un proceso de convivencia y socialización. La Unidad de Registro lleva el control de las solicitudes, las distribuye y las resguarda.

3.2.22. ¿El cna cuenta con mecanismos-protocolos utilizados para da seguimiento a niños niñas dados el adopción nacional e internacional?

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3.2.21. ¿Cuántas solicitudes de adopción existen hasta el momento y cuántas se reciben por año?

Según los entrevistados se han recibido 459 solicitudes, de las cuales 250 han sido evaluadas y 215 ya tienen proceso de adopción. Según la información brindada por las autoridades existen 235 solicitudes de adopción nacional en 2008 y 202 en 2009 para niños-niñas, 6 solicitudes para mayores de edad. Solicitudes

El 100% de entrevistadas-os, plantearon que si existen esos mecanismos y protocolos para dar seguimiento a la adopción. Si es nacional se hacer visitas durante 2 años, cada 6 meses, realizando evaluaciones por psicóloga y trabajadora social. En el caso internacional no existe todavía protocolo de seguimiento. Si se realiza supervisión en el ámbito internacional, en períodos cortos de convivencia. 3.2.23. ¿A cuántos niños niñas dados en adopción se les esta monitoreando y dando seguimiento? Se está dando seguimiento a los 186 casos de adopción (215 según otra

opinión), monitoreando el proceso de adaptación, desarrollo en el seno de la nueva familia, asesoramiento y apoyo. 3.2.24. ¿El cna tiene procedimientos y/o mecanismos para prevenir los beneficos materiales indebidos en las adopciones?

en las adopciones, tanto de las autoridades, como en las familias y las comunidades. Se está regulando el tema de las familias sustitutas, con la Corte Suprema de Justicia, PGN, SBS y Hospitales, pues, dicha figura se puede prestar a anomalías e irregularidades. 3.2.25. ¿El cna aprobó un reglamento interno o normas para aprobar y/o autorizar el establecimiento y permitir el funcionamiento de organismos extranjeros de adopción en guatemala?

Un 50% opinan que no se tienen dicho reglamento o conjunto de normas para aprobar o autorizar el establecimiento y permitir el funcionamiento de organismos extranjeros de adopción en Guatemala. Un 33% opina que si aprobaron un reglamento y un 16.67% no respondió. Se expone que se cuenta con un plan piloto y protocolo específico en proceso de aprobación, el cual establece estándares de alto nivel. Los apoyos internacionales no imponen su reglamento, solo lo establecido en el Convenio de la Haya. Está contemplado en las políticas pero no se ha

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Un 66.67% del personal entrevistado expresó que si tienen procedimientos y mecanismos para prevenir beneficios materiales, indebidos en las adopciones, un 16.67% que no se tienen y 16.67% no respondió. Se opina adicionalmente que se establecen reuniones con PGN, jueces y hospitales para prevenir la corrupción y lucro en las adopciones. Se evalúa a la familia para determinar si privan intereses de carácter económico. Se trabajan en escuela para padres y madres y se brindan charlas sobre las relaciones entre padres e hijos. Dichos mecanismos y procedimientos deben ser parte de los protocolos establecidos en el CNA, además, de establecer las coordinaciones correspondientes con otras organizaciones e instituciones de Estado para prevenir las anomalías o corrupción

elaborado. Alguien expuso que no le han dado copia todavía. Todo lo relacionado a la adopción internacional, incluyendo la aprobación de organismos extranjeros en Guatemala, debe darse en un solo proceso de elaboración, con un conjunto de normas, procedimientos, mecanismos y requisitos que deben complementarse, para asegurar desde todas las airistas posibles la transparencia y prevenir cualquier anomalía o irregularidad.

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Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. Secretaría de Bienestar Social. Ministerio Público. Juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Registro Nacional de Personas. Dirección General de Migración. Ministerio de Salud.

3.2.26. ¿Cuantos organismos extranjeros de adopciones se han autorizado para que operen en guatemala?

Ministerio de Educación.

Todavía no se ha autorizado ningún organismo extranjero de adopción. No se ha procedido a realizar adopciones internacionales.

CONRED.

3.2.27. ¿El cna coordina con otras autoridades competentes, para brindarles la proteccion a niños niñas en proceso de adopción?

adopción. Coordina con:

Un 83% del personal dijo que el CNA si coordina con otras autoridades competentes parabrindar protección integral a la niñez en el proceso de

Fundación “sobrevivientes”. Médicos sin Fronteras. Servicio Nacional de Menores de Chile –SENAME-. UNICEF. Brasil, Huya-Corte. 3.2.28. ¿Existe la unidad interna de monitoreo y verificación para velar qué se cumplan las funciones, procedimientos, protocolos, reglamentos y cumplimiento de los planes de trabajo del cna?

Según el 50% del personal entrevistado, no existe la unidad de monitoreo y verificación interna para velar por el cumplimiento de funciones, procedimientos, resultados, metas, protocolos; el 50% opina que si existe. Sin embargo, se plantea que el monitoreo lo hace el coordinador. Se hace un informe mensual y anual de todo lo que se trabajo. Hay coordinación en el equipo multidisciplinario. Sería adecuado crear una unidad de monitoreo y verificación para velar por la calidad de los servicios que presta el CNA, atendiendo de la responsabilidad institucional que le ha sido asignada. 3.2.29. ¿Mencione qué problemas piensa usted que tiene el cna para el adecuado desarrollo de sus funciones y qué proponen para solucionarlos? • Asignación presupuestaria insuficiente. • Proceso de descentralización y desconcentración.

• Falta de vehículos, material adecuado, mobiliario y equipo electrónico informático. • Mejorar instalaciones.

3.3.1. ¿Mencione los aspectos de la protección integral y derechos de la Niñez y adolescencia incluidos en los planes estrategicos, en los Planes operativos anuales, metodologías, protocolos, etc.? Derecho a la familia, educación, bienestar integral, desarrollo social. • Vestuario, alimentación. • Desarrollo físico y mental • Formación emocional y carácter. • Atención integral. • Investigación de su familia biológica. • Reinserción en la sociedad. • Buscan como evaluar. • Se denota que existen un buen nivel de dominio de la doctrina de protección integral y enfoque de derechos, pero, no se alcanzan a definir con mayor amplitud sus aspectos fundamentales. 3.3.2. ¿Qué otros programas y proyectos complementarios para propiciar la proteccion integral y el cumplimiento de derechos se impulsan para desarrollar el proceso de adopción?

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• Hay más personal administrativo que técnico.

3.3 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONALES Y CUMPLIMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL

• Trabajo línea de emergencia para atender. • Se trabaja reparación emocional del niño-niña. • Se brinda un apoyo psicológico y moral a la familia del niño-niña. • Se evita que el niño-niña no conozca su origen de adopción. • Talleres de las familias formativas o informativas. • Perfil de niños-niñas que están aun en instituciones de protección y abrigo. • Plan de adopción aunque sea planteado. • Se cuenta con el apoyo de UNICEF.

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3.3.3. ¿Conoce la doctrina de protección integral y los marcos legales qué la desarrollan?

En relación al conocimiento del marco legal de la doctrina de protección integral, los y las entrevistadas un 50% plantearon que conocen toda la Ley de Adopciones y 50% que mucho; la Ley Contra la Violencia Sexual un 16.67% que la conoce toda, un 33% que poco y un 50% que nada; en relación al reglamento del CNA un 16.67% opina que lo conoce todo de igual forma que lo conoce mucho, un 16.66% que lo conoce poco y un 50% que en nada lo conoce. En relación a la Política Pública de Protección Integral un 16.67% opina que la conoce toda, un 33% que la conoce poco y un 50% nada; La Convención Sobre Derechos del Niño un 16.67% la conoce toda, 16.67% la conoce mucho, un 33% algo y un 33% poco; y la LEYPINA un 16.67% la conoce toda, un 50% mucho, 16.67% algo y un 16.67% nada. Adicionalmente expresaron algunos de los aspectos de la doctrina de protección integral: interés superior y derecho familiar; educación, vestuario, salud, integridad física y mental; atribuciones de todos los profesionales; los tratos que se deben tener en un proceso de adopción; Interés superior del niño. Se evidencia que no todo el personal conoce o maneja en su totalidad los marcos legales de la doctrina de protección integral, por lo que se hace necesario establecer el programa de

capacitación interna en donde dichos instrumentos sean parte del pensum del programa. 3.3.4. ¿Existe un código o carta de etica firmada por el personal enmarcada en la protección integral y respeto a los derechos de la niñez y adolescencia?

ser adoptados. • Los jueces no deben colocar a los niños y las niñas en familias sustitutas. • No existe un programa de capacitación permanente. • Mantener la información en cajas de seguridad para evitar pérdidas. • La divulgación y capacitación han trabajado mucho.

Según el 100% del personal consultado, no existe un código o carta de ética firmada por el Personal qué se enmarque en la protección integral y respeto a los derechos de la niñez. Expresan que sería adecuado establecer dicha código; que solamente se firma el contrato; Carta de certificación; protocolo de derechos humanos del personal y de servicio.

• El juez da un dictamen en proceso de adopción a niños que no son idóneos o Necesariamente necesiten

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3.3.5. ¿En general qué problemas han encontrado en la introducción y aplicación del enfoque de derechos y protección integral para la niñez y adolescencia en el proceso que desarrolla el cna?

IV. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA SOCIAL Y PROPUESTAS AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA) No.

CONCLUSIONES

No.

PROPUESTAS

CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

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El CNA cuenta con su Plan Estra- 1. tégico (PE) 2009- 2013, el cual se sustenta en la doctrina de Protección integral de la niñez y la adolescencia Y el enfoque de derechos, sin embargo, el muy General y carece de algunos elementos técnicos Que integran un PE. Se le da la misma Importancia a ejes estratégicos de consolidación Institucional e incidencia, que a los ejes que Tienen que desarrollar las funciones esenciales Establecidas en la Ley de Adopciones. 67% del Personal entrevistado confirmó que existe el PE Y 33 % que no cuenta explicando que lo Desconocen. 100% de entrevistadas-os opina Que el PE tiene el enfoque de la doctrina de Protección integral y de derechos.

Revisar el PE para hacer una priorización de los ejes estratégicos en relación a las funciones del CNA establecidas en la Ley de Adopciones. Además, agregarle: 1) La base legal que sustenta el derecho a la adopción y su funcionamiento, haciendo una relación entre Ejes estratégicos, funciones generales y específicas establecidas en la Ley de Adopciones; 2) Establecer las líneas de base, los indicadores y metas específicas, en concordancia a los resultados establecidos; 3) Ampliar la definición de las estrategias de implementación para cada eje estratégico; 4) Incluir un área específica donde se desarrollen los mecanismos de control y monitoreo de cumplimiento de indicadores, metas y resultados, así como el control de calidad del servicio prestado; 5) Establecer específicamente que instancias, unidades o departamentos tienen responsabilidad en los ejes estratégicos, acciones y resultados; 6) Agregar el presupuesto general por eje estratégico y acciones a desarrollar; 7) Agregar por lo menos el año o años en que se desarrollaran las acciones y resultados intermedios y resultados. Incluir la inducción sobre el PE en el pensum de formación y capacitación interna para el personal.

El POA debe elaborarse con mayor especificidad, detallando las actividades, sub actividades y las fechas específicas de su realización, para que las unidades y su personal tengan mayor control y certeza en los plazos Hay que incluirle al POA los presupuestos específicos o costos de las actividades y sub actividades.

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El CNA cuenta con un Plan Operativo Anual de la institución, el cual llena los requerimientos básicos, sin embargo, el mismo es muy general, pues no establece de manera específica las actividades y sub actividades, costos y por ende una ubicación temporal específica. Un 67% de lasos entrevistados expreso que si existen el POA y un 33% que no cuentan. El POA debe desarrollar lo establecido en el PE.

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El CNA cuenta con la mayoría pro- 3. tocolos y metodologías aprobadas para desarrollar sus funciones y los procesos específicos de la adopción. 100% de entrevistadas-os expresaron que si existes los documentos correspondientes. Hacen falta los protocolos específicos de aprobación y supervisión de hogares privados y públicos de protección y el protocolo para adopciones internacionales.

4. El personal, principalmente el técnico-operativo para el proceso de adopciones y las funciones esenciales del CNA, es insuficiente para cumplirlas adecuadamente, atendiendo a la creciente demanda de adopciones que existe en Guatemala, a la creciente necesidad de niñosniñas-adolescentes de ser protegidos a través del derecho a la familia y a la necesidad de dar cobertura a todo el país. UNICEF destina recursos para el CNA y contrato 9 personas que coadyuva al desarrollo de las acciones y procesos de adopción. Se opina que hay recurso humano bien capacitado, principalmente en el Equipo Multidisciplinario. Hasta el momento se ha priorizado la contratación de personal administrativo. El CNA cuenta con un 50% de personal administrativo y un 50% de personal técnico. Y un 50% es personal tempòral (por contrato) (principalmente del equipo multidisciplinario) y un 50% personal permanente, lo cual evidencia por el tipo de contratación que no existe un nivel adecuado de estabilidad laboral.

Elaborar un compendio que incluya todos los protocolos y procedimientos establecidos, adjuntando la resolución de aprobación del Consejo Directivo. Realizar una presentación de los protocolos aprobados a instituciones y organizaciones interesadas para que puedan opinar sobre su contenido. Aprobar, con base al proceso iniciado entre sociedad civil y organizaciones del Estado, el manual (protocolo) para Autorización, Supervisión y Monitoreo de Centros y Hogares de Protección y Abrigo para la Niñez y la Adolescencia. Aprobar el Protocolo sobre Adopciones Internacionales en consulta con las instituciones del Estado y sociedad civil relacionadas con el tema. Con base al PE y las funciones esenciales del CNA y a un estudio de puestos y funciones específicas, establecer una política de personal y de su crecimiento, variando la ecuación de personal (tanto en el tipo de contratación como en el área para la que se contrata) priorizando la contratación de personal técnico, brindándoles condiciones de estabilidad, seguridad laboral y permanencia, para que desarrollen sus responsabilidades en mejores condiciones. En la misma política de personal establecer los mecanismos y procedimientos de oposición, concurso y contratación del personal, lo cual de manera conjunta con los manuales de personal, constituirián una política integral de personal.

Se denota un alto interés y compromiso en el personal entrevistado con el que hacer del CNA y con la niñez y adolescencia. El 100% de entrevistadas-os plantea que el personal es insfuciente. El rubro de servicios personales (temporal, permanente, dietas y gastos de representación) equivale a un 86.10% del total del presupuesto 2009, un 41.60% para personal permanente y un 29.45% para personal temporal. La mayoría del personal permanente es de cáracter administrativo y puestos de dirección y la mayoría de personal temporal es de cáracter técnico y operativo.

Aparte de los salarios y honorarios para el personal, existe un sistema de dietas para las-os integrantes del Consejo Directivo, de Q2,500.00 por sesión, realizándose 3 sesiones a la semana, lo cual equivale a Q30,000.00 mensuales para cada representante (el pago se realiza a través de una planilla mensual).

Establecer una política salarial, tomando teniendo de base las funciones esenciales del CNA, sus unidades y equipos de trabajo, haciendo un equilibrio entre puesto, responsabilidades y capacidades, estableciendo salarios estándares y base para cada uno de los puestos y una política correspondiente de incentivos e incrementos atendiendo a las especializaciones, temporalidad y experiencia laboral.

Revisar el sistema de dietas y gastos de representación, pues el mismo ocupa un porcentaje considerable del total de fondos del CNA y no corresponde al tiempo, la permanencia y cantidad de trabajo que desarrollan.

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En relación a los salarios y honorarios del personal, se analiza que los mismos están por arriba de otras instituciones, siendo considerados como motivantes por un 67% del personal entrevistado, un 33% opina que no los motiva. El CNA por ser una entidad autónoma puede auto regularse en este aspecto, por lo que los salarios son mejores. Se denota que no existe una política salarial que establezca un equilibrio entre puesto, responsabilidades y capacidades, estableciendo salarios estándares y base para cada uno de los puestos y una política correspondiente de incrementos con base a especializaciones, temporalidad y experiencia laboral.

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Además, la Presidencia cuenta con Q20,000.00 mensuales de gastos de representación. Según el presupuesto del CNA 2009 los gastos de representación equivalen al año a Q240,000.00 y el pago de dietas a Q1,550,000.00, los dos rubros equivalente a un 14.95% del total del presupuesto del CNA 2009 y un 17.37% en relación al total del monto de servicios personales; en total Q1,790,000.00 entre dietas y gastos de representación presupuestados. Integrantes del Consejo Directivo y el Director General del CNA informaron que para 2010 la cantidad de dietas semanales re redujeron a 2, sin embargo, se reúnen 4 veces por semana. Dichos rubros son muy altos para destinarse a un sistema de dietas, pues, se supone que las personas que integran el CNA realizan otras ocupaciones en donde devengan salario o remuneración y su participa- 7. ción en el Consejo Directivo obedece a un nombramiento de la institución donde laboran o que les dio el respaldo para ser representantes.

Como la Ley de Adopciones no establece la forma específica de remuneración al Consejo Directivo y cuál debe ser el tipo de relación como parte del CNA, debe analizarse la posibilidad de que el Consejo Directivo se dedique a tiempo completo para el desarrollo de sus funciones en el CNA, pues el ingreso que obtienen es considerablemente alto en relación a los demás puestos de la institución y equiparable a otros puestos de dirección del Estado guatemalteco, en donde asumen su trabajo y responsabilidades a tiempo completo; o en su defecto, establecer en el Reglamento de la Ley de Adopciones lo relacionado al tema de las dietas, bajando la remuneración por sesión y la cantidad de sesiones, pues, el trabajo técnico del proceso de adopciones lo realizan los demás equipos del CNA, y la función esencial del Consejo Directivo es aprobar el desarrollo de políticas, procedimientos, estándares y líneas directivas para el procedimiento de adopción, actuando como cuerpo colegiado. Se propone la eliminación de los gastos de representación para integrantes del Consejo Directivo.

En relación al nivel de capacitación del personal en la doctrina de protección integral y enfoque de derechos, se evidencia que el equipo multidisciplinario tiene un buen nivel de capacitación sobre dicha temática, sin embargo, se opina que el personal administrativo no cuenta con el mismo nivel de capacitación y que aunque no de manera directa, si tienen relación con el proceso de adopción y las funciones del CNA. Un 16.67% de las-los entrevistados plantea que en mucho están capacitados, un 66.67% que regular y un 16.67% que poco.

Establecer un programa permanente de capacitación y formación, para todo el personal técnico, operativo, directivo y administrativo, sobre la doctrina de protección integral y el enfoque de derechos. El mismo debe servir para dar un proceso de inducción a todo el personal que ingresa a la institución.

Establecer un Plan de Desarrollo del CNA con sus requerimientos presupuestarios, que integre su PE, la política de personal y salarial, sus planes de desarrollo de infraestructura y equipo, planes de descentralización y desconcentración; priorizando el cumplimiento del derecho a la adopción, a una familia, a la restitución de derechos, a una vida digna de la niñez y la adolescencia y por ende de la priorización de sus funciones esenciales establecidas en la Ley de Adopciones. Con base a dicho plan presentar ante la Presidencia de la República una solicitud de ampliación para el año 2010 a través de transferencias, priorizando las áreas débiles en recursos y las necesidad inmediatas. De igual forma, con base a la solicitud de presupuesto para 2010 en la cual se solicita un ampliación aQ20,000,000.00 y el Plan de Desarrollo, elaborar una propuesta integral de presupuesto para 2011, la cual se comience a negociar a impulsar desde los primeros meses del año, estableciendo el crecimiento gradual hasta 2013 para el desarrollo de su PE. Para ambos procesos establecer alianzas con la sociedad civil y las estrategias para realizar un proceso de incidencia ante el Gobierno y Congreso de la República, para lograr un mejor presupuesto. Analizar en lo inmediato readecuaciones presupuestarias internas, estableciendo medidas de austeridad en relación a algunos gastos superfluos, priorizando la contratación de personal técnico operativo, revisando el sistema y monto del pago de dietas y gastos de representación, entre otros. Aunque en la Comisión de Auditoría Social de Movimiento Social se analiza que el Estado debería ser responsable presupuestariamente del CNA, la cooperación internacional puede coadyuvar a algunos procesos principalmente para el cumplimiento de sus funciones esenciales, por lo que con el Plan de Desarrollo realizar gestiones de cooperación ante organismos internacionales.

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Se analizó, según información oficial del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental del MINFIN, que del total del presupuesto del CNA de Q11,972,000.00 un 86.1% se gasta en servicios personales, partida integrado por personal permanente, personal temporal, dietas y gastos de representación; un 41.69% se utiliza en personal permanente, un 29.45% para el pago de personal temporal y 14.95% para el pago de dietas y gastos de representación. El resto de rubros no pasa de 15% del total del presupuesto. Los rubros de inversión en propiedad planta y equipo únicamente cuenta con 0.68% del presupuesto. Se evidencia que los gastos en personal son demasiado elevados en relación al total del presupuesto del CNA. Del rubro de servicios personales, un 48.43% se destina para personal permanente, un 34.37% para personal temporal y un 17.37% para dietas y gastos de representación. El presupuesto por programa se establece de la siguiente forma: actividades centrales con un 55.86% del total del presupuesto, la coordinación financiera con 10.93% y la coordinación de recursos humanos con 4.25%, en total estos tres programas cuenta con el 71.04%. Para el registro de adopciones nacionales e internacionales se cuenta con el 4.41%, acciones de adopción nacional e internacional 14.22%, calificación de la familia adoptiva y seguimiento 6.69% y supervisión de entidades privadas y públicas 3.63%; se percibe una desproporción entre las actividades administrativas, asesoría, de representación y comunicación, en relación a las partidas de los programa o ejes sustantivos del CNA, pues a estas se les destina un 28.96% del presupuesto. En relación al manejo del presupuesto un 66.67% de las-os entrevistados expresó que se maneja adecuada y eficientemente y un 33% que no se maneja eficientemente

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En relación a la infraestructura (instalaciones, equipo, vehículos) para desarrollar las funciones y actividades del CNA, un 50% del personal entrevistado opina que es poco adecuado y un 50% que es regular, lo cual evidencia la ineficiencia que esto puede provocar para cumplir con las funciones específicas. También se concluye que el CNA debe contar con áreas adecuadas para sus equipos de trabajo; no se cuentan con vehículos (sólo 3 vehículos); falta de mobiliario y equipo electrónico y de computó, el actual se encuentra en mal estado y desactualizado, pues, fue donado ya usado por COPRE. Para tener oficinas se suscribió convenio donde se cede el primero y segundo nivel, no se paga arrendamiento, pero el mantenimiento es equivalente a Q10,500.00 mensuales. Se Reafirma que es necesario tener un espacio idóneo de trabajo, hay que readecuarlo y redistribuirlo, el espacio en el tercer nivel hay que readecuarlo, en el segundo hay hacinamiento. Actualmente, el CNA no cuenta con oficinas propias para desarrollar sus funciones; las oficinas actuales no llenan los requerimientos básicos para la atención a los niñas, las niñas, adolescentes y familias en proceso de adopción; los espacios con los que cuenta son muy pequeños, los equipos de trabajo están muy hacinados, lo cual impide un ambiente favorable y amigable para que desarrollen sus funciones en mejores condiciones. Sin embargo, en los planes de desarrollo no se tiene planificado el adquirir o contar con un mejor inmueble para la sede central. Actualmente no cuentan con un espacio de atención y acogimiento temporal para niños, niñas y adolescentes, sus familias y las familias adoptivas, sólo cuentan una un espacio infantil bastante reducido para atenderlos.

Elaborar el Plan de Desarrollo de la Infraestructura del CNA, incluyendo los aspectos y necesidades inmediatas y los planes a mediatos. Es urgente la readecuación y redistribución del espacio físico con el que se cuenta actualmente generando espacios cómodos para los equipos de trabajo y para la atención de los usuarios de los servicios, tomando en cuenta los dos niveles, así como el equipamiento informático y electrónico. A mediano y largo plazo elaborar el proyecto para la obtención de un nuevo inmueble que tenga mejores condiciones y espacios para desarrollar todas las funciones, procedimientos, servicios y actividades del CNA. Como plan a mediano plazo se hace necesario contar con un espacio amigable, cómodo y adecuado para atender a los y las niñas, familiares, familias adoptivas, madres biológicas. Gestionar donaciones de mobiliario y equipo informático y electrónico, ante la cooperación internacional oficial y de sociedad civil.

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Un 66% de las-os entrevistados opinaron que el CNA no cuenta con planes de mejoramiento, ampliación, cambio y extensión de las instalaciones y equipamiento. Aunque en la propuesta presupuestaria para 2010 si se contempló, sin embargo, no se aprobó la ampliación presupuestaria a Q20,000,000.00.

Someter a consulta interna y con la sociedad civil, la propuesta de reglamento de la Ley de Adopciones, logrando así que el mismo desarrolle pertinentemente lo establecido en la Ley de adopciones y el marco de la doctrina de protección integral. Desarrollando principalmente el funcionamiento del Consejo Directivo, sus mecanismos de decisión régimen de reuniones, partiendo del principio de igualdad, pues la Ley de Adopciones no establece ningún cargo específico para alguna de las representaciones. Analizar la figura adecuada de remuneración de los integrantes del Consejo Directivo, planteando la posibilidad de desarrollar sus funciones a tiempo completo, pues los ingresos obtenidos son demasiado altos para el tipo de labor que desarrollan y el tiempo que le dedican al CNA; o en su defecto bajar el monto y redefinir el sistema de dietas y eliminar los gastos de representación, para que el ingreso mensual de cada uno de ellos y ellas sea pertinente con el papel que juegan en un órgano colegiado y representativo.

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El reglamento de la Ley de Adopciones (la cual creó el CNA) no ha sido aprobado por el Presidente de la República, el cual debería normar todo lo relacionado al CNA, Consejo Directivo, sus demás dependencias internas, funciones, sus mecanismos de funcionamiento y los procedimientos para llevar a cabo la adopción y otras responsabilidades. Existe un vacío, pues se encuentra la Ley de Adopciones como marco jurídico general y abajo están todos los procedimientos administrativos, técnicos, protocolos, manuales y metodologías, pero, en medio no existe ninguna norma que desarrolle la Ley que le de marco legal a lo que se está haciendo en los procedimientos específicos para la adopción. En Consejo Directivo y las demás dependencias del CNA, deben llegar a un consenso para posteriormente mandarlo a la Presidencia de la República para su aprobación. Por otro lado se comentó que hay un libro de actas, el cual se puede solicitar para ver cuáles han sido las decisiones del Consejo Directivo, y directamente de la Presidenta. El Consejo Directivo necesita un marco legal que regule su forma de funcionamiento y toma de decisiones por ser un organismo colegiado y representativo, en donde todas-os sus integrantes tienen la misma calidad en su representación; de igual forma que regule los procedimientos de aprobación de susAcuerdos para cumplir con sus

10.

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11.

funciones de desarrollo de políticas, procedimientos, estándares y líneas directivas para el procedimiento de adopción . La Ley de Adopciones no establece de manera clara quien asume la representación como Autoridad Central de país en materia de adopciones. Además, no establece si el Consejo Directivo debe crear una presidencia o coordinación, ni la temporalidad de la misma, solo el plazo para la duración en funciones de los representantes. De igual forma no menciona ni contempla un régimen de dietas para sus integrantes; por lo que el reglamento es imprescindible para reafirmar la legalidad del CNA. El reglamento por información proporcionada por uno de sus integrantes, no fue avalado de por consenso en el Consejo Directivo, aduciendo que razono su voto y no firmó la carta en donde se remitía la propuesta de reglamento al ejecutivo, debido a que no conoció el contenido de la propuesta. El CNA cuenta con manuales de funciones atribuciones y responsabilidades del personal basado en el desarrollo de sus funciones como institución del Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, lo cual le da consistencia a sus procesos internos y al cumplimiento de las responsabilidades del personal. También, se evidencia que hay un trabajo consistente de equipo en las diferentes dependencias y unidades, lo cual contribuye a la prestación de servicios de calidad a la niñez y familias parte del proceso de adopción. Aunque hay un trabajo adecuado en equipo, hay que establecer un régimen de reuniones periódicas de planificación, evaluación, coordinación y reflexión, por cada dependencia, unidad o entre las coordinaciones, direcciones o jefaturas del CNA, incluyendo al Consejo Directivo.

11.

Establecer un régimen de reuniones de planificación, evaluación, coordinación y monitoreo, el cual se aplique a cada dependencia y unidad de trabajo, incluyendo al Consejo Directivo, así como entre las coordinaciones o direcciones, para optimizar los niveles de cumplimiento de funciones en pro de la niñez y la familia.

12.

13.

El CNA cuenta con lineamientos generales para establecer un proceso de descentralización y desconcentración de los servicios que presta, se tienen contempladas la apertura de 5 oficinas regionales, y en la solicitud de presupuesto para 2010 se plantea la apertura de 3 oficinas regionales, en Alta Verapaz, Zacapa y Quetzaltenango. Sin embargo, no se cuenta con un plan de desarrollo mediato, que oriente el proceso de desconcentración y descentralización.

12.

Aplica la propuesta No. 8. El CNA debe proponerse en primera instancia la consecución de instalaciones adecuadas para la sede central, consolidando y llevando al óptimo la prestación de los servicios establecidos y su infraestructura; posteriormente debe iniciar paulatinamente la apertura de sedes regionales.

13. Darle mayor sistematicidad a las acciones de comunicación desarrolladas, definiendo una estrategia de comunicación del CNA, la cual incluya campañas y acciones permanentes de comunicación a través de diferentes medios tradicionales, alternativos y de multimedia.

En cuanto a la divulgación de las funciones y servicios que presta en CNA, se concluye que se cuenta un buen nivel de presencia, divulgación y publicidad. Un 50% de las-os entrevistados plantea se ha divulgado de regular a poco y un 50% que se ha divulgado bastante. Se han realizado campañas por televisión y radio, en supermercados, hospitales, iglesias. Se cuenta con una línea de emergencia que atiende las 24 horas y la página web. También, se han utilizado los medios de comunicación social para plantear las necesidades y acciones que se desarrollan desde el CNA.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

CONCLUSIONES Según información proporcionada por las autoridades del CNA en 2008 se reportaron 54 adopciones nacionales de niños y niñas, en 2009 184 adopciones (a diciembre), en total se llevan 238 adopciones. Sin embargo, las personas entrevistadas no tienen certeza de cuantas adopciones se han realizado. Se plantea que el tiempo promedio de adopción se encuentra entre los 3 a 9 meses. Según las-os entrevistados se han recibido 553 solicitudes (2008-2009), 250 han sido evaluadas y 238 ya tienen proceso de adopción.

No. 1.

PROPUESTAS Establecer un sistema de estadísticas internas que permita mayor certeza en la cantidad de adopciones realizadas, así como mayor especificidad en relación a las edades, género, lugar de origen, entre otros, obviamente manteniendo la confidencialidad en la identidad del niño-niña y personas que adoptan. Diseñar un flujo-tiempograma del proceso de adopción que establezca los plazos óptimos (mínimos y máximos) para la realización de los diferentes pasos del proceso de adopción, promediando el tiempo real que debería llevar la realización

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No.

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Según la información proporcionada por las autoridades se hicieron 235 solicitudes nacionales en 2008 y 281 en 2009, 37 internacionales en 2008 y 35 en 2009; además, hay 6 solicitudes para mayores de edad. A todos los y las niñas dados en adopción se les está dando seguimiento según el protocolo establecido. El CNA se organiza esencialmente para desarrollar los nuevos mecanismos y procedimientos para cumplir con el derecho a la adopción de niños, niñas y adolescentes que les ha sido violentado su derecho a la familia y colateralmente otros programas que contribuyan a proteger a la niñez y adolescencia para que antes de proceder a la adopción, se puedan quedar en el seno familiar biológico; por lo que en casi en su totalidad, el presupuesto está destinado a cumplir con dichas funciones Se puede establecer para el efecto un costo para el Estado por adopción realizada. Si se parte de esta premisa se podría establecer que el CNA y por ende el Estado guatemalteco realiza un inversión de 53,804.34 (Q9,900,000.00 aportados por el Estado en 2009/184 adopciones 2009) para que a un niño o niña se le pueda restituir en su derecho a la familia y proporcionar condiciones para su bienestar y desarrollo integral; de dicha inversión por niño-niña un 71.04% son gastos de actividades centrales de dirección, coordinación financiera y coordinación de recursos humanos; y un 28.96% son gastos de programas relacionados directamente con la adopción de registro de adopciones nacionales e internacionales, acciones de adopción nacional e internacional, calificación de la familia adoptiva y seguimiento y supervisión y peritaje de entidades privadas y públicas. También se debe incluir la inversión realizada en el programa de atención a familias biológicas realizada para atender psicológica, social

de una adopción. Establecer a través de un prorrateo presupuestario, cual es la inversión que el Estado realiza para llevar a cabo un proceso de adopción, a la vez establecer la inversión ideal asumiendo que la institución fortalece y agiliza el proceso de adopción, tomando en cuenta el bienestar que debería gozar el niño-niña durante el proceso de adopción. Contar con datos cualitativos y estadísticas de las acciones de monitoreo y seguimiento por cada niño-niña dado en adopción, y el total de acciones del CNA en dicha área, así como de los resultados, metas, logros y procesos de atención realizados.

y jurídicamente a 119 madres, de las cuales después del proceso de orientación, se logro qué 85 madres preservaran a sus hijos e hijas en su seno familiar. También se realiza un trabajo en autorización y supervisión de hogares: 83 hogares han presentado solicitud de autorización. El producto de este programa es que en esos hogares hay 4,200 niños que mejoraron sus condiciones de vida para lograr su desarrollo integral, como respuesta a las observaciones que hace el CNA en las supervisiones que conjunta- 2. mente se realizan con la Secretaría de Bienestar Social y la Procuraduría General de la Nación.

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A nivel internacional no se están realizando procesos de adopción, pues, se están elaborando los protocolos, estándares y procedimientos para su adecuada realización. Sin embargo, la adopción internacional recobra importancia para tener más opciones de protección y restitución de derechos y el derecho a la familia de los miles de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en abandono, huérfanos, desamparados, violados en sus derecho y en su derecho a la familia o han sido declarados en estado de adoptabilidad, prioritariamente. Pese a su importancia los procedimientos tanto internacionales como los nacionales deben contar con el detalle necesario, así como con los mecanismos de transparencia, legitimidad y anticorrupción, para, evitar que suceda el negocio que se hizo con los niños y niñas de Guatemala durante muchos años. Según los encuestados se cuenta ya con el plan y programa específico para desarrollar e impulsar la adopción internacional en 2010.

Aprobar la reglamentación, procedimientos y protocolos de la adopción internacional, los cuales garanticen que la adopción sea una institución social transparente y que privilegie el interés superior del niño-niña y su bienestar y desarrollo. Continuar y desarrollar nuevas alianzas con autoridades centrales de otros países para conocer su experiencia en el proceso de adopción y establecer convenios de cooperación para fortalecer el proceso en Guatemala. Aprobar y presentar el plan específico para el impulso de la adopción internacional a la sociedad civil y a otras autoridades que tienen que ver con el proceso.

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Se está priorizando la adopción na- 3. cional en relación a la adopción internacional, lo cual es importante para reafirmar o generar una conciencia de protección integral y el derecho a la familia en Guatemala y lograr que los niños y niñas no pierdan su identidad, orígenes y cultura. Un 100% del total de personas entrevistadas opinan que si se está priorizando la adopción nacional y un 83% confirman que existe un programa para promover la adopción nacional. Sin embargo, en necesario fortalecer dicho programa para lograr que más 4. familias guatemaltecas se interesen en la adopción y por ende más niños y niñas sean protegidos a través del derecho a la adopción.

Con base a la experiencia obtenida y sistematización de los primeros dos años de trabajo, fortalecer y ampliar el programa de adopción nacional, involucrando a diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil, para lograr mayor cobertura; involucrar a los medios de comunicación a través de campañas de concientización, incluyendo a los medios oficiales, pues, está demostrado que las familias guatemaltecas son bondadosas y cada día más asimilan los derechos y protección integral como forma de crianza. Dicho programa debe convertirse en el eje central y prioritario del PE y del Plan de Desarrollo institucional, en si del que hacer del CNA.

Idealmente el CNA visualiza la necesidad de priorizar a la niñez y adolescencia de los centros de proteccion y abrigo (institucionalizados), sin embargo, hasta el momento no es la generalidad de los niños y las niñas adoptados, pues, muchos no cuentan con la legalidad necesario para el proceso o su estado de protección integral y restitución de derechos no es el adecuado. Se plantea que se está realizando un censo nacional de niñez y adolescencia institucionalizada para crear una base de datos confiable y que de elementos básicos para resguardar su seguridad e integridad, así como de los niños y las niñas declaradas en estado de adoptabilidad en dichos centros. En relación al cumplimiento de las funciones de reunir y conservar la información relativa a la situación del niño y futuros padres para el proceso de adopción, reunir y conservar la información sobre los orígenes del niño y la niña, su identidad, padres e historial médico, el CNA ha desarrollado todos los mecanismos y procedimientos para cumplir con dichas funciones a través de la Unidad de

Desarrollar dicho censo nacional de niñez y adolescencia institucionalizada, en el corto plazo, incluyendo a la niñez declarada en estado de adoptabilidad, actualizándolo periódicamente, pues, se analiza que con la aplicación de las Leyes de Protección Integral y de la Ley VET, se incrementará la cantidad de niños y niños en protección especial.

Mejorar, proteger, actualizar y renovar permanentemente el equipo de informática que sirve para realizar dichos procedimientos para reunir y conservar la información correspondiente al proceso de adopción.

Registro en coordinación con el Equipo Multidisciplinario, contando con los procedimiento informáticos y digitales para conservar la información y los expedientes, resguardando la misma a través de back up depositados en una caja de seguridad de un banco. Sin embargo, el equipo informático para desarrollar dicha función hay que actualizarlo, protegerlo y modernizarlo permanentemente. Hasta el momento este proceso se 6. realiza en computadoras donadas por la Embajada de Francia.

No existe un protocolo-procedimientos para velar que la niñez en estado de adoptabilidad ingresen a hogares de proteccion y abrigo o al programa de familias temporales del Estado. Un 66.67% de las-os entrevistados expresó que no existe dicho protocolo y un 16.67% que no existe.

Elaborar el protocolo estándar que cumpla con dicha función de velar porque los niños y las niñas en estado de adoptabilidad ingresen a hogares de protección y abrigo o al programa de familias sustitutas.

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Se corroboro que el CNA: cuenta con los mecanismo y procedimientos para recibir y conservar el consentimiento de los padres y madres biológicas para dar a niños y niñas en adopción; de igual forma con los mecanismos para emitir el certificado de idoneidad de la familia adoptante; cuenta con los mecanismosprocedimientos para llevar el control, recibir las solicitudes de adopción y protegerlas; así mismo con criterios de supervisión y evaluación del período de socialización entre quien da en adop- 7. ción y quien adopta, así como con el niño o niña. El 100% de entrevistado expresó en dichos indicadores que si existen dichos procedimientos. En el caso del certificado de idoneidad y el de empatía, un 83% expresó que si se cumple un 16.67% que no porque no a todos se extiende dicho certificado.

Realizar un compendio de protocolos, procedimientos, manuales, formularios y certificados, con el objeto de verificar su total coherencia e integralidad y el cumplimiento integral de todas las funciones relacionadas al proceso de adopción. Establecer de manera obligatoria la realización de la prueba de ADN en todos los casos de adopción en donde se pueda hacer.

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En relación a la existencia de un 8. manual que establezca los mecanismos para autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica a entidades privadas, hogares de abrigo y hogares sustitutos que se dediquen al cuidado de los niños y niñas, un 67% del personal entrevistado aduce que si existe, un 33% opina que no existen dichos procedimientos o manuales. La Unidad de Investigaciones, Peritaje y Supervisión de Entidades Públicas y Privadas de protección y abrigo a la niñez y adolescencia (UNIPSE), realiza todo el proceso planteado de supervisión y monitoreo a dichas entidades. La SBS y la PGN están relacionados con este tema, por lo que se coordina con dichas instituciones. La SBS está realizando un protocolo para autorizar, supervisar y monitorear a las entidades de protección y abrigo, privadas y estatales. De manera conjunta entre la SBS, PGN, PDH-DNAJ, CNA y otras instituciones estatales y sociedad civil, se recomienda que se emita un protocolo o manual para realizar dicha función. Se plantea que en el CNA no existe un manual o protocolo establecido sobre este tema, pero que se trabajaran los estándares sobre el abrigo, 9. protección, cumplimiento y restitución de derechos, trato y atención. En relación al monitoreo de centros y hogares de cuidado de niños y niñas, se evidencia que no hay mecanismos permanentes y sistemáticos que cumplan esta función. No hay monitores/as para desarrollar dichas funciones por lo que se monitorea cada 3 o 4 meses y se actualiza constantemente la información de los hogares. En 2008 se hicieron 35 solicitudes de autorización de hogares de protección, abrigo y cuidado en 2009 55 solicitudes, se han supervisado 47 en 2008 y 38 en 2009, se han autorizado 3 en 2009; se tiene un recuento

Elaborar el manual de procedimientos y estándares de protección, abrigo, restitución de derechos, trato y atención, para autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica a los centros y hogares de protección y abrigo privados y estatales que se dediquen al cuidado de niños y niñas. Fortalecer la UNIPSE, destinando el personal necesario para desarrollar la función de aprobación, supervisión y monitoreo de hogares, con mayor agilidad y permanencia.

Sobre la base del proceso de elaboración conjunta entre organizaciones de la sociedad civil, SBS, PGN, JUZGADOS, PDH y CNA aprobar el manual para autorizar, supervisar y monitorear los hogares y centros de abrigo y

de 80 entidades en funcionamiento en 2008 y en 2009 75. Sin embargo, se conoce de muchas hogares, casas cuna y centros de cuidado y abrigo, que funcionan sin ningún tipo de supervisión.

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El CNA cuenta con un mecanismoprotocolo para el seguimiento a niños y niñas dados en adopción nacional, sin embargo, el proceso de visitas y monitoreo es demasiado espaciado, debido a la falta de personal, se planifica el seguimiento durante 2 años, con visitas y evaluaciones (psicológica y social) semestrales. El 100% de entrevistados-as plantea que si existen dichos procedimientos.

Aplica propuesta 4. El censo y registro de los y las niñas en centros u hogares de protección y abrigo, debe hacerse inmediatamente, para que la información sea pertinente, no se extravíe y se tenga una base inicial que pueda actualizarse por lo menos cada mes.

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En relación a adopción nacional, el monitoreo y evaluación debería darse con mayor periodicidad (cada tres meses), para el efecto se tiene que fortalecer la unidad encargada de dicha función.

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El 100% del personal entrevistado expresó que el CNA si cuenta con procedimientos y mecanismos aprobados para mantener registro y elaborar expedientes de niños y niñas vulnerados en su derecho a la familia y de la institución en donde se encuentran albergados, específicamente de los que se encuentran declarados en estado de adoptabilidad. Nuevamente se manifestó se está realizando un censo registro nacional de niños y niñas institucionalizados, realizando una base de datos completa de acuerdo a los datos y registros mínimos que se tienen, confirmando el estado de adoptabilidad. Se han declarado en estado de adoptabilidad 200 niños-niñas en 2008 y 284 en 2009. Una de las personas entrevistadas planteó que son 200 declarados en 2008 y 311 en 2009.

protección. De igual forma establecer los mecanismos conjuntos para supervisarlos y monitorearlos periódicamente. Retomar de manera conjunta entre las instituciones del Sistema de Protección Integral y la sociedad civil, la gestión de la Ley de Hogares y Centros de Protección, Abrigo y Cuidado de niños, niñas y adolescentes, que establezca bajo la luz de la Doctrina de Protección Integral y su marco legal, las definiciones, funciones, requisitos, estándares de protección integral, restitución de derechos y reinserción familiar y las sanciones correspondientes.

En el caso de la adopción internacional se encuentra en proceso de elaboración. 12.

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12. En relación a los mecanismos para prevenir beneficios materiales, indebidos en las adopciones, un 66.67% del personal entrevistado expresó que si tienen un 16.67% que no se tienen y 16.67% no respondió. Para prevenir la irregularidad en las adopciones se establecen reuniones con PGN, jueces y hospitales para prevenir la corrupción y lucro en las adopciones. Se evalúa a la familia para determinar si privan intereses de carácter económico. También se dan charlas para prevenir cualquier situación de ilegalidad y lucro en las adopciones. Se está regulando el tema de las familias sustitutas, con la Corte Suprema de Justicia, PGN, SBS y Hospitales, pues, dicha figura se puede prestar a anomalías e irregularidades. El CNA todavía no ha autorizado a organismos extranjeros de adopción para que operen en Guatemala, debido a que no existe un reglamento específico para su autorización y funcionamiento en el país. Se expone, que se cuenta con un plan piloto y un protocolo sobre la adopción internacional en proceso de aprobación El CNA cuenta con un amplio marco de coordinaciones y alianzas estratégicas con otras autoridades competentes y de sociedad civil para desarrollar en mejores condiciones el proceso de adopción y las funciones establecidas en la Ley de Adopciones y la de Protección Integral. Un 83% del personal entrevistado, afirma que existen dichas coordinaciones. Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia; Procuraduría de

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Los mecanismos de prevención de beneficios indebidos y lucro, así como de engaño y manipulación, en el proceso de adopciones, deben ser incluidos como aspectos transversales en todos los protocolos establecidos en el CNA, además, de establecer las coordinaciones correspondientes con otras organizaciones e instituciones de Estado para prevenir las anomalías o corrupción en las adopciones, tanto de las autoridades, como en las familias y las comunidades. A la par de promover la adopción nacional y posteriormente la internacional, también, se debe promover una campaña para que la adopción sea sobre la base del interés superior del niño y la niña, su bienestar, erradicando de la cultura guatemalteca el dar en adopción por motivos económicos e intereses mezquinos. Aprobar de manera integral y en consulta con la sociedad civil, todo lo relacionado al programa y eje estratégico de la adopción internacional.

Darle funcionalidad a la coordinación de las organizaciones que conforman del Sistema Nacional de Protección Integral a través de una instancia articuladora, de manera específica establecer el Subsistema de Protección Integral en el Área de Protección Especial, integrado por SBS, PGN-PNA, OJ-Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, CNA, en el cual se establezcan mecanismos de coordinación inter y multi institucional, se mejoren los procedimientos, se agilice la comunicación y coordinación, se

los Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez y la Adolescencia; Secretaría de Bienestar Social; Ministerio Público; Juzgados de la Niñez y la Adolescencia; Registro Nacional de Personas; Dirección General de Migración; Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; Fundación “sobrevivientes”; Médicos sin Fronteras; CONRED; Servicio Nacional de Me- 15. nores de Chile –SENAME-; UNICEF; Brasil, Huya-Corte.

colabore en casos específicos, entre otros aspectos que se pueden establecer en el Subsistema. Establecer una red de apoyo al proceso de adopción con organizaciones sociales y gubernamentales interesadas.

Se propone crear la Unidad de Monitoreo y Verificación Interna, que este realizando procesos permanentes de auto control de calidad en los servicios, monitoreo el cumplimiento de indicadores, metas y resultados, verifique la correcta aplicación de todos los procedimientos-protocolosmanuales establecidos y genere los sistemas de indicadores y monitoreo sobre los aspectos mencionado. Dicha unidad puede ser parte de un departamento de planificación o crearse como unidad independiente. En todo, caso las unidades y dependencias deben crear sus propios mecanismos de auto monitoreo y auto verificación. Colateralmente fortalecer el sistema de información de estadísticas, procesos, procedimiento, logro de resultados y cumplimiento de metas, accesible a la población y otros actores estatales y e internacionales. Informe Final Auditoria Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

CUMPLIMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS Y PROTECCION INTEGRAL Y PROYECTOS ADICIONALES No.

CONCLUSIONES

No.

En relación al manejo de la doctrina de protección integral y enfoque de derechos por parte del personal, en general se evidencia un regular manejo de la doctrina, a partir de que los y las entrevistadas logran definir algunos aspectos del enfoque de derechos y de la protección integral, muy dispersamente, pues no logran definir su sustento filosófico y doctrinario. En relación al conocimiento del marco legal de la doctrina de protección integral, los y las entrevistadas en un 50% plantearon que conocen toda la Ley de Adopciones y 50% que mucho; la Ley Contra la Violencia Sexual un 16.67% que la conoce toda, un 33% que poco y un 50% que nada; el reglamento del CNA un 16.67% opina que lo conoce todo, un 16.67% lo conoce mucho, un 16.66% que lo conoce poco y un 50% que en nada lo conoce. En relación a la Política Pública de Protección Integral un 16.67% opina que la conoce toda, un 33% que la conoce poco y un 50% nada; La Convención Sobre Derechos del Niño un 16.67% la conoce toda, 16.67% la conoce mucho, un 33% algo y un 33% poco; y la LEYPINA un 16.67% la conoce toda, un 50% mucho, 16.67% algo y un 16.67% nada.

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Según el 100% del personal entrevistado no existe un código o carta de ética firmada por el personal de todos los niveles del CNA.

PROPUESTAS Crear un programa permanente de formación, capacitación y actualización para todo el personal del CNA, estableciendo una propuesta de pensum que integre los marcos filosóficos, políticos y legales de la doctrina de protección integral y del marco legal de protección.

2. Diseñar y aprobar el Código o Carta de Ética que sea firmado por el personal en todos los niveles y áreas, que contenga todos los principios filosóficos-éticos, de actuación, comportamiento y desempeño, así como, el compromiso de cumplir los principales aspectos de la protección integral y derechos de la niñez, los elementos básicos de honestidad y transparencia y la actuación profesional con base al interés superior del niño y la niña.

OTRAS PROPUESTAS 1.

La CNNA como ente especializado en la formulación, aprobación y fiscalización de las políticas públicas de protección integral para la niñez y adolescencia, debe aprobar todos aquellos planes y programas que sean parte o desarrollen la PPPI y el PANFNA y la Ley de Protección Integral, por lo que se recomienda al CNA consultar con la CNNA las propuestas de planes y programas que desarrolen el proceso y el derecho a la adopción. Consultar con el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud los documentos y propuestas que desarrollen el derecho a la adopción. Tomar en cuenta las observaciones y 69 recomendaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, en sus acciones de monitoreo a las instituciones del Sistema de Protección Integral.

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ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE AUDITORÍA SOCIAL -FUNDAESPRO -COMUNICACIÓN ALTERNATIVA -GAM -CEDIC -ASOCIACIÓN SOLO PARA MUJERES -PASTORAL EDUCATIVA -HOGAR SAN FRANCISCO JAVIER -VIVA JUNTOS POR LA NIÑEZ -APIMA -FENVEMEGUA -MOJOCA -FORO DE LOS NIÑOS DE LA CALLE -MOJOMAYAS -APREDE -COISOLA -PAZ JOVEN -JOVI

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-ONEG

Auditoría Social a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación Movimiento social por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud (MOSDENAJ) Comisión de auditoría social

Guatemala, julio 2010.

Auditoría Social a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación

I. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) EN EL MARCO DE LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, es un órgano estratégico en la aplicación de la normativa nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia, especialmente del marco legal relacionado con la defensa legal de los niños, las niñas y adolescentes, ante cualquier amenaza o violación a sus derechos humanos y ante cualquier delito cometido en su contra, tanto por el Estado mismo como por las personas individuales. Como parte del Sistema Nacional de Protección, es una institución enclave e intermediaria en varios de los procesos de protección y restitución de derechos, teniendo relación directa con las demás instituciones que conforman el sistema , tal es el caso de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el Ministerio Público, pues, en más de algún aspecto se relacionan y complementan para impulsar acciones efectivas de protección especial e integral de los niños, las niñas y adolescentes. La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, juega un papel determinante en los procesos de protección, convirtiéndose en la institución representante de los más altos intereses de los niños, las niñas y adolescentes en el área judicial, es la institución que en el ámbito legal

representa a este grupo humano vulnerable y desprotegido. Por lo que el cumplimiento de sus funciones de manera óptima, eficaz y eficiente seguramente salvará y protegerá las valiosas vidas de miles de niños y niñas que sufren de algún flagelo social, económico, político y cultural. La Procuraduría General de la Nación es una institución reconocida en la Constitución Política de la República, la cual “tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales” (MINGOB, Constitución Política de la República, pág. 87, Artículo 252). El Procurador General de la Nación, cargo que ocupa la persona que dirige dicha institución “ejerce la representación del Estado y es jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá

Dentro del marco legal de protección integral de la niñez y la adolescen-

La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, tiene funciones esenciales y estratégicas para la protección de la niñez y la adolescencia, las cuales se concretan en la posibilidad de que las estructuras judiciales y 4de atención social dicten y ejecuten las medidas de protección para la niñez y la adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, para el efecto la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia establece las siguientes funciones: a) Representar legalmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que carecieren de ella. b) Dirigir de oficio o a requerimiento de parte o del de juez competente, la investigación de los casos de niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos; interviniendo en forma activa en los procesos judiciales de protección. Para el efecto

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removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia… …”El Procurador General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones…” (MINGOB, pág. 87, artículo 252).

cia, es una institución importante y determinante en materia de atención a niñez y adolescencia víctima de violaciones o amenazada en sus derechos o de aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

deberá tener, como mínimo, un Procurador de la Niñez y Adolescencia en la jurisdicción de cada Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

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c) Presentar la denuncia, ante el Ministerio Público de los casos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos y que carezcan de representante legal, apersonándose en el proceso penal para la defensa de los intereses de éstos.

d) Evacuar audiencias y emitir opinión jurídica en todos los procesos judiciales, notariales y administrativos que la ley señale, haciendo valer los derechos y garantías que la Constitución Política, tratados y convenios internacionales, aceptados y ratificados por Guatemala, y esta Ley (de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia), reconocen a la niñez y adolescencia.” (Congreso de la República; LEY PINA, artículo 108, página 48 y 49). En el desarrollo de dichas funciones, de manera específica en las audiencias de conocimiento de hechos como en las audiencias definitivas, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, es la institución más importante a ser escuchada por el Juez

al momento de tomar una decisión sobre el caso, por lo que lo que sus profesionales y técnicos puedan expresar, será de gran peso en la decisión del juez. (Ver artículo 119 inciso c y 123 inciso b de la LEY PINA). De igual forma juega un papel determinante en los casos judiciales de protección, pues, la PGN y su PNA la que tiene que aportar todos los medios de prueba que el juzgado necesite para resolver las medidas de protección de la niñez y la adolescencia. Para el efecto se le asigna la función de investigación del caso, por lo que juez o la jueza en cualquier momento de proceso de protección, de oficio o a petición de parte, ordenará a la PGN y por ende a la PNA realizar las diligencias que permitan recabar la información necesaria para resolver el caso (ver artículo 120 de la LEY PINA). Como resultado de la investigación realizada la PGN y la PNA, debe proporcionar los medios de prueba y la información requerida por el juez, por lo que tendrá que realizar o solicitar entre otras las siguientes diligencias: a) Estudios sobre situación socioeconómica y familiar del niño, niña y adolescente. b) Informes médicos y psicológicos de los padres, tutores o responsables.

c) Requerir a cualquier institución o persona involucrada, cualquier información que contribuya a restablecer los derechos del afectado.” (Congreso de la República, artículo 123, página 53 y 54). En el ofrecimiento de pruebas y su proposición, la PGN y su PNA deberán presentar al juez o jueza un informe de los medios de prueba recabados que se deben aportar en la audiencia definitiva, siendo los siguientes: a) Declaración de las partes; b) Declaración de 5testigos; c) Dictamen de expertos; d) Reconocimiento judicial; e) Documentos; f) Medios científicos de prueba. (Ver artículo 122 de la LEY PINA).

También, la LEY VET le asigna a la PGN otra función esencial, la cual está relacionada con la repatriación de los niños, las niñas y adolescentes que por diferentes motivos se encuentren en otros países, incluyendo repatriaciones por procesos migratorios. La Procuraduría General de la Nación, en calidad de representante legal de la niñez y adolescencia, se encargará del proceso de repatriación para las personas menores de

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la PNA deben asumir la representación legal de los niños, las niñas y adolescentes en contra de quienes se cometió algún delito, convirtiéndose en querellante adhesivo de oficio, buscando la protección de ellos y ellas, así como la condena de las personas que hayan cometido dichos delitos. En esta línea los niños, las niñas y adolescentes como víctimas que han sufrido daños y lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, menoscabo de sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal, tienen el derecho a recibir la asesoría legal y técnica para su adecuado tratamiento. Para las personas menores de edad la PGN asignará los abogados procuradores correspondientes para que los representes y velen por la restitución de sus derechos. (Ver artículo 11, inciso e de la LEY VET).

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edad. (Congreso de la República, LEY VET, artículo 16, página 12).

Por otro lado la LEY VET establece una de las funciones de mayor importancia a la Procuraduría General de la Nación y por ende de su Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, en el proceso de acusación de las personas que cometieron un delito en contra de los niños, las niñas y adolescentes, reformando y estableciéndolo de manera irrefutable en el Código Penal a través de una reforma de su artículo 197 estableciendo en su inciso 4º dicha institución se “constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representación legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés superior.” (Congreso de la República, artículo 45, página 24) La PGN tuvo a su cargo hasta enero de 2008, el control y la tramitación de las adopciones de niños y niñas, función que no se cumplía con certeza y rigurosidad, pues se dieron miles de adopciones irregulares, sin embargo, dicha función a través de la Ley de Adopciones fue traslada al Consejo Nacional de Adopciones. En la actualidad tiene la responsabilidad de continuar con el trámite de las

adopciones que estaban en proceso al momento de aprobarse la Ley de Adopciones. Para desarrollar sus funciones la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia cuenta con la siguiente estructura: institución enclave e intermediaria en varios de los procesos de protección y restitución de derechos, teniendo relación directa con las demás instituciones que conforman el sistema , tal es el caso de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el Ministerio Público, pues, en más de algún aspecto se relacionan y complementan para impulsar acciones efectivas de protección especial e integral de los niños, las niñas y adolescentes .La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, juega un papel determinante en los procesos de protección, convirtiéndose en la institución representante de los más altos intereses de los niños, las niñas y adolescentes en el área judicial, es la institución que en el ámbito legal representa a este grupo humano vulnerable y desprotegido. Por lo que el cumplimiento de sus funciones de manera óptima, eficaz y eficiente seguramente salvará y protegerá las valiosas vidas de miles de niños y niñas que sufren de algún flagelo social, económico, político y cultural. La Procuraduría General de la Nación es una institución recono-

cida en la Constitución Política de la República, la cual “tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales” (MINGOB, Constitución Política de la República, pág. 87, Artículo 252). El Procurador General de la Nación, cargo que ocupa la persona que dirige dicha institución “ejerce la representación del Estado y es jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia… …”El Procurador General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones…” (MINGOB, pág. 87, artículo 252).

La Procuraduría General de la Na-

a) Representar legalmente a aquellos niños, niñas y adolescentes que carecieren de ella. b) Dirigir de oficio o a requerimiento de parte o del de juez competente, la investigación de los casos de niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos; interviniendo en forma activa en los procesos judiciales de protección. Para el efecto deberá tener, como mínimo, un Procurador de la Niñez y Adolescencia en la jurisdicción de cada Juzgado de la Niñez y Adolescencia. c) Presentar la denuncia, ante el Ministerio Público de los casos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos y que carezcan de representante legal, apersonándose en el

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Dentro del marco legal de protección integral de la niñez y la adolescencia, es una institución importante y determinante en materia de atención a niñez y adolescencia víctima de violaciones o amenazada en sus derechos o de aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

ción a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, tiene funciones esenciales y estratégicas para la protección de la niñez y la adolescencia, las cuales se concretan en la posibilidad de que las estructuras judiciales y 4de atención social dicten y ejecuten las medidas de protección para la niñez y la adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, para el efecto la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia establece las siguientes funciones:

proceso penal para la defensa de los intereses de éstos.

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En el desarrollo de dichas funciones, de manera específica en las audiencias de conocimiento de hechos como en las audiencias definitivas, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, es la institución más importante a ser escuchada por el Juez al momento de tomar una decisión sobre el caso, por lo que lo que sus profesionales y técnicos puedan expresar, será de gran peso en la decisión del juez. (Ver artículo 119 inciso c y 123 inciso b de la LEY PINA).De igual forma juega un papel determinante en los casos judiciales de protección, pues, la PGN y su PNA la que tiene que aportar todos los medios de prueba que el

juzgado necesite para resolver las medidas de protección de la niñez y la adolescencia. Para el efecto se le asigna la función de investigación del caso, por lo que juez o la jueza en cualquier momento de proceso de protección, de oficio o a petición de parte, ordenará a la PGN y por ende a la PNA realizar las diligencias que permitan recabar la información necesaria para resolver el caso (ver artículo 120 de la LEY PINA). Como resultado de la investigación realizada la PGN y la PNA, debe proporcionar los medios de prueba y la información requerida por el juez, por lo que tendrá que realizar o solicitar entre otras las siguientes diligencias: a) Estudios sobre situación socioeconómica y familiar del niño, niña y adolescente. b) Informes médicos y psicológicos de los padres, tutores o responsables. c) Requerir a cualquier institución o persona involucrada, cualquier información que contribuya a restablecer los derechos del afectado.” (Congreso de la República, artículo 123, página 53 y 54). En el ofrecimiento de pruebas y su proposición, la PGN y su PNA deberán presentar al juez o jueza un informe de los medios de prueba

recabados que se deben aportar en la audiencia definitiva, siendo los siguientes: a) Declaración de las partes; b) Declaración de 5testigos; c) Dictamen de expertos; d) Reconocimiento judicial; e) Documentos; f) Medios científicos de prueba. (Ver artículo 122 de la LEY PINA).

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De igual forma la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (LEY VET) (Decreto 9-2009) tipifica una serie de nuevos delitos en contra de la niñez y la adolescencia relacionados con la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, maltrato contra personas menores de edad, explotación sexual, adopciones irregulares o que prive negocio, trata y explotación de niños, niñas y adolescentes; generando una serie de aspectos en relación a la protección y atención de los niños, las niñas y adolescentes víctimas de los mismos. Para el efecto la PGN y la PNA deben asumir la representación legal de los niños, las niñas y adolescentes en contra de quienes se cometió algún delito, convirtiéndose en querellante adhesivo de oficio, buscando la protección de ellos y ellas, así como la condena de las personas que hayan cometido dichos delitos. En esta línea los niños, las niñas y adolescentes como víctimas que han sufrido daños y lesiones físicas o mentales, sufrimiento

emocional, menoscabo de sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal, tienen el derecho a recibir la asesoría legal y técnica para su adecuado tratamiento. Para las personas menores de edad la PGN asignará los abogados procuradores correspondientes para que los representes y velen por la restitución de sus derechos. (Ver artículo 11, inciso e de la LEY VET).También, la LEY VET le asigna a la PGN otra función esencial, la cual está relacionada con la repatriación de los niños, las niñas y adolescentes que por diferentes motivos se encuentren en otros países, incluyendo repatriaciones por procesos migratorios. La Procuraduría General de la Nación, en calidad de representante legal de la niñez y adolescencia, se encargará del proceso de repatriación para las personas menores de edad. (Congreso de la República, LEY VET, artículo 16, página 12).

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ble en el Código Penal a través de una reforma de su artículo 197 estableciendo en su inciso 4º dicha institución se “constituirá de oficio como querellante adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal, o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y su representación legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés superior.” (Congreso de la República, artículo 45, página 24) La PGN tuvo a su cargo hasta enero de 2008, el control y la tramitación de las adopciones de niños y niñas, función que no se cumplía con certeza y rigurosidad, pues se dieron miles de adopciones irregulares, sin embargo, dicha función a través de la Ley de Adopciones fue traslada al Consejo Nacional de Adopciones. En la actualidad tiene la responsabilidad de continuar con el trámite de las adopciones que estaban en proceso al momento de aprobarse la Ley de Adopciones. Para desarrollar sus funciones la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia cuenta con la siguiente estructura: Procurador o Procuradora de la Niñez y la Adolescencia. Es el funcionario o funcionaria que actúa por delegación conferida por el Procurador General de la Nación,

debiendo tener las calidades de abogado y notario. El funcionario o funcionaria tiene a su cargo la jefatura de las distintas unidades de la niñez, por lo que debe ser especializado en la materia; el Procurador o Procuradora de la Niñez y Adolescencia coordina, delega y ejecuta todas las acciones pertinentes para el cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de protección de la niñez y la adolescencia, así como todos aquellos convenios internacionales ratificados por Guatemala, sobre la materia. Cuenta con un Jefe de la Procuraduría, una Asistente y una Secretaría. Unidad de denuncias. Su función esencial es recibir las denuncias de violaciones a los derechos de los y las niñas, así como de aquellos delitos que se comenten en contra de ellos y ellas, las cuales se dan en forma personal o a través de un número telefónico institucional. Se deben de oficio investigar todas las denuncias presentadas donde se presuma que existe alguna violación. La Unidad está integrada por un abogado y un auxiliar jurídico. Unidad de investigaciones. Tiene a su cargo recabar toda la información correspondiente a los casos denunciados y/o presentados al

Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, que ayude a su esclarecimiento, verificando la situación del niño, la niña o adolescentes en el seno familiar, teniendo como objetivo central evitar su institucionalización buscando contactos con un núcleo familiar que pueda proteger al niño o niña. Además colabora con la investigación en los aspectos relacionados a procesos penales, buscando y ubicando a los niños, las niñas o adolescentes que son escondidos por los familiares o personas interesadas que no se presenten a declarar. Unidad de Rescates.

Unidad de Abogacía Civil. Dicha unidad tiene a su cargo todo lo relacionado a las medidas de protección y su seguimiento, asistiendo a la evacuación de las audiencias en las que el objetivo central es que en niño o niña violado en sus derechos cuente con una familia que se haga cargo de su cuidado, o en su defecto buscar un hogar en donde se le brinde abrigo y protección. También, se realiza en dicha unidad todo lo relacionado a la jurisdicción voluntaria tales como cambio de nombre, asientos extemporáneos, rectificación de partidas de nacimiento, entro otras gestiones relacionadas con el estatus civil del niño, niña o adolescente. Ve también lo relacionado a la pérdida de la patria potestad. La unidad en mención está integrada por siete Abogados y seis Auxiliares Jurídicos. Unidad Penal. En dicha Unidad se conocen los procesos en los que los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de hechos ilícitos o delitos establecidos y penados por la ley. Dicha área tie-

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Tiene bajo su responsabilidad evaluar la situación en qué los niños, niñas y adolescentes se pueden encontrar, cuando la misma representa altos niveles de riesgo social o vulnerabilidad. Dicha unidad puede actuar de oficio rescatando a los niños, las niñas y adolescentes que estén en riesgo y presentándolos a un juzgado de la niñez y adolescencia, solicitando medidas de protección. Se establece una evaluación o diagnóstico si el niños o la niña puede reinsertarse con la familia, si es que el agresor no estar de la misma, o con otra familia cercana para darle abrigo temporal o en un hogar de la SBS. Para realizar un rescate tiene que mediar una orden de juez competente, la cual es solicitada por alguna institución del

Sistema de Protección Integral. Dicha unidad prepara los informes a los juzgados de la niñez y la adolescencia sobre cómo fue encontrado el niño o la niña, como se realizó el rescate y a donde se recomienda que se le lleve para su protección.

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ne como objetivo principal tutelar los derechos de los niños y las niñas, y lograr un resarcimiento o un monto de compensación para el niño, niña o adolescente, lo cual si bien es cierto no compensa el daño causado, lo ayudará a poder recibir ayuda psicológica. La unidad está conformada por tres Abogados y dos Auxiliares Jurídicos.

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Unidad de Trabajo Social.

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Dicha unidad se encarga de realizar los estudios para establecer la situación socioeconómica en que se encuentran las familias involucradas en procesos de medidas de protección, así como de los niños, las niñas y adolescentes involucrados. El objetivo de esta área de trabajo, es establecer si los niños o niñas se encontrarían en mejores condiciones con sus familias o bien en hogares temporales. Los informes de la unidad se presentan ante el juzgado de niñez y adolescencia correspondiente. En los procesos penales se realizan estudios socioeconómicos con el fin determinar la calidad de vida que tenían los niños y las niñas, antes de haber sido víctimas, y los cambios sociales que han resultado como consecuencia de los delitos cometidos en su contra. El propósito es reclamar la acción civil. Unidad Laboral de Niñez.

Dicha área se encuentra en formación. Actualmente se están efectuando contactos para obtener apoyos que permitan capacitar a las personas que conformarán la Unidad Laboral, y a sensibilizarlas en cada uno de los procesos que deberán conocer como parte de sus responsabilidades. El objetivo es darle seguimiento a las denuncias de explotación laboral que constan en la Procuraduría, tomando en cuenta que se podría estar vedando el derecho a la educación de los niños. En esta unidad se verificarán permisos laborales para menores de edad. Esta instancia estará conformada por un Abogado y un Auxiliar Jurídico.

1.1. LA PGN Y SU PNA EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. La Política Pública de Protección Integral (PPPI) y el Plan de Acción Nacional a Favor de la Niñez y la Adolescencia (PANFNA) 2004-2015, después de un largo proceso de diálogo, fue aprobada a través del Acuerdo Gubernativo 333-2004 y a través de la Resolución 01-2004 de la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, la misma establece el contexto y los principios rectores para que las instituciones del Sistema Nacional de Protección orienten sus políticas específicas y se consti-

tuyan como instancias responsables de proteger a la niñez y la adolescencia. Los principios rectores son: la unidad e integridad de la familia; la protección integral económica, jurídica y social; el interés superior del niño, la niña y adolescente, la no discriminación, equidad e igualdad de oportunidades; la no institucionalización de la niñez y la adolescencia; la responsabilidad compartida para la efectividad de los derechos; y la participación de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, establece como una de las instituciones estratégicas a la PGN y su Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, asignándoles atribuciones y responsabilidades concretas. De esa cuenta el Plan de Acción Nacional a Favor de la Niñez y la Adolescencia, incluye de manera directa a la PGN y su PNA en el área de Políticas de Protección Especial, teniendo el compromiso de coadyuvar a cumplir con los siguientes objetivos:

b) Proteger a la niñez de la explo-

c) Promover la rehabilitación y persecución penal, según proceda, de los responsables de la violación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.” (CNNA, Política Pública de Protección Integral, 2006, página 70) Según la PPPI y el PANFNA, la PGN y la PNA juegan un papel determinantes en el cumplimiento de los derechos a: la protección contra todas las formas de maltrato, abuso, abandono, explotación y violencia; protección a la niñez y adolescencia de todas las formas de explotación sexual; protección a la niñez y adolescencia que vive en la calle y promover su reinserción familiar, social y comunitaria; protección a la niñez y adolescencia del consumo y tráfico ilícito de drogas; protección a la niñez de prácticas de adopción que sean ilegales o lesivas a sus derechos. Para cumplir con dichos derechos, la PGN, después de un proceso de consulta valido la PPPI y el PANFNA y asumió responsabilidades específicas las cuales se pueden consultar en el áreas de Políticas de Protección Especial.

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a) “Adoptar medidas de prevención, protección especial y de apoyo a las familias, para atender a la niñez y adolescencia cuyos derechos hayan sido violados o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como promover la restitución de sus derechos, su rehabilitación y reinserción familiar y social.

tación económica y a la adolescencia de trabajos peligrosos para su edad, desarrollo físico, espiritual y social, que obstaculicen su educación.

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2.1. CONSOLIDACION INSTITUCIONAL 2.1.1. ¿cuentan con una planificación estratégica de la institución? El 57% del total de entrevistadas/os respondió que no cuentan con una plan estratégico, un 29% que si cuentan. Sin embargo, de manera específica la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) no cuenta con un plan estratégico, quienes respondieron que si cuenta, se refieren al plan estratégico de la Procuraduría General de la Nación el cual se encuentra en proceso de revisión. El

En relación a la existencia del Plan Operativo Anual específico de la PNA, no se comprobó su existencia, pues no fue proporcionado en la información que las autoridades dieron al Movimiento Social. El 43% de las personas entrevistadas respondieron que si se cuenta, un 57% opina que no existe o que no lo conoce. Se expresó que los jefes hacen el POA a alto nivel, por lo que no lo conocen.

2.1.3. ¿cuentan con métodos, metodologías y/o protocolos (aprobados) diferenciados de atención

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57% de las personas entrevistadas opinan que en la institución si hay un enfoque de protección integral y de derechos, pues sus funciones se basan en lo establecido en la LEY PINA y otros marcos legales de protección. Sin embargo, es evidente que no existe un plan estratégico que oriente el trabajo de la PNA que incluya conceptual y procedimentalmente el desarrollo doctrinario de protección integral de la niñez y la adolescencia y el enfoque de derechos específicos.

2.1.2. ¿cuenta la PNA con su plan operativo anual con enfoque de protección Integral y de derechos?

105

a la problemática específica de cada niño, niña y Adolescente y al tipo de violación a sus derechos, al tipo de delito y a su Gravedad? Un 43% del total de personas de los equipos técnicos entrevistados respondieron que si cuentan con métodos, metodologías y protocolos aprobados, un 43% que no cuentan con los mismos y un 14% no respondió. Adicionalmente opinan: que si conocen o tienen procedimientos; que si hay algunos protocolos pero no se les da el seguimiento adecuado; se está trabajando con protocolos antiguos; se está trabajando en un protocolo con el Ministerio Público; no existe nada escrito es

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por la experiencia que los procedimientos existen; para la evaluación inmediata si hay una metodología; hay un protocolo para realizar el informe y los perfiles establecidos.

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Se denota que en general las unidades funcionan con base a los lineamientos establecidos en la LEY PINA y LEY VET, sin embargo, no existen de manera sistematizada plasmados en documentos metodológicos-protocolarios, por lo que el realizarlos sería un buen ejercicio, partiendo de la experiencia

práctica que el personal tiene en las diferentes áreas.

2.1.4. ¿cree usted que el personal contratado es suficiente para atender y representar a niños, niñas y adolescentes violados en sus derechos y victimas de delito? El 86% de las personas entrevistadas opina que el personal no es suficiente para desarrollar la labor y cumplir con las funciones establecidas de la PNA, planteando que: se hace necesario más personal por la demanda de trabajo a nivel nacional; se debe contratar más personal que tenga conciencia social; se debe seleccionar en mejor forma al personal; el equipo de rescate no se da abasto para que actué inmediatamente, se llevan más de cinco días ampliar investigaciones para un rescate; los investigadores se llevan más de seis meses para realizar su trabajo; el número de investigadores tiene que ampliarse; hay que contratar más trabajadoras sociales no logran cubrir adecuadamente todos los juzgados; el Organismo Judicial creo más juzgados por lo que necesitan más

trabajadores; UNICEF apoya con la contratación de cuatro Trabajadoras Sociales; solo hay 3 abogados para todo el departamento de Guatemala, además de asesoras al personal de los juzgados del interior del país, además, los casos de adopción pendientes; se opina que no hay una atención especializada; se debe crear un centro de atención especializada y diagnóstico.

Procuraduría General de la Nación; 50 están directamente vinculadas a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA). Se denota poco personal en las diferentes unidades de atención de la PNA, lo cual evidencia problemas de seguimiento y atención de los niños, las niñas y adolescentes que deben ser protegidos y representados eficiente e integralmente. Adicionalmente UNICEF apoya a la PNA con 14 contrataciones, 5 profesionales de derechos, 3 psicólogos, 3 trabajadoras sociales y 3 investigadores. De igual forma Holt International apoya con la contratación de 5 personas. Dichos datos se pueden apreciar en el siguiente cuadro proporcionado por la PGN:

64 personas están vinculadas directamente al tema de niñez y adolescencia en las estructuras dela

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a) No se incluye a profesionales del derecho, ni auxiliares de las 18 delegaciones que también atienden casos de niñez, entre otros más. b) Los Psicólogos no atienden casos exclusivos de niñez y adolescencia Fuente: Registros de personal, Departamento de Recursos Humanos, de la PNG 2009.

107

108

108 1

CONTRA- 5 TA D O S P O R HOLT

T O T A L 83 GENERAL

CONTRA- 14 TA D O S P O R UNICEF

T O T A L 64 UNI. VINCULADAS AL T E M A DE NIÑEZ

DELEGA- 10 CIONES (a)

P R O F . DERECHO(a)

PNA

JEFATURAS

TOTAL

C O M I - 4 SION INTERINS. DEPURACIÓN D E ADOPCIO.

DEPENDENCIA

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PSICOLOGOS

TRAB.SO- A U X I L . I N V E S T I - AUXILIAR DE PERS. DE CIALES JURIDI- GADORES RESCATE APOYO COS (a)

2.1.5. ¿cree que es importante que el personal tenga permanencia y estabilidad y Se especialice en su área específica de atención a la niñez y la adolescencia?

motivación; se tienen mejores salarios en el Ministerio Público y en la Defensa Pública; los salarios son desmotivantes, pero existe compromiso para realizar sus funciones.

El 100% del total del personal entrevistado opina que es necesario que el personal tenga permanencia, estabilidad y se especialice en su trabajo, para darle mayor continuidad a los procesos, tener mejor comunicación para llevar los procesos de los niños y niñas, le permite al personal rendir y hacer mejor su trabajo, se hace indispensable para el trabajo de psicología forense y clínica.

2.1.6. ¿cree usted qué el personal este capacitado en la doctrina de protección Integral de la niñez y la adolescencia y en el enfoque de derechos Humanos?

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De igual forma las personas entrevistadas de la PNA opinan en un 100% que los salarios no motivan al personal a desarrollar mejor sus funciones. En este indicador opinan que: son muchas funciones y atribuciones y se apoya todo lo que se solicita o requiere lo cual genera una recarga de trabajo; no se permite la profesionalización del personal; se considera que los salarios son regulares; deberían tener un bono por protección, dejarles hacer llamadas y alimentación cuando se hacen diligencias; no hay procesos de motivación; el trabajo es muy riesgoso; generar planes de incentivos para los y las trabajadoras; los salarios son muy bajos, sin embargo, se esfuerzan para tener el trabajo o asignación al día; deberían incrementarse los salarios para dar

En relación a este indicador, el personal entrevistado opinó en un 14% que están poco capacitados, un 57% que están regularmente capacitados y un 29% que están en mucho capacitados. Se opina que: tienen que establecerse capacitaciones para todo el personal; se cambia mucho al personal y no hay funcionarios permanentes; hay que dar inducciones para conocer más todas las leyes en relación a niñez; no se tuvo inducción solo conocimiento de LEY PINA; hay personal de reciente ingreso y no conocen mucho la doctrina de protección integral.

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2.1.7. ¿cree usted qué el presupuesto anual qué tiene la pna es suficiente para Atender a niños, niñas, adolescentes y familias que necesitan una Representación legal?

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El 86% del total entrevistado opina que el presupuesto no es suficiente para cubrir las necesidades de la PNA y realizar sus funciones en mejores condiciones. Plantean que: siempre dicen que no hay recursos, que no hay vehículos; no tienen combustible y pilotos para el transporte cuando se necesitan realizar diligencias, rescates y gestiones; deberían proporcionar mínimo tres autos; son once personas que tienen que realizar todo el trabajo de campo y no se dan abasto; limitan el mobiliario, equipo de computo, materiales como hojas, tinta y suministros; se limita la realización de los informes de manera adecuada y ágil; no se les informa con que recursos se cuenta.

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A continuación se puede apreciar en el cuadro, el presupuesto con que cuenta la PNA para el desarrollo de sus funciones, por renglón presu-

puestario 2009 Y 2010:

VALOR EN QUETZALES 2009

% DEL TOTAL 2009

VALOR EN QUETZALES 2010

% DEL TOTAL 2010

SUELDOS Y SALARIOS

4,900,000.00

87.72

4,906,892.00

87.53

ENERGÍA ELÉCTRICA

60,000.00

1.07

64,200.00

1.15

AGUA

13,000.00

0.23

18,000.00

0.32

TELEFONÍA

75,000.00

1.34

77,320.00

1.38

7,000.00

0.13

3,580.00

0.06

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

16,000.00

0.29

15,900.00

0.28

VIÁTICOS EN EL INTERIOR

100,000.00

1.79

100,250.00

1.79

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,000.00

0.21

12,416.00

0.22

ARRENDAMIENTOS, MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA

13,000.00

0.23

12,060.00

0.22

ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO/PLANTA TELEFÓNICA

30,000.00

0.54

28,800.00

0.51

ALIMENTOS PARA PERSONAS

45,000.00

0.81

43,200.00

0.77

PAPEL DE ESCRITORIO

30,000.00

0.54

31,200.00

0.56

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

14,000.00

0.25

13,200.00

0.24

PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

6,000.00

0.11

3,400.00

0.06

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

160,000.00

2.86

170,000.00

3.03

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

40,000.00

0.72

39,600.00

0.71

PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL, PVC

3,000.00

0.05

4,200.00

0.07

ÚTILES DE OFICINA

10,000.00

0.18

10,200.00

0.18

ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

10,000.00

0.18

9,600.00

0.17

ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRÓNICOS

4,000.00

0.07

3,840.00

0.07

ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL

33,000.00

0.59

33,000.00

0.59

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

5,000.00

0.09

4,800.00

0.09

TOTAL

5,586,000.00

100.00

5,605,658.00

100.00

DIVULGACIÓN CIÓN

INFORMA-

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RENGLÓN PRESUPUESTARIO

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Se analiza conforme al cuadro anterior, que del año 2009 al 2010 hubo un leve crecimiento en el presupuesto de Q20, 000.00, lo cual no llena los requerimientos y necesidades presentadas en la presente auditoría social. Un 87.72% en 2009 y un 87.53% en 2010 se utilizó en el rubro de sueldos y salarios, aunque se constata la carencia que existe de personal capacitado para las diferentes áreas de intervención de la PNA. Además, se denota que rubros de importancia como por ejemplo equipo y mobiliario decrecen de 2009 a 2010, en lugar de crecer debido a la necesidad de adquirir equipo de cómputo nuevo y vehículos para realizar las diligencias como parte de los procesos de protección y penales que atiende la PNA. Tampoco se evidencia un rubro para mejorar las instalaciones para la atención de la niñez, adolescencia y sus familias, y para que los trabajadores cuenten con un ambiente adecuado de trabajo.

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En relación al manejo de los recursos, un 29% opina que los mismos se manejan eficientemente, un 29% que regularmente y un 43% no opinó. Sin embargo, algunos de ellos y ellas opinan que: no saben canalizar el flujo de presupuesto; no conocen los datos específicos; la gestión de comprar y servicios es lenta; no hay espacios adecuados para trabajar ni instalaciones para reuniones y los espacios no son adecuados para

atender a los niños, las niñas, adolescentes y sus familias; la inversión está mal distribuida. En la misma sintonía de las opiniones anteriores, un 29% del personal entrevistado manifestó que en nada es adecuada la infraestructura para atender los casos de niñez y adolescencia y desarrollar su funciones de manera eficiente, un 29% expresó que en poco son adecuadas y un 43% que regularmente son adecuadas. Plantea que: hacen falta vehículos para agilizar comisiones y equipo de cómputo; los niños y las niñas necesitan privacidad en las unidades, hay tres personas atendiendo diferente caso; ampliar espacios de atención; darle mayor importancia al tratamiento psicológico. De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la PNA, se evidencia la existencia de espacios inadecuados para atender a los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y brindarles los servicios en condiciones óptimas, por ejemplo: no existe un espacio para que las familias y sus hijos e hijas puedan ser atendidos, en donde por lo menos se les brinde bebidas, alimentos, se puedan 15entretener, puedan estar cómodos y no se desesperen, tengan servicios sanitarios y donde puedan cambiarlos cuando todavía usen pañal, o donde puedan colocarlos cuando duermen. Por otro lado el equipo de cómputo es totalmente obsoleto, los espacios de trabajo son pequeños y hay haci-

namiento por lo que el ambiente de trabajo es poco motivador para realizar sus labores. 2.1.8. ¿la PNA cuenta con un centro de atención y acogimiento temporal para niños, niñas, adolescentes y sus familias representadas legalmente? Un 84% del personal entrevistado expresó que no cuentan con un centro de atención para los niños, las niñas, adolescentes y sus familias. Se plantea que anteriormente un Procurador abrió un albergue pero se cerró; actualmente no hay espacios adecuados; cuando se presentan casos se remiten o pide apoyo a otros centros existentes, principalmente del Estado; sería conveniente reabrir el centro albergue.

grar contribuir a la restitución de los derechos de la niñez y a su protección integral, un 53% manifestó que todas las veces contribuyen. Adicionalmente opinan: el resultado depende de cada caso; se trata de recibir las denuncias, atenderlas inmediatamente, darles apoyo psicológico e investigarlo, sin embargo, por la falta de personal algunas veces los tiempos de acción y reacción son lentos.16

2.1.10. ¿la PNA cuenta con un reglamento específico basado en la doctrina de protección integral?

Un 43% del todas de entrevistadas/ os manifestó que algunas veces lo-

En la información proporcionada

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2.1.9. ¿cree que la PNA contribuye a la restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia y a su protección integral a través de los servicios prestados?

Un 71% de quienes opinaron en las entrevistas, planteas que no cuentan con un reglamento específico y un 29% opina que si cuentan. En general expresaron: se han hecho propuestas, sería importante trabajarlo; trabajan enmarcados en la Convención de Derechos del Niño, LEY VET y la LEY PINA; se tiene establecido las áreas y como deben desarrollar sus funciones; desconocen si existe reglamento.

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por las autoridades de la PNA no se remitió copia del reglamento, por lo que se deduce que no existe dicha normativa que regule todo lo relacionado a dicha instancia, la cual recobra importante estratégica para la protección integral de la niñez.

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2.1.11. ¿el PNA cuenta con manuales de funciones- atribuciones responsabilidades del personal basado en la doctrina de protección integral y los derechos de la niñez y adolescencia y las funciones establecidas en la ley pina y ley VET?

114

Un 57% de las personas entrevistas, expresaron que si cuentan con manuales de funciones atribuciones para el personal basado en las funciones que establecer la LEY PINA y la LEY VET, un 43% que no cuentan con dichos instrumentos. Expresan que se limitan a la aplicación de las leyes; que existen pero dispersos; se está viendo si se aplica un modelo de atención; no conocen si existen; no cuentan con nada escrito; hacen falta protocolos. La PNA por ser un

ente especializado y además, creado en la LEY PINA con funciones esenciales, debe contar con sus manuales específicos de funciones-atribuciones-responsabilidades, los cuales desarrollen pertinentemente el que hacer de los diferentes puestos y de las unidades relacionadas con la protección y restitución de derechos, además, de contemplar las calidades del personal a contratar en cada área, el cual debe ser especializado en la temática y problemática que afecta a la niñez y la adolescencia.

2.1.12. ¿la PNA cuenta con mecanismos de trabajo en equipo para la planificación, evaluación, reflexión, atención y coordinación para desarrollar sus funciones? Un 57% del personal respondió que sí cuentan con mecanismos de trabajo en equipo y un 43% que no existen dichos mecanismos. Adicionalmente expresaron: que tienen reuniones de trabajo, pero solo se hacen cuando hay problemas eventuales; se organizan para planificar y estudiar el caso específico; se dan reuniones diarias para analizar casos; se bus-

ca participación y consenso en las reuniones. Se evidencia que algunas unidades si trabajan en equipo, sin embargo, otras hacen su trabajo de manera dispersa. En general la PNA no cuenta con un régimen de reuniones y de trabajo en equipo, para que las diferentes unidades puedan coordinarse, a la vez que la planificación y evaluación institucional sea congruente con su quehacer.

las necesidades. En general no existe un plan para mejorar, adecuar, ampliar o extender las instalaciones y el equipamiento para prestar en mejores condiciones los servicios a la niñez y la adolescencia.

2.1.14. ¿cuenta la PNA con planes de descentralización y desconcentración de sus servicios?

2.1.13. ¿la PNA cuenta con planes de mejoramiento, adecuación, ampliación y/o cambio y extensión de las instalaciones, equipamiento adecuado para todos los servicios que presta?

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Un 72% del personal entrevistado respondió que no cuentan con planes de mejoramiento de las instalaciones y un 14% que si cuentan, el resto no respondió. Plantearon adicionalmente que se hace nivel de jefes, no conocen, se planteó una reorganización de la PNA pero no se sabe cómo va su aprobación, se pide mejoramiento cuando surgen

Un 57% del personal entrevistado plantea que no existen planes de descentralización y desconcentración de los servicios que presta la PNA, un 14% que si existen, el resto no respondió. Opinan adicionalmente que por los recortes presupuestarios se quieren eliminar algunas unidades regionales de la PNA. Se analiza que si existen algunas unidades regionales de la PNA, pero no cuentan con un plan de desarrollo, así como con un plan para ampliar la presencia de la PNA paralelamente a la estructura del Organismo Judicial en las diferentes regiones y departamentos.

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2.1.15. ¿han divulgado los servicios que prestan, las funciones y el que hacer del PNA?

116

En relación al presente indicador un 29% opina que en nada se divulgan los servicios que presta la PNA, 29% opinó que muy poco, 14% que regularmente y un 14% que bastante. Plantean que al inicio de la PNA si se hizo, principalmente cuando empezó a trabajar el equipo de rescate; se coordinan con otras instituciones como el Organismo Judicial, los medios de comunicación, el Ministerio Público, para dar a conocer lo que la PNA realiza a favor de la niñez y la adolescencia; sería bueno que la gente conozca a dónde dirigir sus denuncias y casos, realizando campañas informativas, preventivas y educativas sobre las funciones del PNA, sobre los derechos de la niñez y adolescencia y obligaciones de padres y madres y de los adultos hacia la niñez.

2.1.16. ¿cuenta la PNA con una unidad de monitoreo y control de calidad de los servicios prestados a la niñez, adolescencia y sus familiar? La PNA no cuenta con una unidad de monitoreo y control de la calidad de los servicios prestados, que permita mejorar constantemente los procesos de atención a la niñez y la adolescencia. Un 57% expreso que no cuentan con dicha unidad, un 29% que si y un 14% no respondió. Adicionalmente expresaron: la responsabilidad del monitoreo y control de calidad recae en la coordinación de las áreas para que fluya el trabajo; se opera una supervisión a través de la jefatura de la PNA; no se tiene control de cuantos expedientes se llevan, ni del resguardo de los mismos; se llevan estadísticas mensuales y anuales entregadas al Procurador. Se visualiza la necesidad de generar la unidad de monitoreo y control interno, que proporcione estadísticas confiables, controle la calidad de los servicios y de seguimiento al cumpli-

miento a las decisiones y orientaciones que las autoridades emitan para mejorar los procesos de atención y protección a la niñez y la adolescencia, a través de las funciones específicas de la PNA.

2.1.17. ¿cree que la PNA cuenta con el estatus legal y administrativo para poder desarrollar con mayor certeza y agilidad sus funciones?

2.1.18. ¿en general qué problemas han encontrado en la consolidación institucional y que proponen para solucionarlos? 1 El personal es escaso en relación a las funciones a cumplir y las necesidades de la niñez y la adolescencia violada o amenazada en sus derechos o a la que actualmente está siendo víctima de delitos. La contratación del personal debe darse con base a procedimientos establecidos para que las personas llenen los requerimientos técnicos de los puestos a contratar. 2 Debe darse mayor coordinación institucional, tanto entre las unidades de la PNA como con

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El 29% del personal entrevistado opina que la PNA no cuenta con el estatus legal y administrativo para desarrollar sus funciones, un 71% opina que si cuentan con dicho estatus legal. Sin embargo, se deduce que la PNA no tiene el estatus legal adecuado al interior de la misma Procuraduría General de la Nación, pues al tener delineadas sus funciones de manera específica en la LEY PINA, debería ser una Procuraduría especial cuyo nivel jerárquico se encuentre inmediatamente abajo del Procurador General de la Nación, no al mismo nivel del resto de áreas de procuraduría o interrelacionadas con las mismas, pues, cuenta con funciones específicas y recobra es-

pecial 20 importancia al establecerse el interés superior del niño y la niña como un principio del marco legal guatemalteco en materia de protección a la niñez y la adolescencia. Al establecerla como una Procuraduría especial se podría asignar mayor capacidad para desarrollar sus procedimientos, programas y acciones, así como asignarle su presupuesto específico y administrar con base a su plan estratégico y sus necesidades específicas como procuraduría especializada en niñez y adolescencia, lo cual a la vez permitiría aprobarle su reglamento y sus normativas específicas de funcionamiento y cumplimiento de funciones.

117

las otras áreas de la PGN; así como mayor coordinación entre las trabajadoras sociales y el área penal. 3 Se tiene que recuperar la verdadera razón de ser de la PGN. No se tiene la credibilidad necesaria ante las personas y organizaciones. Hay que mejorar el presupuesto destinado para la PNA, para que la atención sea especializada y personalizada. Hay que destinar presupuesto para la divulgación de la PNA y de los servicios que presta.

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4 Hay conflictos grupales internos, los cuales hay que solucionar para que el trabajo se realice adecuadamente. Hace falta mobiliario, equipo, insumos, combustible, vehículos, personal para el trabajo de campo. No se cuenta con alimentación y una atención adecuada a los niños y las niñas cuando se les atiende en la PNA.

118

5 Es necesario e importante tener un espacio físico para las entrevistas, así como un área recreativa para niños y niñas. 6 Más coordinación con otras instituciones. 7 Redefinir el trabajo que realiza la unidad psicológica y definir a quienes se debe apoyar. Se debe ver como unidad indepen-

diente.

2.2. DESARROLLO DE FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PINA Y LEY VET 2.2.1. ¿la PNA cuenta con procedimientos, metodologías o protocolos (guías aprobadas) para dirigir de oficios o a requerimiento de juez la investigación de los casos de niñez y adolescentes amenazados o violados en sus derechos? Un 57% del total de entrevistadas/ os, adujeron que si cuentan con procedimiento, metodologías o protocolos aprobados para dirigir de oficio o a requerimiento de juez, la investigación de casos de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos, un 43% opina que no. Adicionalmente expresaron: se atiende la citación, entrevistas, informes, entrega al abogado, cita para audiencias, debates; lo que existen son procedimientos con base a la experiencia práctica; el juez manda la notificación y se traslada al abogado; se realizan visitan domiciliares, entrevistas, observaciones, evaluación y se rinde informe; solo se basan en lo que establece la LEY PINA. En la información proporcionada por las autoridades de la PNA, se plantea: los procedimientos básicos en el proceso investigativo, consisten en que luego de tener a la vista (el acto introductorio) la denuncia, pre-

vención policía, la PGN coordina internamente la asignación del caso a un investigador, el cual plasma en un informe los resultados de la diligencia, así mismo se coordina con psicología y trabajo social a efecto de contar con mayores elementos de información que permitan al Juez de la Niñez tomar la decisión más adecuada para la restitución de los derechos humanos vulnerados al niño, niña y adolescentes, así como garantizar primordialmente su interés superior, ya que de conformidad con el artículo 108 de la LEYPINA, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia es el ente encargado de la carga de la prueba en materia de niñez, por lo que su actuar debe ser de manera activa y directa. Las autoridades no proporcionaron copia del documento de procedimientos o protocolos para desarrollar con estándares dicha función.

El 43% del personal entrevistado expresó que no cuentan con protocolos para dirigir oficios o a requerimiento de juez la investigación de casos de niñez y adolescentes víctimas de delitos, un 14% expresó que si, el resto no respondió. Plantean que existen procedimientos prácticos establecidos, pero no aprobados y en un documento que tome en cuenta las especificidades de cada caso atendido o representado y los aspectos de protección integral a los niños, las niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos. No hay seguimiento a muchos de los casos, pues, una vez que se entrega a la persona o institución que se hace cargo no se le da seguimiento como representantes de la niñez y adolescencia. Las autoridades a través del documento proporcionado al Movimiento Social plantean que si ya existe una denuncia en el Ministerio Público se da el seguimiento ante dicha institución, colaborando activa y oportunamente al existir control jurisdiccional, la institución se apersona como querellante adhesivo y actor civil, en representación legal de los niños y las niñas agraviados de un delito, tomando como fundamente el artículo 108 de la LEY PINA y el artículo 45 de la LEYVET. Si no hay denuncia en el Ministerio Público esta institución presenta la misma y de igual

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2.2.2. ¿la PNA cuenta con procedimientos, metodologías o protocolos (guías aprobadas) para dirigir de oficios o a requerimiento de juez la investigación de los casos de niñez y adolescentes víctimas

de delitos?

119

manera se le da seguimiento ante el ente investigador y oportunamente la institución se a persona con las calidades de representante legal de la niñez y adolescencia.

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MOTIVO DE LA DENUNCIA CANTIDAD

120

Abuso físico, emocional y psicológico

233

Consumo de estupefacientes

Rebeldía

Abuso sexual

Descuido/negligencia

Explotación económica

Institucionalización

Total

410

Posteriormente se plantea en el documento entregado al Movimiento Social por parte de las autoridades que en total se han atendido 821 casos de enero a octubre 2009, presentando las siguientes estadísticas de atención de casos:

2.2.3. ¿cuántos casos aproximadamente se atienden o investigan al año de niños, niñas, (2008 – 2009), adolescentes amenazados o violados en sus derechos? Según las estadísticas presentadas oficialmente por la PNA, de enero a octubre de 2009 se habían recibido 410 denuncias, realizando la misma cantidad de diligencias para conocer las mismas. El motivo de las denuncias se manifiesta de la siguiente forma:

Trata de personas

EDADES CANTI- G E N E - CANTIDAD RO DAD 0

a 3 años

146

Niñas

302

a 6 años

186

Niños

371

a 9 años

adolescentes

100

a 12 años

182 Mujeres 126

Hombres

adolescentes

12 a 17 181 años

Adicionalmente se plantea que se han asesorado 309 casos, 209 personalmente y 100 por la vía telefónica, y que se han resuelto 20 casos. Las personas entrevistadas no tienen datos específicos sobre el tema, por lo que expresaron que de enero a octubre 2009 se atendieron 1,463 casos; por persona se atienden un

aproximado de 30 casos de protección de niñez amenazadas o violada en sus derechos y 5 casos por delitos; se atienden entre 1200 a 2000 casos, pero dicha cifra va en crecimiento.

PINA?

Otra información brindada por las autoridades establece las siguientes estadísticas por unidad de trabajo de la PNA de enero a octubre 2009:

30 días proceso normal.

UNIDAD

Unidad de Psicología (8 personas)

TOTALIDAD DE OFICIOS ASIGNADOS

C A S O S POR PERS O N A AT E N D I DOS DE LA UNIDAD

2048

256

160

Unidad de 940 Rescate (4 personas)

235

Unidad de Tr a b a j o Social (15 personas)

333

5001

2.2.4. ¿cuánto tiempo se lleva para resolver un caso por amenaza o violación de derechos a niñez y adolescentes y su relación a los tiempos establecidos en la ley

15 días emergentes. 10 días mejor fallo. 2 años cuando el caso es muy tardado. 3 años los niños se desesperan. De cuatro a seis meses, se trabaja por audiencia. 1 año aproximadamente. El proceso de rescate se lleva en término de 6 horas en caso de violaciones sexuales 12 horas. No se cumple lo que establece la LEY PINA, se lleva 2 años. Asignación 8 días evaluación / informe, 30 días entrega informe escrito. 6 meses pierde validez. Las emergencias 10-15 días. Para este indicador la LEY PINA establece con claridad los tiempos en relación a las medidas que los jueces deben establecer para proteger o restituir derechos de la niñez y la adolescencia, por lo quela oportuna intervención de la PGN presentando las diligencias e informes correspon-

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Unidad de 961 Investigación (6 personas)

Los y las entrevistadas en relación a los tiempos para resolver un caso por amenaza plantearon lo siguiente:

121

dientes, acelera el proceso de protección a favor de los niños, las niñas y adolescentes. Se conoce de casosde niños, niñas y adolescentes a quienes se les institucionaliza como medida de protección y que son reinsertados a sus familias o familias sustitutas hasta 1 o 2 años después, lo cual depende en buena medida de la agilidad de la administración de justicia de los jueces de la niñez y la adolescencia, pero, a la vez del adecuado seguimiento que la PNA le pueda dar a los casos. 2.2.5. ¿cuántos casos al año lleva un o una integrante de la investigación de la unidad de rescate de niños y niñas amenazados o violados en sus derechos?

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Según los datos proporcionados por las autoridades, por persona integrante de la unidad de investigación de enero a octubre 2009 atendió 160 casos y una persona integrante de la unidad de rescate 235 casos en la misma temporalidad.

122

insertándolos a su familia, 40% se queda institucionalizado. Según la información presentada por las autoridades entre un 85 a 90% de los casos se restituyen los derechos de la niñez y la adolescencia a través de una protección integral, reinserción familiar, implementándose las medidas que fomenten la restitución del derecho a la familia, dejando como última instancia la institucionalización. A la vez informan que no pueden dar un número exacto de los casos en los que se ha logrado restituir derechos, pues, son muchos los casos que se trabajan ante los juzgados. 2.2.7. ¿qué tipos de medidas de protección se logran en los casos de amenaza o violación a derechos de la niñez adolescencia?

80% de los casos se logra restitución.

La LEY PINA establece con claridad el tipo de medidas que la PNA puede solicitar (artículo 112, 114 y 115 de la LEY PINA), así como otras que sean pertinentes a la restitución de derechos, sin embargo, ninguno de los entrevistados pudo definir con claridad dichas medidas. Sin embargo, muchos jueces dictan como medida de protección y restitución de derechos la institucionalización, lo cual en lugar de solucionar el problema, en algunos casos dicha medida se convierte en sí misma otras violaciones a sus derechos.

60% se restituye sus derechos re-

Tanto en el indicador 2.2.6., como en

2.2.6. ¿en cuántos casos se logra exitosamente la restitución de derechos, la protección integral y la reinserción familiar? En relación al tema las personas entrevistadas opinaron que: No sabe si la medida se lleva a cabo.

el 2.2.7., se deben tener las estadísticas y resultados sobre la cantidad de casos en que se logra restitución de derechos y que medidas de protección y restitución se logran. 2.2.8. ¿cree usted que las medidas de protección logradas se enmarcan en la doctrina de protección integral y el respeto a sus derechos? En general la PNA hace un esfuerzo por que las medidas de protección sean pertinentes a los derechos de la niñez y la adolescencia y la doctrina de protección integral, sin embargo, no se dan de manera inmediata y en algunos casos la restitución es lenta. El 29% de los y las entrevistadas plantean que algunas veces se enmarcan en la doctrina de protección y un 57% opina que en todos los casos se da la restitución, el resto no respondió. 2.2.9. ¿existen una unidad de PNA como mínimo en la jurisdicción de cada juzgado de la niñez y la adolescencia (11 juzgados)?

2.2.10. ¿cuenta la PNA con procedimientos y/o protocolos (guías aprobadas) para atender y representar los casos de niñez y adolescencia víctimas de delitos? El 57% de los y las entrevistadas aducen que no existen procedimientos-protocolos aprobados para atender y representar los casos de niñez y adolescencia víctimas de delitos, el 29% aduce que si 26existen y el 14% no respondió. Sin embargo, como respuestas adicionales plantean: los procedimientos son obsoletos pero se está trabajando un modelo con UNICEF; existen una diversidad de

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En la actualidad existen personas que atienden los casos de protección y restitución de derechos en los juzgados de la niñez y la adolescencia, sin embargo, el personal que hay en los mismos no es suficiente para atenderlos adecuadamente y eficientemente a favor de sus derechos, por lo que la oficina central también apoya a dichas unidades. Anteriormente

uno de los entrevistados opinó que se querían reducir dichas unidades debido a la falta de recursos de la PGN. Se evidencia, que no existen unidades de la PNA debidamente establecidas y consolidadas, con el personal necesario para realizar los procesos. En relación a cada Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, debería existir una unidad de la PNA integrada multidisciplinariamente por lo menos con 1 persona de rescate, 1 trabajadora social, 1 psicóloga/o, 1 investigador y 1 Abogado. Hay presencia en los Juzgados establecidos en la capital, Mixco, Cobán, Quetzaltenango, Zacapa, Petén, Mazatenango, Huehuetenango y Chiquimula. Además, se planteó que las 18 delegaciones de la PGN atienden casos de rescate.

123

delitos cometidos; los casos se presentan al juzgado competente y ellos brindan las medidas de protección.

mente 935 procesos, de los cuales un 75% constituyen delitos de violencia sexual.

En relación a este indicador, es necesario que a la luz de la LEY PINA y la LEY VET, así como a la tipología específica y a la vez más frecuente, se elaboren los protocolos para atender, representar, dar seguimiento y acompañar a las víctimas, realizando alianzas instituciones con otros órganos estatales relacionados con el tema (Juzgados, SBS, SEVET, Hogares y centros de protección) y con organizaciones sociales que tienen experiencia en el tema.

Se deduce que por ser la LEY VET de reciente aprobación y encontrarse en proceso de asimilación en las estructuras sociales y del Estado, los casos de denuncia, atención y representación legal en materia de delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia de la PNA aumentaran considerablemente, por lo que se hace necesario sistematizar adecuadamente las estadísticas de la PNA (tipo de delitos, edades, género, pertenencia cultural, ubicación geográfica, tipo de medidas de protección, tipo de condenas establecidas, problemas encontrados, etc.), para medir el crecimiento o decrecimiento de este tipo de hechos criminales, y a la vez, que sirvan de orientación para que otras instituciones puedan establecer medidas de prevención y protección o desarrollar programas sociales que mejores las condiciones de vida y propicien cambios culturales hacia el respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Se calcula que por persona integrante del área penal se atienden un promedio entre 50 a 150 casos anuales.

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2.2.11. ¿cuántos casos de niñez y adolescencia víctima de delitos se atienden al año (2008 – 2009)?

124

Se calcula por parte de los y las entrevistadas que para 2009 se atenderán aproximadamente 541 a 600 casos, en 2008 se atendieron 400 casos, principalmente delitos sexuales, trata y maltrato. Otro de los entrevistados plantea que 1000 casos aproximadamente. La información proporcionada por las autoridades del PNA al Movimiento Social establece que se atienden aproximada-

2.2.12. ¿en cuántos casos por delitos cometidos a niñez y adolescentes al año (2008 – 2009) se logra que dicten medias de pro-

tección y se logra la restitución de derechos? No se proporcionó datos sobre este indicador, se plantea lo mismo, que en otros indicadores, la sistematización de estadísticas cuantitativas y datos cualitativos, que generen una línea de base y análisis, tanto al interior de la PNA y para otras instituciones y organizaciones. 2.2.13. ¿qué tipos de medidas de protección se logran en casos de niñez y adolescencia víctima de delitos? Principalmente se logra el abrigo temporal cuando los victimarios o agresores son familiares y abrigo provisional en familia ampliada o sustituta. 2.2.14. ¿en cuántos casos al año (2008 – 2009) por delitos cometidos a niñez y adolescencia se logra una sentencia condenatoria para el victimario?

2.2.15. ¿cuánto tiempo se lleva para resolver un caso por delito en contra de la niñez y la adolescencia y su relación a los plazos establecidos en la ley pina y el código procesal penal?

2.2.16. ¿la PNA ha solicitado la institucionalización de niñez y adolescencia para restituir o proteger los derechos de la niñez y la adolescencia violada en sus derechos o víctimas de delitos? Un 53% de las y los entrevistados opina que se ha solicitado la institucionalización de niños, niñas y adolescentes, debido a que algunas veces lo solicitan ellos y ellas mismas o el agresor es familiar cercano, por lo que se solicita el traslado a un centro de protección y abrigo. Cuando hay abandono o negligencia de los padres y las madres, también se busca su traslado a un centro de protección y abrigo. También se plantea inicialmente la posibilidad de insertarlos en una familia sustituta o ampliada. No se cuenta con un programa de familias ampliadas o temporales de protección y abrigo, sobre todo en los casos cuando los niños y las niñas no quieren o les da miedo regresar a sus familias. Cuando el caso es de violación sexual de niñas o niños se remiten a centros para protegerlos. 2.2.17. ¿la PNA en calidad de representante legal de la niñez y la adolescencia da seguimiento al cumplimiento las medidas de pro-

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Según información proporcionada por las autoridades hasta octubre 2009 se habían logrado 32 sentencias condenatorias, incluyendo el pago de responsabilidades civiles requeridas.

Según información proporcionada por las autoridades, los procesos duran de 8 a 18 meses, dependiendo de las incidencias dentro del proceso.

125

tección dictadas por el juzgado? El 43% del personal entrevistado plantea que si hay seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el Juzgado, el 29% que no se da seguimiento y un 14% que algunas veces hay seguimiento. Se expresa que esto se da porque la supervisión de las medidas queda a cargo del Juez; cuando se da sentencia ya no se da seguimiento o cuando regresa a su familia, pues el centro o la familia asumen la responsabilidad. Se da seguimiento, cuando se dan las audiencias tanto en casos de protección como en casos de delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia.

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2.2.18. ¿la PNA evacua las audiencias y se emite opinión jurídica en el juzgado en el tiempo establecido por la ley pina y pertinentemente?

126

El 43% opina si se evacuan las audiencias y se emite opinión en el tiempo establecido, el 14% que no se hace, el 43% no respondió. Sin embargo, en la información proporcionada por las autoridades al Movimiento Social se plantea que se trata de cumplir con los plazos fijados por la Ley, como por los jueces mediante sus resoluciones, evacuándose las audiencias y opiniones requeridas, basándose primordialmente en las leyes ordinarias como especiales o de la materia.

2.2.19. ¿las opiniones vertidas en los juzgados se hacen con base a derechos y la doctrina de proteccion integral de la niñez y adolescencia? Un 57% del personal entrevistado expresó que las opiniones vertidas en los juzgados si se basa en los derechos y la doctrina de protección integral, pues se prioriza la restitución de derechos. El 43% no opinó. Se plantea que se hacen investigaciones peritales conforme a la LEY PINA.

2.2.20. ¿existe un control interno o monitoreo para verificar el cumplimiento de plazos en los casos que la PNA atiende?

Un 43% del personal entrevistado adujó que si hay un control interno o monitoreo para verificar el cumplimiento de plazos en los casos que atiende la PNA, un 14% adujó que no y un 43% no respondió. Unos de los aspectos que afecta el cumplimiento de plazos son los frecuentes cambios en el personal; se realizan reuniones de trabajo y se informa a la jefatura de las gestiones y audiencias realizadas; las/os abogados llevan control de las audiencias, así como otras instituciones relacionadas con los procedimientos. En general, se denota que los plazos se extienden principalmente por lo que los y las juezas resuelvan o dicten en relación a los casos ya se de protección y restitución o de delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia. 2.2.21. ¿cuantas diligencias al año se realizan efectivamente, para promocionar los medios de prueba e información requerida por el juez?

Un 57% de los entrevistados opinó que las diligencias se realizan con criterios técnicos basados en derechos, un 14% que no y un 29% no

2.2.22. ¿cuántos procesos de repatriación de niñez y adolescencia víctima de trata o migración realiza la PNA al año? Para noviembre 2009, se habían realizado 561 casos de niños, niñas y adolescentes repatriados, de distintas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, todos han sido entregados a sus padres y madres. El procedimiento en estos casos es que los progenitores firman un acta de responsabilidad en la que se comprometen a que las niña-niño no volverán a salir del país. En caso contrario se procederá a judicializar los casos. Así también hasta la fecha se han realizado 77 rescates de menores de edad que se encontraban en contra de su voluntad retenidos en bares, hoteles y otros espacios. En estos casos se procede a realizar una evaluación psicológica a los niños, las niñas y adolescentes y establecer si la familia tiene responsabilidad o si ellos escaparon de su casa y fueron llevados a este tipo de lugares bajo engaños. De ser procedente se

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Se plantea que se realizan aproximadamente 6,000 diligencias anuales en relación a todos los casos que se atienden en la PNA. Solo la Unidad de Trabajo Social realiza 1,000 diligencias. Por casos se realizan un promedio diligencias.

respondió.

127

solicitan las medidas de protección a favor de estos menores y así que se pueda certificar lo conducente en contra de quien o quienes resulten responsables de algún hecho criminal. En relación a que si la actuación de la PNA es ágil y pertinente cuando se presentan casos de repatriación o víctimas de trata o migración, un 29% del personal entrevistado respondió que si hay agilidad, un 14% que algunas, el resto no respondió. En este aspecto se evidencia que se la logrado sistematizar en mejor forma los procedimientos para lograr la pronta repatriación de la niñez y adolescencia afectada por este tipo de hechos criminales o sociales.

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Un 29% opina que si se da seguimiento a casos de niñez y adolescencia víctimas de trata o por migración, 14% que algunas veces, el resto no respondió. Sin embargo, que se da seguimiento cuando el delito es el de trata, trasladándolo al área penal.

128

2.2.23. ¿qué acciones se han realizado para establecer el paradero y acompañar la transparentacion de los casos de adopción que quedaron pendientes en la PNG? Se están haciendo estudios sobre los casos que quedaron pendientes con los procedimientos de adopción anteriores a la Ley Nacional de Adopciones, para proceder con los recursos legales necesarios. Hay mucha

confusión en relación a los familiares y en relación a los expedientes como direcciones, nombres, documentación como partidas de nacimiento, etc. Dicha información no la maneja la PNA sino que la maneja la jefatura de la Sección de Procuraduría. Únicamente se puede informar que desde el 14 de septiembre de 2009 funciona en la institución la oficina coordinadora para la fiscalización y viabilidad de expedientes de adopción, en la que colabora también el personal del Consejo Nacional de Adopciones, con el objeto de que los expedientes de adopción que ameriten su continuidad, puedan trabajarse en la brevedad posible y los casos que contengan algún tipo de anomalía sean suspendidos de manera definitiva. 2.2.24. ¿qué problemas han encontrado para el adecuado desarrollo de sus funciones y que proponen para solucionarlos? Hay que hacer estudios y buscar soluciones sobre el problema que afronta la re victimización de la niñez y adolescencia. Buscar una ruta crítica para la instancia rectora de los informes psicológicos. Proceso lento para la aplicación de la LEYPINA Y LEY VET. Riesgo para los niños y las niñas se encuentra afuera de la institución.

Hay que analizar el factor económico. Falta de conciencia humana del juez al dictar sus resoluciones o fallos. Falta de información de los familiares de la niñez y adolescencia víctima. No hay atención inmediata por parte de los juzgados. Ho hay insumos para la alimentación de los niños y su higiene personal. Hay problema con el tiempo de entregar informes a los juzgados. Falta de datos exactos. Que los juzgados conozcan el proceso de atención psicológica. Más divulgación sobre los servicios de la PNA.

Que los casos no vengan tan tarde y velar por los derechos de la niñez y la adolescencia. No institucionalización, no re victimización de la niñez y la adolescencia. Interés superior del niño y la niña. La realización de las investigaciones necesarias. Estudios socioeconómicos. Debido proceso, plazos y aplicación, escuchar al niño-niña, interés superior del niño, tener presente su cultura identidad e idioma. Misión protección emocional, para un buen desarrollo psicoafectivo de la niñez y adolescencia y que tengan un desarrollo adecuado.

Visión restitución de derechos regidos por el interés superior del niño.

2.3.2. ¿qué otros programas y proyectos complementarios para propiciar la protección integral y

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2.3.1. ¿mencione los aspectos de la protección integral y derechos de la niñez y adolescencia incluidos en los planes estratégicos y en los planes operativos anuales metodologías y protocolos?

Se denota, a partir de las respuestas que el personal no maneja completamente los conceptos, definiciones y aspectos básicos de la doctrina de protección integral y de los derechos de la niñez y adolescencia. El Interés superior del niño y la niña como uno de los principales aspectos de la doctrina de protección integral es el más señalado, pero hay otros que son medulares en la protección integral y especial de la niñez y la adolescencia.

2.3. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ADICIONALES Y CUMPLIMIENTO DEL ENFOQUE DE DERECHOS Y DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

129

cumplir con las funciones establecidas? Se evidencia la inexistencia de programas y proyectos complementarios para propiciar la protección integral, a no ser de la indicación de que se han recibido algunas capacitaciones con el apoyo de UNICEF.

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2.3.3. ¿conoce la doctrina de protección integral y los marcos legales que la desarrollan?

130

En relación al conocimiento de los instrumentos legales de la protección integral los y las entrevistadas

manifiestan los siguientes niveles de conocimiento y manejo: en relación a la LEYPINA un 43% opina que la conoce toda, un 29% mucho y un 29% nada; en relación a la Convención de Derechos del Niño un 43% opina que la conoce mucho, un 29% mucho, un 14% algo y un 14% nada; la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia un 29% plantea que la conoce algo, un 29% que la conoce poco y un 43% que en nada la conoce; la Ley Contra la Violencia Sexual, Trata y Explotación de Personas un 14% plantea que la conoce toda, un 29% que la conoce algo y un 53% que la conoce poco; y en relación a la Ley de Adopciones un 14% que la conoce toda, un 14% mucho, un 29% algo, un 29% poco y un 14% que en nada la conoce. Se denota un débil conocimiento de la doctrina de protección integral, la cual es básica en el desarrollo de las funciones de la PNA y los alcances que su trabajo puedan tener a favor de la niñez y la adolescencia. Sin duda alguna debe crearse un programa de capacitación y formación permanente para el personal de la PNA, sobre los aspectos antes mencionados y otros de importancia para mejorar sus niveles de eficiencia y compromiso social con la niñez y la adolescencia. 2.3.4. ¿existe un código o carta de ética firmada por el personal enmarcada en la protección integral

y respeto a los derechos de la niñez y adolescencia? En la institución no existe un código o carta de ética al cual se comprometan todos y todas sus trabajadoras. Se ve como un instrumento interno de compromiso de parte del personal, por lo que están de acuerdo que se pueda establecer. 2.3.5. ¿en general qué problemas han encontrado en la introducción y aplicación del enfoque de derechos y protección integral para la niñez y adolescencia en el proceso que desarrolla la PNA? Área penal es débil por la falta de recurso humano. Que la PGN actúa como querellante adhesivo. Una ley se contradice con otra y la realidad no se vive, no es en sí lo que se dice en las leyes. Hay poca orientación hacia los familiares en el tema de la niñez.

Lentitud en la resolución de los casos. Tardanzas en la solución de los procesos. Desconocimiento de la ley y los derechos por parte de los adultos.

4.1. PROPUESTAS 1.Elaborar un Plan Estratégico de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, que contenga por lo menos: a) El marco legal de sustentación del que hacer de la PGN y la PNA, con base a las leyes y instrumentos internacionales de protección integral de la niñez y la adolescencia; b) Estrategias de intervención, objetivos generales y específicos, resultados (finales, de proceso e intermedios), línea de base, metas, líneas generales de acción, responsables, presupuesto y recursos; c) El Plan Estratégico debe elaborarse por lo menos para 5 años de gestión; d) El Plan Estratégico debe contener una línea estratégica de desarrollo y consolidación institucional, que le permita establecer los planes de descentralización, desconcentración, desarrollo de infraestructura y de personal. Preferentemente se plantea que dicho plan estratégico debe trabajarse de manera colectiva entre todas las unidades y personal involucrado en el desarrollo de las funciones de la PNA. 2. Diseñar de manera participativa el Plan Operativo Anual, el

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A nivel interno: conflictos grupales, egoísmo, no se da capacitación ni orientación en relación a niñez.

IV. PROPUESTAS PARA LA PGNPNA.

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cual deviene de su Plan Estratégico y de sus resultados planteados para su cumplimiento de manera anual; el mismo debe contener con claridad las estrategias anuales, los resultados a alcanzar, las actividades y sub actividades para lograr los resultados, las responsabilidades personales e institucionales, los recursos específicos a utilizar, la temporalidad o fechas de su realización.

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El POA no debe realizarse solo para cumplir con las exigencias de SEGEPLAN o del Ministerio de Finanzas, sino como un instrumento de planificación, ejecución e implementación de las acciones anuales.

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3. Elaborar los protocolos y/o manuales de procedimientos que contengan la diferenciación necesaria (tipo de caso, daño ocasionado, alternativas de protección, seguimiento, etc.) para atender casos de niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos o víctima de delitos. Dichos protocolos deben basarse en la doctrina de protección integral y metodologías de atención y protección pertinentes a la problemática que afecta a la niñez y adolescencia guatemaltecas. Aprobar los protocolos o manua-

les de procedimientos diferenciados para los casos de niñez y adolescencia amenazada en sus derechos humanos, desarrollando su función de representante legal y de manera específica para dirigir de oficio o a requerimiento de juez la investigación de los casos específicos y aportar los medios de prueba y opinar con base al interés superior de los niños, las niñas y adolescentes para que el juez tenga las opciones o propuestas de protección pertinentes a los diferentes casos. Establecer el protocolo o manual de procedimientos para la realización de procesos de rescate de niños, niñas y adolescentes y por ende de los mecanismos de coordinación para su protección con otras instancias de Estado o del ejecutivo. Diseñar de manera diferenciada los protocolos o manuales de procedimientos diferenciados con base a los diferentes tipo de delitos que se pueden cometer en contra de la niñez y la adolescencia, para representarlos legalmente, cumplir la función de querellante adhesivo y acompañarlos en todo el proceso penal, buscando su protección integral y para evitar su re victimización y restituirles al máximo sus dere-

chos violados.

5. Generar condiciones con base al plan de desarrollo de personal, de estabilidad y permanencia laboral, para lograr la especialización en materia de niñez

Establecer como parte de los procesos internos de contratación y personal la firma de todos y todas las trabajadoras de una carta de ética y compromiso, basada en los principios de la doctrina de protección integral, los derechos de la niñez y la adolescencia y los principios éticos y de transparencia, atendiendo a la responsabilidad que los y las trabajadoras deben tener con la niñez y adolescencia. 6. Establecer de manera permanente un programa de capacitación y formación del personal de la PNA, estableciendo el currículum correspondiente y el proceso de inducción para el personal de reciente ingreso a la institución. Pues se denota desconocimiento

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4. Establecer con base a un estudio de recursos humanos y el desarrollo de su plan estratégico, una política de crecimiento paulatino de su personal para atender adecuadamente los casos de niños, niñas y adolescentes violados, amenazados en sus derechos o víctimas de delitos. Sin duda alguna, por ser una institución de servicios técnicos profesionales para las familias y la niñez, el personal juega un papel importante en los casos y procesos de atención y protección que brinda. Por lo menos se debe contar con un equipo de trabajo suficiente para atender los casos en la sede central y dar cobertura multidisciplinariamente en los juzgados de niñez y adolescencia, en los juzgados de paz o en los juzgados de primera instancia penal, a partir de las atribuciones establecidas en la LEY VET. Se deben fortalecer todas las unidades de trabajo social, investigación, denuncia, rescate, atención psicológica, penal, civil, siendo parte directa y especializada en la PNA.

y adolescencia, capacitándolos constantemente a través de un programa permanente que los mantenga actualizados y mejore sus capacidades colectivas e individuales de intervención y atención. Establecer en dicho plan, manuales de funciones y responsabilidades específicas para el personal de la PNA y que trabaja con niñez y adolescencia, perfiles y procedimientos transparentes de contratación con base a capacidades, experiencia y compromiso con la niñez y adolescencia.

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en la doctrina de protección integral. 7. Aunque se conoce que los recursos presupuestarios son escasos, establecer con base al plan estratégico y de desarrollo institucional, una política de crecimiento presupuestario, realizando las gestiones necesarias para la consecución de recursos. Actualmente el presupuesto de la PNA es insuficiente para el crecimiento y demanda de la niñez y sus familias afectadas por diferentes problemas y violaciones a sus derechos humanos, así como el crecimiento de casos de delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia.

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Se deben destinar más recursos de la PGN para la PNA, dándole a la misma el estatus administrativo necesario para que pueda disponer de un presupuesto propio y por ende de su ejecución.

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8. Dentro del plan estratégico y de desarrollo, crear en alianza con otras instituciones de Estado del sistema de protección especial de la niñez y adolescencia, un centro de atención y abrigo temporal para la niñez, adolescencia y sus familias representadas y atendidas por la PNA, contando con la logística básica para que puedan desarrollar las gestiones, procedimientos, au-

diencias y estudios correspondientes para la integración de los medios de prueba. Dicho centro debe tener la capacidad de dar hospedaje, alimentación y espacios amigables, para que las familias y sus hijos e hijas sientan confianza y se comprometan en el seguimiento a los casos. 9. Elaborar un reglamento interno específico de la PNA, sobre la base de las obligaciones constitucionales y ordinarias establecidas en el marco legal de protección integral, dándole a la PNA un estatus que le permita desempeñar sus funciones sin obstáculos y excesiva burocracia. Para el efecto se propone que la PNA pase a ser una Procuraduría que dependa directamente del Procurador General de la Nación, creándola como una unidad ejecutora especializada, atendiendo a que la misma es una Procuraduría establecida de manera específica en la LEY PINA y con atribuciones específicas de representante legal y querellante de la niñez y adolescencia víctima de violaciones o amenazas sus derechos y de los nuevos delitos establecidos en la LEY VET. El estatus de la PNA-PGN corresponde en materia de niñez y adolescencia al papel que juega el Ministerio Público en relación a losadultos como parte acusa-

dora y ante la ausencia de los padres y madres o su incapacidad socioeconómica o que ellos hayan cometido delitos en contra de sus hijos e hijas, en sus segundos padres y madres quienes velaran para que se les proteja, no se violen sus derechos en los procesos legales, no se les sigan violando sus derechos y se asegure la restitución de los mismos, en estrecha relación con los juzgados correspondientes y los programas de protección y abrigo del Gobierno.

11. Como parte del plan estratégico y de desarrollo institucional, establecer un plan o área especí-

12. Como parte del mismo plan establecer el plan específico de descentralización y desconcentración de servicios, que permita tener sedes y oficinas especí-

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10. Establecer con base a los procesos de planificación, evaluación, implementación y desarrollo de acciones, establecidas en su plan estratégico, mecanismos certeros de coordinación (entendiendo la misma como el poner en común el esfuerzo, los recursos, capacidades, logística y la complementación, para cumplir con sus objetivos y funciones en pro de la niñez y adolescencia) intra equipos o unidades de trabajo, inter equipos o unidades de trabajo y multi equipos o unidades de trabajo, para establecer acciones conjuntas, evaluar, reflexionar y potencializar el cumplimiento de sus funciones.

fica, para mejorar la infraestructura para prestar en condiciones óptimas los servicios a la niñez, adolescencia y sus familias, incluyendo: equipo moderno, en línea y software de cómputo, pertinente a las funciones, la eficacia y eficiencia que se debe tener para agilizar los casos representados o atendidos por la PNA, lo cual por ende propiciara una mejor protección de los niños, las niñas y adolescentes; ampliar y mejorar los espacios de trabajo de las diferentes unidades y de atención al público (con espacios adecuados para la niñez y adolescencia y las familias, lo cual motivará y dará un mejor ambiente para que el personal desarrolle sus atribuciones en mejores condiciones; dotar de medios de transporte y recursos suficientes para el trabajo de campo que tiene que realizar el personal del PNA, dotándole de una flotilla de vehículos para la realización de visitas y movilizar adecuadamente a los niños, las niñas y sus familias en la realización de los trámites correspondientes en los juzgados y otras dependencias de Estado.

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ficas de la PNA en los lugares donde hay juzgados de la niñez y la adolescencia y de manera estratégica en las regiones en donde con base a estudios se determine que se presentan la mayor cantidad de casos de violación, amenaza o delitos en contra de la niñez y adolescencia.

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13. Diseñar un plan permanente de divulgación y publicidad de los servicios que presta la PGNPNA de protección a la niñez y la adolescencia a través de medios alternativos, new media, media social, espacios de divulgación estatales y sociales y a través de medios de comunicación tradicional.

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14. Crear la unidad interna de monitoreo, control y seguimiento a los servicios que presta la PGN y PNA para la niñez y la adolescencia, y que además establezca de manera sistémica estadísticas confiables para medir el cumplimiento de resultados y metas y establecer los correctivos cuando se ubiquen o evidencien problemas internos. La PNA debe contar aparte de dicha unidad interna de monitoreo y control de calidad, con su propio departamento o unidad de planificación y su propia unidad administrativa financiera. 15. Se evidencia que no existen

datos concretos, sistematizados y procesados electrónicamente, para establecer estadísticas en materia de niñez y adolescencia, por lo que se reafirma la creación de la unidad de monitoreo y control la cual debe realizar dicha función. Las estadísticas sirven para medir el nivel de crecimiento de los casos de niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos o víctimas de delitos, estableciendo estándares de calidad en el servicio, como por ejemplo cuantos casos se llevan por persona en la actualidad y cuantos se cumplen eficientemente, cuantos casos deberían llevarse por persona para que se atiendan adecuada y eficientemente. Cuanto tiempo se lleva un caso dependiendo de tipo de violación o delito cometido, cual debería ser el tiempo óptimo que debería llevarse un caso para no dañar al niño o la niña. Se propone crear un flujo-tiempo grama para establecer certeramente los pasos y el tiempo que en la actualidad se lleva un caso y cuan debería ser el tiempo ideal con base a los procedimientos y temporalidades establecidas en la LEY PINA y ahora el Código Procesal Penal, estableciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional con los juzgados para lograr el cumplimiento

de los plazos legalmente establecidos y mejorar el tiempo de resolución de cada caso. Sin duda alguna la PNA-PGN debe mejorar los tiempos de atención e intervención, siendo ágil en el proceso de protección, lo cual debe ser un proceso paralelo de agilización de los casos en los juzgados. Actualmente un caso de violación a derechos se lleva entre 1 mes a 2 años, sobre todo cuando los niños y las niñas son institucionalizados; y en el caso de delitos se lleva entre 6 a 3 años para que se emita una condena.

17. Diseñar los protocolos o manuales de procedimientos, así

18. Agilizar el proceso de estudio y análisis de los casos de adopción que quedaron pendientes al momento de la vigencia de la Ley de Adopciones, para establecer irregularidades, 38corrupción y anomalías en los mismos, pero sobre todo asegurar la ubicación y protección de los niños y las niñas en proceso de adopción. Si en algún momento se encuentran evidencias de delitos cometidos en dichos procesos, proceder penalmente en contra de las personas que los cometieron y fueron parte de las adopciones irregulares. Para el efecto se hace necesario destinar un equipo de trabajo a tiempo completo que realice las investigaciones correspondientes. Auditoría Social a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación

16. Creación de manera conjunta con los juzgados y la SBA, los mecanismos, procedimientos y alternativas para evitar al máximo la institucionalización de los niños y las niñas para su protección, y para cuando no se pueda evitar la misma, que sea en condiciones dignas, humanas y de protección real e integral. Hay que definir con claridad y en alianza el programa de familias amplias o temporales, para la protección, evitando que estas puedan ser un foco para la realización de procesos irregulares de adopción o que se vuelvan a violar los derechos de la niñez.

como las alianzas específicas Para agilizar los procesos de repatriación de niñez y adolescencia víctima de trata o por migración, asegurando su protección y la restitución de su derecho a la familia en el corto plazo.

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ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones Informe de situación de la Adolescencia en Conflicto con Ley Penal en Centros de Privación de Libertad

Comisión de Auditoría Social del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud en Guatemala.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Presentación

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El Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud (MSDNAJ), es una coalición de más de noventa organizaciones sociales no gubernamentales. El MSDNAJ como instancia confederativa se ha posicionado en la dinámica social nacional como un referente y defensor de los temas de derechos de la niñez, adolescencia y juventud, que va desde impulsar la aprobación del Código de la Niñez y Juventud, posteriormente, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Además ha acompañado el proceso de transición de un Estado militarizado y represivo hacia un Estado democrático que sustente sus políticas en el respeto a los derechos humanos. Todas las organizaciones que integran el MSDNAJ trabajan a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud y en su conjunto han establecido una lucha histórica, ya que como organización de segundo nivel que aspira a generar incidencia en el tejido social, se ha propuesto impulsar un cambio en las condiciones para que, tanto el Estado guatemalteco como la sociedad misma, transformen sus visiones pasadas de considerar a la niñez, adolescencia y juventud como objetos, para entenderlos como sujetos y actores del cambio.

En la actualidad el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud por su naturaleza pretende velar por que el Estado, desarrolle las políticas que propicien mejores condiciones y medios de vida para este segmento poblacional y la sociedad en general, además de respaldar, desde su estructura, un seguimiento de la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás legislación a nivel nacional e internacional aplicable. Lo anterior se establece como un objetivo llevado a lo operativo por medio de varios ejes estratégicos y estructuras articuladas al interno de la organización del MSDNAJ, entre las que se encuentra la Comisión de Auditoría Social (CAS).

Es entonces el tema de la situación de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal el que la Comisión de Auditoría Social (CAS) priorizó para la realización de uno de los tres ejes de ejercicio de auditoría 2010, y fue acorde a la situación de violencia, impunidad, inseguridad y estigmatización que aqueja a este segmento poblacional. Esta problemática posee raíces estructurales que sin embargo, conforme se irá analizando en el presente documento, se ha tergiversado a tal punto que ha generado una serie de fenómenos sociales en detrimento de las condiciones de los adolescentes y jóvenes, por lo que se hace necesario desarrollar a fondo el tema. La responsabilidad del proceso de reinserción y resocialización de los adolescentes captados por el sistema penal especializado, tal y como lo contempla la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), recae institucionalmente sobre la Secretaria de Bienestar Social (SBS) y, desde el año 2006 específicamente corresponde a la subsecretaría de reinserción y resocialización. Esto a través de los y las funcionarias de la misma, que tienen a su cargo el implementar el marco legal,

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En esta línea, se ha propuesto jugar un papel vigilante y propositivo por medio de la “Auditoria Social”. La Comisión de Auditoría Social (CAS) responsable del presente trabajo está integrada por expertos en diferentes áreas y disciplinas, aportando institucional e individualmente al ejercicio de este derecho ciudadano que se ha aplicado desde el MSDNAJ a diferentes instituciones que conforman el Sistema de Protección Integral y otros ministerios, entre las que se encuentran la Comisión Nacional de Adopciones (CNA), Ministerio de Salud(MSPAS), Ministerio de Edu-

cación (MINEDUC), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría de Bienestar Social(SBS), entre otros.

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las políticas, programas y proyectos de protección integral. Por tanto, es la SBS la institución a auditar desde el MSDNAJ para el tema de adolescentes en conflicto con Ley Penal.

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El ejercicio de la auditoría y su producto específico, el presente informe, es un esfuerzo no únicamente del MSDNAJ, las organizaciones y personas que integraron la Comisión de Auditoría Social (CAS), sino de toda Sociedad Civil, defensores y defensoras de derechos humanos que en diferentes momentos se integraron y colaboraron con aquellas acciones de incidencia que en este año 2010 fueron requeridas acorde con la coyuntura. Lo anterior debido a que el tema de violencia, no únicamente contra la niñez y adolescencia sino que la sociedad en general está experimentando, es un tema prioritario a tomarse en cuenta en la agenda nacional sin caer en la formulación de postulados o políticas reactivasrepresivas y principalmente en el año electoral que se avecina.

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Introducción

El presente informe es el resultado del trabajo colectivo de las instituciones y personas que conformaron la Comisión de Auditoría Social 2010 del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud e instituciones aliadas y amigas, por lo que refleja amplitud de criterios, multiplicidad de enfoques, así como complementariedad y consensos en el abordaje, cuyo criterio unificador lo constituyen la protección de los derechos humanos y la verificación de la situación la que se encuentran los y las adolescentes principalmente de aquellos que han sido captados por el sistema de justicia penal juvenil, en contraste con la normativa existente.

En función de que el presente informe pueda servir como referente en a otros procesos e iniciativas en el tema, el documento presenta un apartado que recopila a nivel general el marco jurídico y los aspectos normativos actualizados, tanto a nivel de resumen de contenidos como de

Luego la CAS presenta en su informe un análisis muy puntual en torno ala situación que vive el sector de adolescencia y juventud, guiado por el discurso y teorización que se ha geerado desde el Estado, la Sociedad Civil y las organizaciones internacionales en diferentes foros, mesas de diálogo, debates y otras modalidades de aproximación teórica, debido a la importancia del tema. Lo anterior como respuesta a la exigencia ciudadana y mediática alrededor de las carencias en las garantías de seguridad ciudadana y la percepción de acrecentamiento de la violencia. Dicha violencia ha sido adjudicada al sector adolescencia y juventud, las maras y pandillas, los adolescentes y niños sicarios, dueñas y dueños de las nota rojas y presentes en el imaginario colectivo, temas que requieren en el preámbulo a un año electoral que se formulen planteamientos serios en cuanto al abordaje de la problemática, en conocimiento

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Por tanto el primer apartado de carácter explicativo de la metodología utilizada expone el proceso que conllevó la realización de un ejercicio de Auditoría social, con la metodología propia del MSDNAJ pero del cual puede servir de referente para otros procesos que posteriormente se generen desde la Sociedad Civil Organizada.

citas textuales de artículos específicos, en lo referente a justicia penal de adolescentes. Aunque existe amplitud de documentos que pueden referenciar de mejor manera a nivel jurídico, este apartado puede ser una breve inducción a nivel concreto para el lector cuya disciplina no es la de las leyes, pero que cuenta con el interés de aproximarse a lo que es lo verificable en materia de la adolescencia privada de libertad.

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de causas estructurales y no únicamente a través de medidas reactivas y coyunturales que estigmatizan a la niñez, adolescencia y juventud.

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Posteriormente se busca hacer, ya en conocimiento de causas, un diagnóstico sobre la situación de los y las adolescentes que se encuentran a cargo de la Secretaría de Bienestar Social en los Centros de Privación de Libertad. Cabe resaltar que el trabajo de auditoría no pudo ser concretado en su etapa de estudio de campo en los Centros, debido a la postura institucional de negarse a la verificación que presentó la SBS durante todo el 2010.

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En concordancia con lo anterior y en búsqueda de aportar en el tema, el informe buscó particularmente un enfoque sistémico de la problemática, es decir, articulado a la situación afuera de los Centros y en otras instituciones que conforman el sistema Penal Juvenil. Esto como aporte a trabajos investigativos que ya elaborados de diagnóstico dentro de los Centros en temas específicos de insuficiencias, debilidades y denuncias concretas, que se citan como complementarios al presente informe en concordancia con la priorización de fuentes secundarias y expertos ante el incidente ya citado. La organización del apartado antes descrito se establece en tres líneas

concretas, visualizados desde la CAS como avances en el tema, retrocesos o estancamientos en las condiciones. Por último un esfuerzo de recomendaciones, que pretende encontrar apoyo para poder hacerse operativo y ejecutivo, para el impulso concreto de cambios al interno de la Subsecretaría de Reinserción y resocialización. Por último se incluyen los anexos, dentro de los que figuran la matriz de indicadores y los instrumentos construidos para las visitas a los Centros, cuadros esquemas e información gráfica que referencian adicionalmente a las citas bibliográficas. A manera de agradecimiento y felicitación, se dedica el presente informe a todos y todas que aportaron en diferentes momentos a la realización del mismo, y a todas aquellas instituciones, defensoras y defensores de derechos humanos que realizan su trabajo con la idea de generar cambios para la niñez, adolescencia y juventud del país.

Justificación

La máxima instrumentalización a nivel internacional, la Convención de los Derechos del niño, compuesto por 54 artículos, sienta un preceden-

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La Comisión de Auditoría Social del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud ocupados por los altos niveles de violencia e impunidad que aquejan al tejido social y sobre todo a los segmentos poblacionales más vulnerables entre los que encontramos a la niñez y adolescencia, se ha planteado acompañar desde la sociedad civil un cambio en las percepciones al respecto de la violencia juvenil. A través del presente apartado se busca evidenciar el hecho que existe una amplia obligatoriedad para el Estado en el tema de las garantías a los derechos inherentes de las personas, y el específico para los menores de edad no es la excepción, aun y cuando su condición sea de conflictividad con la ley penal. Estos derechos están garantizados constitucionalmente y regulados internacionalmente como se evidenció en el anterior apartado. En lo que respecta al tema de derechos de la niñez y adolescencia es prioritario que se difunda y se aplique lo que establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ya que el tema de la violencia juvenil ha sido abordado en desconocimiento de los orígenes del fenómeno pero sobre todo de la ineficaz aplicación de la normativa existente.

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te en el tema de derechos humanos y genera la transición hacia el paradigma de la doctrina de protección integral y, por consiguiente, los principios rectores que servirán de guía para normar el Interés superior del adolescente y su Derecho de opinión. Dicho instrumento se presenta jerárquicamente como de las más altas regulaciones en el instrumental normativo internacional en la materia, siendo vinculante para el Estado de Guatemala desde su entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República. Este Instrumento fue aprobado en Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

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La solución al tema de la violencia atribuida al sector juvenil va más allá de la toma de medidas reactivas y represivas, que alimentan el discurso político de “ley y orden” o de “mano dura” puesto que muchos de los fenómenos poseen raíces estructurales que ameritan soluciones integrales y que posteriormente se analizará, respaldado con amplia convicción por la experiencia en el tema que la Comisión de Auditoría Social del MSDNAJ posee. En lo que respecta a la auditoria social como derecho y como ejercicio que desde el MSDNAJ se ha venido generando, conjuntamente con las instituciones miembros, aliadas y

amigas, está garantizada en la Constitución Política de la República, en la Ley General de Descentralización, en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural así como en el Código Municipal. En estos encontramos bases legales para el ejercicio de la misma para lo que se cita específicamente el artículo 30 de la Constitución política así:...“Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar...” En adición a lo anterior la Comisión de Auditoría Social (CAS) del MSDNAJ hizo efectivo un derecho instituido en la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga en su carácter de sujeto a La Secretaría de Bienestar Social, a presentar su información pública de oficio, como lo establece el artículo 10 del Decreto 57-20081 Por otra parte, contextualizando al lector en las regulaciones nacionales en el tema que nos ocupa y como preámbulo al análisis de los contenidos normativos, es válido hacer una breve cita de antecedentes. El enfoque de la doctrina de situación irregular que otorgaba una condición de “objeto de protección” a la niñez y adolescencia, legislado internamente

1 Artículo 10. Información Pública de Oficio. Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:

con el Código de Menores, comienza su reforma hacia un cambio de paradigma con la aprobación y ratificación del Estado Guatemalteco de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Esta última entra en vigor el 2 de septiembre 1990 conforme al artículo 49 de la Constitución Política de la República. Se inicia así un proceso de cambio de paradigma hacia a la doctrina de protección integral reconociendo a la niñez y adolescencia la condición de sujetos de derechos, además que dicho instrumento propone como principios rectores-guía el principio de “Interés Superior del Niño” y el “Derecho de Opinión”. Esto obliga al Estado guatemalteco a la adecuación de la legislación específica en la materia, instaurando en el derecho interno con la aprobación y posterior entrada en vigencia de a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en Julio del 2003.

Resumen Ejecutivo

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La adolescencia es una época del desarrollo humano caracterizada por el cambio, la energía y la formación hacia la vida adulta. Según lo define la Organización de Naciones Unidas, la adolescencia etariamente se ubica en el rango de los 10 a los 18 años de edad y acorde a lo que establece el artículo 133 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, son aquellas personas comprendidas entre los 13 y los 18 años de edad. Un aspecto preponderante que impulsa a la realización del presente informe es el hecho que se ha identificado que la inversión en este sector poblacional representa acelerar la lucha contra la desigualdad social, la exclusión y la pobreza, a través de la ruptura del ciclo intergeneracional. Lo anterior está relacionado con que la transformación en los y las adolescentes crea una generación sucesiva de niños y niñas que puede prosperar en el corto y mediano plazo, logrando incidencia directa en la reducción de la mortalidad infantil, aumento en condiciones de salud reproductiva, empoderamiento de los roles ciudadanos, mejoras en seguridad alimentaria y nutrición, y entre otros, el abordaje integral a temas de seguridad. Es en los temas relativos a la adolescencia y seguridad, justicia transicional y la violencia, en los que se hace hincapié. La importancia de la adolescencia en Guatemala va más allá del discur-

so del “cambio generacional”, ya que si se dimensiona que de la población para el año 2010,que se estima en 14, 361,666 habitantes, es en un 43.9 por ciento personas menores de 15 años y con una cantidad de adolescentes de 14 a 18 años en el 2010 que es de 1.6millones, y que para el 2011será de 1.7millones, se podrá entender la necesidad de contar con estrategias, políticas, programas, planes que coadyuven a la integración del sector en el medio económico, social, cultural y político del contexto actual, en el presente y no únicamente como estrategia a futuro. Entonces una política estratégica de Estado debe contar con ejes operativos en lo concerniente a impulsar el desarrollo en sector, desempeñándose así como el principal actor en la protección, educación, la búsqueda de espacios y satisfactores para los y las adolescentes. Contrariamente se ha generado una dinámica totalmente opuesta a este planteamiento, en el que se ha reproducido la exclusión social de la adolescencia, por la ascendiente criminalización y estigmatización que hace ver a la juventud como una amenaza “violenta y peligrosa”, nutrida en gran parte por las instituciones estatales, dentro de un círculo vicioso que ha alcanzado al imaginario colectivo y a las instituciones sociales más allá de las estatales. Sin embargo, en Guatemala la violencia ha sido utilizada histórica-

mente como un medio para defender ideas e intereses de los grupos de poder y como mecanismo para resolver conflictos, por lo que el reciente repunte de casos está relacionado a problemas estructurales como sociedad y que particularmente se visibiliza en los grupos más vulnerables de la población entre los que se encuentra la niñez y la adolescencia.

La demanda de acciones para garantizar la seguridad ciudadana ha impulsado una serie de medidas reactivas, de corte represivo y “Manodurista”, que incluso han llegado al Organismo Legislativo en forma de iniciativas de ley, y en temas como la reducción de la edad penal de adolescentes, leyes antimaras, jueces sin rostro, restitución de la pena de muerte, etc. Estos temas en ausencia de análisis de causas y combate a las problemáticas estructurales que dan origen al fenómeno, ha generado la presente situación de criminalización, tanto de jóvenes como de adolescentes, reproduciendo el ciclo de la violencia. La situación antes descrita demanda de la Sociedad Civil un empoderamiento del problema para generar el debate que lleve a la consecución de un abordaje óptimo del tema, lo que generó que el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud como referente

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

El tema de violencia e inseguridad ciudadana es percibido socialmente como el principal problema a afrontar desde el Estado, principalmente en el contexto urbano, por lo que las demandas desde el colectivo se han gestado desde un contexto particular de “terror social”, como consecuencia de la escalada en los actos violentos y hechos delictivos. Estadísticamente el año 2009 aparece como el más violento en la historia reciente, ya que murieron de forma violenta 6,498 personas, de las cuales 2,368 eran menores de 25 años (36.44%), entre los cuales aparecen unos 526 niños y adolescentes. En promedio murieron de forma violenta 18 personas cada día en el 2009, en su mayoría crímenes perpetrados con armas de fuego (83%).Los indicadores de violencia contra los menores ya en el 2010, indican que murieron 420 menores víctimas de la violencia solo en el período que va de enero al 24 de octubre del 2010. Además según estadísticas de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y el Instituto Nacio-

nal de Ciencias Forenses en 2010, entre el 1 de enero y 25 de diciembre 2010, se registraron 6.502 homicidios y ocurrieron 33 mil 414 hechos delictivos en todo el país, y que si bien hubo una ligera disminución en el número de muertes, los actos fueron perpetrados con más crueldad, ocasionando mayor impacto psicológico, difundiendo en alta medida el terror en el tejido social.

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histórico en los temas, desde sus capacidades y objetivos de incidencia, aborde el presente tema desde la estructura de la Comisión de Auditoría Social (CAS).

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La aplicación de una metodología de auditoría social periódicamente aplicada, probada y efectuada desde el MSDNAJ y su CAS, fue entonces la iniciativa tomada ante la demanda y preocupación que genera la problemática. Fue así como durante infinidad de procesos, diálogos, argumentaciones y construcción de estrategias se reformó la metodología para el estudio específico de la situación de la adolescencia en los Centros de Privación de Libertad, así como del entorno antes descrito que conlleva el análisis del tema.

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El estudio profundo del problema, así como la amplia experiencia de las organizaciones en diferentes campos y el carácter multidisciplinario de la CAS del MSDNAJ conducen al entendimiento de la exclusión social de la adolescencia y juventud como la raíz más profunda del problema, más allá de lo normalizado, y permitido que es el uso de la violencia como vía de resolución de conflictos en diferentes ámbitos de las sociedad guatemalteca. Entre algunos de los fenómenos abordados desde la Sociedad Civil y la CAS 2010, que reproducen en

fenómeno de la exclusión social y la reproducción de la violencia, se identificaron los altos índices de violencia intrafamiliar, la violencia en las escuelas y la recurrencia del fenómeno de deserción escolar, el fácil acceso a alcohol y drogas, los bajos índices de escolaridad, los escasos espacios de participación juvenil, el desempleo y el subempleo juvenil, la migración en condiciones precarias y, las recientemente dueñas de la “nota roja” en los medios sensacionalistas, las “maras” y pandillas. Lo anterior además de otros fenómenos estructurales que están relacionados con los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que obviaron las obligaciones internacionales en materia de garantía de los derechos humanos, y que dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia. Identificada la preeminencia que tiene la exclusión social en el desarrollo de un adolescente y que lo condiciona a ser parte del ciclo de reproducción de la violencia, criminalidad y a la probabilidad de ser captados por el Sistema de Justicia Penal Juvenil, se busca investigar la efectividad en la aplicación de la normativa existente de justicia especializada, así como su fin resocializador y de respeto a los derechos humanos. En este punto la Comisión de Auditoría Social (CAS) se encuentra con la negativa para la realización del estudio y ve-

rificación de campo, la negativa de ingreso al interno de los Centros de Privación de Libertad y el contacto con los y las adolescentes. Es así como se identifica y se señala el primer retroceso acorde a la postura manifestada y a la regresión en el tema de apertura institucional de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización y a la propia Secretaría de Bienestar Social, que si bien en algún momento estuvieron anuentes al diálogo, terminaron por proceder a través de tácticas retardatorias y negativas argumentadas en supuestas ilegalidades infundadas, que concluyeron por cerrar las puertas a la CAS, más allá de ser una práctica reiterada durante todo el 2010 para las organizaciones tanto de sociedad Civil como aquellas que poseen mandatos internacionales de verificación de Derechos Humanos.

Es así como la CAS enfatiza su análisis en el ciclo reproductor de la violencia y la criminalización de adolescentes, ciclo que involucra a diversidad de actores alrededor de la aplicación de la justicia penal de adolescentes. La descripción del ciclo comienza con la exclusión y la falta de satisfactores para el desarrollo de la niñez y adolescencia, que condicionan vulnerabilidades específicas como se mencionó con anterioridad. Al ser captado un o una adolescente por el Sistema de Justicia Penal Juvenil inicia un proceso de “re-victimización” y a ser obviado/a en sus derechos por las falencias de cada uno de los actores involucrados. Estos actores, estatales principalmente, poseen roles circunscritos a la restitución de derechos vedados, reinserción en familia, en comunidad y en el tejido social. Sin embargo, como se ha señalado con anterioridad por otras estudios realizados desde la sociedad civil y como puede comprobarse a través de la praxis del sistema, no cumplen a cabalidad con dichos roles.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Es de sobremanera preocupante para la CAS la constatación de la problemática en la apertura institucional, ya identificada de antemano por otras instituciones del Sistema de Protección Integral, problemática que está ceñida a la ineficacia en las relaciones verticales y horizontales de la Secretaria de Bienestar Social. Al ser esta institución la única responsable de la aplicación de medidas justicia especializada, y de la reinserción y resocialización de adolescentes, produce que la investigación se fo-

calice por medio de otras fuentes, al cambio en la metodología hacia un estudio sistémico documental y a la búsqueda de evidenciar la situación a que son sometidos los adolescentes a través de la opinión de expertos que componen la CAS.

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Ciclo de reproducción de la violencia contra la adolescencia

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Una vez entrado en el ciclo reproductor de la violencia, el o la adolescente pasa a ser parte de las estadísticas de afectación por la ineficacia en la investigación. Los procesos violan, entre otros, los principios específicos de “celeridad” y “presunción de inocencia” con la que cuentan los

menores de edad. Los niveles de rezago en los procesos pertinentes encuentran en buena medida su base en la ineficacia del Ministerio Público para hacer investigación criminal. Para ilustrar la anterior afirmación, se puede acudir a una estadística precisa: la fiscalía del Ministerio Pú-

blico únicamente ha logrado acusar en el año 2009, 175 de la totalidad de 1,586 casos ingresados (11%) y 1 de cada 4 son absueltos lo que da una muestra del grave problema con que se cuenta en esta primera fase del ciclo. La demanda de medidas de seguridad guiada por las “notas rojas” de los medios de comunicación y otros fenómenos del tejido social que exacerban la percepción del colectivo al respecto, determinan que los adolescentes sean llevados ante los ejecutores de justicia especializada en el ramo de adolescentes en conflicto con Ley Penal, sin tomar en cuenta la constatación y veracidad de los hechos que se le inculpan a una o un menor.

A pesar de lo establecido en la misma Ley PINA y en la mayoría de instrumentos internacionales que regulan la materia, la privación de libertad provisional se dictamina a los adolescentes con más frecuencia que cualquier otra medida (el 31% de los casos para el 2009), en contra del criterio de “Ultima Ratio” para esta medida. Ya en los Centros de Privación de Libertad a cargo de la Subsecretaria de Reinserción y Resocialización de adolescentes genera un problema en crecimiento por la carencia de capacidades para hacer frente a esta situación. A Octubre del 2010, se encontraban en los Centros un total de 582 adolescentes de los cuales 402, que representan el 69%, estaban en espera de que el juez dictaminara una medida o en estatus de “Provisional”. El 31% restante, los 180 adolescentes, ya han sido dictaminados con privación de libertad como medida, también problemático con el necesario análisis, ya que la privación a régimen cerrado sigue de las más aplicadas en contra del criterio de “última ratio”, a pesar que el 66%, 2 de cada 3 adolescentes, del total de casos del 2009, eran por delitos imputados de robo o extorción. Ya en los Centros, existe un recurren-

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Los juzgados especializados carecen de las capacidades necesarias para afrontar esta creciente demanda de aplicación de las leyes, que van desde el reducido número de jueces (17 jueces para todo el país, un único juez de ejecución, menos de 0.15 y 0.01 por cada 100,000 habitantes) tanto para dictaminar con celeridad, proporcionalidad y certeza. A esto se suman otras atribuciones y mandatos, todos los controles y seguimientos, que se establecen en la misma Ley PINA en cuanto a los procesos de aplicación de la justicia especializada. Lo anterior condiciona un detrimento en el eficaz y eficiente cum-

plimiento de roles por parte de estas instancias del Organismo Judicial.

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te proceso de obviar los derechos de los y las adolescentes que estipulan en los marcos normativos. Por ejemplo, el único criterio que se respeta en el tema de separación de adolescentes en Centros especializados es el de género. De ahí en más, el criterio de separación por condición jurídica es altamente violentado, al igual que el de edad, ya que como los mismos funcionarios de los Centros y de las Secretaría expresan, el criterio que se prioriza es el de la separación por mara o pandilla (Aunque este no esté regulado). En este punto es una denuncia concreta de la CAS el hecho de que este tipo de dinámicas está generando un fortalecimiento de las relaciones entre este tipo de agrupaciones e incluso, se ha ido produciendo una dinámica a manera de fortalecer las “Escuelas del Crimen”. Lo anterior, puede afirmarse ya que si un/una adolescente ingresan por el tema de una falta como lo puede ser el robo o hurto, al estar en contacto con las “Reglas del juego” dentro de los Centros, lejos de producir un efecto resocializador se ven obligados a seguir dichas reglas para sobrevivir, lo que genera un ciclo del cual es muy complicado salir. Respecto a dichas “Reglas del Juego” puede entenderse a través del discurso que manejan en su gran mayoría los funcionarios de la Subsecretaría de reinserción y resocialización, en el que priorizan el “Con-

trol” como palabra clave, que existen una serie de “códigos invisibles”, que permiten tener ese “control” y priorización de la seguridad. Es importante hacer la diferencia entre una institución que funciona regida por la ley, de aquella donde las reglas del juego, lo convencional y su lógica dominan la relación subjetiva entre los actores involucrados. Acá es donde emergen indicios, una pauta de relación, alejada de la ley, sin valor universal, sin valor analógico dado que lo que se aprende allí no sirve para aplicar en otras instituciones de lo social. Entonces el fin resocializador se va relegando cada vez más a segundo plano en la psiquis de los y las adolescentes. Además se detectaron, a partir del análisis de la documentación entregada por la SBS, una serie de anomalías e insuficiencias en cuanto al cumplimiento de una serie de criterios establecidos en la instrumentación legal que rige este tema. La densidad poblacional relacionada con el hacinamiento, la falta de condiciones que van desde la propia infraestructura de los Centros, carencia en los “Programas” socio-educativos que se realizan, que no son más que actividades sin una real articulación y trascendencia estratégica, carencia en la cantidad e idoneidad del personal de la sub secretaría, insuficiencia en los servicios que se prestan a los y las adolescentes para los te-

mas de salud física y mental, alimentación, acceso a asistencia jurídica y de ajuste a lo multicultural, contacto con familiares, etc. Lo anterior, entre otros temas varios que van en detrimento de las condiciones y que son violatorios a los derechos de los menores, incluso al punto de poder afirmar sobre la existencia de tortura y malos tratos relacionados con las carencias antes expuestas.

A partir de lo anterior se hacen diez recomendaciones puntuales, únicamente como punto de partida para generar procesos, ya que se han detectado una serie de carencias que incluso están determinadas por otros grandes actores y falencias del Estado.

Diez recomendaciones concretas 1. Generar la apertura institucional a través del nombramiento de un equipo de la SBS que trabaje multidisciplinariamente en el acercamiento intersectorial2 con una visión gestora de insumos y recursos, tanto financieros, humanos como técnicos, que permita la construcción participativa de planes integrales para la restructuración de la Subsecretaría y sobre todo para ampliar capacidades incluso a lo financiero. Una vez se cuente con el acercamiento se recomienda lo siguiente: 2. La realización de una consultoría

Acá se empata con la recomendación hecha por el comité de la Convención en su párrafo 18 en el que (…) en la que recuerda a los Estados partes que “la aplicación efectiva de la Convención exige una coordinación intersectorial visible para reconocer y realizar los derechos del niño en toda la administración pública, entre los diferentes niveles de la administración y entre la administración y la sociedad civil, incluidos especialmente los propios niños y jóvenes”. También el párrafo 33 “El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su colaboración con las ONG, incluidas las organizaciones indígenas, con el fin de mejorar la aplicación de la Convención en los planos nacional y local y en las zonas urbanas, rurales e indígenas.

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Es de mencionar que existe una iniciativa que apunta a crear un proceso de reestructuración dentro de la Secretaría de Bienestar Social evidenciado en esfuerzos puntuales, concretamente en la administración de la Licda. Palomo, y que por ejemplo van en la línea de identificar la problemática de contratación del personal, generar insumos teóricos como lo son los “Manuales de funcionamiento y operaciones de los Centros y medidas Socioeducativas” y la construcción de un POA, generar acercamientos con el MINEDUC, INTECAP, FEGER, Instituto América Latina, la detección de problemas relacionados con la corrupción en el funcionamiento de los Centros, etc. Sin embargo aunque son iniciativas muy loables y remarcables aun la CAS no consideran que han generado el salto cualitativo para ser consi-

derados sustanciales en función de las necesidades insatisfechas y de los Derechos incumplidos de los y las adolescentes. Además contrasta con la poca apertura institucional, tema que ya ha sido abordado con anterioridad.

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independiente que genere una base de datos precisa y los insumos técnicos para conocer las necesidades específicas de la SBS y para responder a las demandas, además de los vínculos estrechos con otras dependencias. El anterior diagnóstico debe visualizar el iniciar procesos formales de interrelación en los planes estratégicos de abordaje a la problemática conjunta entre instituciones como la SBS, el OJ, el MP, entre otros3 Los datos más relevantes que esta consultoría debe informar son: • Adolescentes captados por el sistema penal de adolescentes anualmente (en todas las diferentes modalidades de medidas dictaminadas, absolutorias, etc.)

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• Adolescentes captados por el sistema, tendencias de crecimiento en cantidad acorde al estudio de los últimos años (Proyección para la construcción de planes a corto y mediano plazo).

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• Capacidades “reales” de atención. Cantidad actual de personal en cada una de las distintas áreas de la Subsecretaría, desde el Subsecretario pasando por el personal administrativo, multidisciplinario y operativo de los Centros. Cantidad de material didáctico, capacidades de la infraestructura, capacidades exis-

tentes en la alimentación, insumos, higiene, medicamentos, inventarios, costos de operación diario, semanal, mensual, anual, etc., etc. etc. • Diagnosticar sobre el tema de las necesidades primordiales no cubiertas para el funcionamiento. Por ejemplo, las capacidades por implementar desde el tema infraestructura, personal necesario para el cumplimiento de los reglamentos de cada uno de los Centros, Ley PINA e instrumentos internacionales, instauración de programas de capacitación y diagnóstico del personal, servicios de atención a adolecentes aun no cubiertos, etc. etc. etc. • Toda vez ya hayan sido diagnosticadas las capacidades instaladas con que cuenta la Subsecretaría y los Centros se debe hacer la sensata relación con las necesidades primordiales insatisfechas. Para esto se debe utilizar la metodología técnica que la consultoría determine apropiada, comenzado a determinar los costos y las necesidades específicas y desglosadas desde lo financiero, pasando por lo humano y lo técnico, para alcanzar un estándar. • También es necesario que la consultoría determine variables e indicadores que, hasta donde sea posible y necesario, permita una medición en los niveles de interacción con otras entidades del Estado como el OJ y el MP por ejemplo, para de-

3Tal y como lo recomienda el Comité de derechos del niño en sus recomendaciones al Estado que recabe asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otros.

terminar problemas en el funcionamiento al interno de los Centros que dependan de estas instituciones. La consultoría también debe ser participativa en cuanto al asesoramiento en el tema de reforma del POA, con el fin de hacerlo medible y que permita garantizar el uso transparente de recursos financieros dando garantías a posibles donantes interesados en el tema. • Al contar con una herramienta de medición y aproximación a las dimensiones de la problemática social que la SBS debe afrontar, puede justificar solicitudes ante cualquier cooperación, financista apoyo técnico, etc. tanto del mismo Estado4 como de otra índole. Una vez han determinado algunas otras fuentes de recursos técnicos, humanos, y financieros

4. Continuar con la labor de cons-

5. Permanecer con los esfuerzos de cambios en torno al tema de búsqueda de implementar una política salarial. Debe ampliarse a la creación de una carrera administrativa dentro de la SBS que permita a los funcionarios y funcionarias más allá de un salario digno, generar una estabilidad y el aprovechamiento de la experiencia generada a través de programas y actividades de capacitación y/o concienciación adecuadas y sistemáticas para los grupos profesionales que se ocupan de los niños, ampliando lo a los jueces, los abogados, los agentes del orden, los maestros, los directores de escuela y el

4Poder influir acorde a las políticas de seguridad ciudadana en el ejecutivo para que se garantice el Presupuesto general de la República los recursos necesarios para implementar reformas.

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3. Que el equipo multidisciplinario de acercamiento intersectorial nombrado por la SBS fortalezca la participación en las Mesas ya existentes de diálogo con OJ y MP, ampliando a otros actores del sistema de protección Integral, generando resultados medibles en el corto y mediano plazo para evaluar el desempeño de la SBS en el plano de la apertura institucional y búsqueda interinstitucional de soluciones a la problemática actual.

truir iniciativas en los temas de educación, salud, recreación, alimentación, formación, tal y como lo ha venido desarrollando la Subsecretaría y la SBS, pero articulados a la construcción de verdaderos “Programas” que trasciendan la temporalidad, siendo sostenibles, que se instituyan acorde a resultados medibles en el tema de reinserción y resocialización de los y las adolescentes, más allá de aquellos esfuerzos aislados que pueden constituirse en una fuga de recursos si no se sistematiza, con sostenibilidad y se instituyen en un alcance más allá de la práctica coyuntural.

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personal sanitario. 6. Una reforma al POA en cuanto a la fácil medición de avances y estancamientos en determinadas áreas5, desglosándolo en tiempos más fácilmente evaluables al corto y mediano plazo, integrado con las funciones de cada uno de los funcionarios según sus responsabilidades, capacidades y funciones. Además debe integrarse a una base de datos que garantice la transparencia en el uso de los recursos.

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8. Empezar a generar cambios, una vez que se tiene el control de los Centros en el tema de seguridad, para el respeto efectivo de los diferentes reglamentos existentes para cada uno de los 4 Centros. Esto acorde a reglas claras y uniformes, así como un sistema de denuncias, señalamientos y quejas al alcance de los adolescentes para poder de5 Hacerlo medible y verificable.

nunciar a cualquier funcionario o recluso que infrinja la reglamentación instituida, con monitoreo desde una nueva apertura generada desde la Subsecretaría hacia la Sociedad Civil, organizaciones internacionales, los representantes de las instancias que representen al mecanismo de prevención de la tortura y hacia los medios de comunicación. 9. Concentrar esfuerzos en descentralizar los servicios de la reinserción y resocialización de adolescentes extendiéndolos a otras áreas geográficas y adecuarlos a la pertenencia cultural. Para lo cual se puede contar con alianzas estratégicas con organizaciones que tengan conocimiento de la justicia especializada o a través de fondos estatales para hacerse con los servicios de personal con manejo de pertenecía lingüística y de cosmovisión propia dependiendo del lugar y cultura. 10- Una vez se cuente con mayor cantidad y calidad de recursos emprender los cambios en todos los asuntos concretos de cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, como la reorientación de los recursos actualmente asignados a seguridad en temas de generación de satisfactores físicos y

psicológicos, la construcción o adecuación de Centros con instalaciones apropiadas para la educación, instalaciones deportivas y de actividades lúdicas y culturales, construcción de instalaciones para actividades laborales y de talleres para oficios, espacios para la separación de condición procesal, sexo, edad, régimen, etc., impulsar procesos hacia a las comunidades y el sector productivo, las familias, profesionalización del personal en contacto con los adolescentes entre otros temas anteriormente abordados por la CAS y ya señalados en diagnósticos previos, como el de Carlos Emilio López Hurtado (López 2009).

5 Metodología utilizada para ejercicio de Auditoria Social y el presente Informe 5.1 Consideraciones previas

Lo anterior tiene que ver de manera específica con las condiciones de cumplimiento, que según este y otros informes en el tema, distan en gran medida de lo que los marcos normativos especializados establecen, pero también, con la inseguridad y violencia que vive el país. Este fenómeno que afecta a los segmentos más vulnerables como la niñez y adolescencia1, pero que al mismo tiempo ha sido instituido en el imaginario social como un tema de violencia juvenil, generando adicionalmente un fenómeno de estigmatización que amplía triplemente la vulnerabilidad a ser víctima, no solo por el crimen organizado que está utilizando a la niñez, la propia sociedad que excluye y discrimina basada en criterios ambiguos, sino de un sistema judicial y penal que se presta a esa tergiversación sin cumplir a cabalidad con su rol resocializador. Es relevante citar que la metodología utilizada desde hace varios procesos en el MSDNAJ para el año 2010 quedó inconclusa en su aplicación debido a la negativa presentada por

6En los últimos años se han incrementado las actividades del crimen organizado, con vínculos muy fuertes

dentro de las instituciones del Estado; se han intensificado los ataques a pilotos y usuarios del transporte público; las extorciones contra comerciantes; el tráfico de armas y drogas; los asesinatos de mujeres; la violencia intrafamiliar y el abuso sexual; también se ha incrementado los linchamientos, las ejecuciones extrajudiciales y se observan prácticas de “limpieza social” contra grupos sociales marginalizados.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

La necesidad de proteger y promoverlos derechos humanos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal fue generado por el contraste visibilizado entre el plano idóneo de conformidad a la normativa existente en el tema y las referencias analizadas en informes anteriores, así como la experiencia de campo de los integrantes de esta comisión sobre la situación en los Centros de

Privación de Libertad. Esto evidenció la relevancia de realizar la presente auditoría social como uno de los 3 ejercicios que desde el MSDENAJ se propusieron para el segundo semestre del 2010.

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la Secretaría de Bienestar Social a realizar los trabajos de campo dentro de las instalaciones específicas y en contacto con la población meta. Esta postura evidencia una resistencia institucional y de los funcionarios de la SBS a que exista una verificación de las condiciones2, tanto en el tema de los adolescentes en los Centros de privación de libertad como los niños institucionalizados en el recientemente inaugurado “Hogar Solidario7

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Además ha de resaltarse que el acercamiento desde la CAS y las autoridades del MSDNAJ hacia la Secretaría de Bienestar Social fueron en una línea generar sinergias y diálogo. En todo momento se expuso, en las reuniones que pudieron consensuarse con autoridades de la SBS, que las coordinaciones interinstitucionales tanto entre instancias de gobierno como de Sociedad Civil eran de relevancia para la consecución de objetivos, así como la postura propositiva y de acompañamiento que desde el MSDNAJ se ha venido trabajando con otras instancias. También se explicó a los funcionarios con los que se compartió mesa en reuniones, que los señalamientos que

oportunamente pudieran hacerse se encaminarían para la implementación sobre aspectos que mejoren las condiciones de la población meta, en el caso que acá compete, los adolescentes en los Centros. En adición se plantea en el informe, tal y como se dialogó continuamente en las reuniones de la CAS, que la aproximación a un diagnóstico integral y sistemático complementariamente implicaría el análisis exhaustivo del proceso en su conjunto, esto quiere decir, desde el momento de la captura del adolescente, el pasaje por el sistema judicial así como la situación de privación de libertad. Esto en su momento se planteará como un seguimiento o recomendaciones de continuidad del proceso que desde la sociedad civil o instituciones afines al tema se trabaje, sobre el entendido de que el presente trabajo abarca solo una parcialidad de las condiciones a las que se somete a los adolescentes a quienes se les acusa de transgredir la ley penal.

5.2 Actividades acorde a la metodología Ante la necesidad de optimizar los recursos con los que cuenta el MSDNAJ8 y generar un acercamiento de

7Durante todo el año 2010 fue una práctica sostenida el vedar o dificultar el ingreso, comprobable en diferentes momentos y con diferentes instancias, tanto a instituciones Sociedad Civil como a organizaciones internacionales establecidas en el país y que trabajan en la verificación de los Derechos humanos. 8

Entre los recursos que otorga una connotación de valor agregado al trabajo realizado desde el MSDNAJ, es la complementariedad que las más de 90 organizaciones le otorgan en los diferentes temas y de conformidad al trabajo experto de cada una de ellas, en adición a aquellas organizaciones aliadas y amigas que visualizan al Movimiento como un referente histórico en temas de niñez, adolescencia y juventud.

modo recuente y sistemático a la población en riesgo de ser vulnerada en sus derechos, así como a las autoridades encargadas de vigilar a los mismos, se integró una Comisión de Auditoría Social para el tema específico y se seleccionó para el análisis, a la población adolescente que se encuentra recluida en Centros de privación de libertad, la Secretaría de Bienestar Social y a su Subsecretaría específica respectivamente. Lo anterior acorde con la bibliografía internacional y la experiencia específica que demuestran que el mayor nivel de vulnerabilidad de un sujeto es el que se genera en un centro de reclusión.

9Como parte de la metodología, en conocimiento

Dentro del proceso de investigación documental se recopilan los instrumentos normativos nacionales e internacionales, y los artículos específicos en materia de justicia penal para adolescentes con enfoque de derechos para el capítulo específico del informe9, además del acercamiento con estadísticas para dimensionar la problemática a abordar. El MSDNAJ como organización de segundo nivel cuyo objetivo es impulsar la incidencia establece dentro de la metodología de su Comisión de auditoría social la intervención en temas complementarios (Foros, conferencias, comunicados, etc.) para reincidir en la opinión pública, en las organizaciones defensoras de derechos humanos y en sus colaboradores. Posteriormente en aprovechamiento de las instancias, expertices y trabajo articulado que fortalecen la estructura del MSDNAJ y su CAS se realizan las convocatorias hacia las organizaciones e instituciones miembros, cercanas y amigas que finaliza con la realización de 3“Talleres de capacitación en el tema de la Auditoría Social y estrategias para su

de las dificultades que presenta la realización de trabajos que impliquen la verificación del rol del Estado, para la CAS resulta importante el propiciar la continuidad del presente proceso y resulta oportuno incluir un apartado a manera de guía de ¿Qué normativa se debe verificar? Por tanto se citan los instrumentos, las bibliografías y se incluyen artículos puntuales extraídos de la Ley PINA en el tema de adolescentes en conflicto con Ley Penal y Privados de Libertad.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Previo a la definición del proceso antes mencionado se hizo una revisión temática, para poder concretar una propuesta y dar continuidad a los procesos y ejercicio de Auditoría Social 2009. Una vez determinado el tema de la propuesta, se estableció el Plan de trabajo quela inicia con la recolección documental además de los acercamientos con expertos en el tema de justicia penal de adolescentes. Es en este punto en el que se establecen las primeras sinergias con Instituto de Ciencias Penales Comparadas de Guatemala (ICCPG) logrando recabar información de suma importancia, sistematizando la experiencia de campo de expertos y a través de documentos que servirán

de guía para el posterior trabajo de campo.

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realización10”.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

El interés en el tema específico de Adolescentes en Conflicto con Ley Penal. Genera los primeros diálogos en cuanto a los criterios de abordaje y medición en base a inquietudes de la Comisión que se van sistematizando.

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Se integra la CAS en el tema de adolescentes privados de libertad por las siguientes instituciones: Viva Juntos por la Niñez (VIVA), Fundación Esfuerzo y Prosperidad(FUNDAESPRO), Asociación para la Prevención del Delito (APREDE), Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social(DEMOS),Instituto de Protección Social (IPS),una consultora independiente, Jóvenes por la vida (JOVI),La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Senderos de Libertad, Asociación Xipal Túumben, Asociación de Mujeres GENERANDO, Proyectos y Programas de Desarrollo Integral (PRODI),además de la colaboración de ICCPG y SODEJU/FUNDAJU que acompañaron en todo momento el proceso. La siguiente labor es la del fortalecimiento de las líneas de comunicación entre organizaciones y representantes de las mismas en la ya conformada Comisión en con un tema específico, realizando las primeras

reuniones para establecer la dinámica entorno a la construcción teórica de la Auditoría, complementaria a los aspectos de experiencia en el campo con la que cuentan la mayoría de integrantes de la Comisión. Se establece de común acuerdo, en base a la funcionalidad y resultados obtenidos de las auditorías previas, continuar con la estructura 2009. Sin embargo, acorde al tema y a las inquietudes de las y los que conforman la Comisión, se amplían contenidos siempre en torno a 3 áreas de intervención y monitoreo: Fortalecimiento institucional, cumplimiento de funciones y cumplimiento de la doctrina de protección integral, generando para el tema específico de los adolescentes privados de libertad el énfasis en la reinserción y resocialización. En base a uno de los módulos del taller impartido a la Comisión, que aborda el tema de la delimitación y construcción de indicadores, se hace un trabajo grupal en reuniones para tales objetivos que finalizan con articulación de indicadores y variables. Lo anterior para cada una de las tres áreas ya definidas y que finalizan con la Matriz de Indicadores11. Posteriormente a cada proceso se socializan los avances en el tema en reuniones a la “Comisión ampliada” que integran los “otros temas”, insti-

10 La logística para la realización incluye entre otras actividades la construcción e impartición de la metodología y la delimitación de temas, convocatoria a organizaciones, acercamiento con proveedores, cotización, negociación, montaje y realización de cada evento. 11 Ver anexos

tuciones y personas de la Auditoría a los hogares de protección u “Hogar Solidario” y el seguimiento a las Auditorías 2009. Esto le da complementariedad a los procesos a través del diálogo generado en estas mesas, ya que en esta se definen estrategias conjuntas se visualizan problemas vinculados y se generan directrices para las posibles soluciones. En una nueva revisión de la CAS, se plantean los diferentes momentos en los cuales se hará el levantado de información. Se establecen los directores de Centros, el personal técnico en contacto con los adolescentes y los/las propios adolescentes como sujetos para la recolección de información en los instrumentos.

Se hace la solicitud para la exposi12

Se hace una reunión con la Licda. Silvia Palomo, Secretaria de la SBS. En dicha reunión ambas partes exponen la situación actual de las instituciones, así como la propuesta específica y en esa instancia se logra contar con el aval para la realización de la auditoría social, así como el nombramiento de contactos específicos en las subsecretarías. Se hacen los primeros acercamientos con el Lic. Orellana, nombrado como contacto y Director de Programas de reinserción y resocialización. Se realiza una reunión entre la Comisión y el Lic. Jorge Mario Caballeros, Subsecretario de reinserción y resocialización, el Lic. Orellana director de Programas y Lic. García de Medidas Socioeducativas de la SBS. En estas se establece un acercamiento interinstitucional, se expone el trabajo de la Comisión y la situación actual de la Subsecretaría. Los acuerdos de la reunión con los representantes de las Subsecretaría son: Un recorrido de “Visitas de Reconocimiento” con fechas y horas específicas a los Centros de Privación

Se incluyen indicadores y variables de conformidad a la eficacia de los mismos en otros ámbitos y con asesoría experta en monitoreo a estos entornos, como la de la OACNUDH y ODHAG. (ODHAG, 2010)(APT, 2004).

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

La metodología se complementa con la construcción de los instrumentos en base a las diferentes propuestas de los miembros de la Comisión, a instrumentos ya existentes de procesos anteriores construidos en el MSDNAJ, y a otros instrumentos aplicables a entornos similares. Estos ya retroalimentados por la CAS y terminados, se revisan, se afinan y socializan los instrumentos. Se agregaron en esta dinámica temas muy puntuales como el de tortura y malos tratos, que necesitaban ampliarse con respecto a otros instrumentos utilizados en ejercicios de auditoría social que el MSDNAJ ha aplicado12.

ción del trabajo a realizar con autoridades de la Secretaría de Bienestar Social. En primera instancia se convoca a los representantes de las Subsecretarias específicas a auditar pero únicamente se logra un contacto con la Secretaría de Fortalecimiento y Apoyo Familiar.

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Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

de Libertad y el Centro Modelo de medidas socioeducativas de la Colonia Landívar, el aval para poder hacer la “Solicitud de Documentación13 para el diagnóstico previo en base a la Ley de Libre Acceso a la Información y por último, el seguimiento de las reuniones entre la Comisión de Auditoría y las autoridades la Subsecretaría de reinserción y resocialización.

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No obstante acuerdos previos, se notifica a la sede del Movimiento que quedan suspendidas las visitas, aduciendo al principio situaciones de índole extraordinaria en cuanto al traslado de adolescentes pertenecientes a una “Pandilla” de un Centro a Otro. Posteriormente se aducen medidas cautelares sugeridas por la defensoría pública al encontrar ilegalidades en las visitas de la Comisión y la entrevista con los adolescentes. Tras consultar a expertos legales no se encuentran normadas dichas irregularidades por lo que se asume que se han cerrado las puertas de los Centros y de la SBS para la Comisión. Se toman nuevas medidas para poder realizar el trabajo de Campo en los Centros de Privación de Libertad. Se establecen como aliados estratégicos a la OACNUDH, UNICEF3 y a

la Magistratura de la Sala de Niñez y Adolescencia para poder ingresar con otro tipo de mandato. Sin embargo, aun con acompañamiento experto de oficinas del Sistema de Naciones Unidas y con compromisos verbales del Organismo Judicial, resultaron en procesos retardatorios con la posterior negativa a la extensión de una orden judicial que permitiera la realización del trabajo de campo, con la consecuente comprobación de las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes, así como los propios centros y los/las funcionarios/as especializados que laboran en los mismos. Por tal motivo, el presente informe como producto de un trabajo de la Comisión de Auditoría Social del MSDNAJ, instituciones miembro, aliadas y amigas intenta seguir visibilizando la situación de los DDHH de adolescentes en conflicto con la ley penal desde su situación de aislamiento en los Centros de Privación de Libertad de la Secretaría de Bienestar Social para contribuir en la modificación de las prácticas y políticas desarrolladas hasta la actualidad, dado que debe adecuarse a la normativa interna y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado guatemalteco.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia compartieron su preocupación por las negativas y resistencia al monitoreo de las condiciones de los Centros de Adolescentes durante todo el 2010 con especificidad de acciones puntuales incluso que pusieron en riesgo la integridad física de más de algún comisionado y representante de diferentes instancias de sociedad civil.

5.3 Fuentes complementarias para la realización del presente Informe

•

La información facilitada por la Secretaría de Bienestar Social de conformidad a la Ley de libre acceso a la información y a los acercamientos logrados por la CAS del MSDENAJ y los funcionarios representantes de esa institución, y

•

En última instancia por la consulta y opinión a expertos que integraron la comisión o que en algún momento acompañaron el proceso.

5.3.1 Proceso de monitoreo, relación con el último informe presentado en 2009 y construcción de propias fuentes. Desde la presentación del “Diagnóstico sobre Programas de Atención Integral en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” (López Hurtado, 2009) publicado por el ICCPG, que informa de la situación de los 4 Centros a cargo de la SBS, se buscaba desde la CAS del MSDNAJ, entre otros ejercicios y variables propios de los procesos auditoria social, constatarla modificación de algunos de los problemas visualizados en esa oportunidad.

•

Las fuentes secundarias existentes en el tema y con validez en temporalidad por su reciente construcción, tal es el caso del trabajo de Carlos López Hurtado al que acá se hace referencia,

Históricamente las autoridades han permitido la realización de las visitas, mostrándose sensibles a las condiciones de vida de los y las adolescentes recluidos, y asumiendo compromisos con su modificación en plazos razonables. Este ejercicio no fue el caso, pero se espera que este

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Sin embargo, ante la negativa encontrada para la verificación de las condiciones de los y las adolescentes, el personal y los Centros en General, la metodología implementada desde la CAS recurre a líneas de evaluación que aproximen al presente informe a señalar la situación en base a tres fuentes:

Es válido afirmar que muchos de los problemas ya evidenciados en anteriores diagnósticos, trascienden varias administraciones y/o períodos gubernativos, por lo que la problemática en algunos aspectos es constante. En lo que se refiere a la parte de evaluación y diagnóstico de la situación de los Centros del presente informe se establecen tres apartados dentro del mismo que atienden a un ejercicio de percepción de la CAS de la siguiente manera: Avances, Retrocesos, Recomendaciones(Propuestas específicas)

165

trabajo sirva de insumo para los responsables de la gestión institucional a fin de identificar o confirmar problemas y buscar respuestas, de ser posible conjuntas o complementadas interinstitucionalmente, que tiendan al respeto de los derechos de los adolescentes privados de libertad.

5.4 Organización del Informe En búsqueda de que el presente documento sirva de referencia a posteriores trabajos en el tema específico se busca ser muy descriptivo en las etapas y los contenidos utilizados para un ejercicio de auditoría social y la posterior construcción de un diagnóstico situacional.

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Acorde con lo interior el informe está estructurado de con los siguientes apartados:

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•

Metodología para el ejercicio de la auditoria social y el Informe.

•

Contexto y situación de los adolescentes privados de libertad en los Centros.

•

Marco jurídico relativo a la adolescencia en conflicto con la ley penal.

•

Análisis de la situación y contexto de la adolescencia.

•

Situación de los adolescentes en Centros de Privación de Libertad a cargo de la SBS.

•

Avances

•

Retrocesos

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Recomendaciones

•

Anexos

6 Marco jurídico relativo a la adolescencia en conflicto con la ley penal Instrumentos internacionales en materia de justicia penal de adolescentes. 6.1.1Consideraciones previas Guatemala se ha caracterizado por ser un Estado activo en cuanto a la participación y adquisición de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, siendo signatario y ratificando instrumentos que regulan el respeto a los mismos, por lo que se cuenta con una amplia normativa de derecho internacional y nacional aplicable en lo que respecta a la justicia de adolescentes. Sin embargo, es en el tema de la ejecución, operativización, aplicación de los instrumentos en el sector justicia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, cuando queda en evidencia la debilidad del Estado para asumir los mismos y garantizar, a este segmento poblacional y la sociedad en su conjunto, el acceso a la justicia

y el respeto a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Esta debilidad en el sector justicia y del Estado en general tiene orígenes estructurales, por lo que el apoyo a la “justicia transicional14” (OACNUDH, 2004)y el fortalecimiento del Estado mismo requiere del involucramiento de todos los actores posibles. Esto ha generado una dinámica a partir de la cual la sociedad civil organizada impulsa propuestas, demandas puntuales en materia del cumplimiento de obligaciones y busca la consecución de objetivos específicos fortaleciéndose para alcanzar los mismos con aliados estratégicos, entre los que se encuentra la comunidad internacional.

En adición el presente informe busca no repetir trabajos ya existentes, específicamente en materia compilatoria de instrumentos internacionales y nacionales sobre justicia penal juvenil15. Por tanto en este apartado, únicamente introduce, sintetiza el contenido de los mismos y adiciona aquellos de reciente incorporación al instrumental antes mencionado, para el posterior análisis de su cumplimiento, toda vez que acuerpan la normativa aplicable al tema de adolescentes en conflicto con la ley penal.

6.1.2 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño En los artículos 37 y 40 se establecen los primeros estándares que

La noción de justicia de transición abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala. OACNUDH (Agosto, 2004). El Estado de derecho y a la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos., S/2004/ 616, III. Párrafo 8.

La Comisión de Auditoría Social contó con el apoyo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Entre otros documentos que sirvieron de referencia para el presente informe se encuentra un compilatorio sobre Justicia Penal Juvenil con enfoque de derechos publicado en el 2010 y titulado: “Instrumentos Internacionales y Nacionales en materia de Justicia Penal Juvenil”.

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La CAS del Movimiento Social acorde a lo antes expuesto contó con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y sus oficinas especializadas en derechos humanos, específicamente con El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Estas prestaron acompañamiento técnico en todo momento, lo que otorgó una

dimensión complementaria a la CAS, gracias al aporte y la participación de los expertos representantes de dichas organizaciones, así como el conocimiento compartido en materia de tratados internacionales aplicables y compatibles con el derecho interno entre otras muchas impresiones, criterios y experiencia evidenciada en su contribución a este esfuerzo colectivo.

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regulan la justicia penal para adolescentes. El contenido del artículo 37 va más allá de establecer como una obligación del Estado la protección de los derechos fundamentales de la niñez, ya que en varios instituye contenidos regulatorios específicos. Ya dentro del mismo, se establece en el inciso: a) que es relativo al Estado defender los derechos humanos de la persona menor de edad (menor a 18 años) a través de la prevención de la tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.16 Esto en las fases que dure el proceso de justicia penal especializada, que va desde la aprensión hasta el posterior cumplimiento de una sanción si así se determina. Además regula a la autoridad competente en cuanto a la prohibición expresa de la imposición de pena de muerte y prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación (ICCPG, 2010).

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Además en el inciso b) se establecen las prohibiciones de detención arbitraria, así como el principio de que la privación de libertad se aplicará en casos excepcionales, con sanciones con períodos de tiempo lo más breve posibles y como última medida.17 En el inciso c) establece la obligatoriedad de los Estados en garantizar el trato humano y digno18 de los menores, pero más importante para la especificidad del tema que nos

ocupa, la importancia de los criterios de separación de los adolescentes privados de libertad de los adultos y priorizando el interés superior del adolescente. Importante es resaltar que en este inciso también se regula lo concerniente al contacto con la familia y la comunidad (correspondencia, y visitas) y que, aunque deja abierta la posibilidad de limitar dicho derecho será en aquellos casos excepcionales, este criterio se debe aplicar toda vez no vaya en detrimento del interés superior del adolescente. En lo concerniente al inciso d) se refiere a la obligatoriedad que el Estado tiene de brindar asistencia jurídica, así como la impugnación de la privación de libertad. Esto toda vez es un derecho inviolable de defensa de aquel menor que entre en conflicto con la ley penal. Respecto al artículo 40 de la Convención, reitera lo relativo al trato acorde al sentido de dignidad y valor del niño, niña o adolescente, así como la finalidad de las sanciones de restitución de valores de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. Esto cuando personas o bienes hayan sido afectados por la infracción de las leyes penales por un menor de edad encontrado culpable.

El Estado de Guatemala ha adquirido compromisos en el tema que regulados en la Convención, Protocolo Facultativo y recientemente, el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

17 Principio jurídico de Ultima Ratio. 18 Garantía de cualquier persona como derecho humano fundamental.

Además dentro de este artículo se establece uno de los postulados que la Comisión de Auditoría del Movimiento Social enfatiza al momento de la verificación del cumplimiento obligaciones del Estado Guatemalteco en el tema. Este tiene que ver con la importancia de la edad del niño, además de la promoción de la reintegración del adolescente y que este se asuma como funcional y constitutivo del tejido social (ICCPG, 2010).

Un aspecto importante enunciado en este instrumento es aquel que establece que el Estado debe garantizar 19 (ICCPG, 2010)

El numeral 2 del también del artículo 40 establece las garantías procesales básicas y específicas dentro de la justicia especializada que constituye el concepto del debido proceso. Los aspectos que acá se abordan son el principio de legalidad, las garantías, el principio de presunción de inocencia, el derecho de información sobre lo que se acusa y la defensa técnica, el principio de juez natural, jurisdicción especializada, principio de defensa y principio contradictorio, el derecho a interprete en caso de que le adolescente no hable el idioma en que se efectúa el proceso, la garantía de confidencialidad de la identidad de la niña/o, la de su familia y el núcleo en que se desenvuelven. Esto último con el fin de evitar la estigmatización del niño o niña en conflicto con la ley penal además de plantear otras garantías y conceptos relativos al debido proceso (ICCPG, 2010). Un tercer numeral norma la idea que el Estado debe implementar una ju-

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Adicionalmente dentro del artículo 40 numeral 1 de la Convención se crean varios postulados y aspectos tomados en cuenta por la CAS para la posterior evaluación del cumplimiento de los mismos por parte del Estado Guatemalteco. El primer aspecto es el que establece lo relativo a conceptos distintivos para evitar la estigmatización de los niños captados por el sistema de justicia penal de adolescentes. Como lo establece el análisis del ICCPG en su preámbulo del compilatorio de instrumentos en materia de justicia penal juvenil, la presunción de inocencia de los niños es de las normativas más importantes y que se infiere en el concepto “de quien se alegue ha infringido las leyes penales”. Esta frase además se vincula al principio del respeto al debido proceso.

en todo momento la dignidad del adolescente, ya sea en sanción o en proceso y que si, luego del debido proceso, se ha determinado una responsabilidad de transgresión a la Ley Penal, el adolescente debe asumir la responsabilidad de los hechos tomándose medidas con énfasis de reconciliar el respeto a las personas, pero en búsqueda de la reintegración social y familiar del menor de edad.

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risdicción especializada para cada fase del debido proceso, además de la especialización de los funcionarios del sistema de justicia penal de adolescentes. En adición a lo anterior el inciso a) promueve el establecimiento de una edad mínima para que los niños puedan ser sujetos a un proceso penal y un inciso b) establece lo relativo a generar medidas alternativas que promoviendo soluciones distintas a las que otorga el sistema de justicia penal de adolescentes.

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El numeral 4 del artículo 40, es el que complementa el concepto de la privación de libertad como ultima ratio, ya que establece un sistema de sanciones alternativas, medidas distintas a la privación de libertad como las órdenes de orientación y supervisión, la libertad asistida, los programas de enseñanza y formación profesional. Esto con el fin de velar por la proporcionalidad de las sanciones, para que exista concordancia con las circunstancias y el bienestar del adolescente que incurra en una falta.

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6.1.3 Reglas mínimas de las Naciones Unidad para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas Beijing). Las “Reglas Beijing” especifican los procedimientos efectivos que deberán implementarse por las instituciones especializadas20 y el personal para minimizar el impacto negativo

en el o la adolescente que es captado o captada por el sistema de justicia penal juvenil. Además, concibe dichos procedimientos como parte de la restitución de justicia social, como parte del desarrollo y restitución del tejido social. Esto en búsqueda de mantener el orden pacífico del colectivo, las garantías de seguridad ciudadana. En concordancia con lo anterior, el instrumento establece que el criterio a aplicarse por parte del Estado, las instituciones y funcionarios especializados en la materia, es el de garantizar la no extracción del o la adolescente de su comunidad. Además, otras garantías deben ser impulsadas por el Estado como aquellos relativos al acceso a los medios para alcanzar un desarrollo integral y entre los que se ubican los procesos educativos que minimicen el riesgo a que el adolescente cometa actos delictivos. Esto sin importar género, color, raza, idioma, opinión política, origen nacional o social condición económica o cualquier otra condición. En búsqueda de proteger a los adolescentes contra posibles abusos y violaciones en sus derechos, el instrumento regulatorio que acá se cita, instituye la separación de los adultos de los menores de edad así como de

20 Como se analiza posteriormente al citar el contenido de la Ley de Protección Integral de la Niñez y adolescencia, para el caso del Estado Guatemalteco es la Secretaría de Bienestar Social así como los funcionarios y la subsecretaría específica.

los funcionarios del sistema.21 El asesoramiento jurídico, los derechos de los padres o tutores, el proceso de responsabilidad y ejecución que estos deben asumir, la presencia de los padres o tutores que se presenta como un derecho en diferentes fases del proceso, las medidas o sanciones sustitutivas a la privación de libertad, así como la gama de alternativas que descongestionan los Centros de privación de libertad, entre otros son aspectos regulados desde la Regla 13 a la Regla 18.2.en “Las reglas Beijing”

6.1.4 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de Libertad. Estas reglas, aprobadas por la asamblea general de las Naciones Unidas en fecha 14 de diciembre de 1990, sirven de principios rectores para la instauración de Centros de privación de libertad para adolescentes. La ejecución de sanciones dentro de estos Centros, además de ser sanciones de Ultima Ratio, debe procurar el mínimo impacto negativo que produce la privación de libertad en los y las adolescentes. En el tema de la reclusión de personas, que el presente instrumento regula, se ha determinado por diferentes estudios que condiciona un proceso de deterioro. Esto tanto para las personas privadas de libertad como para los funcionarios y el personal que se desempeñan en el sistema.22 Algunos de los principios fundamentales para los Centros de privación de libertad de menores son: La privación de libertad como último recurso, regulados en el cuándo y el cómo por los estándares internacionales especializados. Norma a los Centros para que sean realmente especiali-

21 Reglas de la 13 a la 13.5 22

En la publicación del ICCPG se cita el trabajo publicado por la Cruz Roja Internacional con fecha mayo de 1990, publicada en Cuadernos de la Cárcel, Buenos Aires argentina. En este se que en la Exposición de Zaffaroni todos los agentes del sistema como policías, jueces, personal penitenciario, etc. entran en el proceso de “Carcelerización”.

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Otros de los aspectos que la CAS considera preponderantes de observar, y que está acá normado, es el que regula el tratamiento especializado de los adolescentes por parte de las instituciones y funcionarios entendidos en lo relativo la comprensión de la esencia y los fines de las sanciones. El principio de Celeridad es un aspecto que se lesiona muy a menudo con un sistema de justicia débil, tal es el caso de Guatemala, ya que es el que establece que los procesos que involucren a personas menores de edad deben ser tramitados con mayor rapidez y velando por el interés superior del o la adolescente (ICCPG, 2010), así como el carácter estrictamente confidencial de los y las adolescentes implicados/ as siempre en procura de no afectar

el proceso de reinserción con la estigmatización que puede generar la publicación de datos personales y familiares.

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zados, desde su estructura hasta su visión socioeducativa, pasando por el personal especializado que trabaja en los mismos. Estos aspectos son muy importantes para los criterios de evaluación de la CAS sobre las condiciones actuales para el caso de Guatemala. Además otros aspectos de máxima preponderancia son aquellos relativos a la existencia de programas que garanticen a los y las adolescentes el acceso a la salud, educación, recreación y que permitan desarrollar el respeto de sí mismos y el sentido de responsabilidad (ICCPG, 2010).

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En adición, el presente instrumento es citado por la Comisión de Auditoría Social del MSDNAJ considerarlo indispensable ya que regula lo concerniente al acceso de la familia e integrantes de la comunidad en el proceso para la reintegración del o la adolescente a su familia y a su comunidad. Lo anterior ante el principio de re-socializar y reintegrar a los menores a su núcleo social más próximo. Además cada Estado con el fin de procurar la integración de la o el adolescente en sociedad fomentará el respeto a la diversidad cultural, étnica, sexual, religiosa o de cualquier otro aspecto. Es válido citar que acorde a esta normativa, el sistema y la administración de los Centros deberán garantizar el personal especializado y adecuado

que permita garantizar el manejo de idioma entre otros aspectos. Entre esos otros aspectos se encuentran el control a través de registros, de ingresos y egresos. También se regula lo concerniente al hecho que deberá hacerse una separación de los adolescentes que están cumpliendo una sanción con los que aún están en espera de la misma.23 Al mismo tiempo se instituye como parte de las obligaciones del Estado garantizar que en los Centros se informe a los y las menores sobre sus deberes y derechos que deben estar establecidos en los propios reglamentos. El transporte de los o las adolescentes en vehículos en condiciones para que no impongan sufrimientos físicos y morales a los mismos. Y que no se haga en ningún caso arbitrariamente de un Centro a otro son otros puntos a vigilar por esta vigente herramienta de derecho internacional. Las regulaciones acá normadas establecen que la sanción no es un castigo y que la atención de cada adolescente deberá ser clasificada acorde a informes psicológicos y sociales. Estos deben permitir el establecimiento, a través de los profesionales a cargo, de los tratamientos y programas a aplicar, siempre buscando el máximo beneficio para el adolescente en un proceso integral. Las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores priva-

23 Esto corresponde a al juez competente y no a criterio de los responsables de los Centros.

dos de libertad establecen que los medios que se facilitan a los adolescentes deben ser adecuados para el alojamiento en los que se garanticen actividades recreativas, religiosas, atención médica, así como el contacto con la familia y la comunidad24.

6.2 Instrumentos nacionales en materia de justicia penal de adolescentes 6.2.1 Ley de Protección Integral de La Niñez y Adolescencia(Ley PINA) La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es el instrumento de derecho interno que contiene y regula a nivel nacional muchos de los postulados que se encuentran en otras regulaciones en temas de niñez y adolescencia a nivel internacional. Es también el marco

jurídico que contiene los temas específicos el caso de lo referente a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Acá se citan únicamente los artículos más específicos en el tema, a pesar que muchos de ellos están íntimamente relacionados con otros contenidos. Aunque existen varios temas complementarios como en los que se crean legalmente a los juzgados específicos necesarios en la República, las demás instancias necesarias, las atribuciones de los juzgados específicos, de los jueces de control de ejecución entre otros se priorizará en este apartado el articulado de del título II se encuentra lo referente propiamente al tema que nos ocupa25, como por ejemplo la definición de “En Conflicto con Ley Penal”, el ámbito etario de aplicación y las circunstancias específicas en que serán aun juzgados como menores.26

24 Acá es de resaltar que según lo que las Reglas establecen toda sanción debe ser encaminada a la culminación de los procesos de socialización que le han sido vedados al adolescente cuando estaba en libertad (ICCPG, 2010)

conciernen al papel de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, el papel de la procuraduría general de la nación y el Ministerio Público como defensor e investigador respectivamente, no se citarán textualmente ya que sus contenidos van función de regular en otra vía.

Artículo132. Término conflicto con la ley penal. Debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la ley penal. Artículo 133. Ámbito de aplicación según los sujetos. Serán sujetos de esta Ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los trece y menos de dieciocho años al momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal o leyes especiales. Artículo 134. Aplicación de esta Ley. Se aplicarán las disposiciones de este título a todos los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal, así como a los que en el transcurso del proceso cumplan con la mayoría de edad. Igualmente se aplicará cuando los adolescentes sean acusados después de haber cumplido la mayoría de edad; siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles esta Ley.Artículo 135. Ámbito de aplicación en el espacio. Esta ley se aplicará a

quienes cometan un hecho punible en el territorio de la República. El principio de extraterritorialidad se aplicará según las reglas establecidas en el Código Penal.

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25 Aunque los artículos 107 y 108 de esta ley también están relacionados y

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En el artículo 136 se hace la distinción entre 2 grupos etarios de adolescentes con tratos específicos. En el 138 la presunción de minoridad y en el 139 establece como ha de tratarse los temas de los niños menores de 13 años.27

cipios rectores, con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los convenios, tratados, pactos y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y Ley del Organismo Judicial.

Los siguientes artículos de la Ley PINA abordan algunos de los temas que más interés suscitan, para los fines del análisis sobre su cumplimiento, citándose a continuación textualmente: Artículo 139. Principios rectores. Serán principios rectores del presente proceso, la protección integral del adolescente, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El Estado, las Organizaciones No Gubernamentales, la Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia respectiva, y las comunidades, promoverán conjuntamente, tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho.

Luego en la Ley PINA se encuentra lo referente a las garantías al debido proceso, así como el establecimiento de procedimientos específicos. También los principios de igualdad y la no discriminación son abordados, así como la garantía de un intérprete en caso no se maneje el idioma o lengua requerido en el proceso28.

Artículo 140. Interpretación y aplicación. Este título deberá interpretarse y aplicarse en armonía con sus prin-

Los temas que tocan los siguientes artículos, son a criterio de la CAS, de jerarquía mayúscula para el posterior cotejo con en el plano ejecutorio y se citan a continuación: Artículo 144. Principio de justicia especializada. La aplicación de esta Ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de derechos humanos. El personal que trabaja en los distintos órganos deberá tener una formación especializada en derecho, sociología, psicología,

27 Artículo 136 Grupos etarios. Para su aplicación, esta Ley diferenciará en cuanto al proceso, las

medidas y su ejecución entre dos grupos, a partir de los trece y hasta los quince años de edad, y a partir de los quince hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad. Artículo 137. Presunción de minoridad. En los casos que por ningún medio pueda comprobarse la edad de una persona, presumiblemente menor de dieciocho años, ésta será considerada como tal y quedará sujeta a las disposiciones de la presente Ley. Artículo 138. Menor de trece años. Los actos cometidos por un menor de trece años de edad, que constituyan delito o falta no serán objeto de este título, la responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Dichos niños y niñas serán objeto de atenciones médicas, psicológicas y pedagógicas que fueren necesarias bajo el cuidado y custodia de los padres o encargados y deberán ser atendidos por los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.

criminología y ciencias del comportamiento, en todos los casos orientada a la adolescencia en conflicto con la ley penal. El adolescente tiene derecho durante el desarrollo del proceso y la ejecución de la sanción a recibir atención y orientación por parte de un equipo profesional multidisciplinario sobre aspectos legales, sociales, psicológicos, educativos y de salud. El adolescente tiene el derecho a recibir información clara y precisa de acuerdo a su edad y madurez, de todas las decisiones que se adopten en su contra y sobre la forma y plazo en que éstas puedan ser recurridas. Artículo 145. Principio de legalidad. Ningún adolescente podrá ser sometido a un proceso por hechos que no violen la ley penal. Tampoco po-

drá ser sometido a procedimientos, medidas ni sanciones, que la ley no haya establecido previamente. En posterior análisis se evidencia el desacierto en el que se incurre al momento de estigmatizar al segmento poblacional tanto de adolescentes como de jóvenes, que incluso han generado propuestas de diferentes bancadas en el Congreso que precisamente van en contra de los principios de lesividad y de presunción de inocencia29 de los artículos 146 y 147 de la Ley PINA ya que van pretenden juzgar por la forma de vestir, de expresión corporal o de agrupación. Como se expuso en el apartado sobre la instrumentación internacional, los conceptos del debido proceso y el principio de interés superior del adolescente, son fundamentales y

El juez o tribunal en su caso, el fiscal, el abogado defensor, el adolescente acusado y las partes procesales deberán asistir personalmente al desarrollo íntegro de todas las audiencias que se señalen. Artículo 143. Derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Durante la investigación y en el trámite del proceso, en la ejecución de las medidas, se respetará a los adolescentes el derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún motivo. El adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito, para que lo asista en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado.

29 Artículo 146. Principio de lesividad. Ningún adolescente podrá ser sometido a ninguna medida establecida en esta Ley, si no se comprueba que su conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado.Artículo 147. Presunción de inocencia. Los adolescentes se presumirán inocentes hasta tanto no se les compruebe, por los medios establecidos en esta Ley u otros medios legales, su participación en los hechos que se le atribuyen.

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Artículo 142. Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos, además, las que les correspondan por su condición especial. Se consideran fundamentales, las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta Ley. Todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal serán gratuitas y se efectuarán oralmente, de forma sucinta se hará un relato escrito de la audiencia, relación que podrá tomarse taquigráficamente o por otros medios técnicos, según las posibilidades y disposiciones del juzgado.

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son regulados ya en el derecho interno en los artículo 148 y 151 de la LEY PINA respectivamente30. En el tema de protección del menor contra la estigmatización encontramos los artículos 150, 152 y 153 ya que la reinserción en el tejido social es uno de los principios rectores y no debe velar por el menor daño a este respecto31. La asistencia jurídica en todo momento para presentar argumento s de su defensa aun absteniéndose de declarar, la protección de la identidad de los adolescentes y ala de su familia en todo el proceso se encuentran en los artículos 149, 154 y 155. Luego ya se encuentran dentro de este instrumento, lo relativo a las sanciones estableciéndose como de “Última Ratio” la privación de libertad, y en el menor tiempo posible si

no hubiese otra sanción, así como una guía para establecer un criterio en jueces de “racionalidad y proporcionalidad” de las mismas, ninguna sanción queda abierta o fuera de lo que contiene esta ley32. Lo que dicta la Ley PINA, en el siguiente postulado, es medular en cuanto al trabajo de vigilancia de la Comisión puesto que da origen a la idea de los Centros especializados, a cargo de la SBS y trata otros temas como la garantía de un intérprete si fuese necesario33. En el Artículo 160se trata lo relativo a cuáles serán los juzgados y tribunales competentes, dejando establecidas como primera instancia los Juzgados de Paz, juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y en segundo grado, por la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y por el propio Juzgado

30 Artículo 148. Derecho al debido proceso. A los adolescentes se les debe respetar su derecho

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al debido proceso, tanto durante la tramitación del proceso, como al imponerles alguna medida o sanción. Artículo 151. Principio de interés superior. Cuando a un adolescente puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales.

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31 Artículo 150. Principio del “Non bis in ídem”. Ningún adolescente podrá ser perseguido más de

una vez por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se aporten nuevas evidencias.Artículo 152. Derecho a la privacidad. Los adolescentes tendrán derecho a que se les respete su vida privada y la de su familia. Consecuentemente, se prohíbe divulgar la identidad de un adolescente sometido a proceso. Artículo 153. Principio de confidencialidad. Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta Ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad y la imagen del adolescente.

Ley. Artículo 156. Principio del contradictorio. Los adolescentes tendrán el derecho de ser oídos, de aportar pruebas e interrogar a los testigos y de refutar los argumentos del contrario. Lo anterior estará garantizado por la intervención de un defensor y del Ministerio Público dentro del proceso.Las medidas que constituyan privación de libertad se utilizarán únicamente en los casos que esta Ley establece, como último recurso, por el período más breve y sólo cuando no exista otra medida viable. Artículo 157. Principios de racionalidad y de proporcionalidad. Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal.Artículo 158. Principios de determinación de las sanciones. No podrán imponerse, por ninguna circunstancia, sanciones no determinadas en esta Ley. Lo anterior no excluye la posibilidad de que cese la sanción antes de tiempo.

de Adolescentes en el caso de los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de los jueces de Paz. Además norma lo relativo a la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer de los recursos que por esta Ley le corresponden, y el juez de Control de Ejecución de Sanciones tendrá competencia para la fase de cumplimiento. Luego será elemental citar el artículo 171 en lo referente al objetivo del proceso del adolescente transgresor siendo la reinserción en familia y sociedad el principio orientador34 También es menester conocer dentro de esta ley, lo relativo a las medidas de prevención preventivas, tal es el

caso de la privación de libertad provisional así como el tiempo máximo, la forma y razón de aplicar la misma35. El siguiente artículo es tan descriptivo y trascendente que se cita a continuación: Artículo 182. Carácter excepcional de la privación de libertad provisional. La privación de libertad provisional tiene carácter excepcional, especialmente para los mayores de trece años y menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. Esta medida de coerción sólo procede cuando sea necesaria, según los objetivos señalados, y cuando: a) Exista peligro de fuga y/o de obs-

Artículo 159. Internamiento en centros especializados. En caso de ser sometidos a una sanción privativa de libertad, de manera provisional o definitiva, los adolescentes tendrán derecho a ser ubicados en un centro adecuado, exclusivo para adolescentes; no en uno destinado para personas adultas. Deberá garantizárseles un intérprete y que el juicio se desarrolle en su idioma tal como está previsto para los adultos.

Artículo 179. Procedencia. Se podrá aplicar una medida de coerción preventiva únicamente cuando el adolescente está sujeto al proceso y con el objetivo de: a) Asegurar y garantizar la presencia del adolescente en el proceso; b) Asegurar las pruebas; o, c) Proteger a la víctima, al denunciante o testigos. La duración máxima de la medida de coerción en ningún caso podrá exceder de dos meses. Vencido este plazo, sólo podrán ser prorrogadas por el juez mediante auto motivado, a solicitud del fiscal, hasta por un máximo de dos meses más, a excepción de la sanción de privación de libertad provisional en centro de custodia, ésta en ningún caso podrá ser prorrogada.Al vencimiento del plazo, si no hay sentencia condenatoria de primera instancia, la sanción cesa de pleno derecho y el juez bajo su responsabilidad debe ordenar la inmediata libertad del adolescente. Si hay sentencia condenatoria de primera instancia y ésta ha sido apelada, la Sala de la Niñez y Adolescencia podrá prorrogar por una sola vez el plazo de duración de la sanción por el tiempo que sea necesario para resolver el caso, el cual no podrá exceder en ningún caso de un mes.

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Artículo 171. Objetivos del proceso. El proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal tendrá como objetivos establecer la existencia de una transgresión a la ley penal, determinar quién es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, buscará la reinserción del adolescente en su familia y en la sociedad, según los principios rectores establecidos en esta Ley.

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taculizar la averiguación de la verdad; y, b) Que el hecho que se atribuya al adolescente sea constitutivo de un delito que implique grave violencia y sea contra la vida, la integridad física, la libertad individual o sexual de las personas. En todos los casos esta medida será acordada por el juez, en auto razonado, únicamente a solicitud del fiscal, quien deberá hacer valer los extremos mencionados. Dentro del mismo artículo se encuentra un párrafo se resalta por su incumplimiento a todas luces como en esta Ley se establece. Es el siguiente:

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Los adolescentes a quienes se les aplique esta medida serán remitidos a un centro especial de custodia de adolescentes en conflicto con la ley penal. En ningún caso podrá ser el mismo lugar del centro especial de cumplimiento. Deberán existir centros adecuados para cada sexo. En

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los centros no se admitirá el ingreso del adolescente sin orden previa y escrita de autoridad judicial competente. El Centro contará con un reglamento propio, en el cual deberá garantizarse la comunicación privada del adolescente con su defensor, visitas periódicas de sus familiares; la continuación de su actividad educativa, así como todos los derechos y garantías establecidos internacionalmente para los adolescentes privados de libertad. Acá se da la pauta al cumplimiento de los tratados internacionales que norman el tema, así como una breve descripción a las garantías que debe ofrecer el Centro para no perjudicar al adolescente. En los artículos 202 y 222 se establece la obligatoriedad de informar al adolescente, a sus padres, representantes legales o responsables yal juez sobre la infracción que se le atribuye; y en su caso, la persona que

36 Artículo 220. Debate sobre la idoneidad de la sanción. Una vez concluida la primera etapa del

debate y declarada la existencia del hecho que viola la ley penal y el grado de participación en el mismo del adolescente, se procederá a la discusión de la idoneidad de la sanción. El juez deberá determinar el grado de exigibilidad y justificar la sanción impuesta.En este mismo acto, el juez deberá establecer la finalidad de la sanción, el tiempo de duración y las condiciones en que debe ser cumplida; para el efecto, se asistirá de un psicólogo y un pedagogo.Artículo 222. Principios rectores. La resolución definitiva se ajustará a los principios generales que orientan esta Ley; y en particular a los siguientes: a) La respuesta a los adolescentes en conflicto con la ley penal, será siempre proporcional a las circunstancias y a la gravedad del hecho, el grado de exigibilidad y a sus circunstancias y necesidades.Las sanciones de privación de libertad deberán ser siempre fundamentadas y se reducirán al mínimo posible. b) El respeto de sus derechos humanos, su formación integral, su inserción familiar y social y su identidad personal y cultural. c) La privación de libertad sólo se impondrá como sanción de último recurso, previa justificación de la inexistencia de otra respuesta adecuada y siempre que concurran las causales señaladas en el artículo 252 de esta Ley.

dieciocho años, y de dos años para adolescentes con edades entre los trece y los quince años además de considerar el período de detención provisional al que fue sometido el adolescente.

En cuanto a las modalidades de privación de libertad, tal y como lo contempla el artículo 248 cuando no sea posible aplicar otro tipo de sanciónsonlas siguientes:

Los regímenes podrán ser de tres tipos: abiertos, semi-abiertos y cerrado según lo expresa el artículo 254. En los artículos que van desde el 255 hasta el 26037 se abordan temas que van desde la forma idónea plateada por la Ley para la consecución objetivos trazados para el y/o la adolescente de desarrollo personal para su posterior reinserción y resocialización, pasando por la consecución de avances a través del “Plan Individual y el proyecto educativo”, el tema del perfil y las regulaciones alrededor del personal y los funcionarios especializados de los Centros. Además se abordan en estos artículos lo concerniente a las funciones de la autoridad competente que como ya ha sido a descrito es la SBS, así como los derechos que las y los adolescentes poseen durante el proceso de privación de libertad.

a) Privación de libertad domiciliaria. b) Privación de libertad durante el tiempo libre. c) Privación de libertad en Centros especializados durante los fines de semana, comprendido desde el sábado de las ocho horas hasta el domingo a las dieciocho horas. d) Privación de libertad en Centro especializado de cumplimiento en régimen abierto, semi-abierto o cerrado. En cuanto a la duración de la sanción de privación de libertad según lo establece el artículo 252 durará un período máximo de seis años para adolescentes entre los quince y los

37 Artículo 255. Objetivo de la ejecución. La ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las

acciones sociales necesarias que le permitan al adolescente, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y el sentido de su responsabilidad. Para la consecución del objetivo de la sanción, durante su ejecución se promoverá, como mínimo: a) Satisfacer las necesidades básicas de la persona sancionada. b) Posibilitar su desarrollo personal. c) Reforzar su sentido de dignidad y autoestima. d) Fomentar la participación del adolescente sancionado, en la elaboración y ejecución de su plan individual y proyecto educativo de cumplimiento. e) Minimizar los efectos negativos que la ejecución de la sanción pudieran provocar en la vida futura del adolescente.

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lo acusa. Posteriormente, de encontrarse culpable de ser transgresor de la ley penal, se dictará una sanción idónea, acorde a todos los criterios y principios rectores ya expuestos y contenidos en esta ley37.

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f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares del adolescente. g) Promover contactos directos e indirectos entre el adolescente y la comunidad local y sociedad en general. Artículo 256. Plan individual y proyecto educativo para el cumplimiento de la sanción y su ejecución. La ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de ejecución para cada adolescente sancionado, el plan será elaborado por el equipo técnico o profesional responsable del programa o unidad responsable de la ejecución de cada sanción. El plan contendrá el proyecto educativo del adolescente y en el mismo se hará constar una descripción clara de los objetivos que se persiguen alcanzar y los pasos a seguir. En su elaboración se deberá tener en cuenta los aspectos personales, familiares, culturales, económicos y educativos del adolescente, así como los principios rectores de esta Ley y los objetivos que para el caso concreto el juez señale. El plan se elaborará con la participación y compromiso del adolescente y, de ser posible, necesario y útil, con el de sus padres, tutores, responsables o familiares, quienes también deberán suscribirlo. El plan deberá ser elaborado para toda sanción impuesta, en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de que la sentencia esté firme. Es deber del juez que dictó la sentencia, velar por el cumplimiento del plan y de que éste sea el resultado de la correcta interpretación de la sentencia. El juez deberá aprobar el plan y ordenará su ejecución; si el juez considera necesario hacer alguna modificación al mismo, antes del inicio de su ejecución, lo hará saber al equipo técnico o profesional responsable de la ejecución. Para laaprobación del plan, el juez deberá consultar a su equipo técnico y tiene un plazo no mayor de tres (3) días para resolver. Artículo 258. Funcionarios de los centros especializados. Los funcionarios de los centros especializados serán seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades idóneas para el trabajo con adolescentes. Para el trabajo en los centros especializados de mujeres se preferirá, en igualdad de condiciones, a las mujeres.

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En los centros especializados, la portación y el uso de armas de fuego, por parte de los funcionarios, deberá reglamentarse y restringirse sólo a casos excepcionales y de necesidad.

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Artículo 259. Autoridad competente en reinserción y resocialización. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República es la autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las sanciones de protección. En materia de responsabilidad penal de la adolescencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones: a) Organizar y administrar los programas que sean necesarios para el cumplimiento de las sanciones establecidas en esta Ley. b) Brindar servicios de atención terapéutica y orientación psicosocial a los adolescentes que se encuentren cumpliendo una sanción o medida cautelar, así como a sus familiares o responsables. c) Informar periódicamente al juez sobre el avance del proceso de reinserción y resocialización del adolescente. d) Organizar y administrar los centros especiales de custodia y de cumplimiento de privación de libertad, en sus distintos regímenes, así como velar por el cumplimiento de sus reglamentos, bajo la corresponsabilidad del Secretario de Bienestar Social y el director de cada centro.

Para finalizar el presente apartado se hará la salvedad de que si bien el proceso de resocialización de los y las adolescentes debe un proceso integral que comienza con la reorien-

tación profesional dentro del Centro, el mismo no termina acá. Es claro que la continuidad en cualquier proceso es trascendental, para lo cual un acompañamiento en búsqueda

e) Promover, organizar y crear, en concertación con la sociedad civil y participación activa de las comunidades, asociaciones y organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales, programas y unidades de apoyo para la reinserción y resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Garantizar que el personal encargado de la ejecución de las sanciones y en contacto directo con los adolescentes, sea competente y suficiente, el cual estará integrado por especialistas profesionales de los campos de educación, salud, trabajo social, psicología, psiquiatría y derecho, con formación especializada en derechos humanos de la niñez y adolescencia. Se promoverá su formación y capacitación continua. Artículo 260. Derechos del adolescente durante la ejecución. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tendrá, como mínimo, los derechos siguientes:

a) Derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y moral. b) Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado. c) Derecho a permanecer, preferiblemente en su medio familiar, si éste reúne los requisitos adecuados para el desarrollo del adolescente. d) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales, adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen personas con la formación profesional requerida. e) Derecho a recibir información, desde el inicio de la ejecución de la sanción, sobre: 1. Los reglamentos internos de comportamiento y vida en el centro, en especial la relativa a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele. 2. Sus derechos en relación con los funcionarios responsables del Centro especializado. 3. El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad.

5. Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta. 6. Derecho a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los delincuentes condenados por la legislación penal común. 7. Derecho a que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución individual y a que no se le traslade arbitrariamente. 8. Derecho a no ser incomunicado en ningún caso, ni a ser sometido al régimen de aislamiento ni a la imposición de penas corporales. Cuando la incomunicación o el aislamiento deben ser

aplicados para evitar actos de violencia contra el adolescente o terceros, esta sanción se comunicará al juez de Control de Ejecución de Sanciones y al procurador de los Derechos Humanos, para que, de ser necesario, la revisen y la fiscalicen. 9. Los demás derechos, especialmente los establecidos para los adultos y que sean aplicables a los adolescentes.

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4. La forma y los medios de comunicación hacia exterior del centro, los permisos de salida y el régimen de visitas.

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de evitar la reincidencia en los comportamientos antisociales en primordial. Este proceso de verificación de reinserción en familia y comunidad comienza con una preparación del equipo técnico que acompañó a él o la adolescente en su plan educativo o de vida38.

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7. Situación y contexto de la adolescencia en relación al tema de la Violencia

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El tema de la adolescencia en los últimos años ha generado en Guatemala una relevancia en los espacios del imaginario colectivo, que hacen entender la importancia de este sector poblacional, aunque no en las condiciones y por las razones idóneas. También a nivel internacional se ha dimensionado la trascendencia de generar los espacios para la inserción de este sector dinámica social mundial, ya que el año 2010 ha sido declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el “Año Internacional de la Juventud”, incluidos los jóvenes adolescentes, y con el lema “Diálogo y Comprensión Mutua”. La importancia de la adolescencia en el país va más allá del discurso del “cambio generacional” más próximo, ya que dimensionando los números y las estadísticas se sabrá cuál es la necesidad de contar con estrategias,

políticas, programas, planes que coadyuven a la integración del sector en el medio económico, social, cultural y político de la nación. Por ejemplo, la población guatemalteca para el año 2010 que se estima en 14, 361,666 habitantes tiene un 43.9 por ciento de la población menores de 15 años (POLJUVE, 2010) y una cantidad de adolescentes de 14 a 18 años en el 2010 que es de 1.6millones, 1.7 estimado para el 201139. Contrario a visualizar a la adolescencia como la renovación, la oportunidad de revalorización, de cambio y crecimiento en lo social, político y económico por las características dinámicas del sector, la sociedad guatemalteca en gran medida evidencia una estigmatización y preocupación ante el involucramiento de la adolescencia y la juventud en actividades violentas e ilícitas, particularmente en las maras y pandillas, tráfico y consumo de drogas, portación ilegal de armas, vínculos con el crimen organizado, explotación sexual comercial, violencia intrafamiliar, etc. Más allá de que es una minoría de adolescentes la que no genera una aceptación de los códigos de la conducta social. Otro problema grave, derivado de esta situación es el uso inadecuado de la información por parte de los medios de comunicación, que matizan de forma sensacionalista los hechos violentos come-

38Artículo 263. Egreso del adolescente. Cuando el adolescente esté próximo a egresar del centro,

deberá ser preparado para la salida, con la asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del centro; asimismo, con la colaboración de los padres o familiares, si es posible.

39 Elaborado por SEGEPLAN, con datos de Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950‐2050. INE.

tidos, propiciando el ciclo vicioso que aumenta la sensación de inseguridad en la población y contribuye a la estigmatización de la juventud como “violenta y peligrosa(POLJUVE, 2010).

Particularmente en Guatemala se tiene una larga trayectoria de hechos violentos en su historia, desde la colonización, la construcción del Estado Nación, y más recientemente el conflicto armado interno (19601996). La violencia ha sido utilizada como un medio para defender ideas e intereses de los grupos de poder41y como mecanismo para resolver conflictos, lo cual ha tenido un impacto social fuerte en la ciudadanía, particularmente en los grupos más vulnerables de la población entre los que se encuentra la niñez y la adolescencia. Además el incremento de la pobreza y la indigencia, fenómeno complejo con múltiples aristas desde donde se enfoque, han elevado los niveles de desigualdad y exclusión social, favoreciendo el aumento de la violencia y la criminalidad. En concordancia con la afirmación de la existencia de una escalada en el tema de violencia y criminalidad que enfrenta el país y está afectando significativamente a la niñez, ado-

Documento de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en diciembre del 2009 y presentado en evento en Guatemala por Paulo Sérgio Pinheiro y comentado por personalidades de gobierno, organizaciones de Sociedad Civil y defensores de Derechos Humanos.

Los grupos como el narcotráfico han cambiado la dinámica del poder estableciendo sus influencias en poderes paralelos alrededor del Estado y otros actores que generan luchas evidenciadas en la violencia cotidiana que la ciudadanía percibe.

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Contrario a este matiz y tergiversación en la percepción de la violencia atribuida a adolescentes, la realidad es que es un problema de carácter histórico que va a las estructuras mismas del sistema, y en el más estigmatizante de los casos hacia la adolescencia, estos deben entenderse como víctimas de los grupos organizados al margen de la ley y de las carencias que la sociedad y el Estado han tenido para garantizar los derechos humanos y el desarrollo. Tal y como afirma Pinheiro y el documento sobre seguridad ciudadana (CIDH, 2009)40,los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas obviando las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia. También dentro de este informe, se argumenta que las llamadas políticas de ajuste estructural han cooperado en deterioro del rol del Estado como garante del pacto social de convivencia, impul-

sando así profundos cambios en la cultura y han debilitado la incidencia de las instancias de socialización tradicionales (la familia, la escuela, el trabajo o las organizaciones de la comunidad) sobre los hábitos y las conductas de las personas.

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lescencia y juventud se puede citar estadísticamente que en el año 2009 murieron de forma violenta 6,498 personas, de las cuales 2,368 eran menores de 25 años (36.44%), y 720 eran mujeres (11.08%). La mayoría de estos crímenes se cometió con armas de fuego (83%) y en promedio murieron de forma violenta 18 personas cada día (FOSS, 2010)42.En estadísticas más recientes recabadas en la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en 2010, entre el 1 de enero y 25 de diciembre 2010, se registraron 6.502 homicidios y ocurrieron 33 mil 414 hechos delictivos en todo el país.

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En el tema específico de la violencia a menores el 2009,según datos presentados por UNICEF recogidos de la agencia AFP43, indican que unos 526 niños y adolescentes murieron víctimas de la violencia y que de Enero al 24 de octubre del 2010, superaba los 420 fallecidos. En adición, según cifras de Naciones Unidas, un 98% de casos de delitos cometidos contra este sector de la población no son resueltos por el sistema de justicia y, un 75% de casos de violencia contra la niñez y adolescencia no son denunciados; el 59% asegura que no sirve de nada poner una de-

nuncia y el 9,8% no lo hace por temor a represalias. El informe que anualmente presenta el GAM44, conforme al monitoreo de medios de comunicación, afirma que la violencia en el 2010 ha sido diferente a la de años anteriores, ya que si bien hubo un descenso mínimo en algunos indicadores en el tema45, la violencia principalmente ha sido de tipo psicológico para la ciudadanía en general, además de que la forma en que se presentaron las muertes fue de una forma más sangrienta que en otros años. Por citar un ejemplo el GAM (GAM, 2010) afirma que las masacres, una práctica que únicamente se había provocado durante el conflicto armado interno, fueron identificados 11 casos solo en el mes de noviembre 2010 en donde murieron y resultaron heridas más de 2 personas en cada caso, falleciendo entre ellos1 niña y 1 niño, además de una niña y dos niños heridos. En concordancia a estas afirmaciones en el mismo informe se expone que el número de personas muertas asciende a 2,953, siendo este año más violento en relación con el anterior para los menores de edad. También de enero a noviembre 2010 se registraron 35 niñas y 41 niños heridos por causas violentas en

42 Foro de Organizaciones Sociales especializadas en temas de seguridad -FOSS- (Mayo 2010). Primer informe de monitoreo del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia.

43 Agence France-Presse. 44Grupo de Apoyo Mutuo. 45

Entre el 1 de enero y 25 de diciembre 2010 se registraron 6.502 homicidios, de acuerdo con las cifras oficiales, en comparación a los 6.948 homicidios durante el 2009(GAM 2010).

concordancia con la afirmación de ser un año particularmente violento para los menores de edad.

Otro agente socializador que ha variado su rol es la comunidad, la cual se encuentra dividida y polarizada sin cumplir un papel de integración de personas (POLJUVE, 2009) y generando estigmatización basado en criterios ambiguos. En síntesis, citando del documento

También del texto sobre seguridad ciudadana (CIDH, 2009) se extrae la afirmación que si bien la criminalidad y la violencia que afecta el derecho a la vida y a la integridad física de

46 Guatemala presenta un índice de pobreza del 51.76%53, y de extrema pobreza del 15.2%, lo cual implica que más de dos millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día, sin tener acceso a empleo, salud, vivienda55 y educación (FAO, 2002).

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La situación de exclusión social y desigualdad que el persiste en el país46 es la línea transversal situación que coloca a un gran segmento de la población y en particular a la adolescencia en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. A esto se suma lo antes mencionado respecto al cambio de los agentes socializadores como familia, la escuela y la comunidad. El modelo familiar tradicional ha variado su estructura debido a factores económicos y sociales, como aquellos casos en que los niños y niñas quedan al cuidado de abuelos, tíos o primos, o a cargo de vecinos, además del fenómeno de los son liderados por una mujer o madre soltera que debe trabajar largas y extenuantes jornadas para brindar manutención a sus hijos; y quienes no cuentan con familia ampliada o redes sociales de apoyo como amigos y vecinos, inevitablemente dejan a sus hijos expuestos a permanecer en la calle.

de POLJUVE(POLJUVE,2009),la desatención estatal de factores sociales, favorecen a la generación de violencia, colocando en situación de vulnerabilidad a la niñez, adolescencia y juventud, a través de: a) la estigmatización de la juventud como violenta, b) el individualismo imperante en nuestra sociedad, c) la pérdida de valores éticos, morales y familiares, d) los pocos canales de comunicación intergeneracionales efectivos y espacios de convivencia para jóvenes y adultos, e) los pocos espacios de participación social que permitan a la niñez, adolescencia y juventud expresarse, f) limitado acceso a satisfactores sociales como educación, empleo, salud, vivienda, arte, deporte y recreación, g) pocos mecanismos de gestión de conflictividad social que permitan a la población solucionar sus problemáticas de formas y maneras constructivas, h) la importación de modelos violentos que generan que la violencia se constituya en un medio para la satisfacción de intereses y forma de expresar inconformidad ante la imposibilidad de cuestionar y transformar las reglas y normas comúnmente aceptadas como válidas para la convivencia.

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Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

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las personas, en Guatemala es un hecho que se han incrementado en forma constante los delitos contra la propiedad, como atracos o hurtos47. Resulta difícil establecer las tasas promedio debido a la ausencia de indicadores objetivos y el tema de las carencias del sector justicia para medir este tipo de delito, pero su crecimiento puede advertirse en las series estadísticas por país, generadas por instituciones oficiales u organizaciones no gubernamentales como en el informe recién consultado del GAM o el trabajo del ICCPG. En general, las principales víctimas de esta forma de criminalidad común se encuentran en los sectores de ingresos medios y bajos de la población y, también en estos casos, involucran especialmente a los niños, niñas o adolescentes e incluye en muchos casos fuertes niveles de violencia física. Como se irá desglosando esta violencia alrededor de los niños y adolescentes condiciona factores de vulnerabilidad ya que la resiliencia o adaptación ante tal fenómeno en muchos casos resulta en un modelo de reproducción y multiplicación de la misma violencia. Según plantea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2010) el disminuir la violencia y la impunidad en este

tipo de delitos requiere no solo una amplia voluntad política en el ámbito criminal y de investigación, sino que se necesita que dicha voluntad se amplíe a todas las instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia de manera integral, que por supuesto incluye el fortalecimiento de la Secretaria de Bienestar Social. La gran mayoría de los hechos que han sido cometidos en esta alza de hechos de violencia no fueron investigados ni perseguidos por el sistema de justicia penal, debido a la poca disposición y limitada capacidad de los funcionarios de justicia48; los estudios muestran que solo dos de cada diez homicidios alcanzan una sentencia judicial (OACNUDH, 2009). En concordancia con lo anteriormente planteado según expresa la CIDH(CIDH, 2009) la seguridad ciudadana es una profunda preocupación social; los estudios de percepción ciudadana revelan que 65% consideran que la violencia y la inseguridad es uno de los principales problemas que debe enfrentar el gobierno. Las fuerzas de seguridad, contrario a lo que esto exige, no cuentan con las capacidades instaladas para reducir los índices de violencia, ya que la Policía Nacional Civil cuenta con poco personal espe-

33 mil 414 hechos delictivos en todo el país de enero al 25 de diciembre 2010, en cifras presentadas por el MP, INACIF y PNC.

De acuerdo con datos extraídos del CENADOJ, en el 2009 del 100% de las denuncias penales de las cuales tienen conocimiento, el 23% son conciliaciones y el 19% son sentencias, lo cual evidencia aun una falta de eficiencia por parte del organismo judicial. Es mayor el número de conciliaciones que sentencias, de en un alto número son absolutorias.

cializado; escaso equipo de comunicación, movilización y armamento; en cuanto al tema de infraestructura puede afirmarse que es precaria y que cuenta con limitados recursos económicos. Este panorama expuesto y ante la exigencia social ha determinado en los últimos años que las autoridades responsables de la seguridad ciudadana privilegien las medidas reactivas49 para combatir la delincuencia asociada con la adolescencia y juventud. Durante el año 2009 se emitieron 7,854 órdenes de captura, se impusieron 3,506 arrestos domiciliarios y se ordenó prisión preventiva en 3,576 procesos, no obstante se reportaron 41,521 detenciones por la PNC (ICCPG, 2010).

Respecto a lo anterior se puede afirmar que además de su comprobada inefectividad y según lo señala el sistema de Naciones Unidas propician la discriminación y la persecución de adolescentes y jóvenes, simplemente por su vestimenta o el uso de tatuajes, y no por la comisión de un delito. Además, para el caso de Guatemala que carece de suficientes lugares de reunión y distracción, estas propuestas de leyes que han estado en el debate público y de los congresistas en este 2010, criminalizan a la adolescencia y juventud limitando la libertad de asociación. Esto en el entendido que las definiciones son ambiguas y estigmatizadoras puesto que cualquier grupo social de adolescentes o jóvenes entraría en la definición de “mara”, con el riesgo que implica entrar en el sistema penal aun sin que se exista un daño a un bien jurídico tutelado. Estas iniciativas significan un retroceso a sancionar al ser y no al hacer. Lo que pone en riesgo la lucha contra la impunidad, al diversificar la persecución penal a actitudes y no a hechos delictivos cometidos por adolescentes.

Estas medidas reactivas han demostrado ser poco efectivas; y han dejado de lado las medidas preventivas, lo cual se observa con el elevado número de capturas de jóvenes que realiza la Policía Nacional Civil y la saturación de casos en el Sistema de Administración de Justicia. En muchas ocasiones los jóvenes son detenidos por faltas o delitos leves como hurtos, robos, riñas, escándalos en la vía pública, posesión de drogas para el consumo, y otros delitos menores. En consonancia, la sobrepoblación27 en el Sistema Penitenciario alcanza el 41.21%28. Esta saturación de casos reduce la capacidad del sistema de seguridad y justicia para investigar y perseguir delitos graves y de gran impacto social. En el 2009 al Ministerio Público se presentaron 10,718 denuncias por delitos contra la vida, 1,710 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 4,618 denuncias por violencia sexual, y 2,855 por abuso de autoridad.29

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Es oportuno recalcar en este punto que aquellas acciones fundamentadas únicamente en la represión y que vulneran los derechos humanos no son la solución a la inseguridad, tales como la aplicación de la pena de muerte hoy en Guatemala, la renuncia a tratados internacionales de derechos humanos, la creación de tribunales con “jueces sin rostro” y las denominadas leyes “antimaras”

(OACNUDH, 2009).

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7.1 Causas estructurales de la violencia asociada a la adolescencia

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Los medios de comunicación diariamente informan de algunas de las formas más sensacionalistas, amarillistas y graves de la violencia en Guatemala. Sin embargo, para establecer la realidad de las historias que permita entender lo complejo del fenómeno individual y colectivamente debe ir más allá de los parcializados reportes judiciales y de los medios de comunicación. Estos se convierten en noticias y datos que alejan al ciudadano de formarse un criterio amplio del problema y lo involucrándolo en medio del terror y el estigma (CCPVJ, 2010)5o.Por tanto, en la actualidad el fenómeno de la violencia se ha extendido en todo el tejido social expectante haciéndole partícipe en alguna expresión violenta a la población en general, ya sea como víctima o como victimario. Sin embargo, no toda la niñez, adolescencia y juventud está expuesta de igual manera a la violencia, existen grupos que

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se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y desventaja social. Existen diferentes condiciones que determinan en mayor medida la vulnerabilidad en el fenómeno de la violencia. Por ejemplo, la callegización está íntimamente conectada o genera las condiciones de máxima vulnerabilidad como grupo. La vulnerabilidad frente a la violencia está constante en aquellos adolescentes que han sido abandonados por sus familias, quienes viven en la calle o se encuentran en la calle. Otro de los grupos que adquiere connotación de vulnerable son los adolescentes y niños están fuera del sistema escolar; además las y los adolescentes desempleados que por condiciones de pobreza se ven en la necesidad de trabajar desde temprana edad, también quienes sufren explotación sexual comercial y económica. Los y las adolescentes que migran en condiciones precarias y por último quienes viven en condiciones de hacimiento en zonas marginales (CIDH, 2009)51. En resumen el grupo de ma-

50 La iniciativa de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil que llevo a la consecución de estas historias relatadas en el documento “Jonathan no tiene tatuajes” Crónicas de jóvenes centroamericanos en la encrucijada, con la inquietud de mostrar la complejidad de los conflictos y los actores que viven en las comunidades, en los espacios públicos, privados e institucionales. Junto a este retrato individual familiar y común se evidencia aquellos puntos en los que las instituciones públicas tocan tangenciales las urgencias y demandas personales. Las instituciones y las vidas humanas van corriendo paralelas, sin lograr ofrecer garantías a quienes desde los márgenes van resolviendo en condiciones precarias. La búsqueda de esta innovadora iniciativa era ir más allá de la nota diaria en la que los reportes policiales cuentan una parte limitada de los conflictos. En ella se deja de lado una serie de elementos, problemas y actores que entran en juego en las distintas violencias.51 La violencia física entre compañeros tiende a ser más común en las zonas urbanas caracterizadas por falta de empleo, educación y diversiones sociales y viviendas de baja calidad, en las que poblaciones jóvenes y en rápido crecimiento expresan su frustración, rabia y tensiones acumuladas en peleas y comportamiento antisocial. Gran parte de la violencia incluye altercados personales entre amigos y conocidos, y está muy relacionada con el uso de drogas y alcohol

yor vulnerabilidad ante la violencia lo constituye la niñez, adolescencia y juventud marginada, excluida socialmente, mayormente expuesta y vulnerable de ser víctima de la violencia.

ocupante ya que actualmente se estima que hay unos 10,000 integrantes de las mismas52, responde a la falta de espacios de participación en lo político, a necesidades insatisfechas en lo económico, social y cultural.

7.1.1 Las Pandillas y “Maras”

El autoritarismo, el estigma y las reiteradas violaciones de los derechos humanos parecen ser las respuestas más fáciles a las múltiples formas y consecuencias de una violencia que sobrepasa todo límite admisible. El discurso oficial dominante sobre estas agrupaciones se ha configurado desde los medios masivos de comunicación53, como un componente de las estrategias de “manodurismo” y cero tolerancia impulsadas en Guatemala (CCPVJ,2010), contribuyendo significativamente a su mayor criminalización y estigmatización, a su legitimización como actores ilegales y a la deshumanización de aquel que presumiblemente fuera pandillero o “marero”.

Sin embargo, como se ya ha analizado a lo largo de este apartado, la incursión de la adolescencia en este tipo de agrupaciones, si bien es pre-

8. Perfil de los y las adolescentes en los Centros de Privación de libertad contexto y otras causas Para entender el perfil de los y las adolescentes que ingresan a un Centro de Privación de libertad deben considerarse aquellos factores de riesgo que contribuyen a la violencia o condiciones que incrementan las posibilidades de que una persona sea víctima de violencia o se

52 (CCPVJ, 2010). 53Esta situación también pone en crisis las maneras de hacer un periodismo que desde su campo contribuya a fortalecer esas democracias (CCPVJ, 2010).

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Las pandillas y maras han sido uno de los actores en los que se han centrado las políticas de seguridad de los gobiernos. También, en los medios de comunicación, aparecen como los actores más visibles de la violencia. Si bien el fenómeno de las “Maras” o pandillas juveniles ha estado presente, principalmente en el triángulo norte de Centroamérica, durante los últimos 20 años, es hasta en períodos recientes que se les ha considerado actores preponderantes en la violencia. Actualmente la asociatividad con los carteles de narcotráfico y demás poderes paralelos que utilizan estrategias de corte militar como el terror, la tortura, el sicariato, etc. los ha convertido en el emblema de la violencia. Lo anterior aunando sea su visibilidad como actores, asociada a su peculiar estética y el uso de simbolismos, a su dinámica violenta, los ha catapultado a ser protagonistas de la nota roja.

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involucre en hechos violentos. Entre ellos se pueden mencionar como de mayor escala:

8.1.1 Violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar es una práctica frecuente y poco denunciada en los hogares guatemaltecos incluso con connotaciones de arraigo cultural. Aunque en la mayoría de los casos las víctimas de actos violentos eran mujeres54 también son víctimas los hijos e hijas menores. Es importante incluir entre los factores de riesgo por que el fenómeno tiene como consecuencia principal el abandono o la expulsión de los hogares, en donde carecen de vínculos familiares y comunitarios (abrigo, estudio, trabajo, etc.) encontrándose expuestos a ser violentados nuevamente, o bien, a involucrarse en actividades violentas e ilícitas55.

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La poca denuncia ha generado la insipiente intervención del Estado en los casos de violencia intrafamiliar, además que para las medidas de seguridad impuestas para brin-

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dar protección contra agresiones y garantizar el cese de las mismas necesitan de la intervención policial para su cumplimiento. Sin embargo la respuesta de la PNC en estas actuaciones, como en muchos de los roles que el sistema de justicia les requiere, aún es insuficiente (POLJUVE, 2009).

8.1.2 Deserción y violencia en las escuelas El abandono escolar está relacionado principalmente a la situación económica de las familias, la pobreza es la principal condicionante para que los niños y niñas no accedan o no persistan en la escuela, siendo la deserción escolar un una problemática con cifras elevadas en el Guatemala56. La expulsión de las escuelas también representa un gran problema, ya que es frecuente las expulsiones por sobre edad, por repitencia o por transgresión de las normas disciplinarias o cualquiera de los estándares del sistema educativo. Es problemático desde todo punto de vista ya que el mismo sistema edu-

En el año 2008 se reportaron 23.721 casos de violencia intrafamiliar, de estos casos, 21.431 de las víctimas eran mujeres a su vez el Organismo Judicial reporta durante el primer trimestre del 2009 una tasa de procesos iniciados por violencia intrafamiliar de 30.080. En estos procesos 27.007 de las víctimas eran mujeres; 1.541 eran niñas; 2.870 eran hombres y 1.538 eran niños, y fueron impuestas 23.269 medidas de seguridad. La CONAPREVI reportó que en 2009 atendió un promedio de 565 llamadas diarias de mujeres y niños y niñas maltratados a través de sus líneas de emergencia. (POLJUVE, 2009).

55 El vínculo con cualquiera de Las pandillas o “Maras”, el crimen organizado y narcotráfico se es-

tablece en aprovechamiento de la necesidad económica de estos adolescentes, además de brindarles un sentido de pertenencia a un círculo social ante la falta de respaldo familiar y comunitario.

Aunque la educación primaria alcanza el 95% de la población en edad escolar entre 7 y 12 años, sólo el 41.1% finaliza el sexto grado de primaria. El sistema educativo no ha logrado frenar esta problemática y cada año más de 204 mil niños y niñas abandonan la escuela (12% de los matriculados)(POLJUVE, 2009)

cativo condiciona esta deserción ya que implementa para la formación de los adolescentes metodologías retrogradas, estandarizantes y con pocos contenidos que entiendan la diferentes individualidades. Esto, ya que los educadores, pensum y sistema educativo suelen preocuparse poco por el desarrollo de metodologías participativas y oportunas que respondan a las necesidades sociales y biopsíquicas del estudiantado. Por el contrario, esta práctica de expulsiones como forma de castigo, suele favorecer la estigmatización, lo cual ocasiona que por este hecho, “sean discriminados y rechazados en otros centros educativos y por la sociedad”. Los y las expulsados son asociados con ser “transgresores” del orden público y la ley (POLJUVE, 2009).

La violencia está presente en las escuelas, ya que en estas se comenten golpizas, abusos sexuales, extorsiones, entre otras, que se producen entre alumnos y, en conocimiento también casos, por maestros hacia la niñez y adolescencia. También se conoce de la rivalidad y confrontaciones físicas entre estudiantes de un establecimiento educativo además de extorsiones, robos e intimidaciones en los alrededores de los centros educativos, así como la distribución y consumo de alcohol y drogas. El fenómeno de la violencia trasciende a las metodologías educativas que reproducen formas de convivencia violenta, que va desde el autoritarismo que del educador en su relación con los educandos hasta losmecanismos de resolución de las diferencias entre los estudiantes y las distintas manifestaciones de acoso que viven las mujeres en el ámbito escolar. En algunos casos los educadores conocen y perciben la violencia que tiene lugar contra los niños/as en el hogar, la escuela y la comunidad, sin embargo y pese a tener la obligación legal de actuar para garantizar la integridad de los niños y las niñas, continúan inactivos, convirtiéndose de esta forma en cómplices de estas violaciones. Una de las grandes deficiencias en

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Un dato alarmante en referencia a la deserción escolar en la adolescencia es el de cobertura en el nivel básico, ya que alcanza el 36.4% de la población escolar, el resto se estima que se insertan al mundo del trabajo a muy temprana edad. Aquellos adolescentes que ingresan al nivel básico, 45.4% lo hacen a centros educativos privados, el restante de la población inscrita asiste a los escasos institutos públicos que persisten (25.4%) y a los institutos por cooperativa (25.4%). La situación se agudiza en el nivel diversificado, de cada 10 personas entre 16 y 18 años, únicamente 2 ingresan al sistema

educativo formal (POLJUVE, 2009).

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cuanto a la protección de la niñez y adolescencia, es el limitado acceso y el desconocimiento generalizado de mecanismos de denuncia y protección, la dependencia de los adultos para acceder a protección, la revictimización de la cual son objetivo en el sistema de administración de justicia y la limitada cobertura de los programas de protección.

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8.1.3 El desempleo y subempleo juvenil

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Según datos del Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE), de los 125 mil jóvenes que se integran anualmente al mercado laboral, sólo una tercera parte encuentra un puesto de trabajo dificultando la inserción al sistema laboral y la generación de ingresos tan importantes para la mayoría de familias que viven en situación de pobreza. Entre los obstáculos para acceder a puestos de trabajo se encuentra la escasa formación académica y tecnificación en algún oficio, sumados al acelerado crecimiento de la oferta de mano de obra, la baja demanda laboral, ocasionada por la recesión económica mundial, la poca inversión nacional o extranjera en el país. Adicionalmente, al momento de contratación los adolescentes se topan con prácticas discriminatorias y excluyentes, ba-

sadas en estereotipos convirtiendo la opción más viable de agenciarse ingresos, la economía informal que actualmente recluta a más del 67% (837 mil 500 jóvenes). Las condiciones a las que se exponen losa y las adolescentes son las jornadas extenuantes de trabajo, con ingresos menores al salario mínimo y sin posibilidades de acceder a la seguridad57. Para aquellos adolescentes y jóvenes que no logran ubicarse laboralmente, la situación se agrava, encontrando en el involucramiento en actividades ilícitas que les faciliten el acceso fácil y rápido a recursos económicos soluciones en el corto plazo, sin tomar en cuenta que este tipo de actividades conllevan procesos de exclusión y estigmatización aún más focalizados, su posible captación por el sistema de justicia, y poniendo en riesgo la propia vida58 Las niñas laboran muchas veces en los que haceres del hogar y en casas particulares, por lo que muchas veces no aparece como trabajo infantil. Por otra parte, es un trabajo sobre todo rural, de ayuda a las familias, que muchas veces no está remunerado. En otros casos se da la explotación sexual comercial o el trabajo en casas particulares. Se estima que 93 mil adolescentes, entre los 10 y 14 años edad cumplen jornadas de casi

Los adolescentes al no contar con edad legal para el trabajo también limita la obtención de salario mínimo o prestaciones, victimizados por los contratantes acorde a la necesidad de generar ingresos.

Como se analizará al analizar las condiciones del sistema de justicia penal de adolescentes, la estigmatización generada y la escuela de crimen que encuentran en los Centros condiciona un casi imposible retorno al sistema laboral formal.

13 horas en las labores domésticas de las casas particulares (POLJUVE, 2009).

8.1.4 Fácil acceso, consumo de alcohol y drogas El fácil acceso, uso de alcohol y otras drogas59 que producen adicción y dependencia por la adolescencia problema grave de salud, además de un problema de seguridad ciudadana. Existe poco control sobre la distribución y comercialización de sustancias que producen adicción o dependencia, en especial la distribución de bebidas alcohólicas a personas menores de edad, así como la falta de educación y prevención de su uso, condicionan en la adolescencia y juventud la comisión de hechos violentos.

8.1.5 Migración en condiciones precarias

Otro proceso creciente es la migración de adolescentes y jóvenes desde el campo a la ciudad en busca de empleo, lo cual ocasiona el incremento de personas en la economía informal debido a la escasa oferta laboral existente, y mayor aglomeración en las ciudades, provocando mayor hacimiento principalmente en las zonas urbano marginales, que poseen índices altos de reproducción de la violencia.

8.1.6 Pocos espacios de participación juvenil Si bien se puede cuestionar la participación Juvenil a través de términos como apatía, desconfianza, desencanto e inmovilidad, esto es reflejo y expresión de desinterés político, pero más aun de autoritarismo, im-

De acuerdo a estudios realizados por el Patronato Antialcohólico y la Secretaria Ejecutiva de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, en promedio la población guatemalteca se inicia en el consumo de licor a la edad de los 15 años. También mencionan que de cada 100 guatemaltecos, 66 consumen licor y en promedio, un individuo ingiere 64.75 litros de bebidas alcohólicas al año. Según SECCATID, el uso de drogas a partir de la adolescencia es alarmante. De cada 100 adolescentes, el 52% ha bebido alcohol, el 44% ha fumado tabaco, al menos uno ha usado crack, dos han consumido inhalantes o cocaína, cuatro han fumado marihuana, ocho han probado estimulantes y dieciocho han usado tranquilizantes. Las autoridades han admitido que los distribuidores de drogas lo hacen en lugares cercanos a los centros educativos en busca potenciales consumidores (POLJUVE, 2009).

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La migración se ha convertido un factor de vulnerabilidad principalmente atendiendo al fenómeno de la deportación siendo Guatemala el mayor índice a nivel centroamericano. Durante el año 2009 fueron deportadas 28.786 personas, quienes

al retornar al país no cuentan con una fuente de ingresos para el mantenimiento de sus familia y el Estado no cuenta con programas específicos de apoyo para esta población ni para extranjeros que se encuentran en tránsito hacia México o los Estados Unidos. Además el fenómeno de la transculturación determinó en mucho el surgimiento del fenómeno de las pandillas o “maras” en la región.

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posición, manipulación y demagogia según lo explica en su publicación ¿Y la Juventud Qué? (CALDH, 2009)

nes, pero en puestos de “relleno” o que no tienen posibilidad de ganar la elección.

En el caso particular de Guatemala, los obstáculos se focalizan en una creciente inoperancia institucional político-electoral, ya que estás no están siendo funcionales, y contrariamente se han convertido en obstáculos debido a su ineficacia operativa. Los partidos políticos en su mayoría son meras estructuras y maquinarias electorales, sin democracia al interno o apertura de espacios de interlocución. En las condiciones actuales más bien cumplen una función de retener o de inhibir la expresión política, en tanto que el sistema electoral se comporta de manera renuente para afrontar la realidad política emergente y prefiere seguir usando los mecanismos tradicionales minimalistas. Pese al riesgo político que implica para todo el sistema electoral y que no se de una real participación juvenil para la renovación del poder político, no se visibiliza en el año electoral que se avecina una redefinición que abarque otras formas más amplias e incluyentes de expresiones nuevas impulsadas para las nuevas generaciones, que hoy no son consideradas relevantes, ya que el mismo Tribunal Supremo Electoral, máximo ente regulador en la materia para el país, posee información que comprueba que los partidos políticos proporcionan candidaturas a jóve-

Entre tanto, los jóvenes seguirán creando y buscando substitutos para expresar su sentir e inconformidades. De hecho, los jóvenes parecen huir de los medios institucionales, en tanto que los ubican como medios agresivos y lejanos a su realidad, que insuma al tema central de la violencia, con lo cual se presume que las instituciones están siendo rebasadas en la praxis. Estos pocos espacios existentes que desestimulan la participación social y política de la adolescencia y la juventud en estos ámbitos genera que principalmente esta se manifieste únicamente dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel comunitario, municipal y departamental, ya que es un pequeño espacio que atrae la atención como mecanismo para la participación política. Sin embargo, las y los jóvenes suelen tener una visión crítica de los espacios institucionales por que la participación en el COMUDE suele terminar con el respaldo político al gobierno local de turno, la disputa por cuotas del presupuesto y de la participación juvenil en esos espacios, potencializa la fragmentación que ya se manifiesta dentro de las juventudes organizadas, y el alejamiento de los representantes juveniles de los inte-

reses concretos de las agrupaciones y organizaciones.

9. Situación de la adolescencia en Centros de Privación de Libertad a cargo de la subsecretaria de reinserción y resocialización de la SBS. 9.1 Consideraciones previas Tras la negativa institucional de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia para la realización de las visitas a los centros, con el objetivo de recopilar información y verificar las condiciones en que están las/los adolescentes privados de libertad, se necesitó adecuar la metodología, en el sentido de que, la investigación, pudiera ser de carácter documental y así constituirse en una herramienta que permita conocer la historia reciente, sobre la situación de los y las adolescentes privada/os de libertad.

Como puede entenderse esta percepción generada tras compartir diferentes espacios de interlocución entre la misma CAS y con diferentes representantes de la SBS y la subsecretaría de reinserción y resocialización, permitió el análisis del discurso de estos últimos, basados en el conocimiento de causa y del medio, ya que no es desconocido para los integrantes de la Comisión de Auditoría. En adición, el sustento teórico del análisis de discurso, lo otorga la información recogida de fuentes secundarias proporcionadas por la misma Secretaría de Bienestar Social, así como otro cúmulo de datos que se han generado por instituciones expertas en torno al tema. Además, otro hecho relevante es que algunas modalidades de gestión dentro de la SBS y para los Centros a lo largo de varios años, han variado escuetamente en cuanto a los resultados visibles, sobre todo aquellas que impliquen un cambio real en las condiciones de los adolescentes. Vale aclarar que estas modalidades atra-

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Para el efecto se desarrolló un proceso de revisión de las distintas investigaciones relacionadas con el tema y posteriormente, contenidos objeto de discusión, por los integrantes de la Comisión de Auditoría Social, del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Guatemala. Esta comisión está integrada tanto por instituciones como por profesionales académicos y/o expertos de campo en temas y

ámbitos complementarios que van desde la psicología, la sociología, así como analistas jurídico-políticos y expertos en trabajo de reinserción y rehabilitación de personas que han sido privadas de libertad, enriqueció el proceso de discusión y análisis de los documentos

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viesan y trascienden distintas administraciones políticas del de la SBS.

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Además, a la luz de los compromisos internacionales adquiridos y la legislación nacional, que garantiza los derechos de los adolescentes captados por el sistema de justicia penal juvenil y principalmente aquellos privados de libertad, el Estado de Guatemala debe dotarse de los medios necesarios para cumplir con esta obligación. Por tanto, si bien la CAS del Movimiento Social está consciente de la situación de debilitamiento institucional y del Estado60 en general, caracterizado principalmente por la insuficiencia de recursos y presupuesto, exige el cumplimento de este deber haciendo uso de todo recurso instituido o alternativo a su alcance, para suplir estas carencias.

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Por lo anterior, y en virtud la reciente aprobación por parte de La República de Guatemala y la promulgación de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, tratado internacional de que Guatemala es parte, el MSDNAJ y

la CAS celebran el mismo buscando encaminar el presente diagnóstico a incidir en el tema, además de dar continuidad a trabajos de verificación de los instrumentos normativos expuestos en un apartado con anterioridad. En adición y citando un comunicado hecho por la OACNUDH, en el que se asevera que el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura establecieron en varias ocasiones que, en ciertas circunstancias, cuando las personas son privadas de libertad en lugares insalubres e antihigiénicos, con alto índices de hacinamiento, sumado a la falta de acceso a los servicios de salud, falta de ventilación adecuada y de acceso al agua potable, el encierro sin tener acceso al aire libre, o la falta de posibilidad de hacer ejercicio físico y de estudiar, podían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en violación a las normas y estándares internaciones de derechos humanos61. Es importante recordar además que las personas privadas de libertad, al encontrarse aisladas del mundo exterior y de la mirada de la sociedad,

60 Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir y remediar a estas situa-

ciones y la implementación de estas obligaciones “no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado”.

Las normas y estándares internacionales de derechos humanos, deben reflejarse en las reglamentaciones internas que regulan la vida en los centros de detención. Asimismo, éstas deben ser aplicadas eficazmente en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad. En adición, existe la obligación de investigar y sancionar los actos de tortura cometidos por “funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.1 Cuando se traten de torturas o malos tratos cometidos por particulares, y no por funcionarios públicos, como sucede a veces en casos de “limpieza social” o linchamientos, el Estado sigue teniendo la obligación internacional de investigar los hechos, identificar y sancionar los responsables.

al depender casi exclusivamente de las autoridades que las custodian para ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas, son particularmente vulnerables frente a la tortura y los malos tratos. Otro de los fundamentos citados de la OACNUDH al respecto de la prevención de las violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, es que debe romperse este aislamiento. La primera denuncia que se hace en el presente apartado, y que se hará reiteradamente por la magnitud del suceso, es la negativa institucional de la Secretaría de Bienestar Social encontrada para la realización de las visitas a los Centros de Privación de Libertad de Adolescentes. Señalando la gravedad de esta postura, se dirá que no es un hecho aislado y que fue una postura reiterada en todo el año 2010, confirmado con otras instituciones de la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas presentes en el país.

9.2 Datos relevantes y estadísticas sobre el sistema de justicia penal juvenil. Es importante dimensional la problemática por la que atraviesan las instituciones a cargo de la justicia de menores, pero sobre todo las condiciones de los adolescentes como reflejo de las mismas. La Subsecretaría de Reinserción y Resocialización62 cuenta con los siguientes Centros especializados de internamiento: Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP-; Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones -CEJUPLIV- ; Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIM- y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones- CEJUPLIV II Dichos Centros están estructurados de conformidad al esquema que se presenta en la página sub siguiente. En el cuadro que se presenta a continuación se busca referenciar algunos de los datos, que serán de importancia para su posterior análisis, sobre la población de adolescentes en los

62 Ver el organigrama de la Subsecretaría en el gráfico de la siguiente página.

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El Estado de Guatemala, junto con los otros 46 Estados que ratificaron el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, apostó a romper este aislamiento basado principalmente en las visitas regulares y la observación continua de las condiciones de vida y trato de las personas en todos los lugares donde se encuentran personas privadas

de libertad. Esto debe garantizarse por el Estado, quien debe permitir el acceso irrestricto a todos los lugares de detención del país. Esto incluye a los Centros de Privación de Libertad de la Subsecretaría de reinserción y resocialización de la SBS.

197

198

198 70 209 89 34 402

CEJUPLIV II -Anexo-

CEJUDEP -Gaviotas-

CEJUPLIV -Etapa II-

CEJUPLIM -Gorriones-

TOTALES

PROVISIONALES

180

117

SANCIONADOS

571

236

135

120

CAPACIDAD DEL CENTRO 2010

427

156

167

PROMEDIO ATENDIDO

0.99

0.60

0.87

1.71

0.80

DENSIDAD POBLACIONAL

582

206

232

TOTAL EN EL CENTRO 2010

ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN CENTROS DE LA SBS

Fuente: Elaboraci贸n de la SBS 2010

CENTRO

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

244

104

CAPACIDAD DEL CENTRO 2009

299

115

135

TOTAL EN CENTRO 2009

Centros de Privaci贸n de Libertad:

Fuente: Elaboraci贸n propia con datos de la SBS a Octubre 2010

En el cuadro anterior se pueden visualizar diferentes categorías relacionadas con la población de adolescentes en cada uno de los 4 Centros a cargo de la Subsecretaría. La columna de Provisionales representa el número de adolescentes que han sido privados de libertad y recluidos en alguno de los Centros, pero aun en espera de que su caso sea dictaminado por los juzgados correspondientes. La columna de Sancionados contiene la cantidad de adolescentes que ya están cumpliendo una medida de privación de libertad. La Capacidad del Centro tanto para el año 2010 como el 2009, tiene que ver con la máxima cabida de adolescentes, en relación a una serie de condiciones con las que se debe cumplir el Centro para poder atender al menor(Por ejemplo es determinante la cantidad dormitorios, camas, espacios educativos y recreativos, instalaciones sanitarias, presupuesto en alimentación, etc.).

Centro, la proximidad a 1 es una relación de igualdad entre la capacidad y la cantidad atendida y arriba de 1 significa que existe una sobrepoblación determinando un déficit en la atención, los espacios óptimos disponibles, la cantidad y calidad de los servicios, y seguramente incumplimiento en algún aspecto. A continuación se presentan una serie de gráficos, en relación con datos del cuadro anterior, que establecen relaciones estadísticas importantes para el posterior diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SBS octubre 2010

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El promedio de atención indica cual es la media de adolescentes se encuentran en los Centros, ya que el número varía en el tiempo pero esto provee una idea de la constante de atención a en el año 2010más allá de las fluctuaciones. Por último, la densidad poblacional es una relación entre la capacidad para atender adolescentes y el total de población que efectivamente está en los Centros, conforme el indicador se aproxima a

0 es la poca utilización de la capacidad del

199

Fuente: Elaboración propia con datos de la SBS octubre 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del CENADOJ 2009

Fuente: Elaboración propia con datos de la SBS octubre 2010

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Adicionalmente se incluyen una serie de tablas y gráficos que permiten entender de mejor manera la problemática actual y la relación interinstitucional que se tiene con el organismo judicial en el ramo de adolescentes en conflicto con la ley penal.

200

Fuente: Elaboración propia con datos del CENADOJ 2009

9.3 Avances La Comisión de Auditoría Social 2010 del MSDNAJ ve con agrado la implementación de cambios a partir de la implementación del Acuerdo Gubernativo 18-200665, que emite el actual Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría para establecer una estructura organizativa y funcional, necesaria dentro de la entidad para el adecuado ejercicio de sus actividades. Estos cambios impulsados dentro de la gestión de la Licda. Silvia Palomo González de Chavén66

65 Este concede a la Secretaria de Bienestar Social, la función administrativa de implementar las estructuras necesarias que sirvan de guía al Programa de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, para la obtención de metas y objetivos del programa y la correcta administración de los recursos.

, actual Secretaria de Bienestar Social, tienen que ver con una reestructuración, que busca propiciar un involucramiento y compromiso de los funcionarios en las actividades propias de una buena gestión institucional aunque aún no se han evidenciado avances que sustente la implementación al plano operativo de lo que se plantea en dicho reglamento. La Comisión de Auditoría Social conoce que lo anterior ha requerido el plantearse estrategias, como punto de partida para generar cambios. El éxito y trascendencia de los mismos dependerá de su constancia y subsistencia a gestiones venideras.

Todo lo anterior es considerado por

Previamente se habían generado acercamientos o esbozos de directrices para el trabajo a realizar en la SBS, en está gestión se consolidan aunque ha sido un proceso continuo en el que otras administraciones han contribuido.

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Por tanto, la CAS visualiza trabajos muy puntuales como la delimitación de procesos estratégicos claves dentro de la Secretaría, entre los cuales está el impulso a la creación de documentación que permita estandarizar y generar el trabajo conjunto de los funcionarios. Entre esta documentación en el tema específico que ocupa a la CAS se encuentra el “Manual de procedimientos Centros de Privación de Libertad y Medidas Socioeducativas” presentado en abril del 2009, el “Manual de Organización y Puestos del Programa Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” y “Manual de Organización y Puestos del Programa Medidas Socioeducativas” ambos presentados en agosto 2009.

También es se visualiza el cumplimento acertado de sus obligaciones de planificación con la construcción de un POA 2010 que permita tener metas, objetivos operativos, indicadores, estándares, actividades puntuales panificables, entre otros. También es un avance la generación de una reforma en los reglamentos de los Centros, que dicho sea de paso, en la mayoría de los contenidos se evidencia una revisión a lo que dicta la Ley PINA y algunos de los convenios internacionales en la materia, para la elaboración de los mismos, pero que sin embargo aun no se han llevado al plano ejecutorio que se refleje en la mejora de las condiciones de los y las adolescentes. También se evidencia voluntad en búsqueda de construir y articular bases de datos que permitan una información articulada y fidedigna sobre los adolescentes en los Centros de privación de Libertad o a quienes se les hayan dado otras medidas socioeducativas. En adición, aunque no ha dado los resultados esperados a criterio de la CAS, existen pequeñas articulaciones interinstitucionales principalmente en las modalidades de mesas de dialogo con actores como el OJ, el MP y algunas otras instancias a las que se les debe instar a fortalecer dichos esfuerzos y continuar para insumar en el seguimiento a dichas iniciativas.

201

la CAS un como herramientas que pueden ser de gran valía, en búsqueda del cumplimiento de las funciones de la SBS y de la subsecretaria de reinserción y resocialización, en beneficio de la niñez y adolescencia en Guatemala. Por lo anterior se exhorta a continuar y mejorar con este trabajo y aquello que sea menester, enfocándose en la implementación al plano operativo que se refleje en los adolescentes atendidos.

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Además en atención a un diagnóstico propio de la SBS se buscó reformar los Centros, empezando por el ataque a la corrupción dentro de los mismos, que generó la remoción de más personal en contacto con los adolescentes de donde se identificó secuelas de corrupción, mejores controles en el ingreso de substancias u objetos peligrosos para los adolescentes y la disminución de la agresividad a estos últimos con atención a medidas de salud e higiene como atención dental entre otras medidas.

202

De igual forma dentro de los avances se puede ubicar la implementación de la iniciativa de la “escuela de padres” de adolescentes en conflicto con la Ley Penal en la que se pretende concientizar a los progenitores y encargados sobre la responsabilidad y compromiso de los mismos para que conjuntamente se rompa el circulo delictivo. Esta iniciativa, si se

logra instituir correctamente, puede convertirse en parte de un programa exitoso de atención integral que refuerce los vínculos familiares a futuro. Además según compartió la misma Secretaria de Bienestar Social se ha buscado modificar los reglones de contratación para el personal. Esto con el fin de generar plazas con mayor competitividad en el mercado laboral acorde con lo exigente de la tarea y que permita garantizar la estabilidad laboral que permita formar personal de carrera en aprovechamiento de la experiencia y las capacitaciones que dentro de la secretaria de generen. También la CAS hará mención de la implementación del recientemente inaugurado el Centro de formación y capacitación para adolescentes de medidas socioeducativas, que se encuentra en la colonia Landívar, en el que se imparten cursos de panadería, cocina, belleza, computación, nivelación, y que debe ser visto además de una contribución para a la formación de los y las adolescentes que cumplen sus medidas socioeducativas, toda vez esto sea visto como un incentivo para que se priorice la aplicación de este tipo de medidas y revertir la tendencia de que la medida de privación de libertad a régimen cerrado sea la más aplicada.

9.4 Retrocesos: Problemática por afrontar, estancamientos y escasos avances. 9.4.1 Apertura interinstitucional de la Subsecretaría específica y la SBS

9.4.2 Falta de inversión y de voluntad política en el tema La CAS retoma planteamientos ya señalados por trabajos anteriores en la materia (López Hurtado, 2009), en cuanto a definir como la limitación principal lo asociado con la falta de inversión pública y voluntad política para cambiar dicha situación. La escases financiera es el condicionante principal, la línea transversal que argumentan las instituciones del Estado, para no emprender procesos sustanciales y ciertamente que es un condicionante. Sin embargo, el Estado de Guatemala debe dotarse de los medios necesarios para cumplir con esta obligación, comenzando por el impulso a las relaciones interinstitucionales que pueden proveer recursos, tanto financieros, humanos, así como técnicos, que se plasmen en programas y proyectos puntuales. También68 se puede señalar un acomodamiento en relación al presupuesto existente , sin propiciar cambios en el mismo a través de la construcción de matrices de indicadores, y bases de datos que generen estudios serios69 sobre la importancia de reinser-

Este fue el caso de una visita de representantes del Sistema de Naciones Unidas en la que haciendo uso de su mandato se realizó una visita muy condicionada y con alteraciones de forma para obstaculizar la observancia. 68 Consultar anexo sobre ejecución presupuestaria de Enero a Octubre 2010 del Sistema de Contabilidad integrada Gubernamental.

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La Cas del MSDNAJ ve con suma preocupación un retroceso en el ámbito de relacionamiento y la apertura de la Secretaría de Bienestar Social, acentuada en la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización, para con otras instituciones del Estado, pero principalmente hacia la Sociedad Civil y Organismos Internacionales. Esto se evidencia en el discurso de los propios representantes de la Subsecretaría de la SBS, además de las aseveraciones de representantes de varias instituciones del Sistema de Protección Integral, con los que el MSDNAJ ha compartido diálogo y procesos, que confirman un distanciamiento institucional. Sin embargo, lo que si puede afirmar de primera fuente desde la CAS, es el hecho que se han cerrado las puertas en los Centros de Privación de Libertad, a través de una serie de recursos retardatorios o negativas concretas bajo argumentos improcedentes. Esté no es un caso aislado, ya que diversas instituciones han buscado desde sus capacidades y mandatos específicos realizar la verificación de las condiciones en que se encuen-

tran los adolescentes a cargo de la SBS, terminando con las manos vacías, o en el mejor de los casos, con una visita manipulada y tergiversada por las autoridades de los Centros67

203

ción y resocialización, que permita romper con el ciclo de violencia en que se está involucrando a la adolescencia y hacerse de recursos a través de planteamientos serios , principalmente en una coyuntura en la que la sociedad en general exige seguridad ciudadana. La Comisión de Auditoría Social del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud ha tenido conocimiento que, en relación a los retrocesos en el tema de apertura institucional y de falta de voluntad política, se han dado una serie de negativas a gestiones y propuestas para la implementación o fortalecimiento de programas, generados desde la sociedad civil o/y con apoyo de la comunidad internacional preocupada por la situación de la adolescencia.

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9.4.3 Coordinaciones Ineficaces

204

La CAS se suma a un señalamiento realizado por el Comité de derechos del Niño de Naciones Unidas70 en el que expresa preocupación por la aplicación insuficiente del Sistema de Protección Integral, establecido por

la Ley PINA, y lamentando que entre las instituciones del Estado no haya una coordinación horizontal y vertical efectiva. En cuanto a la observancia específica de la CAS a este respecto, se diagnosticaron una serie de incongruencias en la comunicación y coordinación entre las mismas subsecretarías de la SBS, comprobando que la subsecretaría de Reinserción y Resocialización actúa aislada, sin intercomunicación ni concordancia con el resto de subsecretarías71 , dificultando aún más el poder ser optimistas respecto a las coordinaciones interinstitucionales. Otra de las coordinaciones interinstitucionales en la que la Comisión de Auditoría Social del MSDNAJ ha puesto especial énfasis en observar, es la existente entre la Subsecretaría antes mencionada y el Organismo Judicial(OJ), específicamente con la Sala de Niñez y Adolescencia y demás instancias de este organismo que actúan en el ramo de adolescentes en conflicto con la Ley Penal. La CAS ha concluido, sustentados en las estadísticas y datos presentados por el CENADOJ y la SBS, que exis-

Se estima que en Guatemala la violencia tiene un costo económico de aproximadamente el 7.3% del PIB equivalentes a unos 2,386.7 millones(Perdidas en salud 2.8%, gastos institucionales 0.8%, Seguridad Privada 1.8%, afectaciones en el clima de inversión 1.2% y pérdidas materiales 0.8%)(López, 2009)

70 Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes presentados por los Estados Partes,

en virtud del artículo 44 de la Convención CRC/C/GTM/CO/3-4 en su 55º período de sesiones13 de septiembre a 1º de octubre de 2010

71 Lo anterior quedo evidenciado por una serie de situaciones ocurridas, a raíz de los esfuerzos de acercamiento de la CAS a dicha subsecretaria, como la recepción de información diversa sobro temas comunes por dos o más instancias dentro de la subsecretaría, la incongruencia en una postura institucional unificada al momento de presentarse a mesas de diálogo, la desarticulación jerárquica dentro de la misma, etc.

te un distanciamiento o coordinaciones insuficientes, que estanca aquellos procedimientos que se deben emprender conjuntamente. La problemática que ambas instituciones comparten, como la insuficiencia financiera, reflejadas en un desglose presupuestario con carencias de personal administrativo, de insumos adecuados, entre otros, repercute directamente sobre los y las adolescentes. Las debilidades expuestas crean falencias en el efectivo cumplimiento de sus respectivos roles, que se evidencian en el incum-

plimiento de las garantías y derechos de los menores, generando problemas cada más graves para los Centros. Estas instituciones y los propios Centros se ven rebasados en sus capacidades, y retornan la problemática a la sociedad convirtiéndose en cíclico con la acrecentamiento exponencial de la violencia, exclusión, marginación y criminalización, más allá del cumplimiento de los roles resocializadores de las sanciones. El siguiente esquema es útil para visibilizar la anterior afirmación: Fuente: Elaboración Propia

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

205

Para explicar la reproducción de la problemática antes descrita utilizaremos como referencia el esquema anterior: Un o una adolescente es captado por el sistema de justicia penal juvenil y es remitido a un Centro de privación de Libertad de la SBS72. Ahora es uno de los y las 402 adolecentes (El 69% del total en los Centros) en status de “Provisionales”73 frente a los 180 sancionados (apenas el 31%) del total de 582 adolescentes en los 4 Centros74. Debido a las carencias del OJ y de los juzgados especializados75, que a su vez dependen del MP76, no están en capacidad de dictaminar acorde al principio de presunción de inocencia y celeridad que norma a la ley en los casos de adolescentes. Por tanto, el o la adolescente puede pasar privado de libertad, en espera que sea dictaminado su caso, mucho más tiempo del que estipula la ley PINA. Además los Centros no cumplen con lo normado en el artículo 182 de esta última, que estipula que en ningún

caso la privación de libertad provisional podrá ser el mismo lugar del Centro especial de cumplimiento. Cabe resaltar que la Subsecretaría en todos los aspectos que involucran a los Centros, carece de capacidades instaladas ante la situación antes descrita. El promedio de la densidad de los 4 Centros77, es de 0.99, muy cercano al 1 que representaría su funcionamiento a límite. Esta situación genera controles ineficientes a todo nivel, principiando con la aplicación de la normativa nacional e internacional de separación etaria y jurídica inefectivamente78. Esto se va transformando en una bola de nieve, ya que el adolescente ve condicionada para su supervivencia a seguir “las reglas del juego” y por lo que estipula la ley, los tratados internacionales o lo referente a sus derechos humanos. Lo antes descrito, como se irá especificando en cada una de los aspectos específicos de protección integral, necesita

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

72 La privación de libertad provisional es aplicada como medida de coerción con frecuencia ma-

206

yor que cualquier otra medida, en el 31% de los casos para el 2009.

73 Aun en espera de que su caso sea dictaminado por el juez competente.74 A octubre 2010. 75

Acorde a Gaceta de los Tribunales año 2010 (primer semestre), publicaciones del Organismo Judicial de la República de Guatemala, en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia , y Adolescentes en conflicto con ley penal únicamente se cuenta con un total de 17 jueces, 8 juezas y 9 jueces, así como un único juez de ejecución.(Menos de 0.15 y 0.01 por cada 100,000 habitantes respectivamente)

76 La fiscalía en el 2009 únicamente logró acusar en 175 de la totalidad de 1,586 casos ingresados (11%) y 1 de cada 4 son absueltos.

77Como se muestra en el cuadro 3 de la página 47 de este documento, la capacidad de los Centros paso de ser de 244 en el 2009 a 571 adolescentes en el 2010, sin que se tenga conocimiento de inversión tan amplia en infraestructura, lo que genera grandes dudas a la CAS del MSDNAJ.

78 El criterio de separación que se prioriza es la pertenencia a “Maras”. También se cumple el de género.

estrategias y soluciones conjuntas, así como la articulación de esfuerzos con otras instituciones como se ha planteado, como el OJ, MP, PNC, PGN79 y entre otros actores del sistema.

9.4.4 Aplicación de criterios de separación procesal, etaria, por género y por pertenecía a “Mara” o pandilla de adolescentes.

Se puede afirmar que en relación a esto no se han realizado cambios a pesar de señalamientos previos, que según lo expresado por las autoridades de la Subsecretaria de Reinserción y Resocialización, tiene que ver con el incremento registrado en la población de adolescentes, la saturación de los Centros y con el criterio de separación preponderante de la población que es la identificación con una “Mara” o “Pandilla” o a los que no pertenecen a ninguna, denominados “Paisas”.81 Los adolescentes más allá de no estar separados por edad o condición procesal, al estar separados por maras y pandillas, según sea el caso del adolescente ingresado incrementa los sentidos de identidad,

79 Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Procuraduría General de la Nación, respectivamente. 80 Páginas de la 47 a la 49 de este documento se ven las gráficas que evidencian que la medida de privación de libertad es fue la más dictaminada como medida de coerción en el 2009, utilizada en 557 ocasiones representando el 31% de los casos, más que cualquier otra medida. esto atenta contra el criterio de “Ultima Ratio” regulada en las normativas internacionales y nacionales en la materia.

81 Existe preocupación de las autoridades en virtud del daño físico que puedan causarse mutua-

mente los integrantes de las maras con mayor número de integrantes en Guatemala que son la “Mara 18” y la “Mara Salvatrucha”.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

El adolescente aun en espera de que su caso sea dictaminado se encuentra en el Centro sin grandes diferenciaciones respecto de los otros menores o incluso adultos que acá se encuentran. Esta situación en los Centros en la que se mezclan adolescentes procesados y sentenciados, así como la no separación de edades conforme lo normado, permite citar las “tabla 3” las “gráficas de la 3 a la gráfica 6”80 para su mejor comprensión. Estos números y estadísticas evidencian la existencia grandes incumplimientos, contraviniendo lo establecido por el Artículo 182 de la Ley PINA, y los tratados internacionales en virtud de los criterios de separación y del principio presunción de inocencia del adolescente regulado por el artículo 40, numeral

2 de la Convención. Esto va en detrimento del proceso resocializador del adolescente como se ve forzado a cumplir con las “reglas del juego, ”Ya que puede estar en contacto con adolescentes en procesos aún más avanzados de ruptura con el vínculo social-comunitario-familiar, asimilación de subjetividades propias de la jerarquías, del caos y la deshumanización a que son sujetos dentro del Centro los adolescentes.

207

las jerarquías y las relaciones de poder, impide la socialización y agrava el problema, afirmación realizada en consulta a analistas sociales como lo cita López Hurtado (López, 2009) dentro del documento consultado.

9.4.5 La ley y las “reglas del juego”

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

El discurso de la preponderancia del “Control” “Seguridad” y “Orden” que utilizan las autoridades de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización como bandera o escudo para justificarse, es un discurso argumentado frente a la deshumanización, el estigma, la violencia y la criminalización de la que son adjudicados a los adolescentes y principalmente de aquellos que se presume de pertenencia a una “Mara” o Pandilla.

208

La exigencia social, principalmente proyectada por los medios de comunicación, para detener las manifestaciones violentas o delincuenciales en desconocimiento de causas, permite la justificación y ejecución de las modalidades de relaciones que se establecen en los Centros de privación de libertad, amparados en el “manodurismo”, las relaciones represivas y excesivas amparados en este clamor popular y no en lo que establece la ley82. Para entender las mismas, se propone utilizar algunas ideas del filósofo francés Jean Baudrillard (Baudrillard, 1989) que hace

una distinción entre la ley y las reglas del juego en su libro De la Seducción. Para el presente documento y para la CAS, es importante hacer la diferencia entre una institución que funciona regida por la ley, de aquella donde las reglas del juego, lo convencional y su lógica dominan la relación subjetiva entre los actores involucrados. En tal sentido, se citan algunos párrafos con algunos conceptos relevantes para entender funcionamientos y relaciones al interior de los Centros de Privación de Libertad: “La ley, al instaurar una línea divisoria, puede y debe ser transgredida. En cambio, no tiene ningún sentido «transgredir» una regla del juego: en la recurrencia de un ciclo no hay línea alguna que franquear (se sale del juego y ya está). […]Ciertamente [el juego] es más serio que la vida, lo que se ve en el hecho paradójico de que la vida puede ser lo que está en juego. […] La ley funda una igualdad de derecho: todos son iguales ante ella. En cambio, no hay igualdad ante la regla, ya que ésta no constituye una jurisdicción de derecho, y hay que estar separados para ser iguales. […] La regla no necesita para funcionar ninguna estructura o superestructura formal, moral o psicológica. Precisamente porque es arbitraria, infundada y sin referencias, no necesita consenso, ni una voluntad o una verdad

82 Los linchamientos son casos evidentes en los que la ley ha sido sobrepasada por las “reglas del juego” y la exigencia social. Estos actos han tenido un repunte en los últimos tiempos, ante la ineficacia del sistema de justica.

del grupo - existe, eso es todo, sólo existe compartida, mientras que la ley flota por encima de los individuos dispersos. (Baudrillard, 1989) De lo anterior, y en concordancia con el análisis del discurso de los funcionarios de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización, en cuanto a que priorizan la seguridad y el control de los Centros, emergen indicios, una pauta de relación, alejada de la ley, sin valor universal, sin valor analógico dado que lo que se aprende allí no sirve para aplicar en otras instituciones de lo social. En cambio puede afirmarse que se establecen reglas de juego, muchas veces pautadas por los funcionarios y que son aceptadas por los adolescentes y sus familias, como si fueran naturales, asumidas como válidas en ese espacio-tiempo concreto.

Lo antes descrito agrava la condición del y la adolescente, alejándolos cada vez más de la reinserción en el tejido social. Para ejemplificar este proceso, se ha acompañado al

Pero además de adecuarse a las “Reglas del juego” impuestas por adolescentes, también existen “las reglas” que se imponen desde los encargados de los Centros. Esto ha acelerado los procesos anti-socializadores, “Reglas del juego” cada vez más “retorcidas”(violencia física, psicológica, sexual, extorsiones, sometimiento imposición, penas crueles que estos Centros se conviertan en escuelas del crimen, más allá del proceso resocializador para el que fueron concebidas.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Por tanto a manera de señalamiento, se entiende como una violación expresa frente a todos principios y criterios que buscan la reinserción y resocialización la imposición de medidas y reglas antisociales, propias de un régimen de estado de excepción, amparándose en el “control” y la “seguridad” de los Centros.

menor que es captado por el sistema de justicia penal juvenil. En este punto, la o el adolescente debe cumplir con las “reglas del juego” impuestas por las jerarquías existentes dentro del grupo de adolescentes en el Centro. Acá están adolescentes con diferentes niveles degradación en sus relaciones sociales. Por ejemplo, al no ser separados los adolescentes por condición jurídica y por edad, acá están los adolescentes “juntos”, desde aquellos que probablemente ya hayan reincidido en sus ciclos delictivos por el estigma, la degradación de valores y la disfuncionalidad en lo social, que ahora transgreden de la ley penal por delitos mayores, hasta los que comenten delitos menores como lo evidencian 66% de las transgresiones en el 2009 relacionados con robos o extorsiones (CENADOJ, 2010).

209

El hecho que acrecienta esta problemática es que la modalidad de aplicación de sanción más utilizada sigue siendo la privación de libertad83 en contra del criterio de última ratio84. Esto satura los Centros, confina a los adolescentes a actividades mínimas dentro del Centro, limita y minimiza el ideal funcionamiento del equipo multidisciplinario para dar tratamiento y acompañamiento personal a cada adolescente, ampliando el círculo de aprendizaje de crimen, debilita la aplicación de programas efectivos y adecuados, y genera la aparente necesidad de contar con reglas del juego más allá de las leyes, encubiertas como estrictas medidas de seguridad. Esto en una clara incompatibilidad con los principios rectores de las regulaciones internacionales y nacionales85 en cuanto a la justicia penal especializada.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

9.4.6 Riesgo de sanciones crueles, malos tratos, castigos corporales o psicológicos degradantes.

210

La CAS hace señalamientos en torno al potencial riesgo que presenta el discurso “Seguridad y control” que incluye la idea del “Orden y disciplina”, temas que se regulan por la regla 27de las “reglas Beijín”, y que hace

la salvedad que, si bien se deben mantener con firmeza, no se deben imponer más restricciones de las necesarias y mucho menos “Las penas corporales, encierro en celda obscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante como sanciones”86. Lo anterior se retoma en concordancia con las impresiones de los adolescentes entrevistados por López Hurtarte (López, 2009) en las que se afirma la existencia de “Bartolinas”, castigos corporales o psicológicos, que según la percepción de la CAS en concordancia con las “Reglas del Juego” en el discurso de control y seguridad de las autoridades puede seguir siendo una práctica instituida, como se ha afirmado en apartados anteriores.

9.4.7 Falta de especialización del personal de los Centros en derechos humanos y justicia penal especializada del adolescente Si bien la CAS percibe esfuerzos en torno a la especialización del personal a través de mejorar el perfil de los mismos, con medidas como la búsqueda de selección de personal, reestructuración de los reglones presupuestarios para las plazas, la implementación de algunos cursos,

83 Como ya se hizo mención, la medida de privación de libertad sigue siendo aplicada más que

cualquier otra( Casi 1 de cada 3 Sanciones), a pesar de que según estadísticas del OJ más del 66% de las violaciones al código penal son relacionadas con robos y extorciones (2 de cada 3).

84 Este principio establece que la sanción de privación de libertad debe ser el “Último Recurso”. 85 Regulado entre otros, por el artículo 255 de la Ley PINA. 86 Esto se reglamenta en el artículo 240 que trata sobre la forma de aplicación de la sanción.

talleres y sensibilizaciones en torno a los derechos humanos y la justicia especializada para adolescentes, aun es evidente las debilidades en el tema. Esto tiene que ver con deficiencias en el perfil del personal y con aseveraciones como la hecha por López Hurtarte (López 2009), que afirma que la mayoría del personal que está en contacto con los adolescentes son monitores, formados en asuntos de seguridad, y no en pedagogía psicología u otras ciencias sociales87. Puesto

CEJUPLIV

Elaboración Propia con datos ICCPG, 2009

CEJUPLIV II

CEJUPLIM

CEJUDEP

Director

Subdirector

Secretaria

Técnico Admón. Fi1 nanciero (TAF)

Trabajador/a 2 Social

Psicólogos

Maestros

Conserje

Te r a p e u t a ocupacio- 1 nal

Procurador

Enfermero

Monitores

11 (x turno c/8 30(En 2 Tur- 6 (En 2 tur- 20 (En 2 días) nos) nos) Turnos)

87 Principio de “justicia especializada” aparece normado en el artículo 144.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Equipo Interdisciplinario

Personal administrativo

Centros

A continuación se orienta al lector en dimensionar a través de un cuadro, que aunque es del año 2009, en poco ha variado en cuanto a los datos que acá figuran:

211

A lo anterior, se suma lo relacionado con la deficiencia presupuestaria para la aplicación de capacitaciones y la instauración de una carrera institucional, que genera debilidades en el proceso fortalecimiento del equipo multidisciplinario y monitores, que debe aplicarse a través de un programa instituido y sistemático, con contenidos formativos diagramados y especializados, y no con talleres aislados sin una continuidad establecida. Además de la ausencia de una carrera administrativa, la falta de presupuesto para contratar personal en mayor cantidad, con un perfil de formación y especialización más alto, se debe señalar a manera de recomendación el priorizar la vocación y el humanismo de las personas que estén en contacto con los adolescentes.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

9.4.8 Insuficiencia en la existencia y el fortalecimiento de los programas educativos, recreativos y de salud en los Centros.

212

9.4.8.1 Oferta socioeducativa frente a desvalorización y deficiencias en la re-socialización de adolescentes.

La CAS ha encaminado el presente apartado de señalamientos que se perciben como estancamientos o retrocesos en la situación de los adolescentes en los Centros, acorde a la preocupación existente por los cambios en la visión en el tema de resocialización. Según lo expresan las propias autoridades de la subsecretaría con las que la CAS dialogó en diferentes circunstancias, existe un vuelco en la gestión a raíz del caso Winter88. Aunque es un hecho trágico que conmocionó al interno la institución y hacia afuera, debe entenderse el hecho como resultado de un proceso de desvalorización, producto de los problemas estructurales, expuestos en apartados específicos dentro de este documento, y resultado de las falencias del mismo sistema penal juvenil que no está generando esa revalorización y resocialización, al punto de generar tanta animadversión y rencor para llegar a asesinar a una persona representante de esa institución en la que canalizaron los adolescentes el repudio al maltrato,

El profesor Jorge Emilio Winter Vidaurre, de 45 años, era docente de Telesecundaria en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV), Etapa II, y fue asesinado por los alumnos.

lesiones y negación de derechos que les ha generado el sistema. v

Sin embargo, atendiendo a la importancia de la Educación para el proceso de Socialización y posterior reinserción en un medio competitivo en comunidad estos esfuerzos son insuficientes. Sobre todo si se toma en cuenta que en su mayoría los ado-

Esto determina la necesidad de generar verdaderos programas acompañados por el equipo multidisciplinario y todos los interesados, acorde a lo que estipula el artículo 256 de la Ley PINA respecto del Plan individual y proyecto educativo para el cumplimiento de la sanción y su ejecución. Sin embargo, se sigue haciendo esfuerzos muy aislados, sin continuidad y sin estrategia de seguimiento en carencia o insuficiencia de medios y materiales adecuados, como salones y aulas, equipo de laboratorio y taller, bibliotecas, docentes y contacto con los monitores (Figura educativa guía). Esto último menguado, ya que como se explicó, se prioriza la seguridad y el control a raíz de lo del caso sucedido con el profesor Winter. El priorizar “el control” como medida y estrategia de seguridad impone una actitud y conducta a los adolescentes que limitan las actividades de recreación. Esto ya que el deporte es una práctica que canaliza la energía de los adolescentes generando en ocasiones conmoción, alteración y situaciones que pueden escaparse del esquema de “control total”. Por tanto,

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Esta situación ha ido en detrimento de la oferta socioeducativa, a los espacios lúdicos y recreativos que se prestan a los y las adolescentes en los Centros. Si bien se realizan esfuerzos por parte de la Subsecretaría para brindar educación formal en modalidades de primaria acelerada, telesecundaria, bachillerato por madurez, Perito Contador y talleres de computación en talleres virtuales. Por ejemplo, debido al incremento poblacional en los Centros, se dividen las clases en cursos de 1 hora para cada grupo. Además existen talleres ocupacionales como una panadería y pizzería, como terapia ocupacional. También hacen sus tortillas para la alimentación.

lescentes en los centros poseen una escolaridad baja o nula, atendiendo a problemas estructurales del sector educación como se explicó con anterioridad.

213

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

la limitación en implementar espacios lúdicos, actividades deportivas y culturales se ha minimizado. Por esto y por no contar con la infraestructura adecuada para dar seguimiento a lo que establece la Regla 21.1 de las reglas “Beijín”. Esto se puede consultar en el documento de López Hurtado, 2009(López, 2009), en las declaraciones de los adolescentes que afirman “Aquí muy poco se juega, hay pocos espacios de ejercicio y recreación” “Se debe hacer inversiones en cultura y recreación”.

214

En cuanto a la alimentación, según lo que afirman las autoridades, se ha cambiado la modalidad ya que según identificaron, el personal que participaba en actividades de cocina era un foco de corrupción, por lo que se ha subcontratado un servicio. Sin embargo según los hallazgos de López Hurtado (López, 2009), en el los grupos focales de adolescentes entrevistados que afirmaban una la existencia de inseguridad alimentaria89, más allá de las quejas por la repetición en el menú, las prohibiciones para el ingreso de alimentos por parte de la familia. Todo está íntimamente relacionado con el mantenimiento óptimo de la persona humana en formación, contribuyendo a factores desde el estado de salud, energía hasta factores más psíquicos como el rendimiento en los procesos educativos, el buen ánimo y la

estabilidad emocional. También en referencia a denuncias en la insuficiente cantidad de personal de Salud dentro de los Centros, tanto en el tema de Salud Mental y física, se puede acudir al documento de Carlos Emilio López (López, 2009) y el trabajo de grupos focales de adolescentes. Los adolescentes denunciaron escases en las medicinas, carencias en la atención por insuficiencia de personal, ya que no hay un doctor de planta, o por lo tardado del proceso para llevar al adolescente a un centro apropiado para su tratamiento. Esto está relacionado con carencias en la infraestructura en el mantenimiento de los centros en aspectos como el acceso a agua segura, condiciones sanitarias e higiénicas, y el tratamiento de afecciones en lo psicológico.

9.4.9 Infraestructura insuficiente y deficiente en relación a la actual demanda La carencia de recursos financieros y económicos suficientes para emprender cambios sustantivos en la construcción y readecuación sustancial de los Centros, determina en gran parte la insuficiencia y la carencia en servicios de infraestructura, aunados al deterioro natural de las estructuras por el uso constante y la

89 Cantidad insuficiente de nutrientes de controles sobre la salud de los adolescentes a este res-

pecto, por las necesidades específicas de la edad en crecimiento y las demandas de formación de un o una adolescente. Todo lo anterior, contra lo que se estipula en la regla 20.1 de las reglas mínimas del tratamiento de reclusos, en lo relacionado con el derecho a la salud y la dignidad humana.

falta de mantenimiento óptimo. Con esto es con lo que seque enfrenta la Subsecretaría a cargo de los Centros para hacer frente al fenómeno de saturación de los Centros, y la aplicación de programas exitosos en dichas condiciones. Se comenzará análisis con los datos otorgados por la SBS colocados en el cuadro numero 3, que argumentan un crecimiento en la capacidades del Centro para la recepción de adolescentes, pero que según los datos a la vista de la CAS, no han constado cambios sustanciales de inversión en infraestructura que permita reconocer ese crecimiento de capacidades en cada uno de los Centros, que incluso duplica y más en número de el año 2009 al 2010.

CAPACIDAD DEL CENTRO 2010

Por tanto, se hace una conjetura en relación a este desfase en los datos que se señala oportunamente por la CAS, con el fin de que la SBS permita la constatación de las condiciones de los adolescentes, y que si se determinan falencias como la que esos datos suponen, se busquen los recursos y se implementen los cambios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y los estándares en el cumplimiento de los derechos humanos de los y las adolescentes.

9.4.10 Derecho a las visitas y contacto con el exterior dentro del rol resocializador. El discurso del orden y la seguridad también genera contradicciones en cuanto al derecho que tienen las y los adolescentes a que se permita el contacto con la

CAPACIDAD DEL CENTRO 2009 ?

135

104

236

571

244

Elaboración propia con datos de la SBS 2009-2010

familia, restringiéndose en demasía los horarios y los días, que generalmente se realizan en 2 días específicos a la semana y con una duración

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

120

215

promedio de 2 horas así como la restricción en tiempo de las llamadas, que son monitoreadas ante sospechas de vínculos con los grupos de crimen. Esto genera aislamiento y pérdida de los vínculos comunitarios, sociales y familiares que entorpecen la posterior resocialización.

9.5 Conclusiones

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

La CAS del MSDNAJ se une al planteamiento que los derechos humanos son un componente esencial para hacer realmente eficaz el sistema de justicia y el Estado de Derecho, proteger la legitimidad y crear confianza en las instituciones del Estado, y no como se ha querido hacer ver que los defensores de estos derechos como “defensores de delincuentes”, argumentando que estos últimos se presentan como un obstáculo para la investigación, persecución y juzgamiento.

216

Además la Comisión de Auditoría Social en búsqueda de sustentar soluciones integrales en todo momento, ha buscado que se tenga en cuenta las causas estructurales de la violencia adjudicada al sector adolescencia y al sector juvenil e invertir en políticas para la prevención, ofreciendo oportunidades a los jóvenes a través del fortalecimiento de redes y servicios de apoyo, y reduciendo la desigualdad socioeconómica.

9.6 Recomendaciones 9.6.1 Consideraciones previas Para la CAS del MSDNAJ es importante priorizar aquellos cambios que generen sinergias que permitan avanzar sustancialmente en los temas de fondo, por tanto, más allá de la cantidad de cambios que se consideran necesarios, las recomendaciones se realizaran en los temas de mayor trascendencia y amplitud, ya que la misma dinámica generada en los procesos más amplios paulatinamente incluirá estos otros temas. La primera recomendación es seguramente la de más difícil abordaje, puesto que tiene que ver con la voluntad política y el desarrollo de capacidades para hacerse de recursos y poder financiar la inversión tan necesaria en la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización. En este punto se empata con la apertura institucional que una institución estatal demanda por su rol eminentemente social.

9.6.2 Diez recomendaciones concretas 1. Generar la apertura institucional a través del nombramiento de un equipo de la SBS que trabaje multidisciplinariamente

en el acercamiento intersectorial90, con una visión gestora de insumos y recursos, tanto financieros, humanos como técnicos, que permita la construcción participativa de planes integrales para la restructuración de la Subsecretaría y sobre todo para ampliar capacidades incluso a lo financiero. Una vez se cuente con el acercamiento se recomienda lo siguiente: 2. La realización de una consultoría independiente que genere una base de datos precisa y los insumos técnicos para conocer las necesidades específicas de la SBS y para responder a las demandas, además de los vínculos estrechos con otras dependencias. El anterior diagnóstico debe visualizar el iniciar procesos formales de interrelación en los planes estratégicos de abordaje a la problemática conjunta entre instituciones como la SBS, el OJ, el MP, entre otros91.

•

Adolescentes captados por el

•

Adolescentes captados por el sistema, tendencias de crecimiento en cantidad acorde al estudio de los últimos años (Proyección para la construcción de planes a corto y mediano plazo).

•

Capacidades “reales” de atención. Cantidad actual de personal en cada una de las distintas áreas de la Subsecretaría, desde el Subsecretario pasando por el personal administrativo, multidisciplinario y operativo de los Centros. Cantidad de material didáctico, capacidades de la infraestructura, capacidades existentes en la alimentación, insumos, higiene, medicamentos, inventarios, costos de operación diario, semanal, mensual, anual, etc., etc. etc.

•

Diagnosticar sobre el tema de las necesidades primordiales no cubiertas para el funcionamiento. Por ejemplo, las capacidades por implementar desde el tema

90 Acá se empata con la recomendación hecha por el comité de la Convención en su párrafo 18

en el que (…) en la que recuerda a los Estados partes que “la aplicación efectiva de la Convención exige una coordinación intersectorial visible para reconocer y realizar los derechos del niño en toda la administración pública, entre los diferentes niveles de la administración y entre la administración y la sociedad civil, incluidos especialmente los propios niños y jóvenes”. También el párrafo 33 “El Comité recomienda al Estado parte que intensifique su colaboración con las ONG, incluidas las organizaciones indígenas, con el fin de mejorar la aplicación de la Convención en los planos nacional y local y en las zonas urbanas, rurales e indígenas.

91 Tal y como lo recomienda el Comité de derechos del niño en sus recomendaciones al Estado

que recabe asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otros.

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

Los datos más relevantes que esta consultoría debe informar son:

sistema penal de adolescentes anualmente (en todas las diferentes modalidades de medidas dictaminadas, absolutorias, etc.)

217

infraestructura, personal necesario para el cumplimiento de los reglamentos de cada uno de los Centros, Ley PINA e instrumentos internacionales, instauración de programas de capacitación y diagnóstico del personal, servicios de atención a adolecentes aun no cubiertos, etc. etc. etc. •

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

•

218

•

Toda vez ya hayan sido diagnosticadas las capacidades instaladas con que cuenta la Subsecretaría y los Centros se debe hacer la sensata relación con las necesidades primordiales insatisfechas. Para esto se debe utilizar la metodología técnica que la consultoría determine apropiada, comenzado a determinar los costos y las necesidades específicas y desglosadas desde lo financiero, pasando por lo humano y lo técnico, para alcanzar un estándar. También es necesario que la consultoría determine variables e indicadores que, hasta donde sea posible y necesario, permita una medición en los niveles de interacción con otras entidades del Estado como el OJ y el MP por ejemplo, para determinar problemas en el funcionamiento al interno de los Centros que dependan de estas instituciones. La consultoría también debe ser participativa en cuanto al aseso-

ramiento en el tema de reforma del POA, con el fin de hacerlo medible y que permita garantizar el uso transparente de recursos financieros dando garantías a posibles donantes interesados en el tema. •

Al contar con una herramienta de medición y aproximación a las dimensiones de la problemática social que la SBS debe afrontar, puede justificar solicitudes ante cualquier cooperación, financista apoyo técnico, etc. tanto del mismo Estado92 como de otra índole. Una vez han determinado algunas otras fuentes de recursos técnicos, humanos, y financieros

1. Que el equipo multidisciplinario de acercamiento intersectorial nombrado por la SBS fortalezca la participación en las Mesas ya existentes de diálogo con OJ y MP, ampliando a otros actores del sistema de protección Integral, generando resultados medibles en el corto y mediano plazo para evaluar el desempeño de la SBS en el plano de la apertura institucional y búsqueda interinstitucional de soluciones a la problemática actual. 2. 3.

4. Continuar con la labor de construir iniciativas en los temas de educación, salud, recreación, alimentación, formación, tal y como lo ha venido desarrollan-

92 Poder influir acorde a las políticas de seguridad ciudadana en el ejecutivo para que se garantice el Presupuesto general de la República los recursos necesarios para implementar reformas.

do la Subsecretaría y la SBS, pero articulados a la construcción de verdaderos “Programas” que trasciendan la temporalidad, siendo sostenibles, que se instituyan acorde a resultados medibles en el tema de reinserción y resocialización de los y las adolescentes, más allá de aquellos esfuerzos aislados que pueden constituirse en una fuga de recursos si no se sistematiza, con sostenibilidad y se instituyen en un alcance más allá de la práctica coyuntural.

6. Una reforma al POA en cuanto a la fácil medición de avances y es93 Hacerlo medible y verificable.

7. Impulsar desde su estatus de actor principal del sistema de protección integral, en coalición con la intersectorial, la puesta en marcha de la “Política de Juventud”, ya que en ella se establecen los temas de prevención de la violencia en sus diferentes niveles (Primario, secundario y terciario) para contrarrestar el crecimiento de la violencia en todos los sectores. 8. Empezar a generar cambios, una vez que se tiene el control de los Centros en el tema de seguridad, para el respeto efectivo de los diferentes reglamentos existentes para cada uno de los 4 Centros. Esto acorde a reglas claras y uniformes, así como un sistema de denuncias, señalamientos y quejas al alcance de los adolescentes para poder denunciar a cualquier funcionario o recluso que infrinja la reglamentación instituida, con monitoreo

Adolescentes Privados De Libertad Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones

tancamientos en determinadas áreas93, desglosándolo en tiempos más fácilmente evaluables al corto y mediano plazo, integrado con las funciones de cada uno de los funcionarios según sus responsabilidades, capacidades y funciones. Además debe integrarse a una base de datos que garantice la transparencia en el uso de los recursos.

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desde una nueva apertura generada desde la Subsecretaría hacia la Sociedad Civil, organizaciones internacionales, los representantes de las instancias que representen al mecanismo de prevención de la tortura y hacia los medios de comunicación.

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9. Concentrar esfuerzos en descentralizar los servicios de la reinserción y resocialización de adolescentes extendiéndolos a otras áreas geográficas y adecuarlos a la pertenencia cultural. Para lo cual se puede contar con alianzas estratégicas con organizaciones que tengan conocimiento de la justicia especializada o a través de fondos estatales para hacerse con los servicios de personal con manejo de pertenecía lingüística y de cosmovisión propia dependiendo del lugar y cultura.

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10. Una vez se cuente con mayor cantidad y calidad de recursos emprender los cambios en todos los asuntos concretos de cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, como la reorientación de los recursos actualmente asignados a seguridad en temas de generación de satisfactores físicos y psicológicos, la construcción o adecuación de Centros con instalaciones apropiadas para la educación,

instalaciones deportivas y de actividades lúdicas y culturales, construcción de instalaciones para actividades laborales y de talleres para oficios, espacios para la separación de condición procesal, sexo, edad, régimen, etc., impulsar procesos hacia a las comunidades y el sector productivo, las familias, profesionalización del personal en contacto con los adolescentes entre otros temas anteriormente abordados por la CAS y ya señalados en diagnósticos previos, como el de Carlos Emilio López Hurtado (López 2009).

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11. Anexos

Anexo 1

10. BibliografĂa

Organigrama de la SecretarĂa de Bienestar Social

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Anexo 2

Presupuesto de la SubsecretarĂa

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Anexo 3

Proceso de reclutamiento de Personal

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Anexo 4

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SEGUIMIENTO AUDITORIAS SOCIALES MOSDENAJ 2010-2011

Auditoria Social Hogar Solidario “Protección y Abrigo para la niñez y adolescencia en Guatemala” “El Futuro de los niños es hoy” *niñas / Gabriela Mistral

Análisis 2010 por el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud de Guatemala, MOSDENAJ

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Análisis 2010 por el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud de Guatemala, MOSDENAJ

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La Asamblea General de las Naciones Unidad, aprobó el 20 de Noviembre de 1989 la Convención internacional sobre los Derechos de la Niño. Este Instrumento legal es una importante contribución para el bienestar de la niñez. El 26 de enero de 1990 Guatemala ratifico dicha Convención y el 10 de mayo del mismo año el Congreso de la República aprobó la vigencia de la Convención en el territorio nacional, con lo cual se convierte en un instrumento de observancia general. Como paso siguiente el Congreso de la República de Guatemala con fecha cuatro de junio de dos mil tres emite el Decreto No. 27-03 con lo que surge la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Guatemala entonces cuenta con el marco legal que proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, e igualdad para qué como sujetos de derechos, se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo, y se dé el fortalecimiento del estado de Derecho, la justicia, la paz y la democracia. En consecuencia con el marco de referencia y en seguimiento al proceso de evaluación de avances en la observancia al cumplimiento de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, se siguen acciones de monitoreo y verificación por parte de

Familiar, encargada de coordinar e implementar medidas y acciones para brindar atención, educación, apoyo y cuidado, protección y abrigo a niños, niñas y adolescentes y aquellos en situación de riesgo social.

La instancia que por su naturaleza en nombre del estado le corresponde velar por la aplicación de la Doctrina de Protección Integral inspiradora del marco legal, es la Secretaría de Bienestar Social, esto lo lleva acabo conforme a programas de prevención, fortalecimiento y reinserción, bajo la sombría de la Sub Secretaría de Protección, Abrigo y Reinserción Familiar, mediante los programas específicos: Familias Sustitutas, (acogimiento familiar temporal) y el Proyecto Hogar Solidario “Virgen de la Esperanza”. Veamos entonces cuál es el rol de la instancia rectora la Secretaría de Bienestar Social.

En el año 2010, el Movimiento Social por los Derechos de la niñez, adolescencia y Juventud conforme a sus fines Articulo seis de sus Estatutos dice: “Los fines del Movimiento Social por los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud de Guatemala son la plena vigencia de los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud” se propone investigar y definir el estado actual de abrigo y protección en el Hogar Solidario “Virgen de la Esperanza” a la luz de la Doctrina de Protección integral a cargo de la Sub Secretaría de Protección y Abrigo para niños (as) y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, mediante la realización de una Auditoría Social, que no es más que el proceso de acciones sistémicas y práctica, que un grupo de personas organizadas (no estatales, no gubernamentales) realiza para verificar, monitorear y evaluar si una institución, política pública, programa, proyecto o acción del Estado-Gobierno, para observar si está cumpliendo con las funciones, objetivos, resultados, metas y actividades estable-

Tiene el papel central y articulador de la implementación del proceso de protección integral de la niñez y adolescencia en y de brindar las condiciones sociales, económicas y jurídicas que proporcionen la plena vigencia y ejercicio de sus derechos mediante la formulación, ejecución y control de las políticas públicas desarrolladas por el Estado con participación de la sociedad. Para eso se apoya en la Subsecretaría de Protección, Abrigo y Rehabilitación

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la sociedad civil representada en el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud como parte de un proceso histórico que implica el cumplimiento de políticas públicas, planes y estrategias que garanticen dichos derechos.

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cidas en el proceso legislativo o de planificación gubernamental; así como si los fondos presupuestarios se están gastando adecuadamente y si son suficientes para cumplir con lo propuesto; interactuando con la autoridades para realizar dicha revisión y proponerle soluciones a la problemática encontrada- condición que debe ser explorada.

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Un proceso de auditoría se sustenta en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 28: “Los habitantes de la República de Guatemala, tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme la ley” Artículo 30: “Todos los actos de la administración son públicos…” y Artículo 35: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho” Artículo 137: “Derecho de petición en materia política.

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De lo anterior se deriva el accionar del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y Juventud, impulsado por el compromiso con el interés superior del Niño, que de la Convención de los Derechos del Niño y con el objetivo de propiciar espacios de diálogo, coordinación y cooperación entre sociedad civil, Estado y funcionarios-as y contribuir a la solución de problemas que afecten

a la población. El proceso seguido implico de julio/2010 a Enero de 2011, la realización de una serie de reuniones y talleres de capacitación y reflexión por la Comisión específica para definir indicadores, herramientas de trabajo y el proceso de abordaje de la evaluación a llevarse a cabo. Se procedió a realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y del Hogar Solidario: “Virgen de la Esperanza” respectivamente, las que se llevaron siempre en un ambiente de cordialidad, facilitando documentos, permitiendo visitas guiadas al Hogar y entrevistas a los directivos, pero no se autorizó el trabajo de campo dirigido a los beneficiarios directos de los programas como son los niños y adolescentes de los hogares, lo cual deja incluso el análisis al no contar con elementos que permitan validar la aplicación de los instrumentos facilitados, y tampoco verificar el grado de satisfacción en el cumplimiento de su rol. Por lo anterior el presente trabajo puede ser considerado, como un informe de percepción muy particular, considerando que la metodología planteada no se cumplió por no contar con autorización para realizar el trabajo de campo con los beneficiarios directos, que precisamente es lo que genera elementos de compa-

ración entre documentos revisados y entrevistas dirigidas a funcionarios, que además fueran orientadas por las autoridades. En el desarrollo del presente trabajo, es importante reconocer la colaboración de la comisión específica integrada por las siguientes instituciones: Instituto de Previsión Social IPS, Asociación Viva Juntos por la Niñez, Asociación Refugio por la Niñez, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, Pastoral Educativa, Movimiento de Jóvenes de Calle, MOJOCA, Asociación Juvenil AJKOJ de San Raymundo, Fundación por el Desarrollo y prosperidad FUNDAESPRO.

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A continuación se presenta visión sistematizada de lo que es el trabajo del Hogar Solidario “Virgen de la Esperanza” en respuesta a los indicadores definidos en relación a medidas de protección, aspectos cualitativos, cuantitativos, materiales, condiciones del personal que atiende, enfoque de derechos y doctrina de protección integral, aspectos cualitativos, educativos, de salud, trabajo social, aspectos legales. Luego habrán conclusiones y recomendaciones generadas por el equipo de trabajo y pueden ser un norte quienes asumen un reto de importancia para el futuro de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de Guatemala.

Estado del Hogar Solidario “Virgen de la Esperanza”

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Está ubicado en la Finca San Antonio, Aldea El Platanar, Municipio de San José Pínula. El Hogar Solidario se enmarca en El Programa de Protección y Abrigo a NNA amenazados o violados en sus derechos. Creado precisamente con el objetivo de restituir sus derechos. El Hogar Solidario tiene el deber de asegurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a través de una educación integral, solidaria y normativa en diversas situaciones adversas, las cuales no les han permitido desarrollarse de forma natural, con el propósito final de resolver su crianza y a su egreso, sean jóvenes adultos íntegros que posean los conocimientos y valores que les permitan adaptarse óptimamente a la sociedad guatemalteca.

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A través de sus hogares de protección y abrigo, se procura la atención médica, psicológica y psiquiátrica para restablecer su salud física, mental y emocional, buscando su inserción familiar y social.

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Las bases legales del Hogar Solidario están fundamentadas en el Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. La construcción de este hogar, es una iniciativa que empieza a gestarse y planificarse en el año 2006. Para el año 2007 se inicia la construcción realizándola el Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ- como unidad eje-

cutora de esta obra. En el 2008 se construyen las fases 1, 2 y 3, que comprenden: dormitorios, salón de usos múltiples, caminamientos, área administrativa y aulas escolares. En el 2009 se continúa la construcción de las fases 4 y 5, en las que se ubican las calles, áreas deportivas, capilla, comedores, módulos para empleados y muro perimetral, de igual manera se hace la dotación de juegos infantiles, mobiliario, equipo de oficina y transporte. La inauguración se llevó a cabo el 21 de junio de 2010 por el Gobierno del Presidente Álvaro Colom. En relación a medidas de protección, perfil y número de los niños, niñas y adolescentes podemos decir que de acuerdo con los(as) profesionales entrevistados(as), la función de la Secretaría de Bienestar Social como parte del Estado, es proteger y dar abrigo a la niñez y adolescentes, a quienes se les han sido violado sus derechos. El rango de edad que se atiende oscila entre 0 a 17 años de edad, brindándoles protección y abrigo temporal a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, abandono, abuso en todas sus manifestaciones; a quienes se les otorga garantía de un futuro digno al brindarles un entorno de amor y dotándoles de elementos necesarios para contribuir a su desarrollo inte-

gral. Los grupos étareos de los niños, niñas y adolescentes atendidos están integrados de la siguiente manera: 1. Edad de 0 a 6 años. Orientado a: proporcionar atención a víctimas de abandono, maltrato físico, psicológico y otras situaciones de vulnerabilidad. 2. Edad de 10 a 17 años. Orientando a: adolescentes con discapacidad mental leve o moderada que viven en la calle, que han dejado parcial o totalmente el vínculo familiar y están en situación de riesgo social. 3. Edad de 7 a 17 años, Orientado a: adolescentes en riesgo social, víctimas de maltrato, situación de callejización y consumo de drogas. 4. Edad de 7 a 17 años Orientado a: niñas y adolescentes en riesgo social vulneradas en sus derechos o con discapacidad mental leve o moderada.

El informe inicial cuenta con exámenes que tienen validez de hasta tres meses. Cada profesional conoce su área y está consciente de cuál es su rol con cada ingreso. Se les entrega un trifoliar de bienvenida que contiene el mapa del hogar y además, sus deberes a cumplir durante su estancia en el centro. La ruta crítica se realiza a partir del momento de ingreso y lleva un máximo de tres días su finalización. El programa de reinserción familiar es atendido según los entrevistados, a través de las visitas familiares y la escuela para padres. Las escuelas para padres están a cargo del equipo técnico multidisciplinario y en conjunto, se encargan de orientar a los niños, niñas y adolescentes. Tienen alguna coordinación institucional, como por ejemplo con el Ministerio de Ganadería y Agricultura-MAGA para los talleres de agricultura, con Escuelas Abiertas, la organización Fábrica de Sonrisas y algunas iglesias de diferentes denominaciones. Al no practicarse un encuentro con los niños, no se pudo comprobar la efectividad del procedimiento.

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El procedimiento señala que a cada niño, niña o adolescente que ingresa deben practicársele estudios médicos y recibir atención psicológica. El informe médico no es profundo sino general, de requerir mayor tratamiento es trasladado al hospital general. A su vez, el área de Trabajo Social hace la evaluación de su situación

familiar y las circunstancias que lo llevaron al hogar, a todo este proceso se le conoce como ruta crítica. En esta ruta crítica interviene un grupo multidisciplinario de profesionales.

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Los aspectos cualitativos en la observación in situ que se permitió, se pudo observar la participación activa en las clases, talleres, actividades recreativas de niños, niñas y adolescentes, de aspecto limpio, peinados y amables, pero con mucha ansiedad de hablar y hablar de sus historias, con las personas adultas. Las niñeras, facilitadores/as y personal profesional les atienden amablemente e intentando en la medida de lo posible, satisfacer sus necesidades de conversación.

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La atención psicológica se da desde el momento del ingreso del niño, niña o adolescente, pero además, si alguien presenta una crisis, inmediatamente es atendido por un equipo que brinda atención constante según las necesidades del niño, niña o adolescente.

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En cuanto a las necesidades educativas, luego que el niño, niña o adolescente es ubicado en el grupo etáreo correspondiente, se le hace un diagnóstico educativo para saber a qué nivel escolar corresponde. El área de Pedagogía cubre, desde educación Inicial (Estimulación Oportuna), preprimaria, primaria, primaria acelerada hasta secundaria (telesecundaria), aunado a la educación extraescolar que les ayuda a superar los obstáculos para su incorporación en el sistema educativo formal en el momento de su egreso.

Más recientemente se piensa en una secundaria acelerada que incluya un programa de empleo. El Centro cuenta con un área de educación especial en donde reciben clases y talleres quienes presentan capacidades diferentes. El hogar cuenta con el apoyo de Centros de Capacitación Ocupacional, identificados como CCO. La capacitación en habilidades y destrezas manuales se realiza por medio de talleres de carpintería, panadería, agricultura, peluquería y belleza, camarería, computación, uñas acrílicas, bordados, corte y confección y participaron en el año 2010, 73 niñas y 160 niños, que hacen un total de 233. Los talleres tienen una duración de tres meses cada uno. Niñas y adolescentes mujeres participan por la tarde; niños y adolescentes varones por la mañana. La participación en los talleres no es a selección, es obligatorio que todos participen de todos, por ejemplo: tres meses en el taller de panadería, tres meses en otro de manera sucesiva mientras dure su estadía en el centro. En los talleres de costura hacen sus propias cobijas, adornos, etc., se realizó ya un bazar para obtener ingresos que utilizaron para la celebración navideña. El Programa Pedagógico trabaja con

la educación en valores, inculcando a través de la educación escolar y la convivencia diaria el respeto, la solidaridad y la armonía familiar, los niños, niñas y adolescentes llaman a los adultos “Papito” o “Mamita” precisamente para el fortalecimiento de la idea familiar. El contacto con el exterior es mínimo, únicamente cuando reciben invitaciones para participar en actividades artísticas o deportivas. En un esfuerzo de relación con la comunidad y desarrollo laboral dos adolescentes trabajaron medio tiempo durante los meses últimos del 2010, lo cual consideran un logro importante para ellas y para el centro. La atención integral que pide la Convención de los Derechos del Niño, es un tema que no se pudo comprobar, por las limitaciones al acceso a información en los expedientes y a los talleres con los niños, niñas y adolescentes.

Llas edades van desde los 0 años, hasta los 17 años, sin embargo, hay personas adultas que por retrasos jurídicos, todavía se encuentran en el centro Además, hay personas adultas en el área de niños con capacidades diferentes, por no contar con recurso familiar. Trescientos treinta y dos 332 niños y adolescentes varones + 338 niñas y adolescentes mujeres + 10 bebes= 680 niños, niñas y adolescentes al día 27 de enero de 2011 provenientes de todas partes del país. En el Hogar se identificaron todas las problemáticas relacionadas con un grupo vulnerable. La población atendida en educación formal en el año 2010 fue la siguiente:

Edad

Sexo feme- Sexo mas- Hogar de protección Cantidad nino culino

De 0 a 6 años

100

121

Casa Alegría

235

De 7 a 17 años.

San Gabriel

De 7 a 17 años

238

Mi Hogar Manchén

236

De 10 a 17 años

135

Elisa Martínez

136

Bebés

Módulo de niñas ma- 10 dres Mi Hogar Manchén

338

332

TOTAL

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Número de niños, niñas y adolescentes que se atienden por programa:

680

241

Preprimaria

Primaria normal

Primaria acelerada Básico

Total

243

430

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Al 27 de enero de 2011, la población es de 680 niños, niñas y adolescentes y los colaboradores se describen de la forma siguiente: Operativo 186 (niñeras, facilitadores, cocineras, enfermeras, mantenimiento). Técnico 35 (psicólogos trabajadores sociales, médicos, psiquiatra). Administrativo 14 (director, subdirectores, coordinadores) total 235. Sin embargo, a partir del martes 01 de febrero se incrementará el número de docentes en 22 más y el de talleristas en 17 más, por lo que el personal llegará a 300 aproximadamente. La proporción de cada profesional miembro del equipo técnico es de 100 NNA por cada uno. De acuerdo a entrevistas, todo el personal que atiende a los niños, niñas y adolescentes constantemente está siendo capacitado en temas de acuerdo a sus funciones y el grupo étareo que atiende, esto para desempeñar mejor su trabajo, además son capacitados sobre los derechos de la niñez.

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El presupuesto anual del Hogar es de diez y ocho millones de quetzales (Q18, 000,000.00) pero el presupuesto mensual de funcionamiento, es de Millón y medio de quetzales, (Q1, 500,000) lo que implica un gasto mensual en promedio de dos mil doscientos cinco quetzales con ochenta y ocho centavos. (Q2, 205.88) por

niño. Información proporcionada de forma verbal, que no se pudo comprobar documentalmente. En relación a los aspectos materiales, tales como infraestructura, espacio por persona, alojamiento, iluminación, ventilación, ambientes cerrados al aire libre y servicios, podemos decir que la infraestructura ofrece condiciones físicas para la atención de la niñez, los espacios son amplios, higiénicos e iluminados. El centro de atención cuenta dentro de sus instalaciones con cuatro Hogares, que atienden a niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas de 0 a 17 años, con perfil de atención de Protección y Abrigo y en situación de Riesgo Social, referidos por Juzgados de Niñez y Adolescencia, de Paz y de Familia. La ubicación de los niños es la siguiente: Casa Alegría atiende a 224 niños y niñas, Elisa Martínez 135 (con capacidades diferentes), San Gabriel 76 (adolescentes varones), y Mi hogar 235 niñas y adolescentes (mujeres) y 10 bebés de las niñas madres. Se tiene logística e infraestructura adecuada, para que todos los y las niñas enviados por jueces sean protegidos, del frío, se alimenten, estudien, sean atendidos en salud física

y psicológica: en general, se aprecian áreas adecuadas para el juego y la recreación. El espacio físico o sea las condiciones del hogar, se ven acogedoras, amplias y agradables, con jardinería bien cuidada, oficinas, aulas, dormitorios y demás servicios ventilados. Hay un comedor para niños y niñas menores de cinco años. Los de 6 y 7 años se alimentan en los comedores de adolescentes para promover la convivencia. El lugar donde toman sus alimentos es higiénico y adecuado para cada grupo etáreo, en este momento no cuentan con una nutricionista pero tienen manuales de nutrición que utilizan las cocineras. Los comedores al igual que la cocina se aprecian con higiene adecuada.

Los niños de tres a seis años con capacidades especiales son 32, para ellos hay un área de juegos para ni-

En el centro San Gabriel se está recuperando toda la infraestructura y mobiliario para que tengan recreación con juegos de mesa, pero además, los fines de semana, se tienen actividades con escuelas abiertas. En el Área de lactancia se preparan 180 pachas diarias tres veces al día. Hay literas y camas, los NNA con capacidades diferentes tienen una cama por persona, los demás duermen en literas, 20 personas por dormitorio. Hay 5 duchas y 7 inodoros por dormitorio. Cuenta con cocina industrial, lavandería industrial, planta de tratamiento de aguas negras, Hay una ruta de evacuación y se hacen procesos de seguridad: ensayos. El Hogar cuenta con una ambulancia para trasladar a los niños, niñas y adolescentes a hospitales. La mayoría de los entrevistados respondió que el personal es suficiente, una persona indicó que a veces se tenía la limitante del recurso humano. En términos generales podemos decir que el Centro todavía muestra rasgos de novedad, no sólo en sus instalaciones, sino también en los recursos didácticos, materiales y suministros. “El Gobierno Central ha mostrado interés en mantener las instalaciones y ofrecer un abrigo y

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Los módulos están totalmente divididos y ordenados por edades: un módulo para mujeres de 7 a 17 años. Hay un módulo de niñas madres quienes también tienen que estudiar, pasan dejando a sus bebés a Casia Alegría para que los atiendan y además se les enseña cómo deben cuidarlos. El módulo de varones de 7 a 17 años. Los internos en el Elisa Martínez duermen en camas individuales pero se va a tener que cambiar a literas porque está sobrepasándose la capacitad.

ñez con capacidades diferentes.

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protección a los niños, niñas y adolescentes” indican los entrevistados. El modelo de atención del Hogar Solidario está siendo analizado para redefinirlo, puesto que no está basado en ninguna otra experiencia, indican. El Hogar Solidario es la integración de todos los hogares que ya existían (Manchén, San Gabriel, Elisa Martínez y Casa Alegría). En opinión de los entrevistados este hecho es considerado un logro en términos financieros, habiendo consolidado los gastos. No así el principio rector de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que implica la supremacía del Interés superior del Niño.

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Existen normas de convivencia y un reglamento interno contenidos en el Acuerdo DS-061-2010 del 8 de marzo de 2010, que hace más fácil la relación en el hogar.

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Los entrevistados reiteraron que “en el hogar los niños, niñas y adolescentes encuentran cariño y compresión, pero señalan también que no deberían existir instituciones que substituyan el hogar familiar”; sin embargo, existen y debe atendérseles de manera adecuada y con enfoque de derechos. En el hogar se sienten acogidos. “Aquí los niños encuentran un espacio, con sólo una cama propia ya se sienten mejor” indican. Se cuenta con diversos protocolos,

el hogar cuenta con un juego completo de protocolos para la ruta crítica y el diagnóstico, que se requiere para cada residente. Se da en las áreas Jurídico, Médico, Clínicas pediátricas, Enfermería, Entorno socio económico, Visita domiciliaria, Psicología, Evolución, Psiquiatría y Evolución de adicciones. Pero no se puede evaluar la efectividad de su uso. El hogar cuenta con un plan estratégico basado en las necesidades de los niños, niñas y adolescentes para el 2011, está enfocado hacia el área educativa. Por ahora el modelo educativo es el más efectivo y avanzado de acuerdo al ritmo en que la población de niños, niñas y adolescentes ha crecido. Los niños, niñas y adolescentes con características diferentes que son albergados en el Hogar Solidario, son atendidos por dos educadoras especiales que dedican el cien por ciento de su tiempo en el Hogar para la atención del grupo completo y para ayudar a mantener una relación con el exterior constantemente realizan visitas al bosque, eventualmente hacen excursiones. Los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes cuentan con instalaciones adecuadas y todo el suministro requerido. En el grupo se encuentran ocho personas adultas de entre 18 y 33 años, quienes, de acuerdo a los entrevis-

tados, no representan ningún riesgo por su relación constante con el resto del grupo, niños, niñas y adolescentes menores de edad. Hay un grupo de voluntarios que presenta obras de teatro, realiza representaciones religiosas, artísticas y culturales. En octubre fue la primera graduación de 6º primaria y preprimaria, y la primera graduación de niños y niñas en educación extraescolar. La capilla es como una tradición, pero no se tiene una orientación específica religiosa, pueden entrar católicos, evangélicos y otros grupos. Se ha incorporado al Hogar el Programa:”Escuelas Abiertas” que funciona en fines de semana y que contempla la enseñanza artística, actividades deportivas, recreativas y otras disciplinas.

En el hogar se presentan constantemente diarreas y enfermedades respiratorias, para lo cual las explicaciones médicas son: la ubicación

En el hogar se encuentran varios pacientes con problemas crónicos que requieren tratamiento externo como diálisis, exámenes especializados del corazón, oftalmológicos o cirugías, en todos los casos y en aquellos de menor riesgo los costos son asumidos por la Secretaría de Bienestar Social. Las salidas médicas de los niños, niñas y adolescentes se hacen en ambulancia propiedad del Hogar y acompañados por personal especializado. El personal de Trabajo Social es el que más demandas recibe, pues deben atender los ingresos, las visitas domiciliares, regular las visitas de las familias al Hogar y acompañar las audiencias en juzgados de todo el país. Aunque cuentan con vehículos y disponibilidad de viáticos seis Trabajadores Sociales deben atender los 680 casos que se presentan. Con el apoyo de la Dirección de Regionalización de la Secretaría de Bienestar Social, que cuenta con más de cien profesionales de trabajo social, en el 2011 se hará una búsqueda de los recursos familiares de quienes han desarrollado un plan de vida que les permita reinsertarse en

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El servicio de salud que presta el equipo médico consiste en evaluación y diagnóstico inicial de los bebes, niños, niñas y adolescentes que ingresan, evaluación permanente y atención primarias en emergencias y la implementación del Programa Niño Sano, que consiste en evaluación médica diaria de cinco niños sanos.

geográfica del hogar en una zona sumamente fría y que los más pequeños constantemente se llevan a la boca las manos sucias o artículos contaminados.

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la sociedad. –tarea muy delicada por lo que implica trabajar con la comunidad familiar y social- Señalan que cuentan con testimonios de jóvenes egresados que han logrado una reincorporación social adecuada.

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La estadía en el Hogar es temporal, dependiendo siempre de la orden del Juez y del recurso familiar, pero no debería sobrepasar los seis meses, según los profesionales entrevistados; sin embargo, mientras que la normativa señala que los niños con recurso familiar no deberían permanecer en el Hogar mucho tiempo, el período de espera para definir su situación se extiende hasta 10 meses. Peor aún, es el caso de los jóvenes que cumplen su mayoría de edad y no han seguido sus casos en el tiempo y período que manda la ley.

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Hay jóvenes que ya son adultos, que no cuentan con recurso familiar, un empleo o un lugar donde instalarse para vivir. Para subsanar estos últimos aspectos, los Trabajadores Sociales realizan la búsqueda del recurso familiar por sus propios medios, coordinando con unidades de trabajo social de la Secretaría de Bienestar Social, del Organismo Judicial y de la Procuraduría General de la Nación. Hay un conflicto constante por el desconocimiento por parte de los jueces de los perfiles de los centros y con frecuencia refieren a niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley

penal, o adultos con capacidades diferentes que deben ser referidos a otros centros. Para encargarse de los aspectos relacionados con el recurso humano del hogar solidario, se encuentra en las instalaciones un encargado responsable de las necesidades de personal, de funcionamiento, de desempeño, de organización y de capacitación. La sobrepoblación es evidente, considerando que la proporción es aproximadamente de 100 casos a uno por cada profesional, no obstante, señalan los entrevistados que a partir del número variable de niños, niñas y adolescentes en el hogar “están cubiertos y no es requerido más personal, no tendría sentido que se contrataran más profesionales sin actividad, con lo cual no se desperdicia la mano de obra”. Es muy delicada la última expresión, pues se denota un enfoque de ahorro y no atención integral. Hay estabilidad laboral, en seis meses de funcionamiento formal del Hogar Solidario, no ha habido ningún movimiento de personal, a menos que haya sido por decisión propia. Esto lo explican señalando que se intenta ofrecer a los niños, niñas y adolescentes estabilidad emocional, particularmente de los más pequeños, lo que se logra con la estabilidad del personal que atiende.

Existe un plan de capacitación desde la Secretaría de Bienestar Social que responde tanto a necesidades del hogar, como a iniciativas institucionales.

CONCLUSIONES GENERALES:

No quedó del todo claro si el personal es permanente o labora por contrato, hubo diferentes respuestas ante la pregunta; la percepción es que el personal labora en diferentes formatos: tanto por planilla como por contrato. De acuerdo a la información presentada en las entrevistas, el hogar hace el reclutamiento, la Secretaría de Bienestar Social realiza la selección del personal y la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEChace la contratación final. Desde el Hogar mismo no se pueden realizar despidos ni contrataciones.

El personal trabaja en turnos, las 24 horas los 365 días del año, un técnico está a cargo del centro y personal operativo a cargo de los niños, niñas y adolescentes.

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Para contratar el personal del Hogar no se realizan convocatorias abiertas los mismos trabajadores hacen sugerencias sobre las necesidades y personas que pueden cubrir los puestos. Cuentan con una base de datos que permite que quienes ya conocen las demandas del trabajo, den referencias previas a los potenciales candidatos a cualquier puesto.

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Partiendo de las recomendaciones emanadas de la última reunión del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, podemos darnos cuenta que:

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1. La recomendación de: “Buscar la forma de reintegrar a niños/as con sus familias biológicas o con familias extendidas, priorizando y asegurando el derecho del niño/a a la identidad y al restablecimiento de los vínculos familiares”, no es atendida por el Estado de Guatemala, puesto que el personal del Hogar Solidario no logra ubicar con pertinencia los recursos familiares de todos los niños, niñas y adolescentes ubicados en este centro. Esto se evidencia en el exceso de casos que deben atender los profesionales del Hogar, particularmente el equipo de Trabajo Social.

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2. Ninguno de los entrevistados mencionó la existencia de familias sustitutas o un programa de búsqueda, como lo indica la recomendación del Comité: “Fortalecer programas comunitarios y promover familias sustitutas; proporcionar servicios adecuados en instituciones de cuidados especializados, dando prioridad al egreso de niños/as pequeños de los centros y utilizando los centros residenciales como última opción”.

3. Se protege la estadía de los niños, niñas y adolescentes en el Hogar Solidario, pero no se enfatiza en el desarrollo integral y tampoco se trabaja en forma efectiva en la comunidad para su reintegración; como lo señala la recomendación del Comité: “Crear e implementar programas para niños/as institucionalizados para facilitar su reintegración a sus comunidades de origen”. 4. Todo indica que cuando se diseñó el hogar la pertinencia cultural, y todo lo que ello implica, el Hogar no cuentan con traductor de ningún idioma, lo que implica que en ocasiones los mismos niños, niñas y adolescentes sirven de traductor para sus compañeros, y no se visualiza la atención a las expresiones de las diversas culturas de nuestro país. 5. El perfil de los hogares que allí funcionan y el personal del Hogar no considera un riesgo la permanencia de adultos en espacios diseñados para la convivencia de niños, niñas y adolescentes. Se encuentran en el hogar personas consideradas población permanente: adultos que debido a la carencia de recursos familiares o casos inconclusos no pueden abandonar el centro o adultos con capacidades diferentes, que por no existir

un lugar de referencia apropiado no puedan ser trasladados. 6. Los niños, niñas y adolescentes permanecen en el Hogar más tiempo de lo que sus casos podrían requerir, debido a que las audiencias son programadas en fechas que van más allá de lo que la normativa señala. 7. El personal está desproporcionado, considerando la sobrepoblación del Hogar en relación con la capacidad de respuesta, en especial la del equipo técnico (aproximadamente 100 niños o más son atendidos por cada profesional) aun así, todos los entrevistados dijeron que el equipo humano es suficiente para cubrir la demanda.

de Bienestar Social de la Presidencia de la República crea el Hogar Solidario y con fecha ocho de marzo del presente año emite el Reglamento Interno, conforme El Acuerdo SBS-06. Lo anterior lo hace poco aplicable. 10. El objeto, objetivo, y los principios del reglamento, denotan un compromiso con el enfoque de derechos que da el marco legal nacional e internacional, no obstante la estructura organizacional se enfoca en servicios básicos y de ahí se deduce el criterio de ahorro que se plantea al fusionar los hogares en una sola institución.

9. El Manual de Funciones facilitado para consulta es completo y corresponde a los Hogares en general, sin embargo, su creación antecede a la consolidación del Hogar Solidario: el Acuerdo No. 015-2010 de fecha 25 de enero de 2010, de la Secretaría

12. La ubicación del hogar no permite un fácil acceso para las visitas familiares e implica una serios esfuerzos por conservar al recursos humano especializado, como facilitar la transportación de los empleados y de los NNA para las diversas gestiones de

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8. Como medida de “castigo”, a los niños, niñas y adolescentes que contravienen las normas, les son vedadas las visitas o llamadas telefónicas lo cual va en contra de sus derechos y libertades. No se mencionan las medidas socio-educativas que tocaría aplicar.

11. Los objetivos del plan operativo revisado responde a necesidades básicas, de techo, alimento y educación, derechos humanos mínimos, muy débilmente se menciona la formación para la vida y elaboración de plan de vida, cuando debiera ser el tema transversal para su reincorporación a la familia y a la comunidad.

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los casos y no se menciona la articulación con la comunidad como se requiere para la adecuada inserción social y familiar.

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13. La institucionalización y por ende la separación del NNA del ambiente familiar, por periodos largos, y en el número que se atiende en el Hogar Solidario, aun cuando las instalaciones sean modernas, amplias y debidamente equipadas, no responde a las necesidades particulares de sus habitantes, afectando seriamente el área de afectiva y conductual con ello desarrollo integral que pide la Convención Internacional de los Derechos del Niño

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14. Se sabe que los efectos de la institucionalización generan los siguientes efectos: atrasos en el desarrollo y crecimiento, poca confianza en sí mismos, afecto indiscriminado hacia los adultos, falta de comprensión de los límites que son apropiados, tendencias autistas, conductas estereotípicas, auto-estimulación, podrían causarse lesiones serias y trastornos conductuales. 15. El amor, afecto, estructura (diario vivir), atención 1:1, enfoque individualizado, sentido de pertenencia a un sistema ampliado de relaciones y estimulación a través de las relaciones, en el

cuidado institucional se ve limitado a la aceptación/tolerancia, distancia, rutina, atención de 1: 10-35 (extremos 1: 100, enfoque grupal. pertenecer/identificarse con el grupo y estimulación por medio de programas.

ALGUNAS RECOMENDACIONES: Implementar la aplicación de la Doctrina de Protección Integral, o el enfoque de derechos del que se habla, requiere de una atención integral precisamente, y de conformidad a los perfiles que se alberga, es un tema urgente de estudiar y abordar en el Hogar en referencia. Es urgente generar condiciones para el desarrollo pertinente de los niños, niñas y adolescentes, así como sistematiza la de evolución en diferentes áreas de atención. Incrementar el número de profesionales especializados: (trabajadoras sociales y psicólogas) para el abordaje de los niños que presentan secuelas por abuso físico, psicológico y sexual. El número de personal debe responder a criterios técnicos y programáticos con el enfoque de derechos humanos. Fortalecer el equipo de Acogimiento Familiar (familias sustitutas) y su comunicación permanente con el equipo técnico del Hogar es fundamental para permitir que los niños y niñas más pequeños sean acogi-

dos temporalmente en una familia, y evitar así su institucionalización. La posibilidad de estar en una familia genera un vínculo que les brinda seguridad y disminuya las dificultades en su desarrollo emocional y físico. La medida de protección temporal debe responder a las necesidades del niño y su interés superior y no a la disponibilidad de plazas en familias sustitutas u hogares. Para ello es vital la discusión de cada caso por el equipo multidisciplinario. Aumentar el personal de atención directa, especialmente para los niños de 0 a 5 años y los que tienen discapacidad o necesidades especiales. El número de personal debe responder a criterios técnicos y programáticos. Fortalecer el programa de reintegración familiar que permita que el niño, niña o adolescente no rompa el vínculo con su propia familia, lo cual contribuirá a que el objetivo de los hogares solidarios de albergar temporalmente se alcance.

Se debe procurar que cada niño o niña cuente con un plan de vida durante su estancia en el hogar, este debe ser elaborado en conjunto por el equipo técnico multidisciplinario y el niño o niña, haciendo parte de este proceso al familiar responsable o al tutor/a. Elaboración de un plan de reinserción social, especialmente para los adolescentes, de forma que se les prepare para asumir su independencia e integrarse plenamente a la comunidad, especialmente en las acciones de la vida cotidiana y el relacionamiento social, lo cual se fomenta mediante la participación en la vida comunitaria local. Para todos los adolescentes y especialmente para aquellos con capacidades diferentes, debiera generarse un acercamiento con el sector privado en busca de oportunidades laborales. Por la cantidad de lactantes, niños y niñas con discapacidad (parálisis cerebral, hidrocefalia, retraso psicomo-

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Fortalecer el equipo técnico de investigación social y sus mecanismos de trabajo y comunicación con las Oficinas Regionales de Protección, es imprescindible, sin consideramos que son dichas oficinas las que realizarán la investigación social y acciones para promover la reintegración familiar, social y comunitaria de los niños y niñas.

La comunicación y coordinación con otras instancias del Sistema de Protección (Procuraduría General de la Nación, Juzgados de Niñez y Adolescencia, Consejo Nacional de Adopciones y Registro Nacional de Personas), con la finalidad de generar acciones conjuntas que permitan y garanticen la restitución y protección de los niños y niñas.

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tor y del desarrollo) que se acogen en el Hogar Solidario se hace necesario contar con profesionales especializados (educadores especiales, terapistas del habla, terapistas ocupacionales y niñeras con experiencia en la atención de niñez con discapacidad), para que brinden educación especial, estimulación oportuna, terapias y rehabilitación. Es urgente un acercamiento entre la Secretaría de Bienestar Social y el Organismo Judicial, de forma que los jueces, conozcan los perfiles de los centros y refieran a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a sus circunstancias de vida; de la misma manera, es urgente que los operadores de justicia se sometan a un proceso de sensibilización o capacitación sobre el manejo del interés superior del niño.

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Al no poder prescindir totalmente de las instituciones, debe considerarse lo siguiente:

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a. Estructurar instituciones con modelos familiares y especializados dependiendo los problemas que presenten los niños, niñas y adolescentes y observando los contextos socio-familiares y socio-culturales de los espacios de origen de los NNA. b. Tener siempre en cuanta que su estancia es transitoria y que el plan de vida que provoque que los niños y niñas retornen a un entorno familiar (familia biológica, ampliada y adop-

tiva) es imprescindible estudiarlo y validarlo. Evaluar a la brevedad posible el modelo de atención que se sigue, priorizando el interés superior del niño de conformidad al contexto social del cual provienen los NNA y tomando como base los estándares mínimos de atención para las residencias que define el Consejo Nacional de Adopciones. Estudiar a la brevedad posible las respuestas posibles a las Directrices sobre modalidades alternativas del cuidado de los niños con el objeto de promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones de otros instrumentos internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación. La metodología utilizada en este trabajo, concebido inicialmente como un proceso de auditoría social, y modificado en el mismo proceso, partió de los objetivos que se pretendían alcanzar y que son los siguientes:

Objetivos

Objetivo General: Establecer el estado actual de atención integral en los programas del Hogar Solidario Virgen de la Esperanza, basado en un enfoque de derechos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Objetivos Específicos: 1. Determinar la aplicación pertinente de las medidas de protección y abrigo en el proceso de ingreso de los niños, niñas y adolescentes y su ubicación en los diversos programas definidos de acuerdo a su perfil, infraestructura y funcionamiento apropiado. 2. Verificar el funcionamiento del programa de reinserción familiar y su seguimiento. 3. Identificar los programas de educación formal, no formal y de recreación para cada grupo objetivo.

5. Verificar la observancia del marco legal, así como las normas nacionales e internacionales acerca de los derechos de la niñez y adolescencia, revisar la

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4. Identificar los estados de ánimo e indicativos del desarrollo que puedan presentar los niños, niñas y adolescentes que se ubiquen en los diversos programas.

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debida comprensión, formación y capacitación sobre la Doctrina de Protección Integral e instrumentos que se derivan de ella Previó a la elaboración de los instrumentos para la recolección de la información se establecieron indicadores que respondieran a los objetivos a alcanzar. La técnica utilizada para la recolección de información se centró en entrevistas directas, así como la observación in situ. Por tanto, los esfuerzos de búsqueda de información se realizaron a través de:

Visitas institucionales:

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Se llevaron a cabo dos visitas instituciones al Hogar “Virgen de la Esperanza” para recopilar información las cuales arrojaron datos sobre las percepciones del equipo y capacidades instaladas del Hogar Solidario, considerando la importancia del rol que tiene esta institución para la protección y abrigo de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido violentados.

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Entrevistas a profundidad: Se realizaron entrevistas a ocho actores clave de la institución con el propósito de recoger información sobre el funcionamiento y el enfoque de derechos aplicado a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, desde el momento de su ingreso

hasta su egreso. Asimismo, se realizaron cuestionamientos sobre avances, dificultades, debilidades y retos con relación a la protección integral a niños, niñas y adolescentes desde la creación del centro.

Entrevistas semi-estructuradas: Para recuperar las percepciones y conocimiento del funcionamiento del hogar en cuanto a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, se hicieron entrevistas a personas relacionadas directamente con dicha atención, las cuales fueron grabadas para tener una conversación amena e interactuar con la persona entrevistada. Observación institucional: Durante las visitas al hogar se hizo una observación sobre el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, interactuando con sus pares y facilitadores, además del equipo multidisciplinario del Hogar. La metodología planteó la investigación iniciando con la solicitud de documentos para la compilación de información y redacción de preguntas generadoras, partiendo de los in-

dicadores previamente definidos. Siendo que el marco legal de la auditoría social y las bondades de su aplicación, aún son una práctica primaria en Guatemala, se consideró lo siguiente: •

•

Generar y mantener un ambiente de confianza y empatía, comprensión y tolerancia ante los procesos burocráticos y un lenguaje común para que el proceso de revisión fuese efectivo. Revisar leyes, reglamentos, planes, manuales de funciones y responsabilidades aprobados para el funcionamiento del hogar, documentos facilitados por la Secretaría de Bienestar Social el 30 de Noviembre de 2010. El trabajo técnico sufrió un retraso debido a la burocracia reglamentaria y las fechas en las que se realizó la auditoría social, las entrevistas, parte de este proceso de investigación se realizaron 27 de enero de 2011.

 Recomendaciones para la atención en la protección y abrigo de Niños, Niñas y Adolescentes  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño  Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia  Directrices sobre las Modalidades Alternativas del cuidado de los niños de Naciones Unidas  Estándares mínimos de protección a Consejo Nacional de Adopciones, Acuerdo Interno Número CNACD-08-2010  Efectos negativos la Institucionalización de la niñez y adolescencia  Memorias de reuniones de trabajo y de talleres realizados  El temario elaborado para su estudió fue el siguiente: Grupos objetivos a los que atiende Bases legales que observa Fundamento teórico Estructura Administrativa

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El grupo focal con niñas, niños y adolescentes internos, no se realizó. Según nota recibida de no se permite el acceso al hogar para trabajar con los niños, niñas y adolescentes para evitar la “re victimización”, pese a ver presentado las herramientas de trabajo y metodología que no implicaba la “re victimización” mencionada

Considerando los siguientes documentos de referencia:

Plan Estratégico

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Políticas institucionales Plan de desarrollo personal Plan Operativo Manual de funciones Expedientes de los niños/o Base de datos Expedientes y/o listado de personal por programa y/o por profesión, personal Protocolos de atención Programas de atención Reglas y/o normas de convivencia Presupuesto 2010 EXÁMEN MENTAL que consiste en evaluar lo siguiente: Aspecto físico

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Lenguaje

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Cognitivo Afectivo Orientación Guatemala enero de 2011

IMFORME DE AVANCES IMPLEMENTACIÓN PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

Guatemala, junio 2011.

Informe de avances en la implementación 2010 de las propuestas de la auditoría social 2009 al consejo nacional de adopciones

INTRODUCCIÓN

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En el año 2009 el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, realizó con base a una metodología diseñada específicamente para instituciones del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, una Auditoría Social al Consejo Nacional de Adopciones (CNA), la cual fue divida en tres áreas de auditaje: 1) Consolidación Institucional; 2) Cumplimiento de Funciones; y 3) Aplicación de la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y a Adolescencia. Como resultado de dicha Auditoría se presentaron 37 conclusiones y propuestas a desarrollar por el CNA en las áreas descritas, las cuales se convirtieron en valioso aporte para fortalecer el CNA como un órgano de suma importancia en Guatemala a partir de su creación en la Ley Nacional de Adopciones, en la protección de la Niñez y la Adolescencia que no goza del derecho a una familia. Como era de esperar se manifestaron algunas divergencias con el los y las directivas del CNA, generándose una polémica pública, la cual trajo a la agenda nacional nuevamente el tema de adopciones el Guatemala. En el año 2010 el Movimiento Social decidió realizar un proceso de seguimiento a los avances en el cumplimiento de las propuestas planteadas, diseñando para el efecto el plan de trabajo y los instrumentos necesarios para recabar y analizar la

información. Se puede decir que el CNA manifestó voluntad política en 2010 para colaborar con dicho proceso, además, de tomar en cuenta al Movimiento Social en varios de sus procesos, aunque en la mayoría de casos visto solo como un proceso de información y no de consulta, sin embargo, finalmente no proporcionó la información oficial solicitada por el Movimiento Social con base al formato de seguimiento planteado, por lo que el informe de avances fue realizado con base a la información consulta por diferentes medios, una reunión de intercambio con el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo y la realización de un Encuentro-Foro en donde una representante del Consejo Directivo presentó la información sobre los avances del CNA en relación a las propuestas del Movimiento Social.

Sin duda alguna la recomendaciones de suspender las adopciones internacionales se convierte en el plan-

El informe contiene un análisis del avance en la implementación de cada propuesta y el nivel de cumplimiento el cual fue valorado en “no avanzó”, “avanzó inicialmente”, “avanzó de manera intermedia” y “avanzó totalmente”, así como la realización de la recomendación correspondiente para concretar su implementación. Por último se realizan una serie de conclusiones generales sobre el informe, algunas para reafirmar ciertas recomendaciones y el seguimiento que debe darse para que en los próximos años se puedan concretar y llevar a la práctica. Recordamos que el período de análisis en de un año en la implementación, el cual puede ser considerado como un período muy corto para que las propuestas se pudieran concretar, principalmente por la falta de presupuesto para la implementación. Esperamos que el presente documento sirva al CNA y a la sociedad en general para establecer alianzas de trabajo el pro de la Niñez y Adoles-

Informe de avances en la implementación 2010 de las propuestas de la auditoría social 2009 al consejo nacional de adopciones

Hay que mencionar que coincidentemente el informe de avances de las propuestas de la Auditoría Social 2009, se cruzó con las Recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la presentación de un Informe de la CICIG sobre las adopciones en Guatemala lo cual refuerza muchas de las propuestas presentadas en 2010 al CNA.

teamiento central, mientras Guatemala como sociedad y las diferentes instituciones de Estado no estén listas para que la adopción sea la institución de protección a los niños y las niñas que no tienen una familia, sin que se presenten hechos criminales, irregularidades y corrupción en su realización.

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Informe de avances en la implementación 2010 de las propuestas de la auditoría social 2009 al consejo nacional de adopciones

cencia que necesita de instituciones fuertes para su protección integral y que más que ser un documento que genere polémica, genere empatías, puentes y puntos de convergencia, anteponiendo a los intereses particulares, el interés superior de la niñez y adolescencia guatemaltecas.

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IMFORME DE AVANCES IMPLEMENTACIÓN PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL AL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL No. 1.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: En torno a la revisión del Plan Estratégico se esgrimió el argumento que la estructura presupuestaria no permite realizar un plan estratégico, pues las partidas no corresponden a una visión más integral del CNA, para el año 2010 ya se cuenta con una red programática que corresponde a los principales programas del CNA. Sin embargo, al revisar el Plan Estratégico proporcionado en la Pagina WEB del CNA y los lineamientos estratégicos presentados a la Dirección Técnica del Presupuesto, dicho plan no ha sido revisado o actualizado con base a los lineamientos planteados por el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, para mejorar su estructuración, alcance y clarificar que es lo que se quiere como institución en un lapso de por lo menos 10 años.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda elaborar un nuevo Plan Estratégico del CNA, que tome en cuenta las observaciones hechas por el Movimiento Social, las nuevas experiencias del CNA en la consolidación de sus programas y las recomendaciones realizadas tanto por el Comité de Derechos del Niño de UN como por la CICIG.

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No. 2.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: El POA debe elaborarse con mayor especificidad, detallando las actividades, sub actividades y las fechas específicas de su realización, para que las unidades y su personal tengan mayor control y certeza en los plazos. Hay que incluirle al POA los presupuestos específicos o costos de las actividades y sub actividades.

Se plantea por parte del Director Ejecutivo del CNA que se realiza el POA con base a los formatos planteados por SEGEPLAN, el cual no puede detallarse en sus actividades específicas, no con fechas bien delimitadas ni con la indicación de las personas responsables. Sin embargo plantea que existe en la práctica una programación más detallada. Según el criterio del Movimiento Social el POA no solo debe ser un requisito que debe llenarse para SEGEPLAN y para la Dirección Técnica del Presupuesto, sino debe ser un instrumento de monitoreo, control y medición de logros, resultados y cumplimientos de metas e indicadores, de manera esencial un instrumentos que oriente el desarrollo de las acciones del CNA indicando quienes o las unidades que tienen la responsabilidad de cumplir con lo que establece el POA.

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RECOMENDACIÓN:

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Sobre la base de los formatos de SEGEPLAN y de la Dirección Técnica del Presupuesto, agregarle los datos y aspectos específicos planteados por el Movimiento Social, para que el POA sea un instrumento que coadyuve al cumplimiento de las funciones del CNA y beneficie a la niñez y adolescencia que necesita una familia, además de ser un instrumentos que permita el monitoreo y eficaz cumplimiento de las actividades y acciones planteadas.

No. 3-

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Elaborar un compendio que incluya todos los protocolos y procedimientos establecidos, adjuntando la resolución de aprobación del Consejo Directivo. Realizar una presentación de los protocolos aprobados a instituciones y organizaciones interesadas para que puedan opinar sobre su contenido. Aprobar, con base al proceso iniciado entre sociedad civil y organizaciones del Estado, el manual (protocolo) para Autorización, Supervisión y Monitoreo de Centros y Hogares de Protección y Abrigo para la Niñez y la Adolescencia. Aprobar el Protocolo sobre Adopciones Internacionales en consulta con las instituciones del Estado y sociedad civil relacionadas con el tema.

El CNA cuenta con un compendio de protocolos y manuales de procedimientos, lo cual es un paso importante para cumplir con los principios básicos de la adopción y por ende con los derechos de los y las niñas en proceso de adopción, así como para evitar que se presenten casos de adopción criminales. El interés superior del niño y la niña, se pone de manifiesto en dichos protocolos. Sin embargo, el CNA manifiesta que dichos compendio entrará en un proceso de revisión por parte del Equipo Multidisciplinario y la Asesoría Jurídica, con base al reglamento del CNA que recientemente ha sido aprobado y que por ende habrá que adecuar dichos instrumentos a lo que se establece en el mencionado reglamento.

RECOMENDACIÓN:

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Proceder a la revisión de los protocolos aprobados con base al reglamento, los principios de la doctrina de protección integral, la Ley de Adopciones, la Ley de Protección Integral, la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, las Recomendaciones de la CICIG, las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de UN, con el objeto de que se cumplan en todos los procedimientos y normas, la protección integral de los niños y las niñas en procesos de adopción, previniendo cualquier tipo de hecho criminal en el proceso. En relación l protocolo sobre adopciones internacionales, el mismo debe ser sometido a consulta con organismos nacionales e internacionales, así como con sociedad civil, para que el mismo tenga los elementos básicos para asegurar la eliminación de cualquier factor que permita corrupción y hechos delincuenciales y criminales en el proceso.

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No.

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PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Con base al PE y las funciones esenciales del CNA y a un estudio de puestos y funciones específicas, establecer una política de personal y de su crecimiento, variando la ecuación de personal (tanto en el tipo de contratación como en el área para la que se contrata) priorizando la contratación de personal técnico, brindándoles condiciones de estabilidad, seguridad laboral y permanencia, para que desarrollen sus responsabilidades en mejores condiciones. En la misma política de personal establecer los mecanismos y procedimientos de oposición, concurso y contratación del personal, lo cual de manera conjunta con los manuales de personal, constituirián una política integral de personal.

En relación a establecer una política de personal y de crecimiento, así como a los procedimientos administrativos para la contratación de personas con base a concursos de oposición, según lo reportando no se ha avanzado, pues, se indica que no es la prioridad del CNA al no contar con recursos para el crecimiento de personal. Indican además, que se rigen por lo la Ley de Servicio Civil y alguna normativa aprobada por el Consejo Directivo. Se evidencia poco avance en dicha propuesta, pero es importante mencionar que como institución autónoma puede establecer los reglamentos, políticas y procedimientos para lograr una política Integral de Personal, independientemente que se cuente con los recursos presupuestarios para contratar más personal. Cuando se habla del personal y su crecimiento, no sólo se refiere a contratar más personal, que de todos modos será una práctica permanente del CNA, sino también su crecimiento institucional, salarial y técnico-académico. Se indica también en relación a la propuesta 5, que los salarios en lugar de mejorar se tratan de mantener, debido a la falta de recursos presupuestarios. Además, se ha hecho una reclasificación de los nuevos puestos; se hace notar que el personal de nueva contratación entró a la institución devengando ingresos inferiores a los que se pagaban cuando se iniciaron las actividades del CNA, pues, por la situación financiera de la institución se piensa primero en austeridad que en mejorar los salarios. Se avanzó inicialmente en la presente propuesta.

RECOMENDACIÓN:

La Dirección Ejecutiva del CNA presente al Consejo Directivo un estudio de la estructura actual del personal, presentando a la vez una propuesta de Política Integral de Personal, el cual se convierta un reglamento interno de personal aprobado por el Consejo Directivo. Para el efecto, hay otras instituciones autónomas que cuentan con dichos reglamentos y políticas, las cuales podrían conocerse y tomarse como base para la elaboración de los propios reglamentos y políticas de personal. La recomendación anterior de aprobar la Política Integral de Personal, debe incluir la Política Salarial planteada por el Movimiento Social. Por ser una institución en donde se coordina y dirige el proceso de adopciones tan cuestionado y señalado en épocas anteriores, se debe establecer dicha política salarial, que permita que el personal este incentivado y motivado a realizar su trabajo y a la vez, anteponerse a cualquier posibilidad de corrupción interna.

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No.

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PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Revisar el sistema de dietas y gastos de representación, pues el mismo ocupa un porcentaje considerable del total de fondos del CNA y no corresponde al tiempo, la permanencia y cantidad de trabajo que desarrollan. Como la Ley de Adopciones no establece la forma específica de remuneración al Consejo Directivo y cuál debe ser el tipo de relación como parte del CNA, debe analizarse la posibilidad de que el Consejo Directivo se dedique a tiempo completo para el desarrollo de sus funciones en el CNA, pues el ingreso que obtienen es considerablemente alto en relación a los demás puestos de la institución y equiparable a otros puestos de dirección del Estado guatemalteco, en donde asumen su trabajo y responsabilidades a tiempo completo; o en su defecto, establecer en el Reglamento de la Ley de Adopciones lo relacionado al tema de las dietas, bajando la remuneración por sesión y la cantidad de sesiones, pues, el trabajo técnico del proceso de adopciones lo realizan los demás equipos del CNA, y la función esencial del Consejo Directivo es aprobar el desarrollo de políticas, procedimientos, estándares y líneas directivas para el procedimiento de adopción, actuando como cuerpo colegiado. Se propone la eliminación de los gastos de representación para integrantes del Consejo Directivo.

En relación a las dietas del Consejo Directivo, el mismo expresó que el número de sesiones disminuyó a dos semanales, por lo que el total de gastos en dietas también disminuyó considerablemente. También, se expresó que se darán dietas a los y las representantes suplentes ante el Consejo Directivo. En relación a los gastos de representación se mantienen en el mismo nivel del año 2009. La cantidad de remuneración por dietas se mantiene en Q2,500.00 por sesión y los gastos de representación se mantiene en Q20,000.00 mensuales. Se evidencia que el tema de dietas y gastos de representación no fue establecido en el reglamento, lo cual debería de haberse normado para que el tema no fuera manejado a discreción del Consejo Directivo y sus integrantes.

RECOMENDACIÓN:

Reformar el Reglamento del CNA para incluir la normativa que regule las dietas, o en su defecto aprobar un reglamento específico de dietas y gastos de representación, en donde se baje el monto por reunión y se reduzca la cantidad de reuniones. De igual forma se eliminen los gastos de representación de la Presidenta del CNA.

No. 7.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Establecer un programa permanente de capacitación y formación, para todo el personal técnico, operativo, directivo y administrativo, sobre la doctrina de protección integral y el enfoque de derechos. El mismo debe servir para dar un proceso de inducción a todo el personal que ingresa a la institución.

La dirección ejecutiva reportó que la Coordinación de Recursos Humanos ha presentado una propuesta de programa permanente de capacitación, orientado a que todo el personal conozca los procedimientos que se realizan dentro del proceso de adopción y para la plena comprensión y entendimiento de las funciones del CNA. Además, se plantea que se está buscando cooperación con otras instituciones para generar convenios en el área de formación y capacitación. Se avanzó de manera intermedia en el avance de la presente propuesta.

RECOMENDACIÓN:

Que el Consejo Directivo discuta y apruebe la propuesta de formación y capacitación, buscando que la misma obedezca a la doctrina de protección integral, el enfoque de derechos y a la eliminación de todo tipo de corrupción e irregularidades en el proceso de adopciones. Involucrar a las organizaciones sociales de niñez y adolescencia que tienen experiencia en temas específicos o en procesos de capacitación.

No.

En relación a la elaboración de un plan de desarrollo el CNA no cuenta con el mismo, por lo que no se cumplió con la recomendación del Movimiento Social, sin embargo, se presentó para 2011 el requerimiento presupuestario 2011, el cual incluye algunos de los aspectos mencionados en la propuesta, por ejemplo la apertura de 3 sedes regionales del CNA en Alta Verapaz, Zacapa y Quetzaltenango, renovar el equipo de oficina y computo, seguimiento a los proyectos y planes de restitución del derecho

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PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA:

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la priorización de sus funciones esenciales establecidas en la Ley de Adopciones. Con base a dicho plan presentar ante la Presidencia de la República una solicitud de ampliación para el año 2010 a través de transferencias, priorizando las áreas débiles en recursos y las necesidad inmediatas. De igual forma, con base a la solicitud de presupuesto para 2010 en la cual se solicita un ampliación aQ20,000,000.00 y el Plan de Desarrollo, elaborar una propuesta integral de presupuesto para 2011, la cual se comience a negociar a impulsar desde los primeros meses del año, estableciendo el crecimiento gradual hasta 2013 para el desarrollo de su PE. Para ambos procesos establecer alianzas con la sociedad civil y las estrategias para realizar un proceso de incidencia ante el Gobierno y Congreso de la República, para lograr un mejor presupuesto. Analizar en lo inmediato readecuaciones presupuestarias internas, estableciendo medidas de austeridad en relación a algunos gastos superfluos, priorizando la contratación de personal técnico operativo, revisando el sistema y monto del pago de dietas y gastos de representación, entre otros. Aunque en la Comisión de Auditoría Social de Movimiento Social se analiza que el Estado debería ser responsable presupuestariamente del CNA, la cooperación internacional puede coadyuvar a algunos procesos principalmente para el cumplimiento de sus funciones esenciales, por lo que con el Plan de Desarrollo realizar gestiones de cooperación ante organismos internacionales.

a la familia, orientación a las madres biológicas en conflicto con su maternidad, supervisar las entidades privadas y organismos acreditados para velar por el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia y cumplir con la función de autorizar organismos internacionales de adopción para que operen en Guatemala. Para el efecto se presentó una propuesta de Q22,198,000.00, la cual principalmente está dirigida a fortalecer el grupo de servicios personal, con Q14,987,964.00, servicios no personales con Q3,850,900.00, materiales y suministros Q1,224,973.00, propiedad, planta, equipo e intangibles Q2,081,500.00. Esto en contraposición a los Q11,260,900.00 que tiene presupuestado el CNA para 2011, el cual no cubre los requerimientos de desarrollo institucional para cumplir en mejores condiciones las funciones establecidas en la Ley de Adopciones. Para el efecto el Director Ejecutivo planteó que hay un proceso de cabildeo para lograr dicha aprobación, pero que no se tuvo resultados. La preocupación del CNA es que el convenio de uso del inmueble en el que actualmente funcionan vence en 2012, y si no se renueva podría causar problemas al CNA. En esta propuesta se avanzó inicialmente.

RECOMENDACION

Realizar el Plan de Desarrollo del CNA, como la base para cualquier negociación de incremento presupuestario. El ejercicio de elaboración del anteproyecto de presupuesto anual, podría convertirse en la base de para elaborar un ejercicio de planificación para el desarrollo institucional del CNA.

Mejorar los niveles de cabildeo e incidencia en el Congreso de la República para lograr un incremento considerable al presupuesto anual del CNA, buscando el apoyo de la sociedad civil y de los organismos e instituciones que lo integran. De igual forma solicitar a los organismos internacionales el apoyo político para que se cumplan con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en materia de adopciones y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

No. 9.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Sobre dicha propuesta no se presenta ningún avance. Se plantea por parte de las autoridades de que se ha presentando al ministerio de finanzas la solicitud de ampliación presupuestaria, pero la misma no se ha dado. Se reconoce que hay hacinamiento en las instalaciones y que es probable que en 2012 no se cuente con oficinas pues termina el convenio de cooperación con el Crédito Hipotecario Nacional. En torno crear un espacio amigable para la atención de las familias y la niñez en proceso de adopción, no se manifiesta ningún avance, las instalaciones son las mismas, no se ha dado ningún reacondicionamiento del espacio. No se ha realizado ningún proyecto o estrategia para conseguir un inmueble propio para el CNA que cuente con las condiciones básicas para desarrollar sus funciones. RECOMENDACIÓN: Elaborar la propuesta de desarrollo de infraestructura y gestionarla por diferentes medios, hasta lograr un inmueble propio con condiciones básicas para el funcionamiento adecuado del CNA y la prestación de servicios a las familias y niños y niñas en proceso de adopción.

Informe de avances en la implementación 2010 de las propuestas de la auditoría social 2009 al consejo nacional de adopciones

269

No.

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10.

270

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Someter a consulta interna y con la sociedad civil, la propuesta de reglamento de la Ley de Adopciones, logrando así que el mismo desarrolle pertinentemente lo establecido en la Ley de adopciones y el marco de la doctrina de protección integral. Desarrollando principalmente el funcionamiento del Consejo Directivo, sus mecanismos de decisión régimen de reuniones, partiendo del principio de igualdad, pues la Ley de Adopciones no establece ningún cargo específico para alguna de las representaciones. Analizar la figura adecuada de remuneración de los integrantes del Consejo Directivo, planteando la posibilidad de desarrollar sus funciones a tiempo completo, pues los ingresos obtenidos son demasiado altos para el tipo de labor que desarrollan y el tiempo que le dedican al CNA; o en su defecto bajar el monto y redefinir el sistema de dietas y eliminar los gastos de representación, para que el ingreso mensual de cada uno de ellos y ellas sea pertinente con el papel que juegan en un órgano colegiado y representativo.

En dicha propuesta se avanzo considerablemente, pues, el CNA cuenta con su reglamento aprobado por la Presidencia de la República a través del Acuerdo Gubernativo 182-2010 del 24 de junio, el cual con base a la Ley de Adopciones regula procedimientos específicos para el buen desarrollo de funciones y atribuciones. Sin embargo, dicho reglamento establece la figura de Presidente del Consejo Directivo del CNA, el cual no se encuentra normado en la Ley de Adopciones, por lo que dicho cargo es ilegal establecerlo en un reglamento, si en la Ley de la cual deviene no se encuentra estipulado. Por otro lado no se establece ninguna reglamentación en torno a las dietas y gastos de representación, sobre los cuales el Movimiento Social solicitó su regulación para que no se den anomalías sobre el respeto, y a la vez se baje la cantidad que por dietas y gastos de representación cobran los y las integrantes del Consejo Directivo. También se propuso al CNA que dicho reglamento fuera consultado con las organizaciones de sociedad civil y del Movimiento Social, pero dicho ejercicio no se dio, por lo que el reglamento fue aprobado sin que la sociedad civil pudiera realizar sus observaciones sobre el mismo.

RECOMENDACIÓN:

Reformar el reglamento aprobado eliminando la figura de Presidente del Consejo Directivo y normando su funcionamiento y decisiones como un órgano colegiado. En dicha reforma plantear el articulado correspondiente sobre dietas, estableciendo los montos austeramente para bajar el monto anual por concepto de dietas y eliminar los gastos de representación.

No. 11.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Establecer un régimen de reuniones de planificación, evaluación, coordinación y monitoreo, el cual se aplique a cada dependencia y unidad de trabajo, incluyendo al Consejo Directivo, así como entre las coordinaciones o direcciones, para optimizar los niveles de cumplimiento de funciones en pro de la niñez y la familia.

No se presenta ningún avance en la implementación de dicha propuesta. Aunque el Director Ejecutivo indica que si hay un proceso de reuniones para la planificación y elaboración del Plan Operativo Anual. Plantea que por la falta de recursos no existe una Unidad de Planificación que desarrolle este tipo de actividades y procure mayor efectividad y optimización de los recursos en el CNA. También se informa que el Equipo Multidisciplinario realiza un monitoreo semanal que muestra los avances de la institución en el desarrollo de las funciones sustantivas.

RECOMENDACIÓN:

Establecer la Unidad de Planificación integrada temporalmente por las principales direcciones y coordinaciones del CNA, el cual establezca los mecanismos adecuados de planificación, evaluación, coordinación y monitoreo. A mediano plano crear la Unidad de Planificación a la cual se le trasladen estas actividades.

No. 12.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Aplica respuesta de la propuesta No. 9, Informe de avances en la implementación 2010 de las propuestas de la auditoría social 2009 al consejo nacional de adopciones

El CNA debe proponerse en primera instancia la consecución de instalaciones adecuadas para la sede central, consolidando y llevando al óptimo la prestación de los servicios establecidos y su infraestructura; posteriormente debe iniciar paulatinamente la apertura de sedes regionales

271

No. 13.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Darle mayor sistematicidad a las acciones de comunicación desarrolladas, definiendo una estrategia de comunicación del CNA, la cual incluya campañas y acciones permanentes de comunicación a través de diferentes medios tradicionales, alternativos y de multimedia.

El Director Ejecutivo indicó que se cuenta con una unidad de Comunicación Social que depende del Director, la cual tiene un programa de comunicación, más no se cuenta con los fondos para implementarlo adecuadamente. Se han buscado alianzas con la Universidad Rafael Landivar que está colaborando con la campaña de promoción de la adopción de niños y niñas con necesidades especiales. Se ha evidenciado en diferentes medios (internet, traseras de camionetas, radios) espacios de publicidad promoviendo la adopción nacional, lo cual es un avance en dicho tema, pero se necesita mayor presencia y promoción. Se considera que se avanzó de manera intermedia en dicha propuesta.

RECOMENDACIÓN:

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Con base al programa de comunicación establecida, buscar alianzas con medios de comunicación tradicional y alternativa, para que las campañas tengas mayor impacto y por ende la adopción nacional sea visto como una alternativa familiar y por ende los niños y las niñas sean protegidos en sus derechos.

272

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES No. 1.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Sobre la presente propuestas se nos informó que si existen estadísticas sistematizadas y ordenadas, contando con un sistema que permite actualizarlas constantemente. En relación al control y monitoreo sobre el tiempo en que se desarrolla una adopción (flujo-tiempo-grama), se considera por parte de la Dirección Ejecutiva que cada caso de adopción es particular lo cual aunado a las precarias condiciones en que trabaja el CNA no permite establecer los tiempos en que se pueda cumplir de manera estándar con un proceso de adopción. También, se informó que se han acumulado expedienten por 3 meses, debido a que la cantidad de adopciones se ha incrementado por lo que el trabajo del equipo multidisciplinario también aumentó y el personal no se da a vasto con el trabajo. Sin embargo, se plantea que cada caso de adopción es diferente, pero que se lleva el control de la ruta que sigue cada expediente, desde el inicio del proceso hasta la resolución final. La propuesta avanzó inicialmente en su implementación, tanto en relación a la elaboración del flujo-tiempo-grama, el cual es un trabajo técnico a realizar sobre la base de la información existente de los procesos y los manuales. Además, es necesario establecer la inversión que se hace sobre cada proceso de adopción con el objeto de optimizar los recursos y ver donde se pueden realizar con mayor eficacia y eficiencia.

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Establecer un sistema de estadísticas internas que permita mayor certeza en la cantidad de adopciones realizadas, así como mayor especificidad en relación a las edades, género, lugar de origen, entre otros, obviamente manteniendo la confidencialidad en la identidad del niñoniña y personas que adoptan. Diseñar un flujo-tiempo-grama del proceso de adopción que establezca los plazos óptimos (mínimos y máximos) para la realización de los diferentes pasos del proceso de adopción, promediando el tiempo real que debería llevar la realización de una adopción. Establecer a través de un prorrateo presupuestario, cual es la inversión que el Estado realiza para llevar a cabo un proceso de adopción, a la vez establecer la inversión ideal asumiendo que la institución fortalece y agiliza el proceso de adopción, tomando en cuenta el bienestar que debería gozar el niño-niña durante el proceso de adopción. Contar con datos cualitativos y estadísticas de las acciones de monitoreo y seguimiento por cada niñoniña dado en adopción, y el total de acciones del CNA en dicha área, así como de los resultados, metas, logros y procesos de atención realizados.

273

RECOMENDACIÓN:

Es necesario consolidar el Sistema de Estadísticas del CNA, hasta el momento hay información estadística, pero la misma no llega a integrar un sistema ágil y permanente; para el efecto se propone Diseñar el Sistema de Estadísticas (respetando la confidencialidad de la adopción) el cual se actualice mensualmente y la información se proporcione por la página web del CNA y por otros medios. Se insiste en la necesidad de realizar el Flujo-Tiempo-Grama para establecer el mínimo y máximo que realmente se pueden llevar un caso y el mínimo y máximo que idealmente debería llevarse un caso. También es necesario hacer los estudios sobre la inversión que lleva un proceso de adopción para establecer los puntos óptimos de eficiencia y eficacia para realizar un proceso de adopción y por ende establecer la relación costo beneficio, con el objeto de optimizar los recursos del CNA.

No.

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274

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Aprobar la reglamentación, procedimientos y protocolos de la adopción internacional, los cuales garanticen que la adopción sea una institución social transparente y que privilegie el interés superior del niño-niña y su bienestar y desarrollo. Continuar y desarrollar nuevas alianzas con autoridades centrales de otros países para conocer su experiencia en el proceso de adopción y establecer convenios de cooperación para fortalecer el proceso en Guatemala. Aprobar y presentar el plan específico para el impulso de la adopción internacional a la sociedad civil y a otras autoridades que tienen que ver con el proceso.

Sobre dicha propuesta, el Reglamento del CNA establece los conceptos básicos, procedimientos y requisitos para la adopción internacional, lo cual sustenta la base para desarrollar dichos procesos, además, de haber establecido el protocolo específico sobre la adopción internacional. Además, fue presentado al Movimiento Social el plan piloto sobre adopciones internacionales en el cual se establecer las prioridades y estrategias sobre el tema. También, se informa que se tienen alianzas con Autoridades Centrales de otros países, haciéndoles la invitación a apoyar el proceso guatemalteco, de lo cual se está trabajando con Chile y Colombia, que han dado su apoyo al CNA; se están buscando

alianzas con los países de la región. Sin embargo, el informe de la CICIG y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, cuestionan profundamente las adopciones internacionales al establecer la debilidad institucional en todos los organismos e instituciones que tienen que ver con la adopción, dentro de estos el CNA. El avance en la presente propuesta se considera inicial.

RECOMENDACIÓN:

Pese a que ya se tienen avances en la reglamentación, protocolos y planes para la adopción internacional, se recomienda suspender indefinidamente las Adopciones Internacionales, en tanto no se cuente con un CNA consolidado y con la capacidad de evitar y prevenir cualquier irregularidad en los procesos de adopciones, de igual forma Los Juzgados hayan eliminado prácticas del pasado sobre dicho tema y la PGN sea un ente fortalecido con la capacidad de intervenir en los procesos, coadyuvando a la eliminación de cualquier tipo de anomalía.

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275

No.

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276

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Con base a la experiencia obtenida y sistematización de los primeros dos años de trabajo, fortalecer y ampliar el programa de adopción nacional, involucrando a diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil, para lograr mayor cobertura; involucrar a los medios de comunicación a través de campañas de concientización, incluyendo a los medios oficiales, pues, está demostrado que las familias guatemaltecas son bondadosas y cada día más asimilan los derechos y protección integral como forma de crianza. Dicho programa debe convertirse en el eje central y prioritario del PE y del Plan de Desarrollo institucional, en si del que hacer del CNA.

En efecto el CNA tiene como programa central la Adopción Nacional la cual es prioritaria, por lo que la mayor cantidad de recursos presupuestarios son asignados a dicho área programática. Se han buscado medios alternativos para dar a conocer la adopción nacional incrementándose la cantidad de familias que están solicitando procesos de adopción. Debido a que el Plan Estratégico no se ha revisado y actualizado, la Adopción Nacional todavía no figura como el eje central del mismo. El proceso de adopción nacional se puede considerar como lento, aunque por ser las primeras experiencias del CNA es necesario sistematizar en mejor forma los mismos, para evitar al máximo cualquier crimen y corrupción que se pueda dar en las adopciones. El avance en la presente propuesta se puede considerar como intermedio. RECOMENDACIÓN: Consolidar el área Programática de Adopción Nacional como eje central de CNA, estableciendo las alianzas con instituciones estatales y no estatales, para que dicho programa cumpla al máximo su función de protección integral de la Niñez y la Adolescencia, se consolide y amplié, a partir de que los procesos sean transparentes y en beneficio del niño, la niña y el o la adolescente y su interés superior. Hacer un estudio de los posibles puntos o focos de irregularidad, crímenes, redes y organizaciones criminales y corrupción que se puedan presentar en las adopciones nacionales, en coordinación con la Unidad Contra la Trata de Personas y Adopciones Irregulares del MP, PNC, PGN, OJ, SBS y la CICIG, para establecer estrategias de prevención, investigación y persecución penal sobre las personas y organizaciones criminales que puedan estar involucradas.

No. 4.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Desarrollar dicho censo nacional de niñez y adolescencia institucionalizada, en el corto plazo, incluyendo a la niñez declarada en estado de adoptabilidad, actualizándolo periódicamente, pues, se analiza que con la aplicación de las Leyes de Protección Integral y de la Ley VET, se incrementará la cantidad de niños y niños en protección especial.

Dicha propuesta avanzó totalmente en su implementación, pues el censo se realizó y fue presentado a las organizaciones del Movimiento Social a través del Registro Nacional de Niños y Niñas Institucionalizadas, contratando a una empresa para desarrollar el programa electrónico para dicho registro. Se Plantea que hay 5200 niños y niñas en los centros y hogares de cuidado, levantando la información con 46 variables sobre cada uno de ellos y ellas, sobre su estado físico, psicológico, material, familiar, etc. Se evidencia con dicho censo que hay niños y niñas que desde 2003 están en los hogares y centros de protección, lo cual no es el objetivo de los centros de protección integral.

RECOMENDACIÓN:

Establecer los mecanismos y estrategias para actualizar por lo menos trimestralmente la información acerca de los niños, las niñas y adolescentes en los centros y hogares de protección, para convertir dicho instrumento en un medio para fortalecer el proceso de protección, restitución de derechos, la reinserción familiar y en última instancia el cumplimiento al derecho a la familia a través de la adopción.

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277

No. 5.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Mejorar, proteger, actualizar y renovar permanentemente el equipo de informática que sirve para realizar dichos procedimientos para reunir y conservar la información correspondiente al proceso de adopción.

Se plantea por parte de la Dirección Ejecutiva del CNA que están conscientes de de la necesidad de renovar el equipo de computo, pero la poca disponibilidad de recursos limita el cumplimiento de la propuesta. Agregan que se suscribió un convenio de cooperación con la Embajada de Francia para comprar servidores y computadoras de alta capacidad para trabajar la base de datos, además, que no son suficientes para el total de personal que labora en el Equipo Multidisciplinario, por lo que se está gestionando una donación de parte de UNICEF. En cuanto al equipo actual, casi en su totalidad el mismo es obsoleto, por lo que se hace el esfuerzo para darle mantenimiento. El avance en esta propuesta se considera intermedio.

RECOMENDACIÓN:

Elaborar un proyecto para constituir un sistema tecnológico pertinente a los procesos del CNA y gestionarlo por diferentes medios, tanto con organismos internacionales, como organizaciones nacionales sociales y privadas.

No.

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278

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Realizar un compendio de protocolos, procedimientos, manuales, formularios y certificados, con el objeto de verificar su total coherencia e integralidad y el cumplimiento integral de todas las funciones relacionadas al proceso de adopción. Establecer de manera obligatoria la realización de la prueba de ADN en todos los casos de adopción en donde se pueda hacer.

En relación a dicha propuesta, el CNA cuenta con el compendio de protocolos, procedimientos, manuales y certificados, por lo que el avance en esta propuesta se considera que es total. En relación a establecer de manera obligatoria la prueba de ADN se avanzó totalmente, pues, se suscribió un convenio con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, para capacitación de personal en la toma de muestras y reducción de costos en procesado de las mismas.

Para el efecto se presentó la propuesta a UNICEF sobre las pruebas de ADN y la toma de muestras a los niños y las niñas declaradas en adoptabilidad, a padres y madres biológicas, a otros padres y madres a quienes les han sustraído sus hijos e hijas y a la niñez institucionalizada, la cual fue aprobada para su fase inicial. Se considera que en esta propuesta el avance es intermedio, pues todavía falta el montaje de dicho proyecto y su aplicación.

RECOMENDACIÓN:

Asegurar la sostenibilidad de dicho proyecto, para que la prueba de ADN sea permanente y obligatoria, como un mecanismo para prevenir la sustracción de niños y niñas y procedimientos irregulares y criminales de adopción.

No. 7.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Elaborar el protocolo estándar que cumpla con la función de velar porque los niños y las niñas en estado de adoptabilidad ingresen a hogares de protección y abrigo o al programa de familias sustitutas.

RECOMENDACIÓN:

Establecer los mecanismos efectivos para la aplicación de los estándares de calidad de los hogares y lo establecido

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En relación a la propuesta se informa que se aprobaron los estándares de calidad para los hogares de protección, así como se estableció en el reglamento del CNA los requisitos, procedimientos y mecanismos para la aprobación y supervisión de hogares, lo cual asegura que los niños y las niñas declarados en adoptabilidad puedan ingresar a dichos hogares en mejores condiciones de atención y protección. Dicha propuesta avanzó de manera intermedia, debido a que es necesario darle seguimiento a lo establecido y aplicarlo efectivamente, así como establecer los mecanismos para que un niño o niña pueda ingresar a un hogar cuando sea declarado en adoptabilidad.

279

en el reglamento, fortaleciendo la Unidad de Investigaciones, Peritaje y Supervisión de Entidades Públicas y Privadas de Protección y Abrigo a la Niñez y Adolescencia, así como de velar que los niños y las niñas declarados en adoptabilidad ingresen y tengan la atención y protección debida.

No. 8.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Elaborar el manual de procedimientos y estándares de protección, abrigo, restitución de derechos, trato y atención, para autorizar, supervisar y monitorear en forma periódica a los centros y hogares de protección y abrigo privados y estatales que se dediquen al cuidado de niños y niñas. Fortalecer la Unidad de Investigaciones, Peritaje y Supervisión de Entidades Públicas y Privadas de Protección y Abrigo a la Niñez y Adolescencia (UNIPSE), destinando el personal necesario para desarrollar la función de aprobación, supervisión y monitoreo de hogares, con mayor agilidad y permanencia.

En relación a la presente propuesta, los estándares para los centros y hogares de protección fueron aprobados, así como el manual para la aprobación, supervisión y monitoreo de hogares. De igual forma se estableció en el Reglamento del CNA todo lo relacionado a dichos procedimientos, requisitos y mecanismos de aprobación, supervisión y monitoreo. Sin embargo, en reglamento del CNA no se establecieron los mecanismos de supervisión y monitoreo periódico de las Entidades Privadas de Abrigo y Cuidado de Niños. Existe una guía de Supervisión de Hogares la cual fue trabajada en coordinación con otras instituciones que tienen que ver con el tema. Se considera que la propuesta avanzó de manera intermedia.

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RECOMENDACIÓN:

280

Reformar el Reglamento del CNA, agregándole el articulado correspondiente a la supervisión permanente y monitoreo de Entidades Privadas de Abrigo y Cuidado de Niños, estableciendo periodos lo más cortos posible para desarrollar dicha función.

No. 9.

No. 1O.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Sobre la base del proceso de elaboración conjunta entre organizaciones de la sociedad civil, SBS, PGN, JUZGADOS, PDH y CNA aprobar el manual para autorizar, supervisar y monitorear los hogares y centros de abrigo y protección. De igual forma establecer los mecanismos conjuntos para supervisarlos y monitorearlos periódicamente. Retomar de manera conjunta entre las instituciones del Sistema de Protección Integral y la sociedad civil, la gestión de la Ley de Hogares y Centros de Protección, Abrigo y Cuidado de niños, niñas y adolescentes, que establezca bajo la luz de la Doctrina de Protección Integral y su marco legal, las definiciones, funciones, requisitos, estándares de protección integral, restitución de derechos y reinserción familiar y las sanciones correspondientes.

Aplica la respuesta anterior. En relación a la Ley de Hogares y Centros de Protección, Abrigo y Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes, hay una iniciativa de Ley en el Congreso de la República, pero la misma fue olvidada por la sociedad civil y las instituciones de Estado ponentes.

RECOMENDACIÓN:

Aplica recomendación propuesta 8. Retomar el proceso de incidencia para la aprobación de la Ley de Hogares y Centros de Protección.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Aplica propuesta 4.

Aplica respuesta en propuesta No. 4.

El censo y registro de los y las niñas en centros u hogares de protección y abrigo, debe hacerse inmediatamente, para que la información sea pertinente, no se extravíe y se tenga una base inicial que pueda actualizarse por lo menos cada mes.

RECOMENDACIÓN:

Aplica recomendación de la propuesta 4. Informe de avances en la implementación 2010 de las propuestas de la auditoría social 2009 al consejo nacional de adopciones

281

No. 11.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: En relación a la adopción nacional, el monitoreo y evaluación de los niños y las niñas adoptadas y las familias adoptantes, debería darse con mayor periodicidad (cada tres meses), para el efecto se tiene que fortalecer la unidad encargada de dicha función.

Sobre esta propuesta el Director Ejecutivo del CNA indicó que el monitoreo y supervisión post adopción se está haciendo de manera permanente, sin embargo, no se tomo en cuenta la propuesta del Movimiento Social de hacer visitas de supervisión por lo menos cada 3 meses, pues, en el reglamento quedaron establecidas las visitas cada 6 meses. Lo anterior conlleva la necesidad de fortalecer la unidad encargada de monitoreo de las familias.

RECOMENDACIÓN:

Reformar el Reglamento del CNA estableciendo que las visitas de monitoreo post adopción, se harán cada tres meses, en todo caso en la práctica se debería procurar que las visitas se den en períodos no mayores de 3 meses.

No.

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12.

282

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Los mecanismos de prevención de beneficios indebidos y lucro, así como de engaño y manipulación, en el proceso de adopciones, deben ser incluidos como aspectos transversales en todos los protocolos establecidos en el CNA, además, de establecer las coordinaciones correspondientes con otras organizaciones e instituciones de Estado para prevenir las anomalías o corrupción en las adopciones, tanto de las autoridades, como en las familias y las comunidades. A la par de promover la adopción nacional y posteriormente la internacional, también, se debe promover una campaña para que la adopción sea sobre la base del interés superior del niño y la niña, su bienestar,

El Director Ejecutivo informó que sobre esta propuesta el CNA busca apegarse a lo establecido en los marcos legales de la adopción y otros marcos legales de protección a la niñez y l adolescencia, por lo que se buscar administrativamente evitar cualquier anomalía en los procesos, erradicando las malas prácticas del pasado. En la actualidad se están presentando casos con anomalías en la utilización de la figura de la familia sustituta, figura que se ha utilizado para asegurar posteriormente el proceso de adopción para la misma familia sustituta. También, se encontró que algunas adoptabilidades han sido declaradas inadecuadamente por parte de los juzgados. Se aprobó para el efecto un acuerdo interno del CNA que establece la temporalidad de la familia sustituta y se ha

erradicando de la cultura guatemalteca el dar en adopción por motivos económicos e intereses mezquinos.

la figura de la familia sustituta, figura que se ha utilizado para asegurar posteriormente el proceso de adopción para la misma familia sustituta. También, se encontró que algunas adoptabilidades han sido declaradas inadecuadamente por parte de los juzgados. Se aprobó para el efecto un acuerdo interno del CNA que establece la temporalidad de la familia sustituta y se ha coordinado con el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social para que cuenten con normativas internas que regulen la temporalidad de un niño o niña en una familia sustituta. En relación a la declaración de la adoptabilidad el CNA hace una revisión minuciosa de las sentencias y está viendo la forma de establecer mecanismos para impugnarlas y solicitar el cambio de medida cuando se considere que la declaratoria de adoptabilidad no se apega a la Ley. Sin embargo, las medidas antes planteadas no se convierten en mecanismos permanentes para prevenir los beneficios indebidos y lucro, así como la corrupción y la realización de hechos criminales alrededor de la adopción, por lo que en dicha propuesta se avanzó inicialmente.

RECOMENDACIÓN:

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Hacer un estudio de los posibles puntos o focos de irregularidad, crímenes, redes y organizaciones criminales y corrupción que se puedan presentar en las adopciones nacionales, en coordinación con la Unidad Contra la Trata de Personas y Adopciones Irregulares del MP, PNC, PGN, OJ, SBS y la CICIG, para establecer estrategias de prevención, investigación y persecución penal sobre las personas y organizaciones criminales que puedan estar involucradas. Crear el protocolo de Seguridad Preventiva para prevenir cualquier hecho delictivo en los procesos de adopciones.

283

No. 13.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Aprobar de manera integral y en consulta con la sociedad civil, todo lo relacionado al programa y eje estratégico de la adopción internacional.

Aplica la respuesta realizada en la propuesta 2. Se avanzó de manera intermedia.

RECOMENDACIÓN:

Aplica la recomendación realizada en la propuesta 2.

No.

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14.

284

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Darle funcionalidad a la coordinación de las organizaciones que conforman del Sistema Nacional de Protección Integral a través de una instancia articuladora, de manera específica establecer el Subsistema de Protección Integral en el Área de Protección Especial, integrado por SBS, PGN-PNA, OJ-Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, RENAP y CNA, en el cual se establezcan mecanismos de coordinación inter y multi institucional, se mejoren los procedimientos, se agilice la comunicación y coordinación, se colabore en casos específicos, entre otros aspectos que se pueden establecer en el Subsistema. Establecer una red de apoyo al proceso de adopción con organizaciones sociales y gubernamentales interesadas.

Se han realizado esfuerzos para buscar coordinaciones con otras instituciones relacionadas con la adopción y protección de la niñez y la adolescencia, buscando ampliar las capacidades operativas del CNA y fortalecer el Sistema de Protección Integral. Se ha conformado una mesa técnica interinstitucional que ha trabajado los temas de las adoptabilidades y de la familia sustituta. Además, se estableció en el reglamento del CNA que el Director Ejecutivo podrá realizar convenios de cooperación con la Secretaría de Bienestar Social y la Procuraduría General de la Nación para asegurar la protección integral de la niñez y la adolescencia a través de la adopción, también, podrá establecer otros convenios con instituciones del Estado. En relación a establecer la red de apoyo al proceso de adopción con organizaciones sociales y gubernamentales interesadas, se han dado pasos al invitar al Movimiento Social para presentar Sobre esta propuesta se avanzó de manera intermedia, pues, aunque hay coordinaciones, las mismas no son permanentes ni como Subsistema de Protección Especial.

RECOMENDACIÓN:

Con base al Reglamento del CNA darle permanencia a la coordinación con los organismos e instituciones del Subsistema de Protección Especial el cual debe ser integrado por SBS, PGN-PNA, Juzgados de la Niñez y el CNA. Convocar a la instalación de la Red de Apoyo a la Adopción, generando un acuerdo interno de instalación, en donde participe la sociedad civil y órganos de Estado interesados en el tema.

No. 15.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Sobre dicha propuesta el Director Ejecutivo indicó que no existen los recursos para montar la Unidad de Monitoreo y Verificación Interna, así como no existe la Unidad de Planificación, la cual tendría que crearse, sin embargo, el proceso de monitoreo es desarrollado por los y las coordinadores de área de los equipos y unidades del CNA. La implementación de la propuesta avanzó inicialmente, por lo que hace falta mucho por hacer en el tema de planificación y monitoreo interno.

RECOMENDACIÓN:

Mantener como una de las prioridades en el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional, la creación de la Unidad de Planificación y Monitoreo Interno. Una institución como el CNA debe contar con dicha unidad para consolidarse y a la vez expandirse y crecen para asegurar el cumplimiento de sus funciones y los servicios prestados a la niñez, adolescencia y familias.

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285

No. 16.

No.

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17.

286

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Crear un programa permanente de formación, capacitación y actualización para todo el personal del CNA, estableciendo una propuesta de pensum que integre los marcos filosóficos, políticos y legales de la doctrina de protección integral y del marco legal de protección.

Aplica la respuesta en la propuesta 7 de fortalecimiento institucional.

RECOMENDACIÓN:

El Programa de Capacitación debe ser desarrollado con base a los principios doctrinarios de la Protección Integral, los marcos filosóficos y legales en dicha materia. El Programa de Capacitación se puede implementar haciendo alianzas con otras organizaciones sociales o instituciones de Estado.

Aplica la respuesta en la propuesta 7 de fortalecimiento institucional.

RECOMENDACIÓN:

PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL No. 1.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: Diseñar y aprobar el Código o Carta de Ética que sea firmado por el personal en todos los niveles y áreas, que contenga todos los principios filosóficos-éticos, de actuación, comportamiento y desempeño, así como, el compromiso de cumplir los principales aspectos de la protección integral y derechos de la niñez, los elementos básicos de honestidad y transparencia y la actuación profesional con base al interés superior del niño y la niña.

No. 2.

La Dirección Ejecutiva informó que todos los y las trabajadoras cuando ingresan al CNA firman un acuerdo de confidencialidad. Además, se informa que están trabajando en la elaboración de un decálogo de ética de la institución y para el personal. Si el decálogo de ética es aprobado, se podría tomar como el Código o Carta de Ética propuesto por el Movimiento Social. Sobre dicha propuesta se avanzó de manera intermedia. RECOMENDACIÓN: Aprobar el Decálogo de Ética y buscar que todo el personal lo firme y ponga en práctica, además, de divulgarlo como una buena práctica.

PROPUESTA FORTALECIMIENTO AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONAL LA PROPUESTA: No se evidencia ningún avance sobre esta propuesta, por lo que es necesario que el CNA establezca relación directa con la CNNA con el objeto de validar las políticas de protección integral del CNA y a la vez establecer alianzas con las instituciones que integran la CNNA. Sobre esta propuesta en CNA no presentó ninguna información, aunque el Director Ejecutivo indica que han tomado en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas por la PDH.

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La CNNA como ente especializado en la formulación, aprobación y fiscalización de las políticas públicas de protección integral para la niñez y adolescencia, debe aprobar todos aquellos planes y programas que sean parte o desarrollen la PPPI y el PANFNA y la Ley de Protección Integral, por lo que se recomienda al CNA consultar con la CNNA las propuestas de planes y programas que desarrollen el proceso y el derecho a la adopción. Tomar en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, en sus acciones de monitoreo a las instituciones del Sistema de Protección Integral.

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CONCLUSIONES GENERALES

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1. En general el CNA manifestó anuencia a compartir la información sobre los avances en la implementación de las propuestas del Movimiento Social realizadas en la auditoría social 2009, reuniéndose con representantes de las Junta Directiva y de las diferentes organizaciones que lo conforman. Además, se proporcionó alguna información por escrito sobre el proyecto de presupuesto 2011 presentado al Ministerio de Finanzas y la minuta de la reunión sostenida con el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo en funciones. Además, participaron en el Foro sobre Avances en la Implementación de las Propuestas 2009 y las auditorías realizadas en 2010. 2. En relación a la información por escrito solicitada para medir el avance en cada una de las propuestas, no se proporcionó la misma, por lo que se deduce que mucha de la información sobre sus avances no la tienen ordenada y sistematizada, además, de no tener la capacidad institucional para dar respuesta técnica a un proceso de seguimiento a una auditoría social, pues, en varias ocasiones se le solicitó al Director Ejecutivo que delegará la realización de los formatos de seguimiento a otros y otras integrantes de los diferentes equipos del CNA, pero de igual forma, pasados 5 meses la información nunca se presentó.

3. Se evidencia en general un avance de intermedio a inicial en la mayoría de propuestas de la Auditoría Social 2009, de la siguiente manera: 14 avances intermedios y 13 avances iniciales; en 2 propuestas se avanzó totalmente y en 8 propuestas no se avanzó en su implementación. En general podríamos decir que hay un esfuerzo por parte del CNA de darle paso a las propuestas realizadas por el Movimiento Social, pero algunas no han sido comprendidas y otras que son la mayoría por falte de presupuesto no se han realizado.

formuló la CICIG en su reciente informe sobre los agentes que intervienen en las adopciones irregulares en Guatemala, desde la entrada en vigor de la Ley de Adopciones (Decreto No. 77-2007), que tome las medidas adecuadas para eliminar la corrupción y la impunidad, y que enjuicie y castigue a los culpables.”

5. Es necesario que el CNA y el Estado guatemalteco tome en cuenta y aplique la recomendación del Comité de Derechos del Niño de: “El Comité recomienda al Estado parte que garantice una estricta transparencia y realice controles de seguimiento, y que enjuicie a los involucrados en adopciones ilegales y la venta de niños con fines de adopción. Le recomienda así mismo que aplique las recomendaciones que

7. El Movimiento Social apoya la recomendación del Comité de Derechos del Niño de parar o suspender todo lo relacionado a las adopciones internacionales, en tanto no se tenga la certeza que todos los organismos e instituciones de Estado vinculadas al proceso de adopción hayan transparentado todos los procedimientos de adopción erradicando los focos de corrupción y criminalidad en dichos procesos, se haya regulado de

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4. Se hace necesario que el CNA ponga al centro de sus planes estratégicos y de desarrollo la Adopción Nacional y los proyectos que la fortalezcan como el que hacer central de dicha institución, por lo se solicita al Consejo Directivo priorizar dicho programa en la planificación presupuestaria y el proceso de planificación general del CNA.

6. Es importante y necesario que el Estado y el CN apliquen la recomendación del Comité de Derechos del Niño la cual expresa “El Comité recomienda al Estado parte que descentralice los servicios del Consejo Nacional de Adopciones para que sean accesibles en todo el país, difunda entre la población el nuevo sistema de adopción, con miras a promover las adopciones nacionales, y prolongue la suspensión de las adopciones internacionales hasta que los derechos de los niños puedan ser completamente garantizados en los procedimientos de adopción.”

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manera específica lo relacionado a las familias sustitutas que ha sido un foco de irregularidad en la nueva etapa de las adopciones en Guatemala, se hayan investigado todos los casos de adopción internacional que quedaron en la PGN consecuencia de la transición a la CNA, se haya sistematiza y consolidado la Adopción Nacional y si esta última se consolida y amplia, se recomienda suspender indefinidamente o eliminar la figura de la adopción internacional de los marcos legales que lo sustentan.

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8. El Consejo Nacional de Adopciones debe tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) planteadas en su informe:

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•

No aprobar adopciones con claras irregularidades por parte del Organismo Judicial.

•

Corregir las malas prácticas institucionales y denunciar las irregularidades detectadas.

•

Supervisar la legalidad de trámites de adopción y no aprobar adopciones ilegales o adopciones en donde se hubiere abusado de figuras legales como lo es la familia sustituta.

•

Investigar las irregularidades cometidas por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Adopciones durante la tramitación de los casos en transición

y colaborar activamente con el Ministerio Público a fin de proporcionar toda la información que se requiera para realizar las investigaciones penales correspondientes. •

Ordenar y sistematizar toda la información vinculada a casos de adopción notarial y casos de adoptabilidad conforme el nuevo ordenamiento a fin de lograr una mayor colaboración con los entes investigadores de cara identificar el paradero de niños reportados como robados.

•

Establecer la obligación de cotejar en todos los casos con la base de datos de niños robados.

•

Adecuar sus funciones, mediante reglamento interno, a lo establecido por la Ley de Adopciones, como por el Organismo Judicial en materia de protección y procesos de adopción.

•

Publicar un reglamento a la Ley de Adopciones que establezca de manera clara, además de las funciones y modo de ejecutarlas por parte de los miembros del Consejo Nacional de Adopciones, todas las fases del procedimiento de adopción que corresponden a cada una de las entidades encargadas del mismo y que se encuentran contempladas en la Ley de Adopciones. No implementar el “Plan Piloto”

para adopciones internacionales, hasta en tanto no se cumplan las medidas señaladas en este documento tales como: la aprobación de las reglamentaciones necesarias, incluida la reglamentación de acreditación de agencias internacionales y principalmente el fortalecimiento de la investigación sobre el origen del niño. 9. Es necesaria la Coordinación con las otras instituciones relacionadas con el proceso de adopción a fin de transparentar y recobrar la confianza en el proceso de adopciones, como una institución y derechos para la protección integral de los niños y las niñas que no tienen una familia, estableciendo las alianzas y coordinaciones permanentes tal y como lo establece su Reglamento.

11. Tomar en cuenta y aplicar las recomendaciones realizadas por el Movimiento Social en la medición de avances en cada una de las propuestas presentadas en la Auditoría Social 2009. 12. Aliarse con la sociedad civil y otras instituciones de Estado, elaborando una propuesta de estrategia de incidencia política para lograr la aprobación en el Congreso de la República de los 22 millones de Quetzales para fortalecer el CNA y sus programas prioritarios como el de adopciones nacionales y su descentralización. 13. Se denota mayor voluntad política de parte del CNA y sus directivas para interrelacionarse con el Movimiento Social y abrirse a concretar los procesos de Auditoría Social y seguimiento a avance en el cumplimiento de las propuestas presentadas, así como en otros temas relacionados con la adopción.

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10. Revisar y reformar el Reglamento del CNA, en consulta con el Movimiento Social, organizaciones e instituciones que tienen conocimiento sobre el tema. De manera específica, es necesario revisar lo relacionado al Consejo Directivo, eliminando el cargo de Presidente, regular las dietas, establecer mecanismos de supervisión y monitoreo de hogares, establecer los mecanismos

de prevención de crímenes en el proceso de adopciones, crear la Unidad de Planificación y Monitoreo y otras reformas que se planteen por parte de las organizaciones e instituciones consultadas.

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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL HECHAS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

MOVIMIENTO SOCIAL POR LOS DERECHOS DELA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (MSDNAJ)

Análisis de avances en la implementación de las propuestas de auditoría social a la procuraduría general de la nación y a la procuraduría de la niñez y la adolescencia

PRESENTACIÓN

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El presente informe de avances en la implementación de las propuestas presentadas por el movimiento social a la procuraduría general de la nación y la procuraduría de la niñez y la adolescencia en la auditoría social realizada a dicha institución en 2009, recobra especial importancia, pues, hasta el momento no se conoce de procesos de auditoría social que posteriormente den seguimiento a la implementación de recomendaciones y propuestas realizadas, para medir su nivel de implementación y a la vez reafirmar el proceso de incidencia para que dichas propuestas sean tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes de la institución auditada. Para el efecto se diseñaron los instrumentos correspondientes para recopilar la información de avances, los cuales fueron contestados por parte del Procurador General de la Nación y de la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, asistidos por su personal técnico, quienes satisfactoria y acuciosamente colaboraron y proporcionaron la información que sirvió de base para la realización del análisis de los avances en la implementación de las propuestas. Además, como fuentes de información las autoridades de la PGN y PNA presentaron la documentación de respaldo de las respuestas formuladas en el instrumentos de recopila-

ción de información. Adicionalmente se sostuvieron reuniones de trabajo con la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia y con el Procurador General de la Nación, de las cuales se dejo registro. Adicionalmente, se realizó una mesa de intercambio de información en donde las instituciones auditadas en 2009 compartieron información sobre los avances en la implementación de las propuestas. El informe se presenta a través de cuadros por cada propuesta presentada en la auditoría social 2009, haciendo un análisis de los avances de implementación por cada propuesta y las recomendaciones correspondientes para mejorar o concluir su implementación; por último se presentan las conclusiones generales del informe.

Análisis de avances en la implementación de las propuestas de auditoría social a la procuraduría general de la nación y a la procuraduría de la niñez y la adolescencia

Se espera que el presente informe contribuya a la consolidación institucional de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia y de la Procuraduría General de la Nación, a la búsqueda del eficaz, eficiente y pertinente cumplimiento de las funciones y responsabilidades en materia de protección y atención a la niñez y la adolescencia.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE AUDITORÍA SOCIAL HECHAS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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PROPUESTA 1 Elaborar un Plan Estratégico de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, que contenga por lo menos: a) El marco legal de sustentación del que hacer de la PGN y la PNA, con base a las leyes y instrumentos internacionales de protección integral de la niñez y la adolescencia; b) Estrategias de intervención, objetivos generales y específicos, resultados (finales, de proceso e intermedios), línea de base, metas, líneas generales de acción, responsables, presupuesto y recursos; c) El Plan Estratégico debe elaborarse por lo menos para 5 años de gestión; d) El Plan Estratégico debe contener una línea estratégica de desarrollo y consolidación institucional, que le permita establecer los planes de descentralización, desconcentración, desarrollo de infraestructura y de personal. Preferentemente se plantea que dicho plan estratégico debe trabajarse de manera colectiva entre todas las unidades y personal involucrado en el desarrollo de las funciones de la PNA.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS No se precedió a la elaboración de un plan estratégico específico de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA), pero a la vez se nos informó de que de manera general se elaboró un Plan Estratégico de la Procuraduría General de la Nación (PGN) 2011-2014, en donde se incluye el tema de niñez y adolescencia. Por otro lado plantean que se elaboró una matriz de planificación general en el tema de niñez y adolescencia donde se proyectan algunos objetivos, actividades, responsables y acciones. Sin embargo, al constatar dicho documentos el mismo no llega a constituirse en un plan estratégico de la PNA, únicamente es una matriz que señala la realización de algunas acciones de la PGN en materia de niñez y adolescencia. La aprobación del Acuerdo de la PGN 1922010, esboza la estructura general y los principios para la Atención Integral de Casos de Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada en sus Derechos Humanos de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, lo cual podría servir como base para elaborar un plan estratégico, integrando las otras responsabilidades de la PGN en materia de niñez y adolescencia.

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RECOMENDACIONES

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Conformar una comisión técnica entre la unidad de planificación de la PGN, la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia y los diferentes equipos técnicos que la integran, para definir un plan de trabajo y por ende llevarlo a la práctica para elaborar el Plan Estratégico de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia y sobre las funciones de la PGN en dicha materia, tomando como base los marcos legales en materia de protección integral de la niñez y la adolescencia.

El Plan Estratégico o la Planificación a Largo Plazo, debe ser entendida como una práctica participativa en donde todos los y las que tienen responsabilidades puedan opinar en torno a cómo debe verse o concebirse una institución tan importante como la PNA, y como resultado de esa práctica contar con instrumento que oriente y guíe su accionar, proponiéndose metas y mecanismos para medir su cumplimiento; por lo menos una planificación estratégica debe realizarse para 5 o 10 años.

PROPUESTA 2 Diseñar de manera participativa el Plan Operativo Anual, el cual deviene de su Plan Estratégico y de sus resultados planteados para su cumplimiento de manera anual; el mismo debe contener con claridad las estrategias anuales, los resultados a alcanzar, las actividades y sub actividades para lograr los resultados, las responsabilidades personales e institucionales, los recursos específicos a utilizar, la temporalidad o fechas de su realización. El POA no debe realizarse solo para cumplir con las exigencias de SEGEPLAN o del Ministerio de Finanzas, sino como un instrumento de planificación, ejecución e implementación de las acciones anuales.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Se indica por parte de la PGN y la PNA que el plan operativo 2010 se elaboro de manera participativa, siendo responsables de su elaboración el despacho superior, la dirección financiera y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. Para su elaboración el Procurador nombró un equipo de trabajo en donde participó la PNA. El documento de Plan Operativo Anual (POA) 2010, pareciera ser más un ejercicio de Plan Estratégico de la PGN, el cual integra todas las funciones y responsabilidades que tiene a su cargo.

RECOMENDACIÓN

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Diferenciar adecuadamente entre el alcance de un Plan Estratégico y el alcance de un POA, el primero es una planificación a largo plazo y el segundo es una planificación anual que desarrolla el plan estratégico. Por lo que se recomienda elaborar el plan estratégico de manera participativa. La elaboración del POA también debe ser participativa, por lo que hay que reforzar que anualmente se integre un equipo que elabore el POA de la PNA y de las diferentes unidades que la integran.

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PROPUESTA 3

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Elaborar los protocolos y/o manuales de procedimientos que contengan la diferenciación necesaria (tipo de caso, daño ocasionado, alternativas de protección, seguimiento, etc.) para atender casos de niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos o víctima de delitos. Dichos protocolos deben basarse en la doctrina de protección integral y metodologías de atención y protección pertinentes a la problemática que afecta a la niñez y adolescencia guatemaltecas. Aprobar los protocolos o manuales de procedimientos diferenciados para los casos de niñez y adolescencia amenazada en sus derechos humanos, desarrollando su función de representante legal y de manera específica para dirigir de oficio o a requerimiento de juez la investigación de los casos específicos y aportar los medios de prueba y opinar con base al interés superior de los niños, las niñas y adolescentes para que el juez tenga las opciones o propuestas de protección pertinentes a los diferentes casos. Establecer el protocolo o manual de procedimientos para la realización de procesos de rescate de niños, niñas y adolescentes y por ende de los mecanismos de coordinación para su protección con otras instancias de Estado o del ejecutivo. Diseñar de manera diferenciada los protocolos o manuales de procedimientos diferenciados con base a los diferentes tipo de delitos que se pueden cometer en contra de la niñez y la adolescencia, para representarlos legalmente, cumplir la función de querellante adhesivo y acompañarlos en todo el proceso penal, buscando su protección integral y para evitar su revictimización y restituirles al máximo sus derechos violados.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Se manifiesta por parte de la PGN que en relación a la propuesta 3, se han dado avances importantes, pues en la matriz general de planificación se establece la elaboración de un protocolo de actuación para los órganos receptores en el abordaje de las violaciones a derechos de la niñez, un manual de procedimientos para los órganos oficiales y de acción protectora en materia de recepción de denuncias, un manual de procedimientos para el área de psicología, trabajo social e investigación integrando los procesos de reacción institucional de la PGN y el Ministerio Público y por último un manual de litigio estratégico así como los manuales que resulten de la práctica forense de los abogados en representación de la niñez. Por otro lado el Procurador señala que se aprobó el Acuerdo 192-2010 el cual establece las bases y mandata la elaboración de manuales de procedimientos a las diferentes unidades o áreas de trabajo de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. Para la elaboración de dicho acuerdo se contrato un asesor También se plantea como avance en este tema el Protocolo de Coordinación Interinstitucional entre el MP, OJ y PGN en Materia de Niñez y Adolescencia Víctimas el Procesos de protección y Persecución Penal. Se reporta la elaboración de un diagnóstico legal de tipología de derechos de la niñez, y sobre esta base la propuesta de elaborar una guía de peritajes concretos en función de tipo de derecho vulnerado Sobre la presente propuestas se ha avanzado considerablemente

RECOMENDACIÓN Concretar la elaboración de los manuales y protocolos en mención, retomando la propuesta presentada por el Movimiento Social, sobre todo en materia de diferenciación y la integralidad en la atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones o amenazas a sus derechos y de crímenes. Contratar el personal necesario para la elaboración de dichos protocolos y manuales, estableciendo alianzas con organismos internacionales de cooperación.

PROPUESTA 4

El Procurador General de la Nación y la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, manifiestan claridad en la necesidad de ampliar los equipos de trabajo y establecer políticas para que el personal tenga mejores condiciones de trabajo, para el efecto la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia presento al Congreso de la República una solicitud de ampliación presupuestaria dirigida específicamente para fortalecer la PNA, la cual fue elaborada con base a un análisis de necesidades en la atención y protección integral de la niñez y la adolescencia y el personal necesario para atender a este grupo humano. Análisis de avances en la implementación de las propuestas de auditoría social a la procuraduría general de la nación y a la procuraduría de la niñez y la adolescencia

Establecer con base a un estudio de recursos humanos y el desarrollo de su plan estratégico, una política de crecimiento paulatino de su personal para atender adecuadamente los casos de niños, niñas y adolescentes violados, amenazados en sus derechos o víctimas de delitos. Sin duda alguna, por ser una institución de servicios técnicos profesionales para las familias y la niñez, el personal juega un papel importante en los casos y procesos de atención y protección que brinda. Por lo menos se debe contar con un equipo de trabajo suficiente para atender los casos en la sede central y dar cobertura multidisciplinariamente en los juzgados de niñez y adolescencia, en los juzgados de paz o en los juzgados de primera instancia penal, a partir de las atribuciones establecidas en la LEYVET. Se deben fortalecer todas las unidades de trabajo social, investigación, denuncia, rescate, atención psicológica, penal, civil, siendo parte directa y especializada en la PNA.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En la implementación de dicha propuesta se han involucrado la PNA, Departamento de Recursos Humanos, la Dirección General de Delegaciones Regionales y la Dirección Financiera. Para lograr fortalecer los equipos de trabajo se ha recurrido a la cooperación internacional, específicamente UNICEF y Holt International, quienes han financiado la contratación de personal para fortalecer las delegaciones de Zacapa y Quetzaltenango,

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contratando 2 abogados, 4 auxiliares, 3 psicólogos, 4 trabajadoras sociales, durante 2010. Se evidencia que el problema de la falta de personal para desarrollar las funciones, no se resolverá hasta que la PGN y la PNA cuenten con una ampliación presupuestaria para satisfacer sus necesidades. Aunque la cooperación internacional es importante para resolver temporalmente dicho problema, no es suficiente ni permanente.

RECOMENDACIONES

Incrementar el trabajo de lobby e incidencia para lograr un incremento al presupuesto de la PGN y por ende de la PNA. Desarrollar la propuesta de necesidades presupuestarias presentada por la PNA al Congreso de la República, haciéndola pública ante la sociedad, para que la misma se convierta en un debate público y a la vez se logre el incremento presupuestario. Realizar alianzas con la sociedad civil para presionar al Congreso para que apruebe más recursos presupuestarios para la PGN.

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PROPUESTA 5

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Generar condiciones con base al plan de desarrollo de personal, de estabilidad y permanencia laboral, para lograr la especialización en materia de niñez y adolescencia, capacitándolos constantemente a través de un programa permanente que los mantenga actualizados y mejore sus capacidades colectivas e individuales de intervención y atención. Establecer en dicho plan, manuales de funciones y responsabilidades específicas para el personal de la PNA y que trabaja con niñez y adolescencia, perfiles y procedimientos transparentes de contratación con base a capacidades, experiencia y compromiso con la niñez y adolescencia.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS La PGN plantea sobre dicha propuesta que se han definido las funciones de cada uno de los integrantes de la PNA, así como de las delegaciones departamentales en materia de niñez y adolescencia. A la par que se están desarrollando los manuales de procedimientos de la PNA, se están realizando evaluaciones de los perfiles y descripción de los puestos, para crear una carrera profesional del área. La creación de un estatuto de la carrera profesional en la PNA o PGN en general es una medida necesaria, sin embargo, es necesaria que la misma sea integral y contemple los aspectos mencionados en la propuesta.

. En torno a la carta de ética como parte del proceso de contratación del personal y por ende de sus responsabilidades con la niñez y adolescencia guatemaltecas, la misma no ha sido elaborada ni es parte del proceso de contratación del personal y del desarrollo de sus funciones. Se han involucrado en dicho proceso el Departamento de Recursos Humanos de la PGN, la PNA y la Unidad de Asuntos internacionales y Capacitación; además se ha tenido el apoyo de UNICEF y la ONSEC para desarrollar la presente propuesta de auditoría social.

RECOMENDACIONES

La aprobación de un manual integral para la contratación y administración de personal vinculado a la Niñez y la Adolescencia en la PGN, es una necesidad urgente, por lo que se solicita que la iniciativa para crear una carrera profesional, técnica o administrativa en la PNA debe desarrollarse en lo inmediato; a la misma hay que agregarle lo relacionado a procesos de contratación y administración de personal y por ende los mecanismos para mejorar sus capacidades y sus condiciones laborales. Implementar la carta de ética o respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia.

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PROPUESTA 6 Establecer de manera permanente un programa de capacitación y formación del personal de la PNA, estableciendo el currículum correspondiente y el proceso de inducción para el personal de reciente ingreso a la institución. Pues se denota desconocimiento en la doctrina de protección integral.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Se han involucrado en el desarrollo de la propuesta la Unidad de Asuntos Internacionales y de Capacitación y la PNA. Se ha desarrollado un taller introductorio de tres días para el personal contratado, sobre el marco administrativo y legal de la PGN, aspectos relacionados con el sistema de protección. Al personal de nuevo ingreso se le da una introducción a sus funciones y labores como una política de la PGN. Según la información proporcionada se está elaborando un plan de capacitación específico en materia de niñez y adolescencia, que incluya aspectos como las reformas al Código Penal y Procesal Penal, las nuevas leyes, con el propósito de que los profesionales actualicen sus conocimientos y los apliquen en sus funciones y en los casos concretos Se cuenta con un convenio de capacitación con el Colegio de Abogados y Notarios para desarrollar procesos de capacitación en diferentes temas.

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También se ha capacitado a coordinadores de departamentos y el personal de la PNA.

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Según la PNA los cursos de introducción para el personal que trabaje con niñez y adolescencia deben ser permanentes y obligatorios y a la vez se debe seleccionar al personal que labora en la PNA respetando los perfiles correspondientes de cada puesto de trabajo.

RECOMENDACIÓN

La PNA, el Departamento de Recursos Humanos, la Unidad de Asuntos Internacionales y Capacitación y la Unidad de Planificación de la PGN, debe establecerse un plan integral de capacitación permanente para el personal de la PNA y el personal que tenga que ver con el tema de niñez y adolescencia, tanto para el personal de nuevo ingreso como para el personal que ya labora en la institución. Desarrollar y llevar a la práctica el convenio de cooperación con el Colegio de Abogados en materia de capacitación profesional y técnica, priorizando al personal que trabajo o atiende la niñez y adolescencia violada, amenazada en sus derechos o a las víctimas de delitos.

PROPUESTA 7

Esta propuesta es atendida por la PNA, la Dirección Financiera de la PGN, Dirección Administrativa, Unidad de Recursos Humanos y Asesores del Despacho Superior. Para el efecto se realizó una propuesta de ampliación presupuestaria, presentada al Congreso de la República, dicha petición asciende a Q75,413,830.70, la cual es de carácter extraordinario, anual y por única vez, de acuerdo a los proyectos desarrollados por la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. Para contratación de personal se solicita Q38,467,200.00 Prestaciones Q26,202,800.00 Gastos Administrativos Q4,101,750.24 Mobiliario y Equipo Q6,642,080.46

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Aunque se conoce que los recursos presupuestarios son escasos, establecer con base al plan estratégico y de desarrollo institucional, una política de crecimiento presupuestario, realizando las gestiones necesarias para la consecución de recursos. Actualmente el presupuesto de la PNA es insuficiente para el crecimiento y demanda de la niñez y sus familias afectadas por diferentes problemas y violaciones a sus derechos humanos, así como el crecimiento de casos de delitos cometidos en contra de la niñez y la adolescencia. Se deben destinar más recursos de la PGN para la PNA, dándole a la misma el estatus administrativo necesario para que pueda disponer de un presupuesto propio y por ende de su ejecución.

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Sin embargo, dicha propuesta no trasciendo mucho ante la sociedad y el Estado, por lo que no se tuvo una respuesta favorable del Congreso de la República.

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Internamente se evidencia un apoyo decidido a la PNA, sin embargo, no se ha dotado de recursos adicionales, a no ser de la gestión de la cooperación internacional.

RECOMENDACIONES

Establecer un plan de incidencia para lograr la aprobación de la ampliación presupuestaria para la PNA. Establecer alianzas con otros sectores y organizaciones sociales para incidir y presionar al Congreso de la República para que se apruebe dicha ampliación, la cual debe ser sustentada sobre la base de la dramática situación que está viviendo la niñez y la adolescencia.

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PROPUESTA 8

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Dentro del plan estratégico y de desarrollo, crear en alianza con otras instituciones de Estado del sistema de protección especial de la niñez y adolescencia, un centro de atención y abrigo temporal para la niñez, adolescencia y sus familias representadas y atendidas por la PNA, contando con la logística básica para que puedan desarrollar las gestiones, procedimientos, audiencias y estudios correspondientes para la integración de los medios de prueba. Dicho centro debe tener la capacidad de dar hospedaje, alimentación y espacios amigables, para que las familias y sus hijos e hijas sientan confianza y se comprometan en el seguimiento a los casos.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS La PGN sobre la presente propuesta reporta, que con el objeto de facilitar la atención a niñez y adolescencia víctimas, se firmó un protocolo de cooperación interinstitucional entre MP, OJ y PGN, para prestar un mejor servicio. Por otro lado se encuentra en proceso la construcción de un edificio para ampliar los espacios de prestación de servicios a la niñez y adolescencia y sus familias. Se firmó un contrato de donación entre la Embajada del Japón y la PGN para impulsar el proyecto de construcción de un centro de atención integral para víctimas, en el cual se instalará una cámara de Gessel para abordar técnica y pertinentemente en relación a sus derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas. Está pendiente que los recursos sean colocados en la PGN y la licencia para la construcción.

RECOMENDACIONES

Verificar que la construcción realizada llene los requerimientos para la atención integral principalmente de niñez y adolescencia víctimas y sus familias. Con base al protocolo de cooperación interinstitucional establecido, el mismo se pueda ampliar a otras instituciones del Estado para atender temporalmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proceso legal para su protección o que han sido víctimas de delitos y necesitan acompañamiento y atención durante el proceso.

PROPUESTA 9

Sobre dicha propuesta se presentan avances considerables, para el efecto a través del Acuerdo 172-2009 se crea dentro de la estructura administrativa de la Procuraduría General de la Nación, jerárquicamente dependiendo del Despacho Superior, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, la que tendrá las atribuciones establecidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y demás funciones que le asigne a la PGN. Con este acuerdo se cumple parte de la propuesta emitida, sin embargo se plantea que el reglamento será elaborado en 2011. En la misma línea se aprobó el Acuerdo 192-2009, sobre la Atención Integral de Casos de Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada en sus Derechos Humanos de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, el cual es de aplicación para la PNA y las delegaciones regionales o departamentales, para lo cual la Dirección de Delegaciones Departamentales y la Procuradora de la Niñez y Adolescencia deben coordinar en forma simultánea.

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Elaborar un reglamento interno específico de la PNA, sobre la base de las obligaciones constitucionales y ordinarias establecidas en el marco legal de protección integral, dándole a la PNA un estatus que le permita desempeñar sus funciones sin obstáculos y excesiva burocracia. Para el efecto se propone que la PNA pase a ser una Procuraduría que dependa directamente del Procurador General de la Nación, creándola como una unidad ejecutora especializada, atendiendo a que la misma es una Procuraduría establecida de manera específica en la LEYPINA y con atribuciones específicas de representante legal y querellante de la niñez y adolescencia víctima de violaciones o amenazas sus derechos y de los nuevos delitos establecidos en la LEYVET. El estatus de la PNA-PGN corresponde en materia de niñez y adolescencia al papel que juega el Ministerio Público en relación a los adultos como parte acusadora y ante la ausencia de los padres y madres o su incapacidad socioeconómica o que ellos hayan cometido delitos en contra de sus hijos e hijas, en sus segundos padres y madres quienes velaran para que se les proteja, no se violen sus derechos en los procesos legales,

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

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Establece los criterios y estrategias para garantizar la atención adecuada en el abordaje a niños, niñas y adolescentes víctimas. Establece los principios de atención y conforma las unidades multidisciplinarias que integral la PNA: Unidad Coordinadora General de la PNA; Unidad de Recepción y Registro de Denuncias; Unidad de Litigio Estratégico con sus secciones de análisis técnico investigativo y sección de litigio. Además, aprueba la elaboración de manuales de procedimientos de intervención de las diferentes unidades de la niñez y la adolescencia.

RECOMENDACIONES

Elaborar el reglamento de la PNA, que de manera integrada contemple todas las funciones, intervenciones y acciones de protección integral para la niñez y adolescencia, que debe realizar.

Análisis de avances en la implementación de las propuestas de auditoría social a la procuraduría general de la nación y a la procuraduría de la niñez y la adolescencia

PROPUESTA 10

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Establecer con base a los procesos de planificación, evaluación, implementación y desarrollo de acciones, establecidas en su plan estratégico, mecanismos certeros de coordinación (entendiendo la misma como el poner en común el esfuerzo, los recursos, capacidades, logística y la complementación, para cumplir con sus objetivos y funciones en pro de la niñez y adolescencia) intra equipos o unidades de trabajo, inter equipos o unidades de trabajo y multi equipos o unidades de trabajo, para establecer acciones conjuntas, evaluar, reflexionar y potencializar el cumplimiento de sus funciones.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS A partir de la aprobación del Acuerdo 1922009 se establecen las unidades y los criterios en que estas deben funcionar para mejorar sus procesos de intervención, así como los principios con que deben realizar sus funciones. En dicho Acuerdo se crea la Unidad Coordinadora General de la Procuraduría de Niñez y la Adolescencia, la está dirigida por la Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, quien en su carácter de jefa coordinara a las unidades instituidas para darles apoyo y seguimiento a los procesos, interviniendo para asesorar los casos y resolver cualquier situación que genere duda en el personal especializado. Dicha unidad además, tendrá la facultad administrativa de supervisar al personal y establecer las directrices de intervención.

También se reporta que la Unidad de Denuncias cuenta con equipo multidisciplinario para la atención de los niños y adolescentes y dependiendo del análisis se realizará la derivación para sea para los abogados de medidas de protección o bien en el área penal. Además se instaló un modelo de gestión general de casos para abordarlos de manera específica, a partir del Sistema de Alerta Alba- Keneth. El Procurador informa que en efecto las acciones se están realizando en equipos de trabajo, con la finalidad de acudir a todas las audiencia y atender los casos con mayor efectividad.

RECOMENDACIONES

Generar una dinámica de trabajo que permita mantener la coordinación existente, además, de desarrollar los mecanismos para lograr que la coordinación intra, inter y multi equipos funcione, buscando complementarse y apoyarse en el desarrollo de sus responsabilidades.

PROPUESTA 11

El Procurador General de la Nación informa que en relación a la actualización tecnológica, se realizó una consultoría con fondos del Banco Interamericano para la implementación de una Plataforma Tecnológica para la sistematización y modernización de los procesos judiciales. Para el efecto el BID está en proceso de aprobación de los términos de referencia para iniciar la primera fase.

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Como parte del plan estratégico y de desarrollo institucional, establecer un plan o área específica, para mejorar la infraestructura para prestar en condiciones óptimas los servicios a la niñez, adolescencia y sus familias, incluyendo: equipo moderno, en línea y software de cómputo, pertinente a las funciones, la eficacia y eficiencia que se debe tener para agilizar los casos representados o atendidos por la PNA, lo cual por ende propiciara una mejor protección de los niños, las niñas y adolescentes; ampliar y mejorar los espacios de trabajo de las diferentes unidades y de atención al público (con espacios adecuados para la niñez y adolescencia y las familias, lo cual motivará y dará un mejor ambiente para que el personal desarrolle sus atribuciones en mejores

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Por otro lado en la solicitud presentada al Congreso de la República se solicitan 6 Millones 642 mil Quetzales para equipar a la PNA. Se están realizando gestiones con embajadas para solicitar mobiliario y equipo. UNICEF ha donado cámaras fotográficas

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condiciones; dotar de medios de transporte y recursos suficientes para el trabajo de campo que tiene que realizar el personal del PNA, dotándole de una flotilla de vehículos para la realización de visitas y movilizar adecuadamente a los niños, las niñas y sus familias en la realización de los trámites correspondientes en los juzgados y otras dependencias de Estado.

a las Delegaciones Departamentales, así como cámaras de video para la PNA, para recabar evidencias. Sin embargo, la infraestructura de atención, el equipo y mobiliario, el equipo de informática, la carencia de vehículos, sigue siendo la misma, denotándose escasa modernización y actualización, a la vez precariedad en la infraestructura y equipo físico de trabajo.

RECOMENDACIONES

Elaborar un plan de necesidades de infraestructura, espacio físico, equipo, mobiliario, vehículos, para iniciar gestiones con diferentes instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales.

PROPUESTA 12

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Como parte del mismo plan estratégico establecer el plan específico de descentralización y desconcentración de servicios, que permita tener sedes y oficinas específicas de la PNA en los lugares donde hay juzgados de la niñez y la adolescencia y de manera estratégica en las regiones en donde con base a estudios se determine que se presentan la mayor cantidad de casos de violación, amenaza o delitos en contra de la niñez y adolescencia.

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ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Dicha propuesta se impulsa coordinadamente entre la PNA y la Dirección General de Delegaciones Departamentales. Para el efecto en la solicitud dirigida al Congreso de la República se contemplan acciones para la descentralización de la PNA con la creación de oficinas a nivel municipal y regional para brindar un mejor servicio de apoyo y protección a la niñez y la adolescencia. Sin embargo, se evidencian pocos avances en una efectiva y real descentralización y desconcentración de los servicios. Se denota la intención de fortalecer la Delegaciones Departamentales y Regionales en materia de niñez y adolescencia, al contratar personal adicional para la atención de los casos, pero, dicha acción no es suficiente para lograr una verdadera atención desconcentrada. Se reporta que se ha contratado un Abogado que de manera permanente atienda los casos en la Sala de la Niñez y la Adolescencia, así como un Abogado de planta dentro de cada Juzgado de la Niñez y

Adolescencia, con el objetivo de evacuar las audiencias con eficacia y efectividad. También el Procurador General amplio las facultades de los Delegados Regionales con el objeto de que puedan dar cobertura a los casos de niñez y adolescencia de manera prioritaria, a través de un Acuerdo del Procurador.

RECOMENDACIONES

Contar con el documento del plan de descentralización y desconcentración física y de servicios, como una herramienta de negociación y gestión de recursos del Estado y de entidades no gubernamentales.

PROPUESTA 13 Diseñar un plan permanente de divulgación y publicidad de los servicios que presta la PGN-PNA de protección a la niñez y la adolescencia a través de medios alternativos, new media, media social, espacios de divulgación estatales y sociales y a través de medios de comunicación tradicional.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Dicha propuesta la están desarrollando la PNA y el Despacho Superior, iniciando negociaciones con una empresa telefónica, para realizar un plan permanente de divulgación y publicidad de los servicios de la PGN, de manera específica de la PNA. Para el efecto se estará firmando un convenio con la compañía telefónica. Se evidencia que no se ha elaborado un plan y una estrategia permanente de divulgación y publicidad de los servicios que presta la PGN y PNA, que sea integral y que utilice medios alternativos y tradicionales de comunicación.

RECOMENDACIONES

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Elaborar el plan de divulgación y publicidad, involucrando a la PGN en su desarrollo, así como a otras instituciones del Estado, la sociedad civil y sectores empresariales interesados.

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PROPUESTA 14 Crear la unidad interna de monitoreo, control y seguimiento a los servicios que presta la PGN y PNA para la niñez y la adolescencia, y que además establezca de manera sistémica estadísticas confiables para medir el cumplimiento de resultados y metas y establecer los correctivos cuando se ubiquen o evidencien problemas internos. La PNA debe contar aparte de dicha unidad interna de monitoreo y control de calidad, con su propio departamento o unidad de planificación y su propia unidad administrativa financiera.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS No se denota mayor avance en esta materia, sin embargo, se encuentra en gestión la Plataforma Tecnológica que se pretende introducir para sistematizar los procesos en todos los niveles. Por su lado el Procurador General ordenó que se elabore un programa de cómputo que permita registrar todos los datos concernientes a la actividad protectora y judicial de la PNA. Por falta de recursos económicos, no ha sido posible implementar la unidad de monitoreo y planificación especializada de la PNA, la cual si esta prevista su creación y funcionamiento. La Unidad de Informática de la PGN en conjunto con la PNA ha realizado formatos electrónicos para la Unidad de Denuncias, los cuales se han ido perfeccionando, el cual se está utilizando desde septiembre 2010, por lo que se tiene el control de las denuncias y requerimientos de los jueces de niñez y adolescencia.

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Se ha creado una base de datos para llevar en mejor forma el control de los expedientes que ingresan y el proceso que se realiza.

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Se creó una hoja de Excel en donde se recaba toda la información de los casos, desde su ingreso hasta que finaliza el mismo. También se realizan reuniones con todos los abogados y personal de la PNA para mejorar e implementar un sistema de control y recorrido del expediente. Pese a que hay avances, todavía no se cuenta con estadísticas agiles, confiables y unificadas.

RECOMENDACIONES

Diseñar con los recursos informáticos existentes los mecanismos electrónicos para registrar los casos, procesos y acciones que realiza la PGN, contando con estadísticas periódicas y confiables, que permitan a la vez generar líneas de base e indicadores que sean permanentemente monitoreados.

PROPUESTA 15

En relación a las estadísticas, monitoreo y control, aplica en análisis de la propuesta anterior. Se reporta también la creación de una base de registros de denuncias llamada DENI, la cual fue realizada por el personal de la Unidad de Informática de la PGN, con orientación de la PNA, la cual está diseñada para realizar estadísticas con base a perfiles de las denuncias. Sin embargo, no se ha establecido el flujo tiempograma, para establecer cómo y cuánto tiempo se lleva un caso, cual es el tiempo real y cuál debería ser el tiempo ideal, atendiendo al bienestar del niño, la niña o adolescente, para no revictimizarlos y darle la protección de manera adecuada, evitando que dentro del proceso se violen otros derechos.

RECOMENDACIONES

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Se evidencia que no existen datos concretos, sistematizados y procesados electrónicamente, para establecer estadísticas en materia de niñez y adolescencia, por lo que se reafirma la creación de la unidad de monitoreo y control la cual debe realizar dicha función. Las estadísticas sirven para medir el nivel de crecimiento de los casos de niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos o víctimas de delitos, estableciendo estándares de calidad en el servicio, como por ejemplo cuantos casos se llevan por persona en la actualidad y cuantos se cumplen eficientemente, cuantos casos deberían llevarse por persona para que se atiendan adecuada y eficientemente. Cuanto tiempo se lleva un caso dependiendo de tipo de violación o delito cometido, cual debería ser el tiempo óptimo que debería llevarse un caso para no dañar al niños o la niña. Se propone crear un flujo-tiempograma para establecer certeramente los pasos y el tiempo que en la actualidad se lleva un caso y cuan debería ser el tiempo ideal con base a los procedimientos y temporalidades establecidas en la LEYPINA y ahora el Código Procesal Penal, estableciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional con los juzgados para lograr el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y mejorar el tiempo de resolución de cada caso. Sin duda alguna la PNA-PGN debe mejorar los tiempos de atención e intervención

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Elaborar el flujo-tiempograma con los plazos y aspectos básicos que deben abordarse en un caso de niñez o adolescencia violada o amenazada en sus derechos o cuando sean víctimas de crímenes establecidos en la LeyVET y el Código Penal y otras reformas. Esto permitiría mejorar constantemente el proceso de protección y atención de un niño, niña o adolescente y que los casos no se alarguen innecesariamente.

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siendo ágil en el proceso de protección, lo cual debe ser un proceso paralelo de agilización de los casos en los juzgados. Actualmente un caso de violación a derechos se lleva entre 1 mes a 2 años, sobre todo cuando los niños y las niñas son institucionalizados; y en el caso de delitos se lleva entre 6 a 3 años para que se emita una condena.

PROPUESTA 16 Creación de manera conjunta con los juzgados y la SBA, los mecanismos, procedimientos y alternativas para evitar al máximo la institucionalización de los niños y las niñas para su protección, y para cuando no se pueda evitar la misma, que sea en condiciones dignas, humanas y de protección real e integral. Hay que definir con claridad y en alianza el programa de familias ampliadas o temporales, para la protección, evitando que estas puedan ser un foco para la realización de procesos irregulares de adopción o que se vuelvan a violar los derechos de la niñez.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Como principio la PNA y PGN tienen claro que la última medida o último recurso a tomar en un caso de violación, amenaza o delito cometido en contra de un niño, niña o adolescentes, es la institucionalización, por lo que como estrategia se buscar encontrar a la familia biológica, la familia ampliada o excepcionalmente la familia sustituta. Se trata de que el niño, niña o adolescentes pueda incorporarse nuevamente al núcleo familiar para lo cual se orienta a los padres y madres a que acudan a la escuela de orientación y se sometan a las evaluaciones y atención psicológica.

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En esta línea se estableció un protocolo de coordinación entre el MP, OJ y PGN para mejorar los procesos de protección a niñez y adolescencia, así como persecución penal a quienes cometan delitos en contra de ellos y ellas.

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De manera específica con la SBS y el OJ, en esta materia los avances con pocos, sin embargo, se ha participado en mesas técnicas para abordar el tema de la institucionalización de niñez y adolescencia y evitar al máximo la misma.

RECOMENDACIONES

Elaborar y firmar de manera conjunta un protocolo que busque evitar por todos los medios, la institucionalización de la niñez y la adolescencia.

PROPUESTA 17 Diseñar los protocolos o manuales de procedimientos, así como las alianzas específicas Para agilizar los procesos de repatriación de niñez y adolescencia víctima de trata o por migración, asegurando su protección y la restitución de su derecho a la familia en el corto plazo.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS La PNA de la PGN en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, está elaborando los protocolos de repatriación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en otros países, específicamente en México y El Salvador; así mismo también se da la repatriación de otros países hacia Guatemala, los cuales son entregados a la PGN, dándoles la protección el seguimiento necesario para ubicarlos en su familia biológica. Se busca al máximo que no se violen sus derechos, contando con el equipo básico para realizar dichas funciones de manera permanente.

RECOMENDACIONES

Concluir en el corto plazo con dichos protocolos.

PROPUESTA 18

Para cumplir con dicha propuesta se conformó a través del Acuerdo 97-2009, la Unidad Coordinadora para la Fiscalización y Viabilidad de Expedientes de Adopción, integrada por abogados del Consejo Nacional de Adopciones y de la PGN. El proceso de estudio de los casos se ha realizado, sin embargo, se encuentran una serie de anomalías en los expedientes, lo cual no permite emitir los dictámenes correspondientes.

RECOMENDACIONES

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Agilizar el proceso de estudio y análisis de los casos de adopción que quedaron pendientes al momento de la vigencia de la Ley de Adopciones, para establecer irregularidades, corrupción y anomalías en los mismos, pero sobre todo asegurar la ubicación y protección de los niños y las niñas en proceso de adopción. Si en algún momento se encuentran evidencias de delitos cometidos en dichos procesos, proceder penalmente en contra de las personas que los cometieron y fueron parte de las adopciones irregulares. Para el efecto se hace necesario destinar un equipo de trabajo a tiempo completo que realice las investigaciones correspondientes.

ANÁLISIS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Reafirmar la decisión de no dar paso a ninguno de los 3,016 expedientes de adopción, investigando para verificar que el niño, niñas o adolescentes se encuentre en su núcleo familiar biológico.

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CONCLUSIONES GENERALES

1. La Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, así como el Procurador General de la Nación denotan altos niveles de transparencia y colaboración proporcionando la información correspondiente sobre los temas auditados socialmente en 2009 y los avances que han realizado en la implementación de las propuestas presentadas. 2. Se denota iniciativa por parte de la PNA y la PGN para mejorar sus procesos de intervención y atención a la niñez y adolescencia en proceso de protección.

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3. Los recursos presupuestarios son la limitante principal para que se mejoren los servicios prestados por la PGN y PNA en el proceso de protección de la niñez y la adolescencia, así como para el cumplimiento de las funciones establecidas en los diferentes marcos legales.

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4. Las organizaciones de la sociedad civil deben respaldar y apoyar la solicitud de ampliación presupuestaria a la PNA y por ende a la PGN para atender en mejores condiciones sus funciones jurídicas en la protección de la niñez y la adolescencia, exigiendo al Congreso de la República la aprobación de la solicitud presentada por la PGN y la PNA, de 75 millones de Quetzales para consolidar a la PNA como institución al servicio de la niñez y adolescencia guatemaltecas.

5. Se exhorta a los organismos de cooperación internacional a mantener y fortalecer el apoyo técnico y financiero a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la PGN. 6. Se solicita a la PNA y PGN retomar las propuestas realizadas por el Movimiento Social a través de su auditoría social 2009, buscando una aplicación e implementación cercana a contenido y enfoque planteado por el movimiento social. 7. Se considera que la PNA ha avanzado de manera general en la implementación de las propuestas de la auditoría social 2009 en un NIVEL INTERMEDIO, por lo que se le insta a que continúe mejorando sus procesos en pro del bienestar y protección integral de la niñez y adolescencia, principalmente la excluida y la que sufre de violaciones, amenazas o de crímenes cometidos en contra de ellos y ellas.

10. Tomar en cuenta y aplicar las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que tenga que ver con el que hacer de de la PGN y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. 11. La PGN y la PNA deben consultar lo relacionado al tema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establecido en la propuesta de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nacional; en dicha propuesta de Ley se le debe dar a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia el estatus legal necesario para su independencia administrativa y presupuestaria y la capacidad de actuar ágilmente en cumplimiento de sus funciones. Análisis de avances en la implementación de las propuestas de auditoría social a la procuraduría general de la nación y a la procuraduría de la niñez y la adolescencia

8. Tomar en cuenta y cumplir con las recomendaciones que hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en relación al tema de adopciones y los casos pendientes de adopción, investigando estos últimos, procediendo legal y penalmente en contra de aquellos que están vinculados a delitos y a corrupción en dichos procesos de adopción, así como al personal interno que haya sido parte en dichos hechos criminales.

9. Suspender todos los trámites y casos de adopción que quedaron pendientes en la transición de la PGN al CNA, buscando que los niños y las niñas sean protegidos integralmente, constatando su integridad física y mental y que se encuentren protegidos en su familia biológica.

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Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012 Taller con expertos marzo 2012

Comisión de Auditoría Social del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud en Guatemala.

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

A MANERA DE INTRODUCCIÓN.

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El Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, inició en el año 2010 un proceso de Auditoría Social en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, el cual fue dirigido por la Comisión de Auditoría Social. En ese sentido, el Movimiento Social entiende que la auditoría social es un mecanismo que permite la participación ciudadana, en velar porque la administración pública o entidades no estatales, que ejecutan fondos provenientes del erario nacional, lo hagan con total transparencia, eficacia y eficiencia, así mismo, la concibe como una herramienta, que permite construir propuestas para superar aquellos aspectos que se presentan a las instituciones del Estado y que les impiden cumplir con una buena ejecución de los recursos. En correspondencia varias organizaciones integraron la Comisión de Auditoría Social, y se definió que el objetivo de la auditoría, era dar a conocer la situación de las y los adolescentes en conflicto con la Ley penal, privada/os de libertad, en tres centros especializados, para lo cual se debería hacer una correspondencia entre inversión-beneficios, por lo que la auditoría debía contar con información presupuestaria y así poder conocer la forma en que los recursos se estaban invirtiendo.

No obstante los esfuerzos de las diferentes organizaciones, la Auditoría Social no se desarrolló a cabalidad, debido a la negativa de las Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, para permitir el ingreso a los centros y para brindar información relacionada con los mismos; razón por la que la auditoría se limitó a una revisión documental de investigaciones y diagnósticos previos, tal y como lo evidencia el primer informe, mismo que deja en buena parte el sustento normativo y teórico de lo que deben ser las subsiguientes auditorías.

En consecuencia, con este documento la Comisión de Auditoría Social no pretende complementar un informe previo, que por las razones expuestas no logró llevarse a caba1

El otro propósito de este documento, es plantear dudas sobre lo que se ha hecho y sentar las bases que motiven a la reflexión, respecto de lo que se puede hacer colectivamente, para superar las historias grises que de estos centros se han divulgado y que tienen como población más afectada, a las y los adolescente privada/ os de libertad.

INTEGRACIÓN NORMATIVA La configuración del Sistema de Justicia Penal Juvenil de Guatemala, al igual que la mayoría de países del mundo, está definida por diferentes instrumentos nacionales e internacionales, específicos en la materia. Dentro de su ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución Política de la República, vigente desde el año 1986, y que desde esa fecha, establece un sistema especializado para adolescentes de quienes se alegue han transgredido la ley penal

Si bien es cierto, las percepciones entran al ámbito de la subjetividad, es importante considerarlas, ya que en su conjunto inciden o pueden llegar a definir lo que es el imaginario social y que se comparte, en importantes sectores de la población. Por lo consiguiente, el cambio de la percepción, que la sociedad tiene de algo o alguien, también, es algo en lo que se debe trabajar para cambiarla, ya que puede constituirse en un elemento que limite la participación social en la construcción de propuestas para el cambio social, en este caso nos referimos a las percepciones que de los centros de privación de libertad y de las autoridades, se tiene a nivel social, debido a las experiencias negativas que se han dado, en años anteriores.

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

En ese sentido y pese a lo ocurrido en el 2010, la Comisión de Auditoría Social, considera importante continuar con los esfuerzos encaminados a auditar los centros de privación de libertad, ya que la misma brinda insumos al Movimiento Social para definir estrategias encaminadas a cumplir su misión, que es la de vigilar el cumplimiento integral de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, además de presentar propuestas para su efectivo cumplimiento.

lidad, por el contrario, tiene como objetivo reflejar aspectos relacionados con la situación de los centros de privación de libertad y sus consecuencias en las y los adolescentes que allí se encuentran, tomando algunas investigaciones relacionadas, además, de las percepciones1 que de estos centros y de sus autoridades tiene la sociedad civil.

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Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

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o para quienes, después de un debido proceso sean declarado/as responsables, de esa transgresión2. En cuanto a normativa internacional el Estado de Guatemala ratificó en 1990 la Convención Internacional Sobre Derechos del Niño, instrumento que impulsó la doctrina de protección integral y por consiguiente las reformas a la justicia penal juvenil que hoy en día conocemos. Este instrumento desarrolla lo relacionado a la justicia penal juvenil, en sus artículos 37 y 40. El artículo 37, además, obliga a los Estados Parte a prevenir y erradicar actos de tortura en contra de adolescentes que son aprehendidos por el sistema de justicia penal juvenil, esta disposición debe entenderse como una prevención, de esos actos, tanto al momento de la aprehensión, como al momento de la privación de libertad. Los otros instrumentos internacionales que complementan a la Convención son las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores –Reglas de Beijing-, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad3 - y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. En su conjunto e integrados a la convención, potencializan los postulados de la Doctrina de Protección Integral, ya que cada uno aborda aspectos que la Convención propone. En la legis-

lación ordinaria, Guatemala a partir del año 2003 cuenta con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la que desde el título II desarrolla todo lo relativo a la justicia penal juvenil. Cada uno de los instrumentos señalados contempla como principios rectores, el principio del interés superior del/la adolescente, el derecho de opinión, el de especialización y el principio socioeducativo, los que de manera integral brindan el sustento filosófico al sistema de justicia penal juvenil, contemplado en la Ley guatemalteca; sin embargo, es importante resaltar que el principio de especialización, deberá entenderse, no solo como la creación de agencias específicas, sino como un proceso que permita a las y los funcionarios, que intervienen en todas las fases del sistema de justicia penal juvenil, a adquirir conocimientos teórico prácticos, no solo sobre el fin del proceso penal (el establecimiento del grado de participación, en el hecho atribuido al o a la adolescnete), sino de los fines de las sanciones socioeducativas, los cuales persiguen que en la medida de lo posible, permitan la culminación de procesos de socialización de las y los adolescentes, aspecto que tiene como referente la prevención de la reincidencia, en delitos cometidos por las y los adolescentes que ya han cumplido san-

2 Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 20. 3 Las Directrices de Riad, definen los niveles de prevención de la delincuencia relacionada con adolescencia y juventud, el nivel terciario, se refiere a la población aprehendida y/o sancionada por el sistema de justicia penal juvenil.

ciones socioeducativas.

Cuando se revisa el sistema sancionatorio y la ejecución de las sanciones, imperativamente, se debe tener como marco referencial, el principio socioeducativo, ya que este principio, marca las pautas para definir todas las acciones encaminadas a lograr una efectiva ejecución de las

LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

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Con respeto al sistema sancionatorio, la normativa internacional, define un sistema progresista, que puede calificarse como uno de los cambios cualitativos, de la reforma al sistema de justicia penal juvenil liderada por la Convención. En correspondencia con estos postulados, el sistema de justicia penal juvenil Guatemalteco, en cumplimiento con los compromisos adquiridos al ratificar diferentes tratados y la Convención, se rige por el principio de última ratio, que define los límites para la aplicación de la privación de libertad como sanción, en consecuencia contempla sanciones no privativas de libertad y propone que estas sean de primera observancia y aplicación por parte de las y los jueces, al momento de resolver sobre la idoneidad de la sanción, dejando las sanciones privativas de libertad, como el último recurso, para lo cual define criterios mínimos, susceptibles de superar por parte de los Jueces o Juezas, a través de las buenas prácticas que en el ejercicio de su función puedan aplicar.

sanciones y así lograr que estas logren su finalidad, la cual se concreta en la culminación de los procesos de socialización de las y los adolescentes sancionada/os.

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Una descripción entre el ser y el deber ser.

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La Ley de Protección Integral de la Niñez la Adolescencia, en correspondencia con los principios que postula la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, establece un sistema de justicia penal juvenil, integrado por agencias específicas como Juzgados, Fiscalía, Defensa Pública Penal y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, esta última, es designa por la ley como la Autoridad competente en materia de reinserción y resocialización4., por lo que está obligada a crear los programas idóneos y pertinentes para lograr cumplir con ese mandato. En ese sentido la Secretaría de Bienestar Social institucionalizó la Sub-secretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en conflicto con la ley penal, la que a su vez ha creado dos programas, uno denominado Medidas Socioeducativas, responsable de velar por la efectiva ejecución de las sanciones no privativas de libertad y el otro denominado Programa de Privación de Libertad, responsable de velar por el cumplimiento de sanciones privativas de libertad. El Programa de Privación de Libertad, creo cuatro centros especializados,

todos ubicados en el departamento de Guatemala, los que a saber son: a) Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP-, creado para albergar a hombres adolescentes, que aún no cuentan con una sanción firme; b) Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -CEJUPLIM-, alberga a mujeres adolescentes que están cumpliendo sanciones privativas de libertad y con aquellas a las que aún no les ha sido impuesta una sentencia firme; c) Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones -CEJUPLIV-, creado para el cumplimiento de sanciones privativas de libertad y el Centro de Privación de Libertad para Varones II -CEJUPLIV II-, conocido como el “anexo”, creado para cumplimiento de sanciones. La creación de estos cuatro centros responde a lo que mandata el artículo 1825, de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; sin embargo, debido a un conflicto entre dos pandillas rivales, suscitado en el año 2005, y que tuvo como resultado varias muertes de adolescentes, las autoridades de la Secretaría tomaron la medida, urgente, de separar a los adolescentes en base a la pandilla a la que pertenecían y así garantizar su integridad física. Si bien es cierto, esta era una medida urgente, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, desde ese entonces han mantenido esta situación, sin que haya habido voluntad por

4 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 259. 5 El articulo 182 de la LPI-

NA, contempla el carácer excepcional de la privación de libertad provisional y establece que la privación de libertad provisional en ningún caso podrá darse en un centro especial de cumplimiento.

cambiarla. Esta situación repercute negativamente en el trabajo de los equipos técnicos de los centros, ya que en primer lugar, no se deben implementar los mismos programas de atención integral a adolescentes que ya tienen una sanción firme y a adolescentes que aún no la han cumplido, pues con eso se estaría violando el principio de inocencia, al someter a un adolescentes sin sanción firme, a el cumplimiento de acciones encaminadas a cumplir con una sanción; para los adolescentes que se encuentran con esa condición jurídica, debe haber programas específicos. Por otro lado, el mantener a adolescentes de una misma pandilla o mara, privados de libertad en un mismo centro, potencializa la posibilidad de que los adolescenes ingresen a verdaderas carreras criminales, ya que esta segregación no les da las posibilidades para salir de un grupo que contribuye a fortalecer sus acciones delictivas (Baratta, Alessandro. 2001:89).

Como resultado de esta falta de especialización, también, es evidente que los centros carecen de programas idóneos para la atención integral de las y los adolescentes, esto convierte a los centros en lugares de “embodegamiento”, donde se privilegia la seguridad y se generan condiciones para la violación a derechos humanos de las y los adolescentes, repercutiendo negativamente en lograr los fines establecidos para la ejecución de las sanciones, lo que va en perjucio, no solo del adolescente, sino de la sociedad, que debe esperar que al salir de un centro, el o la adolescente lo haga con un marco de responsabilidad y desarrollo de sus capacidades. En resumen la Secretaría de Bienestar Social aún no ha impulsado procesos par cumplir con la función socializadora de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, que la ley le ha encomendado (López Hurtado, Carlos Emilio; 2009:49).

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

Esta situación se agrava, en todos los centros, incluyendo al de mujeres, debido a la falta de especialización de las y los funcionarios responsables de los centros de privación de libertad. Según diagnósticos e informes elaborados por organizaciones afines al Movimiento Social, la selección del personal no se da en el marco de un proceso, que tenga la base de una formación jurídica y hu-

manista sólidas, ya que estas idealmente, se deben constituir como el sustento para impulsar procesos formativos, que logren la especialización de esas y esos funcionarios (Muñoz, Juan Pablo. 2010:102).

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POBLACIÓN CUMPLIENDO SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD

CENTRO

A finales del año 2011, se encontraban privada/os de libertad, 582 adolescentes y en febrero se registraban 586 adolescentes6.

Adolescentes privada/os de libertad en cumplimiento de sanciones a febrero 2012.por tipo de régimen

R É G I M E N RÉGIMEN SE- RÉGIMEN CEABIERTO MIABIERTO RRADO

TOTAL

CEJUPLIM

CEJUDEP

CEJUPLIV

109

136

CEJUPLIV II

TOTALES

288

336

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

Fuente: Juzgado de Control de Ejecución de Medidas.

324

La tabla demuestra que el número de adolescentes, tanto hombres como mujeres que se encuentran cumpliendo sanciones privativas de libertad, no es lo que en el imaginario social se ha construido, ya que en relación a la población adulta este número es mínimo, considerando que según datos del ICCPG, a julio del año 2011, habían 11,216 hombres y 859 mujeres en los centros de privación de libertad a cargo del Sistema Penitenciario. Estos datos deben interpretarse desde dos puntos de vista, el primero va en la acción positiva de que el sistema de justicia penal juvenil, aunque incipientemen6 Datos proporcionados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.

te, empieza a utilizar los diversos regímenes de privación de libertad que contempla la legislación nacional, esto significa un gran desafío para todas las agencias involucradas, especialmente, para la Sub-secretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en conflicto con la ley penal, ya que tanto, el régimen abierto como semiabierto, requieren de acciones concretas, las cuales deben ser tomadas en cuenta para lograr que las y los adolescentes a quienes se les ha impuesto esos régimenes, cumplan efectivamente con la sanción, aspecto que se ve potencializado, en virtud de que el o la adolescente, encuentra posibilidades de tener contacto con el exterior y realizar actividades, inclusive con grupos que antes le han sido extraños, lo que posibilita la socialización del o la adolescente en otros ambientes, aspecto que socialmente le favorece.

PERCEPCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

Por otra parte, y en el sentido negativo, es evidente que las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, pese al número, no muy grueso, de adolescentes sancionados, aún no ha sido capáz o ha tenido la voluntad de hacer algo diferente a reforzar la seguridad, en correspondencia con la doctrina de la defensa social, aspecto, que además, evidencia la falta de especializacion, que hasta finales del año 2011, han demostrado las autoridades responsables de la Sub-

secretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes.

325

Las percpeciones sobre la situación de los centros de privación de libertad y sus repercusiones negativas en las y los adolescentes privada/os de libertad, se profundizaron de manera negativa, como resultado de la no colaboración de las Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, para permitir la realización de la Auditoría Social, durante el año 2010.

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

Estas percepciones aún subsisten en el imaginario social, ya que las políticas de poca transparencia y de puertas cerradas de las autoridades que han dirigido la Secretaría en los últimos 5 años, han alejado a las organizaciones sociales, incluso han limitado el acceso a organismos internacionales, que velan por los derechos de la niñez y adolescencia.

326

En correspondencia a esto, la Comisión de Auditoría Social consideró oportuno y pertinente realizar un grupo focal, con el objetivo de conocer las percepciones de que las organizaciones que integran el Movimiento Social, tienen del trabajo que la Secretaría de Bienestar Social, realiza en los centros. Asimismo, la metodología recoge insúmos de lo que considera debe aportar la sociedad civil, partiendo de la información que brinde el informe de Auditoría Social, que se pueda llevar a cabo en los años subsiguientes. Los resultados del grupo focal se resume en: a) Falta de especialización

en las y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social; b) Desinterés por superar las falencias de los centros de privación de libertad; c) Falta de voluntad para impulsar procesos encaminados a lograr la culminación de los procesos de socializción de las y los adolescentes; d) Abusos, malos tratos y torturas hacia las y los adolescentes; e) Priorización de la seguridad represiva, por sobre programas de atención y capacitación; f) Falta de transparencia en la ejecución del gasto asignado a la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal; g) Falta de interés en coordinación con otras instancias del Estado y organizaciones sociales, para la implementación de programas y h) El hermetimo alrededor de los centros de privación de libertad. A pesar que la mayoría de las y los participantes nunca han tenido la posibilidad de ingresar a los centros, las percepciones manifestadas, no están alejadas de la realidad, ya que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ha tenido la posibilidad de realizar investigaciones, en los centros de privación de libertad y los resultados de los informes, en buena medida están en correspondencia a la mayoría de las percepciones. Esta situación, que durante los últi-

mos 5 años se ha ido profundizando, se convierte en un desafío para las nuevas Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, ya que la credibilidad de éstas, para impulsar procesos innovadores y de construcción colectiva, que permitan alcanzar éxitos en la ejecución de las sanciones, se encuentra devaluada.

SOBRE LAS PROPUESTAS DE SOCIEDAD CIVIL, PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORÍA SOCIAL Como propuestas para la realización de la Auditoría Social, los participantes propusieron:

Es importante mencionar que el acceso al presupuesto asignado a la Subsecretaría y consecuentemente a los centros, es fundamental para realizar una auditoría objetiva, ya que, por parte de las Autoridades de la Secretaría no se obtuvo ningún tipo de informacion relacionada al presupuesto.

SOBRE LAS PROPUESTAS, DE SOCIEDAD CIVIL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Las organizaciones de Sociedad Civil, integradas en el Movimiento Social, están conscientes de su responsabilidad para fortalecer la institucionalidad y consecuentemente garantizar los derechos de la población adolescente privada de libertad. En consecuencia, consideran como su responsabilidad, no solo la realización de la Auditoría, sino que esta sirva de insúmo para formular propuestas e impulsar acciones encaminadas a mejorar la situación de los centros de privación de libertad y con esto contribuir a prevenir hechos como los que anteriormente se han dado y consecuentemente a lograr que las sanciones cumplan el fin para el cual han sido formuladas.

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

a) Conocer el funcionamiento actual de los centros (administrativo, seguridad, alimentación, programas, etc.); b) Ver más allá de las instalaciones físicas; ; b) Conocer las experiencias y necesidades del personal; c) Conocer las experiencias y necesidades de las y los adolescentes; d) Verificar el nivel de participación que la Secretaría da a las familias en los procesos; e) Verificar el respeto a los derechos humanos de las y los adolescentes; f) Revisar si existen programas y verificar la pertinencia de éstos; g) Revisar las metodologías de capacitación y formación del personal, si existen y h) Infraestructura. Todos estos aspectos deben tener una efectiva relación, con la inversión económica de los dos últimos años (2010-2011), que tiene previsto

cubrir la auditoría social, esto significa saber lo relacionad a inversiónbeneficios.

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Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

Dentro de estas propuestas se encuentran: a) desarrollar procesos de formación, dirigidos al personal de los centros; b) Generar mecanismos de coordinación con los funcionarios de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal; c) Traslado de capacidades para la resolución adecuada de los conflictos; d) Construcción colectiva de programas integrales para la atención de las y los adolescentes, esto con pertinencia de género y cultural; e) Acompañamiento técnico de acuerdo a la especialidad de cada organización; f) Divulgación de las buenas prácticas.

328

Lo manifestado por las y los participantes y que se recoge en el párrafo anterior, evidencia el interés de éstas organizaciones en aportar, desde su especialidad, su experiencia y conocimientos para impulsar un cambio en el modelo de los centros de privación de libertad, aspecto que se constituye en una fortaleza para las Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, para hacer algo innovador, diferente y se inicie un proceso de coordinación y de aprovechamiento de capacidades y conocimientos con este fin.

CONCLUSIONES.

1. Es evidente el distanciamiento, que las políticas de puertas cerradas y poca transparencia, implementadas por parte de las Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, ha provocado entre organizaciones sociales expertas en adolescencia y Estado, aspecto que limita su accionar, al desaprovechar conocimientos y capacidades.

RECOMENDACIONES.

2. La falta de especialización, especialmente en las Autoridades, ha profundizado que los centros de privación de libertad, se constituyan en lugares de embodegamiento, aspecto que contraviene los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, a nivel internacional, mediante la ratificación de la Convención y demás tratados y convenios en materia de derechos humanos.

4. Las percepciones contrarias, pueden constituirse en un factor que favorezca la articulación de esfuerzos par impulsar acciones novedosas que beneficien la labor que la Secretaría de Bienestar Social, realiza en los centros.

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

3. La falta de voluntad, ha sido una constante manifestación por parte de las Autoridades, lo que se evidencia en la falta de implementación de programas de atención integral, aspecto que no solo se encuentra en las percepciones sociales, también en los estudios realizados en los centros.

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1. A las nuevas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, impulsar políticas de transparencia y puertas abiertas, con el objetivo de poder generar mecanismos de coordinación con otras instituciones del Estado y organizaciones sociales, para aprovechar la experiencia y capacidades, que permitan para impulsar procesos que tiendan a cumplir los fines de las sanciones. 2. A las Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, Institucionalizar procesos de formación para instaurar la carrera especializada para funcionarios y personal de los centros de privación de libertad.

Auditoría Social de los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes Actualización 2012

3. A Secretaría de Bienestar Social, aprovechar las capacidades de sociedad civil para impulsar procesos de auditoría social, que les permita medir la efectividad que su intervención tiene en los centros de privación de libertad.

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4. A las organizaciones de Sociedad Civil, involucrarse responsablemente en la formulación de propuestas para el fortalecimiento del Programa de Privación de Libertad y por lo consiguiente del trabajo que realizan en los Centros de Privación de Libertad. 5. A las organizaciones Sociales, promover y divulgar las buenas prácticas que de las acciones se logren evidenciar y sistematizar.

6. A organizaciones de sociedad civil, constituirse como actores comprometidos, para impulsar procesos pertinentes e idóneos que procuren el cambio social, en cumplimiento con las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño.

BIBLIOGRAFÍA Y REVISTAS CONSULTADAS.

1. Baratta, Alesandro. Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal. 2001. 2. Gómez Gómez, Darío. Diagnóstico Centroamericano “Estándares Arts. 37-40 CDN, Justicia Penal Juvenil. DNI-COSTA RICA-CENTROAMÉRICA. 2009. 3. López Hurtado, Carlos Emilio. Diagnóstico Sobre Programas de Atención Integral en los Centros de Privación de Libertad para Adolescentes. ICCPG. 2009

Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. 5. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Proteccón de los Menores Privados de Libertad. 6. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 7. Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

4. Muñoz, Juan Pablo. Justicia Penal Juvenil “La Privación de Libertad 2008-2009”. ICCPG. 2010. 5. Solórzano, Justo. La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. UNICEF. 2004 6. Revista Conexión de DNICOSTA RICA. El Principio Socioeducativo. 7. Revista Conexión de DNICOSTA RICA. El Principio de Especialización.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

2. Convencion Internacional Sobre los Derechos del Niño. 3. Reglas Mínimas para la Administracón de Justicia de Menores. 4.

Directríces de las Naciones

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1. Constitución Política de la República de Guatemala.

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Auditor铆a Social de los Centros de Privaci贸n de Libertad para Adolescentes Actualizaci贸n 2012

ANEXOS DOCUMENTOS DE INCIDENCIA

FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL DE CNNA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD DE LA COMISION NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

ANTECEDENTES:

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Según el artículo 85 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia –LEYPINA-. Decreto 27-2003, La Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, es la instancia responsable de formular las Políticas de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; así como de trasladarlas al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y dependencias del Estado para su incorporación a sus políticas de desarrollo; velar por su cumplimiento y adoptar las acciones pertinentes que lleven a la mayor eficiencia dicha protección. Es en ese marco, que La Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia –CNNA- se conformo por primera vez, en el mes de julio del año 2,004 mediante acuerdo legislativo. Según establece artículo 86 de la LEYPINA, La –CNNA- es una instancia deliberativa y que deberá de integrarse de manera paritaria por representantes del Estado y por el mismo número de representantes de organizaciones no gubernamentales que realicen acciones y desarrollen programas a favor de la niñez y la adolescencia. Para la conformación de la –CNNA-, el Estado deberá de delegar a un/a representante de cada una de las áreas de: educación, salud, trabajo y previsión social, gobernación, cultura, bienestar social, finanzas y de la Secretaría de Planificación y Progra-

Egresos del Estado se incluyan las asignaciones correspondientes. b. Trasladar las políticas de Protección Integral formuladas, al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y a los ministerios y dependencias del Estado para su incorporación en sus políticas de desarrollo. c. Promover, coordinar y fiscalizar la ejecución de las políticas de protección integral de la niñez u adolescencia. d. Obtener recursos para su funcionamiento. e. Divulgar los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, su situación, así como las políticas que se formulen. f. Otras establecidas en el marco de la legislación nacional e internacional congruentes con la protección integral de la niñez y la adolescencia. Hasta el momento la –CNNA- se ha conformado en 4 ocasiones, de las cuales la presidencia de la Junta Directiva ha estado a cargo de Organizaciones de Sociedad Civil en 4 períodos. A partir del año 2, 007 durante la elección de Junta Directiva, se establece en consenso, un acuerdo de alternavilidad entre los/ as miembros/as de su asamblea. Este acuerdo consiste en que cada año se alternara la presidencia de Junta Directiva entre organizaciones de sociedad civil y organizaciones gubernamentales. Actualmente la –CNNA- realiza todas

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

mación de la Presidencia o la dependencia que tenga a su cargo la planificación en el Organismo Ejecutivo; un representante del Congreso de la República y un representante del Organismo Judicial. Las Organizaciones no Gubernamentales deberán de delegar a once representantes de: organizaciones de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los cuales deben de representar al sector religioso, a los pueblos indígenas, organizaciones juveniles, organizaciones educativas y de de salud. Los/as delegados/as que conformaran la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, actuaran ad honorem y ocuparán sus cargos por un período de dos años, a partir de la fecha de toma de posesión. Entre sus miembros/as elegirán a su Junta Directiva, por un período de un año. Según el Artículo 87 de la LEYPINA, Las decisiones de la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia deberán ser autónomas y propositivas, las cuales se tomarán por mayoría; en caso de empate, quien presida la Junta Directiva, tendrá doble voto. Según el artículo 88 de la LEYPINA, las atribuciones de la comisión, son las siguientes: a. Formular y aprobar las Políticas de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y velar porque en el Presupuesto General de Ingresos y

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Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

sus actividades en concordancia con su plan estratégico, el cual cuenta con 5 ejes de trabajo: 1. Fortalecimiento Interno de la CNNA. 2. Diseño y formulación de políticas publicas. 3. Implementación, monitoreo y fiscalización de la PPPI y su plan de acción. 4. Comunicación, formación y capacitación. 5. Sistema Nacional de Comisiones Municipales y Consejos de Desarrollo. La –CNNA- para el cumplimiento de sus acciones estratégicas, se apoya de un equipo técnico conformado por un equipo de cinco personas: 1 Secretario Ejecutivo; 1 Administradora; 1 Técnico en conformación de Comisiones Municipales; 1 Técnico en Políticas Públicas Municipales; 1 Secretaria; 1 Mensajero.

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Durante cada una de las elecciones de delegados/as de las organizaciones de sociedad civil, para la conformación de la –CNNA-, el Movimiento Social por Los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, en Guatemala ha jugado un papel importante en la convocatoria de sus organizaciones miembros, en el apoyo logístico para el desarrollo de las elecciones de cada sector de sociedad civil y en el acompañamiento del trabajo de la –CNNA- a través de sus delegados/as. Además, el Movimiento

Social por Los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud, participo en la 55 sesión del Comité de los Derechos del Niño, durante la presentación de las respuestas del Gobierno de Guatemala a la lista de cuestiones (CRC/C/GTM/Q/3 -4) preparada por el comité de los Derechos del Niño en relación con el examen de los informes periódicos tercero y cuarto de Guatemala (CRC/C/GTM/Q/3-4), a través de un representante. Durante dicha sesión, se abordo de manera específica la situaciónde la –CNNA- y se emitieron recomendaciones de parte del Comité, para fortalecerla, las cuales quedaron establecidos en los incisos 21 y 22 de dicho documento. 21.El Comité señala que la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, es la responsable de formular y evaluar las políticas públicas para la infancia, y que esta, efectuó una evaluación de la política pública de protección de la niñez en el año 2,009. No obstante, lamenta la falta de información sobre el seguimiento realizado a esta evaluación, así como los recursos profesionales y financieros insuficientes asignados a la Comisión para que desempeñe sus funciones y deberes adecuadamente. Ante esto, el Comité recomienda: 22. Que se aumente la asignación de

Durante esta visita se tuvo la oportunidad de tener reuniones con el Vicepresidente de la República el doctor Rafael Espada, Magistrados

de la Corte Suprema de Justicia, Diplomáticos acreditados en el país, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos –COPREDEH-, la Secretaría General de Planificación Nacional –SEGEPLAN-, El Viceministro de Interculturalidad Bilingüe del Ministerio de Educación, Jueces (as) y operadores del sistema de justica, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Seguridad Alimentaria, organizaciones no gubernamentales, Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, Adolescentes y jóvenes de organizaciones de la sociedad civil tanto de la ciudad capital como del interior de la república, también visito y se reunió con autoridades municipales y organizaciones no gubernamentales en el departamento de Quetzaltenango. A continuación de esta visita el grupo, continuo hasta el mes de mayo del año 2011, en donde, con el apoyo técnico y financiero de Plan Internacional, se inicia un proceso para sensibilizar y concientizar a diferentes sectores de gobierno y sociedad civil sobre la Convención de los Derechos del Niño y sus instrumentos de vigilancia, además para diseñar un Plan de Acción para lograr la implementación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Esto a través de reuniones, conversatorios y seminarios tanto en la ciudad capital, como en los departamentos de Quetzaltenango, Chimaltenango, Quiché,

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

recursos humanos, técnicos y financieros a la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia para que pueda desempeñar sus funciones y deberes adecuadamente. Asimismo, recomienda que se incorporen y se promuevan los derechos del niño en las políticas del Estado que abarquen los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, y que se evalúe su aplicación. Durante el mes de septiembre del año 2010, CIPRODENI invita al Movimiento Social, a una reunión y a conformar un grupo que pueda apoyar y articular esfuerzos para desarrollar y acompañar la agenda de incidencia política para la visita no oficial de La señora Rosa María Ortíz vice presidenta del Comité de los Derechos del Niño. Este grupo estuvo conformado por las siguientes organizaciones Movimiento Social, CIPRODENI, Mesa de Municipalización, Visión Mundial, Aldeas S.O.S., PAMI, Save The Children, Plan Internacional y UNICEF, Esta visita tuvo como objetivo principal dar a conocer la importancia del Comité de Derechos del Niño así como de las recomendaciones que emite a luz de una evaluación de los informes que el Estado rinde en torno a los avances de la implementación de los Derechos del Niño.

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Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

Jalapa, Alta y Baja Verapaz. En este contexto se desarrolla un primer taller para dar conocer las recomendaciones, revisar y validar una matriz de Plan de trabajo que el grupo ha venido construyendo. Así mismo en esta reunión las 30 organizaciones presentes muestran su preocupación por lograr establecer estrategias de fortalecimiento y apoyo a la CNNA por su importancia como rector de las Políticas Públicas de Protección Integral y su plan de acción. Luego se convoco a una segunda reunión para que las organizaciones pudieran aportar insumos en la construcción de la metodología para organizar un encuentro amplio que posibilite hacer un análisis de la situación actual de la –CNNA- y formular propuestas para su fortalecimiento político, técnico y administrativo financiero.

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El Encuentro para el Fortalecimiento a la institucionalidad de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia se desarrollo en la ciudad de Guatemala, los días 1 y 2 de Junio del año 2001 y en él participaron más de 60 personas representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad capital y del interior que trabajan por la promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. El Encuentro, tenía como objetivo central, facilitar un espacio de discusión y análisis con miembros del

movimiento social, que permita visualizar y diseñar estrategias para el fortalecimiento de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia –CNNA- en el ámbito técnico, administrativo financiero y político. Además buscaba fortalecer la institucionalidad de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, a través del análisis de su naturaleza, conformación y funcionamiento; fortalecer los vínculos de coordinación entre la CNNA, el Movimiento Social, CIPRODENI y La Mesa de Municipalización, generar mayor participación y compromiso de parte de las organizaciones de sociedad civil ante la CNNA, para su fortalecimiento e identificar propuestas que permitan el fortalecimiento de la CNNA, desde las organizaciones no gubernamentales que conforman la Red de organizaciones.

DIAGNOSTICO: La fase diagnóstica, tuvo 3 diferentes momentos. El primero, a través de un recorrido desde las percepciones de actores/as clave en el proceso de elaboración e implementación de la Ley de Protección Integral; el segundo momento permitió compartir experiencias sobre los logros, avances y dificultades que ha tenido la – CNNA- para su consolidación. Esta actividad estuvo a cargo de integrantes actuales de la –CNNA-, de la

anterior Directora Ejecutiva del Movimiento Social y en el actual secretario ejecutivo de la –CNNA-. El tercer momento de análisis lo realizaron los/as participantes, quienes a partir de los insumos compartidos en los dos primeros momentos elaboraron un análisis FODA de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia. Algunos elementos de análisis que surgieron en este momento diagnóstico fueron:

Es en ese contexto de lucha y de grandes aprendizajes que surge el Movimiento Social, el cuál nace en un momento coyuntural, luego de la suspensión de la entrada en vigencia

Los protagonistas de ese proceso, consideran que en ese momento histórico existió confianza de los/as representantes de las organizaciones de la sociedad civil, hacía los ofrecimientos de los/as políticos/as, ya que se consideraba que todo lo que los políticos se comprometían lo iban a cumplir y lamentablemente en muchos casos no fue así. Cuando ellos/s hacen una remembranza sobre las percepciones que en ese momento tenían de la –CNNA-, argumentan que primero se pensó en una especie de instituto o patronato al estilo del patronato de la niñez de Costa Rica, luego en una Comisión Nacional, independientemente de la figura, siempre pensaron en un órgano rector de las políticas públicas fuerte, representativo, descentralizado, autónomo y con decisiones vinculantes, que sus representantes fueran personas de alto nivel y que tuvieran poder de decisión. Ellos/as además argumentan que creyeron que estando la –CNNAdentro de la Secretaría de Bienestar Social, iba a estar bien, lamentable-

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

El trabajo por la promoción y defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Guatemala, ha sido un proceso lleno de satisfacciones y frustraciones, el cual ha involucrado a diferentes actores en diferentes momentos. Quizá los momentos más significativos de ese proceso, han sido la aprobación y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, por el Estado de Guatemala, el proceso de discusión y aprobación del Código de La Niñez y Juventud y la posterior suspensión de su entrada en vigencia y por último las luchas, para la discusión, consenso, aprobación y vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, para lo cual tuvieron que pasar 13 años y 24 días.

del Código de la Niñez y la Juventud y en donde desaparece la Comisión Pro Convención de Los Derechos de la Niñez –PRODEN- y se requería un espacio de articulación e incidencia política para exigir la entrada en vigencia.

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mente no la han dejado ser lo que se esperaba y se han encontrado con una Secretaria de Bienestar Social debilitada que no ha ejercido acciones para ejecutar políticas efectivas para la protección de la niñez y adolescencia.

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

Además argumentaron que tanto el Código de la Niñez y Juventud, como la Ley de Protección fueron cercenados en muchos de sus artículos, lo que ha dificultado la protección integral de la niñez y adolescencia. Hacían referencia de que el articulado de la descentralización y de las juntas municipales de protección fue quitado. Consideran que tenían temor por desconocimiento a todo el trabajo de organización comunitaria, ya que las juntas de protección, lo que buscaban era ser un “Filtro para la desjudicialización”. Lamentablemente esto no se dio y hoy vemos Juzgados de niñez y adolescencia saturados de casos, los cuales no dan respuestas oportunas, ni efectivas.

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Argumentan que actualmente a pesar que existe un sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, la institucionalidad del mismo es débil, al igual que la misma –CNNAla cuál necesita fortalecerse para coordinar el sistema y ser el ente rector del mismo, es por ello que la –CNNA- se tiene que fortalecer, no solamente en el aspecto presupuestario, sino también en lo político y en

lo técnico. Esto puede ser a través de una modificación de la Ley de Protección Integral, sin embargo se tienen temores de abrir la posibilidad de hacer reformas a la Ley, ya que pueden aprovechar los enemigos/as de la niñez y adolescencia, para hacer otras modificaciones que lejos de apoyar, obstaculicen la protección. Proponen que es necesario fortalecer la coordinación, no hacer esfuerzos aislados, fortalecer el “Movimiento”, hay que ir al Congreso, al ejecutivo y exigir, llamar la atención, tal y como se hizo en otros momentos y también plantean una reflexión, que tiene que ver con el reconocer que el hecho de trabajar o ser parte de una organización no gubernamental –ONG´s, no significa que estemos sensibilizados y haciendo las cosas bien, más bien consideran que es necesario que se establezcan criterios institucionales desde las –ONG´s- para garantizar la protección de la niñez y unir esfuerzos. También proponen hacer esfuerzos conjuntos entre organizaciones gubernamentales y organizaciones de sociedad civil para que se respete y se ponga en practica la Política de Protección Integral y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y para esto el trabajo de la –CNNA- es muy importante. Proponen además a la cooperación internacional que apoye procesos

y no acciones aisladas o temas de moda, como ha pasado en otros momentos, sino por el contrario se hace necesario consensuar e implementar una agenda de niñez y adolescencia, que parta de la realidad guatemalteca.

puntuales de cooperación internacional.

Segundo momento de análisis:

proceso de análisis, evaluación y reformulación de la Política Pública de Protección Integral.

Logros, avances y dificultades que ha tenido la –CNNA- para su consolidación.

Logros y avances: • Se han conformado hasta el momento cuatro asambleas de la CNNA. • Se ha tenido participación paritaria y multidisciplinaria dentro de la CNNA.

• Existe un marco legal y político que respalda su funcionamiento. • En el año 2009 con el apoyo de Visión Mundial, se logro iniciar un

• Se cuenta con infraestructura mínima necesaria. • Se cuenta con un presupuesto mínimo para su funcionamiento, asignado por la Secretaria de Bienestar Social. • Se cuenta con equipo técnico integrado por 6 personas.

• Se han establecido acuerdos entre representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

• Se ha avanzado en gestiones para lograr la autonomía técnica y financiera de la CNNA ante la Oficina Nacional del Servicio Civil –

• Se elaboro de manera consensuada el reglamento interno de la CNNA, después de 3 años de trabajo.

ONSEC- y la Dirección Técnica del Presupuesto.

• Se ha logrado establecer alianzas estratégicas con diferentes sectores. • Se contribuyo activamente en la creación del Plan de la Primera infancia. • Desde su creación, la CNNA ha logrado gestionar y ejecutar recursos

• Existe interés de parte de diferentes instancias de sociedad civil de fortalecer el trabajo de la CNNA. • Hay reconocimiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hacía la CNNA y hacía la necesidad de fortalecerla.

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• Se cuenta con una planificación estratégica.

• Convicción y compromiso de algunos/as delegados/as gubernamentales ante la CNNA.

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Se ha tenido participación ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. • Existe una propuesta metodológica para la conformación de comisiones municipales, creada por la CNNA. • La presentación de informes anuales sobre la situación de la niñez y adolescencia al Congreso de la República.

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Dificultades:

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• Falta de autonomía y dependencia técnica, administrativa y Política de la Secretaria de Bienestar Social. • Falta de capacidad de gestionar recursos económicos de parte del Congreso de la República y la cooperación internacional. • Falta de descentralización y recursos para iniciar el proceso de descentralización. • Falta de capacidad para conformar comisiones municipales de NA. • Falta de capacidad para dar asistencia técnica a la elaboración e implementación de políticas públicas municipales. • No se han desarrollado acciones estratégicas para dar cumplimiento a los ejes de trabajo establecidos en el plan estratégico. • Las decisiones de la CNNA no son vinculantes. • La falta de voluntad política de parte de la Secretaria de Bienestar Social y la falta de estabilidad en la Se-

cretaría en los gobiernos anteriores. • No todos los delegados de parte de gobierno, conocen la situación de la niñez y adolescencia y participan por convicción en la CNNA. • Actualmente no hay participación de organizaciones representantes de pueblos indígenas. • No existe una agenda consensuada de parte de las organizaciones no gubernamentales, a impulsar desde la CNNA. • Ha habido falta de credibilidad y apoyo de parte de las organizaciones de sociedad civil a la CNNA. • Las organizaciones de sociedad civil no han participado activamente en los últimos dos procesos de elecciones de la CNNA. • Existe inestabilidad entre el personal del equipo técnico de la CNNA, ya que en algunos casos se hacen contratos cada dos o tres meses. • No existe un perfil de las personas que deberían de ocupar los puestos de técnico de comisiones municiples y de políticas municipales en la CNNA y si existe, no se puede responder a los perfiles, ya que los salarios asignados por parte de la Secretaria de Bienestar Social son muy bajos. • La CNNA, carece de recursos para su movilización. Durante los últimos dos años fiscales, no se ha permitido de parte de la Secretaría de Bienestar Social ejecutar el 100% de su presupuesto

Tercer momento de análisis: El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la CNNA, desde los conocimientos y

percepciones de los/as participantes.

Fortalezas identificadas: • Existe un marco legal propicio a nivel nacional e internacional que respalda el trabajo de la CNNA. • Se posee institucionalidad. Reconocimiento legal, reglamento aprobado, espacio físico, equipo técnico, estructura técnico administrativa, representatividad. • Existen alianzas estratégicas para descentralizar la CNNA • Existe un trabajo político adelantado a nivel local, más o menos 90 comisiones municipales. • Reconocimiento y voluntad de organizaciones de sociedad civil para fortalecer su trabajo. • Posee los recursos mínimos para su funcionamiento. • Posee un Plan estratégico.

Oportunidades identificadas: • Contar con marco legal vigente. • Luchar por la autonomía técnica y financiera. • Apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. • Contar con el apoyo de la Comisión del menor y la familia del Congreso de la República. • Capacidad de convocatoria. • El trabajo de las CMNA. • Gestionar recursos ante el Congre-

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

asignado. • No existe una metodología para formular políticas públicas, ni para monitorear su cumplimiento. • No existe un mecanismo que permita a la CNNA trasladar las políticas públicas aprobadas a los consejos de desarrollo y a los ministerios de estado, para que puedan ser implementadas. • El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, no prioriza, ni permite incluir en su agenda temas relacionados a niñez y adolescencia, a través del presidente de Junta Directiva. • No se ha recibido información adecuada de parte de las organizaciones gubernamentales, para la elaboración del informe anual. • No se ha aprovechado políticamente, la entrega de los informesanuales de niñez y adolescencia al congreso de la república. • Las organizaciones de sociedad civil, no conocen ni apoyan en muchos casos los procesos de entrega de los informes anuales de niñez y adolescencia de la CNNA al Congreso de la República. • La CNNA no ha tenido la capacidad de ser actor político en beneficio de la Niñez y Adolescencia.

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so de la República. • Gestionar Recursos con organismos de cooperación internacional. • Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales. • Descentralizarse. • Ser un referente político ante el CONADUR. • Pronunciarse ante situaciones estructurales y/o coyunturales que afecten a la niñez y adolescencia. • La entrega de los informes anuales, para incorporar en la agenda política la protección integral.

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

Debilidades identificadas:

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• Falta de autonomía. • No se cuenta con un procedimiento para formular políticas públicas de protección integral, ni para trasladarlas al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y dependencias del Estado para su incorporación a sus políticas de desarrollo. • No posee una estrategia de monitoreo y evaluación de la PPPI • No ejerce presión para la ejecución de la PPPI. • No ha tenido un proceso de acercamiento y coordinación con organizaciones de sociedad civil. • No posee un directorio actualizado de las organizaciones de la sociedad civil con quienes coordinar. • Falta de estrategias de comunica-

ción interna y externa. • No hay integración de un equipo técnico con pertinencia cultural y equidad de género. • Limitación de recursos financieros. • Limitación en la capacidad de gestionar otras fuentes de financiamiento. • Falta de asignación financiera en forma directa. • No ha tenido la capacidad de ser un referente político.

Amenazas identificadas: • Falta de voluntad política del gobierno central y de los gobiernos municipales. Falta de asignación presupuestaria adecuada y libertad para poder ejecutarla. • “Coyuntura política” que implica cambio de gobiernos municipales y de gobierno central. • Desconocimiento de la sociedad en general, del marco legal y político de protección, que le da la institucionalidad a la CNNA • Los programas de gobierno no se articulan con lo establecido en la PPPI. • Políticas Públicas relacionadas con niñez y adolescencia aprobadas, no tienen presupuesto y están desarticuladas de la PPPI. • Existe dependencia de la cooperación internacional para la ejecución de sus planes.

Propuestas: Se realizo un ejercicio final, que permitió generar discusión, análisis y propuesta en la identificación de otras acciones, que debería de realizar la CNNA, para fortalecerse y para contribuir a la protección Integral de la Niñez y adolescencia. Sin embargo durante el transcurso de todo el evento se plantearon propuestas que la comisión organizadora recopilo y trato de dar un ordenamiento a partir de acciones inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo identificadas.

Propuestas para el fortalecimiento Político:

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

1. Analizar y proponer al Congreso de la República, una figura política jurídica que permita a la CNNA autonomía administrativa, técnica, y política buscando con ello, la descentralización y/o desconcentración de sus acciones. 2. Gestionar la aprobación de la iniciativa de ley ante el Congreso de la República que garantice su autonomía técnica política y financiera. 3. Elaborar una agenda política de niñez y adolescencia, articulando propuestas de diferentes sectores, tanto urbanos como rurales. 4. Elaborar un nuevo plan estratégico que responda a las necesidades de la niñez y adolescencia y ejecutarlo. 5. Fortalecer y asumir un rol político,

con mayor incidencia a nivel nacional, esto con el propósito de constituirse en el ente rector y articulador del sistema de protección integral y la instancia que impulse las Políticas Públicas. 6. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales para el cumplimiento de su agenda política y su plan estratégico. 7. Coordinar de manera más amplia,procesos de trabajo con organizaciones de sociedad civil, a través de las coordinadoras: Red de Trata de Personas, Coordinadora de Promoción de los Derechos de la Niñez –CIPRODENI-, Movimiento Social Por Los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala, La Mesa de Municipalización y otras, instalando mesas temáticas y metodológicas de discusión, reflexión y propuesta. 8. Incidir ante los medios de comunicación para promocionar los derchos de la niñez y denunciar aquellos hechos que constituyan una violación a sus derechos. 9. Gestionar y/o respaldar accionespara la obtención de recursos municipales para la creación y/o fortalecimiento de las comisiones municipales de niñez y adolescencia. 10.Buscar un acercamiento con la Procuraduría de los Derechos Humanos

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y las Oficinas Municipales de la Mujer.

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

Propuestas para el fortalecimiento Técnico de la CNNA:

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1. Fortalecer su equipo técnico, ya que actualmente el mismo, es reducido y no posee la formación, la experiencia y los recursos necesarios que contribuyan a dar asistencia técnica a las organizaciones con base a su mandato. 2. Fortalecer los procesos de participación y elección de delegados/as de organizaciones de sociedad civil, ante la –CNNA-. 3. Fortalecer la asamblea de delegados/as de la –CNNA-, procurando que los/as integrantes de asamblea y de la Junta Directiva tenga el perfil adecuado para el desempeño de su cargo e invitar a los sectores de organizaciones que aun no han sido involucrados a participar e integrarse al trabajo de fortalecimiento de la CNNA. (organizaciones de trabajo infantil, indígenas, de mujeres, discapacidad, trata, migración, entre otras) 4. Diseñar e implementar propuestas metodológicas para formular políticas públicas y trasladarlos a los consejos de desarrollo y a los ministerios y/o dependencias del estado para su implementación. 5. Diseñar e implementar propuestas metodológicas para monitorear el cumplimiento de las políticas pú-

blicas. 6. Impulsar un proceso, orientado a analizar, evaluar y readecuar la Política Pública de Protección Integral y su plan de acción, con la participación de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales. 7. Fortalecer el trabajo relacionado a la conformación y/o fortalecimiento de comisiones municipales y a las Políticas Municipales de Niñez y Adolescencia, con el apoyo de instancias especializadas en esta área. Para esto es necesario conocer y acompañar el trabajo a nivel municipal (No se tiene una estructura municipal) y que tomen en cuenta las necesidades locales. 8. Coordinar de manera efectiva con quién corresponda a fin de disponer de información real y actualizada sobre la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala, para la elaboración y presentación al Congreso de la República del informe anual de niñez y adolescencia en el tiempo establecido. 9. Elaborar un mapeo institucional de acciones en beneficio de la niñez y adolescencia a nivel nacional a fin de proponer la articulación de acciones para no duplicar los esfuerzos y tener mayor incidencia en el trabajo. 10.Implementar un sistema de información y comunicación con diferentes instituciones para generar información sobre la situación de la niñez y adolescencia.

11.Establecer un canal de comunicación permanente entre la Junta Directiva de la CNNA y la sociedad civil organizada para socializar las nquietudes y brindar y/o conseguir el apoyo necesario. 12.Articular esfuerzos con diferentes organizaciones, para la socialización de las diferentes leyes que se derivan de la Doctrina de la Protección Integral y de la LEYPINA. 13.Impulsar y dar seguimiento a la formación y/o fortalecimiento de las oficinas municipales de protección a la Niñez y Adolescencia. 14.Fortalecer al Movimiento Social, para obtener mayor participación de organizaciones de sociedad civil y mayor respaldo social. 15.Difundir el Trabajo de la CNNA en diferentes espacios y coordinar a través de los sistemas de desarrollo urbano y rural. 16.Acompañar el proceso de conformación de Junta Directiva y de la contratación del Secretario Ejecutivo por parte de la sociedad civil organizada.

1. Proporcionar los recursos materiales y financieros necesarios al equipo de la CNNA, para desarrollar su trabajo de forma efectiva. Esto incluye internet, computadoras (en buen estado) y soporte técnico a las mis-

Este documento según el acuerdo establecido en el encuentro del 1 y 2 de junio, será trasladado a la Junta Directiva de la CNNA a través de su Secretario Ejecutivo, para que sea tomadas en cuenta como una muestra del interés y el compromiso de las organizaciones sociales en el proceso de fortalecimiento a la institucionalidad de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Propuesta para el fortalecimiento a la institucionalidad de la comision nacional de la niñez y adolescencia

Propuestas para el fortalecimiento Administrativo de la –CNNA-:

mas, vehículo, viáticos, etc. 2. Diseñar una estrategia para gestionar recursos económicos ante el Organismo Legislativo y la Cooperación Internacional, para la ejecución de sus acciones estratégicas. 3. Ejecutar de manera efectiva la totalidad de los fondos asignados en el presupuesto de la Secretaria de Bienestar Social, de acuerdo a su plan operativo anual.

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Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN LAS SIGUIENTES TEMÁTICASVENTA DE NIÑOS Y NIÑAS, PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE LA NIÑEZ EN LA PORNOGRAFÍA.

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Introducción

Este documento fue elaborado por organizaciones no gubernamentales socias y aliadas de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño con acompañamiento de Plan internacional y la Unión Europea, en el marco de la 2ª visita de la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los niños en la Pornografía al Estado de Guatemala, del 20 al 26 de agosto de 2012, quien viene a dar seguimiento al 1º informe presentado por la Relatora en 1999, el que contiene 18 recomendaciones al Estado de Guatemala1, documento que resalta los problemas prioritarios y señala que, a pesar de que el Estado de Guatemala es signatario de varios instrumentos internacionales en contra de la trata y el tráfico de personas y cuenta a partir del 2003 con un marco legal nacional sólido y de vanguardia en la región, incluidas Políticas Públicas Nacionales y Municipales. Sin embargo actualmente

existen vacíos de atención, impunidad, incumplimiento de la legislación y de una inversión de calidad sostenible y con transparencia. Avances en la materia desde 1999 a 2012 del Estado: En estos 13 años, la mayoría de avances han sido impulsados y acompañados por la sociedad civil, entre ellos: la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (decreto 27-2003), Ley de Adopciones (decreto 77-2007); Protocolo para la Detección y Atención Integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial (2007)2; Política Pública contra la Trata de Personas y Protección Integral a la Víctima y el Plan Nacional de Acción Estratégico 2007-2017 (acuerdo gubernativo 184-2008)3, aprobación y entrada en vigencia de Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto 9-2009)4. Creación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata

niños en la pornografía, Consejo Económico y Social, Naciones Unidas, 2000.

Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

1 Informe de la Relatora Especial la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los

2 Protocolo para la detección y atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ECPAT,OIT (2007)

3 Migraciones: un compromiso de Estado, Guatemala 2012-2016( 2011)

4 Su objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata

de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. En esta Ley se crea la SVET, adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República. Establece y reforma la tipificación de delitos (violación, maltrato, contagio de infecciones de transmisión sexual, exhibicionismo sexual, agresión sexual, violación a la intimidad sexual, comercialización o difusión de pornografía, posesión de material pornográfico, trata de personas, adopción irregular y tramite irregular de adopción)contenidos en el Código Penal, con penas más severas. Informe sobre la situación de la Trata de personas en Guatemala de la Procuraduría de Derechos Humanos (2009)

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Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

de Personas, la cual cuenta con un Plan estratégico y el diseño de un programa de Restitución de Derechos a Víctimas de este delito (2011). Comisión Interinstitucional contra la Trata (Acuerdo Gubernativo 2462007). La SVET también pertenece a la Coalición Regional contra la Trata de Personas, Instalación de líneas telefónicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y la línea de Migración. En el 2010 se desarrolló: el Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata de personas y el Protocolo Interinstitucional para la Protección y Atención de las Víctimas de Trata de Personas; la aprobación y vigencia de la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth (Decreto 28-2010 y sus reformas Decreto 5-2012); creación de la Unidad para la Prevención de Trata de Personas en la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- y la elaboración de informes circunstanciados; creación en el 2007 de la Unidad contra la Trata de personas dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público. Sin embargo actualmente está en proceso la implementación de la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas (Acuerdo 01-2012 del Consejo del MP)1; creación de la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil. En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Guatemala ratificó: el Protocolo para Prevenir, Suprimir y

Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)2, Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional Decreto 31-20073 (Convenio de la Haya); Estatuto de Roma4. Y por último se considera importante el Informe sobre actores involucrados en las adopciones irregulares en Guatemala por la CICIG en el año 2010.5El Estado Guatemalteco también forma parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias (Decreto 61-97)

Visión general de la situación actual: Guatemala continúa siendo un país de origen, tránsito y destino para la trata de mujeres, niñas y niños con propósitos de explotación sexual comercial, pornografía y turismo sexual. Los flujos de la trata y tráfico involucran a las mujeres guatemaltecas, particularmente a las adolescentes entre 15 y 17 años de edad6. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos mencionado en el Informe de la PDH; indica que Guatemala “no mostró, en general, evidencia de esfuerzos crecientes para combatir la trata de personas

1 De fecha 13 de junio de 2012 2 Ratificado el 18 de septiembre de 2003, Decreto 36-2003 3De fecha 22 de mayo de 2007 4 Ratificado el 26 de enero de 2012 5 Informe Trata de personas en Guatemala de la Procuraduría de Derechos Humanos (2011) 6 Migraciones, es un compromiso de Estado 2012-2016

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mediante la prestación de servicios adecuados a las víctimas”7. Esto se puede observar en información respecto a la persecución penal generada por el Ministerio Público (periodo 2000 - 2011) que identifico 2,073 víctimas de trata de personas, 116 personas fueron detenidas, de las cuales 42 se encontraban en prisión

preventiva a cargo de la Unidad de Trata de Personas del MP.8 Durante el 2011 por este delito ingresaron 107 casos de Trata de Personas a los órganos jurisdiccionales del ramo penal9. Del 2008 al 2011 únicamente se han logrado 23 sentencias, 16 por adopciones irregulares, 7 por explotación sexual comercial.

Denuncias PDH por modalidad de Trata de Personas 2010 – 2011 Modalidades

2010

2011

Total

Explotación sexual comercial 22

52%

Trabajo forzado

11%

Venta de niños

Matrimonio forzado

Prostitución forzada

Mendicidad forzada

Adopción Irregular

Pornografía infantil

Reclutamiento de personas adultas para grupo delictivos 0

Venta Ambulante Forzada 3

Esclavitud

Turismo Sexual

Total

100%

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Reclutamiento de personas menores para grupo delictivos 0

7 Informe Trata de personas en Guatemala de la Procuraduría de los Derechos Humanos (2011)

8 Informe Trata de personas en Guatemala de la Procuraduría de los Derechos Humanos (2011) 9 Informe Trata de personas en Guatemala de la Procuraduría de los Derechos Humanos (2011).

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En el cuadro No. 1 se muestran las denuncias presentadas ante la PDH durante el 2010 y 2011 y aunque éste no refleja la complejidad de la situación, se puede observar las diversas modalidades de la trata de personas y que el mayor porcentaje (52%) se refiere a la explotación sexual comercial. La información anterior refleja que los vacíos se dan porque las organizaciones gubernamentales tienen desconocimiento del tema, carencia de mecanismos de control y seguimiento, falta de indicadores y datos confiables que permitan cuantificar y conocer con mayor objetividad este tipo de violaciones a nivel nacional. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito10 señala que “el negocio de la trata de personas se puede considerar en cuanto a ganancias, a la par del narcotráfico y el tráfico de armas, constituyendo la segunda fuente económica ilícita del país”.

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Con la entrada en vigencia de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, se tipifican otros delitos relacionados a la violencia sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes, siendo estos: Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción, comercialización, posesión de pornografía de personas menores de edad, utilización de actividades

turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Cuadro No. 2 Delitos de violencia sexual y explotación sexual1 2009 al 2012 Delitos

Casos

Sentencias

Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad 123

Producción de por nografía de personas menores de edad 36

Posesión de material pornográfico de personas menores 2

En el cuadro No. 2 que se encuentra a continuación, se observa, que pese al número de denuncias registradas no refleja el grave problema de sub registro lo que no permite evidenciar la magnitud de la problemática; aunado al alto índice de impunidad por parte de las instituciones de gobierno demostrando la debilidad del sistema de justicia y protección. Actualmente, Guatemala es escenario de origen, tránsito, destino y retorno de un creciente flujo de niños,

10 ONUDD, Diagnostico de las capacidades nacionales y regionales para la persecución penal del delito de trata de personas en Guatemala, 2009.

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sos. A continuación las organizaciones analizan prioritariamente tres aspectos de esta problemática en el país:

Problemática prioritaria: Escasa prevención: Problema asociado a un sistema cultural patriarcal desde donde no se promueven modelos diferentes de relacionamiento con enfoque de género; la poca conciencia de la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia; poco o ningún conocimiento de los derechos de la población en general, bajos niveles de educación e información relacionados con las violencias contra la mujer y la niñez; deficientes programas estatales para prevenir el problema, falta de capacidad técnica y programática para su abordaje, y una actitud generalizada de permisividad y tolerancia a la trata. La difusión del tema se ha realizado de manera aislada la SVET como ente rector no ha realizado acciones alrededor de este tema y el Ministerio de Educación, no ha integrado la temática al currículo escolar)15 la

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niñas y adolescentes migrantes11. Los factores asociados a la migración infantil son fundamentalmente de carácter económico y de manera puntual, la búsqueda de empleo y de ingresos para brindar apoyo complementario a la familia en la comunidad de origen12. Asimismo, muchos de los niños y niñas migran con la intención de reunirse con sus padres en el país de destino. Una porción importante de las personas menores de edad guatemaltecas se desplazan solas o sin acompañamiento13; en su mayoría son varones; con bajos niveles de escolaridad; proceden de los departamentos fronterizos14, especialmente de las áreas rurales y de zonas con altos niveles de pobreza; muchos de ellos pertenecen a un grupo étnico; y, la mayoría está comprendida en el rango de 12 a 17 años de edad. Es innegable que la edad, el género, la condición étnica y la situación migratoria son elementos que elevan los grados de vulnerabilidad de esta población y los coloca en mayor riesgo, especialmente a ser víctimas de trata, discriminación y rechazo, y a sufrir maltratos y abu-

11 De acuerdo a un diagnóstico elaborado por la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, se encontró que para el período enero-junio 2012, Guatemala registró 810 eventos de deportación de NNA migrantes guatemaltecos deportados vía terrestre.

12 Se observa un fuerte movimiento de población menor de edad que se dirige al sur de México para ocuparse como trabajadores agrícolas en las fincas de esa zona; mientras que otros NNA se insertan en el mercado del comercio informal de los cascos urbanos. Otro grupo importante viaja con la intención de llegar a Estados Unidos.

13 De acuerdo a datos del INM de México, de los eventos de devolución de NNA guatemaltecos desde México vía terrestre para el año 2011, se encontró que del total de NNA comprendidos en edades de 12 hasta 17 años, por lo menos 78% viajaba solos / no-acompañados.

14 Especialmente de comunidades de: San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, otros.

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tergiversación y amarillismo de los medios de comunicación, quienes no generan una opinión a favor de la protección de la niñez y adolescencia. Existen factores estructurales del entorno que alimentan la trata de personas, tales como el impacto de las crisis económicas, la desigualdad e inequidad y la exclusión social, especialmente en aquellos grupos más vulnerables. La falta de estudios a nivel regional no permiten promover acciones con perspectiva regional que permitan conocer y dimensionar la trata de personas como fenómeno social, pero que también permitan identificar estrategias más efectivas en relación a la prevención y la atención integral de las víctimas.16

Recomendaciones:

Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

1. Fortalecer la institucionalidad de la SVET con una estructura administrativa y financiera propia que le permita ejecutar su presupuesto, para orientarse hacia la prevención, protección y restitución de derechos de manera autónoma. 2. Implementar y socializar el plan de trabajo de la Mesa de Cooperación Interinstitucional principalmente para la prevención de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, la cual se instaló, entre otros, con

el propósito de comunicación, análisis y coordinación de actividades en materia de cooperación con la SVET17. 3. Desarrollar campañas de prevención regional, nacional y focalizada con acciones de información y educación a grupos y localidades en riesgo; con pertinencia cultural. (sensibilización, capacitación, formación, entre otros). Así como la sensibilización a los medios de comunicación que tienen un rol informativo y contribuyen a la prevención. 4. Impulsar amplios procesos de formación/capacitación a los funcionarios que intervienen en el proceso migratorio para incluir un enfoque de derechos y el respeto al principio del interés superior del niño.

Débil persecución Penal: De 47 procesos penales de trata de niñas y adolescentes entre 12 y 18 años de edad con fines de explotación sexual que ha acompañado el Refugio de la Niñez del 2009 a 2012, sólo se ha logrado que la justicia dicte 6 sentencias, de las cuáles, 4 son condenatorias y 2 son absolutorias. 41 casos aún se mantienen en la fase preparatoria ante el MP, a pesar de que han pasado entre 2 y 3 años desde que se inició la in-

15 Documento de apoyo para la elaboración del Informe Ejecutivo para la visita de la relatora en 2012 por Sandra

Gularte de la Unidad de Trata de la PDH

16 Estudio Regional Violencia y Trata de personas en Centroamérica/Oportunidades de Intervención Regional de Save The Children, (2011)

17 Diario de Centroamérica. Guatemala, miércoles 9 de mayo de 2012

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vestigación. De los anteriores casos, sólo en 9 se ha dictado órdenes de aprensión y sólo en 4 casos se ha logrado capturar a los sindicados. En 2 se otorgaron medidas sustitutivas de libertad. Las cifras anteriores permiten afirmar que existe un 87% de impunidad.18 Falta de capacidad y especialización por parte de las Fiscalías persecutorias y deficiente capacidad en materia de Investigación por parte del Ministerio Público. En la capital la persecución penal de estos delitos se concentra en la Unidad de Trata Especializada de la Fiscalía del Crimen Organizado, que actualmente se está reorganizando en la Fiscalía de la Trata, la cual cuenta con 3 Agentes Fiscales y 10 Auxiliares fiscales, lo que significa que cada uno atiende 130 casos en paralelo. En el interior del país esta función queda a cargo de fiscalías comunes que no cuentan con la especialización y estructura para investigar y perseguir estos delitos19.

En 3 de los casos, las niñas y adolescentes relataron los hechos de los cuales fueron víctimas ante la policía, el auxiliar fiscal, el psicólogo forense, el médico forense y posteriormente, ante el Juez Penal contralor de la investigación cuando se les lleva a

No se toma en cuenta la situación de indefensión en la que se encuentran las niñas y adolescentes. En principio a las niñas se les da el mismo trato que regularmente se le da a un/a adulto/a. No se adoptan las medidas necesarias para su protección en el desarrollo de las fases procedimentales. Dos ejemplos: (1) en las audiencias, solamente una cortina de nylon separa al sindicado de las víctimas; y (2) los jueces se niegan a mandar la declaración en anticipo de prueba, y ordenan que se haga hasta el momento del debate. De los 47 casos, sólo en 8 las niñas y adolescentes han declarado en anticipo de prueba.

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La re victimización de la niñez y adolescencia durante el proceso penal:

declaración en anticipo de prueba. De los 47 casos representativos por el Refugio de la Niñez, pocas son las declaraciones escuchadas en Cámara Gessel, la mayoría se desarrollaron frente a 2 o más autoridades, reviviendo los hechos que las victimizaron. Los agentes fiscales carecen de formación para entrevistar a las niñas. Muchos de ellos se sienten incómodos al preguntar sobre aspectos sexuales, necesarios para la investigación y prefieren omitirlo. A ello se suma la falta de personal femenino para trabajar con la niñez y adolescencia.

La falta de visión de parte de los fiscales y jueces de entender la dinámica real de la trata con fines de

18 El Refugio de la Niñez, documento de apoyo para la elaboración del informe ejecutivo para la visita de la Relatora, 2012.

19 El Refugio de la Niñez, documento de apoyo para la elaboración del informe ejecutivo para la visita de la relatora 2012.

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explotación sexual. Las autoridades de justicia abordan la problemática como delincuencia común y no cómo un fenómeno del crimen organizado. La persecución penal se dirige en contra de los responsables directos de las conductas ilícitas, y no a quiénes ocupan puestos de mayor jerarquía en la estructura criminal. Por ejemplo: En 1 de las 4 sentencias condenatorias, se aplicó la tipificación de encubrimiento propio contra el encargado del bar. La tratante continúa en libertad. De manera reciente el Estado de Guatemala ha realizado redadas masivas en centros nocturnos, en los cuales han detenido a mujeres Centroamericanas, posibles víctimas de Trata. No obstante, a pesar de los derechos que les asisten por su condición de víctimas las autoridades de la Dirección general de Migración está priorizando su deportación argumentando su situación irregular y no autorizada para permanecer en el país.

cia y la Policía Nacional Civil). 2. Incrementar los esfuerzos y la inversión para atender de manera integral el tema de trata y sus modalidades, asegurando que los agresores sean llevados ante la justicia, y que las víctimas sean atendidas pronta y adecuadamente (protección recuperación, reintegración y compensación).20 3. Crear unidades especializadas, formulación de modelos de atención; impulsar el funcionamiento de las líneas de emergencia, que sean atendidas por personas capacitadas y se dé seguimiento a las llamadas recibidas. y estrategias para operaciones de rescate. 4. Revisar los mecanismos de identificación de posibles víctimas de trata a la luz de los protocolos y guías específicas para garantizar la restitución de derechos de las personas migrantes, especialmente de niñas y adolescentes mujeres

Protección:

1. Establecer mecanismos de coordinación entre las instancias que participan en los procesos de persecución del delito (Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y Juzgados de Niñez y Adolescen-

El Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia21 en lo que respecta a la tutela de derechos, a través de los procesos instruidos por los jueces de niñez y adolescencia, es una garantía y una forma novedosa y segura de apoyar a la niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos.

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Recomendaciones:

20 En seguimiento a la Recomendación del Comité de Derechos del Niño para el 3o y 4º informe del Estado de Guatemala. 21 Documento de apoyo elaborado por Asociación Alianza para la elaboración del informe para la visita de la Relatora en el 2012.

360

Por lo que es importante destacar que a partir de la reestructura de los Juzgados de Niñez y Adolescencia en el área metropolitana, a finales de 2011, se ha evidenciado un mayor cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley (45 días); Sin embargo la debilidad institucional de la Procuraduría General de la Nación le impide realizar investigaciones profundas en tiempo para ubicar a la víctima en un ambiente idóneo. Por otro lado en el interior de la república la primera audiencia se demoran entre 6 y 8 meses en promedio. La Asociación La Alianza identifica como una debilidad de los juzgados de Niñez y Adolescencia, la discrecionalidad que estos tienen para certificar lo conducente sobre los hechos delictivos en contra de niñez y adolescencia lo que provoca que en la mayoría de los casos estos hechos queden impunes.

Así mismo es de suma preocupación el débil accionar interinstitucional para la localización y el resguardo inmediato de niños y niñas sustraídas, secuestradas o desaparecidas solo durante el año de 2011. La Procuraduría General de la Nación, reportó que a nivel nacional la activación de 2,148 alertas22, de las cuales el 18% de las víctimas se encuentran entre los 11 a 15 años, y el 58 por ciento entre 15 y 18 años, para finales del mismo año 1,174 continuaban activas, y existe la posibilidad que algunas de las personas menores de edad sean víctimas de trata de personas. Pastoral de la Movilidad Humana indica que para el caso de las

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De igual manera Asociación Alianza y el Refugio de la Niñez identifican deficiencias en el Sistema de protección en el ámbito de la atención de víctimas de trata de personas en su dimensión de explotación sexual y prostitución infantil; a partir de su experiencia y trabajo cotidiano en la protección y atención a víctimas de esta problemática: 1) Plazo injustificadamente prolongado de institucionalización por el Sistema Judicial en materia de protección; 2) No se toma

en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y adolescentes; los jueces tratan a las niñas como si fueran persona adultas, analizan los casos con una visión adulto-céntrica y en ocasiones responsabilizan a las niñas de los delitos y violaciones de los que fueron víctimas; 3) Falta de capacidad para dar seguimiento y monitorear los procesos de reinserción y restitución de derechos de las víctimas; 4) Ausencia de medidas de prevención ante la posibilidad de que las víctimas vuelvan a caer en las redes de trata de personas o prostitución infantil; 5) No se adecua el sistema a la realidad multicultural del país: sufriendo un proceso de perdida a su identidad indígena.

22 Informe Trata de personas en Guatemala de la Procuraduría de los Derechos Humanos (2011)

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niñas, niños y adolescentes migrantes, existe únicamente programas de recepción durante los procesos de deportación de Estados Unidos y devolución vía terrestre de México. Se ha constatado que existe una débil articulación entre las dependencias encargadas de atender a esta población, lo cual eleva los niveles de desprotección y seguimiento de casos y denuncias.

Recomendaciones: 1. Asignar los recursos presupuestarios necesarios para operatividad de la política pública contra la trata de personas y su plan de acción, incluyendo la creación de albergues especializados y programas de atención para víctimas de trata.1

Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

2. Fortalecer el Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia en lo que respecta a la coordinación y articulación de esfuerzos y canales de comunicación, incrementando su asignación presupuestaria, aumentado su cobertura a nivel nacional, vinculándose a los sistemas de protección a nivel comunitario, para la prevención, protección y persecución penal. 3. Asignar los recursos necesarios

362

En seguimiento a la Recomendación del Comité de Derechos del Niño al 3º y 4º informe del Estado:

tanto humanos (equipo multidisciplinario para desarrollar investigaciones serias y profundas, e informes que sean determinantes para la toma de decisión del juez), como financieros y materiales a la PGN, para que pueda cumplir efectivamente con su mandato de representar legalmente a la niñez y adolescencia. 4. Fortalecer a Defensoría de los Derechos de la Niñez de la PDH en su rol de vigilancia y defensa del cumplimiento de los Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia, así como a las auxiliaturas y las Juntas Municipales. 5. Fortalecer los sistemas de información, registro y monitoreo de casos; así como la formación constante de los operadores de justicia y otros actores de las instituciones del Estado involucradas en la atención de la niñez y adolescencia víctimas de delitos. 6. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Procuraduría General de la Nación, la Dirección General de Migración y a la Secretaría de Bienestar Social a favor de garantizar un sistema de protección a la niñez y adolescencia migrante, especialmente a aquellos que

han sido sujetos de devolución/ deportación. 7. Que se tome en cuenta la opinión de las víctimas, especialmente cuando estás han sido violentadas sexualmente. Se propone que se desarrolle reglamentariamente, como evitar la re-victimización a través de un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la sustentación del proceso de protección.

Informe ejecutivo Sobre la situación de la niñez en las siguientes temáticas Venta de niños y niñas, prostitución infantil y la utilización de la niñez en la pornografía.

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PRESENTACIĂ&#x201C;N UPR

Red de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en seguimientos de las recomendaciones del comite internacional de los derechos del niĂąo.

Guatemala, octubre 2012

Coalición guatemalteca a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de Guatemala

COALICIÓN GUATEMALTECA A FAVOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUATEMALA

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INTRODUCCIÓN

1. Este informe se dirige a la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala. Se presenta para la Revisión Periódica Universal de Guatemala por la Coalición Guatemalteca A Favor Del Cumplimiento De Los Derechos De La Niñez y Adolescencia De Guatemala, una red de organizaciones de la sociedad civil que incluye: la Mesa de Municipalización (MM), el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez , Adolescencia y Juventud en Guatemala (MOSDENA) y la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), trabajando por el interés superior de la niñez y adolescencia, con el apoyo de Plan Internacional.

incluyendo: la violencia contra la niñez, explotación sexual comercial de niñas y niños, trabajo infantil, adopciones ilegales y limitaciones y discriminación en el acceso a la educación, servicios de salud y sistemas de protección de la niñez. 3. La preparación de este informe se informa por, y se base en, las recomendaciones realizadas en las previas observaciones concluyentes del Comité de los Derechos de la Niñez, tanto para el año 2001 (CRC/C/15/Add.154) como el año 2010 (CRC/C/GTM/ CO/3-4)1, al igual que la previa UPR para Guatemala (A/ HRC/8/38 del 29 de mayo 2008).

1 Ver CRC/C/GTM/CO/3-4 del 1 de octubre, 2010, párrafo 12: “El Comité insta a la parte Estatal tomar todas las medidas necesarias para abordar estas recomendaciones de sus previas observaciones concluyentes que todavía no se han implementado lo suficientemente, incluyendo: (a) la implementación débil del Sistema de Protección Integral, su estructura institucional, coordinación, planificación, recolección de datos y presupuesto; (b) los altos niveles de desnutrición infantil en el país; (c) el desarrollo de estrategias integrales para la eliminación de todas las formas de discriminación, incluyendo en el sector de salud; (d) la reducción de pobreza entre la niñez y aumentar los desembolsos para la niñez, en especial la niñez de los grupos más marginados; (e) la desinstitucionalización de la niñez en atención alternativa; (f) la reforma de la ley y las practicas relacionadas con el sistema de justicia juvenil; (g) el mejoramiento del sistema de registro de nacimiento, especialmente en áreas rurales.”

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2. El informe cubre un periodo de 4 años, del 2008 al 2012, y tiene el propósito de informar a la Revisión Periódica Universal (UPR) de Guatemala, realizada por el Consejo de Derechos Humanos, en su 14a sesión durante el mes de octubre 2012. El informe identifica los temas principales que representan un reto para la implementación efectiva de derechos de la niñez en Guatemala,

367

PRIMERA PARTE: Situación de abogacía, defensoría y realización de los derechos de la niñez

4. Guatemala tiene 14,361,666 habitantes, de los cuales un 51% (6.5 millones) son niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años de edad. Niños y niñas de 0 a 6 años de edad ascienden a un 21% (2.9 millones) de la población total, niños y niñas de 7 a 12 años equivalen al 16% (2.3 millones) y adolescentes (13 a 18 años) constituyen el 14% de la población (1.9 millones)2.

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a) LEGISLACIÓN A FAVOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

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5. El marco legal de Guatemala es muy avanzado en términos de derechos humanos, y especialmente con respecto a la protección de la niñez. Guatemala forma parte de varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo el Convenio sobre los Derechos de la Niñez (CDN) y sus Protocolos Opcionales, el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional del año 1993, el Convenio ILO de 1999 n.182 relativo a la Prohibición y Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, y el Convenio Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidades. Aunque Guatemala aceptó todas las recomenda2 Fuente: Plan Estratégico del País (CSP) de Guatemala, 2012-2016.

ciones previas de la UPR, se han tomado pocas acciones hacía la ratificación de instrumentos claves de derechos humanos, a los cuales aún no forma parte3.

Recomendaciones 7. En conformidad con las re-

8. Además, recomendamos a Guatemala que firme y ratifique el nuevo Protocolo Opcional al Convenio sobre los Derechos de la Niñez relativo a un Procedimiento de Comunicación.

b) POLÍTICAS PUBLICAS NACIONALES 9. Guatemala ha adoptado una Política Publica para la Protección Integral de la Niñez y Adoles-

3 Ver A/HRC/8/38, párrafo 89 (1) : […] se presentaron las siguientes recomendaciones a Guatemala: […] “Ratificar el Estatuto de Roma del Corte Penal Internacional (México, Portugal, Canadá, Holanda, Francia, Italia), el Convenio Internacional sobre la Protección de Todas las Personas de Desapariciones Forzadas (México, Francia), el Convenio sobre la Protección de Personas con Discapacidades y su Protocolo Opcional (México) y aceptar el articulo 14 del Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (México, Sudáfrica), al igual de seguir con sus esfuerzos con respeto al Protocolo Opcional del Convenio contra la Tortura (Brasil)”. 4 Ver CRC/C/GTM/CO/3-4, párrafo 103.

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6. Cuando Guatemala ratificó el CDN, adquirió tres compromisos: diseminar el CDN en todos los niveles, implementarlo y adaptarlo a su marco legal, que resultó en el desarrollo de nuevas leyes. Estas incluyen: la Ley de proporcionar atención a personas con discapacidades, Decreto 135-96 y su reglamento; la Ley para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003; la Ley de Adopciones, Decreto 77-2007; la Ley contra Abuso Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009; Ley Alba Kenneth, Decreto 282010; y la Ley de Maternidad Sana, Decreto 32-2010. Parece importante resaltar que, a pesar de la adopción de la legislación mencionada, su implementación y aplicación es débil y limitado, dificultando el cumplimiento funcional del sistema integral de protección.

comendaciones previas presentadas por la previa UPR y aceptadas por el Gobierno de Guatemala, al igual que las recomendaciones previas del Comité de CDN4, recomendamos que el gobierno de Guatemala ratifique los instrumentos claves de derechos humanos de las Naciones Unidas a los cuales aún no forma parte, específicamente, el Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas de Desapariciones Forzadas, el Segundo Protocolo Opcional al Convenio sobre Derechos Civiles y Políticos (abolición de la pena de muerte) y el Protocolo Opcional al Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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cencia y un Plan de Acción Nacional para 2004-2015. Se han adoptado políticas específicas para: explotación sexual comercial, la niñez en situaciones de la calle, trabajo infantil, primera infancia, seguridad alimentaria, educación, salud, salud sexual y reproductiva y VIH, al igual que casi 90 políticas municipales de protección de la niñez, entre otras. Además, Guatemala estableció la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia en 2004, que es la entidad rector con responsabilidad para la Política Publica de Protección Integral. Sin embargo, el cumplimiento con sus funciones, incluyendo la implementación y monitoreo de derechos de la niñez, se ha obstaculizado por asignaciones presupuestarias limitadas, la falta de voluntad política, la falta de autonomía de esta entidad y por una coordinación débil entre los responsables.

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SEGUNDA PARTE: Temas pendientes y recomendaciones

a) INVERSIÓN A FAVOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 10. Guatemala invierte Q1,472 (US$1915) al año por cada niño o niña, que lo convierte en el país con menos inversión en la niñez en America Latina. Las inversiones en la niñez se aumentaron de Q9,330 millones en 2009 a Q10,435.2 millones en 2011. Sin embargo, la asignación presupuestaria para la niñez, que constituye el 20% del desembolso nacional total, sigue representado (solo) el 3.2% del PNB. Esta escasa inversión social ha resultado en niveles reducidos de calidad y cobertura de educación – especialmente de la educación preprimaria y primaria – al igual que altas tasas de desnutrición y mortalidad prematura, con las peores tasas entre las poblaciones de indígenas pobres que viven en áreas rurales6.

12. El Tercer Censo Nacional de Talla, realizado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN)8 comprobó que mientras más alta la edad de la niña o niño, el daño nutricional es mayor; la desnutrición afecta mas a áreas rurales que áreas urbanas; el retraso de talla en niños y niñas quienes hablan español (como su idioma materno) es menor comparado con niños y niñas que no hablan español como su idioma materno. Por ejemplo, un 80.7% de niñas y niños con madres quienes hablan chortí, 79.1% de niñas y niños akatecos y 76.9% de niñas y niños ixiles se ven afectados por desnutrición crónica, resultando en una perdida irreversible en su desarrollo cognitivo.

5 1 Quetzal = 0.13 US$ (tasa de cambio al 02.04.2012). Fuente: yahoo finance. 6 ICEFI-UNICEF. ¡Contamos¡. ¿Cuánto estamos invirtiendo en la niñez y adolescencia guatemalteca? Boletín No. 3. 7 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Materno Infantil 2008-2009. 8 SESAN. Tercer Censo Nacional de Talla. 2008.

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11. La Encuesta de Salud MaternoInfantil (2008-2009) resaltó que la desnutrición crónico se concentra en áreas rurales, alcanzando hasta un 51% con una prevalencia más alta en el noroeste, donde llega al nivel preocupante de 64.8%. La Encuesta también estimó que 1,285,000 niñas y niños con menos que 5 años de edad se vieron afectados por la desnutrición crónica

en el 2010. Por eso, se consideró como un avance la inclusión, en el presupuestado de 2011, de un programa de inmunización y la creación de un programa para prevención/control de desnutrición con un presupuesto, en vigor, de Q26.8 millones y Q23.7 millones, respectivamente. Sin embargo, la provisión presupuestaria asignada a niños y niñas que sufren de desnutrición crónica aún es insuficiente, y se queda en Q18 al año por niño o niña 7.

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b) VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

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13. A pesar de su importante rol como representante legal de la niñez, establecido por la ley de protección integral, la Procuraduría General de la Nación solo tiene 16 oficinas departamentales9, la mayoría con solo dos personas disponibles como personal, quienes atienden a las distintas denuncias, incluyendo aquellas relacionadas con la niñez y adolescencia. Solo se dispone de cuatro investigadores a nivel nacional.

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casos de violencia contra la niñez se reportaron en el 2009, y más que 4,000 en el 2010, con un promedio de 1,300 denuncias recibidas por cada tribunal. Este número de denuncias es muy alto y constituye una de las causas principales de la ineficiencia en el trabajo de tales tribunales, que tienen un gran atraso de denuncias y no pueden tratarlas en un periodo razonable.

14. A través de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, se registraron un total de 410 casos de violaciones de los derechos de la niñez en el año 2011. Entre estos casos, 233 fueron relacionados con violencia física, emocional y/o psicológica; 39 con violencia sexual; y 82 con abandono10.

16. En el año 2009, el Ministerio Publico recibió 3,615 denuncias de casos de violencia contra la niñez, 59% de ellas en la capital. El total de los casos conocidos por el MP en el 2009 fueron 392,126 y 13.26% de ellos se relacionaron directamente con la niñez. Al igual que otros indicadores de los derechos de la niñez y adolescencia, se supone que existe un subregistro de casos relacionados con abuso y violencia contra la niñez12.

15. Datos del Ministerio de la Justicia demuestran que se presentaron un total de 994 casos11 relacionados con violencia contra niñas y niños en el 2011. Entre los tres Tribunales para la Niñez y Adolescencia existentes en la capital, un total de 3,968

17. En mayo del 2011, CONACMI determinó que en 1,230 de los casos atendidos en hospitales nacionales se sospechó que fueron relacionados con el abuso sexual, al igual que 7,002 relacionados con agresión física y 3,307 con abandono13.

9 “Departamento”: una división territorial. 10 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe sobre la “Situación de la Niñez y Adolescencia, 2009-2010”. Guatemala. 11 CENADOJ. Casos reportados según la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009, en las entidades jurisdiccionales del Ramo Penal de la Republica de Guatemala. 2011. 12 Refiérase a: Informe de 2009 de la Procuraduría General de la Nación. Informe sobre el manejo del Procurador General de la Republica y Primer Funcionario de la Procuraduría General. Guatemala 2010. 13 Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil CONACMI. Contextualización de la Situación de la Niñez y Adolescencia en Guatemala. Guatemala 2011.

18. La violencia sexual afecta a niñas pero también a niños y adolescentes y muchas veces se perpetra en las escuelas. Una encuesta revela que un 34% de estudiantes del sexto grado son victimas de acoso escolar14. Actualmente, el Congreso va discutiendo la Iniciativa 4445 “Ley sobre la promoción de convivencia sin violencia en instituciones educativas”. Aunque los esfuerzos de Guatemala para abordar el tema de violencia en las escuelas son bienvenidos, es importante notar que ya existe una legislación al respecto. Específicamente, se adoptó el “Protocolo para la identificación, atención y referencia de casos de violencia en las escuelas” por el Ministerio de Educación en el 2011; el próximo paso debe ser su debida implementación.

Recomendaciones:

20. Se debe revisar e implementar la legislación existente, asegurándose que está alineada con estándares internacionales sobre la violencia contra la niñez. En particular, el Gobierno debe asegurar que el Protocolo para la identificación, atención y referencia de casos de violencia en las escuelas sea debidamente implementado. 21. Guatemala debe aumentar la asignación presupuestaria y asegurar que se designe personal adecuadamente capacitado y con pericia en la niñez y adolescencia a las entidades que integran el sistema de protección de la niñez (Procuraduría General, Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de Adopciones, Secretaria de Bienestar Social, Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, Tribunales de Niñez/Adolescencia, Procuraduría de Derechos Humanos, Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, entre otras). 22. El gobierno debe asegurar también que servicios eficientes de protección sean descentralizados, de alta calidad y disponibles en todo el territorio del país, incluyendo en áreas remotas y

14 Prensa Libre. Evaluación revela que la tercera parte de todos los estudiantes sufren de acoso escolar. Guatemala. 24 de febrero, 2012.

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19. El gobierno debe asegurar que la lucha contra la violencia a la niñez adopte un enfoque integral y holístico que se base en los derechos de la niñez. también, Guatemala debe fortalecer sus esfuerzos para asegurar que se brindan a los niños y niñas que son victimas de violencia la protección legal y judicial necesaria, que se deben integrar con la necesaria protección social y eco-

nómica.

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rurales, y que sean accesibles a toda la niñez, incluyendo niñas y niños que pertenecen a grupos indígenas y la niñez de minorías lingüísticas.

c) EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LA NIÑEZ

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23. Explotación Sexual Comercial de la Niñez, incluyendo: turismo de sexo infantil, pornografía infantil y prostitución forzada involucrando menores de edad15, sigue siendo un tema complicado. A pesar del logro de algunos avances en Guatemala y la región, como el Decreto 09-2009, “Ley Contra Violencia Sexual, Explotación y Trata (LEVET)”, aún quedan grandes retos de enfrentar.

374

24. Según su Informe sobre la Situación de Trata de Personas en Guatemala16, la Procuraduría General informó que se denunciaron un total de 259 casos y 434 víctimas desde enero a octubre del 2011. También informa que habían un total de 27 denuncias de niños y niñas explotados sexualmente y otros 19 casos de violaciones de trata.

Recomendaciones: 25. Se debe fortalecer la Secretaría contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) por medio de establecer una es-

tructura administrativa/financiera que favorece la gestión de su propio presupuesto en la búsqueda de la prevención, protección e indemnización de víctimas de explotación sexual, y de esta manera ejercer su autonomía. 26. El Gobierno debe aumentar su esfuerzo de abordar el tema de explotación sexual comercial de la niñez de una forma integral, tanto por asegurar que los perpetradores de estos delitos se llevan rápidamente ante la justicia como por asegurar que se brinden protección, recuperación, reintegración y compensación a las y los víctimas.

TRABAJO INFANTIL

27. Es complicado abordar el tema de trabajo infantil, porque hay mucha discrepancia y subregistro en el número de trabajadores infantiles y entre los puntos de vista de las personas que abogan por la erradicación de trabajo infantil y aquellas que hablan de crear condiciones de trabajo que sean dignas, para que pueden contribuir a la economía familiar sin dañar a su proceso formal de educación. La edad minima para la admisión a trabajar en Guatemala se ha establecido en 14 años. 28. Según la Encuesta sobre Con-

15 Refiérase a: Protocolo Opcional del CRC. “Relacionado con la Venta de Niños y Niñas, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil.”16 Ver Procuraduría de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de trata de personas en Guatemala. 2011.

diciones de Vida (ENCOVI) de 200617, un total de 966,361 niñas, niños y adolescentes se dedicaron a actividades económicas, con 528,000 de este número entres las edades de 7 y 14. Se estima que 74,278 (7.77%) de estos niños y niñas tenían de 5 a 9 años de edad y que 14,074 (18.9%) no asistieron a la escuela. El trabajo infantil es más común en las áreas rurales de Guatemala (aproximadamente 58,300 niños y niñas de 5 a 9 años); las regiones socioeconómicas más afectadas son el Suroeste, Noroeste y la capital in particular. El 52.7% de niñas, niños y adolescentes son de origen indígena con edad de 5 a 9 años; el 60.3% (44,758) son de origen indígena y el 39.7% (29,510) no indígena.

Recomendaciones:

30. Guatemala debe aumentar el presupuesto que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dedica a la erradicación del trabajo infantil, y evitar de enfocarlo solo en campañas de información.

ADOPCIONES ILEGALES

31. Según la evidencia de casos de adopciones que se han procesado de acuerdo con la Ley de Adopciones, al menos el 60% de niños y niñas que se consideran han reunidos los requisitos para la adopción tienen posibles irregularidades en sus archivos19 32. El proceso actual, aunque pareció tener más controles, se limite a una investigación superficial de la Procuraduría General de la Nación que además no han dado el resultado de brindar protección a la niñez y adolescencia, especialmente con respeto a niños y niñas abandonados, privándoles de su derecho de una familia y un nombre.

17 El Plan Estratégico para la Salud Integral de la Niñez del MSPAS, 2010-2015, página 30 18

Ver CRC/C/GTM/CO/3-4, para.35: “El Comité recomienda que la Parte Estatal emprenda los esfuerzos para establecer el reglamento necesario de las empresas para asegurar que las empresas e industrias funcionen de una manera responsable en términos sociales y ambientales para salvaguardar a comunidades locales y su niñez”. 19 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Informe de interesados involucrados en adopciones irregulares en Guatemala desde la aplicación de la Ley de Adopciones. 1 de diciembre, 2010.

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29. En línea con las previas recomendaciones del Comité de CRC (2010), instamos que la eliminación del trabajo infantil debe ser prioritaria en la agenda social de Guatemala y en la agenda de la erradicación de la pobreza. Se debe adoptar un enfoque integral y holístico en línea con estánda-

res internacionales, con el fin de su erradicación progresiva. Guatemala también debe redefinir la edad mínima para la admisión al empleo para que corresponde a la edad a que termina la educación obligatoria18.

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Recomendaciones:

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33. Es obligatorio que las autoridades del Estado (Consejo Nacional de Adopciones, la Procuraduría General, el Ministerio de Justicia y el Instituto de Defensa Publica Penal, entre otras) adopten medidas estrictas para asegurar la prevención y protección de la niñez y también de enjuiciar efectivamente a los perpetradores de: restricciones a investigaciones; intimidaciones de testigos y victimas; y la interferencia, por métodos ilegales, con el trabajo de jueces, fiscales y investigadores con respeto a adopciones.

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34. El Gobierno debe fortalecer sus esfuerzos para asegurar que los servicios del Consejo Nacional de Adopciones llegan a todas las zonas del país y promocionar las adopciones nacionales. En línea con las recomendaciones previas (2007) del Comité del CRC20 , Guatemala debe suspender todas las adopciones entre países y tomar medidas de forma urgente para cumplir con estándares internacionales de adopciones. Además, el Gobierno debe fortalecer sus esfuerzos para asegurar una estricta transparencia y controles de seguimiento y asegurar la investigación y juicio de los responsables de la venta

de niñas y niños por motivo de adopción.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

35. La abolición de cuotas escolares, establecida bajo el acuerdo 226-2008, llevó a un aumento de tasas de matriculación en todos los niveles de la educación. Según el informe presidencial III (2010), los porcentajes que más se aumentaron en el periodo del año 2007 a 2010 correspondieron a los niveles de educación preprimaria, primaria y secundaria.21 36. Según el informe de avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la tasa neta de matriculación primaria alcanzó el 98.3%; el porcentaje de escolares que entran al primer grado y terminan el sexto grado es el 77.6%; y la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad fue el 87.86%. Este mismo informe señala que tasa neta de escolaridad preprimaria en 2009 fue de un 56.3%; la primaria fue del 98.3%; básico del 39.3%; y diversificado del 21.02%.22 37. La cobertura de educación pre escolar en Guatemala es del 49.03% a nivel nacional y solo de un 22% para la niñez de 4 a 6 años de edad. Es un factor

20 CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, para. 26-28. 21 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe sobre la “Situación de Niñez y Adolescencia, 2009-2010”. Guatemala. 22 Ver informe del MDG de Guatemala.

38. Hoy en día, por cada 10 personas analfabetas, 6 son de origen indígena; el 23% de niños y niñas indígenas no tienen acceso a la escuela y la cobertura para educación bilingüe es solo de un 22%. De estas niñas y adolescentes, solo el 43% terminan la

escuela primaria y solo el 5.8% tienen la oportunidad de continuar con la educación secundaria.24 39. Durante los últimos 10 a 12 años, los avances para la provisión de una Educación Intercultural Bilingüe (EIB) se han visto limitados. Son muy pocas las personas que se han capacitado como maestros y maestras bilingües; la EIB solo se dispone para unas pocas idiomas, y se ve limitada a la educación preprimaria y primaria y se enfoca especialmente en temas lingüísticos. En términos generales, la tasa bruta de matriculación para escolares indígenas en todos los niveles educativos se estima en un 57%. 25

Recomendaciones: 40. Recomendamos que Guatemala establezca un sistema de evaluación de aprendizaje para la calidad de educación para constituirse en una base para el mejoramiento de estándares y servicios educativos y el compromiso de trabajar con la sociedad civil y la niñez para un mejoramiento permanente en la educación. 41. El gobierno debe aumentar la asignación presupuestaria designada a la educación a un mínimo de 4% del PNB.

23 Plan Estratégico del País (CSP) de Guatemala, 2012-2016. 24 Ibíd. 25 Ibíd.

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que influye en el rendimiento de niños y niñas en el primer grado. La cobertura para el nivel primaria es del 95.06%. La cobertura para los primeros tres años de la secundaria es del 37.22% y para los siguientes dos o tres años es de 20.07%. Con respeto a género, existen grandes diferencias en el acceso a la educación: por lo general, la matriculación de niñas es el 4% menos que los niños (este número es válido tanto por la educación primaria como la secundaria). La tasa de repetición en Guatemala es del 12.5%, la más alta de Centroamérica. Este tasa se dobla entre la población pobre, donde el 24% repiten el primer grado. Hay altas tasas de deserción (8% en áreas rurales) y, con respeto a la edad escolar: la edad escolar oficial para el primer grado es 7 años, pero los números reales demuestran que el promedio para la niñez indígena es 9.5 años. La inversión en la educación es el 2.3% del PNB – lejos de llegar al promedio regional de 4%.23

377

42. Además, Guatemala debe revisar y adaptar la Ley Nacional de Educación a la Doctrina de Protección Integral, para implementar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y, por ende, la prevalencia del interés superior de la niñez.

ACCESO A SALUD

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43. En septiembre del 2010, se aprobó la Ley de Maternidad Sana, el Decreto 32-2010, con medidas especificas para combatir la mortalidad materna, especialmente entre adolescentes (que fueron 376 muertas en el 2011). Sin embargo, no se ha implementado su reglamento todavía.

378

44. Según el Observatorio de Salud Reproductiva, el embarazo precoz es un tema importante y preocupante de la salud, y se aumentó a 3,046 partos en el 2011 entre niñas de 10 a 14 años de edad. Sin embargo, es importante mencionar que parece que los números reportados no reflejan la realidad, ya que el fenómeno de embarazos precoces generalmente no se registra, en el caso de partos asistidos por comadronas o parientes en casa o en caso de embarazos a causa de violaciones.26 45. Solo el 23% de mujeres de 10 a 19 años de edad puede identifi-

car adecuadamente las formas de prevenir VIH27. En el 2010, cálculos del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social informaron que hay 65,705 Personas Viviendo con VIH/SIDA, entre ellas adultos, niños y niñas28. El 11% de casos registrados de VIH son niños, niñas, adolescentes y jóvenes con menos que 19 años de edad29. Es importante mencionar que un gran número de personas viviendo con VIH/ SIDA, incluyendo niñas, niños y adolescentes, no tienen acceso a medicamentos ni suministros médicos.

Recomendaciones: 46. El gobierno debe asegurar que el reglamento de la Ley de Maternidad Sana, Decreto 322010, se desarrolle y se adopte con prontitud y asegurar que se asigne el presupuesto adecuado para su implementación. 47. Guatemala debe implementar, con la asistencia de otros interesados (incluyendo la sociedad civil, comunidades, niñez y familias, entre otros), la Declaración Ministerial firmada en México de “Prevenir con Educación” (2008), que es una medida estratégica de asegurar el acceso a una educación integral sobre la salud sexual y reproductiva, segrega-

26 Ver informes del Observatorio de Salud Reproductiva. 27 Siglo 21. Partos: El 20 por ciento de madres tiene de 10 a 19 años de edad. Guatemala.28 Primer Informe Nacional sobre las Situaciones con respecto a los Derechos Humanos de PVVS y Poblaciones en Alto Riesgo. Guatemala, 2011. 29Plan Estratégico del País (CSP) de Plan Guatemala, 2012-2016.

da por hombres y mujeres, promocionar equidad y igualdad de género y la diversidad cultural y sexual. 48. Se debe aumentar la asignación presupuestaria para la prevención de VIH y asistencia a las necesidades de Personas Viviendo con VIH, dando prioridad a la niñez y adolescencia y asegurando la compra y existencia de medicamentos en cumplimiento con las obligaciones y estándares de calidad aprobadas globalmente.

h) SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

50. La Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA), una entidad bipartita integrada por el Gobierno y la Sociedad Civil, es débil en el cumplimiento adecua-

51. A pesar de la existencia de mecanismos de denuncias, que permiten a la protección de niños, niñas y adolescentes a quienes se han violado sus derechos, desde los recursos de cada contexto comunitario social, todavía no se ha implementado lo suficientemente el acceso a la justicia para niños y niñas víctimas de violaciones y el juicio penal de infractores e indemnizaciones.

Recomendaciones: 52. Se debe proporcionar los recursos necesarios a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) para asegurar que actúe de forma eficiente hacia el fortalecimiento e implementación del sistema de protección de la niñez. 53. El gobierno debe asegurar que se generen espacios para el dialogo entre el Estado y la Sociedad Civil, para mejorar las acciones de asegurar que la CNNA puede cumplir su mandato efectivamente, con los necesarios

Coalición guatemalteca a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de Guatemala

49. A base de los temas antes mencionados, la aplicación del Sistema Integral de Protección, establecido por la Ley para la Protección Integral de Niñez y Adolescencia (Ley PINA) no garantiza de forma suficiente el cumplimiento de obligaciones del Estado de implementar los derechos de la niñez. Hay una falta de coordinación efectiva entre instituciones del Estado con el mandato de fortalecer la implementación de derechos de la niñez.

do del sistema, por razones de la falta de suficiente asignación presupuestaria, por ejemplo, y el hecho de que esta entidad se estableció para estar dentro de la Secretaria de Bienestar Social, que la hace depender de esta última.

379

recursos técnicos, financieros y humanos y con la autonomía.

Coalición guatemalteca a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de Guatemala

54. Todas las instituciones que integran el Sistema para la Protección Social, Legal e Integral de Niñez y Adolescencia debe fortalecer sus medios de coordinación y vinculación para asegurar que cada una cumpla efectivamente

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Resumen de visita a Guatemala de Marta MaurĂĄs VicepresIdenta del comite internacional de los derechos del niĂąo (ONU)

Octubre 6-12, 2012

Resumen de visita a Guatemala de Marta Maurás Vicepresidenta del Comité de ONU sobre Derechos del Niño

Seguimiento de las Recomendaciones del Comité

382

Organizada por las Coaliciones de la sociedad civil que trabajan por la niñez: CIPRODENI, Mesa de Municipalización, Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Juventud, se realiza a mitad de período entre el Informe del Estado 2010 y el Informe 2015 al Comité sobre Derechos del Niño. Buena oportunidad para un balance y un nuevo impulso. Se agradece a las autoridades del ejecutivo, parlamento y poder judicial así como a organizaciones de NNA la información y el análisis franco y abierto. Se anexa Programa de la visita en Anexo II. En Guatemala está vigente desde el 2003 la Ley PINA, una ley ejemplar en la región, que establece un sistema de Protección Integral de los Derechos de toda la Niñez y la Adolescencia, pero que ha avanzado lentamente y requiere de voluntad política al más alto nivel para articularse y aplicarse por parte de todos los órganos del Estado, en el nivel central y en el municipal. El desafío de un país donde la mitad de sus habitantes son pobres y la mitad son niños es enorme. (Ver Anexo I). En lo legislativo, algunas avances notables son la adopción y aplicación estricta de la Ley de Adopciones por el Consejo Nacional de Adopciones que vino a poner fin al negocio de la venta de niños guate-

maltecos que afectó a miles de niños y niñas. Hoy se ha regulado la adopción estrictamente dando pie a cerca de 1000 niños declarados adoptables desde 2007 y a la adopción nacional y culturalmente adecuada, pero recordemos que hay 5500 en instituciones de guarda.

En cuanto a CICIG , es de esperar que continúe con la implementación de sus recomendaciones y en la me-

Otro desafío es prevenir que tan gran cantidad de niños se vea privado de su familia, lo que en el corto plazo ya se está realizando mediante el apoyo a la madre embarazada y los subsidios a familias pobres y numerosas. Pero esto requiere una política económica y social de largo plazo de combate a la pobreza y estímulo al trabajo decente, especialmente de jóvenes y mujeres. También es avance la Ley contra la Violencia, la Explotación Sexual y la Trata y la creación de una Secretaría, que responde a un fenómeno creciente y alarmante en el país e internacionalmente. Pero para aplicarse cabalmente, requiere acciones legales complementarias que el Comité ya señaló como la prohibición del matrimonio adolescente y la equiparación de la edad de matrimonio de hombres y mujeres así como la prohibición del castigo y el maltrato físico y degradante en todos los ámbitos y el cambio cultural que esto significa. Además requiere un sistema coordinado de y descentralizado de alerta, denuncia, persecución y castigo del culpable, y de protección de y repa-

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El gran desafío es otorgar a esos niños un ambiente familiar, ojalá con sus familias biológicas o extendidas, o en hogares sustitutos o de adopción, lo que requiere el concurso de muchas entidades del Estado como son la Secretaría de Bienestar Social que tiene a su cargo las instituciones y la Procuraduría General de la Nación que debe hacer las investigaciones de base, además de los jueces. Esta última requiere aumentar sus recursos y competencias para llevar a cabo investigaciones adecuadas y representación diligente en los procesos. En el tema de trata de niños, el Ministerio Público debe focalizar sus esfuerzos en establecer planes y estrategias de investigación que las agilicen e imprimirles un enfoque de derechos del niño, especialmente una estricta aplicación del interés superior del niño. Además, deberán establecer mecanismos formales de coordinación con la PGN y la Unidad de Niñez de la Policía.

dida de lo posible, con el apoyo a las instituciones encargadas de dicha implementación, así como al Ministerio Público en la investigación de redes dedicadas a la trata de niños con fines de adopción irregular.

383

ración a la víctima. En lo institucional, vemos con interés la creación del Ministerio de Desarrollo Social que esperamos se transforme en el articulador de la Política Social del Estado con objetivos de largo plazo. Para ello creemos que el Gabinete Social podría asumir las recomendaciones del Comité como eje de una estrategia social centrada en los derechos de NNA, aplicando los principios rectores de la CDN (universalidad e integralidad de derechos, el interés superior del niño, derecho a la vida y el desarrollo y derecho a ser escuchado).

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Esto permitiría ordenar la institucionalidad referida a la infancia que tiene una multiplicidad de actores y es compleja. Un tema especialmente sensible y urgente es clarificar el papel de las diversas instituciones referidas a la niñez a nivel municipal y ordenar la distribución de recursos y la coordinación en este nivel.

384

Además, hemos constatado el esfuerzo por modernizar el Registro Nacional de las Personas y en particular por subsanar el tremendo déficit de registro al nacimiento, lo que constituye un obstáculo creciente en la vida de las personas. Contar con certificado de nacimiento para el 100% de los niños y niñas nacidas en el país es un desafío país, se re-

quieren recursos pero también voluntades. Debo informar que se está ya planteando un acuerdo con las redes de la sociedad civil al respecto y hay una propuesta de reforma de la ley para facilitar el registro. En el sector Justicia, debemos felicitar a la Corte Suprema por la instalación gradual de Jueces de Niñez (6 en el Departamento de Guatemala y otros en 13 Departamentos) y de una Unidad de la Niñez para asegurar estándares de calidad, capacitar y apoyar a los Jueces de Niñez y a las Jueces de Paz en la tarea de proteger a los mas vulnerables. Sin embargo, es claro que si en la Procuraduría General de la Nación no se refuerza de manera importante a la Procuraduría de la Niñez, con recursos propios y personal calificado en todo el territorio, esa dimensión tan importante del trabajo articulador para la protección de los niños y niñas con vulnerabilidades se verá seriamente comprometido e impactará negativamente en el trabajo de todos. En el ámbito de la política y la planificación, a pesar de algunos avances y de que existe la Política Pública y Plan de Acción Nacional a Favor de la Niñez y Adolescencia 2004-2005, construida mediante el concurso de la sociedad civil y los NNA, poco se ha avanzado para aplicarla de manera efectiva y eficiente. La Comisión

Nacional de NNA que debería estar articulando este Plan al más alto nivel permanece siendo un ente de bajo perfil, con pocos recursos para cumplir la tarea de acompañamiento de la política, de coordinación de su ejecución, de evaluación y de rediseño. El Comité ha señalado la necesidad de que esta construcción institucional sea al más alto nivel y con los recursos apropiados. La política integral 2003-2015 (PINA) y el Plan Nacional de Acción al 2012 podrían ser evaluados en términos de cumplimiento e impacto real con el fin de preparar un nuevo conjunto de objetivos y metas de financiamiento con una correspondiente estructura institucional y responsabilidades.

cia, que es sólo del 3.1% del gasto público, la mitad que en países en desarrollo equivalente en la región. Según ICEFI, el Estado gasta 0.59 c de dólar diario por niño y $5.00 por presidiario. En Salud y nutrición la mayor asignación presupuestaria para la estrategia ¨Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en Salud” debe sostenerse y aumentarse. Además hay necesidad de complementar con otras medidas como la aplicación de la Ley de sucedáneos de la leche materna. La gran cantidad de embarazos adolescentes es un problema serio y un gran desafío que requiere un enfoque integral con educación, salud y promoción. En Educación, el estudio 2011 UNICEF/ICEFI ¿Dónde están los Ausentes? establece que para llegar al 4.54% del PIB en 2021, nivel requerido para la universalización de la educación, se requiere de un esfuerzo fiscal que incluye reducción de exenciones fiscales, aumento al impuesto sobre la renta, aumento del IVA y endeudamiento público.

Respecto de los recursos financieros y la asignación presupuestaria, la reforma tributaria del 2012 representa un avance pero no responde a las necesidades de inversión en la infan-

•

Derechos civiles y políticos, desafíos: Enfrentar integralmente la violencia en sus diversas manifestaciones mediante acuerdo nacional positivo (no punitivo) que involucre a padres, maestros, policías,

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Por otro lado, celebramos el nuevo impulso que está adquiriendo la Procuraduría de Derechos Humanos con personal idóneo, independiente y presupuesto autónomo para cumplir su tarea de vigilancia independiente y transparente. El sistema único de recepción de denuncias que se está montando es importante para evitar la judicialización, abrir espacios para presentar reclamos y usar recursos de mediación y resolución de conflictos.

385

medios de comunicación y NNA con enfoque preventivo y rehabilitador. •

•

Enfrentar la violencia criminal como la explotación y el abuso sexual, la trata y la venta de niños con todo el rigor de la ley, protegiendo a la victima, buscando reparaciones y castigando al culpable y cambiando el clima de impunidad. Adoptar planes específicos contra la discriminación de NNA Mayas, Garifunas y Xincas y acción positiva para su desarrollo físico, sicológico/emocional y cultural. La niña indígena, un gran pendiente.

promover la familia. Y una política social y laboral que permita a las familias salir de la pobreza y acceder a un trabajo decente y standard de vida digno. •

NNA con discapacidades: gran pendiente tanto en cuanto a su integración y respeto a sus derechos como miembros activos de la sociedad como en cuanto a la protección contra los abusos.

•

Salud sexual y reproductiva requiere enfoque integral que promueva una sexualidad segura, una actitud responsable y el acceso de los y las adolescentes a servicios de asesoría y de contracepción. Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos evaluó programa en 2012 y concluyó incumplimiento.

•

No se ha aprobado la ley general sobre Migración. Niñez en situación de migración requiere enfoque especial.

•

No se ha avanzado en erradicación de trabajo infantil y establecimiento de edad mínima acorde con edad de educación obligatoria. UNICEF/ICEFI 250.000 niños entre 10 y 15 años en el mercado laboral, 25% niñas, dos tercios en tareas agrícolas y son indígenas, promedio 22% salario mínimo.

•

Justicia Juvenil: se sigue prio-

Derechos económicos, sociales y culturales, desafíos:

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•

386

Entorno familiar: Se requiere reforzar el programa de familias sustitutas y ampliar los centros CAI y el programa ¨Mi Familia Segura¨ con participación de padres y comunidades para promover la responsabilidad parental y disminuir la institucionalización de niños en medios alternativos. El Sistema AlbaKeneth es una buena práctica de alerta temprana y de coordinación. También se requiere extender el apoyo a Municipalidades que cuentan con oficinas de Protección a la Niñez y Adolescencia para preservar y

rizando privación de libertad y visión represiva en lugar de restaurativa.

Aplicación y difusión: Aprovechar 2013 y 2014 para darle prioridad política y presupuestaria a la Política Integral de NNA con énfasis en los temas ya señalados. Montar sistema de indicadores que permita evaluar avances y vacíos en la aplicación de las Recomendaciones Finales del Comité de modo de preparar el próximo informe del Estado con base en evidencias empíricas y en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de NNA. El grupo de NNA de 5 departamentos que trabajaron con nosotros revisaron esta situación y asumieron tres compromisos: Combatir el bullying y el acoso

•

Ayudar a reforzar las estructuras municipales de promoción y servicio

•

Campaña para que proyecto de ley sobre edad del matrimonio sea a los 18 años para hombres y mujeres.

•

aunque ha aumentado el acceso a la educación primaria, 10 de cada 7 termina. De estos sólo 42% entre a educación secundaria y sólo 2 de cada 10 la termina,

•

continúa habiendo un alto índice de malnutrición crónica, 50%, y de mortalidad infantil por causas prevenibles,

•

la mitad de los 258.000 nacimientos en 2011 fueron atendidos por comadronas o no atendidos,

•

hay anualmente 35.000 partos entre 10 y 18 años, de los cuales 1000 son de niñas menores de 14 años (la ley presume que se trata de violaciones lo cual es delito),

•

-hay más de 5500 niños institucionalizados, es decir privados totalmente de un ambiente familiar,

•

hay adolescentes privados de libertad en condiciones contrarias a las normativas internacionales suscritas por el Estado,

ANEXO I Anexo estadístico. Guatemala es un país joven donde la mitad de su población es menor de 18 años con 2,6M menores de 5 años y 3,5M entre 10 y 19. La mitad de la población también es

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•

pobre y 1 de cada 7 personas viven en extrema pobreza. Como las familias pobres son más numerosas, siempre hay mayor proporción de niños pobres. Esto se refleja en algunos de los indicadores sociales (FUENTE: recopilación del Arzobispado Informe 2011):

387

•

2439 muertes por arma de fuego en 2011 de las cuales 1500 niños, siendo mayor en el Dep de Guatemala,

•

según el INE, habría 300.000 niños entre 10-15 años que trabajan, el 25% serían niñas, dos tercios en tareas agrícolas pero

la mayoría en condiciones de explotación, peligrosas y sin acceso a servicios, y reciben el 22% del salario mínimo.

Anexo II Programa de la visita

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No. INSTITUCIÓN P E R S O N A OBJETIVO DE LA REU- RESPONSABLE, U ORGANI- C O N TA C T O NIÓN LUGAR Y FEZACIÓN y/o RESPONCHAS TENTATISABLES VAS

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Reunión con Comité Organi- Desarrollar, acompañar Permanente Comisión zador –Red y dar seguimiento a la Organizade ONG y Agenda, su desarrollo y dora de la otras la Sistematización de la visita, para Dra. Maurás la visita socializar la Agenda

Recibimiento Comité Or- Darle la bienvenida y po- 06 de noviembre de la Dra. ga n i z a d o r, nerle en antecedentes de 20:00 a Maurás movilización de los horarios. 21.00 hrs. Del responsable Representantes de las aeropuerto al Visión MunCoaliciones Rubelci Hotel Clarión dial Alvarado, Nicolás PaSuite checo y delegado/a de la Mesa de Municipalización.

Reunión con . Comité Or- Presentarle agenda de 07 de noviembre Comisión ganizatrabajo a desarrollarse de 07:30 a 09:00 Organizadodor –Red durante la semana. Prea.m. , en Hotel ra y Organide ONG y sentar la Situación acClarión Suite zaciones de otras, movitual de los Derechos de la Sociedad lización resla Niñez de Guatemala civil ponsable Videsde la perspectiva de sión Mundial la Sociedad Civil, (ODHAG a cargo). TODOS Y TODAS

Consejo Na- Comité Orgacional de nizador de Adopcionesla Red de CNAONG., movilización responsable Refugio de la Niñez.

Analizar los avances sobre 07 de noviembre las recomendaciones del inde 09:30 a 10:30 forme de actores involucrados a.m. en adopciones irregulares, de igual manera de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Condiciones de los y las niñas pendientes de dar en adopción; sugerir la revisión del reglamento del CNA, específicamente en el tema del VIH. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

Reunión PGN

Analizar el interés y presu- 07 de noviembre puesto asignado por el Estado, de 11:00 a 12:00 a los diferentes programas de a.m. la PGN que atiende a la niñez y adolescencia del país. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

Reunión con organizaciones internacionales: Plan Internacional, Plan Regional, T RO CA I R E , KNH, Save the Children, Visión Mundial, Aldeas Infantiles SOS, TDH, ChildFund y otras.

con Comité Organizador de la Red de ONG, movilización responsable Visión Mundial

Comité Organizador, movilización responsable Visión Mundial

Intercambiar información y analizar el tipo de relación que el Estado realiza con la estructura internacional para la implementación de la convención y sus protocolos, y qué proyectos se están apoyando.

07 de noviembre de 12:30 a 14:30 a.m. con almuerzo Lugar pendiente

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Reunión con Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial

Comité Organizador (UNICEF y la Red Legal y su Obser vator io de Derechos Humanos), movilización responsable Visión Mundial

Verificar la aplicación de las garantías procesales de protección y el proceso de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, y la no re victimización en los procesos penales. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

07 de noviembre de 15:00 a 17:00 hrs. Lugar pendiente

Reunión de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, Oficina del Alto Comisionado, CICIG y otras)

Oficina del Alto Comisionado, movilización responsable Visión Mundial

07 de noviembre de 19:00 a 22:00 hrs. Lugar pendiente

Reunión Director RENAP

10.

Visita a Hogar seguro de la Secretaria de Bienestar Social -SBS-

con Comité Orgade nizador de la Red de ONG., movilización responsable Refugio de la Niñez (UNICEF)

Comité Organizador de la Red de ONG, movilización responsable Visión Mundial

Analizar los avances sobre las 08 de noviembre recomendaciones sobre las de 08:00 a 09:30 inscripciones de niñez y ado- hrs. lescencia sin documentos. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria) Verificar los avances y desa- 08 de noviembre fíos en la aplicación de las de 10:00 a 12:00 medidas alternativas a la pri- hrs. vación tanto para protección (desinstitucionalización y cuidado alternativo) como para adolescentes en conflicto con la ley penal. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

Reunión con Junta Directiva de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia-CNNA-

Comité Organizador de la Red de ONG, movilización responsable Visión Mundial

Conocer los avances de las 08 de noviembre acciones de la CNNA. Verificar de su situación dentro de la SBS. 12:30 a 14:30 hrs. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

12.

Reunión con Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEPSecretaria de Bienestar Social de la presidencia -SBS-.

Defensoría de Verificar los avances y desa- 08 de noviembre la Niñez de fíos en la aplicación de las de 15:00 a 17:00 PDH gestionan medidas alternativas a la privación tanto para protección (desinstitucionalización y cuidado alternativo) como para adolescentes en conflicto con la ley penal. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

13.

Reunión de Evaluación.

Comité Organizador de la Red de ONG, movilización responsable Visión Mundial

Evaluar los avances de los dos primeros días de la visita de la Dra. y el Comité Organizador. TODAS Y TODOS

08 de noviembre de 18:00 a 19:00 en el Hotel Clarión Suite

14.

Reunión con Ministra de Desarrollo Social y Secretaria de SVET

Comité Organizador de la Red de ONG, solicitarle a Leonel Dubón para la cita. movilización responsable Refugio de la Niñez

Analizar desde el Estado, sobre la situación de la niñez en prevención, Atención, protección, persecución penal, y restitución/reparación Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

09 de noviembre de 08:00 a 10:00 hrs. Lugar pendiente

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11.

391

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392

15.

Procurador de los Derechos Humanos y Defensor ías i nvo l u c ra d a s (poblaciones desarraigadas y migrantes, unidad de trata, pueblos indígenas, VIH, Seguridad alimentaria).

Comité Organizador de la Red de ONG, movilización responsable Refugio de la Niñez

Verificar si el Estado asigna fondos necesarios y respalda el buen funcionamiento de la PDH y a sus defensorías en función de la defensa, denuncia y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Conocer sus estrategias de coordinación y accesibilidad con las ONG a nivel local y nacional. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

07 de noviembre de 15:00 a 17:00 hrs. Lugar pendiente

16.

Reunión con la Coordinadora de ALBA KENETH (PGN, SVET, MP, PNC y DGM)

Comité Organizador de la Red de ONG, movilización responsable Refugio de la Niñez

Analizar el interés y presupuesto asignado por el Estado, a los diferentes programas de la PGN que atiende a la niñez y adolescencia del país. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

07 de noviembre de 19:00 a 22:00 hrs. Lugar pendiente

17.

Reunión con Diputado Felipe Alejos, Presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República

Comité Organizador de la Red de ONG a través de la Pastoral de Movilidad Humana movilización responsable Refugio de la Niñez

Analizar el interés y presu- 08 de noviembre puesto asignado por el Estado, de 08:00 a 09:30 a las diferentes dependencias hrs. que atienden a la niñez y adolescencia del país (Sistema de Protección Integral). Salud, educación entre otras. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

18.

Evaluación del Comité Orga- Evaluar los avances del día de 08 de noviembre día nizador de la la visita de la Dra. y el Comité de 10:00 a 12:00 Red de ONG Organizador. hrs. TODAS Y TODOS

Reunión con Redes de adolescentes de ONG nacionales e internacionales de DD de la Niñez.

Comité Organizador de la Red de ONG con apoyo y participación de Save the Children, PAMI, Plan, IDEI, DEMOS, Multiplicadores de APROFAM, ECPAT, AFROSA, Conrado de la Cruz, Visión Mundial, CHILDHOPE, entre otr@s.

Conversatorio con niñez y adolescencia para conocer su percepción sobre el cumplimiento a sus Derechos. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

10 de noviembre de 08:00 a 12:00 hrs., en el Centro de Educación Carlos González Orellana de Save the Children.

20.

Conferencia de Prensa

Comunicadores de las organizaciones participantes y Comité Organizador de la Red de ONG. NICO convoca con apoyo de las otras organizaciones que tengan contactos con los medios

Socializar los resultados a la sociedad Civil a través de los diversos Medios de Comunicación, por la Dra. Marta Maurás. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización (además Roberto Godoy sistematizador y asistente secretaria)

10 de noviembre de 12:30 a 14:30 en el Centro de Educación Carlos González Orellana de Save the Children, 1ª. Av. 9-33 zona 9

21.

Reunión de evaluación final

Red como Comité Organizador y Dra. Maurás, movilización responsable Refugio de la Niñez

Evaluar conjuntamente con la 10 de noviembre Dra. la agenda y conocer sus de 14:30 a 16:00 recomendaciones de ella ha- hrs. cia la Sociedad Civil para el seguimiento de las mismas. TODOS Y TODAS

22.

Despedida en el aeropuerto a la Dra. Maurás

Comité Organizador, movilización responsable Refugio de la Niñez

Darle la despedida y agradeci- 11 de noviembre a miento por su visita. las 6:00 a.m. Representantes de las Coaliciones Rubelci Alvarado, Nicolás Pacheco y delegado/a de la Mesa de Municipalización

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19.

393

Anexo III Conclusiones y Recomendaciones.

CONCLUSIONES La visita no oficial de la Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, reiteró la necesidad de poner en vigencia nuevamente, la socialización de la Convención de los Derechos del Niño, aceptada y ratificada por el Estado de Guatemala, así como las recomendaciones Del comité y hacerlas del conocimiento de las nuevas autoridades de gobierno. Aparentemente existe voluntad política de las autoridades de gobierno, en cuanto a llenar los espacios pendientes con respecto al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

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Existe conciencia de la necesidad de no duplicar esfuerzos, ni recursos para alcanzar los objetivos por parte de los garantes en el trabajo a favor de la niñez.

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En la actualidad los operadores de justicia continúan institucionalizando a la niñez en estado de vulnerabilidad. Debido a los procedimientos y la poca cobertura institucional en casos especiales, la niñez en estado de vulnerabilidad, continúa siendo revictimizada. En América Latina, Guatemala cuenta con una de las legislaciones más

completas en materia de niñez, sin embargo aún no se han operativizado en su totalidad por lo que los vicios del pasado se siguen repitiendo. Actualmente existen entidades gubernamentales específicas para tratar la problemática de niñez, pero el estado no cuenta con los recursos financieros para que cumplan con sus funciones. Las entidades gubernamentales especializadas en niñez, aun no tienen cobertura total del territorio nacional. Que las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en favor de la niñez, actualmente no están cumpliendo con su papel como fiscalizadoras de las acciones de los garantes en este campo. Falta sensibilización de la población a través de los medios de comunicación en cuanto al tema de los derechos de niñez.

RECOMENDACIONES

Realizar talleres dirigidas a los garantes para socializar y analizar las recomendaciones del Comité de los Derechos del niño. Realizar campañas dirigidas a toda la población a través de los medios de comunicación social para sociali-

Que las Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en favor de la Niñez, se aglutinen en comisiones específicas permanentes para realizar visitas periódicas a los garantes con la finalidad de observar los avances obtenidos en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Las Organizaciones No Gubernamentales, deben aglutinarse y unificar criterios para la toma de decisiones y pronunciamientos ante la opinión pública que conduzcan al logro del cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Socializar a través de los medios de comunicación de una manera simple y concreta para influir en la opinión pública con la finalidad de velar por el interés primordial de la niñez. Crear comisiones específicas de las Organizaciones No Gubernamentales y un programa permanente para la difusión de los derechos de la niñez.

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Se recomienda realizar talleres dirigidos a los garantes para la socialización y análisis de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

zar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

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ANEXO IV

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