Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

“El derecho a ser feliz lo tenemos que arañar, que buscar.

En esa búsqueda nos vamos formando como defensoras”.

Testimonio de una Defensora de los Derechos Humanos

EL PROGRESO, ZONA DE PELIGRO PARA LAS MUJERES

•

CONSIDERANDO: que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, reconoce que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y constituye una violación a sus derechos humanos por lo que la eliminación de esta violencia es indispensable para su desarrollo y plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida pública.

•

CONSIDERANDO: que la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, emitida por la ONU, reconoce que la violencia contra las mujeres se perpetúa con actitudes tradicionales que contribuyen a mantenerla en un papel subordinado y con una escasa participación en la vida pública y política.

1

•

CONSIDERANDO: que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ley de la República de Honduras desde 1982, sostiene que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural del país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio al país y a la humanidad.

•

CONSIDERANDO: que la Constitución de la República, en su Artículo 60 establece que en Honduras no hay clases privilegiadas. Que todos los hondureños somos iguales ante la Ley y que se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, al mismo tiempo que manda a establecer delitos y sanciones para quienes infrinjan ese precepto.

•

CONSIDERANDO: que el Congreso Nacional, mediante DECRETO No. 34-2000, aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, misma que en su artículo 1 retoma el principio constitucional de que “En Honduras todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derecho”.

•

CONSIDERANDO: que es evidente que el Estado de Honduras incumple su obligación constitucional e internacional de eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, tolerando la violación persistente de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro aspecto.

•

CONSIDERANDO: que en la ciudad de El Progreso y en el departamento de Yoro, en general, prevalece un permanente estado de inseguridad social y violencia física en contra de las mujeres y que esa situación no cambiará si las autoridades municipales y la población en general no se muestran capaces de entender que hay otras formas de relacionarse con nosotras, más allá de las violencias patriarcales.

NOSOTRAS: las víctimas, organizadas en la Red de Mujeres del progreso (REMUPRO), decidimos reunirnos para hacer una profunda reflexión sobre la situación que sufrimos y proponer alternativas de acción pública e incidencia ciudadana que resumimos en el presente manifiesto, en el cual se advierte que El Progreso es actualmente una zona de peligro para la mujer, sin excepción de color de piel, de credo, de edad, e incluso de posición social.

2

Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

A LAS AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DEL SISTEMA DE JUSTICIA, DE SEGURIDAD, A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESENTES EN EL PROGRESO, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD EN GENERAL, LES PLANTEAMOS LO SIGUIENTE:

1. Las mujeres del progreso demandamos a las autoridades de nuestra ciudad reconocer la gravedad de la violencia de género Convencidas que el primer paso a dar es reconocer la gravedad de la situación de la violencia de género que padecemos, debemos enfatizar que la urgencia de actuar es mayor si se toma en cuenta que el departamento de Yoro y la ciudad de El Progreso figuran desde hace más de una década como zonas de alto riesgo para el derecho a la vida y la integridad física de hombres y mujeres., de acuerdo con el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), con 8 feminicidios en 2020, entre enero y octubre.

Aunque existe una Oficina Municipal de la Mujer, es claro que no cuenta con personal suficiente para atender a las mujeres en los aspectos psicológicos, socioeconómicos y legales que las aquejan, ni responde a la problemática de la violencia y los derechos humanos con independencia política.

Esto cobra mayor relevancia si se toma en cuenta, primero, que representamos el 53 % de la población y, segundo, que la violencia, sobre todo la intrafamiliar, se ha incrementado en el contexto de la pandemia por el coronavirus y sus consecuencias sociales, entre ellas prolongados períodos de confinamiento, cierre de clases presenciales para las niñas/niños en las escuelas y pérdida de trabajos.

Respecto a la violencia de género, en el periodo 2012-2018 se registraron 223 feminicidios en el departamento de Yoro (Foro de Mujeres por la Vida, 2021) y en 20162017 hubo 1,115 denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar en el departamento (Foro de Mujeres por la Vida, Observatorio de Seguridad de las Mujeres, 2019).

El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) identificó los municipios de Catacamas, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Gracias, Villanueva y Tocoa, como localidades de alto riesgo para las mujeres. Esa tendencia, lamentablemente, prosigue en el 2021.

Las agresiones no cesan ni siquiera durante la pandemia del coronavirus. Durante el periodo de confinamiento o restricciones de movilización que el gobierno ordenó como “medida oficial de prevención”, al inicio de la pandemia, la ciudad de El Progreso fue uno de los cuatro municipios de Honduras con mayor número de denuncias sobre violencia doméstica e intrafamiliar. Sólo entre enero y abril de 2020 el IUDPAS registró 1,147 casos.

3

La violencia física no es un fenómeno aislado, se encuentra íntimamente ligado a sistemas sociales injustos que muchas familias replican dentro de sus propias condiciones. Ante las evidencias, es claro que la violencia de género en nuestra ciudad no es un problema que deba quedar encerrado en cuatro paredes sino convertirse en un verdadero desafío para la seguridad y la salud pública, debido a la gran cantidad de mujeres violentadas y victimadas a manos de sus parejas.

Esta situación se repite en muchos hogares progreseños, sin importar los sectores económicos, sociales, políticos o culturales que los compongan, pero generalmente trasciende como “noticia sensacionalista” cuando sus protagonistas son parejas y familias empobrecidas.

En conclusión, las autoridades públicas, cualquiera que sea el color político de sus preferencias, así como la sociedad progreseña, deben reconocer que se ha fallado en garantizarnos nuestros derechos fundamentales, empezando por la piedra angular de todos: nuestro derecho a la vida.

II ¿Cómo definimos las mujeres progreseñas la violencia de que somos víctimas?

Las mujeres progreseñas definimos la violencia como un acto que atenta contra nuestra dignidad humana. Sobre todo, dentro de nuestros hogares, se evidencia en un irrespeto en todos los aspectos de nuestra integridad física, psicológica, sexual y económica, que es producto de la desigualdad de poder, de la pobreza material y de la pobreza de afecto que suele acecharnos. Fuera de nuestras casas, afrontamos la violencia de la impunidad pública, cuando quienes nos atropellan no son judicializados ni castigados.

Como mujeres somos víctimas en nuestras propias casas y excluidas por un sistema judicial y de autoridad pública ante los que nos volvemos invisibles e intrascendentes.

Las mujeres progreseñas percibimos que sufrimos la violencia cuando se nos niega el acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo o la información misma de nuestros derechos. También hay violencia cuando se nos impone y arrincona para cubrir solo roles domésticos, cuando se nos limita el acceso a cargos públicos, cuando condenan nuestra participación en espacios comunitarios y se nos reduce a un espacio privado sin derecho a intervenir, a opinar o a generar cambios desde nuestras visiones y sentires.

En nuestra sociedad el poder es un monopolio concentrado por un pequeño grupo de personas, por lo general hombres adultos, en posiciones de privilegio, decidiendo por nosotras.

4

Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

Cuando se nos limitan nuestros derechos, se amplía y fortalece el sistema patriarcal de las desigualdades y la discriminación hacia las mujeres, y se impide el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.

La violencia de género es cotidiana pero no es algo que debamos considerar por eso como normal. No queremos acostumbrarnos a que siga siendo un patrón de conducta que se repita de padres a hijos y a sus familias. No queremos que esa “normalización” invisibilice la tragedia de muchas de nosotras ni que se perpetúe en medio de la indiferencia. Queremos romper el círculo de la violencia.

II. ¿Cuáles creemos que son las fuentes principales de tanta violencia?

Las mujeres del progreso identificamos que las desigualdades son las causas principales de la violencia. Algunas de esas desigualdades son comunes para hombres y mujeres, pero nos afectan de manera particular a nosotras. Por ejemplo, la difícil situación económica nos afecta a ambos, pero cuando el ingreso en un hogar es muy bajo y el principal proveedor de recursos monetarios es el hombre, es casi una regla que a las mujeres nos toca someternos a sus decisiones, a “ceder” nuestros derechos para cuando haya más recursos, a quedar en la cola de las prioridades y a renunciar incluso al espacio privado de nuestros cuerpos.

Otro ejemplo de cómo las desigualdades nos tratan diferente se advierte en el papel de los medios de comunicación, que no solo dividen los mensajes según los estereotipos de género: para los hombres el futbol y la política, para nosotras los temas “delicados”, como el arreglo de la casa o las recetas de cocina, sino que también degradan nuestra imagen y con frecuencia nos convierten en las culpables de hechos en los que somos las víctimas.

Los discursos que sostienen la desigualdad se filtran en todos los ambientes y contextos, echan raíces en la cultura y muy pronto son parte de la forma de pensar de hombres y de mujeres, de adultos y de jóvenes, limitando nuestras oportunidades en una sociedad que no se cuestiona a si misma desde la perspectiva de género, ni piensa en los devastadores efectos que esto provoca.

En el día a día, las mujeres constatamos que entre los sujetos e instituciones más implicados en la violación de nuestros derechos destacan: a) Las fuerzas de seguridad e instituciones del orden público En talleres de socialización que hemos realizado entre mujeres de diversas comunidades de El Progreso identificamos que, en primer lugar, uno de los sujetos/ actores que con mayor frecuencia violenta nuestros derechos son las instituciones estatales, especialmente las fuerzas de seguridad pública, incluyendo a policías y militares.

5

Al referirnos a policías y militares, las mujeres los asociamos principalmente con la violencia física que pueden ejercer, sentimos miedo de ser agredidas y en algunos casos de morir, como lo confirman casos de feminicidios ocurridos en nuestra ciudad, que han sido de conocimiento público nacional.

Las fuerzas de seguridad también son actores represores, aparte de ejercer violencia física hostigan en contra de quienes puedan ejercer o reclamar sus derechos ciudadanos, entre ellos el de protestar u oponerse a las decisiones de gobierno.

Tenemos la certeza de que las fuerzas de seguridad no representan una garantía de protección para las mujeres progreseñas. Reconocemos que hay agentes que tratan de cumplir con su deber, pero son excepcionales. Lo que impera es la complicidad o el silencio. Eso provoca que las mujeres pensemos dos veces antes de interponer una denuncia. La pregunta que surge es ¿para qué, si en lugar de buscar protección, nos exponemos? b) La alcaldía municipal En nuestros encuentros también coincidimos en identificar a la alcaldía municipal como una institución pública que no cumple con sus obligaciones y violenta nuestros derechos.

Recordamos que en el 2012 fue aprobada una política municipal de género a la que REMUPRO logró que se le diera seguimiento mediante el nombramiento de una comisión de monitoreo. Se nombró a personas como responsables, hubo reuniones enriquecidas con aportes, pero no se obtuvieron los logros esperados para una política de género, de un municipio con igualdad de derechos y libres de violencia.

La alcaldía municipal es una autoridad que se supone la más inmediata y cercana a la población. Las mujeres quisiéramos contar con ella para solicitar asesorías, ayudas o la implementación de políticas municipales que nos beneficien.

Una mención especial la merece la Oficina Municipal de la Mujer y las instancias fiscalizadores y judiciales que tratan los casos de agresiones de género. Puede ocurrir que en esos cargos haya mujeres o personas que han recibido capacitaciones, que entienden mejor la problemática y que desearían hacer algo más de lo que hacen, pero carecen de los recursos institucionales y de una voluntad política de Estado que les motive, incentive y respalde. c) El sistema judicial Sabemos que existen buenas intenciones de algunas juezas y jueces, pero falla todo el sistema, porque no hay presupuesto ni personal suficiente a cargo de los casos, lo cual aumenta la mora judicial en el municipio y los tiempos para resolverlos. Justicia tardía no es justicia.

6

Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

Además, no se cuenta con logística suficiente, lo que pone en peligro muchas veces a las víctimas, que son las encargadas de entregar las citaciones a sus agresores.

El sistema judicial se convierte en cómplice de la violencia cuando no permite que sus funcionarios cumplan con sus funciones a cabalidad y dejan a las mujeres sin acceso a la justicia.

Nos preocupa, además, que en la aplicación de la ley, juezas y jueces carezcan de un enfoque de género y dicten sentencias basados en estereotipos discriminatorios.

Muchos fallos que deben ser a nuestro favor en los tribunales terminan siendo absolutorios de cargos para los agresores o responsables de delitos contra mujeres.

Con frecuencia escuchamos de boca de jueces y juezas “es que usted es la culpable”. d) La violencia en el espacio privado Algunos de los actores más señalados como fuentes de violencia psicológica, sexual y física en contra de las mujeres son, lamentablemente, nuestros esposos, novios, amigos, hermanos, familiares… de quienes se debería esperar respeto y solidaridad, no golpes, ni humillaciones. Esas agresiones, constantes y las sistemáticas muestras de desigualdad, son como puñaladas en nuestras espaldas. e) La violencia en el espacio público y organizativo Las desigualdades de poder también se ven reflejadas en las relaciones interpersonales que las mujeres entablamos cuando ejercemos nuestro derecho a la educación y acudimos a espacios como la escuela, el colegio y la universidad o cuando ejercemos nuestro derecho a asociarnos y participar políticamente en la comunidad; en todas esas experiencias nos encontramos (o enfrentamos) con ejercicios de poder que atentan contra nuestra integridad y el disfrute integral de nuestros derechos. Es lamentable identificar a maestros y compañeros de aulas, e incluso de organizaciones, como actores de estas violencias. f) La violencia del crimen organizado y personas desconocidas En el entorno social inmediato (fuera de las instituciones públicas, el propio hogar o en el trabajo), las mujeres apuntamos como fuente generadora de violencia extrema al crimen organizado, tan presente en nuestra región, a través de las “maras”, el narcotráfico y otros grupos delincuenciales. Todas coincidimos en que los abusos del crimen organizado afectan o alteran nuestra vida cotidiana, pues provenimos, mayoritariamente, de barrios y colonias donde operan estos grupos criminales.

Un elemento adicional y preocupante que advertimos es el nexo que existe entre la violencia del crimen organizado y la indiferencia o la complicidad de las autoridades por razones de corrupción. Es un aspecto que se cita poco en otros espacios pero que resalta en Yoro, donde hay un hilo perverso que los une.

7

III. ¿Cuál es nuestra propuesta?

En el ámbito de lo público:

1. Crear, desde lo público, en concertación con la ciudadanía, espacios de formación, información y acompañamiento para construir una generación de mujeres empoderadas con sus derechos. Para nosotras es fundamental el conocimiento y el reconocimiento de nuestros derechos para poder exigirlos

2. La Oficina Municipal de la Mujer de El Progreso debe ser fortalecida y capaz de impulsar y desarrollar un programa de prevención y asistencia a la violencia de género. La ciudad debe contar con lugares de refugios para albergar a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas en situación de alto riesgo, que les permita preservar sus vidas y su dignidad, mientras encuentran soluciones a mediano y largo plazo.

3. Una mayor coordinación interinstitucional (entre instancias centrales de salud, de seguridad, judiciales y laborales) junto a la municipalidad y las organizaciones civiles de mujeres y sociales para mejorar el trabajo en la prevención y el tratamiento de la violencia de género. La descoordinación actual y el poco personal es una excusa para la burocratización y la inoperancia.

4. Como lo hemos venido insistiendo, demandamos la integración de una “Mesa sobre Violencia Municipal” que nos permita crear posteriormente un observatorio municipal de género y derechos humanos de las mujeres.

5. Impulsar una capacitación constante de funcionarios judiciales y miembros de la policía para que conozcan y respeten los derechos de las mujeres y generen confianza para presentar denuncias cuando somos vulneradas, sobre todo en casos de violencia doméstica e intrafamiliar. La acción fiscal del Estado y la propia municipalidad deben actuar severamente para sancionar y aplicar todo el peso de la ley a los funcionarios y policías que participen en las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

6. Es importante fortalecer los mecanismos de acceso a una información veraz, oportuna y puntual que refuerce la identificación de nuestros derechos. Las políticas públicas, ordenanzas y edictos de la municipalidad deben ser de conocimiento público y de apropiación para cada una de las mujeres de El Progreso para que conozcamos los mecanismos de protección que se ejecutan y poder acudir a ellos en caso de necesidad.

7. Ante la “normalización” perversa de la violencia en nuestra ciudad y departamento, resaltamos la necesidad de crear espacios de acompañamiento emocional, públicos y no gubernamentales, para las mujeres agredidas o en riesgo; que

8

Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

complementen la denuncia y la asesoría legal. Es preciso romper ese muro impasible de que todo pasa y no pasa nada.

8. Las mujeres subrayamos la necesidad de poner el sistema de educación formal a tono con la equidad de género. Por medio del sistema de educación formal es necesario que nuestra niñez y juventud tomen conciencia de sancionar y erradicar las violencias. El sistema educativo tiene que tener reformas orientadas a que las nuevas generaciones se sensibilicen en el tema, lo que requiere un compromiso efectivo de los maestros y maestras, así como de las autoridades del ramo.

9. Las mujeres demandamos de las autoridades vigilar el cumplimiento de sanciones legales dictadas contra los agresores o responsables. Las pocas medidas de cumplimiento que se aplican, incluyendo la obligatoriedad de pensiones alimenticias y de sustento básico, no son efectivas, quedan casi sujetas a la “voluntad” chantajista de los hombres involucrados, y no existe ningún seguimiento de ley que pueda garantizar su cumplimiento con una perspectiva de género a esos casos.

10. Es difícil para nosotras poder decidir en un contexto de violencia, hace falta asegurar nuestro acceso a derechos básicos, como un empleo o, al menos, a subsidios dignos, que puedan impactar significativamente en la economía de nuestras familias mientras se emerge de la crisis que provoca la desintegración del hogar.

11. La ausencia de educación sexual es una constante en los relatos de las mujeres y relacionado con eso, la salud sexual. Nos preocupa la alta incidencia de embarazos entre adolescentes que, aun siendo dependientes, tienen que afrontar el reto de criar a sus hijas o hijos. Debe retomarse la propuesta de política municipal de OYE y de otras organizaciones, socializarla y realizar un cabildo abierto para su aprobación. Las políticas públicas en salud reproductiva, por ejemplo, no pueden seguir dependiendo del visto bueno de grupos ultraconservadores que todo lo ven a través de sus dogmas.

12. Impulsar espacios familiares de recreación, seguros y centros de cuidado infantil municipales a las que las mujeres podamos llevar nuestros hijos mientras trabajamos.

13. En el rol que desempeñamos como madres o mujeres en el hogar somos las primeras en sufrir el impacto de la escasez de los servicios básicos, en particular del agua, lo cual agrava nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias. En medio de la pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo, la ausencia de este elemento vital representa un riesgo permanente de contagio y muerte.

9

En el ámbito participativo y gremial:

14. Las organizaciones sociales y gremiales de nuestra región deben contar con una participación proporcional y efectiva de mujeres en sus juntas directivas y comisiones. Ese mandato ético y organizacional sigue pendiente de cumplirse.

Aun entre nuestros propios compañeros de lucha hay mucha discriminación por superar.

15. Se debe incorporar la perspectiva de género en los planes, los proyectos y los programas de las organizaciones sociales existentes. Muchas de ellas asumen el enfoque de género en el discurso, pero no en la práctica. No puede haber desarrollo sin equidad de género; así de claro.

16. La dignidad de la persona humana se fortalece en la lucha contra la pobreza, que afecta a las mujeres de manera específica. Ello hace necesario que desde la municipalidad y el sistema financiero se garantice su acceso al crédito y a las estructuras productivas, así como asegurar la corresponsabilidad del hombre en el sostenimiento de la familia. La pobreza o la miseria son las peores formas de exclusión que enfrentamos en la sociedad las mujeres.

17. Especial preocupación debe haber por incorporar la problemática de la mujer rural en la agenda municipal, puesto que entre El Progreso y el resto de municipios y aldeas del departamento hay una relación constante y recíproca. A nuestra ciudad suelen acudir muchas mujeres desplazadas de sus hogares que llegan cargadas de sentimientos y esperanzas difíciles de cumplir. No podemos dejar de mencionar a las mujeres de los pueblos tolupanes que enfrentan tanto la represión de las fuerzas de seguridad y del sistema como la de sus propios compañeros de vida y familiares que no les perdonan que ellas levanten su frente en señal de dignidad.

18. Finalmente, las mujeres destacamos la difícil situación económica y social que vivimos las familias progreseñas y de todo el país, especialmente las de menores ingresos, como secuela de la pandemia que sigue afectando a nuestra sociedad y de un modelo económico neoliberal que se especializa en el extractivismo de recursos y vidas. En el caso concreto de la época que atravesamos, la municipalidad y las organizaciones sociales tienen que elaborar una propuesta consensuada de acción que no debe esperar el momento en que el virus desaparezca, sino que debe ponerse en práctica de inmediato, con presupuestos que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su empoderamiento económico y la erradicación de la violencia en su contra.

10

Carta Abierta de las mujeres progreseñas contra la violencia

Seguiremos de pie y en lucha

No podemos cerrar este manifiesto sin subrayar que hemos hablado claro y fuerte para que todos y todas nos escuchen, que no hemos dicho todo, pero si lo indispensable. No lo hacemos con ganas de llorar sino de luchar, de exigir, de transformar. Estamos de pie, cada vez más conscientes y solidarias entre nosotras, cada vez recibiendo más respaldos y adhesiones a nuestra causa. No es simplemente la suma de esfuerzos en busca de equidad de género. De sus avances y logros dependerá el destino de toda nuestra sociedad. Sabemos que este mensaje, que tiene entre sus destinatarios principales a las autoridades municipales, no basta por si mismo, pero estamos tocando a las puertas de lo público y nos tendrán que abrir. No admitimos oídos sordos.

Cambiemos las estadísticas de violencia de género en El Progreso reconociendo que las mujeres no somos diferentes ni indiferentes, por eso exigimos igualdad e inclusión. Nos importa lo que pasa en nuestra ciudad y queremos participar en su transformación.

Ciudad de El Progreso, Yoro. Junio de 2021

11