El Rostro Femenino e Infantil de la Criminalización Campesina

EL ROSTRO FEMENINO E INFANTIL DE LA CRIMINALIZACIÓN

CAMPESINA

EL ROSTRO FEMENINO E INFANTIL DE LA CRIMINALIZACIÓN CAMPESINA Este reportaje es un producto elaborado en el marco de la Campaña “Cosechemos Justicia para las Mujeres del Campo”

Producción: Plataforma Agraria Elaborado por: Dina Meza Edición: Plataforma Agraria Diagramación y Diseño: Bricelda Contreras Fotografías: Papalote Films / Laura Bermúdez

Impreso en Honduras , Agosto 2014

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Mujeres y niñas, víctimas de la criminalización Los policías y militares nos rodearon, nos sacaron a toditos y cuando íbamos saliendo me agarraron a mí y a mi niña de cinco años, después nos subieron con un montón de mujeres más a la paila de un carro donde nos pusieron por dos horas bajo el sol y nos negaron agua y alimentos para nuestros hijos. En el camino una fiscal y varios policías nos amenazaron con quitarnos a los niños, todas llorábamos mucho, creíamos que los perderíamos”, relata Karen Marely Solís Alvarenga, una de las campesinas desalojadas el 14 de agosto de 2012, y que integra la empresa campesina Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro.

Karen describió que a varios niños y niñas les tomaron fotografías y les colocaron un papel como si fueran delincuentes, recibiendo medidas sustitutivas, negándoles el derecho de volver a los predios, y obligándoles a firmar un libro en el Juzgado cada 15 días. “Cuando iba a firmar revisaban a mi niña y le preguntaban que si iba a las tierras”, explicó.

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6 “...la presencia de los menores de edad en los tribunales de justicia es intimidatoria, causa inestabilidad y ansiedad en los niños y niñas...”

La campesina comentó que su hija Meylin Yorleni, actualmente de siete años de edad (tenía cinco durante la detención), estuvo desde agosto de 2012 hasta octubre del año pasado, yendo todas las semanas a firmar el libro. Una acción que violenta la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Para la trabajadora social Norma Cruz, que acompaña a poblaciones en riesgo, los desalojos y las medidas posteriores generan un impacto emocional en los infantes, no puede ser un niño feliz si sus padres están siendo perseguidos, todos los desalojos son violentos, si alguien llega insultando o vociferando o destruyendo los bienes que hay allí, eso es violencia y los que más sufren ante esa situación son los niños, porque son los más vulnerables.

La especialista explicó que la presencia de los menores de edad en los tribunales de justicia es intimidatoria, causa inestabilidad y ansiedad en los niños y niñas, porque ahí el ambiente no es agradable para un menor, al que le toca observar a otras personas juzgadas por diferentes delitos, “no es una visita positiva para un niño, cualquiera se siente intimidado y no cómodo, pues hay presencia también de policías y personas enchachadas y a ningún niño le gusta eso.

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Héctor Espinal-UNICEF: Cuando el estado abusa de la autoridad tiene responsabilidad penal Consultado Héctor Espinal, Especialista en Comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en Honduras y forma parte del Comité Interagencial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para la Infancia, Adolescencia y Juventud, sobre la denuncia realizada por la campesina Karen, manifestó que la Convención de los Derechos del Niño es clara en sus 53 artículos respecto a los niños y a las niñas, que en cualquier espacio no deben ser objeto de violencia por parte de la autoridad.

“Cuando el Estado abusa de la autoridad, es responsable penal y también debe ser judicializado un acto que violente y abuse de la niñez en cualquier espacio, ya sea en el sector agrario, educativo, niñez migrante, en el ámbito familiar, laboral y en el comunitario”, sentenció.

En relación al acto en que los policías y fiscales amenazaron a las madres de los niños y niñas campesinas de que se les quitarían, Espianal dijo que “es una clara manipulación por parte de quienes lo actúen, ya sean grupos regulares, grupos irregulares , estatales, esta acción es contraria a la Convención de los Derechos del Niño, al Código COSECHEMOS JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL CAMPO

8 de la Niñez a la legislación hondureña, en la Constitución de la República, donde la Convención de los Derechos del Niño tiene una particularidad es uno de los pocos de los instrumentos jurídicos que cuando entra en contradicción la Ley nacional prevalece, el Derechos Internacional”.

Informó que en octubre la UNICEF envía un informe a Ginebra donde se hace un reporte privado hacia el Sistema de Naciones Unidas y a la Comisión de Ginebra que analiza cada dos años la situación de los Derechos del Niño en Honduras.

Previo al envío de este informe, este organismo internacional también invita a Relatores diversos de Naciones Unidas, “y este año en lo que va de ocho meses hemos tenido cuatro relatores, dos hombres y dos mujeres que todos han venido por temas diferentes pero que todos coinciden en violación de los derechos del niño”, expresó..

Informó que en el caso de Honduras el año pasado y éste, el Estado ha tenido que indemnizar familias y pedir perdones públicos a comunidades que han sido vulneradas en sus derechos.

Sobre la situación de los niños y niñas que sufren violencia como consecuencia de la lucha por la tierra de sus madres, padres y demás familiares, Espinal detalló que en la Corte Penal Internacional y en Ginebra está colocado este tema por diferentes sectores, entre ellos de Naciones Unidas .

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Operadores de justicia violentan convenios internacionales El caso de Karen y su familia no es aislado, así como ellas a otras campesinas las han criminalizado por participar en los procesos de recuperación de tierras en Honduras, teniendo como victimarios a los cuerpos de seguridad del Estado, confabulados con los operadores de justicia, que en muchos casos no han tomado en consideración los convenios nacionales internacionales que protegen los derechos humanos de la ciudadanía.

“...en muchos casos no han tomado en consideración los convenios nacionales internacionales que protegen los derechos humanos de la ciudadanía”.

Romelia Alvarenga Ramírez es otra de las mujeres criminalizadas y capturada en Agua Blanca Sur en el 2012. Cada semana debe firmar un libro en el Juzgado, si no voy me vienen a traer, eso es lo que me han dicho, esto lo estoy haciendo desde hace dos años, cuando me capturaron y me dejaron 48 horas presa.

La pequeña productora recordó que el día de su aprensión, sufrió vómitos y desmayos, en el juzgado me dijeron que ya no puedo acercarme a las tierras, yo no tenía abogado, solo vi al de la azucarera, me metieron a una celda sucia y maloliente, es feo estar allí, ni ganas de comer dan. Pero aunque me hayan metido presa y tenga que caminar grandes distancias para ir a firmar el libro en el Juzgado, no pienso dejar la lucha, tengo que verle el fin, tenemos que ganar, porque esta tierra es nuestra, dijo convencida la campesina, una mujer delgada y de voz firme.

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10 “...el Instituto Nacional Agrario (INA) les había adjudicado a los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur, unas cinco mil 227 manzanas de tierra, bajo la resolución 050-2012...”

La ilegalidad del desalojo Las campesinas recuerdan que durante el desalojo del 14 de agosto de 2012 en Agua Blanca Sur, varios niños se desmayaron frente a la detención de sus madres. Los agricultores comentan que los policías, militares y fiscales no midieron sus fuerzas contra ellos, con el objetivo de expulsarlos de los predios a favor de la Compañía Azucarera del Norte, S.A, de CV, AZUNOSA, a pesar que hay diversos indicios de considerar ilegal su posesión.

Meses antes del desalojo, el Instituto Nacional Agrario (INA) les había adjudicado a los campesinos y campesinas de Agua Blanca Sur, unas cinco mil 227 manzanas de tierra, bajo la resolución 050-2012, donde se invocaba un sobre techo por parte de AZUNOSA, y por ende autorizaba expropiar las mismas pagando un justiprecio a la empresa por casi 200 millones de lempiras.

Pero esa resolución fue absuelta por el Consejo Nacional Agrario, mediante disposición número 0001-2014, argumentando un tratado bilateral entre Honduras y Reino Unido e Irlanda del Norte, fechado el 18 de febrero de 1995, según decreto legislativo número 176-94, donde se disponía en su artículo cinco que no procede la expropiación de tierras entre los países firmantes sino por causa de utilidad pública.

Azunosa invoca este decreto señalando que en el caso de que procediera la expropia-

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11 ción el pago se efectuará sin demora en efectivo por un valor de 83 millones 179 mil 721 en dólares, siendo en lempiras un mil 614 millones 518 mil 391 con 57 centavos.

No obstante, AZUNOSA no acreditó que sus socios fueran del Reino Unido, como lo decía una apelación realizada por la empresa, la cual menciona que el 99% de las acciones pertenecen a la empresa SaBmiller, con sede en Inglaterra.

El abogado Omar Menjívar, apoderado legal de Magdalena Morales una lideresa campesina que ha enfrentado un proceso legal por ser parte de movimiento campesino de la zona, señala que en las escrituras que presentó la empresa no mencionaba ningún socio británico, por lo que es falso que hayan inversionistas extranjeros, esa es la prueba más fehaciente que han manipulado sobre la existencia de ese convenio para lograr una protección ilegítima para la empresa, pues Azunosa solamente es un proveedor de caña de azúcar para esa empresa británica”.

Según la revocatoria del acuerdo 050-2012, AZUNOSA gestionó el desalojo contra más de 100 personas que estaban en la tierra, teniendo el apoyo de los operadores de justicia.

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De acuerdo al estudio “Criminalización de las y los campesinos por parte del sistema judicial hondureño como respuesta a los procesos de recuperación de tierras, desde el año 2010 al 2012 hay 684 casos de campesinas procesadas por 23 juzgados de 15 departamentos del país. Para los especialistas del tema, esos datos son una evidencia de la estigmatización y criminalización contra las pequeñas agricultoras. Actualmente se registran más de 700 expedientes judiciales en el 2013 en contra de campesinas.

La resolución del Consejo Nacional Agrario aunque anula todo lo actuado por el INA para la expropiación de las tierras, manda que el Departamento de Afectación de Tierras de esa institución emita dictamen en consideración a la vigencia y al alcance del convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno de la República de Honduras el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ..sobre la titularidad del capital accionario mayoritario de origen inglés en la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte S.A...

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“Ríndanse porque aquí andan los de la fiscalía” El anterior subtítulo es la consigna de policías y militares cuando entran a primeras horas de la mañana para desalojar a los campesinos, los últimos desalojos fueron rígidos, hubo mucha presión, nos tiraron bombas lacrimógenas, hasta esas que echan fuego”, señaló una pequeña agricultora del Movimiento Campesino de San Manuel Cortés, MOCSAM, quien relató la tragedia que vivieron el 25 de abril del año pasado, en predios que actualmente están en manos de la Compañía Azucarera Hondureña, S.A, CAHSA, en la comunidad de Coowle, municipio de San Manuel, Cortés. Un caso similar al de Agua Blanca Sur.

“...los últimos desalojos fueron rígidos, hubo mucha presión, nos tiraron bombas lacrimógenas, hasta esas que echan fuego”,

A pesar que el 24 de mayo del 2012, el Instituto Nacional Agrario (INA) expropió las 4 mil 258 manzanas de tierras en poder de CAHSA, eso no evitó el desalojo.

Los medios nacionales de comunicación relataron que esa fue acompañada por policías, militares y guardias de seguridad de la compañía en mención, afectando a los niños y niñas que se encontraban en los predios. Los menores de edad que se encontraban durante el desalojo y recibieron los percances del gas lacrimógeno, fueron: Diana COSECHEMOS JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL CAMPO

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Jacqueline Gonzales (8), Joshua Argueta (20 meses), Robín Leonel Argueta (7), Moisés Duran (3), Elmer Esaú Ríos (11) y Kevin Flores (3).

Para el desalojo contra los miembros de MOCSAM participaron elementos de la Policía Preventiva, del Escuadrón de los Cobras, pelotones de la 105 Brigada de Infantería, Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y representantes del Ministerio Público.

Cabe destacar que los y las campesinas de MOCSAM, entraron al proceso de recuperación de las tierras el 17 de abril del 2012, conmemorado el día Internacional de la Lucha Campesina, desde esta fecha han sido víctimas de siete desalojos, con 190 campesinos procesados y tres pequeños productores asesinados.

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Procesos judiciales contra niños y niñas El expediente 216-2012, relacionado con el desalojo de la empresa Campesina Agua Blanca Sur, consta que fueron detenidos 35 personas adultas, entre ellas ocho mujeres y cinco niños. Los y las detenidas fueron puestas a la orden del juez el 15 de agosto del 2012, quien dictó medidas sustitutivas, entre éstas no volver a los predios e ir a firmar el libro en el Juzgado cada 15 días.

Los menores de edad fueron declarados en “riesgo social” y aunque solo señala que fueron cinco, en un expediente del Juzgado de la Niñez de El Progreso, Yoro, se contabilizan siete niños entre edades de cuatro meses y 17 años, y cuatro niñas con edades de cinco a 14 años.

Los menores de edad fueron declarados en “riesgo social” y aunque solo señala que fueron cinco, en un expediente del Juzgado de la Niñez de El Progreso, Yoro, se contabilizan siete niños entre edades de cuatro meses y 17 años, y cuatro niñas con edades de cinco a 14 años.

En esos expedientes están ausentes las madres de los niñas y niñas, estableciendo que hay una acusación por usurpación, pero sí fueron sometidas a un proceso en el Juzgado de la Niñez de El Progreso, Yoro, y debían ir a firmar el libro del Juzgado junto a sus hijos e hijas.

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18 Para declarar en “riesgo social” a una persona menor de edad debe seguirse un procedimiento establecido en la Ley, el cual indica que una trabajadora social debe hacer una investigación y entregarla al Juez para que tome la decisión, pero en este caso no se llevó a cabo el procedimiento.

En los expedientes números 119 y 120-2012, se encuentra un informe de Johana Linares, agente de investigación de la DNIC que participó en el desalojo y describió que “…se procedió a desalojar a las personas que se encontraban usurpando las fincas de Azunosa por lo que entre ellas se encontraban menores de edad durmiendo con sus madres en casitas de nailon y hamacas, por lo que las madres de los menores son invasoras de dichas fincas quienes exponen a sus hijos a todo tipo de peligro…”.

El 16 de Octubre del 2013, la Jueza de la Niñez, emitió sentencia declarando FUERA DE RIESGO SOCIAL a todos y todas las menores, aduciendo “que ellos fueron entregados a sus padres y el riesgo ha desaparecido”.

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Acusada por ser dirigente campesina EL 27 de julio del 2013 se emitió la orden de captura contra la campesina María Magdalena Morales. Miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y policías llegaron a su oficina de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en El Progreso, Yoro, para ponerla a la orden de un juez, quien dictó medidas sustitutivas y después de una serie de reprogramaciones de audiencia inicial, el 14 de febrero del 2014, el Juzgado otorgó sobreseimiento provisional.

Morales, es una lideresa de la empresa campesina 36 Guaymas y secretaria regional de la CNTC. Diversos argumentos indican que su captura fue planteada antes del desalojo del 14 de agosto de 2012.

El 29 de julio de 2012, apoderados legales de empresa AZUNOSA interpusieron en su contra una denuncia registrada bajo el número 1898-2012 ante la DNIC, porque supuestamente había varios grupos campesinos usurpando sus tierras.

La DNIC se trasladó al lugar al siguiente día y emitió un informe que establecía que varias personas se encontraban allí construyendo tiendas de campaña, pero éste fue presentado sin incluir testimonios de los supuestos indiciados.

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21 Un expediente registrado bajo el número 204-2012 en el Juzgado de Letras de El Progreso, detalla que el 2 de agosto de ese año el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Magdalena Morales por suponerla responsable de los delitos de usurpación y daños contra la empresa AZUNOSA, solicitando la orden de captura y el desalojo.

En un principio el Juzgado declaró sin lugar el desalojo por la existencia de la resolución 050-2012 del INA, pero posteriormente ordenó su captura el 4 de agosto. Aunque la detención de María Magdalena se ejecutó hasta julio de 2013.

El abogado Omar Menjívar, apoderado legal de la campesina, dijo que ella es acusada por el hecho de ser dirigente, “ni siquiera por estar involucrada personalmente en la lucha por esas tierras”.

El profesional del derecho criticó la criminalización de la que fue objeto Morales, pero lo ve también como un ejemplo de la conducta ilegal de la fiscalía, “afortunadamente la debilidad de la acusación era tan notoria y tan evidente que en su momento cuando hubo la audiencia inicial se declaró un sobreseimiento que debía ser definitivo, pero la Juez dictó uno provisional que no fue apelado por la fiscalía . Menjívar agregó que está pendiendo de su caso porque aún hay riesgos que en cualquier momento el Ministerio Público reactive el caso.

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22 Un principio básico emitido por las Naciones Unidas sobre desalojos forzosos establece que “los Estados también deben adoptar medidas para garantizar que las mujeres no sean objeto de violencia ni discriminación de género durante los desalojos, y que se protegen los derechos humanos de los niños y niñas”.

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