Perspectivas del Sector Empresarial by CACIF ORG

Un nuevo gobierno: retos y oportunidades No. 1 mayo/julio 2012

G e n e r a n d o

F u t u r o

No. 1 mayo/julio 2012 Un nuevo gobierno: retos y oportunidades Pág. 1 El reto de generar confianza Pág. 2 Guatemala y la búsqueda constante de la senda del desarrollo Pág. 4

Consejo de Redacción: Raúl Alas, Paúl Boteo, Phillip Chicola Coordinación editorial y diseño: UNICE

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Análisis político y económico del Sistema Electoral de Guatemala Pág. 7

Mayo/Julio 2012

Un nuevo gobierno: retos y oportunidades Cada vez que se inaugura la gestión gubernamental de un equipo de gobierno, se presentan dos cuestiones de forma relevante en su agenda de trabajo: los retos y las oportunidades. En otras palabras, dos caras de una misma moneda, dos versiones complementarias de una misma historia, porque no hay retos sin oportunidades ni oportunidades sin retos, pues ambas se presentan juntas cuando de gobernar se trata. En primer lugar, los retos, porque el trabajo en estos primeros cien días no ha hecho más que empezar y, como es habitual, siempre se parte de una base conocida de problemas a resolver y de otros que se presentan cotidianamente, como consecuencia de omisiones, de decisiones fuera de tiempo o a la carrera, o en el peor de los casos, de decisiones poco acertadas, porque no se estudiaron oportunamente antes de proceder a ellas.

Perspectivas del Sector Empresarial es una iniciativa que busca aportar al libre ejercicio de las ideas.

Y por supuesto, también hay oportunidades en el camino de quienes gobiernan. Oportunidades invaluables, para incidir decisivamente en el curso de la historia, pues se tiene la potestad de solucionar circunstancias adversas de tantas personas y sectores que precisan de una buena mano que les apoye e impulse, por medio de iniciativas, programas, proyectos y actividades, que vayan a la raíz de los rezagos que aún imperan en muchos ámbitos de la sociedad. En este sentido, Perspectivas del Sector Empresarial es una iniciativa que busca aportar al libre ejercicio de las ideas, por medio del análisis, planteamiento de propuestas y comentarios sobre temas de interés nacional e internacional que afectan al país, en aras de enriquecer un poco más el espacio de opinión pública de nuestra sociedad. En todo caso, queremos que sea una mirada atenta a la realidad actual, para identificar sus señales y avenidas, sus altos

e intersecciones, sus sendas y caminos. Por eso, en esta primera edición de este documento, interesa reflexionar oportunamente sobre tres temas que son importantes para encaminar al país a través de una ruta de confianza, de superación económica y, particularmente, de transformación política. El primer tema es el reto que tiene el nuevo gobierno de generar confianza con todos sus interlocutores, lo cual resulta decisivo para propiciar un diálogo constructivo y alcanzar acuerdos integrales en beneficio de las prioridades que precisa el país para conseguir la tan ansiada paz social, una verdadera gobernabilidad y un progresivo repunte económico en el corto, mediano y largo plazo. Al respecto, el segundo tema tiene que ver con la búsqueda constante de la senda del desarrollo para Guatemala a través de un plan de crecimiento sostenido, cuya tarea entendemos no corresponde en exclusiva al Gobierno, sino a toda la sociedad guatemalteca. Sin embargo, para lograrlo es preciso que el Ejecutivo haga bien las cosas que le competen: impulsar una firme disciplina presupuestaria, actuar con evidente transparencia en el manejo de los recursos, demostrar una efectiva rendición de cuentas y, sin lugar a dudas, promover una reforma profunda del servicio civil. Y finalmente, el tercer tema está centrado en el análisis político y económico de las variables que deben abordarse al momento de considerar un rediseño de la arquitectura electoral del país, pues entendemos que el sistema político partidista de Guatemala precisa de un proceso de consideración ante una eventual puesta al día o actualización, que renueve el sentido de la competencia electoral y favorezca la consolidación de las mejores instituciones partidistas en la vida nacional.

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El reto de generar confianza Raúl Alas*

En una relación de convivencia, el pegamento esencial que le da sentido a la interacción mutua, es la confianza. Cuando hay confianza, la comunicación es más fluida y hace que prevalezca la voluntad de respeto. Por eso, ahora que han transcurrido los primeros cien días del nuevo gobierno, el gran desafío que se le presenta es generar confianza y, desde luego, preservarla. En primer lugar, dentro del mismo aparato gubernamental, luego con los sectores políticos, económicos y sociales con los que debe interactuar y negociar continuamente para poder gobernar bien y, finalmente, con la sociedad en general. Efectivamente, el reto del que gana las elecciones en nuestro país es siempre el mismo: dirigir toda su agenda de gobierno a generar confianza. En otras palabras, demostrarle a propios y extraños que el gobierno es fiable, que lleva a cabo lo prometido, que lo dicho en campaña y lo que ahora dice en el ejercicio del poder, se cumple efectivamente en la gestión pública. Y en este punto, cualquiera podría preguntarse si este esfuerzo es sólo responsabilidad del gobierno e, indudablemente, se tendría que responder que no. Es necesario que todas las instancias y sectores que se constituyen como interlocutores del Gobierno dispongan de credibilidad y confianza, pero lo cierto es que quien tiene más poder es quien debe dar el ejemplo. Hasta el punto que le permita ganar un prestigio social relevante, para que la sociedad esté dispuesta a apoyar sus iniciativas y acciones. Sin embargo, en el momento en el que abuse de esa confianza obtenida, tendrá un descontento social equivalente. Asimismo, de puertas adentro, los que hacen cabeza, los equipos técnicos y demás personal administrativo de los ministerios, secretarías y unidades centrales del gobierno, precisan de un liderazgo claro y concreto, que modelen la cultura de atención al cliente, de calidad en la gestión interna y de rendición de cuentas públicas. En menos de lo que uno podría imaginar, esta actitud de generación de confianza en el sector público, podrá irradiar un clima de certeza que ayudará a fortalecer la imagen institucional y, con ella, proyectar una imagen de país, que tiene efectos sumamante favorables en el cumplimiento de contratos, acuerdos comerciales de largo plazo y en la relación sostenida con diver-

sos actores y sectores.

Cuando hay confianza, la comunicación es más fluida y hace que prevalezca la voluntad de respeto.

Quien tiene más poder es quien debe dar el ejemplo.

Por eso, es fundamental tender puentes que faciliten la comunicación con todos los públicos de interés. Es verdad que en ciertos casos, prevalecerá la desconfianza y los antagonismos históricos con algunos sectores, por lo que se torna preciso encontrar puntos de coincidencia, ámbitos en común donde se imponga la necesidad compartida de encontrar soluciones nuevas a conflictos añejos. Es decir, bases solidas en las que se pueda asentar el diálogo veraz y honesto, pues donde no hay veracidad ni buena intención, tampoco hay comunicación que resista, porque el engaño no comunica. En este sentido, al hacer un primer balance de porqué es importante generar confianza, se puede afirmar que en la medida que se cumplen las expectativas, el crédito político se fortalece en su relación activa con los dirigentes de la sociedad. Asimismo, la ciudadanía se podrá fiar de las instituciones, por la credibilidad de sus funcionarios y procedimientos. Y por supuesto, se impone una identidad nacional que eleva el prestigio del país ante otras instancias y naciones. Entonces, la pregunta inminente es cómo se genera confianza en una sociedad como la nuestra, en la que compiten tantas visiones e intereses divergentes. Aquí, vale la pena recordar la experiencia de Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia, que resumía su gestión gubernamental en una idea central: Tener una visión macro y una ejecución micro, que permita un seguimiento preciso de los proyectos. En otras palabras, un objetivo macro y una administración enfocada en lo micro, en los detalles, para alcanzar la meta y asegurar el control. A juicio de Uribe, resulta relevante conseguir “victorias tempranas”, que apuntalen rápidamente la credibilidad del mandatario y su equipo, para permitirle mejores posibilidades de gestión política en los grandes temas de prioridad nacional durante los primeros dos años de gobierno. En este sentido, el nuevo Gobierno de Guatemala, tiene que demostrar en poco tiempo éxitos evidentes en proyectos de corto plazo, para disponer de un crédito político que le permita apuntar alto en los aspectos medulares que el país necesita para dar el salto cualitativo en diversos frentes.

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En concreto, el Sector Empresarial Organizado ve prioritario el tema de la seguridad, pues constituye un elemento vital para garantizar la gobernabilidad en el país, especialmente en esta complicada etapa que vive el país, producto de la fuerte presencia de organizaciones del narcotráfico y de la impunidad con la que operan en buena parte del país. Por eso, es preocupante cómo puede afectar esto en la imagen del país, en la inversión y el empleo, si no se concentra la atención en neutralizar la ola de violencia que se ha venido presenciando en los últimos años. Ciertamente, es un tema complejo de largos antecedentes, que requiere decididamente un proceso de fortalecimiento institucional de los cuerpos de seguridad en colaboración estrecha con los entes de justicia, en el que se siga trabajando intensamente en prevenir los delitos contra la vida y la propiedad privada, el crimen organizado, la delincuencia común y la corrupción en diversas entidades públicas del Gobierno. De hecho, al hablar de la situación económica, un tema que inquieta es la percepción de inseguridad que el país proyecta dentro y fuera de nuestras fronteras. En este sentido, es decisivo contrarrestar esta percepción, pues de lo contrario se ahuyenta la inversión extranjera y se genera una espiral de incertidumbre en muchas personas que podrían establecer nuevas empresas en Guatemala o venir a gastar sus divisas en el país. Sin un esfuerzo serio por revertir esta situación, se pierden oportunidades valiosas de generar empleos y atraer turismo, en cantidades significativas. Asimismo, es necesario mantener indicadores positivos en crecimiento, más y mejores empleos, indicadores sociales favorables (educación, salud, vivienda e infraestructura vial y portuaria) para impulsar la competitividad, y otros de relevancia para Guatemala, tal y como lo han hecho otros países con variables similares. Pero para alcanzar estos indicadores se tiene que tener una tasa de crecimiento sostenida por varios años en el orden del 6%, pues el crecimiento reportado hasta ahora es insuficiente para mejorar las condiciones socioeconómicas de Guatemala.

Es fundamental tender puentes que faciliten la comunicación con todos los públicos de interés.

Resulta relevante conseguir “victorias tempranas”, que apuntalen rápidamente la credibilidad del mandatario y su equipo.

de las instituciones que promueven la dignidad de la vida humana, el desarrollo infantil y los valores familiares, lo cual constituye un reto de gran alcance para proyectar al país a un nivel de superación por encima de lo meramente económico. De igual modo, es necesario que el gobierno, en conjunto con diversos sectores, se enfoque en lo esencial para aprovechar la extraordinaria población joven del país: invertir más recursos en reforzar la calidad educativa, potenciar el desarrollo científico y tecnológico en universidades, colegios y escuelas, y aumentar la formación de la mano de obra tecnificada, que impulse la incorporación de jóvenes mejor preparados al mercado laboral y, con ello, prevenga que muchos caigan en el círculo vicioso en el que algunos ya se encuentran, por falta de apoyo y oportunidades. Por eso, se ha insistido en diversos foros que en el itinerario de trabajo de un gobierno eficaz, debe estar presente el fortalecimiento de la institucionalidad del país, para recuperar la confianza en el aparato estatal, generar más y mejor seguridad, y atraer la participación de todos los sectores en la solución de los retos políticos, sociales y económicos. En resumen: saber hacer y hacer saber. Es decir, demostrar a la sociedad guatemalteca, que el gobierno tiene un plan de trabajo, un líder sensato que lo lleve a cabo, un equipo suficiente de personas bien formadas que lo secunden, una administración eficiente de los recursos y, sobre todo, una comunicación profesional y proactiva, que evidencie una acción efectiva en los temas de prioridad. La realidad demuestra que en toda organización humana, el rol fundamental del que gobierna es la oportuna toma de decisiones y la gestión activa de la comunicación pública con los públicos de interés, para dejar en claro quién tiene la última palabra y liderar con el ejemplo del trabajo bien hecho. Porque donde no se sabe quién tiene esa responsabilidad y nadie comunica nada, esa organización termina por desmembrarse. Por lo tanto, el reto de generar confianza está planteado. Ya veremos cómo lo logra. (*) Director de la Unidad de Comunicación Empresarial de CACIF. Doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, España.

En línea con lo anterior, es clave el fortalecimiento

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Guatemala y la búsqueda constante de la senda del desarrollo Edy Paul Boteo de León*

El fracaso en la política de desarrollo de nuestro país nos ha valido perder varias décadas de crecimiento. Desde los años setenta a la fecha, el desempeño de nuestra economía ha estado por debajo del promedio mundial, por lo que la brecha de PIB per cápita de Guatemala y el resto del mundo se ha ampliado. En 1970, el PIB per cápita de Guatemala se ubicaba en US$ 349.50 y el promedio mundial en US$ 789.60, mientras que para el año 2010, esas cifras se ubicaban en US$ 2,862.36 y US$ 9,227.95, respectivamente. Eso significa que, para la década del setenta, el PIB per cápita mundial duplicaba al de Guatemala, pero en la actualidad lo triplica. Las cifras ajustadas por la Paridad de Poder de Compra (PPP, por sus siglas en inglés) muestran un resultado similar. Si el análisis se hace respecto a países específicos, el resultado es mucho más alarmante. En 1960 el PIB per cápita de Corea del Sur era de US$ 91.62, apenas un tercio del PIB per cápita de Guatemala para esa misma fecha. En la actualidad, sin embargo, el PIB per cápita de Corea del Sur es aproximadamente siete veces el PIB per cápita de Guatemala. Respecto al promedio de nuestros vecinos de Latinoamérica, el resultado tampoco es alentador, ya que también nos han sacado amplia ventaja y al día de hoy casi triplican el PIB per cápita de Guatemala, mientras que para inicios de la década del sesenta no alcanzaban a duplicarlo. Estos datos nos muestran que Guatemala ha tenido un desempeño económico insatisfactorio respecto al promedio de países de la región y del mundo. A pesar de los avances que se han hecho en infraestructura, cobertura educativa, electrificación del área rural, bancarización, apertura comercial, desregularización de mercados, institucionalidad, entre otros; estos cambios se han hecho con demasiada lentitud y además de manera inconsistente y errática a través del tiempo, lo cual no le ha facilitado al país despegar en términos de su desempeño económico. En

Desde los años setenta a la fecha, el desempeño de nuestra economía ha estado por debajo del promedio mundial.

En general se han seguido modelos de desarrollo que generan ciertos resultados en el corto plazo.

general se han seguido modelos de desarrollo que generan ciertos resultados en el corto plazo, incluso con un desempeño económico por encima del promedio latinoamericano en ciertos períodos, pero que no garantizan un crecimiento consistentemente alto a lo largo del tiempo. Ante esta situación, surge la interrogante sobre cuáles son los factores en los que se debe trabajar para lograr, finalmente, una ruta de crecimiento sostenible y consistente en el largo plazo. En primer lugar, se debe consolidar la estabilidad macroeconómica, que es uno de los activos más valiosos con que cuenta el país. Mientras otros países han sufrido severas crisis de deuda soberanas, provocadas por un excesivo déficit fiscal, en Guatemala se ha mantenido una relativa disciplina fiscal que le ha llevado a tener, históricamente, un nivel de deuda soberana manejable y por debajo del promedio latinoamericano. Lamentablemente, este es un activo que está en serio peligro de perderse, debido a que se ha llevado a límites preocupantes el nivel de endeudamiento del país, y el monto que se desembolsa por el pago de intereses dentro del presupuesto de la nación es alarmantemente alto. Por tanto es importante volver a una disciplina fiscal que evite un colapso en las finanzas públicas, con los resultados desastrosos que estamos presenciando en los países europeos. Por otra parte, la inflación también ha estado relativamente controlada, con episodios de alta volatilidad en los años ochenta y principios de los años noventa, pero se ha mantenido dentro de rangos aceptables en los últimos 15 años. Sin embargo, se puede hacer mucho más para mejorar las herramientas con las que cuenta el Banco Central para controlar la inflación y con ello llevarla a niveles comparables a la de los países desarrollados, con los beneficios en la planificación empresarial que ello implica. A pesar de la relativa estabilidad macroeconómica que ha ofrecido el país y que se debe afianzar,

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lo cierto es que ésta es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar un desarrollo económico sostenible. Guatemala adolece de una falta crónica de competitividad que implica un ambiente poco favorable para el desarrollo y consolidación de las empresas. Estas deben operar en un ambiente de inseguridad, con un sistema de transporte obsoleto, infraestructura inadecuada y en mal estado, mano de obra poco calificada, procesos gubernamentales engorrosos y de poca transparencia, inestabilidad política e incertidumbre jurídica. El reto principal que afronta el país es precisamente encontrar la fórmula para superar esta debilidad y encauzar la economía hacia un crecimiento robusto y sostenido en el tiempo. Al facilitar la operatividad de las empresas en nuestro territorio, no solamente se incrementa-

El reto principal que afronta el país es precisamente encontrar la fórmula para superar esta debilidad y encauzar la economía hacia un crecimiento robusto y sostenido en el tiempo.

ría el monto de la inversión extranjera y local, sino además, se aumentaría la productividad de dichas inversiones, lo que propicia los famosos milagros económicos que han experimentado varios países en las últimas décadas, pero de los cuales solo hemos sido espectadores lejanos. Lo importante es iniciar una reforma integral del sistema y no solamente enfocarse en reformas específicas cuyos alcances se diluyen rápidamente en el tiempo, al no ir acompañadas del resto de cambios que las complementan. Allí radica precisamente la debilidad de las reformas emprendidas en Guatemala, ya que han sido cambios aislados que han mantenido constante el resto de factores críticos y, consecuentemente, no han tenido un impacto sostenido en el crecimiento y desarrollo del país. Para empezar, es necesario emprender un plan de interconexión vial del país, que no solamente rehabilite la infraestructura dañada en los últimos años, sino que además se implemente con carreteras que sean modernas y resistentes a los desastres naturales. Estas vías deben ser diseñadas con la suficiente amplitud para agilizar y facilitar el comercio dentro del país y con las naciones vecinas. Así mismo debe mejorarse la infraestructura en los puertos y aeropuertos para acelerar el comercio exterior. Por supuesto que esto implica el desembolso de fuertes sumas de dinero, pero debe seguirse la fórmula seguida por otros países, al concesionarse las obras de infraestructura de mayor envergadura y así evitar colocar más presiones sobre las finanzas del Estado, no solamente en el costo de construcción, sino además en el mantenimiento de las obras. No obstante, estos procesos deben llevarse a cabo con total transparencia o de lo contrario podrían resultar contraproducentes para el bienestar del país. Es urgente, además, la implementación de un sistema ferroviario moderno, por ser un medio de transporte mucho más eficiente, en términos de costos y tiempo. Para ello se debe buscar una solución rápida al impasse en el cual se encuentra la concesión de

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la red ferroviaria en nuestro país. Al mismo tiempo, es importante implementar una reforma educativa que permita desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para integrarse exitosamente al mundo laboral. El sistema educativo actual está graduando estudiantes con serias deficiencias en cuanto a habilidades básicas de matemáticas y lenguaje, no digamos en cuanto al uso de tecnología y del idioma inglés. Esto limita seriamente la instalación y desarrollo de empresas que requieren la contratación de mano de obra calificada. Por tal motivo, debe implementarse un sistema educativo que gradúe alumnos capaces de incorporase a un mundo globalizado que demanda mano de obra altamente especializada. Esto implica capacitar a los docentes, desarrollar instalaciones educativas dignas y modernas, renovar el pensum de estudios, incluir la enseñanza de un segundo o un tercer idioma el idioma materno, el español y el inglés - e impulsar fuertemente las carreras técnicas. Este tema es fundamental, ya que al ser un país que no genera tecnología, la posibilidad de absorber rápidamente los desarrollos tecnológicos de los países más avanzados, depende de tener un capital humano fortalecido, que eventualmente pueda pasar a ser generador de dicha tecnología. Además de los puntos mencionados, debe trabajarse en la mejora de la gestión pública, la flexibilización laboral, la simplificación de la tributación y de los procesos administrativos. También se debe impulsar las reformas financieras necesarias que dinamicen el mercado de capitales en el país y que permitan el desarrollo de nuevas empresas. Igualmente, se deben ampliar los lazos comerciales con las regiones más dinámicas del mundo, que permitan incrementar el mercado para los bienes producidos en nuestro territorio. Sin olvidar que todo debe ir acompañado de un política efectiva de seguridad. Finalmente, se tiene que comprender que hay un grueso importante de la población que todavía vive sin acceso a electricidad, educación, salud,

Es importante implementar una reforma educativa que permita desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para integrarse exitosamente al mundo laboral.

Debe trabajarse en la mejora de la gestión pública, la flexibilización laboral, la simplificación de la tributación y de los procesos administrativos.

agua potable y carreteras en buen estado. La economía de este segmento de la población es de subsistencia y en la mayoría de los casos, los niños de estas familias sufren de desnutrición crónica, lo que amenaza seriamente el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Por la ubicación geográfica y las carencias de estas familias es difícil pensar que se incorporarán rápidamente al mundo laboral. En este caso, deben desarrollarse políticas para brindarles lo más pronto posible los servicios básicos que faciliten su interacción con los centros urbanos del interior del país y en segundo lugar, implementar una política de desarrollo rural que permita romper con el círculo de la pobreza. La implementación de programas de microcréditos, así como la asesoría técnica para el desarrollo de microempresas, podría ayudar a estas familias a salir de la economía de subsistencia y con ello, mejorar sustancialmente sus condiciones de vida. Nuevamente, estos programas deben ser totalmente transparentes, con una evaluación constante de su impacto, así como contar con la auditoria y acompañamiento de las organizaciones sociales y empresariales. Sólo así se garantizará la sostenibilidad de largo plazo de estas políticas. Todas las reformas que necesita el país no pueden realizarse de la noche a la mañana y sus efectos positivos se percibirán en el mediano plazo y no de forma inmediata. Esta es una las razones por las cuales los gobiernos han evadido emprender reformas de largo alcance, ya que han preferido tratar de capitalizar programas aislados que puedan brindarles rédito en un corto período de tiempo. Este nuevo gobierno debe evitar caer en dicha tentación y, por el contrario, debe trabajar por la implementación de reformas y programas serios, transparentes y con un beneficio de mediano y largo plazo para la nación. Sólo así se logrará encontrar el tan anhelado camino hacia el desarrollo sostenible. (*) Director de la Unidad Económica de CACIF. Licenciado en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Magister en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Análisis político y económico del sistema electoral guatemalteco Phillip E. Chicola*

Durante más de dos décadas, el diseño del sistema electoral guatemalteco fue considerado uno de los productos más aplaudidos del proceso de transición hacia la democracia. Las aspiraciones republicanas y democráticas, que buscaban delimitar la concentración unipersonal del poder y descentralizar los procesos de toma de decisiones, quedaron plasmadas en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), documentos que definieron el marco jurídico del sistema de elección de autoridades públicas. Sin embargo, la experiencia vivida en la reciente elección de autoridades ha generado la necesidad de cuestionar si es momento de buscar un rediseño de la arquitectura electoral del Estado. El proceso electoral 2011 puso en evidencia algunas de las falencias estructurales más serias del diseño institucional de nuestro sistema y de los partidos políticos. Fenómenos como el caciquismo en elecciones locales y distritales, la proliferación de micro-partidos con escasos niveles de institucionalización, el transfuguismo legislativo, las deficiencias en los modelos de representación y la falta de transparencia en el financiamiento electoral, son algunos de los temas que deben ser abordados a raíz de las recientes experiencias. En este sentido, tanto la Política como la Economía nos proveen de diversas herramientas de análisis para estudiar a profundidad los efectos sistémicos de la interrelación de variables de nuestro sistema electoral con las prácticas tradicionales de la política nacional. Pero sobre todo, nos permiten generar modelos de análisis que sustenten una propuesta conceptual para reformar la institucionalidad en materia electoral. En el caso de la Ciencia Política, desde el advenimiento de las ideas de República y Democracia, ésta rama del conocimiento ha buscado desarrollar sistemas que garanticen la plena representación ciudadana paralelo al mantenimiento de la funcionalidad y gobernabilidad del Estado. En el caso de la Ciencia Económica, la teoría de Opción Pública constituye una herramienta que aplica axiomas económicos para estudiar el diseño institucional y los procesos colectivos de

El proceso electoral 2011 puso en evidencia algunas de las falencias estructurales más serias del diseño institucional de nuestro sistema y de los partidos políticos.

Tanto la Política como la Economía, (…) nos permiten generar modelos de análisis que sustenten una propuesta conceptual para reformar la institucionalidad en materia electoral.

toma de decisiones. Todo ello, partiendo de la premisa que cualquier mecanismo de elección debe aspirar a reducir las externalidades y los costos políticos generados por el proceso de toma de decisiones y por las mismas decisiones que emanan de éste. Conceptualmente, los sistemas electorales constituyen el conjunto de métodos destinados a traducir los votos en escaños, a manera de lograr una mejor representación y una mayor representatividad del elegido con relación al elector (Fundación Soros: 2007, p.128). Estos métodos son estructuras compuestas por cinco variables que se pueden combinar de casi cualquier modo. La primera variable de análisis consiste en el Principio de Representación. Por un lado, la representación por mayoría se refiere a aquellos sistemas en los que el partido o candidato resulta electo por haber alcanzado la mayoría (ya sea

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absoluta o relativa) de los votos en la elección. Es decir, el partido que obtiene la mayor cantidad de sufragios obtiene el control de todos los espacios de poder en disputa. Por otro lado, la representación proporcional se refiere a aquellos sistemas en los que se busca reflejar la pluralidad de la distribución de los votos entre los partidos al momento de asignar los diferentes espacios de autoridad. De acuerdo a la teoría desarrollada por autores como Dieter Nohlen (1998) y Giovanni Sartori (1998, p. 67), los sistemas mayoritarios aspiran a alcanzar la funcionalidad del sistema, ya que otorgan todos los puestos de elección a una misma fuerza política; mientras que los sistemas proporcionales buscan que los diferentes grupos sociales se vean representados en las diferentes instancias del poder público. Aplicado a la elección legislativa, el objetivo de los sistemas mayoritarios es promover la creación de mayorías parlamentarias; mientras que los sistemas proporcionales buscan reflejar -con la mayor exactitud posible- las fuerzas sociales y políticas existentes dentro de la sociedad asignándole espacios consustanciales de poder. La segunda variable la constituyen las circunscripciones (o distritos) electorales, las cuales se refieren a los espacios geográficos en los que se eligen a las autoridades públicas (como puede ser el distrito de Jalapa o Alta Verapaz en Guatemala). Éstas se dividen entre aquellas de carácter uninominal, en las que se elige únicamente a un candidato por espacio geográfico; o las circunscripciones plurinominales, en las cuales se elige a más de un funcionario por distrito. De acuerdo a la teoría política, las circunscripciones uninominales se asocian con los sistemas de representación mayoritaria, ya que al repartir únicamente un sólo escaño por distrito, el partido o candidato que obtenga la mayoría se queda con la curul. En el caso de las circunscripciones plurinominales, entre más pequeña sea la cantidad de diputados a elegir, menor es el efecto proporcional, ya que los pocos cargos se dividirán entre los partidos que obtengan las mayorías, lo que reduce las posibilidades de los partidos pequeños y tiende a concentrar los votos en las

Las circunscripciones uninominales se asocian con los sistemas de representación mayortaria.

En el caso de las circunscripciones plurinominales, entre más pequeña sea la cantidad de diputados a elegir, menor es el efecto proporcional.

agrupaciones más grandes e institucionalizadas. Inversamente, entre más grande sea la cantidad de escaños a elegir, mayor es el efecto proporcional, lo cual le otorga más oportunidades a los partidos pequeños de obtener espacios de representación legislativa (Nohlen: 1998, p. 82). Aquellos sistemas electorales en los que se utiliza circunscripciones pequeñas (menos de 4 curules por distrito) impiden la atomización de los partidos y favorecen la formación de mayorías parlamentarias. Lo contrario sucede con las circunscripciones mayores (más de 4 diputados por distrito), ya que al favorecer a los partidos pequeños, se promueve la atomización partidista y se hace más difícil gestar mayorías parlamentarias. La tercera variable consiste en el tipo de candidatura, que se subdivide entre unipersonales o por medio de listados. La candidatura unipersonal se refiere a aquellos casos en los que sólo un candidato aspira a un puesto de elección, por lo que está asociada con circunscripciones uninominales y con el principio de representación por mayorías. Mientras que la candidatura

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La candidatura unipersonal promueve que el elector identifique plenamente al candidato que está eligiendo.

por listado se refiere aquellos casos en los que por distribuirse más de un escaño en un determinado distrito, los candidatos se postulan a través de listas emitidas por sus partidos. Las listas pueden ser cerradas, en las cuales sólo se permite el voto en bloque por un partido sin que el elector pueda alterar la composición de la misma; o abiertas, en las que el elector puede formar su propia lista a partir de varios candidatos de distintos partidos. De estos tres sistemas, la candidatura unipersonal promueve que el elector identifique plenamente al candidato que está eligiendo; la lista cerrada, por el contrario, genera desconocimiento de parte del elector y hace a los diputados más dependientes de los partidos que de sus votantes (Nohlen: 1998, p. 83). La cuarta variable la conforman los umbrales o barreras legales, en las cuales la participación de los partidos la asignación de escaños depende de que éstos obtengan un porcentaje mínimo de votos. Es decir, si un partido no alcanza ese porcentaje (generalmente entre 3 y un 5%) no participa en la repartición de escaños, o se suspende su ficha. Los umbrales tienden a promover la concentración en grandes partidos ya que re-

La lista cerrada, por el contrario, genera desconocimiento de parte del elector y hace a los diputados más dependientes de los partidos que de sus votantes.

ducen las oportunidades de representación para los pequeños y dificultan el surgimiento de nuevas agrupaciones. Todo ello limita la atomización, incentiva que el elector orbite entorno a los partidos con mayores posibilidades, lo que genera un sistema con menor número de agrupaciones, pero con mayores niveles de institucionalización. La quinta variable de los sistemas electorales se refiere a la fórmula para la conversión de votos en escaños. Entre ellas se distingue las fórmulas de mayorías y las fórmulas de proporcionalidad. En el caso de las primeras, la mayoría absoluta (50% + 1 de los votos) fomenta la consolidación del sistema de partidos, ya que los grupos con pocas posibilidades no participarán en las elecciones. Lo contrario ocurre con la mayoría simple (el que obtenga el mayor número de votos, gana), ya que los partidos pueden optar por fomentar la atomización y ganar con porcentajes muy bajos de votos. Por su parte, entre las fórmulas de tipo proporcional se distingue el método de D’Hont, el cual tiende a que los partidos mayoritarios obtengan más escaños que los partidos menores. Otra variante es el método de cocientes, en el que se determina una cantidad mínima de votos para obtener escaños, y los partidos obtienen tantos curules como veces quepa el cociente dentro del número de votos recibidos. En este sistema, las fórmulas que generan cocientes más altos promueven la concentración de los partidos, mientras que las fórmulas que generan cocientes más bajos favorecen a los pequeños y promueven la atomización (Duverger y Sartori: 1998, p. 14-15). En el caso de Guatemala, la elección presidencial se sustenta en el principio de mayoría absoluta, ya que una planilla de candidatos debe obtener el 50% + 1 de los votos válidos ya sea en una primera vuelta, o en una segunda entre las dos planillas más votadas. Para la elección de alcaldes se recurre al principio de la mayoría simple, ya que resulta electo el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos, sin necesidad de alcanzar un porcentaje determinado. En el caso del legislativo, éste se elige a través de un doble mecanismo de distritos electorales

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y una Lista Nacional. Los distritos electorales representan a cada uno de los departamentos, con excepción del municipio de Guatemala que constituye un distrito independiente al resto del departamento. Cada una de las circunscripciones elige a un diputado por el hecho mismo de ser distrito, y a un diputado más por cada 80,000 habitantes. Es por ello que circunscripciones con una población reducida, como El Progreso, coloca únicamente a un diputado; mientras que distritos populosos, como Huehuetenango, la ciudad y el Departamento de Guatemala, colocan a 10, 11 y 19 diputados respectivamente. Mientras que la Lista Nacional se confoma a partir de un número equivalente al 25% de los diputados distritales (en este caso 31 diputados) que se elige directamente por todos los votantes a nivel nacional. Para la elección de diputados por Lista Nacional y distritales, además de las corporaciones municipales, se aplica la fórmula D’Hont. Dicho mecanismo funciona por medio de un procedimiento de cálculo para convertir los votos en escaños. Los votos recibidos por cada partido se dividen entre una serie de divisores (1, 2, 3, n) y se obtienen cocientes. De esta división, y de mayor a menor, se escoge el cociente que representa el número de cargos a asignar en el distrito. Esta cantidad constituye la cifra repartidora, entre la cual se divide el número de votos recibidos por cada planilla, resultado que permite calcular el número de candidatos electos por agrupación. La elección del Congreso La aplicación de los principios teóricos explicados con anterioridad permite analizar los efectos de las variables sobre la arquitectura electoral guatemalteca. En el caso de la elección del Congreso, ésta responde al principio de pro-

La lista nacional se conforma a partir de un número equivalente al 25% de los diputados distritales.

porcionalidad, por lo que su objetivo es reflejar las fuerzas sociales y políticas existentes, lo que favorece una mayor representación de grupos de interés. Los votantes de los partidos minoritarios, con una base ideológica determinada (como la URNG) o con una base geográfica focalizada (como el Unionismo y Victoria) tienen la capacidad que sus limitados votos se transformen en representación parlamentaria. No obstante, dado que este tipo de sistemas favorece la búsqueda de negociaciones y transacciones entre agrupaciones políticas por encima de la funcionalidad, es evidente que en sociedades con una cultura política débil, la representación proporcional produce parlamentos inestables, plagados de atomización y fragmentación que limitan la gobernabilidad. Esta situación se magnifica a raíz del mecanismo utilizado para convertir votos en escaños. Debido que el método D’Hont tiende a favorecer a los segundos partidos, la tendencia general es hacia un balance entre las dos fuerzas políticas más grandes, lo cual evita la consolidación de una mayoría parlamentaria. Esto favorece también la instauración de oposiciones anti-sistema, que en lugar de fomentar la negociación con otras bancadas, sólo buscan bloquear las propuestas de sus rivales, generando coyunturas de inamovilidad legislativa e ingobernabilidad. Asimismo, la carencia de umbrales favorece la generación de cocientes electorales más bajos, generando el incentivo para que participen partidos muy pequeños, fomentando así la atomización del sistema. El tipo de circunscripciones utilizadas en el país también genera efectos estructurales. Dado que los distritos más grandes generan ma-

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yor proporcionalidad, éstas también fomentan la dispersión. En el caso del distrito de Guatemala y la Lista Nacional (19 y 31 candidatos respectivamente), el alto número de curules a repartir fomenta el multipartidismo fragmentado. Esto sucede ya que en el caso de la Lista Nacional, un partido puede ganar un escaño con menos de un 3% de los votos nacionales, generando el incentivo para la multiplicación de las agrupaciones políticas, lo cual se vio materializado con la participación de 15 agrupaciones en las pasadas elecciones legislativas. Todo ello condiciona la consolidación del sistema de partidos, ya que la formación de nuevas fuerzas se realiza con extremada facilidad debido a que el mismo sistema favorece a los partidos pequeños. De tal forma, se puede argüir que un sistema con circunscripciones de menor tamaño favorecería la concentración de las fuerzas y la institucionalización partidista. El sistema de candidaturas por lista también ejerce una influencia significativa. Las listas cerradas incitan que el elector desconozca a sus representantes, ya que el sufragio se ejerce en función al partido y no al candidato. Dado que el diputado depende de la posición en la lista para resultar electo, su lealtad queda condicionada hacia el partido y no hacia su elector, generando una ‘partidocracia’ legislativa. Una vez electos, los diputados votan en bloque y responden a los designios de sus jefes de bancada o sus secretarios generales, y no a los intereses de su distrito y sus electores, lo cual constituye una aberración a cualquier principio democrático. Tomando en consideración que el ordenamiento de las listas es definido por el órgano central de los partidos, se reduce la potestad las Asambleas Departamentales de nominar a los candi-

Las listas cerradas incitan que el elector desconozca a sus representantes, ya que el sufragio se ejerce en función al partido y no al candidato.

datos para cada región. Y dado que las primeras posiciones en las listas son las más favorables para que un candidato resulte electo, se generan competencias al interior de los partidos para obtener dichos espacios. Todo ello fomenta el clientelismo intrapartidario, las relaciones de patronazgo entre los ‘dueños’ de los partidos y los aspirantes a tales puestos, así como la ‘compra’ de los escaños más altos de las listas. Indirectamente, también se induce al transfuguismo, ya que los candidatos buscan mejorar sus posibilidades electorales cambiándose a partidos que ofrecen mejores posiciones en sus listados. Todas estas variables limitan la descentralización y la consolidación institucional de los partidos. La aplicación de los teoremas económicos de Opción Pública también pone de manifiesto algunas disfuncionalidades en la elección de diputados. Considerando que las fórmulas para convertir votos en escaños propias de los modelos proporcionales tienden a ser complejas, se genera un caso típico de ignorancia racional. Es decir, el costo de la información sobre cómo opera el sistema electoral, cómo funcionan las circunscripciones electorales o cómo funciona la fórmula de repartición de escaños es muy alto, por lo que el votante promedio racionalmente opta por mantenerse ignorante respecto a la funcionalidad del sistema. Este mismo fenómeno se replica con la información de candidatos y sus partidos. Dado que el voto se ejerce por medio de listados y no directamente hacia un candidato, el votante carece de los incentivos económicos para informarse sobre las personas a quienes entregará su voto, lo cual provoca un desconocimiento generalizado entre la población sobre sus representantes.

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Como la ciudadanía no conoce a sus diputados, no se genera un costo político para aquellos que cometen faltas o delitos, que aprueban decisiones contrarias al bienestar social o que sencillamente no cumplen con sus ofrecimientos. En otras palabras, la ignorancia racional generada como consecuencia de las listas y de las fórmulas electorales se convierte en una ausencia de controles ciudadanos hacia sus representantes, quienes operan bajo un esquema de incentivos perversos en los que su interés de reelección prácticamente no se ve afectado si atentan contra el bien común. En cambio, los grupos de interés sí tienen el incentivo para estudiar a fondo la funcionalidad del sistema electoral, calcular escenarios sobre la distribución de escaños o cómo desarrollar una estrategia política en función al tamaño de las circunscripciones, ya que de esto depende su interés de obtener espacios de poder dentro del legislativo. Al final de cuentas, la sumatoria de estas variables generan que los beneficios del conocimiento del sistema se concentren entre los pocos individuos que pueden conocer y aprovecharse del sistema, mientras que los costos sociales de ello se dispersen entre la masa de votantes, racionalmente ignorantes Este sistema también favorece el intercambio clientelar de votos y favores (logrolling en inglés), ya que uno de los fines del sistema proporcional es evitar la formación de mayorías y promover la negociación. En lugar de generarse negociaciones amparadas en intereses políticos, las bancadas ‘subastan’ sus votos a cambio de participación en obra pública, asignación de recursos para distritos o entidades de interés partidista, contratación de personal, o intercambio de votos para iniciativas futuras. Además de ello, considerando que los sistemas de lista fomentan la lealtad del diputado hacia el partido y no hacia su elector, las transacciones de logrolling tienen un menor costo, ya que la negociación se produce entre quince jefes de bancada que direccionan a sus colegas y no entre 158 diputados individuales. De esta forma, es más sencillo para los partidos realizar las transacciones de votos con otros grupos políticos.

Como la ciudadanía no conoce a sus diputados, no se genera un costo político para aquellos que cometen faltas o delitos.

Los grupos de interés sí tienen el incentivo para estudiar a fondo la funcionalidad del sistema electoral.

Asimismo, esta concentración de lealtades facilita la labor de los buscadores de rentas, o agentes externos que buscan beneficiarse de los favores clientelares del Congreso. Esto ocurre debido que únicamente deberán influir o capturar al bloque y no a una pluralidad de legisladores individuales para obtener las concesiones que le generen las rentas. Nuevamente, el sistema de listas reduce el costo para los agentes rentistas de buscar sus beneficios patrimoniales, al reducir su campo de actuación a unas cuantas bancadas y no a decenas de diputados. Este fenómeno se replica al interior de los partidos. La competencia dentro de las agrupaciones por obtener puestos más favorables en los listados, genera el incentivo de premiar a aquellos individuos con una actitud más servil hacia la dirigencia nacional, que tengan mayor capacidad de atracción de financiamiento, o que sencillamente posean los recursos para ‘comprar’ sus espacios. Nuevamente, los incentivos perversos intrapartidistas en la búsqueda de rentas atentan contra la institucionalidad de las agrupaciones de representación. La elección presidencial Por otro lado, la aplicación del modelo heurístico a la elección presidencial genera un marco de análisis distinto. Dado que esta elección responde al principio de mayoría absoluta, los contendientes con posibilidades reales se limitan

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Los contendientes con posibilidades reales se limitan a unos 3 o 4 binomios.

a unos 3 o 4 binomios. Si bien en la elección participan más de 10 candidatos, los restantes 6 o 7 que carecen de posibilidades tangibles, lo hacen con el objetivo de posicionar su nombre y su partido de cara a elecciones futuras, o con el interés de generar publicidad asociativa para el partido y así impulsar las candidaturas de diputados y alcaldes con mayores posibilidades en las elecciones legislativas y ediles. En materia de percepciones, la elección presidencial genera una sensación de escasa representatividad ya que los votantes del candidato perdedor no ven su preferencia transformada en espacios de poder. Por ejemplo, si un candidato obtiene la victoria con el 51% de los votos, para el restante 49% de electores su voto no contó en términos prácticos. A esto se le suma que en la primera vuelta se eliminan presidenciables que obtienen hasta un 20% de los sufragios, lo que explica una de las razones por las que en el balotaje el abstencionismo aumenta casi un 10%. Pero a diferencia de lo que sucede con la elección legislativa, la elección presidencial genera mayor identificación entre votante y candidato, ya que el elector entrega su sufragio directamente a un candidato individual sin tener que pasar por filtros como las listas o la fórmula de conversión. Si bien el principio de elección por mayoría absoluta políticamente es poco representativo, el

La elección presidencial genera mayor identificación entre votante y candidato.

análisis económico nos dice que es el que menores externalidades genera en comparación con la elección de los gobiernos locales y, sobre todo, del organismo legislativo. De acuerdo con el marco teórico desarrollado por James Buchanan y Gordon Tullock (1962) las decisiones colectivas de trascendencia social deberían aspirar a buscar la unanimidad o amplias mayorías, ya que los costos negativos de cualquier disposición recaen principalmente en aquellos actores cuyos intereses y opiniones no se vieron reflejados en la decisión final. Sin embargo, el costo de obtener la unanimidad o amplias mayorías es extremadamente alto, por lo que el sistema de elección más eficiente debe aspirar a obtener un balance entre la búsqueda de la unanimidad y la reducción de los costos de obtener esa unanimidad. Es por ello que la mayoría absoluta (50% +1) constituye el mecanismo más eficiente para la consecución del balance ideal antes expuesto. No obstante, un análisis más profundo también permite dilucidar algunos fallos sistémicos detrás del principio de elección por mayoría absoluta. En primer lugar, la historia de los procesos electorales ha demostrado que ningún candidato ha podido alcanzar de forma natural el 50% +1 en la primera vuelta, por lo que la mayoría absoluta se logra de forma ‘artificial’ a través de una segunda vuelta que limita la oferta electoral y reduce la representación. Por ello, muchos votantes se encuentran en la disyuntiva de tener que elegir entre dos candidatos que no son de su predilección, por lo que nuevamente se genera un escenario de ignorancia racional, ya que al no participar un candidato que represente los intereses de un determinado votante, éste tendrá aún menos incentivos de informarse acerca de los dos candidatos participantes. En segundo lugar, tradicionalmente los candidatos que alcanzan la segunda vuelta son aquellos que presentan el mayor despliegue mediático y que cuentan con mayores recursos. Por esta razón, los participantes de la segunda vuelta son una presa más fácil para ser capturados por los buscadores de rentas. Si bien todos los candidatos parecieran estar propensos a ello, la propensión entre los candidatos del balotaje aumenta

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autoridad edil y el ciudadano.

significativamente debido a la mayor cantidad de recursos que requieren para los últimos 60 días de campaña. En tercer lugar, la segunda vuelta fomenta que se desarrollen los postulados del Teorema del Votante de la Mediana. De acuerdo con este axioma, los votantes del centro político son quienes realmente deciden una elección, lo cual genera una tendencia en la que las posiciones de los dos candidatos del balotaje convergen hacia el centro, en detrimento de sus postulados originales. Esto explica la razón por la que durante las segundas vueltas los partidos moderan sus posturas e incluso abandonan sus propuestas más radicales en un intento de afianzarse los votos del votante del centro del espectro político. Y esto también pone en evidencia que la consecución de la mayoría depende casi exclusivamente de aquellos ‘dictadores’ de la mediana, que en gran medida son ciudadanos presas del fenómeno de “ignorancia racional”. La elección de autoridades locales Finalmente, en el caso de la elección de autoridades locales, ésta se adscribe al sistema de mayorías relativas, ya que el candidato que obtiene más votos, gana la jefatura edil. Este diseño institucional es todavía menos representativo, ya que un candidato puede resultar electo con 25% o menos de los votos, tal y como sucedió en más de 20 municipios en la pasada elección. Considerando que 3 de cada 4 votantes no favorecieron al candidato ganador, es evidente que este sistema es poco representativo y explica –en parte- la razón por la que los resultados municipales son los más controvertidos y los que generan mayores expresiones de inconformidad y violencia. A esto hay que agregarle que la elección del Consejo Municipal sigue los mismos principios utilizados para la elección del Congreso, por lo que todos los efectos negativos de este sistema también aplican al nivel local. Sin embargo, lo que hace todavía más alarmante esta situación es el hecho de que las encuestas demuestran que la elección de gobierno local es la más importante de todas, dada la cercanía entre la

La segunda vuelta fomenta que se desarrollen los postulados del Teorema del Votante de la Mediana.

La elección del Consejo Municipal sigue los mismos principios utilizados para la elección del Congreso.

¿Es momento para un eventual rediseño de la arquitectura electoral del Estado? Los conceptos anteriormente esbozados deben convertirse en el punto de partida para promover una propuesta de reforma al modelo de representación en Guatemala. Si el sistema de representación proporcional de minorías en distritos plurinominales muy grandes ha engendrado un sistema de partidos poco institucionalizados, ¿por qué no planteamos la necesidad de reformar la base de representación de distritos? Una opción sería aumentar la cantidad de población por diputado, de 80,000 a 150,000 personas; aunque esta opción sólo retardaría un inevitable aumento exponencial en el tamaño del Congreso y de las circunscripciones. Otra opción, que requiere de una reforma constitucional, podría ser modificar sustancialmente la conformación de los distritos. En lugar que cada departamento constituya por sí mismo un distrito electoral, se podría reformular para que los distritos se diseñen en función a núcleos poblacionales con una cantidad de habitantes predeterminada, similar al modelo que se utiliza en Estados Unidos. Si bien esto podría dar lugar a diseños arbitrarios de distritos –práctica que en la Ciencia Política se conoce como gerrymandering-, este sistema permitiría predeterminar un número fijo de diputados al Congreso y el tamaño de las circunscripciones electorales. Si no se quiere abordar el tema por la vía de las circunscripciones electorales, otra posibilidad es hacerlo a través de modificaciones en cuanto al tipo de candidatura. Dado que el modelo actual de listados cerrados favorece la partidocracia y la elección de representantes ‘desconocidos’, una opción sería establecer el modelo de ‘listas abiertas’, en el cual el ciudadano tiene la potestad de reordenar los listados preestablecidos por los partidos, o incluso, votar individualmente por los diputados que considere sin restricciones partidistas, en función a la cantidad de diputados a elegir por distrito. Si bien ambas opciones aumentan los costos de información –generando un escenario de ignorancia racional-, también constituye una alternativa

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viable para romper con la dictadura de los partidos en la selección de candidatos. Otra alternativa sería modificar la fórmula de conversión de votos en escaños. El modelo actual, basado en la fórmula D’Hont, favorece la dispersión de escaños a partidos con bajos porcentajes de votos. La implementación de fórmulas como Saint Lague o Hare-Niemeyer, podría evitar que partidos poco votados obtengan escaños en distritos grandes (Lista Nacional, Central, Metropolitano, Huehuetenango), lo cual fomentaría la concentración en los partidos más grandes, combatiendo así el multipartidismo fragmentado que caracteriza el sistema electoral. Otra opción podría incluir la incorporación de un umbral o barrera legal del 10% para el Listado Nacional, generando así el mismo efecto concentrador. Otros incluso quisieran considerar la opción de modificar el principio de representación: abandonar de entrada la proporcionalidad que engendra multipartidismo, y adoptar mejor el principio mayoritario, que en otras latitudes genera tendencias bi o tripartidistas. No obstante, la implementación de un modelo mayoritario no sólo requeriría una rotunda modificación de todo el modelo electoral, sino que además se genera como externalidad negativa el hecho que siempre serán los partidos con mayor financiamiento quienes cuenten con las escasas oportunidades de triunfar en la contienda. Esta variable, en el contexto de un modelo electoral en el que el influjo de recursos espurios crece exponencialmente, llevaría al país a hipotecar la democracia ante grupos emergentes de poder económico, entre ellos, el crimen organizado.

Guatemala se encuentra en una encrucijada; su modelo electoral ha demostrado que se encuentra excesivamente desgastado.

Las ideas esbozadas en los párrafos anteriores no pretenden generar una propuesta de reforma electoral. Más que eso, lo que se pretendió es enunciar algunas variables que deben considerarse al momento de abordar un tema tan complejo como lo es el diseño de los sistemas electorales. Guatemala se encuentra en una encrucijada; su modelo electoral ha demostrado que se encuentra excesivamente desgastado y que es necesario iniciar un proceso de análisis que desemboque en una reforma estructural. Es entonces el momento para que las élites políticas, académicas e intelectuales empiecen a colocar sobre la mesa las variables a considerar y las propuestas a debatir. (*) Director de la Unidad de Gestión Pública de CACIF. Licenciado en Ciencia Política, graduado Summa Cum Laude, por la Universidad Francisco Marroquín. Bibliografía: Buchanan, J. y Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Estados Unidos: University of Michigan Constitución Política de la República de Guatemala. Di Tella, T. (1985). Sociología de los Procesos Políticos: Una perspectiva latinoamericana. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editorial Latinoamericano. Duverger, M. y Sartori, G. (1998). Los sistemas electorales. San José, Costa Rica: IIDH-CAPEL. Fundación Soros (2007). Informe Final: Análisis Electoral 2007. Guatemala, Guatemala: Fundación Soros. Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nohlen, D. (1998). Sistemas electorales y partidos políticos. México, D.F., México: Fondo de Cultura Económica.

G e n e r a n d o

F u t u r o