El CACIF y las Cámaras y Asociaciones Empresariales que la integran, por la demanda ciudadana por transparencia y ante la necesidad de que se tomen medidas concretas e inmediatas para un efectivo combate a la corrupción,
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, requerimos una respuesta concreta y seria de lo que está ocurriendo en los siguientes expedientes y contratos, que han sido objeto de amplio cuestionamiento: -
El contrato para el servicio de modernización del registro y documentación del control migratorio
-
La adjudicación para la construcción y operación de la nueva terminal de combustibles en el Aeropuerto La Aurora.
-
Adquisición de líquidos para la limpieza del lago de Amatitlán
-
Las subastas de dos frecuencias radioeléctricas del Estado llevada a cabo por la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT-
-
Compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud Pública.
-
La adquisición de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo Social MIDES-
-
Los contratos del Ministerio de Gobernación por la compra de cámaras de vigilancia, infraestructura de cárceles y mantenimiento a helicópteros y radio patrullas, entre otros.
-
Todas aquellas denuncias formuladas en contra de otros Ministerios, como el de Energía y Minas, Cultura y Deportes, Secretarías de estado, como el caso de los gastos de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República y las adquisiciones para la Industria Militar.
En los casos en que corresponda, pedimos la inmediata declaratoria de lesividad de los contratos públicos. En los otros casos en que haya habido violación a la ley y a los procedimientos administrativos para favorecer la corrupción, se investigue, se determine responsabilidades y se inicien los procesos judiciales correspondientes.
AL ORGANISMO LEGISLATIVO, cuya actuación en los últimos cuatro años ha sido ineficiente, irresponsable y contrario a los intereses de la población, exigimos la aprobación urgente de modificaciones a las leyes relacionadas con temas de transparencia, tales como:
Ley Orgánica de la SAT Ley de contrataciones del Estado Ley Electoral y de Partidos Políticos Ley Orgánica del Ministerio Público Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Ley de Probidad Ley de Amparo Reformas al sector justicia
En cada uno de estos temas, es importante anunciar que estamos trabajando nuevas propuestas, concretas y específicas, para lograr cambios estructurales. También consideramos fundamental que éstas sean compartidas y discutidas con diversas entidades organizadas de la sociedad.
AL ORGANISMO JUDICIAL, el pronto diligenciamiento de los casos que están conociendo en contra “La Línea”, y en su caso las condenas a aquellos que resulten responsables, sean funcionarios públicos o empresarios. En este sentido, recalcamos nuestro llamado a que se denuncien y procesen los empresarios involucrados en estos hechos.
Al TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, que en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ejerza la más estricta supervisión y control sobre los partidos políticos en lo relativo a los techos de campaña, a los gastos efectuados en la precampaña y otras regulaciones referidas al financiamiento de estas instituciones.
En este sentido, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral a ser drástico en la imposición de sanciones a aquellas instituciones que infrinjan las disposiciones de la ley.
A estos llamamientos sumamos el reclamo por la inmediata supresión de toda plaza fantasma; la investigación, proceso y castigo efectivo de los funcionarios que han sido señalados de corrupción; la investigación de otras estructuras criminales que operan en el Estado, particularmente en los Puertos, Aeropuertos y Aduanas; y finalmente la denuncia y persecución de aquellos empresarios que estén involucrados en actos de corrupción y contrabando. Demandamos se tomen acciones en estos temas con carácter inmediato.
Concluimos este pronunciamiento, señalando nuestra preocupación por la falta de cumplimiento de las fuerzas de seguridad en su función de resguardar el orden y el estado de derecho, en varios casos acaecidos en el interior de la República, en los que se han cometido delitos flagrantes. La inacción y el incumplimiento de deberes, aparte de generar responsabilidades administrativas y penales, están ocasionando graves consecuencias sociales y una mayor ingobernabilidad en el país. Demandamos la actuación inmediata, siempre en el marco de la ley, de nuestras autoridades en estos y otros casos.
Guatemala, 19 de mayo de 2015