En momentos en los que la ciudadanía reclama cambios y decisiones políticas importantes para el país MANIFIESTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1. Que el sentido de hacer hoy una reforma política es atender al llamado de los guatemaltecos para poner fin a una estructura de clientelismo, corrupción y control patrimonial del Estado, que priva en el sistema de partidos políticos en Guatemala. Toda reforma debe girar en torno a medidas específicas y concretas que aseguren la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. 2. Hemos propuesto temas concretos para atender esa reforma política del país que la ciudadanía reclama. Estos temas son: a. Reducir el número de diputados. b. Asegurar la democracia interna de los partidos políticos, por medio del voto secreto en las asambleas. c. Permitir que el ciudadano elija libremente a sus representantes en los listados nacional y distrital, sin la imposición de un listado pre ordenado por los partidos políticos. d. Dotar al Tribunal Supremo Electoral, por medio de normas que contengan castigos efectivos y ejemplares, de la capacidad sancionatoria para hacer cumplir la Ley Electoral y de Partidos Políticos. e. Ampliar la participación ciudadana al permitir que los comités cívicos departamentales propongan candidatos a diputados, siempre con los debidos controles legales. f. Mejorar los controles y la fiscalización del financiamiento de partidos políticos, por medio de procedimientos que, de acuerdo con la Constitución y las leyes respectivas, aseguren conocer la procedencia y destinos de los recursos públicos y privados que ingresan a los partidos políticos. g. Eliminar el transfuguismo en los partidos políticos. Sin embargo, entendemos que hay tres adversarios de una buena reforma política: • • •
Postergar la aprobación de los cambios a la Ley. Agregar elementos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción. Poner trabas legales a su entrada en vigencia.
Intentar recurrir a cualquiera de los factores citados, solo puede deberse a un intento de responder a intereses específicos o particulares, o al deseo de que la situación actual continúe de la misma manera.
Dados los señalamientos y conclusiones presentados en el informe de la Cicig sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, se hace indispensable la aprobación de una reforma profunda, que contenga normas que atiendan la necesidad de la transparencia y el saneamiento del financiamiento político en Guatemala. Serán los partidos políticos los responsables de que se logre una reforma en este sentido. AL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA Les reiteramos el apoyo del sector empresarial organizado al trabajo que han venido efectuando, así como a las personas que dirigen estas instituciones, la Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez. AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL: Que aplique con todo el rigor la normativa de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en lo relacionado a los techos de campaña, al control del financiamiento de partidos políticos y la sanción de las infracciones a las normas electorales. A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Que de acuerdo con el principio de justicia pronta y cumplida, y atendiendo a su responsabilidad como magistrados, resuelva inmediatamente y de conformidad a derecho sobre el trámite de los antejuicios que han sido presentados para su conocimiento.
A LA CIUDADANÍA: Reiterar que la lucha contra la corrupción no se agota únicamente con los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y por ello es necesario continuar la demanda por cambios en las normativas de Compras y Contrataciones, Servicio Civil y de la Carrera Judicial. En este sentido es importante señalar de nuevo que ningún esfuerzo se ha hecho desde esta administración para transparentar los procesos de compras y contrataciones, así como los de adquisiciones públicas. Ejemplo grave de ello es lo que acontece, entre otros, en los sectores como la salud y la educación, donde fondos públicos, que deberían invertirse para atender necesidades básicas, se destinan para adquisiciones y convenios poco transparentes que reflejan un alto grado de corrupción y un uso perverso de los fondos públicos. Guatemala, 29 de julio de 2015