Ensayos sobre el post-acuerdo. ¿Es el fin del conflicto?. by CamiloGarcia_GraphicDesigner

ENSAYOS SOBRE EL POST-ACUERDO Â¿Es el fin del conflicto?

DEDICATORIA Esta obra está dedicada al ilustre compañero Nelson Raúl Fajardo Marulanda, por toda una vida de compromiso para con la sociedad civil y su espíritu revolucionario; hombre de humildad inconmensurable que nunca ha claudicado en su empeño de construir una sociedad más justa, sin hambre, miseria, pobreza, desempleo; guerrero inmortal que nunca entregó su arsenal académico para ponerlo al servicio de alguna tiranía; luchador valeroso que, igual que Prometeo, robó el fuego sagrado de los dioses para entregárselo a los hombres y llenarlos de sabiduría.

Armando Lugo Gonzalez

-SIPRUD(Sindicato de Profesores de la Univesidad Distrital)

Ensayos sobre el post-conflicto. ¿Es el fin del conflicto?. Con el apoyo de: Sindicato de Profesores de la Universidad Distrital (SIPRUD) Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018. 268 páginas ; 17 x 24 cm. ISBN 978-958-8897-42-4 Ficha catalografica

© Universidad Distrital Francisco José de Caldas © División Académica y Científica del SIPRUD. © Nelson Raúl Fajardo Marulanda & Armando Lugo González. Primera edición, Noviembre de 2018 ISBN: 978-958-8897-42-4

Dirección Sección de Publicaciones: Rubén Eliécer Carvajalino C. Corrección de estilo: Bernardo Congote Ochoa. Diagramación: Camilo Andres Garcia Arias. Diseño Gráfico: Camilo Andres Garcia Arias. Editorial UD: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carrera 24 No. 34-37. Teléfono: 323 93 00 ext. 6202 Correo electrónico: publicaciones@udistrital.edu.co

ÍNDICE Pág 01

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO

I II

Pág 11 La sociedad civil en el postconflicto Colombiano. Rafael Jiménez.

Pág 51 El Postconflicto en Colombia: Una Utopía. Eusebio Avendaño Avendaño.

Pág 79

III

El papel de la Unión Europea y de los Estados Unidos como antecedente del desarrollo rural integral en Colombia durante los gobiernos de Pastrana y Alvaro Uribe. Diego Armando Romero Pinedo.

Pág 113 Derechos humanos y paz: Entre la complejidad y el sentido común. Manuel Humberto Restrepo Domínguez.

Pág 145

Pág 197

VII Pág 259

Los problemas estructurales de la paz. Armando Lugo González.

El modelo de desarrollo extractivista y los acuerdos de paz. Gustavo Tabares Ramirez.

Pág 223 Un intento de balance del proceso de paz en Colombia (2012 a 2017). Nelson Raúl Fajardo Marulanda.

EPÍLOGO

INTRODUCCIÓN Este es un libro polémico. No solo porque los temas tratados son un tanto espinosos, sino porque, además, son vistos desde las particularidades epistémicas de cada uno de los autores y, en este sentido, se presenta a la sociedad como suma de diversos puntos de vista, susceptibles de ser analizados, cuestionados e incluso incluidos como políticas públicas del post-acuerdo. Por supuesto que en el texto no se tocan sino algunos tópicos que pueden surgir en el post-acuerdo. Somos conscientes de que la contingencia del mundo hace que cada día emerjan nuevos elementos y retos tanto para la sociedad civil, como para la sociedad política (Estado), algunas veces predecibles y en otros insospechados. Para el caso que ocupa, se trataría de los nuevos escenarios que se generaron a partir de los acuerdos de La Habana (diciembre 2016). En estos momentos hay expectativa escéptica por los acontecimientos por venir, así como por la forma en que se van a resolver las diferencias históricas existentes en la estructura social y económica del país. Estas soluciones conviene que surjan desde el seno de la sociedad civil, con base en diseños políticos vinculantes que impacten positivamente la estructura socioeconómica de la sociedad. Con otras palabras, las soluciones se formulan en el terreno de lo ideológico-político, pero se materializan en la estructura.

Sin lugar a duda el camino a seguir exige tomar en cuenta las causas de la violencia en Colombia que se vienen estudiando desde el trabajo de Guzmán, Fals y Umaña (1962), a partir del cual se desató una ola de investigación académica que le ha merecido a sus actores el apelativo de “violentólogos”. Considerándose de esta manera que hay un amplio panorama de conocimiento al respecto, ahora el reto es dar un giro a la cultura anonímica de la nación para romper con el conflicto normativo de la sociedad colombiana. Para ello se debe comenzar, como lo advierte Reyes Morris,1 por romper con el marginamiento y la exclusión de sectores sociales que han creado sus propias normas o han adoptado las que les ha parecido convenientes porque les permite su supervivencia; diseños explicados por la relativa incapacidad del Estado de hacer presencia efectiva con su institucionalidad en todo el espacio geopolítico, incluso, cohonestando estas prácticas que han llevado a generar una especie de poder paralelo que ha llegado al extremo de crear sistemas alternos de algo susceptible de ser denominado como “seguridad” 2 y “justicia” . Por consiguiente, para ser garantes de los derechos ciudadanos y, al tiempo beneficiarios de ellos, como primera medida debemos respetarlos. Teniendo presente que el individuo es la clave de cualquier organización social, al tenor de Cortina3 se puede decir, que la justicia es el fundamento del Estado

El conflicto normativo es la expresión de una cierta incapacidad de un grupo social para establecer un conjunto de referentes normativos que sean válidos para todos los asociados. Reyes, V. (2.016). La Anomía, espacios, tiempos y conflictos anonímicos. Análisis de casos. Bogotá, Aurora. 2 Aguilera, M. (2003) Contra Poder y Justicia Guerrillera, fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1.952-2.003). 3 Entre los presupuestos morales del Estado social de derecho se considera que la satisfacción de ciertas necesidades básicas y el acceso a ciertos bienes fundamentales para todos los miembros de la comunidad es una exigencia ética inevitable para el Estado. Cortina, A. (1.995). “Presupuestos morales del Estado social de derecho”, en Motta, C. (comp.) Ética y conflicto lecturas de una transición democrática, Bogotá: Universidad de los Andes.

social de derecho, que no es igual que el Estado de bienestar. Entendiendo que el primero debe ser procurado por un Estado que se pretenda legítimo, el segundo es el construido por los ciudadanos por su cuenta y riesgo mediante el supuesto de que todos colaboran según sus expectativas y posibilidades. De esta manera se puede decir, que una sociedad civil solidaria y organizada hace posible el Estado social de derecho. Por lo tanto, los colombianos deben comenzar por dejar de sentirse ajenos al problema y asumir su corresponsabilidad social. De esta forma el cambio comienza desde el interior de cada individuo y si cada átomo social se decide a asumir un comportamiento moral, sabrá resolver los conflictos intersubjetivos que inevitablemente se presentan en la vida en comunidad, pues al no estar regulados jurídicamente, deben ser resueltos por la acción comunicativa. También propone Honneth, que, al participar de esta esfera de interacción4 de saber compartido e interiorizado, se logra regular los comportamientos y el respeto a las normas a través del mutuo reconocimiento5. Por otra parte, está la acción del Estado que debe dejar de recurrir exclusivamente a los métodos violentos y asumir, mediante el incentivo a la acción participativa ciudadana, políticas de intervención social que hagan realidad la filosofía del Estado social de derecho expuesta por Heller. Los hechos evidencian que en Colombia por medio de la represión y la exclusión no ha

Honneth considera que, en el caso de los conflictos intersubjetivos se espera de los individuos se separen de sus obligaciones de rol existentes hasta el momento y vínculos normativos para orientarse en sus decisiones según el principio de la facultad de aprobación generalizable. Honneth, A. (2.014). El derecho de la libertad esbozo de una eticidad democrática. Madrid: Katz. 5 La conjunción de derechos puede ser comprendida como condición institucional de la posibilidad de formarse mínimamente a la luz de la multiplicidad de ideas de valores que compiten entre sí, con la propia convicción respecto de qué clase de vida no se quiere llevar. Honneth, A. Cit. 4

sido posible eliminar la acción armada y violenta de los grupos al margen de la ley; incluso se aprecia hoy en día un desborde de la delincuencia que coloca en tela de juicio las estrategias de seguridad implementadas. Por ello se requiere con urgencia un cambio de actitud por parte de la base social tanto como de la clase dirigente y se aborde un poder político que considere a cada individuo como portador de derecho-deberes irreductibles 6. De esta manera se podría pensar en la idea de legitimidad producto de la aceptación por parte de la población de las acciones de los poderes del Estado, anclándose así el poder en la sociedad. Encaminándose precisamente el postulado de Rafael Jiménez Vega en este aspecto, al estudiar la evolución del Estado colombiano y de la sociedad civil, utilizando para ello como marco teórico el formulado por Antonio Gramsci, dividiendo para ello en bloques históricos la historia colombiana determinando para su estudio, en primer lugar, la Colonia; en segundo lugar, la República del siglo XIX surgida después de la independencia y, finalmente, su evolución en el siglo XX. Se plantean así hipótesis según las cuales el proceso constitucional de 1.991 significó un punto de quiebre al perder la hegemonía los partidos tradicionales liberal y conservador, iniciándose en consecuencia un cuarto bloque histórico en el que se aumenta la participación y la beligerancia de la sociedad civil; lo anterior habría creado alternativas que permiten dirimir los conflictos surgidos con la administración pública, siendo precisamente consecuencia de ello el surgido con los grupos al margen de la ley. Después de este análisis histórico, el texto presenta el pronunciamiento de Eusebio Avendaño Avendaño, criticando la ausencia de memoria histórica

Esta concepción individualista, para Rosanvallon es un requisito indispensable del Estado de Derecho. Rosanvallon, P. (2.004). La legitimidad democrática imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos Aires: Manantial.

característica de los colombianos, especie de analfabetismo histórico que, junto con otras razones que expone, considera que el postconflicto en Colombia es una utopía. Esta indiferencia invisibiliza hechos atroces de violencia sociopolítica provocados no solo por grupos al margen de la ley, sino también por el Estado que, evidentemente en no en pocas oportunidades ha favorecido la violación del derecho. Tales serían, entre otros, los casos del Holocausto del Palacio de Justicia y de atrocidades acontecidas en Mapiripán, o El Aro o la Granja. Por ello es necesario hacer memoria para enfrentar una y otra vez a la infamia con la esperanza de vencerla, denunciando la barbarie para anunciar tiempos y espacios de vida digna. Esto implica hacer remembranza de la tragedia griega para hacer un paragón con la colombiana, denotando cómo los colombianos a lo largo de su historia se han venido matando entre hermanos, pudiendo solucionarse estas prácticas creando escenarios de justicia, verdad y memoria. Adicionalmente se deben crear mecanismos que solucionen la desigualdad e inequidad características de la sociedad colombiana, buscando soluciones de fondo a las causas de injusticia y no simplemente acudiendo a la coerción. Por eso Avendaño concluye que los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP no significan el fin del conflicto armado en Colombia, sumando a las razones antes mencionadas la indiferencia y polarización del pueblo colombiano, la persistencia de hechos violentos por parte de grupos armados ilegales como del Estado y el hecho de la violencia que genera la explotación minero-energética, surgiendo la necesidad de pensar modelos de desarrollo sostenibles. Aunándose a esta situación la cooperación extranjera, Diego Armando Romero Pinedo enfatiza en la brindada por la Unión Europea que trabaja de manera conjunta con el aparato institucional colombiano sin necesidad de la intervención militar, versus la estadounidense que tiene un enfoque coercitivo sobre todo orientado a combatir el narcotráfico. La norteamericana es una cooperación que tiene la particularidad de estar enmarcada en un contexto del conflicto armado, mediante la cual se ha buscado le-

gitimar las acciones de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, logrando modificar con su política exterior la actitud de los agentes cooperantes según la agenda política del país. Por consiguiente, en este aparte, Romero realiza un estudio comparado entre las estrategias de cooperación definiendo como han afectado el sector rural desde el año 1.999 hasta la actualidad y la forma como ha incidido en el desarrollo del campo. Por su parte, Manuel Humberto Restrepo Domínguez propone iniciar tareas de reunificación del Estado-Nación, haciendo de lo firmado en La Habana una guía hacia el reconocimiento del ser humano en toda su extensión, empoderando sus capacidades y brindando oportunidades para vivir con dignidad. Porque la paz se construye alcanzando un ideal de derechos y de igualdad, olvidando la idea de aprender a sobrevivir entre las precariedades y amenazas o en medio de las carencias y humillaciones. Considérese, por consiguiente, que la paz y los derechos son una mezcla compleja por ser, la primera, base de la justicia y, los otros, base de los sistemas de garantías. Por lo tanto, llegar a reconocer la existencia de la guerra en su última fase de medio siglo y apostar por la paz no es solo un asunto político, ni un tema reducido a variables militares, debido a que la guerra ha incorporado todas las dimensiones de la vida, la sociedad y el Estado; fenómeno producto del cual, para iniciar se requiere de la creación de un marco de pluralismo jurídico bajo la perspectiva del respeto a los derechos humanos. De esta forma nos zafaríamos del sistema predatorio y patriarcal que ha acompañado la historia colombiana conformando estructuras que han sido el pilar central de la guerra interna; se trata de convertir la participación política y social en fórmula de inclusión para reconstruir reglas que permitan convivir, eliminando prácticas que segreguen y fragmenten socialmente. En definitiva, se considera que el problema de la paz reside en el carácter estructural que ha tenido el conflicto y que, por lo tanto, no resultaría pertinente hablar de posconflicto cuando la movilización continua tiende a extenderse y profundizarse materializada en demandas sociales, culturales y económicas.

Precisamente estos problemas estructurales de la paz son estudiados por Armando Lugo González quien, sin caer en análisis economicistas, lanza la tesis de que el proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP mitiga la violencia política, pero descuidaría que, gran parte del fenómeno de la violencia es de orden estructural, causando problemas como desempleo, hambre, miseria, entre otros. Todo lo anterior como producto de una estrategia de desarrollo que centra su interés en el crecimiento económico, como es el neoliberalismo, propiciando la consolidación de asimetrías sociales excluyentes. A esto le adiciona el autor, que Colombia es un país con una amplia tradición de violencia política y social producto de las luchas por el poder del Estado, terminando por profundizar las condiciones marginales de muchas personas. Para desarrollar este postulado inicialmente contextualiza el origen y el desarrollo del grupo guerrillero FARC-EP, para después analizar los seis puntos que comprendieron los acuerdos del proceso de paz. Concluyendo de la mano de Gramsci, que los problemas estructurales siguen vigentes porque no se negoció la estrategia de desarrollo neoliberal y, por lo tanto, en el acuerdo no se proyecta la solución a los problemas estructurales que este genera. Por otra parte, en ensayo considera que el partido político FARC, debe generar un programa político, económico y cultural capaz de permear a la sociedad civil, de tal manera que cambie la correlación de fuerzas vigente, ahora actuando desde adentro. Y, al final, propone que el Estado deba ser el motor y dinamizador de las reformas estructurales que combatan los problemas que originan la violencia, como el hambre, la pobreza, el desempleo, la miseria, entre otros; para terminar, afirmando que, en este escenario, las asimetrías sociales tienden a profundizarse indicando que los factores de violencia van tendiendo a continuar. En cuanto al imperio de un modelo de desarrollo extractivista, surge una oportunidad de darle un giro tras los acuerdos de paz tal como lo describe y analiza Gustavo Tabares Ramírez. Sugiere que con la terminación del conflicto armado se desactivarían focos de delincuencia en los territorios sur-

giendo la idea de que ahora será más fácil el acceso a las áreas previamente afectadas por la guerra: esto es, al tiempo, un riesgo por la amenaza del aumento de la presión extractivista debido a la creciente demanda mundial de minerales y energéticos como el petróleo. Por ello considera que es probable que se amplíen los extractivismos abriendo la posibilidad de que se exacerbe la violencia imbricada en esta forma de producción. De esta forma sugiere la importancia de la democratización ambiental mediante los mecanismos de participación incorporados en la Constitución de 1.991, de los que ya vienen haciendo uso las comunidades afectadas desde el 2.004. El proceso de paz también genera condiciones y la oportunidad para controlar esta problemática con más energía, libertad y pluralidad llegando a hacer posible una transición post-extractivista. Para ello se requiere una presencia efectiva del Estado dejando atrás las herencias políticas y culturales del conflicto y la propia tónica de los gobiernos conservadores, que han hecho que varios sectores sociales acepten como natural un alto nivel de violencia y repetidos incumplimientos de los derechos humanos. Entiéndase en consecuencia, que el Estado debe dejar de militarizar las zonas marginales y en su lugar proteger los líderes locales, a quienes vienen asesinando, llegando hasta el momento a escandalizar las cifras alcanzadas. Por lo tanto, las iniciativas ciudadanas de promover consultas locales se deben impulsar porque contribuyen a democratizar el debate y la toma de decisiones. Al final del texto, Nelson Raúl Fajardo Marulanda realiza un balance del proceso de paz en Colombia (2.012 a 2.017), anotando que el país vive una transición indefinida que se aleja de la apertura democrática deseada. Esto como producto de las decisiones ambiguas acostumbradas por los gobiernos, basadas en el dominio y poder del modelo acumulativo de capitales neoliberal, transnacional y supraestatal. Ello dificulta la pretensión de modernización del Estado de cara al pueblo, debido a los intereses particulares que se convierten en una talanquera que no será fácil de superar. Aunado a esto se aprecia un Estado dependiente del latifundio, la burguesía transnacional y

transnacionalizada, cuyo propósito es la expansión violenta o legal de los capitales. Sin embargo, Fajardo expone aspectos positivos del incompleto proceso de paz, tales como la valorización del campesinado presente en la Reforma Rural Integral que cobija también al indígena y al afrodescendiente. Sin más preámbulo, el libro pretende aportar en el camino que ha de tomar el post-acuerdo, escabroso por demás y lleno de imponderables y grandes retos. Sin embargo, el presente ofrece una oportunidad de construir una Colombia mejor. Los espacios de participación están abiertos y las condiciones históricamente son inigualables para dar un giro a la desigualdad e inequidad social estructural. El nuestro es un llamado a dejar la pasividad y asumir la beligerancia a la que estamos obligados por nuestra condición de ciudadanos. Construyamos un país realmente democrático incluyente en el que la acción comunicativa medie en los conflictos teniendo siempre presentes a los demás antes de actuar. Marzo del 2018.

Armando Lugo Gonzalez

Rafael Jimenez Vega

CAPÍTULO

I LA SOCIEDAD CIVIL EN EL POST-CONFLICTO

COLOMBIANO Rafael Jiménez Vega 7 7

Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, Especialista en Seguridad y Administrador Policial. Columnista del diario La República, Oficial de la Policía Nacional en retiro, experto en Teoría del Estado y Ciencia Política, en Seguridad y Geoestratégica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en Política Exterior, en Teoría de las Relaciones Internacionales y Geopolítica, Urbanismo, Economía Política, así como en historia y conformación del Estado colombiano. Ha publicado artículos científicos en la Revista Opera de la Universidad Externado de Colombia. Docente del Politécnico Gran Colombiano, la Universidad Escuela de Administración de Negocios EAN, la Universidad Militar Nueva Granada y de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional.

INTRODUCCIÓN Estableciendo bloques históricos para estudiar la conformación del Estado colombiano, se determinaron para este análisis los períodos de la Colonia, la República del siglo XIX surgida después de la independencia y, por último, su evolución en el siglo XX. Precisando que, a finales del siglo XX, después de un proceso constitucional que trajo como consecuencia el fin de la hegemonía de los partidos tradicionales liberal y conservador, se inicia un cuarto bloque histórico favoreciendo la participación beligerante de la sociedad civil, creando así alternativas para dirimir los conflictos surgidos con la administración pública merced a los inconformismos que normalmente se presentan en una democracia. Se observa en este recorrido que, en la conformación y evolución del Estado colombiano, la sociedad civil ha permanecido ausente de su estructuración, porque ha sido una clase dominante la que ha impuesto su voluntad, cerrando los espacios a la participación de los diferentes sectores sociales. De esta forma la superestructura político-ideológica ha sido liderada por una reducida fracción de la sociedad imponiendo su poder de dominio mediante la religión y, en muchos momentos, la violencia, todo ello orientado a mantener el statu quo.

Surgen de esta forma interrogantes como:

¿Cómo se conformó el orden social y político desde los inicios en Colombia? ¿Cómo fue que se creó la estructura y superestructura del Estado colombiano? ¿Cuál fue la religión que se impuso en el Estado colombiano y cómo se ejerció dominio en la población a través de ella? ¿Cómo se creó y se impuso una ideología que terminó sometiendo a la población? ¿Por qué se dice que se acudió a la violencia en muchas oportunidades para que la clase gobernante se perpetuara en el poder? ¿Cómo se trasladó y desarrolló ese modelo en el siglo XX y cuál ha sido su consecuencia? ¿Se podría probar que la sociedad civil no participó en la conformación y estructuración del Estado colombiano? ¿En qué momento se termina el tercer bloque histórico y por qué?

Se observa que los medios sociales de producción, incluyendo la tierra, fueron monopolizados por una élite que ha impedido modificar el statu quo. Llámase la atención acerca de que, si nos remontamos a épocas pretéritas, las élites ejercieron el poder mediante el uso directo de micropoderes milita-

res regionales, pues muchos de los terratenientes se autonombraban generales y, eran a su vez, jefes de los partidos políticos. Este escenario condujo a la construcción de una sociedad con profundas asimetrías donde se ha volvió habitual acudir a la violencia y convivir en medio de la delincuencia, ante la incapacidad de un Estado que, de manera patológica, ha evolucionado con el karma de la corrupción a cuestas. Todo ello, impidiéndole cumplir con su labor prioritaria de brindar seguridad y mediar en los conflictos que se generan en la vida comunitaria. Sin embargo, pese a lo anterior, el punto de quiebre que significó la Constitución Política de 1.991, abrió las puertas a un cuarto bloque histórico. Ha hecho posible que la sociedad colombiana pueda dar testimonio de la desmovilización de un grupo guerrillero y contar con la posibilidad de construir en este inicio de siglo, un país en paz y armonía. De esta forma ha surgido la necesidad de replantear el proceso de gobierno y construir nuevos objetos y métodos de poder político. Esta ha sido una formidable oportunidad para que la sociedad civil asuma como garante del contenido ético del Estado y para que la igualdad y la equidad sean posibles. Se ha abierto camino cierta beligerancia esencial que debe contar con la responsabilidad cívica de cada ciudadano, participando activamente en el proceso político y en la construcción moral de la sociedad. Esto quiere decir, que no solo se tienen derechos, sino que estos están acompañados de obligaciones que conducen a ofrecer los talentos propios en beneficio de la comunidad, así como a poner en práctica una acción de reconocimiento propia y de todos los conciudadanos para lograr la aceptación de la especificidad individual respetando las diferencias propias de lo colectivo. A la manera de Popper (2.017, p. 12), se debe construir una sociedad abierta que rechace la autoridad absoluta de lo establecido por la fuerza del hábito y la tradición, para adoptar unas instituciones compatibles con las normas de

la libertad, del sentimiento de humanidad y de la crítica racional. Ahora bien, para coadyuvar a la comprensión del contexto histórico actual de Colombia, sin la pretensión de agotar los análisis y debates frente al tema, se hace necesario sugerir algunas ideas a partir de lo que ha sucedido con la sociedad civil, tomando para el efecto teorías de Gramsci útiles para examinar la coyuntura y proponer algunas conclusiones válidas. Por este conducto se definirán conceptos como el de sociedad civil, sociedad política y hegemonía, entre otros, con el ánimo de sentar los pivotes que sirvan de sustento para fijar posturas frente al tema desde una orilla académica.

Elementos teóricos De acuerdo con la teoría marxista, la estructura socioeconómica es la realidad objetiva donde tienen presencia todos los acontecimientos, mientras que la superestructura es el reflejo de la estructura que atiende a lo ideológico-político. Estos elementos cuya relación es dialéctica, conforman un bloque histórico que, de acuerdo con Gramsci, forman un “bloque histórico”, esto es, el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras como reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción.8 De esto se deduce que sólo un sistema de ideologías totalizador reflejaría racionalmente la contradicción de la estructura y representa la existencia de

Gramsci distingue la ideología desde dos perspectivas: “las ideologías orgánicas y las ideologías arbitrarias”. Las arbitrarias son definidas como “elucubraciones arbitrarias individuales”, pero es evidente que Gramsci, centra su atención en las ideologías orgánicas, concibiéndola como “un “sistema de ideas” especifico, o “una concepción del mundo que está implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida colectiva e individual”. Pero la ideología es más que una concepción de mundo o un sistema de ideas; también tiene que ver con la capacidad para inspirar actitudes concretas y dar ciertas orientaciones para la acción (Larraín, 2.008, p. 108).

las condiciones objetivas para la inversión de la praxis. Si se forma un grupo social homogéneo al 100% en lo que a ideología se refiere, quiere decirse que existen al 100% las premisas para esta inversión, esto es, que lo “racional” es real operativa y actuante. El razonamiento se basa en la reciprocidad necesaria entre estructura y la superestructura (reciprocidad que constituye precisamente el proceso dialectico real).” (Gramsci, 1.976, pp. 67-68). Es importante advertir que la relación dialéctica entre estructura y superestructura, indica que tienen el mismo nivel de importancia ya que las dos se inciden mutuamente; la superestructura es el reflejo de la estructura y además la superestructura es, a su vez, donde se establecen las ideas que conforman la concepción de mundo y la conciencia de la clase imperante que permea a toda la sociedad haciendo que la concepción de mundo sea hegemónica. Otro punto importante, es el paso del momento socioeconómico al político-ideológico o el momento de la catarsis. “…Puede utilizarse el término de ‘catarsis’ para indicar el paso del momento meramente económico (o egoísta-pasional) al momento ético-político, es decir, al momento de la superior elaboración de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombres. Esto significa también el paso ‘de lo objetivo a lo subjetivo’ y ‘de la necesidad a la libertad’. La estructura de fuerzas exteriores que aplasta al hombre, lo asimila, lo vuelve pasivo, se transforma en medio de libertad, en instrumento para crear una nueva forma ético-política, origen de nuevas iniciativas […]” (Gramsci, 1.976, p. 68). En ese instante, entonces, el individuo se libera de su alienación, toma conciencia de sí convirtiéndose en un sujeto político, lo que a su vez genera cambios en la escena política alterándose la correlación de fuerzas al interior de la sociedad. Esto ocurre gracias a que en los diferentes grupos sociales hay intelectuales orgánicos, los cuales no solo dirigen los procesos productivos, sino que, ade-

más, tienen entre sus haberes la responsabilidad de producir el conjunto de ideas que permitan mantener a la clase dirigente en el poder 9. Este escenario es en el que la sociedad desarrolla todas sus acciones, pero también, es donde se llevan a cabo las más cruentas batallas ideológicas y políticas, no solo por la necesidad de legitimar una concepción de mundo para mantener una correlación de fuerzas favorable, sino porque allí se dan las luchas por el control del Estado. Esta sociedad, según Gramsci, está compuesta de dos elementos: la sociedad civil y la sociedad política, las cuales componen la superestructura. La sociedad civil ocupa el mayor espacio de esta y la concibe como la que está constituida por organismos privados, que son los que mantienen la dirección cultural y política de la sociedad. Hay que resaltar, además, que en ella también están incluidos los sindicatos y las asociaciones políticas, por ende, considera a la sociedad civil, como el “contenido ético del Estado”. La sociedad civil, por su disposición en la superestructura, tiene el papel histórico de proponer la ideología de la clase dirigente, ya que de ella hacen parte los intelectuales orgánicos; por lo tanto, ella propone, desarrolla y difunde la ideología del grupo que ostente el poder, articulando a los demás grupos de la sociedad alrededor de un proyecto político, en esta función, echa mano de los denominados aparatos ideológicos del Estado.

Gramsci plantea que los intelectuales orgánicos son aquellos que cumplen una función esencial en el espacio de la producción económica, ya que, dentro de las clases sociales emergen intelectuales que generan homogeneidad ideológica, política y social, a partir de la base económica. En ese sentido, surgen dirigentes de los procesos productivos, educadores, dirigentes sindicales, revolucionarios profesionales, etc.; así mismo, hay que advertir que, para él, todos los hombres son intelectuales, pues propone que los trabajadores materiales, en el desempeño de sus labores, por más repetitivas que sean, requieren algo de creatividad y ejercicio cerebral. (ver: GRAMSCI Antonio, “la formación de los intelectuales”Capítulo I)

A partir de lo anterior, se concluye, que los intelectuales de la sociedad civil tienen la responsabilidad de garantizar la unicidad ideológica de la sociedad, lo que implica que garantiza el carácter hegemónico del proyecto político, económico, cultural e ideológico de la clase en el poder. Ahora bien, como la sociedad política es equivalente al Estado, la asocia a la dominación directa, coercitiva, lo que hace que el Estado en momentos de crisis esté facultado legalmente para disciplinar la población, y por ello a hacer uso legítimo de la fuerza. Lo anterior, no excluye que la sociedad política cumpla una misión coercitiva, no precisamente haciendo uso de la fuerza física, sino por medios jurídicos, ya que la fuerza física es permitida únicamente en períodos donde se presentan desequilibrios en la correlación de fuerzas. Asimismo, como consecuencia de esta postura, dado que el Estado cumple funciones coercitivas de esta forma cumple una función superestructural como extensión de la sociedad civil. Lo anterior permite advertir que como la sociedad política es una prolongación de la sociedad civil, el Estado aparecería como la materialización de una concepción de mundo que unifica la sociedad. La sociedad civil entonces idea el proyecto político, económico, cultural e ideológico del grupo dirigente, el cual se concreta por medio del Estado. En ese sentido, el modelo hegemónico surge en el interior de la sociedad civil y de ahí se amplía a la sociedad política. El Estado en la teoría de Gramsci personifica la necesidad inquebrantable de la clase en el poder por conservar el statu quo. Con él se concreta un determinado momento del desarrollo socioeconómico, donde se realiza un proyecto político del grupo dominante que coloca todos los recursos del Estado a su servicio, ya que, “el Estado representa todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo, una determinada situación.” (Gramsci, 1.985, p. 158).

Compréndase en consecuencia que es la sociedad civil la que construye el Estado. Éste no es el resultado de un gobierno que actúa de manera autónoma, sino el reflejo de la ideología establecida por los intelectuales legitimando las políticas implementadas, conservando así su contenido ético. Es decir, el Estado es la personificación de la sociedad civil que cristaliza fácticamente la dirección cultural y política de la sociedad.

Conformación del orden social y político en la colonia Con este marco teórico se procede a abordar el estudio de la forma como se estructuró el Estado colombiano comenzando con el primer bloque histórico. Desde un comienzo no hubo una acción directa del Estado español, sino que una de las características del descubrimiento, conquista y colonización de la América hispana fue la iniciativa que hizo predominar el esfuerzo privado individual sobre la acción oficial del Estado imperial. Por ello los gastos estuvieron a cargo del individuo que organizaba la expedición, el cual era el líder militar o simplemente el que organizaba la expedición, lo que dificultó dar un orden a las tierras recién descubiertas, predominando en un comienzo el caos y la anarquía (Ots, 1.958, p. 28). Lo que permite colegir, que para los reyes de España tenía más relevancia la economía de los gastos, que las dificultades de carácter político y social que conllevaban los nuevos hallazgos, otorgando por este efecto, especiales concesiones a los empresarios que lograban exitosas campañas. De esta forma la lucha de clases es ganada por la facción social con capacidad de ejercer poder y voluntad sobre la otra. Compréndase que las condiciones empresariales estimularon la rapacidad, compensando mediante ellas las enormes deudas contraídas para la expedición, combinadas con el deseo de ampliar las posesiones. Por ello los jefes expedicionarios saquearon los tesoros de las tierras conquistadas, motivando

la queja de los soldados que mostraban insatisfacción con el reparto; de esta manera, el endeudamiento y la ambición insatisfecha fueron el motor de la conquista, sembrando la semilla de la corrupción y el irrespeto por las instituciones. Fue así como “los señores expedicionarios” conformaron una aristocracia colonial, siendo sus descendientes los que heredaron los privilegios y fortunas que llegaron a superar en varias ocasiones en poderío y riquezas a la vieja nobleza peninsular. De esta manera, se fue conformando el componente social de las colonias creándose una nobleza peninsular que se mantuvo ausente en la etapa de los descubrimientos iniciales pero que, posteriormente, se hizo cargo del orden político y administrativo segregando a los grupos de mestizos y criollos, a los que el derecho indiano situaba en condición de igualdad, pero en la realidad fueron apartados de la vida política y administrativa de las ciudades coloniales (Ots, 1.941, p. 22). De esta manera se conformaron las instituciones en el Nuevo Reino, en las que se daba prelación a la descendencia peninsular, segregando a los nativos americanos. Por lo tanto, lo europeo incluso hasta inicios del siglo XX, tuvo un mayor reconocimiento social que lo creado por las tierras americanas. Esto deja claro que el racismo y la segregación como indica Vela (2.010, p. 22), guardan sus raíces en el colonialismo, porque fue entonces cuando se conformó el germen de una doctrina fundada en la nobleza y civilización del blanco, aborreciendo los llamados “vicio” y “barbarie” de los aborígenes, mediante una estructura jerárquica que establecía las funciones y los lugares que se debía ocupar en la colectividad. Se estableció así el poder político en las asociaciones no enmarcadas formalmente en la estructura funcional de la colonia, regulando los sistemas de producción y el trato a las poblaciones indígenas sometidas, institucionalizando desde este momento los patrones económicos y políticos de los siglos

por venir, tal como lo comenta López (1.985, p. 256). Se evidencia que desde un inicio no se crearon normas que representaran el interés colectivo; en su lugar se dio origen a contradicciones entre la estructura creada y la institucionalidad totalizante instaurada que sólo respondía a las visiones, intereses y prácticas de los grupos particulares que definieron desde su perspectiva la legitimidad del sistema (Serje, 2.005, p. 17). El sistema terminó por consolidarse durante el reinado de Felipe II, que buscó financiar el tesoro de la corona adjudicando cargos administrativos en subasta pública, pasando los oficios concejiles de las distintas ciudades a manos de las familias más acaudaladas. Ello dio origen a gobiernos municipales de carácter oligárquico conformándose una superestructura viciada en la que prevalecía el interés y la ideología de una clase. Por otra parte se debe reconocer el papel trascendental que jugó la institución de la Encomienda en la construcción del orden social y político, debido a que de este sistema jerárquico se derivó el modelo económico y social que va a predominar en el siglo XIX y parte del XX, TAL como lo destaca Guillén, impidiendo que el momento meramente económico egoísta pasional trascendiera al momento ético político (1.979, p. 70). De esta forma se convirtió lo rural en el centro de gravedad de la actividad económica y la ciudad en el centro de actividad únicamente político dado que los procesos de poblamiento obedecían a la necesidad de dominar el territorio y gobernarlo; ello permitió que la Encomienda fuera la forma casi exclusiva de asociación laboral, social, económica y política que abarcaba en su totalidad la vida rural e impactaba a la vida urbana. De esta forma la sociedad política se configuró concentrando el poder político en un líder territorial legitimado mediante la coerción y la creencia de una raza superior, administrando a su criterio particular la fuerza indígena;

formato alrededor del cual se desarrolló toda la actividad social donde los blancos pobres, los mestizos, los caciques indios y en último término los indios, van a ir ascendiendo en la escala social, de acuerdo con su cercanía y complicidad funcional con el encomendero. Esto significó la creación de una forma de asociación para el ejercicio del poder a protección de los asociados y del encomendero, así como el cumplimiento de las disposiciones que, al contar con la participación de los soldados pobres, aseguraba el imperio de la fuerza (Guillén (1.979, p. 100). El mecanismo de ascenso por adscripción al encomendero incluso trascendió hacia la pequeña burocracia urbana y a los cabildos que eran establecidos por la influencia del encomendero que, en ocasiones, confrontaba a la Real Audiencia. Se estableció de esta manera una sociedad política que no era una prolongación de la sociedad civil, sino una hegemonía fundamentada en el poder económico. Estos mecanismos de influencia sobre la burocracia que se habían formado durante la Encomienda trascendieron al modelo hacendatario, haciendo que los grandes propietarios de tierra dificultaran el adquirir los documentos que acreditaran la propiedad a las personas con menor poder económico. Propiciando hacia el siglo XVII una preocupación común por obtener los títulos de acreditación legal de las tierras, lo que llevó a fortalecer la posición de los grandes terratenientes, creándose una relación de vecindad dependiente y jerarquizada alrededor de los grandes latifundios. Asumiendo el gran latifundista el control, quien a su arbitrio disponía de la supuesta situación de ilegalidad de la ocupación de las tierras aledañas obligando al pequeño poseedor a negociar, comprándole pequeñas parcelas o contrayendo obligaciones que comprometían al débil campesino (Guillén, 1979, p. 139). De esta manera, la gran propiedad comienza a ser circundada por innumerables minifundios que, al no ser autosuficientes, conllevó a los

minifundistas a instaurar relaciones de trabajo con la gran hacienda; en esta medida pasaron a hacer parte del cortejo y soporte social del hacendado, configurando un nuevo tipo de asociación humana, que no solo se entiende en términos económicos, sino como una conformación de la estructura social y del poder político. Dentro de este modelo hacendatario que se conformó como una derivación de la encomienda, se estructuró una asociación humana como institución normativa de hecho, en donde el gran propietario terrateniente asume tácitamente la administración del territorio e influye en el funcionamiento de la comunidad, siendo el que confiere dignidad y seguridad al campesino teóricamente libre, así como su estatus social (Guillén, 1979, p. 153). Fue así como se estableció una forma de inserción dentro de la vida social con base en unas relaciones patronales que ofrecían apoyo para la supervivencia física tal como se tuvo noticia ocurrió en el Feudalismo. Ese poder social latifundista vino acompañado de los conceptos ibéricos de honor familiar y de necesidad de superioridad personal sobre el ambiente. Por ello convirtieron los centros urbanos que carecían de vida económica activa en el lugar de residencia sus familias, donde enviaban a sus hijos a educarse para lograr el control de los cargos claves de la burocracia civil y eclesiástica (Guillén, 1979, p. 160). El factor religioso fue clave en el establecimiento de la ideología y sometimiento de la población, imponiéndose el catolicismo que estableció una relación de debilidad y servidumbre con su filosofía de culpa y pecado, despreciando el trabajo manual, al comercio y a la agricultura, al considerarlos trabajos infieles, oficios viles que debían realizar personas de inferior condición10. Así se cons-

Guillén (1.979, pp. 295-299) también propuso que la estructura misionera fue utilizada por los encomenderos y hacendados para fortalecer la sumisión de las masas.

truyó una sociedad que, desde sus orígenes, se impulsó psicológicamente en rehuir el contacto con las labores mecánicas, dando prelación a los valores individuales de prestigio y de predominio por la ostentación de la riqueza material. De estas formas la hegemonía de una clase social se impuso desde la dominación económica y la dominación intelectual moral; es decir, la hegemonía se instauró en los medios de producción, en el sistema educativo, las instituciones y la religión, prescindiendo de los instrumentos del consenso social para obtener soberanía política dentro de las estructuras, fundiéndose la ideológica y la política con el gobierno.

Forma en que se creó la estructura del estado colombiano Con base en las estructuras creadas en la Colonia, se creó en el siglo XIX tras la independencia del país ibérico, una razón de estado y cultura mediante la cual se sometía e imponía una concepción del mundo. De esta manera en este segundo bloque histórico, se impone el mecanismo de una facción social que establece su hegemonía sobre otra, utilizando el poder de las ideas de los partidos políticos como fuerzas unificadoras de la nación mediante la fuerza, el ejercicio del poder económico y el discurso. Fue así como se fundaron en 1.848 el Partido Conservador y en 1.849 el Liberal tratando cada uno de controlar al Estado, ya fuera por las armas o por los medios civiles (Castro, 2.012, p. 20). Más sin embargo ninguno de ellos llegó a encarnar el sentir del pueblo, provocado un cuestionamiento casi permanente sobre la legitimidad democrática del Estado en proceso de consolidación, debido a que ésta no la encarnan las constituciones y las leyes, sino que tiene su origen en la aceptación psicológica de la población. 25

Se infiere en consecuencia, que el Estado colombiano se conformó en la tradición política elitista heredada de la Colonia, estructurando lo público estatal sobre la base de un pensamiento dogmático político religioso, apoyado en la guerra y en la excepcionalidad jurídico-política (Múnera & Cruz, 2.011, p. 9). De esta manera, se habría consolidado un tipo de Estado-nación basado en la imposición bélica de uno de los proyectos políticos en disputa, bloqueando la posibilidad de transformaciones nucleares consensuadas. Derivando en una cultura política excluyente en lo étnico, en lo social y en lo político, lo que sería el germen de la violencia en Colombia. De esta forma hizo camino un contrasentido con las leyes promulgadas en el bloque histórico del siglo XIX tras la independencia, negándose en la práctica lo que se establecía en términos jurídicos. O sea que la libertad en el nuevo contexto político era concebida por la ley, pero funcionaba realmente solo para la clase dominante. Utilizando incluso el sistema educativo que fue entregado a la iglesia católica como medio de sometimiento, al cual se accedía de manera restringida dado que una clase pobre y poco educada era fácilmente manipulable. Este era un medio casi exclusivo de formación de la élite política para que heredar los cargos públicos y perpetuarse en el poder terrateniente, político y militar (Safford, 1.989, p. 27). De esto se infiere que desde un comienzo se ha convivido con la desigualdad, encontrándose las causas en la moral católica instaurada. Fenómeno al que Vela añade que las instituciones liberales que se trasplantaron de Europa a América hispana no significaron en el siglo XIX la superación de las herencias del viejo régimen, ni la existencia en Colombia de una población homogénea que gozara por igual de los privilegios de la vida republicana Vela (2.010, p. 31). Añadiendo González que esto ha ido de la mano con una aceptación pasiva de la desigualdad, incentivando el discurso anti-igualitario (2.008, p. 377).

De esta forma la sociedad política conformada por la oligarquía estableció una forma de dominación psicológica, que ha sido utilizada para manipular la voluntad de las personas imponiendo pautas de comportamiento. Este poder disciplinante se impuso en el siglo XX a través de la Constitución de 1.886 que consolidó la conformación de un Estado confesional, distanciándolo de la filosofía del liberalismo11. Por ello el interés de la iglesia de encargarse de la educación, oponiéndose a su universalización y a la urbanización del país, como lo demuestra González con la emisión de la pastoral colectiva de los obispos expedida en 1.930 satanizando el éxodo campesino, o también con su oposición a las políticas liberales y a todo lo que fuera contra de su doctrina (2.014, p. 239). De acuerdo con lo acotado se puede inferir, que la imposición de una hegemonía va más allá del dominio del gobierno, la fuerza y los medios de producción. Esto también obedece a la ascendencia intelectual que se ejerce mediante la narrativa, la cultura, la información, el pensamiento, la moral e incluso el ideal y la razón de Estado que se crea. Ejerciendo en este aspecto una influencia decisiva los partidos políticos que, tras congraciarse en la conformación de un Partido Nacional, crearon una constitución política presidencialista y confesional que terminó limitando el desarrollo del Estado colombiano e impidiendo la conformación y participación de una sociedad civil, que ante la carencia de intelectuales orgánicos estuvo ausente de la formación de la sociedad política12.

En el título IV de la Constitución de 1.886 se establecieron las relaciones de la iglesia católica con el Estado, artículos del 53 al 56 en donde se le otorga ejercer acciones del poder civil y se libera de toda responsabilidad fiscal. 12 El Partido Nacional fue una alianza de los partidos políticos liberal (liderado por Rafael Núñez) y el conservador (liderado por Miguel Antonio Caro), teniendo realmente una filosofía conservadora radicalmente católica asumió el poder a finales del siglo XIX y redactando en consonancia con esta línea de pensamiento la Constitución de 1.886 (Bushnell, 2.007, pp. 208-209).

Traslado del modelo de estado creado a fines del siglo XIX al XX Con lo hasta ahora analizado, se puede aseverar que ante la ausencia de una sociedad civil debidamente conformada y fortalecida, fue una sociedad politizada la que estableció una hegemonía omitiendo en su interpretación la voluntad de la mayoría que se mantenía ignorante. Es un escenario de construcción de poder lejano a la oclocracia, en donde se legitima el sistema político o modelos de producción por medio de una ideología que no tienen relación dialéctica, sino mediante un sistema totalizador que refleja una contradicción con la estructura. De esta manera se da paso al tercer bloque histórico, en el que al llegar a acuerdos los partidos políticos para finalizar la Guerra de los Mil Días y después de haber perdido a Panamá como consecuencia del desorden político y administrativo, se logra consolidar el Estado colombiano marcando el inicio del bloque histórico del siglo XX. Destacando las relaciones laborales que empezaron a germinar en el país al surgir una incipiente industria, como nuevas fuerzas sociales representadas en empresarios y la clase obrera. En un comienzo fueron los trabajadores que se desempeñaban en la construcción de carreteras y ferrocarriles, después se les unieron en 1903 la Unión Industrial Obrera de Bogotá, que pretendía aglutinar los diferentes gremios de artesanos; en 1904 se funda la Sociedad de Cultivadores de Café, que se convertiría en la Sociedad de Agricultores de Colombia, creándose de igual forma en este año la Cámara de Comercio (Tovar, 2.009, p. 190). Posteriormente se conformaron asociaciones empresariales y sindicatos de trabajadores, ejerciendo este nuevo gremio nuevas presiones a los gobiernos que expresaban inconformismos con el sistema creado, desarrollando una actividad política desconocida en el país hasta ese momento (Orjuela, 2.010, p. 186).

Este desarrollo de la industria impulsó el sector exportador afectando de varias maneras las relaciones entre las ciudades y sus regiones. Al respecto destaca Palacios (1.995, p. 84) dos: primero creó nuevas jerarquías urbanas, emergiendo por ello nuevas oligarquías, embrión de una clase de apellidos desconocidos que se enlazó con los viejos; y segundo, el adelgazamiento de los lazos entre las clases dirigentes regionales y los notables de los municipios. Sin duda fue un momento de cambio en el que hicieron su aparición los obreros y los nuevos industriales, como manifestación de un capitalismo incipiente consecuencia de la estratificación jerarquizada del modelo hacendatario imperante en el país, carente de una organización de clases marcada. Indicando esto que desde los años diez del siglo XX comenzaron a irrumpir los primeros movimientos huelguísticos, siendo los primeros los trabajadores asalariados de los transportes y después los de la industria, exigiendo mejores condiciones laborales en cuanto a salarios, mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, y la reducción de la jornada laboral diaria a ocho horas que por lo general era de once. Haciendo esto inevitable el plantearse el tema de la ampliación de los derechos políticos y sociales, debate que se abrió en la llamada “República Liberal” (1930-1946)13. De esta manera se puede apreciar que la sociedad civil bajo formato de sindicatos de trabajadores y nuevos empresarios hace su aparición en los primeros años del siglo XX, iniciando el pronunciamiento social con nuevas demandas. Ello no significó fueran escuchadas por los gobiernos conservadores del comienzo de siglo, que mediante la represión mantenían el statu quo. Se mantuvo la sociedad política que era la prolongación de una élite reducida, excluyendo sectores significativos en la construcción del Estado.

República Liberal es el nombre que se le da al período comprendido entre 1.930 a 1.946 durante el cual gobernó el Partido Liberal.

La superestructura fue un pálido reflejo de la estructura socioeconómica. Esta más bien fue el producto de la incidencia de grupos extranjeros llegados al país para la época, en alianza con algunos sectores de las elites domésticas. Por consiguiente, la sociedad civil cumplió tímidamente su papel de ser el contenido ético del Estado y no hubo una dirección cultural y política de la sociedad ante la ausencia de intelectuales orgánicos que buscaran la homogenización ideológica de la población; simplemente se trató de una dominación sustentada en la fuerza coactiva y en la segregación. Siendo esto algo que se prolongó a lo largo del siglo con la implementación del modelo de Seguridad Nacional, impidiendo que el poder político se legitimara con la 14 pluralidad y políticas públicas que mejoran las condiciones de la base social .

Uso de la coerción mediante el modelo de seguridad nacional Los sucesos descritos tipifican el comienzo de un período continuo de lucha entre la clase dominante y la dominada, con base en el surgimiento de una contra hegemonía dentro de la esfera de la sociedad civil. Espacio éste propicio para configurar una lucha de clases por más asimétrica que sea, replanteando una nueva manera de legitimidad y soberanía la voluntad de la facción dominada de la sociedad. De esta forma aumentaron las expresiones de inconformismo, arreciando por parte de los gobiernos una represión desmedida y desorganizada, lo que

La doctrina de la Seguridad Nacional hace parte del contexto de la Guerra Fría, en la que se combatía las diferencias ideológicas con unos criterios militares de amigo-enemigo. Este modelo fue acogido por Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se identifica un enemigo interno al que se debe perseguir porque sus conceptos políticos son una amenaza para la estabilidad del Estado.

derivó en un Estado incapaz de controlar la privatización de la seguridad que se había regionalizado y politizado. Esta fragmentación dio origen a la existencia de unos territorios no sometidos a la autoridad del Estado, situación que ha marcado la historia nacional con unos procesos políticos no ortodoxos causados en primer lugar, porque no fue el Estado sino los dos partidos tradicionales liberal y conservador, los que desde mediados del siglo XIX habrían definido las formas de identificación y de pertenencia colectiva (Pécaut, 2013, p. 32). La administración del Estado que no se basaba en la meritocracia, sino se materializó en una burocracia no tecnócrata que obedecía a los acuerdos de los partidos políticos; e igualmente mediante los círculos surgidos de un sector de la sociedad civil que orientaron las políticas económicas de acuerdo con la ortodoxia y la prudencia sin alcanzar mayores logros. Provocando entre otras cosas un despegue modesto y tardío a la economía mundial y la creación de un sector público débil que generaba desconfianza hacia el Estado. En este escenario los sectores populares no fueron tenidos en cuenta por su fragilidad de organización, permaneciendo los actores sociales bajo la tutela de los partidos políticos que terminaron arrastrando a la sociedad a la violencia causando un desencuentro entre los actores sociales y el Estado. Fue consolidándose así, una sociedad dividida y fragmentada, con un Estado sin autoridad, en una ausencia de pluralismo por la dogmatización de las ideas, resolviendo las diferencias con represión. De esta forma se fue dibujando una seudo-democracia que no daba espacio a la resolución pacífica de los conflictos. Este fenómeno se vio reflejado en el poder judicial. En el periodo conocido como la “república liberal” se trató de implantar la teoría del derecho de Hans Kelsen para acompañar el cambio que se pensaba implantar en lo político- Sin embargo la iniciativa sucumbió ante el procedimentalismo sesgado

dominante y no fue posible desligarla del derecho al patronazgo y la influencia política regional, orientada por una amalgama de ideologías tanto progresistas como retardatarias propias de la improvisación y el fortalecimiento del orden social institucional tradicional como acota Mejía (2.008, p. 339). Ello se vio reflejado en la implementación de una política criminal difusa como manifiesta Silva, porque al no haber unidad de criterio se dio espacio para que diferentes ministerios se pronunciaran sobre el asunto, correspondiendo unas competencias al Ministerio de Justicia (política judicial y punitiva), otros a los Ministerios de Gobierno, Defensa y Justicia (política de seguridad), y otros se repartían entre diferentes entes estatales. Aportando cada uno juicios apreciativos de la problemática, formaciones ideológicas e intereses burocráticos dispares que dieron como resultado una política de seguridad que, ante la carencia de argumentos, acudió a la coerción (1.997, p. 539). Se habría tipificado así la carencia de una política criminal oficial y, de paso, la ausencia de lógica en muchas de las decisiones al no haber concentración del poder ni criterios unificados que permitieran una visión holística de los elementos en juego en la problemática de la justicia y la seguridad ciudadana. Básicamente los pronunciamientos se enfocaron en los aspectos atinentes a la policía judicial y al área punitiva a partir de la década del sesenta, reflejando una concepción parcial del problema y sus posibles soluciones. Como consecuencia de esta debilidad histórica del Estado, se permitió un proceso de colonización continua sin presencia de las instituciones oficiales, apareciendo diferentes actores que impusieron sus condiciones de dominación en los espacios de exclusión. Acota Aguilera (2.014, p. 31), que las diversas fragmentaciones o desarticulaciones entre el poder central y las élites regionales propiciaron el surgimiento de dos subculturas enfrentadas, impidiendo la consolidación de la unidad nacional y estableciéndose contrapoderes locales que asumieron su propia defensa e implantaron sus sistemas de justicia.

El proceso se consolidó durante la Guerra Fría después de 1945. La potencia hegemónica estadounidense implementó en el país el concepto de Seguridad Nacional, que se basaba en una estrategia de balance de poder orientada a contener y confrontar a la Unión Soviética con su ideología comunista por la vía militar. Pero al tiempo, con la pretensión de montar una estrategia liberal hacia la apertura económica para evitar que la pobreza hiciera pensar en la implementación de sistemas socialistas como panacea para esta condición (Ikenberry, 2.006, p. 44). Dentro del criterio de que lo relevante es el Estado y el propósito la seguridad nacional, la soberanía e integridad territorial se habrían convertido en la mayor preocupación de los gobiernos. Fundamentándose la estrategia en la solución militar para rechazar y contener las amenazas, se avanzó hacia la militarización de la policía cuya esencia es de carácter civil lo que explica que haya hecho parte del Ministerio de Guerra desde 1.953 y posteriormente en la década del 60 que, tras la deslegitimación de la guerra, cambió de nombre por el de Defensa. Se puede interpretar que se deja de lado el aspecto social por darle prioridad a la defensa y a la seguridad nacional, generando una simbiosis entre seguridad interna y defensa nacional haciendo de los objetivos de la Fuerza Pública un mecano represivo militar (Bonett, 2.008, p. 36). En testimonio de lo anterior en 1.978 se promulgó el Decreto legislativo 1923 de 1.978, conocido como Estatuto de Seguridad, que implicaba un conjunto de medidas de la justicia penal militar a la población civil. Con este decreto las instituciones militares ampliaron su autonomía en el manejo de los asuntos de orden público, se perseguía como dice Torres Del Río un enemigo indefinido, pero latente y actuante, siguiendo pautas de la doctrina de Seguridad Nacional (2.010, p. 345). La decisión profundizó un clima de intolerancia endémica en el sistema político que cerró los espacios a los pronunciamientos que mostraran incon-

formismo con el sistema; por ello se puede considerar que no hubo una verdadera participación de la sociedad civil en pleno en la orientación de los destinos del Estado, en relación con lo cual Gutiérrez calificó estos hechos como las raíces de las anomalías colombianas (2.014, p. 331). De este modelo sólo surgieron intervenciones selectivas que incluían medidas económicas e intervención social que, en lugar de menguar o reducir las desigualdades, las aumentaron. De acuerdo con Pisarello estas iniciativas se relegaron a las necesidades de los derechos civiles y políticos de unos pocos, pero, sobre todo, a los derechos patrimoniales de propiedad privada y libertad de empresa de una minoría elitista (2007). Se podría decir entonces, que el conflicto es el resultado de una falla institucional profunda debido a que no tenemos instituciones capaces de resolver las diferencias entre los grupos sociales y el Estado. Arguyendo Restrepo que existe suficiente evidencia estadística y apoyo teórico para afirmar que son las causas objetivas (pobreza, ánimo de venganza, exclusión social y política) las que dejan abierta la posibilidad de financiar la expresión militar ante el cierre de canales a la resolución pacífica de los conflictos (2.009, p. 311). Por otra parte, la creación del modelo del Frente Nacional restringió los pronunciamientos políticos que no emergieran de los partidos tradicionales liberal y conservador, acentuando aún más las deficiencias democráticas del país. Ese modelo de gobierno con visos autoritarios conservó el control del poder mediante la negociación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, buscando la aprobación de los proyectos de gobierno a cambio de partidas presupuestales (“auxilios parlamentarios”), puestos, licitaciones y contratos. Esta especie de mercado presupuestal burocrático y electoral se consolidó durante los años setenta y ochenta, convirtiéndose en un poderoso sistema político clientelista. Situación que terminó ubicando en la administración pública unos dirigentes políticos poco capacitados, aliados algunos con la delincuencia; situación que se evidenció en los años noventa en el denomi-

nado proceso 8.000 involucrando la figura del presidente de la República y a varios de sus cercanos aliados políticos. Fue así como se determinó un modelo político y de seguridad que limitó la participación ciudadana y aumentó la arbitrariedad del grupo político dominante, colocando los recursos del Estado a su servicio. Esto conllevó el aumento de la corrupción y el clientelismo burocrático, hasta el punto de que Colombia a nivel internacional se ha llegado a considerar como un narco estado. Situación extrema que condujo a una crisis que se trató de mediar por la vía constitucional creando una nueva carta política para el país.

Inicio de un nuevo orden político El modelo bipartidista creado por el Frente Nacional finalizó en la década de los noventa con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que dio a luz una nueva Constitución Política para Colombia en 1991. Institución pionera en la región dándole nacimiento a un nuevo constitucionalismo en Latinoamérica que le otorgó nuevas obligaciones al Estado al hacerlo garante de los derechos sociales y fundamentales y a la ciudadanía mediante instrumentos participativos inéditos. Ya no era una cuestión nominal como se hacía en la Constitución de 1.886; ahora quedaban debidamente positivados otorgando deberes que se orientaban a la protección de los ciudadanos y delimitando la división de poderes, así como a las atribuciones del Estado. La nueva Carta dio pie, a manera de cierto contrasentido, a un aumento en el déficit fiscal como producto del cumplimiento estatal de diversas obligaciones garantistas, merced a lo cual, entre otros factores, también ha ido aumentando año tras año la deuda externa. Más sin embargo este compromiso adquirido por el Estado significó el fortalecimiento de la sociedad civil, garantizando el pronunciamiento beligerante de toda la población colom35

biana y el respeto de la diversidad de opiniones. A partir de este momento se garantiza la libertad de asociación y el derecho a reunión, por ejemplo, de modo que las movilizaciones y manifestaciones de inconformismo por diferentes grupos y gremios ha sido posible siendo escuchadas por las autoridades político-administrativas, incluso en muchas oportunidades ocasionando cambios favorables como respuesta a las demandas. Como normalmente ocurre en los momentos de transición, han ocurrido hechos infaustos que han dificultado el camino, más sin embargo han servido para la evolución del país hacia una verdadera democracia. Por ello arreciaron, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y los grupos de autodefensa, creando pánico nacional por varios atentados terroristas ocurridos en la ciudad capital y en otras ciudades del orden nacional. Incluso se puede traer a colación la crisis energética que obligó a un racionamiento de energía y a un absurdo cambio de uso horario que llevó a recordar el “realismo mágico” de Gabriel García Márquez. Con la nueva Constitución se crearon nuevas agencias que cumplieron un papel de defensa de los ciudadanos y también algunas para el combate a la corrupción (Fiscalía, y la Defensoría del Pueblo por ejemplo); aumentó la capacidad del aparato judicial de procesar a políticos corruptos (cambiando la inmunidad por el fuero por ejemplo); se limitó el margen de maniobra de los políticos para promover incentivos selectivos a los ciudadanos y comprar directa o indirectamente su voto (en la práctica el mecanismo ha cambiado obviando el formalismo de la norma) y, en fin, se estimularon prácticas políticas más modernas. Estos cambios constitucionales, han coincidido con un incremento gradual en el interés de diversos sectores hacia el diseño de alternativas políticas no tradicionales, lo que se puede interpretar en una apertura de oportunidades a operadores políticos que se independizan del poder central y de los desgastados partidos políticos tradicionales, permitiendo que estos nuevos poderes compitieran con los políticos locales que

habían dominado las regiones por varios años. De esta manera surgieron candidatos políticos que se apoyaron en esta nueva orientación, apelando a la población sin ninguna atadura partidista aparente y llegando incluso a triunfar en nombre de la lucha contra la politiquería y la corrupción, lo que se hizo prevalente en el discurso político. Esta nueva modalidad de hacer política condujo al rompimiento de la frágil coalición parlamentaria entre liberales y conservadores; incluso ante la pérdida de credibilidad, muchos de sus integrantes crearon nuevos partidos para deshacerse del estigma que significaba pertenecer a estos partidos tradicionales desgastados por años de corrupción y manipulación. Este rompimiento partidista causó una crisis política que entorpeció la aprobación de los acuerdos contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acto seguido cayó el peso, Standard and Poor´s bajó la clasificación del país, y por último se frenó la reactivación económica. Esto se desarrolló de manera paralela con un infausto proceso de paz que desbordó los problemas de orden público, que aunado a la crisis económica llevaron al desprestigio del poder central, persistiendo el desempleo, arrojando los indicativos en 1.999 un crecimiento negativo de la economía del -4,3 % y los del desempleo rondando el 18% (Restrepo L. , 2.006, p. 41). Como reacción a este negativo panorama de la década de los noventa, después del fallido proceso de paz del Caguán que las FARC utilizaron para su fortalecimiento, se legitimó la acción militar por la infinidad de atentados contra la seguridad de los colombianos. Se logró obtener recursos económicos para el fortalecimiento militar del Estado, a través del financiamiento de Estados Unidos al Plan Colombia, que dio inicio a una lucha contra el narcotráfico y al combate antiguerrillero, ganando adeptos el discurso político reactivo en pro de realizar una lucha frontal contra los grupos armados, política que se impuso en las administraciones que iniciaron en el siglo XXI.

Esta situación ha conducido a implementar y consolidar un conjunto de reformas económicas, provocadas por la transformación y profundización del conflicto armado colombiano, de igual forma en estos momentos, la recesión económica potenció el impacto del conflicto armado, generando múltiples expresiones empresariales dirigidas a buscar la paz, pero posteriormente cuando la mejora de los indicadores económicos aparecieron, surgieron pronunciamientos que restaron aliados al discurso de la solución pacífica (Rettberg, 2.006, p. 226). Y, por lo tanto, ha surgido la necesidad de crear una concurrencia de actores empresariales fuertes no sólo en el aspecto económico, sino también en cuanto a su capacidad para definir sus intereses políticos y fortalecer su capacidad de interlocución entre sí y con otros actores del proceso de toma de decisiones, incluso atravesando fronteras, conformándose una especie de microfísica del poder foucaultiana. (Foucault, 1992). Estos aspectos positivos de apertura de la sociedad política desafortunadamente fueron opacados por la corrupción que ha acompañado la historia colombiana, desembocando en algunas regiones en una fusión entre formas de criminalidad organizada y estructuras políticas regionales y llevando incluso a habituar a la población a convivir en medio de la criminalidad. Aduciendo Fernando Gutiérrez que las pequeñas facciones de los operadores políticos construyeron coaliciones sociales que incluían a narcotraficantes, paramilitares o a miembros de la guerrilla; fenómeno en el cual habría jugado un papel importante la comunidad internacional al actuar como factor de contención repudiando los movimientos políticos acompañados de ilegalidad (2.006, p. 167). Esto ha sido un serio obstáculo que ha dificultado el remplazar el viejo sistema, dada la irreductibilidad de los mercados ilegales y la permeabilidad del sistema político. La crisis de representación política y la corrupción descritas, ocasionaron una especie de intervención excepcional de los jueces en asuntos que inicialmente no les correspondían, adquiriendo un protagonismo insospecha-

do en la definición de los principales problemas institucionales. Destacando García, que la justicia al no resolver sus problemas funcionales, al igual que su carencia de fortaleza y capacidad mediante el logro de sus compromisos sociales naturales, consiguió una débil intervención en los debates políticos, complicándose más al asumir comportamientos poco éticos que han menguado su credibilidad, como ha sido el aumento del salario de los magistrados y las pensiones millonarias, aunándose a esto los problemas de corrupción (2.006, p. 451). El desgaste institucional ante los procesos de paz fallidos y la corrupción desbordada, ha hecho que los colombianos clamen por la aplicación de políticas coercitivas, haciéndose proclives a regímenes autoritarios considerando que, cediendo en sus libertades, se podrían mejorar las condiciones de convivencia. Este modelo de poder ejecutivo concentró los mayores esfuerzos en lo que se denominó política de Seguridad Democrática, que se comprometía a adelantar una intensa ofensiva política, diplomática y militar contra la guerrilla y el narcotráfico. Posteriormente, también se logró una desmovilización de los grupos de autodefensa, en el que algunos de los cabecillas se sometieron a procesos de la justicia, aunque, este proceso sólo condujo a que el fenómeno delincuencial siguiera bajo lo que se ha llamado “bandas criminales”. Teniendo todo este escenario como consecuencia, la subordinación de la política interna e internacional al presidente de la República, incluso también se irrespetó la división de poderes que caracteriza a una democracia. Este estilo autoritario presidencialista ha sido habitual en la historia del país. Hizo carrera en vigencia de la antigua Constitución de 1.886 mediante la utilización de los Estados de excepción permitiendo que, por ejemplo, durante el período 1.970 - 1.991 Colombia estuviera 206 meses bajo dicha condición, es decir, algo más de 17 años (el 82% del tiempo). Si ello no bastara, conviene recordar que entre 1.949 y 1.991 el país habría vivido más de

30 años bajo Estado de Sitio, legalizando el Congreso las normas expedidas y convirtiendo al Ejecutivo en un legislador de hecho. Simbiosis que restringió las libertades públicas (como la tendencia a criminalizar múltiples formas de protesta social con criterios punitivos excesivos), aplicando la justicia penal militar para juzgar a los civiles deslegitimando la justicia ordinaria. Aplicando medidas de carácter represivo para resolver los problemas de desorden público en los asuntos de gobierno, se ha sobrevalorado el papel de la Fuerza Pública en la dinámica institucional del Estado desequilibrando el balance constitucional entre las ramas del poder público. Por esta razón, para mejorar los mecanismos del proceso judicial, se realizaron las reformas al sistema penal efectuadas en la década del noventa; se endurecieron la política criminal y se aumentaron las penas; también se introdujo la Fiscalía General de la Nación como instrumento para aumentar la eficacia de la investigación penal y el control del Ejecutivo sobre ella. Posteriormente se instauró mediante Acto Legislativo No. 3 del 2002, el modelo integral del sistema acusatorio, pretendiendo potenciar la capacidad investigativa de la Fiscalía y a la vez limitando sus funciones judiciales, por ello, los fiscales ya no podrán capturar ni detener, sino que tendrán que requerir una autorización de un juez de garantías. En la realidad como lo plantea García, los problemas clásicos de incapacidad investigativa y de selectividad no se resolvieron, algo que obviamente es grave, porque los problemas de violencia y criminalidad que más alarma producen en el país, han tenido origen en organizaciones delincuenciales con poder económico que con frecuencia se han enquistado en la sociedad y en el Estado requiriendo para su judicialización y captura de un sistema judicial con capacidad investigativa y punitiva (2.006, p. 460)15.

Esta situación se puede observar desde la óptica de Norbert Elías (2.009), según la cual la ola secular de integración progresiva de la evolución social hizo del proceso de construcción del Estado un proceso complementario de una diferenciación también progresiva en lo

Infiérase en consecuencia, que con todos los errores e imponderables que se hayan podido cometer en la transición al nuevo siglo, el proceso constitucional de 1.991 significó el inicio de otro bloque histórico que rompió con el antiguo orden de los partidos tradicionales liberal y conservador. Con ello se pretendió abrir la sociedad política a las demandas de la sociedad civil que cada vez más ha ido ocupando el lugar de relevancia que le corresponde, más sin embargo aún falta camino por recorrer, pues todo cambio siempre obtiene resistencia como respuesta. Quedaría pendiente mejorar los principios organizadores de la solidaridad de los que depende que la sociedad civil extrapole las fronteras de la sociedad política imponiendo un contenido ético al Estado.

Conclusiones El primer bloque histórico muestra como la conquista partió de iniciativas privadas, reduciendo la capacidad de influencia de la corona de Castilla en lo que acontecía en las tierras descubiertas. Ello tuvo como consecuencia que cada jefe de misión administrara a su arbitrio el territorio bajo su dominio, creando una especie de nobleza que jerarquizó desde ese primer momento las relaciones sociales y políticas. Situación está que se agudiza con la estructura piramidal de relación de dominio de la Encomienda, girando la dinámica alrededor del encomendero que tenía el poder económico, del cura doctrinero y de un grupo de soldados con los cuales hacer cumplir sus determinaciones, fijando así un peculiar orden político. Con ello se evidencia que desde un comienzo la estructura fue impuesta autoritariamente sin

social. En palabras de Castel (2010) el duro mundo social, demuestra que la historia de los hombres está hecha más de pruebas dolorosas que de porvenires floridos, y precisamente lo que se pretende, es deslindar esos vacíos de la conciencia humana, para responder al desafío de existir en cuanto individuo, en una sociedad dominada por la coerción, los egoísmos humanos y la injusticia social.

participación de los integrantes de la sociedad. En el bloque histórico republicano del siglo XIX, se puede apreciar cómo el régimen de la encomienda se transforma en un modelo hacendatario fijando la relación social, económica y política que estructuró un Estado apenas en gestación. Determinó la hegemonía de los grandes terratenientes que ejercían influencia no sólo en su propiedad, sino también en los terrenos aledaños, creando una relación de dependencia con los vecinos. Hizo llegar incluso su poder a las urbes influyendo en las decisiones de la asamblea y en el nombramiento de la burocracia política, constituyéndose en una concentración de poder en un pequeño grupo de personas que conformaron una sociedad política cerrada y dueña de la superestructura. A este escenario habría que adicionarle, que, desde mediados de siglo al conformarse los partidos políticos, se impuso una ideología y de esa manera se comenzaron a liderar y orientar los destinos del país, quedando la estructura y la sociedad civil relegados a una condición de obediencia. Tal como lo advierte Gramsci, el dominio de la clase social sobre otra no se dio directa y únicamente a través del dominio sobre los medios de producción. Esta hegemonía se produjo por legitimación de dicho sistema social a través del dominio del discurso e ideas, como fueron los partidos políticos liberal y conservador, pero, sobre todo, por medio de la religión que terminó sometiendo a las personas psicológicamente. De esta forma implementando el sentimiento de culpa y la amenaza del pecado, se incluyeron dentro de la ideología impuesta las creencias católicas mediante las cuales se ha logrado controlar las voluntades de los integrantes de la sociedad. Adviértase en consecuencia, que esa ideología determinó la hegemonía de una clase social que se impuso desde la dominación económica y la dominación intelectual moral. Es decir, que se instauró en los medios de producción, en el sistema educativo y en las demás instituciones, utilizando al tiempo los dogmas

de los partidos políticos y los religiosos como mecanismo de sometimiento. Esta hegemonía prescindió de instrumentos de consenso social para obtener soberanía política dentro de las estructuras estatales y de esta manera fundirse ideológica y políticamente con el gobierno, creando una nueva razón de Estado y cultura. Para lo cual también en innumerables ocasiones ha acudido al uso de la fuerza y a la violencia como lo evidencian las diferentes guerras civiles a lo largo del siglo XIX. Desde aquí hemos trascendido al tercer bloque histórico en el marco del siglo XX. El Estado configura acuerdos con los partidos políticos, cuyos líderes seguían siendo los grandes terratenientes manteniendo el modelo hacendatario y conservando la estructura social piramidal jerarquizada de dependencia y sometimiento. De la misma forma, la naciente industria trajo consigo pronunciamientos sociales y organización de movimientos sindicales, ampliándose la sociedad civil e iniciando unos procesos de beligerancia que fueron acallados mediante la violencia. En respuesta a lo cual se profundiza un período continuo de lucha contra la clase dominante que degeneró en un conflicto armado. De acuerdo con este escenario se puede determinar, que la sociedad civil no participó en la conformación y estructuración del Estado colombiano. Los métodos represivos limitaron el pronunciamiento libre de la sociedad civil, permitiendo sólo las manifestaciones que sean coherentes con los gobiernos de turno, silenciado en muchas ocasiones por la vía violenta las disidencias. Por esto se considera que amplios sectores de la sociedad civil no han hecho parte de la construcción de la superestructura y mucho menos se les ha permitido participar en la sociedad política, al desarrollarse una democracia endeble que no ha permitido la homogenización ideológica de la población, merced a la carencia de intelectuales orgánicos que, perteneciendo a la sociedad civil, manifiesten el sentir de los sectores excluidos del

poder y las doctrinas que representen sus intereses. Debe tenerse en cuenta que el momento constituyente de finales del siglo XX cerró el tercer bloque histórico al terminar la hegemonía de los partidos políticos tradicionales liberal y conservador, abriendo paso a la beligerancia. Como consecuencia de ello se observa, el respeto por la manifestación social y la atención a sus requerimientos, así como también se percibe que el poder del Estado se ha limitado al ser nombrado en la Carta como garante de los derechos sociales y fundamentales, dando argumentos para que la población los exija y, al tiempo se responsabilice de sus deberes. Es indudable que a partir de este hecho la sociedad civil se ha fortalecido, más, sin embargo, aún está lejos de que sea ella la que fije la ideología de la sociedad política, es decir la del Estado. Es evidente entonces, que el país reclama un nuevo pacto político que sea vinculante y sobrepase los requerimientos de las elites en el poder, donde el Estado sea garante en el cumplimiento y defensa de los intereses de los grupos excluidos. De lo inmediatamente anterior se desprende que los participantes de este nuevo pacto político sean verdaderos representantes de la sociedad civil en pleno, lo que implicaría una suerte de refundación del Estado que permita la participación de intelectuales orgánicos de todos y cada uno de los sectores de la sociedad civil. En este momento histórico se da un paso para alcanzar la paz con la desmovilización de un grupo guerrillero. Desde aquí se abren oportunidades para organizar y fortalecer la sociedad civil conformando un modelo ideológico que profundice la democracia y haga parte de la construcción del Estado.

De la pluralidad y el respeto a la diferencia, depende que se construyan sociedades armónicas y pacíficas que solucionen sus diferencias mediante la acción comunicativa.

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CAPÍTULO

II POST-CONFLICTO EN COLOMBIA: UNA UTOPÍA Reflexiones previas a propósito de la utopía, la necesidad de hacer memoria y la tragedia colombiana.

Eusebio Avendaño Avendaño 16

Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y Magister en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y CINDE.

UTOPÍA De seguro no soy un entendido altamente ilustrado en asuntos de guerra y paz. Sin embargo, hasta ahora, en lo vivido, leído, visto y oído, en lo escuchado, lo sentido, lo llorado y lo indignado, como colombiano creo poder decir que la violencia sociopolítica que nos ha caracterizado por algo más de medio siglo, en Colombia, es una utopía. Una utopía cargada de esperanza. Una que, aunque está dispuesta a perdonar y a reconciliarse consigo misma y con el otro, denuncia y anuncia escenarios de verdad, justicia, memoria y reparación. No sólo para las víctimas directas de cada uno de los actos en contra de la dignidad humana y del cosmos en general, sino también para las víctimas indirectas y, por supuesto, para los que desde uno u otro bando han sido victimarios. Una utopía que, en palabras recordadas por Galeano de un amigo suyo, le respondió de la siguiente manera:

[ ... ] La utopía está en el horizonte, [ ... ] sé muy bien que nunca la alcanzaré; que, si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuando más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta ¿no? ¿Para qué sirve? Pues, la utopía sirve para eso, para caminar (Galeano, 2012).

Memoria

“

El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.

”

Bertolt Brecht

Deseo aclarar que lo que expondré en estas líneas, no es de mi total autoría. Y un conjunto de ideas, sentimientos y esperanzas compartidos con otros; muchos de ellos y de ellas víctimas de esta guerra interior y palabras que estoy haciendo mías. Todas son producto de reflexiones y opiniones que se han venido dando en los espacios de clase que, como maestro del área humanística he tenido con estudiantes, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia desde el 2011 en la primera y desde 2015 en la segunda. En cierta medida, esta reflexión es producto también de un ejercicio investigativo que identifico con el calificativo de Investigación - Acción, a través 54

del cual intento pensar de una manera permanente y constante mi cotidianidad educativa, para entenderla, en las distintas situaciones en la que se da pretendiendo, por supuesto, transformarla y mejorarla (Carr & Kemmis, 1988). Considero, que con esto contribuyo, en mi metro cuadrado, en mi ejercicio de micropolítica, con la transformación del presente de la realidad social, política, económica y cultural en la que me encuentro junto con mis estudiantes. A través de este ejercicio investigativo, creo estar haciendo camino en el propósito de ir haciendo teoría de mi propia práctica pedagógica y didáctica con base en un ejercicio de revisión crítica; todo ello, en medio de las vicisitudes con las que nos encontramos, estudiantes y maestros, en la realidad que nos circunda. Los asuntos en cuestión pasan por la lectura de nuestra realidad local y global que, en clase, se hacen texto. Son producto también de una revisión documental, sobre todo de la prensa oficial en Colombia. Los expongo en el mismo sentido en el que, por ejemplo, Platón, en el texto del Banquete, dice de Sócrates, que el discurso que él está en la posibilidad de pronunciar, en referencia al amor, no es de él (de Sócrates), sino de una sacerdotisa o vidente de nombre Diotima (Platón, 1988). Mediante estas reflexiones, espero que vivencias como las que tuve en clase, en el mes de noviembre de 2017 con los estudiantes tanto de la Universidad Pedagógica como de la Distrital, no vuelvan a ocurrir. Me refiero, de manera particular a la siguiente pregunta hecha a los estudiantes, al momento de iniciar clase: Como colombianos, en estos primeros días del mes de noviembre,

¿Que imágenes, qué ideas, que hechos nos vienen a la memoria, cuando escuchamos Palacio de Justicia, en Bogotá?

Me sorprendió, el silencio inicial de la mayoría por parte de la mayoría de un grupo de, aproximadamente, 500 estudiantes con quienes tuve que ver en esa semana. Con el paso de los minutos, las primeras respuestas hicieron referencia a nombres como el de Alfonso Reyes Echandía, porque uno que otro estudiante era egresado de un colegio en Bogotá que así se llama y, porque allí, en el Palacio de Justicia, había muerto el señor Echandía, de todas formas, en hechos que no recordaban. Otros estudiantes acudiendo a su memoria, anotaron que cerca de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, en esos mismos días se había producido la tragedia de Armero. Catástrofe natural que por lo demás, cayó como anillo al dedo, mejor que el partido de fútbol entre Millonarios y el Unión Magdalena, a quienes querían ocultar lo sucedido en el Palacio de Justicia cuando allí se produjo la toma del palacio por parte del grupo guerrillero llamado M-19 y la retoma, por parte del Ejército Nacional. Toma y retoma, armadas, en donde para algunos no solamente se asesinó a la justicia, en defensa de la democracia, sino que se desapareció de manera forzada, torturó y asesinó a lo menos 11 personas ciudadanas del común, que se encontraban en la cafetería del Palacio de Justicia, siendo estigmatizadas como guerrilleras del M-19. Ellas fueron y siguen siendo en la memoria de sus familiares: Gloria Anzola de Lanao, Luz Amparo Oviedo, Luz Mary Pórtela León, Gloria Stella Lizarazo, Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán Hernández, Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés y David Suspes Celis. Los familiares y amigos de todas y todos estos ciudadanos del común, arrebatados de sus familias por la irracionalidad de la guerra, luego de 32 años claman a la sociedad colombiana y al mundo entero, para que se revele la verdad a propósito de cómo y por qué los mataron; que les digan en dónde están los restos de sus seres queridos y que se los devuelvan para poderlos

enterrar de acuerdo con sus apuestas sobre lo sagrado. Esta ausencia de memoria histórica, por lo menos de una gran mayoría propia de analfabetas históricos y, diríamos con Brecht, de analfabetos políticos, y que aún in-visibilizan los hechos conocidos como el Holocausto del Palacio de Justicia, entre otros altamente significativos para la memoria histórica del país

¿A qué responde? ¿Pasará lo mismo, si le pregunta a un estadounidense del común por el 11 de septiembre? ¿Tendrá que ver acaso esta vivencia, con la máxima en donde algunos sostienen, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Será acaso esta la intención, la de repetirla? ¿Tendrá que ver esta vivencia de clase, con una apuesta por el olvido, por la ausencia de memoria histórica?. Es más,

¿tendrá que ver esta vivencia de clase, de aula, con la ausencia formal, por lo menos hasta ahora y desde 1984, en las aulas colombianas, de clases que hagan mención de la historia de nuestro país, a la historia patria?

Para verdades el tiempo, anota un dicho popular.

Parece, que esto último, en Colombia va a cambiar, pues Honorables Parlamentarios, senadores de la República y el alto ejecutivo, se han propuesto contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica mediante una apuesta por un pensamiento crítico al interior de las aulas que forme a los estudiantes en la identidad nacional. Así lo ha manifestado la prensa local finalizando el mes de diciembre de 2017 (Espectador, 2017). ¿Será posible? Confiemos en que sí, apostémosle a la utopía. Sin duda es necesario hacer memoria de estas vivencias que han identificado el estado de violencia sociopolítica que hemos vivido en Colombia por décadas, tal como la del Palacio de Justicia; no sólo para exigir, como constituyentes primarios que no vuelvan a ocurrir, sino para que no impere el olvido, sino más bien la justicia. Justicia, no sólo para los familiares de los desaparecidos forzados del Palacio de Justicia, sino para los familiares de los magistrados que allí fueron asesinados como el presidente de la Corte Suprema Reyes Echandía, silenciado por la irracionalidad de la guerra en su grito de cese al fuego. Justicia también para toda la sociedad colombiana. Es más, memoria. Porque no es posible encarcelarla, porque como lo canta León Gieco, en su tema musical: La Memoria, publicado, en el 2001, en el álbum Bandidos Rurales., todo está guardado en ella, tanto la barbarie como la vida. De este modo, ¿Perdón? Quizás. ¿Olvido?: Nunca. Entre otras cosas, porque hacer memoria sobre todo de lado de las víctimas directas, cuesta. Cuesta, por ejemplo, a través de un ejercicio de resiliencia reconstruir los hechos, porque es volver a poner en frente, delante de cada humanidad, con el corazón en la mano, el lugar y el tiempo en el que éstos se dieron; es volver sobre el dolor, la impotencia, la rabia, la culpa. Pero también y, sobre todo, cuesta volver sobre el aliento de vida, sobre la ceniza de lo

que fue, para volver a empezar de nuevo. Y en muchas ocasiones, cuando esto ocurre, hasta el miedo asalta a la conciencia y la opaca, la calla, la ahoga en un grito agónico que la acobarda. Porque, como podría anotarlo también Galeano, acudiendo a algunas de sus ideas, en estas ocasiones el miedo que habita y gobierna el mundo del mercado, asalta a las conciencias individuales y colectivas. Asalta para quedarse, al precio y a costa de lo que sea, para perpetuarse; amenazando a quien atrapa, de extirparle la poca vida que le queda condenándolo así, al silencio, a la muerte de su palabra, a la muerte de lo que ha construido, pensado, soñado y esperado con otros; condenándolo a la ausencia de libertad, a la impunidad. Hacer memoria implica denunciar, en la mayoría de los casos, enfrentándose una y otra vez con el victimario y, como si fuera poco, a la ausencia de Estado, que no solamente ha favorecido la violación del derecho, sino que, en muchas ocasiones, lo ha consentido dándole vía libre. Y peor aun cuando en muchas ocasiones el Estado ha concertado con el victimario o lo ha sido él mismo.

Hacer memoria implica exponerse al escarnio público de la indiferencia de la mayoría, a la estigmatización, al aislamiento social, al: por algo será. Hacer memoria implica ir a contracorriente; ir contra la impunidad enfrentándola, mirándola a la cara, a los ojos y penetrándola para arrebatarle, diríamos con Silvio Rodríguez, lo que le ha robado al amor en una y otra oportunidad 17. Hacer memoria implica enfrentarse, una y otra vez, a la infamia, en la esperanza de vencerla.

(1975). Tema musical “Sueño con serpientes” del álbum Días y Flores.

Todo esto y más, cuesta hacer memoria. Pero en muchas ocasiones ella, con la ayuda de otros, se opone a callar. Porque ¿Qué más tiene que perder si le han arrebatado hasta la vida misma? Así, en su agonía, que se resiste a morir, se levanta, aferrada de su anhelo de verdad, de justicia, de reparación; no sólo para decir: Nunca Más, sino para denunciar a la barbarie y para anunciar tiempos y espacios de vida digna.

La tragedia colombiana El postconflicto en el contexto colombiano es pues, una utopía que nos sirve para caminar. Ello en tanto y en cuanto los acuerdos con las pasadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC –EP-), entre otros asuntos, no significan, por ahora, en Colombia, el fin del conflicto armado, o el fin del paramilitarismo, o el fin del desplazamiento forzado18. Pero seguro sí son el “primer paso” o uno de los pasos hacia, escenarios y tiempos de verdad, justicia, reparación y, ante todo de memoria, para la sociedad colombiana en general. Sociedad que, por lo que relataba el trágico griego clásico Esquilo en el 458 Antes de Cristo, se asemeja, por lo menos en su espíritu de venganza de sangre, a lo que vivió la estirpe de los Tantálidas, según la tragedia de La Orestiada (Esquilo, 1993). Como en la tragedia en mención, nosotros, los colombianos, nos venimos matando, entre nosotros mismos, hermanos, por lo menos desde cerca de los inicios del siglo XX hasta hoy. De este modo, pareciera que sobre nosotros reina la maldición de la guerra,

Digo pasadas FARC -EP- porque en tiempos de post acuerdo con esta guerrilla, se han rebautizado públicamente, a partir del jueves 31 de agosto de 2017 como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) (ELTIEMPO.COM, 2017).

expuesta por Esquilo. Por lo que allí se expone, bien se podría afirmar que somos los descendientes de los Atridas. En tanto que, por ejemplo, no hemos tenido oídos para escuchar, quizás, por la ausencia de memoria colectiva, las profecías de nuestras Casandras, cuando, nos han hablado, en innumerables ocasiones, de crónicas de muertes anunciadas19. De esta manera, al parecer, no hemos podido dejar a un lado, nuestros genios vengadores de raza, de indiferencia, y sobre todo de desigualdad social. A pesar de que los Coros de la Justicia, de la Verdad, de la Reparación Integral, de la Memoria y de las Exigencias de no Repetición, no dejan de taladrar nuestros oídos, nuestras conciencias. Muchos colombianos y colombianas han regresado del exilio seguro no para vengarse, a la manera de Orestes, por la sangre de sus seres queridos derramada y mezclada con los mares, con los ríos y con la tierra ...

... Sino para empezar de nuevo; para denunciar y repudiar la impunidad con la esperanza de crear escenarios de justicia, verdad y memoria. Escenarios de democracia. Es más, colombianos y colombianas movidos por lo que tienen en el corazón, en el vientre, más que en su razón. Antígonas, a la manera de la tragedia griega clásica de Sófocles (442 A de C) en tanto que entre hermanos nos hemos matado dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero han regresado, venciendo sus miedos al encuentro con el pasado y venciendo sus miedos incluso a la muerte (Sófocles, 1992). Han regresado, en una actitud díscola y utópica respecto de las acciones del Estado, con la esperanza de poder en-

Al respecto sugiero leer Crónica de una muerte anunciada (García Márquez, 1985).

contrar, si ya no vivos, a sus familiares desaparecidos en la guerra para poder enterrarlos de acuerdo con sus creencias; de acuerdo con lo que para ellos es sagrado. Así, el Estado déspota de Creonte, se siga oponiendo y decretando, para los restos de los traidores de la patria su putrefacción expuestos a las inclemencias del tiempo para, luego, ser aniquilados en las fauces de los buitres20. En este orden de ideas, de apuestas por la utopía, por la memoria, por la dignidad, por acciones de no olvido, reflexionemos alrededor de los siguientes asuntos:

Los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP no significan el fin del conflicto armado colombiano Un primer argumento de esta afirmación pasa por lo que a mediados de 2016 se decía en los medios masivos de información y desinformación. O en cualquier esquina, cualquier vereda, cualquier pasillo colombiano: los colombianos, a propósito del fin de la guerra, estamos altamente polarizados o, lo que es peor, a la mayoría nos da igual si dejamos o no de matarnos. Evidencias de esto, lo encontramos en los resultados del referendo del 2 de octubre de 2016 cuando perdimos todos, si bien hay quienes anotan que el gran vencedor fue el abstencionismo, que alcanzó el 62.57%, aproximadamente.

Sugiero, leer, en relación con este asunto: Antígona y Creonte. Rebeldía y Estado en Colombia; del historiador sueco Roland Anrup.

Pero a las urnas de aquel referendo nos acercamos un 37.43% de los constituyentes primarios en Colombia (seguro a conciencia, con una actitud crítica y madura, a la manera de Kant, en lo que expresa al responderse a la pregunta Qué es la ilustración (Kant, 2004)). Llegamos allí, con un sí o un no la siguiente pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Habiéndose proclamado “vencedores” los partidarios del no, con un 50,21% sobre un 48.69% del sí. Frente a esta realidad polarizada, los acuerdos de fin del conflicto con las pasadas FARC –EP-, tuvieron que ser refrendados por el congreso, aproximadamente dos meses después en noviembre de 2016. Y parece obvio afirmar, que son reales dichos acuerdos entre el Estado colombiano y las pasadas FARC –EP- para terminar un conflicto armado que se prolongó, lo menos por 52 años desde sus orígenes, y de manera prioritaria, por problemas alrededor de la tenencia de la tierra. En segundo lugar, consideremos que si el fin del conflicto con las pasadas FARC – EP- es, así como parece, una cosa innegable, este hecho social y político, por lo demás histórico, es favorable para el pueblo colombiano, pero no significa el fin del conflicto armado en Colombia. Pues, siguen siendo desafortunadas y trágicas, por decir lo menos, las acciones violentas que se siguen dando en el país, alrededor de asuntos relacionados con la tenencia y la utilización de las tierras rurales entre el Ejército Nacional, legalmente constituido, y los distintos grupos reconocidos como guerrillas, en donde sobresale el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, o los grupos de disidentes de las pasadas FARC –EP-, o los grupos armados organizados alrededor de los negocios del narcotráfico o de la minería, o los grupos de paramilitares, que se supone fueron desmovilizados con la ley 975 de 2005, conocida con el nombre de “Ley de justicia y paz.”

Conflicto armado que se sigue alimentando, lo menos de unas cuatro décadas para acá, de las acciones criminales del narcotráfico, y de las explotaciones indiscriminadas de recursos mineros y energéticos, por nombrar algunos ejemplos; todo ello, en favor de intereses mercantiles privados y particulares, que aumentan la desigualdad social en Colombia. Desigualdad que se refleja todavía, y digámoslo a manera de una muestra, en la tenencia, nada democrática, de la tierra; problema que se evidencian nacientes desde la época de la Colonia que, actualmente, significan que más o menos “el 25% de los propietarios rurales es el dueño del 95% de la tierra rural” (Tiempo, 2016). Evidencias concretas de estas experiencias de desigualdad social son todavía parte de nuestro aquí y ahora. Vivencias padecidas por los colombianos y colombianas más pobres en el país. Por Los Nadie, de Galeano (Galeano, El libro de los abrazos, 1993). Aquellos que, en medio de un abandono evidente de Estado padecen las inclemencias de la ausencia de oportunidades para ser y para hacer. Quienes que reciben respuestas cargadas de hostilidad. Un ejemplo de ello lo encontramos, hoy día en el municipio de San Andrés de Tumaco, en el sur occidente del departamento de Nariño. Municipio, distinguido como la Perla del Pacífico, por su carácter de puerto marítimo. Pero hoy, conocido comúnmente con el nombre de Tumaco, y considerado el mayor productor de hoja de coca en el país. Razón por la cual algunos medios lo han calificado como: “Atrapado entre la sustitución y la erradicación de cultivos ilícitos”. (VerdadAbierta.com, 2017). En este contexto se denunció en zona rural de Tumaco, corregimiento de Llorente, vereda el Tandil, la masacre a quemarropa de, por lo menos ocho campesinos. resultando heridos de gravedad cerca de dos decenas o más “en medio de un operativo de erradicación forzada de hoja de coca adelantado por tropas de la Policía y del Ejército,” el jueves 5 de octubre de 2017. Esto, mientras los campesinos se encontraban haciendo un cerco humano para

evitar dicha erradicación (VerdadAbierta.com, 2017).

¿Quien los mato, cómo y por qué? ...

... Lo revelará la justicia, esperamos, con el apoyo de sus expertos en criminalística y balística y mediante la acción diligente y a favor del Derecho y de sus expertos en acciones de guerra, de terror. Aunque vecinos de las víctimas insistan en que la masacre fue perpetrada por las fuerzas armadas legales del Estado, no se entiende por qué si el interés de los campesinos es acogerse a la propuesta del Estado, de sustitución de cultivos, la respuesta de la fuerza pública colombiana y del Estado sea el uso de fuerza desproporcionado, indiscriminado e irracional. Sea la de la masacre, y no la del Derecho, en escenarios en donde se supone ha de comenzar a reinar el posconflicto y con ello una paz, estable y duradera. Lo que hay en este escenario, por lo demás oprobioso y repudiable, es una clara violación de los Derechos Humanos. O ¿Deberíamos decir, una clara violación del Derecho Internacional Humanitario? Es probable que no, es probable que no sea una violación al Derecho Internacional Humanitario, en tanto que, para algunos escenarios políticos, en Colombia, luego del cese al fuego bilateral, entre el ejército nacional y las pasadas FARC –EP- ya no hay conflicto armado. En consecuencia, lo ocurrido en Tumaco, el pasado 5 de octubre de 2017, es posiblemente, un crimen de Estado más; y digo posiblemente, porqué, seguro luego de unos años, la justicia, al interior o en el exterior del país, así lo corroborará. Lo que es peor, es que no es este el camino, seguro más expedito, sensato y consecuente con el Derecho, con una apuesta de paz, estable y duradera, para la sustitución de miles de hectáreas de hoja de coca (cerca a las 17 mil

aproximadamente ) sembradas en esta región del país (UNODC), Julio 2016).

Sembradíos de coca que se convierten para estas personas, en la única opción para sobrevivir a la miseria, al abandono del Estado, y con ello a la ausencia de oportunidades sociales y económicas para dar respuesta a sus necesidades básica de salud, educación, vivienda y comida, entre otras. Lo que están requiriéndolos campesinos de Tumaco, sin duda, a través de agrupaciones como la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), es el cumplimiento, o la realidad de una paz estable y duradera luego de los acuerdos del fin del conflicto armado ya ratificados. Una paz estable y duradera que ha de pasar, por supuesto, por la sustitución y no por la erradicación, a la fuerza, de los cultivos con los que logran sobrevivir. Así lo han hecho saber en su deseo de “seguir participando en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).” (VerdadAbierta.com, 2017). En estas condiciones cabe preguntar:

¿Desarrollo y modernización agroindustrial para quién, para qué país? ¿Con recursos de quién, de quiénes?. Es más, en medio del abandono total del Estado y en consecuencia de la ausencia de oportunidades para la economía campesina, razón por la cual aún se acude a acciones de economía ilegal,

Sin embargo, es necesario decir que, según el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en esta región hay cerca de 23 mil hectáreas sembradas de hoja de coca. (Caracol, 2017).

¿Cómo puede entenderse así un postconflicto que, se supone, permita reinar una paz estable y duradera, y en donde, por décadas se ha demostrado la incapacidad del Estado colombiano en lo relacionado con el desarrollo rural?.

En paralelo, cabe preguntar:

¿El desarrollo rural, sólo es posible entenderlo a través de actividades agrícolas?. ¿No son posibles, en este orden de ideas, acciones para lo rural relacionadas, por ejemplo, con un turismo consecuente con la preservación del medio ambiente, en lugar de acciones encaminadas a la minería o a la extracción de materias primas para la producción de combustibles? Es más; una respuesta esperanzadora a estas preguntas sería ideal, si la población campesina pobre del país fuera dueña de la tierra con la que tiene que ver. Pero esto sí que está en el horizonte, en la utopía. Porque, según lo acordado entre el gobierno de turno y las pasadas FARC –EP, para que esto se dé se requieren acciones políticas y jurídicas relacionadas con la recuperación, por ejemplo, de un conjunto de territorios baldíos, de los cuales el Estado colombiano, al parecer, no tiene cifras exactas de cuantos puede haber. En consecuencia, los problemas de desigualdad social, relacionados con la tenencia de la tierra que detonaron, entre otros asuntos, la violencia sociopolítica en nuestro país, no se han solucionado aún con la declaración del silencio de las armas por parte de las pasadas FARC-EP; son, y serán por un tiempo más, la

utopía que permita soñar con escenarios de posconflicto con justicia social, sobre todo en la ruralidad colombiana. En un tercer momento, de este apartado, creo necesario decir, que efectivamente muchos han sido los intentos de acuerdo, lo menos a lo largo de los últimos 60 años, para dar fin al conflicto armado en Colombia (y no sólo con las pasadas FARC-EP). Intentos que, en la mayoría de los casos, significaron la muerte de quienes los lideraron: crímenes perpetrados, en manos de falsos pacificadores y cuyo actor intelectual, y material en muchos de ellos, fue el Estado colombiano. De esta manera:

¿ Qué o quién está en la posibilidad de garantizar en la Colombia de hoy, escenarios y tiempos reales, para el ejercicio político de grupos sociales distintos a los de los liberales o los conservadores o de sus distintas versiones de lo mismo, grupos de verdadera oposición política? ¿Esto, sin la amenaza o el temor, o en el peor de los casos, lejos de las acciones ligadas a la estigmatización, la persecución, el desplazamiento forzado, el exilio, la desaparición forzada y el asesinato?. En Colombia, en nuestro aquí y ahora, aún serían utópicos los escenarios para la “participación ciudadana,” para “las garantías de competición electoral” y para “el debate público”, si no se pertenece a los sectores políticos tradicionales o de sus distintas versiones de lo mismo. Cabe recordar, por ejemplo, la intención del gobierno del general Rojas Pinilla, en su pretensión de ponerle fin a la violencia bipartidista hacia 1953. 68

Proceso en el cual se amnistiaron un sinnúmero de guerrilleros liberales, entre los que se destacó Guadalupe Salcedo; quien, una vez indultado, aproximadamente cuatro años después, fue asesinado por la policía nacional (testimonio del fiscal Eduardo Umaña Luna) (Molano Bravo, 2012). La historia nos recuerda que no nos han faltado intentos pacificadores. Una alusión altamente significativa de ello ocurrió entre 1984 y 1985. Siendo presidente Belisario Betancur, se firmaron (con las FARC- EP, El Movimiento 19 de abril –M 19- y el Ejército Popular de Liberación Nacional -EPL-) sendos acuerdos. Pero una vez se empezaron a asumir actitudes políticas visibles, en medio de la población colombiana, por parte de muchos de los voceros de dichos movimientos políticos, uno a uno fueron asesinados, de nuevo, por el Estado. En consecuencia, no podemos dejar de hacer memoria del genocidio político de La Unión Patriótica – UP. Un crimen de Estado, perpetrado bajo una estrategia militar conocida con el nombre del Baile Rojo que se dio lo menos entre 1984 y 1995. Década durante la cual fueron asesinados por paramilitares, en complicidad con agentes del Estado “más de cinco mil militantes, dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.” (Semana.com, 2016). En este mismo orden de ideas, es necesario hacer memoria del reconocido periodista y humorista, y ante todo humanista y libre pensador, Jaime Garzón. Cuyo homicidio perpetrado el 13 de agosto de 1999, según lo demostró el propio Consejo de Estado en Colombia 17 años después, no sólo fue responsabilidad del Ministerio de Defensa nacional, del Ejército nacional, de la Policía nacional, y de lo que fue entonces el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, sino que fue orquestado en asocio de grupos paramilitares al mando del desaparecido Carlos Castaño (Semana, 2016) Ahora bien, asumiendo como punto de partida estos antecedentes de críme-

nes y de terrorismo de Estado, contra posiciones y apuestas de país distintas a las del capital, cabe preguntar, una vez más: ¿Quién o qué puede garantizar, que no ocurra lo mismo con los dirigentes políticos de las pasadas FARC -EP- o de cualquier otro grupo político no afín a los tradicionales partidos políticos de los liberales o de los conservadores o sus diferentes facciones? La respuesta a la pregunta citada resultaría obvia. Y lo que es peor, las cifras de homicidios de líderes sociales, publicadas en los medios oficiales, amenaza seguir siendo norma en territorios donde a lo largo y ancho del país reina la ausencia de oportunidades no sólo para ser sino para hacer; y en donde el tejido social está altamente resquebrajado. De este modo, lo que se sigue imponiendo es una ausencia de Estado, por ejemplo, en los territorios que antes se encontraban ocupados por las pasadas FARC -EP-. En tanto que, mientras algunos hablan de posconflicto, otros, con sus acciones de falsos pacificadores, como lo podría estar cantando Juanes, siguen “mezclando la sangre (de líderes comunales campesinos e indígenas, afrocolombianos y miembros de la comunidad LGBTI), con la tierra”22. Muestra de ello son, lo menos, los 186 homicidios de líderes sociales, dados en el país, desde el 1 de enero de 2016, hasta el 13 de julio de 2017; y las amenazas a aproximadamente 500 líderes más; esto, según declaraciones del Defensor del Pueblo: Carlos Alfonso Negret. (Semana R., ya van 52 líderes sociales asesinados este año, 2017) Amenazas, que en muchas ocasiones son firmadas por grupos autodenominados Águilas Negras, que en el imaginario del común de la gente, tanto en lo rural como en lo urbano, se relacionan con grupos de paramilitarismo. Grupos de paramilitarismo, asociados hoy día, probablemente, a lo que se

Nota entre paréntesis del artículo.

conoce con el nombre de: Clan Úsuga, o Clan del Golfo, Banda paramilitar Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y los Rastrojos. Algunos de ellos perpetradores de un sinnúmero de paros armados que, por varios días, en lo corrido del año 2017, paralizaron todo tipo de actividad económica, política y social, en más de un municipio de departamentos como Choco, Antioquía y Cauca, por mencionar algunos; en donde, por casualidades de la vida seguro, hicieron o hacen presencia aún combatientes o excombatientes de las pasadas FARC -EP-; y en donde, por supuesto han sido asesinados un buen número de ciudadanos colombianos. Las acciones de estos grupos armados paramilitares han sido y siguen siendo, al parecer, patrocinadas y hasta concertadas, no sólo con miembros de gobiernos locales, sino de la fuerza pública, y con altos cargos de los poderes judiciales y legislativos en el país.

Los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP tampoco significan el fin del paramilitarismo en Colombia Por lo mencionado unas líneas antes, es obvia la afirmación de este aparte. Pero lo que al parecer no lo es, aunque los altos mandos del Ministerio de Defensa Nacional actual digan lo contrario, es que en Colombia no se ha desarmado el paramilitarismo. De lo contrario, cabe preguntar, sobre todo a dicho Ministerio del gobierno actual,

¿Por qué, si no hay paramilitarismo en Colombia, un elemento de dichos acuerdos es el desmantelamiento de éste?. La exigencia del gobierno de turno, hoy día, al parecer, en relación con el paramilitarismo, es el sometimiento a la justicia ordinaria. Contraria, por

supuesto, a lo hecho en el 2005, cuando a través de la Ley 975 de 2005 se le otorgó a dicho fenómeno social un proceso de justicia transicional, distinto, seguro, al que se encuentra en juego para los excombatientes de las pasadas FARC –EP. En consecuencia, vale la pena de nuevo preguntar:

¿ Será posible tal sometimiento a la justicia, de lo que hoy es el fenómeno del paramilitarismo en Colombia? Seamos apreciativos, apostémosle a lo imposible, a la utopía. Porque de lo contario,

¿cómo nos podemos explicar, que en los acuerdos de fin de la guerra entre el gobierno de turno y las pasadas FARC –EP- se le apueste a semejante exigencia?

Los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP tampoco significan el fin del desplazamiento forzado en Colombia Al respecto conviene hacer memoria de lo siguiente: Colombia, a 31 de diciembre de 2014, hace escasos tres años, ostentaba el deshonroso segundo lugar, después de Siria, con el mayor número de desplazados internos, producto de la violencia sociopolítica; aproximadamente 6.044.200 habitantes. (Semana r. , 2015) 72

Al respecto conviene hacer memoria de lo siguiente: Colombia, a 31 de diciembre de 2014, hace escasos tres años, ostentaba el deshonroso segundo lugar, después de Siria, con el mayor número de desplazados internos, producto de la violencia sociopolítica; aproximadamente 6.044.200 habitantes. (Semana r. , 2015). Esta situación no ha cambiado con los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC –EP. Las disputas entre grupos armados, legales o ilegales, entre unos y otros, por el dominio de territorios estratégicos para el narcotráfico, o para la explotación minera, o para cualquier otra actividad atractiva al mercado, siguen siendo cotidianas, sobre todo en Choco, Nariño, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Valle del Cauca, la frontera con Venezuela y la zona del Catatumbo; además de lo comprendido en los límites entre Boyacá y Casanare. Tal situación lleva aún al desplazamiento forzado de indígenas, todo tipo de campesinos, y población afrocolombiana; así lo revela un titular de prensa, escrito por “Redacción Paz,” del periódico El Espectador: “Violencia dejó en el país más de 1.000 desplazados en menos de cuatro días;” esto es, entre el 17 y el 20 de enero de 2018 (Redaccíón Paz , 2018).

Los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP tampoco han significado un tratamiento adecuado en asuntos relacionados, con la prohibición de la explotación minero-energética de territorios rurales o de parques de reserva natural en el país Cabe preguntar al respecto, lo siguiente: ¿Habrá alguien en Colombia, que crea, que, en medio del conflicto armado, que aún se vive, a pesar de los acuerdos de cese al fuego con las pasadas FARC –EP, que buena parte de los territorios rurales y de parques de reserva natural en el país, no han sido tocados, por los intereses de las grandes multinacionales de la minería o de la producción de energía?. La respuesta positiva es obvia. En consecuencia, considero, aunque esta sea una verdad a cielo abierto, necesario denunciar que ciertos territorios de, entre otros, Choco, Guaviare, Vichada, por lo menos hasta el 2011 han venido sufriendo los flagelos de la explotación minero-energética en el país. Están documentadas, incluso alianzas de las pasadas FARC –EP con multinacionales de las telecomunicaciones. (NoticiasUnoColombia, 2012).

De este modo la utopía del postconflicto lleva al país a pensar en modelos de desarrollo sostenibles no sólo para el sector rural, en donde se ha desarrollado buena parte de la guerra, sino para los parques de reserva natural ...

... Apuestas de ello, encontramos en acciones de la población civil, a través de sendas acciones populares, de las que será necesario hablar en otra ocasión.

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CAPÍTULO

III EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS COMO ANTECEDENTE DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN COLOMBIA DURANTE LOS GOBIERNOS

PA S T&R A N A URIBE 23

Diego Armando Romero Pinedo 24

Artículo para optar por el Titulo de Magister en Estudios Internacionales y Ciencia Política. Tutor: Fabricio Henricco Chagas Bastos. Profesor asistente de la facultad de Ciencia Política Universidad de los Andes. Asimismo, se agradece los aportes y comentarios realizados por los profesores Jean Marie Chenou y Juana García. 24 Sociólogo de la Universidad Santo Tomás candidato a Magister en Estudios Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

RESUMEN Este artículo realiza un ejercicio comparado entre las estrategias de cooperación que han afectado al sector rural colombiano desde el año 1999 a la actualidad impartidas por la Unión Europea y por Estados Unidos. Evaluamos los cambios, avances y críticas que han tenido en los gobiernos recientes la implementación de estos programas entre 1999 y 2012. Logramos encontrar, a partir de la diferencia de la estrategia de la UE y EE.UU., que la agenda de cooperación ha variado en los gobiernos anteriores y han incidido en la forma en la cual el campo se ha desarrollado.

Introducción Los procesos de desmovilización que se han venido dando desde finales del siglo XX hasta nuestros días, tienen la particularidad de buscar la aprobación de la comunidad internacional, bien sea como veedora, garante o colaboradora del camino hacia la pacificación y desmovilización de los actores armados, había sucedido en el caso de los países centroamericanos con conflictos de baja intensidad como ha sucedido en Colombia. Esta búsqueda de legitimidad por parte del Estado colombiano se ha experimentado en mayor medida con los últimos mandatarios. Es decir, la política exterior en términos de los agentes cooperantes ha modificado la agenda política de Colombia, así como el papel de los cooperantes. A partir de las negociaciones que el gobierno colombiano ha tenido con las FARC-EP para la terminación del conflicto, se abrió una serie de preguntas con respecto a los actores que, de un modo u otro, incidieron en el conflicto armado colombiano. Por ejemplo ¿Se cumplirán a cabalidad los acuerdos? ¿Qué papel jugará el Estado colombiano en el nuevo contexto de postconflicto? Y en relación con este artículo ¿Qué papel jugarán los agentes cooperantes en la implementación de los acuerdos? Si tenemos en cuenta que la cooperación internacional de los Estados Unidos y la Unión Europea ha jugado un papel importante en un contexto de conflicto, este artículo contribuye a investigarla en relación con el postacuerdo, analizando los avances que han tenido hasta el momento la Unión Europea y Estados Unidos como agentes cooperantes. A partir de las experiencias que se han tenido de cooperación desde el año 1999 vale preguntar ¿Por qué y cómo se diferencian las estrategias de cooperación de la Unión Europea y Estados Unidos hacia el sector rural colombiano en el contexto del conflicto armado?

Teniendo en cuenta que Colombia es el país latinoamericano que más recibe ayudas por concepto de cooperación y, dada la salida negociada del conflicto con la insurgencia de mayor importancia, se realiza un ejercicio comparado entre las estrategias de cooperación que han afectado al sector rural colombiano durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe impartidas por la Unión Europea y por Estados Unidos. El año 1999 resulta relevante para el artículo puesto que coinciden la firma del Plan Colombia con la estrategia de la diplomacia para la paz y también con el segundo acercamiento fallido en las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Sustentamos la hipótesis de que estos dos actores internacionales son quienes más aportan fondos por concepto de cooperación a Colombia y que la diferencia entre uno y otro, es el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado colombiano producto de la estrategia llevada a cabo con los Estados Unidos. En este orden de ideas, el objeto del artículo es establecer las diferencias entre ambos modos de acercamiento al fin del conflicto colombiano hasta el momento de la firma del acuerdo de La Habana.

La cooperación internacional, ha jugado un papel importante para el desarrollo de políticas públicas en el país, papel que se evidencia en los diversos planes de desarrollo, documentos CONPES y legislaciones antinarcóticos entre otros temas. El sector rural colombiano no ha sido ajeno a la influencia de esa cooperación internacional. En relación con la implementación del acuerdo entre gobierno y las FARC, se tiene por parte del Ministerio de Agricultura y sus respectivos lineamientos, no solo la dirección de los cooperantes, sino también la ruta de acción para las entidades adjuntas y adscritas entre las que se encuentran la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional Para Colombia, el Ministerio y la Mesa Sectorial de Coordinación para la Cooperación Internacional. Este andamiaje institucional permite establecer la situación actual de la cooperación con el sector rural colombiano.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, la cooperación internacional hacia el sector rural colombiano está diseñada de la siguiente manera: A la fecha, el mapa está conformado por 116 iniciativas de cooperación, de las cuales el 24,14% no están cuantificadas pues son asistencias técnicas que no tienen un valor monetario determinado. El 43,10% de las iniciativas se encuentran en ejecución y el 31,90% están en negociación con los cooperantes o en trámites administrativos previos a la ejecución (Agricultura, 2013). Los elementos que arroja la estrategia durante el 2013 - 2015, buscan el acompañamiento en varias líneas estratégicas siendo estas: “Tierras, Desarrollo Rural, Productividad Innovación, Ciencia y Tecnología, Gestión del Riesgo Agropecuario y Fortalecimiento Institucional” (Colombia, 2013, p. 5). Asimismo, se fundamenta en elementos de la actualidad política centrada en la ley de víctimas y restitución de tierras, proyecto de ley de tierras y la agenda nacional de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del sector agropecuario. Por lo tanto, se puede establecer que de cara a la implementación del punto número uno del acuerdo con las FARC, hay una plataforma en la cual se propone una agenda política del sector rural colombiano. Si bien es la propuesta más reciente para el sector por parte del gobierno colombiano de la mano con los agentes cooperantes, esta cooperación tal y como se ha diseñado en los documentos oficiales es indispensable para la consolidación del desarrollo rural integral. En este sentido, así como la cooperación tuvo su momento para el cual se hacía para mitigar los impactos sociales de la confrontación armada, hoy en la implementación del acuerdo de La Habana no se puede desconocer el papel de la comunidad internacional, especialmente U.E y EE.UU. Por supuesto existen elementos necesarios a modificar y otros que deben mantenerse dados distintos factores; principalmente, el cambio

de gobierno de los Estados Unidos y el recorte presupuestal, como la continuidad de brotes de violencia armada y finalmente la política doméstica, si se tienen en cuenta las trabas que han tenido en el congreso de la república los actos legislativos para la implementación del acuerdo. El artículo está dividido en cinco secciones. A continuación de la introducción, describe el papel de Pastrana y Uribe en la agenda de la UE y de EE. UU en la cooperación y detallamos cómo se da la cooperación internacional hacia el sector rural en Colombia. En las secciones dos y tres, analizamos los perfiles de cooperación internacional que caracterizan a la UE y a EE.UU. Y al final las conclusiones ofrecen algunos hallazgos relacionados con las ejecuciones presupuestales y el tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo.

El papel de Pastran y Uribe en la agenta de la U.E y de EE. UU. La particularidad de la política de cooperación internacional hacia Colombia ha estado enmarcada en el contexto del conflicto armado. La preocupación, al menos en el discurso de los mandatarios ha sido la negociación y consolidación de la paz con los distintos grupos armados organizados al margen de la ley; este elemento ha reforzado las concepciones de seguridad tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Empero, los hechos han demostrado que los diálogos con grupos específicos modifican las respectivas agendas internacionales. El ejemplo de este fenómeno se da en los casos de Andrés Pastrana con los respectivos acercamientos con las FARC y ELN y Álvaro Uribe con el proceso de desarme como producto de la política

de seguridad democrática con los grupos paramilitares tuvo éxito relativo 25. Para el caso del gobierno de Pastrana, hay dos elementos que resultan importantes a la hora de mencionar el mecanismo de cooperación. El primero, la puesta en marcha del Plan Colombia, estrategia base de los Estados Unidos enfocada a la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Mientras que, en la búsqueda del apoyo internacional para los acuerdos con las FARC, Pastrana inicia la llamada diplomacia para la paz, que consistió en la búsqueda de apoyo financiero y político principalmente con la Unión Europea (Correa Robledo, 2006; León, 2010). Sin embargo, la diplomacia para la paz no fue una estrategia exitosa para la consecución de recursos. La razón que dio la UE fue la dificultad de acompañar el proceso con el gobierno colombiano si se tiene el Plan Colombia, 26 estrategia que reñía con los principios de la UE , centrados en que la seguridad global y regional a partir de atacar las raíces que generan el conflicto como la pobreza y la desigualdad (Buelvas, 2006; Garcia, 2015; León, 2010). Por lo tanto, el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado colombiano llevó a mirar con sospecha, la propuesta realizada por el mandatario colombiano frente a la articulación con la estrategia estadounidense. Lo anterior derivó en un apoyo al proceso que se estaba llevando a cabo con la guerrilla de las FARC, desde otra perspectiva enfocada en el empoderamiento de la sociedad civil, y fortalecimiento de las comunidades de base que

Fenómenos como las bandas criminales emergentes reflejan las contrariedades de la desmovilización bajo la sombrilla de la ley de justicia y paz, la continuidad del accionar delictivo de los grupos paramilitares que se creían desmovilizados incide incluso, en las preocupaciones en el actual proceso de paz con las FARC. 25

Exceptuando casos específicos como el británico, que señalaba la importancia de articular los esfuerzos europeos con el Plan Colombia (Buelvas, 2006).

han estado en medio de la confrontación armada. Por lo tanto, se puede evidenciar que la ayuda va a ser significativamente distinta; la apuesta de la UE en términos de cooperación está encaminada al trabajo en conjunto con el aparato institucional colombiano sin la necesidad de la intervención militar, visión que la mesa de donantes de Madrid, de la mano del consejo de ministros europeos celebrado en el 2000 hizo manifiesta de la siguiente manera:

Siguiendo con su esfuerzo actual, la Unión Europea pondrá en marcha un programa europeo sustancial de apoyo socioeconómico e institucional al proceso de paz en Colombia, encaminado a promover y salvaguardar el respeto de los derechos humanos, el derecho humanitario y las libertades fundamentales, a mejorar las condiciones de vida de la población local, a fomentar los cultivos de sustitución y la protección de la biodiversidad, y a acompañar la ejecución de reformas estructurales en todos los ámbitos que alimentan el conflicto. (León, 2010, p. 159). En este sentido, dada la desconfianza generada por el Plan Colombia, en contraste con la urgencia de apoyar al Estado colombiano en las primeras negociaciones con las FARC y los principios de seguridad colectiva promovidos por la UE, el apoyo de este agente cooperante se materializó bajo la forma de ayuda a las comunidades de base. Este enfoque que se puede decir humanitario ha sido la consigna principal de la Unión Europea consolidada en los Laboratorios de Paz y los Programas de Paz y Desarrollo (LP y PPDP). Estos mecanismos contrastan con un enfoque más que todo coercitivo por parte de lo Estados Unidos, determinado por la erradicación de cultivos ilícitos y lucha contra el narcotráfico dada la perspectiva de seguridad planteada por los Estados Unidos estableciendo como socio estratégico de seguridad en

la región a Colombia27. Si bien la contribución por parte de los Estados Unidos a Colombia no comienza en el año 1999, lo que se quiere establecer es que el gobierno de Pastrana diseña un complemento de la cooperación que venía de décadas anteriores. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha dejado de lado la lucha directa por vía militar a la insurgencia ni al tráfico de drogas que había comenzado en los años 70; solo que ahora se acompaña con la tecnificación en la lucha contra los cultivos lícitos y una serie de programas de desarrollo social, promovidos más que todo por la USAID (García: 2015). La particularidad de los casos europeo y estadounidense en el mandato de Pastrana es la forma como se evidencia una separación de las estrategias de cooperación; por un lado, la encaminada al fortalecimiento de las causas estructurales que generaron el conflicto, mientras que, por el otro, se establece el carácter humanitario para mitigar los efectos de la lucha militar como punta de lanza en la avanzada contra los cultivos de uso ilícito. La retoma de San Vicente del Caguán (2001-2002), tras el fracaso de las negociaciones con las FARC, sentó las bases para la separación de las formas de cooperación internacional de UE y EE. UU. Con la llegada de Uribe a la presidencia de Colombia en el 2002, la agenda de cooperación cambia sustancialmente. Un hito importante que evidencia esto es la política de Seguridad Democrática que a aparte de fusionar los mecanismos que se mencionarán más adelante, entra en la lógica de la lucha contra el terrorismo,

Se plantea relativamente, en la medida que las posturas críticas sobre los mecanismos de cooperación con la Unión Europea sugieren que este carácter humanitario queda en un elemento discursivo en la medida que permite la entrada a formas coercitivas más relacionadas con la perspectiva estadounidense (Cruz, 2009; Zamora Aviles, 2013).

fortaleciendo la capacidad armada del gobierno28. Una movida clave para lograrlo fue la negación del conflicto armado interno que estaba viviendo Colombia29. De esta manera la lucha contra el terrorismo que se financia bajo la modalidad del narcotráfico se ve sustentada en los hechos de la mesa de cooperantes del 2005 llevada a cabo en Cartagena. En ella de acuerdo con los documentos oficiales, se genera lo que Collier denomina una lógica de victimización colectiva 30, elemento que permite mostrar como particularmente en el gobierno de Uribe, las lógicas de cooperación deben adecuarse a la agenda política doméstica. (Schultze Kraft, 2005). Dados los sucesos del 09/11 y el auge de la lucha contra el terrorismo, los cambios de un presidente fueron significativos. Es decir, que el actor beligerante que entra en esta lógica de negación de conflicto armado, ya no se tiene como un actor político con el que existe la posibilidad de negociar,

Se utiliza este término a falte de encontrar uno mejor, si se tiene en cuenta que en la lucha contra el terrorismo, el gobierno nacional logra unificar los discursos de las estrategias de cooperación de Unión Europea y Estados Unidos, fortaleciendo la injerencia de este último en términos de seguridad, punto que manejan de mejor manera (Tickner & Morales, 2015). 29 Este elemento de política interna resulta de suma importancia a la hora de hablar de cooperación internacional. En la medida que se niega la situación de conflicto armado, se desconocen también la posibilidad de una crisis humanitaria. El conflicto armado interno, dista cualitativamente de lo que se definiría como lucha contra el terrorismo, dado el contexto mundial, este discurso logra legitimar la política de seguridad democrática ante la comunidad internacional (Correa Robledo, 2006; Cruz, 2009; Zamora Aviles, 2013). 30 En el marco de la negación del conflicto armado en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, así como las encuestas de opinión que mostraban la falta de legitimidad de los grupos armados en Colombia. El país se muestra como “Rehén de grupos comparativamente pequeños de delincuentes/terroristas, motivados principalmente por la codicia y no por agravios-parafraseando la terminología de Paul Collier y Anke Hoeffer- que están causando un daño severo al país, sus instituciones y su gente” (Schultze Kraft, 2005, p. 435)

estableciendo y logrando con éxito la legitimidad del presidente estadounidense de este entonces George W Bush -quién después del 09/11 pone la seguridad de los estados aliados como el valor máximo a defender en los países democráticos. En este panorama, Uribe inserta un discurso que muestra a la guerrilla como grupo terrorista, modificando de nuevo la agenda de política exterior entre Estados Unidos y Colombia. El cambio fundamental se trata de articular la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas bajo la misma bandera de la Seguridad Democrática31. Llama la atención lo que menciona Rosen sobre la capacidad de elevar al nivel de terrorismo global a la guerrilla, negando, como se dijo anteriormente, la posibilidad de establecer un diálogo con este grupo. En sus palabras “The FARC are doing the same thing as global level terrorists, that is, organizing in small cells that don’t have contact with each other and depend on a central command to organize attacks, in terms of logistics and financing” (2014, p.46). Esta modificación del Plan Colombia trae consigo la subordinación de los Programas de Paz y Desarrollo (PDP) de manera paralela a la política de Seguridad Democrática. Teniendo en cuenta que esta es una estrategia de la Unión Europea, es importante señalar el modo sobre el cual una política de gobierno logra modificar las agendas de cooperación, como lo menciona Zamora Aviles (2013 p. 8):

Los elementos discursivos del entonces presidente si bien son importantes, no constituyen el quehacer de este escrito, sin embargo, la definición de las FARC como grupo narcoterrorista, muestra al lector la forma en la cual se conjugan tanto la guerra contra las drogas como la lucha contra el terrorismo.

Con el cambio de gobierno, ( ... ) el PDPMM tuvo que adaptarse a la política de seguridad democrática de los dos periodos de gobierno de Uribe, hecho que representó un cambio cualitativamente negativo. Para tal efecto, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), a través de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)4, actuó como coadministradora de los fondos. De este modo, se aseguraron las estrategias de inversión internacional que Uribe definía como complemento de la política de seguridad democrática. Para complementar este contexto de la modificación de los PDP, resulta importante el trabajo de Molano (2009), al momento de establecer que los PDP y los Laboratorios de Paz de esta región cambian sustancialmente en el gobierno de Uribe. Las instituciones y organizaciones que se habían consolidado en el marco de los PDPMM modificaron su accionar de manera sustancial en el gobierno de Uribe, si bien se dio un apoyo financiero estableció limites importantes, en especial con los diálogos locales de que fueron permitidos en los gobiernos de Pastrana y Samper, fueron prohibidos en el gobierno de Álvaro Uribe32. Por lo tanto, la Seguridad Democrática logra entablar procesos de confrontación con las guerrillas, a su vez que continua con las estrategias y los programas propuestos durante el gobierno de Pastrana. La modificación que se da en este sentido es la subordinación de la estrategia de la Unión Europea

Conformado por USAID, Fedepalma, Ecocacao Red de Mujeres, Red de Jóvenes y Red de emisoras comunitarias (Molano, 2009, p. 78).

a los parámetros establecidos por los Estados Unidos en términos de pie de fuerza donde las directrices domésticas condicionan la agenda de la política exterior de los dos agentes.

La cooperación internacional hacia el sector rural colombiano, dos caras de la moneda Nuestro análisis coincide con los lineamientos que sigue el Ministerio de Agricultura para su financiación, que a su vez sirve como plataforma para la implementación de los respectivos programas de los EE. UU. y la UE que han incidido en el sector rural colombiano. El decreto 2478 de 1999 dicta las modificaciones del Ministerio, incluidos los medios de financiación de la entidad incluyendo instituciones adscritas y dependientes, y entre ellas, las agencias de cooperación técnica internacional, como la Corporación Colombia Internacional o el Centro Internacional de Agricultura Orgánica estos fueron creados durante el gobierno de Juan Manuel Santos con el fin de complementar la labor que los mecanismos anteriores venían haciendo en este sentido. Por lo tanto, las formas de cooperación no son ajenas a las creaciones institucionales del Estado colombiano, como la APC, institución que actualmente trata los asuntos de cooperación que particularmente muestra una línea de ruta de los años 2015-2018, bajo tres temáticas: Construcción de paz, Desarrollo Rural Sostenible y la conservación y sostenibilidad ambiental. Esta mención de la actualidad institucional de la cooperación por parte de Colombia no se profundiza en este documento, pero resulta pertinente en la medida que permite comprender que el Estado colombiano está esperando para el posconflicto y sus puntos en la cooperación internacional para la respectiva implementación de los acuerdos.

Las consideraciones institucionales que se han hecho a partir de la interacción del Estado colombiano con los agentes llevan a establecer que, sobre este aspecto, hay dos formas en las cuáles se puede analizar las formas de interacción de los actores. Esto significa, que una la diferencia radical que trae consigo la agenda de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea para el caso colombiano, se fundamenta en las lógicas de un poder suave a un poder duro desde la perspectiva que propone Joseph Nye, si se tiene en cuenta el viraje gubernamental que se ha manifestado anteriormente. El poder suave en este caso se puede establecer en los programas de carácter humanitario que ofrecen los agentes, mientras que el caso del poder duro se centra en el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado colombiano. En este orden de ideas, si se tiene en cuenta la premisa de que ambos agentes cooperantes ejecutan agendas diferentes de cooperación, vale la pena decir que, por un lado, los Estados Unidos de la mano del Plan Colombia complementa el quehacer de la USAID, mientras que los Programas de Paz y Desarrollo, así como los Laboratorios de Paz de la Unión Europea plantean las líneas de acción de una y otra estrategia. No es suficiente decir que el elemento central de la cooperación en Colombia radica en las visiones que tienen ambos actores para cooperar en el país, pero; como se mencionó en la modificación de la agenda de cooperación entre los expresidentes Pastrana y Uribe, las formas de mitigar los impactos del conflicto interno en el campo colombiano muestra dos caras de una moneda. Por un lado, la reducción de las desigualdades a nivel estructural de la sociedad colombiana como germen del conflicto armado a partir del cual se propone fortalecimiento del tejido social y empoderamiento de las comunidades de bases afectadas por la confrontación armada. Por otra parte, la continuidad de la lucha armada contra los grupos insurgentes de la mano con la lucha contra el narcotráfico. Este último elemento es lo que en términos generales sería la diferencia entre las estrategias de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Principalmente, la cooperación para el desarrollo se puede entender como la serie de estrategias que promuevan la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del país receptor de las ayudas. Estas se pueden dar bajo la forma de dinero, tecnología o de carácter simbólico en términos de transferencia del conocimiento. En este marco se aprecia que las formas mediante las cuales se ofrecen las ayudas no están directamente relacionadas con acabar de manera directa el conflicto armado en Colombia, sino que buscan atacar las raíces de este.

La cooperación internacional de la Unión Europea Con la integración a un mecanismo intergubernamental como lo sugiere Buelvas, la UE decide fundamentar sus principios de política exterior en elementos comunes por los Estados miembros. De esto se puede establecer que “el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, el reconocimiento de la legitimidad de la ONU, la solución negociada de los conflictos, la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos” (Buelvas, 2006). Del mismo modo, los elementos de seguridad por parte de la UE llevan a alejarse desde ya da las formas de cooperación que ofrecen los Estados Unidos,

en la medida que estos implementan la guerra preventiva33. Mientras que Europa, encaminada a una labor de la manutención de la seguridad en la región, busca también atacar las raíces que originan el conflicto, al entender que “la globalización obliga a percibir la seguridad también de forma global”. Las raíces socioeconómicas de los conflictos son inseparables de sus causas tratando de evitar que estalle el conflicto en su fase armada” (Buelvas, 2006, p. 250) Por otra parte, la separación de las formas de cooperación de Europa y Estados Unidos en el caso colombiano se da a partir de la gestión de la presidencia de Pastrana; se sabe que en su administración se buscó un acercamiento con la guerrilla de las FARC y por lo tanto consiguió fondos para dicho proceso. Sin embargo, un elemento que dificultó esa labor fue la entrada en vigencia del Plan Colombia, principal estrategia de cooperación de Colombia con los Estados Unidos ( Barribi, 2013. Barreto, 2014. Buelvas, 2006. Garcia, 2014). Al respecto el informe emitido por la Unión Europea, realizando un balance general de la gestión de los LP y lo PDP muestra los alcances que se han tenido desde el momento de su implementación en el periodo comprendido del año 2002 al año 2011. Allí se evidencian momentos clave de la estrategia, fundamentalmente marcados por los procesos de paz de los respectivos gobiernos; esto es, un primer momento encaminado al primer acercamiento con las FARC en el gobierno de Pastrana, seguido de la desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe, y del reciente acercamiento con las FARC.

Mecanismo de confrontación armada por parte de los Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo luego de los atentados del 09/11. 33

De este informe, surge una serie de lineamientos, programas y estrategias al respecto de la estrategia. Es decir, que los PDP y LP, como estrategia de cooperación propuesta por la unión europea se piensan con base en tres ejes (Barribi, 2013, p. 4):

Paz y Derechos Humanos.

2 Gobernabilidad participativa.

Desarrollo socioeconómico sostenible.

Sobre el último eje, la Unión Europea ha impulsado una serie de modelos que van de la mano con los principios que fundan la cooperación con Colombia, bajo las formas de “finca campesina, asociatividad para encadenamientos productivos, fortalecimiento de economías populares y modalidades de desarrollo ambiental sostenible” (Barribi, 2013, p. 8). El fundamento que va de la mano con estas estrategias es contribuir al desarrollo humano y a la mejora de las condiciones de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esto indica que la posición de la Unión Europea como agente cooperante en términos de seguridad no solamente busca la resolución de los conflictos por vía política, sino que se ve complementada por las formas en las cuales se retribuye un tejido social, económico y enfocado a los Derechos Humanos. Lo que reafirma la tendencia de radicar con las raíces que originaron el conflicto mismo. Operativamente, los Laboratorios de Paz y PDP han beneficiado y sido financiados del siguiente modo: 96

Tabla 1: Financiación de los Laboratorios de Paz Implementos por la unión Europea (2001 - 2011)

# de # de # de # de Programa Participantes Municipios Departamentos Proyectos Directos

Aporte UE

Monto Total

LPI

187.619

386

34.800.000

42.220.000

LPII

66.058

117

33.000.000

41.400.000

LPIII

31.44

24.200.000

30.250.000

Temático Nacional

32.212

Total

315.729

220

92.000.000

113.870.000

LPIII

614

De estas financiaciones que se ha tenido a partir de los recursos dados por la Unión Europea, sobre los logros se tienen con referente al sector rural esta iniciativa estos programas han realizado principalmente, sustitución de cultivos de uso ilícito y establecimiento de cultivos principalmente bajo las modalidades mencionadas, adicional a esto, los PDP y los Laboratorios de Paz. Se observan resultados respecto del empoderamiento de las comunidades campesinas sobre las cuales se han implementado las estrategias; llama la atención el informe emitido hasta el año 2011 que realiza un balance general de estos mecanismos mostrando el modo en el cual la modalidad de finca campesina contribuye a la mejora de las condiciones económicas de las comunidades rurales donde se realización los respectivos programas. Para lo cual se establece que:

Las modalidades de finca campesina apoyadas por los LP muestran un camino para la promoción de la economía campesina rentable en perspectiva de una transformación agraria conducente a la vida digna y la paz. Se ha demostrado que la finca campesina es viable y genera beneficios económicos y sociales a las familias, siempre y cuando se den de manera conjunta y a tiempo los siguientes elementos claves: El acceso a la tierra, la formación del campesino, el acceso al crédito en condiciones razonables, la asistencia técnica adecuada y a tiempo, la vinculación a cadenas de mercado, el acompañamiento durante un tiempo largo y la asociatividad. La evidencia muestra que, además del mejoramiento de la seguridad alimentaria, las fincas campesinas generan, en promedio, ingresos de entre 1-2 salarios mínimos mensuales (Barribi, 2013, p. 10).

Los Laboratorios de Paz y Programas de Paz y Desarrollo, como estrategia insigne de este agente cooperante muestran la posibilidad de fortalecimiento de la sociedad civil a partir de una estrategia mancomunada de entre los agentes cooperantes y la institucionalidad colombiana. Llama la atención de este modelo la posibilidad de dirigir las ayudas de la cooperación a la sociedad civil, mostrando que la cooperación no solo es un elemento que trae consigo las respectivas intervenciones de los estados o comunidades de Estados, sino que pone en la discusión sobre la cooperación agentes no estatales, como en este caso la sociedad civil del país receptor de las ayudas, como ONG que abren el panorama de la interpretación de la cooperación

internacional en términos teóricos, saliendo en parte de la visión meramente estado centrada del sistema internacional y las relaciones bilaterales de unos y otros países. Finalmente, la particularidad de los PPDP y los LP es que de sus productos en términos de la ruralidad colombiana no son únicamente la incidencia que tiene sobre las regiones en las cuales ha sido implementada, sino también las formas en las cuáles estos programas y proyectos productivos en zonas afectadas por el conflicto colombiano modifican y contribuyen en los mecanismos de planeación territorial en Colombia y por ende la legislación nacional. Esto se ve reflejado en varios documentos CONPES, los cuales son fundamentales para el sistema de planeación nacional y otras políticas públicas.

¿La cooperación internacional desde la perspectiva estadounidense entre dos vías? Al momento de analizar la perspectiva estadounidense de la cooperación, saltan a la vista las dos líneas de acción que trae consigo. Como se mencionó anteriormente, las instituciones que desarrollan el Plan Colombia muestran una lógica de un poder duro, si se tiene en cuenta el departamento de Estado, Defensa y Justicia, quienes son los que participan en la implementación del Plan Colombia. Por otra parte, al tener en cuenta los lineamientos no solo se muestra que el objetivo de la seguridad regional en la búsqueda del desescalamiento del conflicto armado colombiano a partir de la lucha contra el narcotráfico, sino que se complementa con la labor de la USAID. Del mismo modo para las comunidades de base, hasta el momento en una situación de conflicto, la incidencia de esta agencia en el sector rural colombiano es notoria, si se tiene en cuenta lo

que busca hacer en las comunidades de base, para lo cual se tiene que:

Promover la prosperidad económica a través de la economía lícita, especialmente en el sector agrícola.

2. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, incluidos afrocolombianos e indígenas.

3. Promover el respeto por los derechos humanos y la justicia. 4. Enfrentar las amenazas naturales generadas por el cambio climático y proteger los ecosistemas y la biodiversidad existentes en Colombia (USAID, 2015).

Al analizar la documentación oficial sobre las inversiones que se han hecho a partir de la cooperación del Plan Colombia, y sus dos vías, es interesante ver la forma explícita en la cual se habla de una intervención y fortalecimiento del aparato militar colombiano de la mano con el accionar en términos del desarrollo alternativo para las comunidades de base. Esto no es ilógico, puesto que responde a las circunstancias que se mostraron anteriormente, cuando se pacta la agenda de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia en el momento dado de la agenda política colombiana. Por lo tanto, se tiene entonces que la cooperación que se da por parte de los Estados Unidos se encamina en términos militares, considerando que es “central to this support have been State-led efforts to provide the Colombians with air mobility, which supports the full range of military programs and many nonmilitary programs by providing access and security in remote areas” (Biden, 2008, p. 17).

100

Para dar cuenta de estos objetivos, se tiene que el desembolso para los distintos rubros:

Tabla 2: Asistencia bajo el Plan Colombia el PCCP por objetivo del Programa-Año Fiscal Créditos 2000 a 2008 (en millones de dólares)

Program Objective/ 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fiscal Year (Est)

Reduce Illicit Narcotics and Improve Security Promote Social and Economic Justice Promote Rule of Law Total

$817.8 $232.8 $395.9 $607.9 $617.7 $585.6 $587.3 $591.1 $423.4

Total

$4,859.5

0.5 109.9 125.7 126.5 124.7 130.4 139.7 194.4 $1031.8

121.1 0.9

15.8

7.3

10.5

7.8

39.4

$1018.9 $234.2 $521.6 $760.6 $753.2 $717.6 $728.2 $738.6 $657.2

$238.7 $6.130

Fuente: (Biden, 2008) Por otra parte, de los resultados que se obtienen a partir de esta inversión, llama la atención por parte de la USAID que los resultados que se obtienen a partir de los programas se muestran en una mejora en las condiciones socioeconómicas y alimentarias de las poblaciones en las que intervienen, han mostrado una mejora en los índices de desarrollo humano según lo muestra su informe más reciente.

101

En lo competente al sector rural colombiano la cifra más cercana que tiene USAID es:

Tabla 3: Datos comparativos entre Colombia y América Latina y El Caribe en Hambre y Seguridad Alimentaria

Value

Region Avg.

1.45

5.24

Agriculture, value added (percentage of GDP)

6.83

7.15

Cereal yield (kg per hectare)

4.1K

3.8K

15.8

14.7

58.1

Indicator Name Agricultural irrigated land (percentage of total agricultural land)

Employment in agriculture (percentage of total employment) Global food security index (0-100, 100 = best environment)

Fuente: (USAID, 2015) Como se muestra en la Tabla 3, los indicadores que relacionan la mejora de las condiciones de vida para el campo colombiano, son cercanos o incluso superan el promedio regional, mostrando ciertos avances en las formas de cooperación técnica ofrecida por los Estados Unidos, si bien este es un elemento fuerte de la estrategia entre Colombia y Estados Unidos no es el prin102

cipal, pues se debe recordar que la lucha contra el narcotráfico y constituyen el eje central de la ayuda recibida por el Plan Colombia. Para el caso de los resultados de la inversión de la lucha contra el narcotráfico como objetivo principal se evidencia una reducción de los cultivos de coca en el tiempo de la implementación del Plan Colombia, mostrando entonces cierta eficacia34. Sin embargo, el informe que emite el gobierno estadounidense al respecto del objetivo alcanzado por parte de esta estrategia, es que no se ha cumplido con la totalidad de los objetivos para los cuales fue pensada. Es decir, que si bien se ha avanzado se requiere una serie de medidas por parte de la institucionalidad colombiana que complementen la labor que se ha venido realizando desde la implementación del Plan. Por lo tanto, como estrategia contra insurgente el Plan se puede establecer que funcionó; sin embargo, en los elementos de la reducción de los cultivos ilícitos no se cumplió totalmente. El gobierno estadounidense sugiere la adopción y nacionalización de medidas que se han implementado bilateralmente, lo cual plantea que las políticas llevadas a cabo en el marco del Plan Colombia tomen matices de políticas de Estado con el fin de establecer que las metas se establezcan a largo plazo, logrando como lo sugiere el gobierno estadounidense:

State anticipates that billions of dollars in additional aid will need to be provided to Colombia through at least 2013 to help achieve a desired end- state where drug, security, social and economic welfare, and civil society problems reach manageable level (Biden, 2008, p. 71).

Si se tiene en cuenta que se parte del principio que la lucha contra el narcotráfico trae consigo la lucha contra el terrorismo, es decir que, terminando el modo de financiamiento de los grupos considerados terroristas, termina el conflicto en sí mismo. 34

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En este sentido se tiene entonces que el Plan Colombia como estrategia de cooperación por parte de los Estados Unidos, si bien se enmarca en la lógica de la cooperación para el desarrollo, la participación en elementos de seguridad y lucha directa contra el narcotráfico lleva a establecer que EE.UU. como agente cooperante, va más allá de la entrega de beneficios y ayudas económicas, sino que busca a su vez el fortalecimiento, modernización y consolidación de unas fuerzas armadas colombianas que no solo combatan el narcotráfico, sino grupos insurgentes.

Conclusiones En este artículo hemos analizado las estrategias de cooperación en Colombia impartidas por la Unión Europea y los Estados Unidos. Ambas estrategias están bajo la lupa de la cooperación para el desarrollo, pero la diferencia de los PPDP-LP y el Plan Colombia es que esta última complementa la entrega de ayuda financiera y la realización de proyectos productivos para las comunidades de base, con un accionar militar y fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado colombiano. A pesar de que en la Unión Europea se piensa también en términos de la seguridad global y regional, no hay una prioridad en un accionar militar, las circunstancias de la política doméstica colombiana modifican el papel de la Unión europea como actor cooperante. Por otra parte, resultan dos elementos a discutir a partir de ambas estrategias de cooperación, por un lado, lo que proponen las posturas críticas al respecto de los PPDP, sobre las tendencias a los monocultivos y detrimento del campo colombiano, y por el otro, la discusión del accionar de los Estados Unidos, que varía entre la cooperación y la intervención.

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Si se tiene en cuenta que, en la época de la Diplomacia Para La Paz, en la cual Pastrana busca la financiación del proceso de Paz con las FARC, la Unión Europea mira con preocupación la implementación del Plan Colombia, en términos de cuestionamientos hacia los Derechos Humanos y la soberanía colombiana. En la historia reciente del país la injerencia de agentes extranjeros lleva a plantear la discusión por ciertos sectores de la sociedad civil colombiana, la soberanía en referencia a la intervención, particularmente de los Estados Unidos. Del mismo modo el Estado colombiano se ha fortalecido en cuanto al uso de las armas a raíz de esta lógica de cooperación internacional, si se tiene en cuenta que las relaciones están enmarcadas en el accionar militar de las fuerzas armadas colombianas, que a su vez significan un cuestionamiento de la soberanía nacional. Al respecto de la incidencia en el sector rural colombiano, los balances de las estrategias se dan en el cumplimiento de la agenda pactada en los respectivos planes, como los productos que estos han arrojado. En el caso de los Estados Unidos, el Plan Colombia contribuye a su objetivo cumplido parcialmente que es el de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, como la mejora de los indicadores en tierra y seguridad alimentaria como se mencionó en la sección respectiva. Por otra parte, la dificultad que ha tenido el Plan Colombia como estrategia que propone el refuerzo del aparato coercitivo del Estado colombiano, es acerca de la legitimidad de esta y en qué medida se cruza la línea de ser efectivamente un elemento de cooperación entre ambos países o una lógica de intervencionismo más allá de la autonomía nacional. La estrategia de los Programas de Paz y Desarrollo muestran un balance que se da en la creación de formas de economías de carácter asociativo y empoderamiento de las comunidades de base y sectores de la sociedad civil, del mismo modo, el avance que muestran estos programas se da también en

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un tipo de jurisprudencia y avances institucionales que sientan las bases de la cooperación de cara a la implementación de los acuerdos y mecanismos de financiación del sector rural colombiano. Por otra parte, la estrategia al ir directamente a ciertos sectores de la sociedad civil deja la cuestión respecto de la autonomía de los ciudadanos en la consolidación de las economías propias a partir de los fondos otorgados. Teniendo en cuenta esto en relación con el desarrollo rural integral, se evidencia que las estrategias inciden en el campo colombiano; por un lado, si se tiene en cuenta que el narcotráfico es un fenómeno que tiene sus orígenes en el campo colombiano, por el otro, para la mejora de las condiciones de los pobladores rurales colombianos como para afrontar el narcotráfico; sin embargo, los elementos de la autonomía institucional colombiana y de la sociedad civil que se ven afectadas por las estrategias de cooperación son problemáticas a tener en cuenta en la medida que impiden un desarrollo con enfoque territorial. Es decir, que los entes territoriales en la medida que son jurisdicciones autónomas deben tener la capacidad de decidir por cuenta propia los intereses de los fondos de la cooperación, procurando solventar las dificultades que se han mostrado en tanto en los PPD-LP y el Plan Colombia y su continuidad en el contexto de post acuerdo - Paz Colombia -.

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CAPÍTULO

IV DERECHOS HUMANOS

& PAZ ENTRE

LA COMPLEJIDAD Y EL SENTIDO COMÚN

Manuel Humberto Restrepo Dominguez 35 35

Profesor Titular de la UPTC; PhD en derechos humanos; Postdoctor en derechos humanos y economía; Economista. Autor de: economía y derechos humanos; teoría de derechos humanos y políticas públicas; el derecho humano al trabajo; teoría critica de derechos humanos. Actual miembro de la Comisión Nacional Asesora del Plan de Acción en Derechos Humanos y Empresas, en representación de las universidades colombianas. Columnista de rebelion.org; alainet.com.

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INTRODUCCIÓN Trigeo pretendió ir al cielo a ver a Zeus y citar a todos los griegos a juicio por traición, porque habían permitido que Polemo quien personificaba la guerra había encerrado a la paz en una profunda caverna y amontonando peñascos encima para que nunca pudiera ser recobrada y pretendía destruir a Grecia.36 Esta comedia hecha tragedia puede mostrar la última e incansable guerra del medio siglo, producida en el país de entrada a la América del Sur, por el que entraron la invasión europea, los esclavos arrancados del territorio africano y los hombres mitad caballo, mitad hombres armados de sables, rifles y cruces y salieron las mejores riquezas minerales. Firmada la paz, empiezan las tareas colectivas de reunificación del Estado-nación y lo esencial tendrá que ser la búsqueda de la paz real, para que las formalidades del acuerdo, a la manera de pacto entre antiguos enemigos, reconocidos ahora como adversarios impere la cooperación para que lo firmado sean solo la guía hacia el reconocimiento del ser humano, en toda su extensión, capacidades y oportunidades, para vivir con dignidad. Se construye paz para alcanzar el ideal de una sociedad de derechos, que no es otra cosa que el reconocimiento pleno de los seres humanos como tales, iguales en dignidad y libertades. Si en 1789 la igualdad era ante la ley, que aparecía

Aristófanes. La Paz, e-bookket.com. Esta comedia es un intento de apoyar las negociaciones cuando se busca la paz de Nicias, en la guerra arquidámica, primera del Peloponeso. La guerra tiene prisionera a la paz y hay que liberarla.

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en la historia de la humanidad como el gran invento que llevaría al cese de los conflictos y a la vida sin obstáculos, en el siglo XXI la igualdad ha de ser respecto a tener garantías de respeto, protección, medios y bienes materiales para satisfacer en su conjunto y uno a uno los derechos conquistados. El fin último es promover y establecer garantías para que la vida sea vivida con dignidad y quede atrás la idea de aprender a sobrevivir entre precariedades y amenazas o en medio de carencias y humillaciones. Los derechos entendidos como procesos y resultados provisionales de luchas sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos contribuyen a devolverles justamente a los pueblos su lugar político y social constituyente y su potencia creadora, recobran su condición de utopía y realidad37. Al cierre del conflicto la búsqueda que necesariamente tiene que ser colectiva es hacer converger a los derechos humanos con la paz, para que otras voces rompan el silencio que impone la economía y para que al acabarse la guerra, la dignidad se convierta en la sustancia que mueva el ideal de todo proyecto de vida buena con bienestar y pleno reconocimiento de todos los seres humanos como única especie capaz de entender y reflexionar sobre conceptos, teorías y prácticas sociales para alejar el temor, la miseria y la humillación. Paz y derechos configuran una mezcla compleja por ser, los unos, la base de la justicia y, los otros, la base misma de los sistemas de garantías para la realización de derechos y juntas son el soporte material determinante para la defensa de la vida como el eje de toda construcción humana hacia adelante. La paz es un principio, un valor y un derecho. Tres partes constitutivas de su esencia en tanto concepto y realidad material. Para que la realización de un

Restrepo, Manuel (2014). Qué y por qué de los derechos humanos con pensamiento crítico, en: derechos humanos con pensamiento crítico, Tunja: UPTC, p 19.

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derecho humano sea alcanzada es preciso que su espíritu tenga un contenido de paz, igual que contenidos de justicia, libertad e igualdad. Ningún derecho logra ser real y desarrollarse a plenitud cuando las condiciones de garantía no incluyen un espíritu de paz. Sobre esta base es posible entonces entender que la paz y los derechos son conceptos y sistemas que pueden ir juntos, el uno en los otros y los otros como herramienta de sostenibilidad de la paz. Colombia, es el país de las riquezas exóticas, las gentes amables y los territorios olvidados y maltratados por las disposiciones y reglas fijadas desde el centro, que resultan sin contexto, sin consenso, ni sentido de respeto por las culturas y maneras de ser y vivir en el territorio, que es el lugar donde las victimas mejor han perdonado a sus victimarios, a pesar que desde la visión parcial e incompleta que tiene el centro empuje a que los defensores de los victimarios acusen a las víctimas. Políticamente es quizá el país más fragmentado del planeta, un lugar donde todo ocurre al tiempo, donde de la tragedia se producen comedias esta es convertida en abono de la desgracia. La violencia atraviesa la risa y la risa sirve de terapia a la violencia. En cada cosa que ocurre entre distintos hay trozos de tragedia y de comedia, se vota para decidir entre la guerra y la paz y a pesar de todas las esperanzas y esfuerzos para acabar la guerra gana la guerra y los guerreros se posicionan en el mejor lugar del coliseo de la muerte para decidir cuándo y en qué condiciones debe empezar la tragedia nuevamente. Mientras tanto del lado de la paz, pareciera que todos quieren hablar y por hacerlo al mismo tiempo se atraganta y ahoga. Mientras los indicadores de garantías para realizar sin excepción todos los derechos uno a uno o en colectivo resaltan la abundancia del agua, la tierra fértil que produce alimento o las innumerables riquezas minerales y gobernantes y empresarios destacan el desborde de las cuentas previstas por la economía, la muerte se cuenta por decenas de vidas asesinadas y queda convertida en cifras frías y estáticas que eliminan la posibilidad de mirarlas

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con los ojos de la justicia y la indignación. La economía sube, la desigualdad también y sus consecuencias, escriben vejaciones sobre los cuerpos humanos que parecían sagrados, llenándolos con cicatrices de horror y marcas de odio, que difícilmente podrán ser borradas. Nada ha ocurrido en paz hasta ahora, en medio de una guerra de medio siglo que degeneró en barbarie, aunque los llenen balances positivos, cargados de cifras sin contexto llenen los cuadernos de la verdad oficial que ofrecen las instituciones. Ha disminuido la cantidad de actos de la guerra, pero las fuerzas armadas mantienen su misma concepción de brazo armado de la nación, pero además se mantiene el espíritu de la constitución de 1886 de Caro y Núñez de contemplar unas milicias nacionales que, aunque nunca se organizaron institucionalmente, en la práctica han sido sostenidas y alentadas discrecionalmente y algunas veces degenerado hacia la creación o apoyo a grupos paramilitares38. También ha continuado la operación del mercado negro de armas y los procesos electorales sometidos a prácticas que, aunque no presenten hechos de guerra llevan violencias instaladas, escondidas en formas trasparentes pero contaminados de corrupción; amenazas, manipulaciones y fraudes a los recursos de la nación se mantienen inmodificables en guerra o en paz. El acceso a salud o educación no trascurren sin la violencia que padecen sus dolientes doblemente victimizados primero por las carencias y luego por el desprecio recibido desde instituciones ideologizadas que funcionan con mentalidad de guerra. En síntesis, ni la explotación de las riquezas, ni el acceso al agua, como tampoco a servicios de salud, vivienda o educación, produce

El monopolio de las armas no fue en su origen un principio exclusivo de pacificación ni tampoco de justicia, sino fundamentalmente un principio de sobrevivencia del propio Estado. Tokatlian, J. (1995). La violencia de las armas en Colombia, Bogotá: Fundación Alejandro Ángel Escobar, p xvi.

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los beneficios colectivos que se espera ofrezca la paz cuando se mete en el espíritu de cada derecho humano conquistado. En medio de estas tensiones, la lucha social y política contra la desigualdad será la que marque las nuevas luchas civiles que le den continuidad a los conflictos que no pudo superar la guerra. De un lado estará la resistencia de los excluidos y marginados de los sistemas de derechos y del otro los poseedores de la riqueza que ante el menor riesgo tenderán a convocar al Estado para defender con la fuerza sus privilegios. En el vértice de la realidad diaria han convergido históricamente múltiples violencias que distorsionan la existencia política de los humanos que conviven respetándose como iguales y diferentes y la instalación de la paz no aparece todavía reflejada en la vida diaria como herramienta de conduzca a la sociedad entera a vivir a plenitud sus derechos, sin que los muchos vivan en la precariedad y unos pocos vivan sin límites inclusive para querer vivir y determinar la vida de otros. Lo que ocurre teóricamente con las relaciones y mezclas entre derechos humanos y paz, pasa por una complejidad conceptual determinada por el carácter interdisciplinar de los conceptos, pero a la vez por el sentido práctico que tienen. Los análisis sobre paz y derechos, guiados por el objetivo de vivir en convivencia y realizar la vida humana con dignidad, no pueden escapar a la comprensión de que lo determinante para vivir en paz no son los deseos y las intenciones altruistas, si no las relaciones de poder, que cuando no están fundadas en términos de pesos y contrapesos desbordan la independencia de la ley y la capacidad de la política por si solas creando desequilibrios39. El poder en juego para hacer efectiva la paz no corresponde a una función de consentimiento, ni a una renuncia a libertades, ni a una transferencia de derechos, ni a la delegación en pocos del poder de cada uno y de todos, lo que define esta tensión son modos de acción que no actúan directa ni inmediata-

Foucault, M. (1981) El sujeto y el poder, Bogotá, Carpe diem, PP. 83 y ss.

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mente sobre otros40. Son acciones sobre otras acciones y la equivocación en la construcción de la paz sería delegarle a quienes intervinieron en la guerra la formulación de las salidas hacia la paz. Paz y derechos sea en épocas de guerra o en momentos de paz, sobrepasan la posibilidad de ser entendidos como un mero asunto de sumatorias, porque sobre ellos recae el peso de solidas estructuras que se niegan a dejarse modificar. En la paz la franqueza es la encargada de abrir los espacios para que la verdad se ubique donde estaba el silencio o la falsedad y la vida y la seguridad se coloquen en el lugar de la muerte como deber ético en cambio del interés propio y la apatía moral que guía hacia la tragedia41. La paz se nutre con la verdad y para llegar al postconflicto de la guerra hay que superar el esquema de la tragedia compuesto de silencio y engaño, para influir la vida ciudadana y conducir los hechos de paz hacia donde el sujeto y el colectivo encuentren razones para evitar la violencia. Colombia, esta forjada con estructuras de poder patriarcal heredadas del feudalismo respecto a la tierra que ha servido de base a levantamientos armados, pero también en ella han florecido las más temibles prácticas de barbarie aplicadas por factores de la guerra al mando de los despojadores, muchos de los cuales son figuras representativas del poder político y social, que han contribuido a mantener la vida atada al temor de padecer la más salvaje de las formas de reproducción del capital con trabajo sin garantías o en medio de temores. Paz y derechos tienen detrás suyo el aliento del poder, pertenecen a la misma forma orgánica en la que se crea el reconocimiento de cada particular concepto y prácticas de dignidad humana, para que toda persona a pesar de

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Ibid. Foucault, M (2004). Discurso y verdad en la antigua Grecia, Barcelona: Paidós, PP. 46 y ss.

carecer de una función pública se conduzca en todo como si la tuviera.42 Dignidad es, en rigor, el nombre objetivo de la paz para avanzar hacia la sociedad de derechos; es el punto de partida, la norma inmanente que sobrevive cuando se ha llegado al final y a la ruina de toda ética y los humanos han sido reducidos a la nada, a la exposición ante la barbarie. Colombia en sus últimos cincuenta años tuvo el comportamiento ocurrido de los campos de concentración de los que “cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que no comprendemos y mejor sabemos qué significa no saber. El silencio interior se vuelve tenaz y el sentimiento de incompleta feroz” 43. Solo allí en los territorios en los que las garantías a derechos no alcanzan a suplir las deficiencias y a cambio el Estado los convierte en campos de experimentación y olvido, la vida trascurrió con el silencio del terror durante cinco décadas, aislados de los medios de comunicación o más bien con medios de comunicación autocensurados por ser partícipes indirectos que habían tomado partido del lado del horror. La paz tendrá que traer esas historias, esos sufrimientos y ponerlos en conocimiento público para que su conocimiento y reflexión abonen el camino de los derechos. Se sabía de la crueldad y de la perversidad humana de unos sobre otros y esos unos eran las partes en combate, militares alentados por la voz de la política y empujados por los mandos castrenses y los insurgentes cuyos mandos también eran combatientes. De allí, de las regiones, que algunas veces produjeron imágenes similares a las observadas en los campos de concentración en los que habitó la guerra se sabía de la maldad y de sus

Restrepo, M. (2017) El derecho humano al trabajo en el contexto de los derechos humanos, Tunja: UPTC, Cap. I, el hacer humano y la dignidad en el derecho al trabajo. Cfr. Agamben, G (2009). Lo que queda de Auschwitz, Valencia: Pretextos, PP. 67 y ss. 43 Torner, C. (2005) Cavar con la mirada, Barcelona: Gedisa, PP. 95 y ss. Cfr. Lanzmann, C. (2001) Shoah. Película. 10 horas de cine que recogen los testimonios del holocausto nazi.

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responsables, que tenían un rostro concreto y que expedían reglas de conducta, promulgaban leyes basadas en la fuerza negando al derecho formal y consuetudinario, al Estado de derecho y a la sociedad de derechos.

“

El campo no es solo la negación de la vida, que ni la muerte ni el número de víctimas agotan en modo alguno su horror, que la dig44 nidad ofendida que es la vida, si no la muerte

”

La paz como derecho La paz junto a la justicia y la libertad definen el trípode sobre el que sostienen los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional, los pueblos y los Estados como su carta de navegación y convivencia en el planeta tierra. El desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han dado origen a los actos de barbarie más atroces que ultrajan la conciencia de la humanidad, han llevado a que el Estado bajo la falsa presunción de tener derechos por sí mismo atente contra la vida de los suyos y limite sus posibilidades con reglas que encierran la potencia humana en odiosas fórmulas de sometimiento y castigo. La paz tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana45.

44 45

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Agamben. Óp. cit, p 72. Declaración Universal de derechos humanos de 1948, preámbulo. www.un.org

A veces la paz es presentada como un derecho humano que efectivamente lo es, porque de ella emana la eliminación de las humillaciones y el temor a ser despreciado y tratado por fuera de lo previsto para el ser humano libre e igual. Otras veces es también presentarla como un camino independiente que puede completarse en los derechos. Las dos opciones son válidas, de tal manera que la paz pueda entenderse como principio y derecho y sobre estas como un valor esencial para vivir con dignidad en el contexto de cada cultura y en lo concreto de cada ser humano. Cada concepto tiene su propio origen, categorías de análisis y conceptos que las explican y, en la perspectiva de entender la paz como derecho, es preciso advertir que los derechos corresponden a las luchas de los pueblos y no tienen ninguna otra fuente, mientras que, en cambio, la paz es un resultado temporal de equilibrios de poder que tiene variadas fuentes46. Los derechos responden a una construcción colectiva de la sociedad y alcanzar un solo derecho puede durar varios siglos y articular los resultados de múltiples luchas humanas, unas civiles y otras armadas hasta lograr espacio en el sistema integral de derechos humanos donde lo ya ganado se vuelve imprescriptible e inderogable, mientras que la paz si puede perderse, su existencia puede ser efímera y la guerra puede derogarla de facto. La paz puede lograrse para vivirla en tiempos cortos y puede resultar de conciliaciones o acuerdos para lograr estabilidad en las partes de una unidad o para poner fin a unas violencias, que no siempre se conjugan en la eliminación de todas las violencias. De esta manera la paz se pone más cerca de las fuentes, origen y modos de acción del Derecho Internacional Humanitario que del mismo sistema universal de los derechos o del Derecho Internacional de los derechos 46

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humanos. La ONU se creó para guardar la paz y la estabilidad internacional, pero resulta débil e incapaz como institución supraestatal para llamar a cuentas a ciertos Estados y gobernantes que gracias a su capacidad militar y económica violentan la paz, agreden, impulsan o falsean la realidad e impiden el escrutinio sobre sus acciones, interponiendo como barrera una legitimación espuria basada en la soberanía de la que sacan inmunidad, lo que no es cosa distinta que capacidad de amenaza con alcances ilimitados para pasar las líneas infranqueables en las que la vida es puesta en desventaja. La mezcla de derechos y paz es el propósito común para cerrar un conflicto colombiano que data de los últimos cincuenta años, que transformaron la violencia en guerra y la guerra en barbarie; sin reglas ni sentido de humanidad a cuyo amparo aumentó la desigualdad y la discriminación, mientras los gobernantes salidos de las elites mantuvieron intacto el control del poder con el escaparate de la democracia lo que resulta aún más aterrador. Cerrar el conflicto armado en una de sus partes, si bien deja un vacío, un déficit de alegría completa es un gran avance, que sin embargo impide hablar de postconflicto, a menos que al hacerlo se especifique que de lo que se trata es de una parte del todo, que en todo caso exige señalar respecto de qué se está hablando. A pesar de que no se entre en postconflicto la firma de acuerdos de paz convoca a comprometer la teoría y la praxis de conceptos y realidades concretas y sin abstracciones en cada contexto la realidad. Los derechos hacen parte de lo que ocurre con la vida material y espiritual de los pueblos y llaman a pensar, hablar y tratar del ser humano, de sus angustias y sufrimientos. Mientras que la paz es lo que estaba ausente y por tal se convierte en motivo de busca para construir otra realidad una vez derrotada la guerra. La paz se sostiene sobre el imaginario de que gracias a ella se puede crear un escenario previsible de tranquilidad y garantías para realizar derechos y llevar una existencia más racional, más afectiva y más humana, en síntesis, más humanizada.

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Los derechos humanos por ser parte activan de la realidad, coexisten con la guerra o la paz, en democracia o sin ella, aunque en determinados momentos sea más compleja o difícil su realización. Los derechos unas veces son presentados como herramienta para iniciar un diálogo y otras como una consecuencia útil para encontrar salidas favorables a todos a través del diálogo político y social. De esta manera las interpretaciones que propone el iuspositivismo imperante en las democracias de mercado resultan insuficientes e incompletas para configurar el marco de realización de lo obtenido en las negociaciones que propugnaban por el cierre del conflicto, en cuanto reducen a los derechos a una formalidad de la norma que no corresponde a la idea de derechos autónomos. Derechos y paz en la perspectiva política de lo acordado en las negociaciones de paz, llevan adentro el espíritu de libertades, igualdades y reconocimientos ya ganados para que las violencias no vuelvan a ser la fuente del orden; ello se puede traducir en una pérdida total de la vigencia de los postulados liberales que hicieron posible comprenderlos hasta el final de siglo pasado y de la ascensión política a una tensión que se genere entre lo más radical del pensamiento de derecha y la más abierta defensa de derechos con garantías, que marcarían un mayor acercamiento a una línea de justicia que escape al rótulo de liberal y se acerque más al librepensamiento y la lucha social por identidades y diversidades, contra la homogeneidad y la crueldad en todos sus sentidos. Colocar a debate a los derechos y a la paz acordada como resultados que deban su existencia a la mediación legislativa modifica e invalida el valor de la paz y la reduce a efecto del poder, que violentamente ejercen unas mayorías legislativas que terminan por bloquear la política y el dialogo directo ya ganado al generar obstáculos para que la incorporación de los derechos en toda su complejidad blinde lo acordado. Los derechos que pueden salvaguardar la paz están compuestos por un entramado de cultura, ideología,

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normatividad e imaginarios, que le ponen a la realidad contenidos éticos y sociales, conceptos y maneras de fundamentarlos que superan de lejos el cuerpo de la ley y entran en el ámbito de los valores humanos y de humanización. El efecto de aparente objetividad de la ley impide comprender la realidad en tiempo histórico presente y tiende a producir efectos de descontextualización del significado de la lucha social y colectiva por alcanzar las condiciones materiales necesarias para la convivencia. La mesa de negociación del conflicto armado acordó los términos tendientes a superar la confrontación armada y su texto final es la señal de partida para empezar a construir la paz en colectivo y con responsabilidades, no de los desarmados, si no del Estado en cooperación con la sociedad. En la mesa conversaron el Estado y la Insurgencia y de la agenda tratada salió la ruta inicial de construcción de paz con inclusión de grupos y comunidades históricamente marginadas. Sin importar que la conversación quizá no haya logrado tomar distancia de las categorías de análisis propuestas por las doctrinas liberales y del derecho natural en sus versiones antigua y moderna, ni de las teorías del positivismo insuficientes para abordar a los derechos en el contexto del siglo XXI, ni se hayan tratado problemas de reciente aparición ligados a diversidades, pluralidades y heterogeneidades para plantear un sentido de humanidad actualizado como destino propio, ni hayan ocurrido acercamientos para validar otros modos de crear poder, valores y formas de convivencia, lo alcanzado es la mejor proclama de derechos realizada en Colombia en toda su historia de reconocimiento del ser humano como ente a reconocer y respetar sin temores ni humillaciones. Las desigualdades y las violencias asociadas a la guerra, que están en la raíz de los conflictos tendrán que ser arrancadas y las respuestas buscarse con otros instrumentos sin el riesgo de caer en la trampa de asumir a la política como recurso técnico guiado por leyes predeterminadas que han Estado al servicio de sostener discriminaciones. Ahí radica la importancia de llevar los

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derechos humanos a la implementación de lo acordado en la mesa de negociación política y llevarlos con una concepción definida, crítica, adecuada para crear un marco de relaciones en el que quepa la otra realidad, la de excluidos y marginados cuyos poderes y luchas son centradas, contrahegemónicas y en la mayoría de casos producidas por sumatorias de necesidades originadas en las formas económicas y de dominio militar que han impedido la realización de determinados seres humanos.

Los derechos y el acuerdo de paz alcanzado Los derechos humanos han estado ausentes de su materialización efectiva inclusive en los cortos periodos de paz vividos; ello contribuye a explicar en parte las dificultades para avanzar hacia una cultura de paz que, gracias a la aplicación de modelos de pacificación diseñados por la misma clase en el poder corresponsable de las violencias y la guerra, no ha podido florecer. Los modelos de paz acogidos hasta antes de los acuerdos estuvieron orientados a cerrar formalmente los conflictos sin dedicar esfuerzos a desmontar las estructuras de dichas anomalías. Políticamente la violencia entre los partidos de pensamiento liberal de mediados del siglo XX que dejaron un cuarto de millón de asesinados y la tierra concentrada en pocos, fue sellada con un pacto entre los mismos poderosos que seguidamente cerraron las posibilidades de inclusión de los hasta ahora negados y abonaron con nuevas injusticias y el retorno de viejas heridas la siguiente fase de la guerra. Culturalmente en ese corto tiempo de paz transcurrido el clero y los partidos (liberal y conservador) mantuvieron sus bases de discriminación y sus coincidencias.

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Por ejemplo, en relación con considerar que los derechos les pertenecen a los conquistadores y que era necesario mantener la negación a la existencia política de las mujeres según expresiones como que permitirle votar a las mujeres era una herejía, porque podrían elegir a comunistas. Similar situación ocurrió con la marginación despojo y desplazamiento forzado de campesinos a las ciudades para convertirlos en obreros tratados como clase subalterna, lo que mostró que, aunque se lograron pequeños periodos de paz, no se afectaron los valores ni se redefinió la cultura para aceptarla. Reconocer la existencia de la guerra en su última fase de medio siglo (de la que aún quedan partes vigentes) y apostar por la paz no es solo un asunto político, ni un tema reducido a variables militares, porque la guerra incorpora todas las dimensiones de la vida, la sociedad y el Estado. La paz esperada como resultado del pacto entre adversarios es un llamado a la convivencia sin más derramamiento de sangre, ni humillaciones ni temores. Lo acordado ha de ser entendido como el fruto de la correlación de fuerzas entre adversarios claramente definidos en un ámbito de poder, en donde nada responde a concesiones unilaterales. La negociación de paz terminó con acuerdos provisionales que en cualquier caso benefician la realización de derechos inicialmente civiles y políticos, pero también económicos, sociales, culturales y ambientales. La existencia política y la garantía de los mínimos vitales protegidos (vida, seguridad personal y dignidad humana) ahora exige su realización haciendo converger todos los componentes del sistema de derechos incluido el DIH. La Justicia Especial de Paz por tratarse de una fórmula adecuada para buscar equilibrios entre paz y justicia, es la herramienta esencial para la transición de la guerra a la paz como efecto del acuerdo no solo como abandono de las armas, sino esencialmente del abandono de la lógica de la guerra y sus correlatos de temor, terror, paranoia y sufrimiento. Lo que ocurra en términos de lo acordado y de su posterior implementación no se traduce

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automáticamente en postconflicto como punto de cierre; el acuerdo es apenas una llave que facilita la entrada a un lugar sin guerra, al desmonte de la mentalidad que entiende a las regiones como campos de concentración y pasar a verlas como fuentes de riqueza humana. El acuerdo sirve para empezar la construcción de paz estable y duradera, una vez sean superadas las lógicas de guerra e instaladas en la cultura las lógicas de derechos universales e inalienables para todos. Lo que resulte del acuerdo firmado compromete a las dos partes firmantes a contribuir con explicaciones y desarrollar corresponsabilidades. A la implementación acudirán sentidos de paz que pueden ser subjetivos, políticos, sociales, económicos o militares que indican hacia dónde dirigir la atención de los derechos. La paz puede ser pretendida como una garantía para explotar la riqueza sin obstáculos, como usualmente ha sido el propósito urgente de la clase en el poder con el aliento de las trasnacionales del capital, especialmente en ámbitos de minería e inversiones globales. De otra parte y con perspectiva de derechos, la paz puede ser pretendida como opción para distribuir mejor el acceso a bienes públicos promoviendo que el Estado reoriente el gasto social en aras de fortalecer las capacidades de vida material del colectivo social y en paralelo transformar la cultura de la precariedad en otra de garantías. Hay profundos abismos entre los modelos de la paz perpetua y pax romana que imponen los vencedores, respecto a la paz como Estado del alma o a la paz con justicia social y sin desigualdades -como seguramente la piensan las mayorías de población- lo que puede traducirse en que el común denominador tendrá que ser crear opciones para obtener los bienes necesarios que permitan satisfacer las condiciones de la vida digna. Una paz completa compromete el fin de la guerra y sus estructuras de poder, pero además tiene que ver con soberanía, riqueza nacional, respeto por el bien común, patrimonio público y ejercicio de la democracia con equilibrios de poder.

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Legalidad y legitimidad en disputa, en guerra y en paz Los derechos humanos en cuanto símbolos de justicia escapan a la idea de que existe una única legalidad creada y administrada por el Estado, que se autodefine responsable de la coacción y sanción judicial. En la Habana, en búsqueda del acuerdo político para el fin de la guerra la negociación política entre contrarios se arrancó convirtiendo a los enemigos en adversarios, que, previamente a sentarse a la mesa hicieron un primer pacto para reconocerse mutuamente y, en la fase de conversaciones, ser cooperantes del mismo propósito de cerrar el conflicto armado y remover las bases que soportan la guerra. Lo logrado allí fue un resultado común de las dos partes, sin ganadores ni derrotados. El Estado no fue el artífice del fin del conflicto y no puede reclamar una victoria, tampoco la Insurgencia, hacerlo significaría mantener las heridas abiertas y regar semillas de nuevas confrontaciones. El Estado corrió con el costo político de haber aceptado la existencia del otro y de entenderlo como un igual para poder hablar, aunque en escalas pequeñas haya múltiples diferencias de tamaño, recursos, apoyos, diplomacia. Sobre esta premisa ninguna de las partes fue victoriosa y no corresponde mirar los resultados a la luz de la legalidad del Estado. Si el Estado se hubiera tomado la agenda por cuenta propia se hubiera caído en la fórmula de Pax Romana que impone un vencedor, inclusive antes de vencer, lo que hábilmente los empresarios utilizan en el lenguaje del marketing como victorias anticipadas. El Estado éticamente no puede auto asignarse el rol de creador de la ley para construir la nueva sociedad de la paz, ni tampoco pre diseñar sus modelos para encajar las conclusiones políticas de los acuerdos. La paz duradera es para el país no para los armados, los beneficios de la paz los recibe la sociedad y adentro de ella como parte de esa sociedad cada uno de los antiguos combatientes. Lo acordado en la mesa en materia de derechos 130

es para todos los humanos que componen la entidad llamada Colombia, aunque hayan compartido o no el cierre del conflicto armado por vía de la negociación y no de la derrota militar. Los derechos sobrepasan la dimensión política y militar del conflicto, convocan a la totalidad. Si bien hubo un marco jurídico para la desarmar al paramilitarismo en el periodo anterior de gobierno, baste recordar que allí no hubo negociación política, no eran actores contrarios en disputa, no había unos enemigos ni del Estado, ni del statu quo, sino fuerzas que compartían una misma idea de Estado, economía y sociedad; no había actores independientes y diferenciados. Los enunciados de la ley de justicia y paz (975 de 2005) eran jurídicos no políticos, someterse a la ley del Estado era la única salida. Con la insurgencia en cambio no había sometimiento a la ley sino reconstrucción de la política y por esa vía reconfiguración de las estructuras societales. Durante los últimos 50 años vividos en medio del conflicto armado con actores y contendores reales que usan explicaciones y justificaciones propias, con víctimas y dolor, con lo cual la mezcla derechos paz resulta gratificante a la hora de explorar oportunidades para hacerlos coincidir como herramientas esenciales en la construcción de un nuevo país, una nueva convivencia, sin acudir a las armas para ejercer la acción política bajo el temor de las armas. La legalidad se define en la paz, la legitimidad en cambio en los derechos. El Estado podría atribuirse la imposición de su propia formula de legalidad solo si estuviera por encima de las partes en el conflicto que se espera resolver del todo; pero es justamente una de las partes comprometidas en la guerra, con lo cual su legitimidad se reduce ante el objetivo central de promover y propender por eliminar el conflicto y las razones que lo sostienen. La legitimidad se gana o se pierde en el campo de las prácticas sociales y culturales, no en los juegos del lenguaje o la publicidad. Los golpes militares y las descalificaciones a los actos del contrario no son factor de legitimidad, aunque 131

creen la percepción provisional de estar siempre cerca del ganador. Es una debilidad del Estado fraccionar sus voces ya que las legitimidades están en un juego continuo, en el día a día. Toda acción de fuerza intimida, afecta derechos y arriesga la legitimidad, aunque se ampare en la legalidad vigente o se acuda a las justificaciones ya descontextualizadas de la guerra justa. Suponer en medio de la guerra que la violencia estatal es legal y legítima y que la violencia de su contrario es ilegítima resulta por lo menos teóricamente impreciso, cuando el monopolio de las armas no es evidente, ni el consenso sobre la conducción del Estado afirma reconocimiento; y también es impreciso suponer que el poder existe solo con referencia a modelos institucionales. En la práctica en Colombia coexisten distintos poderes que gobiernan determinadas geografías y situaciones e inclusive en las cinco últimas décadas hay lugares que el Estado nunca penetró. Es común aceptar el monopolio de la fuerza en manos del Estado en condiciones de paz, como también que el respeto por los derechos y garantías no tenga alteraciones, pero al aceptar la existencia del conflicto armado se acepta implícitamente que el monopolio sobre el uso de las armas es difuso, está disperso entre fuerzas que disputan la legitimidad. En medio del conflicto los derechos humanos estuvieron a prueba y sometidos a defender su propia capacidad teórica, su existencia política y su potencia jurídica, pero sobrevivieron. Si el Estado mantiene la pretensión de imponer su propia legalidad en la fase de implementación, dejando de lado las reflexiones sobre legitimidad, el fracaso de los acuerdos será previsible y, en cambio de avanzar hacia lógicas de paz, nuevas huellas de traición y desconfianza dejarán un vacío sin ocupar. La tendencia a imponer las reglas del diálogo y enrutar por sus canales los resultados, sería la muestra de que el Estado, a pesar de haber negociado el fin de la guerra, no está dispuesto a cambiar la concepción equívoca de que los derechos le pertenecen a los conquistadores y, en esa lógica, mantener a la vida misma bajo la falsa idea de que eliminando al otro se construye la

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paz, con lo cual ante el desarme de la insurgencia el riesgo inmediato es que las máquinas de guerra proclives a la continuidad del modelo de Estado y de relaciones económicas y políticas existentes, reorienten su accionar de muerte hacia los sectores sociales organizados, reconvirtiéndolos en adversarios. La legitimidad del Estado es frágil, cuestionada y bloqueada por la incapacidad para incorporar referencias éticas de conducta para sostener una idea de respeto hacia lo público como despensa útil para satisfacer los derechos.

Crear un marco de pluralismo jurídico Con la perspectiva de derechos humanos, el marco para la paz establecido para las conversiones adoleció en sus bases de herramientas éticas que propiciaran compromisos de Estado más allá de los referentes de la ley. De tal manera impidió que lo pactado se orientara a fortalecer solidariamente tres tipos de cultura: de legalidad; de ciudadanía otra; y de paz soportadas en la legalidad y la ciudadanía. Estas en calidad de pilares, llevan a la construcción de la sociedad de derechos. Tal carencia fue utilizada para alentar las pretensiones de venganza de quienes derechos y libertades son desviaciones del orden natural y como respuesta menor arremeten contra los antiguos combatientes, a quienes, una vez desarmados, se les trata de convertir en enemigos públicos. La idea de venganza no es solo contra excombatientes es contra derechos alcanzados y sus víctimas los demás humanos distintos a ellos mismos. Ha sido una constante presente y activada la defensa del odio especialmente activada por sectores y líderes vinculados de manera directa o asociados a la ultraderecha colombiana, fragmentada en partidos, movimientos y grupos que existen gracias a la guerra. El marco inicial de conversaciones tuvo primero un pacto de reconocimiento de contrarios y su validez dependió de organizar una agenda de oponentes en el ejercicio de la acción política. El marco de discusión entre oponentes

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basó su sostenibilidad en las garantías de respeto y en el interés genuino de responder con salidas a una situación compleja y de conflicto. El agregado sustancial fue haber incluido en la negociación la voz de víctimas, victimarios, combatientes y aliados en la guerra, con el fin de propiciar encuentros entre seres humanos dispuestos a actuar para modificar las estructuras de poder vigente que degeneraron en la guerra. Después del acuerdo, en el Congreso de Colombia la tendencia, resultó contraria al espíritu de los pactos y donde debía ocurrir el debate político, la tendencia fue imponer una deliberada estrategia jurídica como barrera a la avanzada de construcción de la paz. La desviación teórica presente en las actuaciones legislativas es observable en el uso intensivo de las herramientas de una óptica del iuspositivismo (llamada a ser la primera en ser modificada) que no cesa en el empeño de entender los derechos humanos en una casuística que cobra sentido solo cuando son sometidos a un análisis de legalidad que termina en el ámbito penal, impidiendo explorar el campo de la justicia más allá de la exegesis normativa. La imposición de esta visión limitó desde el comienzo la creación de un marco de paz adecuado para eliminar el conflicto armado y atender las causas que lo provocan, asociadas a déficit de garantías a los derechos, impidiendo entrar por la senda real del postconflicto. Imponer la regla sesgada de que todos los actores de la guerra estaban en un mismo nivel, habría significado aceptar que el Estado también está facultado para exceder los límites o caer en la barbarie como parte de sus funciones, lo que es contrario a derecho. Los crímenes de Estado no pueden equipararse a los crímenes de los particulares estén organizados o no; ningún Estado tiene derecho a interpretar que los derechos ganados le conceden a él o sus agentes o funcionarios derecho a emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades

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proclamadas 47. La connivencia del Estado y sus agentes con la barbarie a la luz de los derechos es equivocada y entra al lugar del delito. Una cosa es el Estado y otra la sociedad y las organizaciones políticas y armadas que se gestan y nacen en su vientre. Cambiar la óptica, revisar vacíos y corregirlos y eliminar conjeturas instaladas en los centros de poder es una tarea necesaria como garantía indispensable para que los desarmados con el pacto, entren en la política sin armas y encuentren posibilidades reales para satisfacer como todos los demás seres humanos sus derechos humanos. La paz, como derecho, alcanza a quienes la aceptan y jalonan como principio de convivencia y valor filosófico y ético. En su condición de derecho humano es para todos los seres humanos sin distingo de su posición política y social, de tal manera que tanto los que estaban levantados en armas, como las mayorías a las que se les ha negado su existencia política en razón a discriminaciones y exclusiones y se les ha impedido vivir en democracia real tienen ese derecho y lo reclaman para vivirlo con las garantías y los medios necesarios para realizarlo. Indígenas, mujeres, afros, raizales, LGTBI, jóvenes y otros que históricamente han sido negados con fórmulas de iuspositivismo patriarcal, reclaman paz desde las regiones antes tratadas como campos de guerra, para quedar libres del temor y la miseria y reclamar su entrada a una sociedad de derechos con propuestas y dinámicas producidas adentro de sus experiencias probadas en sus luchas invisibles por el sonido de la guerra. Con contenido de derechos será más fácil entender la necesidad de abrir paso a un modelo de pluralismo jurídico, que incorpore distintas visiones y sentidos de la ley, que resulte pertinente para una sociedad diversa, con una importante composición indígena y afro, pero a la vez una extensa y rica combinación de visiones y cosmovisiones. Hasta ahora la élite en el poder,

Declaración Universal de derechos humanos, cap. 30.

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para sostenerse ha incorporado en su estrategia de guerra la creación de reglas jurídicas que impone sin precaución por cada particular contexto y que no son acatadas por voluntad de los gobernados, sino por su exigibilidad que obliga el Estado, sin que medie un común acuerdo Estado-sociedad. El resultado del acuerdo de paz es de orden político y sus consecuencias repercuten en múltiples dimensiones de la vida social incluidas las ambientales y culturales y para que sea duradero tendrá que provocar necesariamente una reformulación del mismo sistema jurídico colombiano para que la política sea conducida por el orden político y el derecho por el orden judicial sin las mezclas usuales provocadas por los controles del sistema de poder en manos de grupos específicos que se han hecho con las posiciones y cargos del Estado por virtud de tradiciones electorales viciadas en su favor. Tener en cuenta que los referentes y cauces jurídicos no han sido eficaces para explicar ni solucionar la realidad del conflicto armado, abre la puerta para que se mezcle la paz con los derechos en la perspectiva de producir valores y nuevas conductas asociadas a esos valores de convivencia pacífica. Además, urge que el Estado, aprisionado por una permanente crisis de legitimidad, aproveche la ocasión para reconstruirse como uno real de derecho siguiendo sus compromisos adquiridos al ratificar la declaración universal de derechos humanos. La fuerza militar permanente, preparada para la guerra, también está llamada a derribar las barreras que le impiden abandonar la idea del enemigo interno y trasladar su ánimo de guerra del lado de la paz para servir de apoyo a las acciones coactivas del Estado para que los gobernantes ganen autoridad, no por el miedo a sus revanchas, sino por su capacidad de beneficio a las comunidades. El Estado que permanece separado de la justicia y la legalidad, no está representado en legitimidad y, para entrar al postconflicto, hay que cerrar esa brecha. El Estado con la lógica de ejército de guerra permanente, durante la guerra

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cometió decenas de miles de infracciones graves tanto a los derechos humanos como al DIH, convirtiéndose en primer responsable ante las víctimas y en mayor violador sistemático de derechos humanos del continente americano; el acuerdo de paz le exige un cambio de conducta y un mayor entendimiento sobre su propio significado. Las prácticas negativas asociadas a derecho sostenidas por el Estado, aunque no hayan sido una variable central en las negociaciones, deben ser ratificadas porque las consecuencias de sus desastres afectan con mayor rigor a la sociedad, antes que a la insurgencia también comprometida con violaciones a derechos y al DIH.

Huir del sistema predatorio y del sistema patriarcal La clasificación como minorías de las mayorías, con metodologías que segregan y fragmentan socialmente, las debilita y convierte en un problema sobre el cual el Estado descarga toda su furia predatoria, como parte de la avanzada del proyecto neoliberal de eliminación de la diferencia; uno que impide calificar de genocidio lo que ocurre o hacer visible la sistemática política de exterminio de los contrarios armados y desarmados. Las estructuras patriarcales son pilar central de apoyo a la guerra y van en contra de la entrada de la confrontación desarmada para gestionar la convivencia.

No se trata de crear cupos, ni cuotas de participación política, sino de convertir la participación política y social en fórmula de inclusión para reconstruir las reglas que permiten vivir en paz, en convivencia.

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El patriarcalismo promueve la formación de sujetos separados de los otros; objetiviza la potencia humana, impone una idea estática de familia, de escuela sin diálogo, de democracia sin contrarios y de instituciones de reproducción ideológica de la dominación. El Estado puesto al servicio del capital, refuerza el espíritu patriarcal y el machismo que, gracias a la mentalidad de guerra, hace fuertes a los armados y víctimas a los desarmados. Una perspectiva crítica de derechos humanos aporta capacidad para realizar análisis sobre el significado del ser humano de este tiempo, en el que las diferencias no separan, sino que unen y en el que las libertades solo existen junto a las igualdades. La guerra ha fortalecido la fragmentación, las divisiones y el odio, que pueden ser superados incorporando una visión de derechos entendidos como asuntos propios del ser humano, sobrepasando la reduccionista lógica normativa cuya mirada apenas reconoce a los humanos si son sujetos de derecho y pertenecen a una definida opción política o tienen adhesión al sistema de poder. Las mayorías militan en la vida, no en el Estado y, cuando se levantan contra la guerra, lo hacen en defensa de la vida con dignidad, es decir contra la muerte y sus secuelas. En el escenario de cierre de la negociación política del conflicto hubo dos fuerzas con explicaciones propias sobre cada una; eran actores del conflicto que invocando a los derechos humanos se encontraron para concertar fórmulas de acceso a la paz, preservando su condición de contrarios, pero unidos en torno a cooperar para resolver el problema central del antagonismo expresado en la confrontación armada de ideas políticas. El fin mayor de la negociación era cerrar el conflicto. En la mesa estaban como contradictores reales que trasladaban su potencia política al territorio del discurso para dar explicación de sus proyectos políticos y disponerse a encontrar las razones verdaderas de la confrontación para superarlas.

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años de guerra dejan el rastro de muerte más grande de América Latina, por lo que cooperar entre contrarios es el primer resultado para dar respuesta a una sociedad que clama por una paz duradera que esperan mejores condiciones de vida para los habitantes de un país, sin herencias medievales, ni sistemas patriarcales, sin homogeneidades ni absolutos intocables. La tarea es compleja y hay que levantarla sobre el respeto y las garantías materiales para realizar los derechos humanos, como se había pactado en la primera declaración de derechos de 1789 que hoy aparece actualizada con las voces de los marginados, los violentados y los negados de ese tiempo.

Volver a declarar la igualdad para que la paz sea posible Parece ajeno o simple o incluso innecesario, pero hay que volver a declarar y ratificar que la igualdad de todos los seres humanos es un propósito del acuerdo. Y que todos en cuanto seres humanos, somos iguales, no ante la ley, ni ante la formalidad. Son las posibilidades de acceso a los bienes, las que permiten a cada hombre o mujer, joven o anciano, afro o mestizo, comunista o liberal, satisfaga necesidades y realice deseos como principio de humanización y erradicación de las violencias. Parece sencillo declarar otra vez la igualdad, pero sin esta no hay universalidad de derechos ni la dignidad podrá florecer. Es difícil alcanzarla por las fuertes raíces sembradas por unas élites enquistadas en el poder político y dueñas de la riqueza que han fijado las reglas de existencia política según sus intereses; pero, sin embargo, esa es la apuesta para quienes jamás durante toda su existencia han vivido al menos un poco de paz. Remover las bases estructurales que impiden la

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realización de los derechos en su carácter integral, abre el camino a la universalidad de los derechos con garantías y con posibilidades de disfrute para todas y todos, sin excepción, incluidos los que están al margen de una u otra legitimidad o legalidad con quienes también habrá que tratar de una nueva humanización sostenida con una paz duradera que requiere contenido de derechos, no un enfoque de derechos. Una paz con contenido de derechos humanos, no con enfoque de derechos, requiere condiciones de cooperación entre contrarios para remover y liquidar los factores que reproducen la dominación, la sujeción y la explotación como escenarios en los que se producen las violaciones, se rompen las reglas de las democracias y se originan las violencias. La guerra ha impedido la existencia de lo cotidiano fuera del tiempo y del espacio de la guerra y es ahí donde se debe situar la posibilidad para remover los obstáculos a lo cotidiano invadido por el terror cuyos efectos han borrado los límites entre la guerra y la paz. Si lo cotidiano no entra a la implementación de los acuerdos, resultará más complejo y difícil superar la violencia instalada como regulador fundamental de la vida común. Los derechos humanos no pueden ser un agregado final que sume al acuerdo, a la manera de una pintura adicional al cuadro original para protegerlo. Los derechos humanos requieren ir en cada tema y conclusión, impregnar con su espíritu toda situación acordada. En síntesis, es en las instituciones que se encarguen de mantener la vigencia del acuerdo donde se empieza a construir un sentido institucional de fin del conflicto que lleve al postconflicto e instale un sentido de derechos, para vivir en una convivencia libre de temores, sin humillaciones, ni carencias.

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La paz promueve la quietud, los derechos, el movimiento. Resulta impreciso aceptar que con el cierre del conflicto armado se entrará en una etapa de postconflicto. La primera dificultad es que por el carácter estructural que tiene el conflicto, el solo cese del uso de las armas como herramienta política no constituye la terminación de los factores que originaron y sostienen el conflicto; ni tampoco elimina los antagonismos sobre los que se ha de levantar la acción política sin armas que dé continuidad al proyecto insurgente, sin las armas de la guerra, en busca de alcanzar legitimidad y legalización de su acción política traducida a capacidad de gobierno. Una vez cerrado el conflicto armado con el acuerdo de voluntades entre Estado-Insurgencia, será posible recobrar la memoria de las causas que lo han originado y el conflicto social podrá seguir su trámite hasta que se gestione el fin de las causas que lo sostiene, ahora por vía política y social. No resulta preciso entonces hablar de postconflicto, cuando la movilización social sigue vigente y amenaza con extenderse y profundizarse mediante la reproducción de las demandas sociales, culturales y económicas que estaban invisibilizadas por la guerra. Los derechos están adentro del conflicto, son observados y entendidos al ser invocados unas veces como bandera de las resistencias armadas y otras como respuestas militares del Estado. El Estado alega la violación de derechos y en consecuencia actúa, la insurgencia incorpora el reclamo por derechos y sobre ellos también justifica sus actuaciones. Cambiar los instrumentos de lucha pasando de las armas a la forma civil política y social implica abrir espacio a los derechos como la herramienta canalizadora de las rebeldías y las desobediencias. Los derechos no quedarán sujetos a ser materializados y respetados solo por-

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que se pactó el acuerdo; ellos serán la nueva esencia de lucha que aliente el conflicto hasta su superación definitiva. No se puede caer otra vez en el error de hace doscientos años, donde una vez promulgados los derechos del hombre y del ciudadano quedó la sensación de que por ese solo hecho serían cumplidos. Los derechos no pueden ser tomados en cuenta sin el contexto de hoy, ya no pueden ser otra vez la base del ideal burgués del siglo XVIII, ni la obra intelectual de los ilustrados para promover una sensibilidad cultural.

Paz y derechos, derechos y paz, son conceptos llamados a cruzarse en una misma realidad y se necesitan para fortalecer la convivencia y remover las estructuras de desigualdad que sostienen a las élites en el poder. Los derechos constituyen un aporte para la construcción de un marco favorable a la paz. Sirven para ayudar a vivir en paz con garantías para que los pueblos no sean asesinados, ni humillados, ni sometidos; y en paralelo preparan las condiciones para que las víctimas sean oídas con sus propias voces, que también son las voces de los otros, los excluidos. Los derechos sirven para mantener la resistencia hasta que la paz sea una realidad. En la construcción de la relación duradera de derechos humanos paz, están las víctimas; pero también están presentes los otros, los obreros, los despojados, los campesinos, los mineros, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes, los excluidos y las periferias del capitalismo, perversamente instigador y usufructuario de la guerra.

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Con contenido de derechos un marco de garantías para que la paz se instale en la cotidianidad de la sociedad y del Estado, podrá dotarse con mejores herramientas y ofrecer condiciones que lleven a sustituir los métodos, valores y técnicas de la guerra impregnadas en el sistema político; los mismos que se hace preciso cambiar y transformar de manera radical. La mezcla entre derechos humanos y paz debe garantizar en todo caso la búsqueda del equilibrio entre la Paz que trata de mantener la estabilidad y la quietud y; los derechos humanos que no cesan de promover el movimiento y de fortalecer las rebeldías para vivir libres del horror de la guerra y su barbarie.

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CAPÍTULO

V LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA

PAZ

Armando Lugo González 48 48

Docente Asociado De Planta Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia: Director Académico, Proyecto ASCUN. Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Director Del Grupo De Investigación GIDETCI. Licenciado En Ciencias Sociales, Especialista en Lenguaje y pedagogía de Proyectos, Magister en Investigación Social Interdisciplinar, Doctor en Estudios Políticos (c). Publicaciones:″Una Reflexión Sobre Las Competencias A Privilegiar En Educación Tecnológica”, “La Calidad De La Educación Superior En Colombia”, “Bacterias, Fuente De Energía Para El Futuro”, “La Ciencia Social Crítica Y La Escuela De Fráncfort”, “Comprensión Y Producción De Textos Científicos”, “La Calidad De La Educación En Colombia En El Nuevo Orden Mundial”, El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano.

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INTRODUCCIÓN En este texto se proponen algunos elementos de análisis y debate sobre los acuerdos de Paz adelantados entre Gobierno y FARC-EP entre 2012 y 2016 en la Habana Cuba, cuyo documento final fue: “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Con base en este proceso, se proponen algunas cuestiones que generan puntos de vista desde diversas orillas que aportan al debate y la comprensión de la coyuntura actual.

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La tesis propuesta en este texto consiste en que el proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y FARC-EP, mitiga la violencia política en el país. Sin embargo, en el Estado colombiano gran parte del fenómeno de violencia es de orden estructural, pues problemas como el desempleo, el hambre, la pobreza, la miseria, entre otros, van más allá de los acuerdos de la Habana. No hay que perder de vista que los problemas enunciados son el resultado de una estrategia de desarrollo que centra su interés en el crecimiento económico, en ese sentido, hay que advertir al lector que los problemas estructurales viejos y nuevos de la paz, que generan violencia en todo el territorio nacional, son el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, que dicho sea de paso, han propiciado la irrupción de asimetrías sociales en todo el mundo, representadas en el aumento a escala planetaria del desempleo, la pobreza, el hambre, solo por dar algunos ejemplos, que han aumentado la brecha entre ricos y pobres. Para lograr una aproximación al objeto de estudio en primera instancia se contextualizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, en lo concerniente a sus orígenes y su propuesta política; en ese sentido, se enuncian algunos elementos de las guerrillas liberales y su paso hacia la consolidación como guerrilla comunista. El artículo se refiere a seis puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 6. Implementación, verificación y refrendación, los cuales son analizados en este segundo acápite. En seguida examina los problemas estructurales de la paz, para lo cual se hace uso de los desarrollos teóricos de Antonio Gramsci; específicamente los aportes que giran en torno al bloque histórico y todos los conceptos que reclaman ser definidos en una categoría tan rica y compleja como esta, a

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partir de esta categorización se toma una postura epistémica para analizar el tema estudiado. Finalmente, propone una serie de conclusiones válidas a partir de los hechos enunciados, vistos a través de los postulados teóricos propuestos, en ese sentido, se colige principalmente alrededor de los problemas estructurales de la paz, es de aclarar, que esto no tiene la intención de dar puntos definitivos sobre estos tópicos, sino más bien es una invitación y un acto de provocación a continuar la discusión en un tema tan álgido.

Algunos elementos contextuales Colombia es un país con una amplia tradición de violencia política y social, producto de las luchas por el poder del Estado, las asimetrías sociales, la exclusión política, el narcotráfico, la pobreza, el desempleo, el acceso a la tierra. Pese a lo anterior, hoy en día la sociedad colombiana se encuentra en un momento histórico, tal vez sin precedentes, al estar en un proceso de consolidación de la firma de un acuerdo de paz con el grupo insurgente de izquierda revolucionario más antiguo e influyente en el contexto nacional. Conviene precisar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, inician su accionar bélico como guerrilla comunista en el año de 1964, en el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966), en el municipio de Marquetalia al sur del departamento del Tolima, convirtiéndose en la guerrilla comunista más antigua del país. Es de advertir que el surgimiento de este grupo fue producto de un proceso cuyos orígenes datan de la agudización del conflicto Liberal – conservador (entre 1946 y 1958, producto de la violencia política entre liberales y conservadores). Inició su recorrido en las líneas políticas del liberalismo, de don149

de pasan de ser guerrillas de autodefensa campesinas liberales a guerrilla marxista-leninista, con incidencia de procesos revolucionarios como el de la revolución cubana, resultando innegable una clara influencia del Partido Comunista de Colombia49. Otro elemento de esta historia es la figura de Juan de la Cruz Varela, líder de las guerrillas liberales quien es electo para la asamblea del Tolima entre 1945 y 1949. Tras un atentado contra su integridad en el municipio de Arbeláez, zona conservadora, se vio obligado a desplazarse hacia el alto Sumapaz. Molano describe que:

“

Varela fue uno de los principales organizadores de la autodefensa. Los más importantes grupos se organizaron en las veredas El Roble y Galilea, en Villarrica, y El Palmar, en Icononzo. En esta vereda ingresó Varela al Partido Comunista en 1952. Una asamblea de autodefensas lo eligió comandante del grupo junto con otros

Hay que advertir al lector, “que ningún movimiento real adquiere conciencia repentina de su carácter de totalidad, sino solo a través de su experiencia sucesiva, o sea cuando toma conciencia, gracias a los hechos, de que nada de lo que existe es natural (en el sentido inusitado de la palabra) sino que existe porque se dan ciertas condiciones, cuya desaparición no puede dejar de tener consecuencias. Es así como el movimiento se perfecciona, pierde los caracteres de arbitrariedad, de (simbiosis), se transforma en verdaderamente independiente, en el sentido que para lograr determinadas consecuencias crea las premisas necesarias, empeñando en dicha creación todas las fuerzas” , en ese sentido, es un momento histórico donde afloran de manera consciente en el individuo las contradicciones del modelo, a partir del conocimiento de las condiciones objetivas. GRAMSCI Antonio, “Notas sobre Maquiavelo” Citado por: HERRERA ZGAIB Miguel Ángel, “Antonio Gramsci y la Crisis de Hegemonía” Editorial: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2013. Pág. 122. 49

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campesinos: Luis Enrique Hernández, alias Solito; Salomón Cuéllar, alias Vencedor, y Rafael Castellano, Tarzán, originalmente de las autodefensas de Viotá; Víctor Jiménez, alias Roncerías, y Luis Mayusa, alias Gavilán, que había sido parte del comando de Chicalá, Tolima, bajo el mando de Isauro Yosa 50

”

Ahora bien, en paralelo en la escena mundial se desarrolla un enfrentamiento que no se da de manera directa entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialista Soviética, sino que se manifiesta en guerras civiles en algunos países o incluso confrontaciones entre Estados vecinos, conocida como guerra fría. Ello generó una paranoia en todo el mundo, que en cabeza de USA determinó que el enemigo a vencer era el “fantasma del comunismo” y Colombia no fue la excepción. Aquí se promulgó una ley que prohibía el comunismo51. El Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) fue el encargado de definir quién era “rojo” en tanto que, para Rojas Pinilla, “guerrilleros intelectuales” eran Eduardo Santos y Alberto Lleras. Para la reelección del “segundo libertador”, como gustaba ser llamado el jefe supremo, la política de guerra fría tuvo su más cruel y brutal desarrollo en la llamada Guerra de Villarrica, situada en la falda occidental del Páramo de Sumapaz, en el oriente del Tolima.” 52

MOLANO BRAVO Alfredo, “Nacimiento de las FARC: De El Davis a Villarrica” 7 Jun 2014 - 9:00 PM, Especial para El Espectador, en: http://www.elespectador.com/noticias/ nacional/nacimiento-de-farc-de-el-davis-villarrica-articulo-497036 (27/08/2017) 51 “La ley anticomunista fue aprobada como acto legislativo número 6, firmado por Mariano Ospina Pérez y el ministro Lucio Pabón Núñez. La ley fue copiada de The subversive activities control act of 1950, impulsada por el senador Joseph McCarthy. Según ella los culpables de pertenecer, colaborar, simpatizar con el comunismo podían ser condenados a prisión entre uno y cinco años o confinados en una colonia penal agrícola. 52 MOLANO BRAVO Alfredo, “Nacimiento de las FARC: De El Davis a Villarrica” 7 Jun 2014 - 9:00 PM, Especial para El Espectador, en: http://www.elespectador.com/noticias/ nacional/nacimiento-de-farc-de-el-davis-villarrica-articulo-497036 (27/08/2017)

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A partir de algunas de las ideas ya enunciadas, se dio una transición del liberalismo al comunismo por parte de FARC-EP, en gran medida por los errores estratégicos del accionar bélico del Estado, debido a que, en los procesos de paz con las guerrillas liberales en algunas zonas del país, el gobierno nacional hizo que las guerrillas de autodefensa campesina se concentraran en diferentes municipios, del Tolima, Huila y Caquetá. Allí sucedió la operación conocida popularmente con el nombre de Marquetalia (Tolima), donde fueron reprimidos a sangre y fuego, producto de acciones militares del Estado53. Ahora bien, existen otras posturas frente al tema, las cuales plantean que las FARC-EP, son una respuesta a la estrategia que usa el Partido Comunista de Colombia, el cual determina en combinar todas las formas de lucha. “Por otro lado, están los que sostienen lo inevitable del nacimiento, tarde o temprano, de las FARC, dado que ya existía en el seno del Partido Comunista (PC) las tesis para justificar su nacimiento. En efecto, desde el IX Congreso

Por un lado, quienes afirman que la emergencia de las FARC no se hubiese producido en efecto si no se hubiese llevado a cabo el ataque contra Marquetalia. Las autodefensas campesinas de influencia comunista se habrían mantenido como tales y, probablemente, con el correr del tiempo se hubieran extinguido lentamente. Esta es la opinión, por ejemplo, del historiador Pierre Gilhodès, quien sostiene que “no es exagerado concluir que, en Colombia, desde el punto de vista estrictamente militar, se inventó el enemigo en nombre de una respuesta continental (.) La inspiración vino del exterior en esta ofensiva ideológico-militar de comienzos de los sesenta. Se presionó sobre un presidente débil para tener en la cúspide militar a un oficial de nuevo corte, apto para aplicar una teoría gemela y complemento de la Alianza para el Progreso”. Gilhodès se refiere al general Alberto Ruiz Novoa, comandante del Batallón Colombia en la Guerra de Corea, la cual introdujo al Ejército colombiano, que se hallaba inmerso en una guerra civil interna, en la lógica de la Guerra Fría. Con lo cual pasamos -según los conocidos términos de Francisco Leal Buitrago- de un Ejército de “adscripción bipartidista” a un Ejército de “adscripción anti-comunista”. PIZARRO LEONGÓMEZ Eduardo, “Marquetalia: el mito fundacional de las FARC”, UN Periódico No.57 - 9 de 2004 EN: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/03.htm (27/08/2017)

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del PC celebrado en 1961 se había aprobado la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha revolucionaria”. En la resolución política se subrayaba que “la revolución puede avanzar un trecho por la vía pacífica. Pero, si las clases dominantes obligan a ello, por medio de la violencia y la persecución sistemática contra el pueblo, este puede verse obligado a tomar la vía de la lucha armada, como forma principal, aunque no única, en otro período. La vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha”. Una de las particularidades de Colombia en el contexto de América Latina fue el nacimiento temprano de guerrillas inspiradas por un partido de izquierda, con amplia antelación a la revolución cubana. Esta tradición de lucha armada sería la base para la transformación del movimiento agrario en fuerza guerrillera, tras el ataque a Marquetalia”.54 En palabras de Antonio Gramsci, hay un momento de “catarsis” en el sentido de que, al asumir posturas político – ideológicas, hay un impacto, por lo menos en la dirección del movimiento, que permite que se asuma la orientación de forma consciente en la construcción del proyecto político de la organización, al cual se le imprime claramente un sello de clase, que articula a obreros y campesinos55.

“. PIZARRO LEONGÓMEZ Eduardo, “Marquetalia: el mito fundacional de las FARC”, UN Periódico No.57 - 9 de 2004 EN: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/ediciones/57/03.htm (27/08/2017) 55 “Catarsis” indica el paso del momento meramente económico (o egoísta-pasional) al momento ético-político, es decir, al momento de la superior elaboración de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombre. Esto significa también el paso “de lo objetivo a lo subjetivo” y “de la necesidad a la libertad”. La estructura de fuerzas exteriores que aplasta al hombre, lo asimila, lo vuelve pasivo, se transforma en medio de libertad, en instrumento para crear una nueva forma ético-política, origen de nuevas iniciativas…” GRAMSCI A. (1976), “Introducción a la Filosofía de la Praxis” Barcelona: Editorial Península. Pág. 68.

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Pero, si bien es cierto lo anterior, esto no desaparece el hecho de que la violencia estatal es determinante en la respuesta organizativa de los grupos de campesinos y coadyuva a crear las condiciones objetivas para que emerja este grupo insurgente. En este caso quienes históricamente no tuvieron más camino que el de las armas, en medio de un Estado dominado por las elites regionales, en función que es asumida por parte de algunos sectores de la sociedad civil como las autodefensas campesinas, al existir una ausencia de sociedad política. Según Gramsci la sociedad política es equivalente al Estado y en ese sentido se usa en este texto, en algunas regiones del país, no se descarta la respuesta organizada de los grupos excluidos del poder. Asimismo, este proceso de transición muestra el paso de la violencia partidista Liberal-Conservadora, que pierde vigencia con el Frente Nacional (19581974), a la guerra contrainsurgente anticomunista, esto último producto de la exclusión y el sectarismo del pacto político entre los partidos tradicionales Liberal – Conservador, que deja por fuera a los grupos excluidos del poder, sin pretender dejar de lado, el ascenso del comunismo en la región, producto del triunfo de la revolución cubana. Ahora bien, con el surgimiento de las FARC-EP, las reivindicaciones asumen un carácter de clase. En ese sentido, y teniendo presente que las bases sociales de este grupo insurgente son campesinos, en el centro de sus reivindicaciones está el acceso a la tierra lo que implica de entrada la necesidad de una reforma agraria en el país, pero esto no se limita a las reivindicaciones de los problemas del campesinado, pues estas se desbordan hacía las de la clase obrera. Igualmente haciendo referencia al pasado reciente, en el discurso pronunciado por el vocero de las FARC-EP Iván Márquez, en Noruega al inicio de los diálogos de paz en 2012, el primer argumento con el que sustenta la lucha revolucionaria de esta organización, son las asimetrías sociales que presenta

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el país. En ese sentido plantea que la paz de incluir la solución de los problemas económicos, políticos y sociales motivo del conflicto, lo que reclama la necesidad de identificar cuáles son esos problemas económicos, políticos y sociales, generadores de violencia en la sociedad colombiana y que, dicho sea de paso, le dan un estatus de organización político - militar a este grupo subversivo56. Un elemento central que se puede colegir de lo expuesto anteriormente es que la propuesta de las FARC-EP, reclama cambios estructurales que permitan una redistribución de los réditos del capital en aras de lograr una sociedad más igualitaria. En ese sentido, se cuestiona directamente la lógica de acumulación del modo de producción capitalista y por ende el Estado colombiano se enfrenta a un paradigma opuesto al capitalismo, que discute radicalmente la estrategia de desarrollo basada en el crecimiento económico y la acumulación de capital por parte de una elite. Es importante hacer énfasis en el problema de la tierra en Colombia, ya que este no solo se limita a una lucha contra los latifundistas. El problema va más allá de la lucha entre campesinos ricos y pobres. Ello incluye una lucha por los recursos naturales del subsuelo, reclamando por tal motivo otros intereses y nuevos actores, tratando de participar con ventaja en el proceso distributivo; este escenario implica, entonces, temas como el desplazamiento forzado, ya que este es producto del uso de la violencia para expropiar de facto a campesinos principalmente pobres y pequeños propietarios. En ese orden de ideas, hay un proceso de acumulación por desposesión, en aras de favorecer las grandes plantaciones de las multinacionales y la incursión de industrias mineras en el país, que convierten el proyecto económico del país

MARQUEZ Iván, “Oslo, Noruega, comenzó diálogo de paz para acabar con el conflicto en Colombia. Habla Iván Márquez” en: https://www.youtube.com/watch?v=mk654P-88II

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en un modelo rentista sin desarrollo real de la industria nacional, esto último es lo que se ha denominado enfermedad holandesa, por cuanto, las políticas de Estado no cambian un activo que se agota por uno que produzca.

A partir de lo anterior, se puede apreciar la complejidad del problema de la tierra en Colombia, lo que lleva a las FARCEP, a concebir de acuerdo al discurso pronunciado por Iván Márquez, que el problema de la tierra es un problema histórico, que incluye el territorio. En ese sentido, se amplía al sobre suelo, suelo y el subsuelo, lo que implica un interés nacional de lucha por el territorio, que incluye el cuidado y la preservación de los recursos naturales ya que estos entonces, son de interés de la nación, proponiendo de esta forma reivindicaciones de orden nacionalista en oposición del orden global 57.

El discurso de Márquez promueve, además, una postura ecologista en contra de la explotación indiscriminada por parte de las multinacionales de los recursos naturales, donde se privilegia la rentabilidad de las empresas sobre el cuidado del medio ambiente, colocando sobre la mesa discusiones que giran en torno al uso de la tierra, por ejemplo. Cuestionando el uso de transgénicos y los biocombustibles, entre otros, dando con esta postura argumentos, en contra del neoliberalismo que promueve políticas como la inversión extranjera directa y la apertura comercial, entre otras. Asimismo, es evidente que la propuesta de las FARC-EP, se ubica en con-

MARQUEZ Iván, “Oslo, Noruega, comenzó diálogo de paz para acabar con el conflicto en Colombia. Habla Iván Márquez” en: https://www.youtube.com/watch?v=mk654P-88II

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travía de la estrategia de desarrollo basada en el crecimiento económico, ya que se oponen a la forma en cómo crecen las asimetrías sociales, producto de un régimen que coloca al Estado al servicio del capital internacional. Teniendo como agravante la apropiación indiscriminada de todo tipo de recursos naturales, sin descontar la explotación de la clase obrera por medio de salarios cada día más pírricos y un sistema financiero totalmente volcado a la acumulación a través de la especulación financiera. La propuesta de paz esbozada en el proyecto político-militar de las FARC-EP, está atravesada por la necesidad de justicia, de reparación y de verdad por parte de los actores que representan al Estado, bien sean como efectivos de los organismos de seguridad o como grupos Para-Estado al margen de la ley.

Acuerdos de paz La FARC-EP, no solo ha sido capaz de sobrevivir a las diferentes ofensivas armadas por parte de la fuerza pública en distintos momentos históricos del país, incluso teniendo en cuenta sus antecedentes como guerrilla de autodefensa liberal en el periodo de violencia bipartidista. Además, se han dado el permiso de sentarse a la mesa de negociación en aras de tratar de llegar a acuerdos validos que le permitan abandonar la vía armada e integrarse a la vía política, proponiendo que

“Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos

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a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra Integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en la Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en la Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año (2016). Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos.” 58

Lo anterior, permite ver que el último proceso de acercamiento entre gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo FARC-EP, inicia en el año 2012, al momento en que las partes se reconocen como interlocutores válidos. Ello posibilita que los dos actores se sienten a la mesa para llegar a acuerdos mínimos que permitan el fin del conflicto armado con este grupo guerrillero.

“Tesis X Conferencia FARC-EP, En: Taller, Revista de Análisis de la Actualidad Política, Publicación del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, CEIS. N° 39 octubre-diciembre de 2016. Bogotá – Colombia. Documento de discusión.

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Ahora bien, como dijimos arriba el acuerdo consta de seis puntos:

Política de desarrollo agrario integral.

2 Participación política.

Fin del conflicto.

Solución al problema de las drogas ilícitas.

Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Implementación, verificación y refrendación, los cuales reclaman algunos comentarios para mirar su intención y alcance.

En el primer punto, Política de desarrollo agrario integral, se sientan las bases para la transformación del campo y se crea bienestar para la población rural; busca la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años y el cierre de la brecha entre campo y ciudad. Este acuerdo incluye un fondo de tierras para campesinos sin tierra y la formalización de la propiedad, la actualización del catastro rural, la protección ambiental de estas zonas y la jurisdicción agraria para resolver conflictos. Se planea construir vías terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación, acceso al agua potable constante y conexión a internet.

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Por otro lado, a través de estímulos de productividad se buscan planes para fomentar la economía familiar, la comercialización de productos, la asistencia tecnológica y garantías de seguridad social. También el acceso a crédito será fundamental para las zonas más afectadas por el conflicto.”59 Como se aprecia en la nota anterior, el tema de tierras es significativo para la guerrilla de las FARC-EP, pues como ya se planteó anteriormente, esta es una reivindicación histórica de esta guerrilla. El problema del acceso a la tierra en Colombia es un tema histórico, anclado en la estructura socioeconómica del país; lo que hay de fondo es un problema distributivo que atiende a privilegiar a grupos de multinacionales y grupos domésticos que han acumulado grandes extensiones del territorio nacional trayendo como consecuencia lógica condiciones de pobreza y miseria en el campo. A lo anterior se le suma, un proceso de desplazamiento sistemático producto de la incursión de grupos al margen de la ley, paramilitares amparados por terratenientes y multinacionales, que conviven con el narcotráfico ante la mirada ausente del Estado, pero que ahora recuren a él (Estado), para legalizar sus títulos y de paso legalizar y legitimar el despojo de campesinos en indefensión ante la institucionalidad. Un capítulo más de la llamada acumulación originaria de capital, guardando eso si las diferencias de tiempo y espacio. En síntesis, el desarrollo integral del campo debe estar dirigido desde el Estado, integrado a un proyecto político que lo avale y lo respalde, consultando

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a las comunidades, definiendo, diseñando, ejecutando y evaluando, políticas públicas que permitan materializar los lineamientos de los acuerdos que giran en torno a desarrollo del campo en el país. En cuanto al segundo punto, Participación Política, es un llamado a la ampliación de la democracia desde el Estado, permitiendo que sectores de la sociedad civil que tradicionalmente habían sido excluidos del poder, participen dentro de la sociedad política, es decir, se vinculen al ejercicio del poder desde el Estado. Ahora bien, para esto el Estado debe garantizar el disenso que se produce cuando emergen propuestas desde otras concepciones de mundo diferentes a las imperantes en el grupo hegemónico. Pero, a su vez, los militantes del nuevo partido deben tener claro que los acuerdos y decisiones tomadas en el seno de la Sociedad Política, son vinculantes y no pueden ser cuestionados por la vía armada, a no ser que renuncien al reconocimiento del Estado y su monopolio sobre las armas y regresen a la oposición como guerrilla beligerante. Lo anterior implica, además, que se tiene que dar reconocimiento y legitimidad a la Sociedad Política, como garante de la participación, reconocimiento y cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos que se vinculan al poder y en general a toda su militancia. Es importante decir que la ampliación de la democracia pasa por la defensa de los derechos fundamentales de los que antes de la firma de los acuerdos no reconocían el derecho legítimo del Estado del monopolio del Estado de las armas y el uso de la violencia. Los acuerdos de la Habana contemplan mecanismo que le permiten a la Sociedad política garantizar la participación de los miembros de las FARCEP, esto sin perder de vista que la Constitución de Colombia contempla no

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solo los derechos, sino que también las herramientas para su cumplimiento, lo que no quiere decir que el sistema sea perfecto.

“

Para esto el Estado garantizará la facilidad para la creación de nuevos partidos políticos, el fortalecimiento de los mecanismos para promover la transparencia en los procesos electorales y una mayor participación electoral.

”

Se crean circunscripciones transitorias especiales de paz para las regiones más golpeadas por el conflicto y que tengan mayor representación política. Veeduría para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos. Además, existirán garantías para la oposición política de partidos y movimientos sociales. El fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios institucionales y regionales y la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación también apoyarán a este objetivo.60 Con los acuerdos de la Habana, se crea además el compromiso por parte del Estado, el acceso por parte de los desmovilizados a espacios donde se da un uso privilegiado del discurso, en ese sentido, existe la posibilidad de acceder a los medios masivos de comunicación existentes o incluso crear sus propios espacios de propaganda y difusión de su concepción de mundo y su proyecto político emergente. En cuanto al segundo punto de los acuerdos, sin dejar de ser fundamental

REVISTA DINERO, “Los 6 puntos del Acuerdo de Paz que debe leer antes del 2 de octubre” EN: http://www.dinero.com/pais/articulo/los-puntos-del-plebiscito-de-la-pazen-colombia-2016/231214 Viernes, 16 de junio de 2017 (04/06/2017)

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para mitigar la violencia política en el país, no es uno que atienda de manera directa a los problemas estructurales de la estrategia de desarrollo imperante en el mundo, basada en el crecimiento económico. Ello en el sentido de que no se está ante una contradicción enquistada en el mundo productivo, ya que, si bien el origen de la violencia política en Colombia es producto de un régimen sectario y excluyente. Donde la participación de la Sociedad Civil es condicionada por oligarquías tradicionales y unos pocos grupos emergentes, algunos de ellos vinculados al fenómeno del narcotráfico y grupos paramilitares, el fenómeno de la participación política se enmarca más en un problema de falta de garantías de la democracia burguesa, empezando por la falta de acceso a los medios donde se hace uso privilegiado del discurso, por ejemplo, unido a un discurso que deslegitima y “sataniza” a los contradictores del régimen establecido. El tercer punto, tiene que ver con una condición obligada para mitigar la violencia en el país. El fin del conflicto, es tal vez el acápite más esperado por un pueblo que ha sufrido generación tras generación el fenómeno de la violencia, donde se siente la ausencia de una sociedad política capaz de darle a la sociedad civil un proyecto político ajeno a las prácticas violentas, sectaristas y excluyentes, amparadas por grupos domésticos tradicionales principalmente, que se asocian con instituciones internacionales y países hegemónicos, para direccionar las políticas nacionales, no solo a nivel político, sino social y económico. A este escenario se le suma el fenómeno de la corrupción, donde no solo se ven fenómenos de tráfico de influencias y parapolítica, entre otros, sino que además, se pierden grandes sumas de dineros públicos, los cuales, si el Estado hiciera un buen control de sus recursos y enfrentará el fenómeno sin restricción alguna, se podrían hacer más obras públicas, dar mayor atención a los problemas sociales, etc., lo que mitigaría el fenómeno de la violencia, en ese sentido, el acuerdo debe ir más allá de la dejación de armas.

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Pese a lo anterior, el fin del conflicto armado es fundamental para un pueblo que reclama la construcción de una sociedad pacifica, respetuosa e incluyente.

“

En este punto se negoció el acuerdo sobre el cese al fuego, hostilidades bilaterales y dejación de armas. Así, todos los victimarios se tendrán que desmovilizar a través de un mecanismo de monitoreo y verificación, este proceso será verificado por terceros como las Naciones Unidas o la CELAC.

”

También este punto prevé la preparación de la institucionalidad del país para la reincorporación de las FARC a la vida civil. Además, la fuerza pública facilitará el desplazamiento de los miembros a las 23 zonas de adaptación

veredales y los 8 campamentos. Estas zonas estarán libres de armas y de manifestaciones políticas, todos los integrantes deberán entrar a estas zonas y no podrá entrar ningún civil, sin embargo 60 personas serán designadas para que puedan salir de estos para tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Dentro de estas se hará un proceso de capacitación en labores productivas, de nivelación de educación, cedulación y otras actividades de reincorporación. Además, tendrán que contribuir incluyendo suministro de información y con limpieza de los territorios minados.

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En paralelo

“

Se garantizará la representación política con un mínimo de 5 curules en el Senado y la Cámara de Representantes, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias, mediante una fórmula transitoria durante dos períodos constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018.61

”

Como se puede apreciar, el acuerdo reclama una participación activa de la sociedad política, no solo por ser garante de la seguridad de los desmovilizados, sino que además, debe garantizar la participación política de la insurgencia dentro de las reglas de los procesos democráticos del país, para lo cual se hace patente la necesidad de reconocerlos como ciudadanos y con ello la restitución de sus derechos políticos, sin olvidar, que la vida pública del ciudadano incluye actividades de orden económico y cultural. Con lo anterior, se puede intuir entonces que el reconocimiento de sus derechos políticos es necesario, pero no suficiente. Pues así mismo, el acuerdo reclama una política pública orientada a la inserción al mundo laboral y social, en ese sentido, es necesario que se permita el acceso de forma fácil y segura a espacios de formación laboral, acompañado de asesoría y acom-

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pañamiento psicológico, por cuanto, para nadie es un secreto que la guerra causa desequilibrios mentales los cuales deben ser tratados por profesionales de la salud. Finalmente, para que los acuerdos sean exitosos en el sentido de lograr una reducción significativa de la violencia en el país, el proyecto político de la sociedad política debe tener políticas de Estado que posibiliten la inserción a empleos dignos, en ese sentido, no solo deben materializarse políticas públicas de capacitación laboral y tratamiento psicológico, sino, que, además, se deben generar puestos de trabajo suficientes para absorber esta nueva mano de obra. El cuarto punto, Solución al problema de las drogas ilícitas, tiene que ver con los problemas estructurales del país, en el sentido de que atiende a problemas que afectan el sector productivo, así como también, son un foco de generación de violencia. No solo porque sus réditos sirven para financiar grupos armados ilegales, sino porque estos grupos armados tienen que mantener el control de las zonas de producción, el comercio y las rutas por donde se transporta, a todo esto, se le suman problemas de inflación, corrupción política, lavado de activos, contaminación ambiental entre otros, elementos todos que generan violencia en Colombia. Con lo anterior, se retoma el tema de la participación del Estado, cuestionando elementos que tienen que ver con el orden establecido. La estrategia de desarrollo por basarse en el crecimiento económico no tiene como prioridad los problemas sociales y ambientales, estos no están dentro de las practicas del sector privado, en ese sentido, es el Estado, dentro de sus preocupaciones, por ejemplo, quien debe enfrentar problemas como los medioambientales, ya que el sector privado prioriza la renta económica, dejando de lado los problemas sociales y ambientales.

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Al tema del cuidado y la protección del medio ambiente, el Estado debe luchar por reducir significativamente temas como el de la corrupción, lavado de activos, el control de la inflación, la inseguridad y el ejercicio de la soberanía en todo el territorio nacional, entre otros, en ese sentido, el Estado es el actor más activo en la materialización de los acuerdos de paz, si estos fracasan, sería un cuestionamiento para el Estado. Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente cita: “En este punto se promoverá la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados, además se le dará al consumo de drogas un enfoque de salud pública que intensifique la lucha contra el narcotráfico”. Se creará el Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo de mano de las comunidades afectadas y las autoridades nacionales. Las comunidades jugarán un rol en el diseño, ejecución y seguimiento del programa. Este programa es un capítulo especial dentro de la Reforma Rural Integral. Además, se creará una estrategia integral para desarticular y judicializar a las redes de narcotráfico y se fortalecerá la lucha contra el lavado de activos 62 en todos los sectores de la economía.” Además de los comentarios anteriores, hay que decir que la sustitución de cultivos debe atender a una política pública que se articule a una estrategia de desarrollo que involucre el orden nacional, de tal forma que atienda a las necesidades del país, con criterios técnicos, desligada de intereses individuales, sin expectativas de desarrollo.

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En términos generales, la sociedad política está obligada a proponer un proyecto político, que integre a su estrategia de desarrollo al campo colombiano, permitiendo a los campesinos pobres acceder a los recursos, de tal forma que solucionen los problemas materiales de subsistencia, sin descontar que además de lo anterior, se articulen al ciclo productivo, es decir, a la producción, distribución y comercialización de sus productos, de tal forma que los campesinos pobres del país participen significativamente de los réditos del capital. En el quinto punto de los acuerdos de la Habana, se hace referencia a la reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Estos elementos fundamentales en la consolidación de un proceso de paz deben estar acompañados del perdón, por duro que parezca, sin perdón no hay paz, pues es el perdón el motor que impide la venganza, odios y resentimientos, permitiendo a cada víctima estar tranquila y en paz con la sociedad. Hay que decir, entonces, que perdonar, no necesariamente significa impunidad; pero hay que ser consciente, de que en un país donde la guerra ha cobrado tantas vidas, de varias generaciones, donde víctimas y victimarios en muchos de los casos reposan bajo tierra, dejando en un sinnúmero de ocasiones viudas y huérfanos de lado y lado, es muy difícil acceder a la verdad, porque así como existen estos casos, existe también los casos donde se cuenta con actores vivos, que es donde operan los principios de verdad y justicia, porque la reparación y no repetición es una condición obligada. Ahora bien, para lograr la reconciliación es necesario, además del perdón y el conocimiento de la Verdad, para que haya Justicia, Reparación y No Repetición, que todos los actores del conflicto se reconozcan como interlocutores válidos, en aras de que la confrontación se de en el terreno de lo político, permitiendo espacios de debate público donde se lleven posturas que respalden cada proyecto político, sin la pretensión de ser impuestas a la fuerza.

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Lo anterior, se garantiza gracias a la presencia del Estado, ya que este, es el garante del cumplimiento de los acuerdos, en ese sentido, es necesario crear los mecanismos que permitan acceder a la verdad, administrar justicia, reparar a las víctimas y hacer presencia en todo el territorio nacional para que estos hechos violentos no se repitan,

“

En cuanto a las acciones concretas de contribución a la reparación se harán actos de reconocimiento de responsabilidad, la contribución de los victimarios para la reparación de los damnificados, la restitución de tierras, la reparación colectiva y la rehabilitación psico-social. Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente judicial para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.63

”

En el último punto se hace referencia a la materialización de los acuerdos. En ese escenario, se habla de: Implementación, verificación y refrendación, es el momento donde se ponen en práctica todos los organismos del Estado para garantizar el acuerdo, ya que es el Estado, el responsable ante la comunidad, tanto a nivel nacional como internacional del cumplimiento de los acuerdos.

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En primera instancia, hay que decir, que es importante en este proceso donde se verá la verdadera magnitud del acuerdo. No solo por lo que implican sus contenidos, sino porque este es vinculante e incluye tanto a la sociedad política, como a la civil, y la presencia de la comunidad internacional, por cuanto esta hace parte de los coadyuvan a garantizar que lo acordado llegue a materializarse de la manera más adecuada, bien sea como mediadores, observadores, e incluso con donaciones, entre otros.

“

El Estado, como responsable directo del cumplimiento de los acuerdos,

creará la “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 representantes de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración de la Comisión podrá ser hasta de 10 años, acordándose un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019.

Los objetivos de la Comisión serán la resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de implementación.

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Se tramitarán las reformas normativas necesarias con el fin de que los planes de desarrollo departamentales y municipales incorporen medidas para garantizar la implementación de los acuerdos. Los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías financiarán los puntos acordados, así como los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, organismos multilaterales y sector privado, los cuales se 64 agregarán a los fondos dispuestos por el gobierno para esos fines.

”

Como se puede evidenciar, el acuerdo está diseñado sobre mínimos, los cuales permiten la inserción de ciudadanos que se encontraban al margen de la ley, por no reconocer al Estado social de derecho, amparados en epistemologías de izquierda, lo que lleva a una concepción de mundo diferente a la del neoliberalismo y naturalmente a posturas ideológicas que cuestionan el orden establecido. Es evidente, además, que todos estos acuerdos reclaman de la presencia activa de la Sociedad Política, ya que es el actor reconocido socialmente, tanto legal como legítimamente, capaz de dirigir el desarrollo del país, en ese sentido, su proyecto político se mantiene, con todo y sus fisuras, ante la sociedad civil como válido y posible, capaz de mitigar los problemas materiales de la sociedad y con esto, disminuir los índices de violencia en Colombia.

171

Con lo anteriormente expuesto, queda claro que los acuerdos de la Habana entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, no centran su atención en los proyectos políticos de estos dos actores del conflicto, es decir, no se hicieron acuerdos significativos que impactaran en la estructura socio-económica del país, en ese sentido, la estrategia de desarrollo no va a ser transformada radicalmente, solo se proponen algunos elementos en torno al campo y al narcotráfico, con ello, continúan estando presentes en esta sociedad los problemas materiales propios de la sociedad capitalista como el hambre, la pobreza, las asimetrías sociales, entre otros. Después de estos cortos comentarios sobre los puntos de los acuerdos de Paz llevados a cabo entre 2012 y 2016, en la Habana Cuba: “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” se hace necesario plantear que no se negoció el proyecto político de ninguna de las partes.

Problemas estructurales de la paz Para hablar de los problemas estructurales de la paz, es importante hacer algunas precisiones teóricas, las cuales van a ser precisadas a partir de los desarrollos de Antonio Gramsci. Se hace referencia a concepciones como estructura, superestructura, sociedad civil y sociedad política, entre otros. Según esa propuesta teórica hay un concepto central para analizar la sociedad refiriéndose al bloque histórico, según el cual la estructura y las superestructuras forman un “bloque histórico”, esto es, el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. De esto se deduce que sólo un sistema de ideologías totalizador refleja racionalmente la contradicción de la estructura y representa la existencia de las condiciones objetivas para la inversión 172

de la praxis65. Si se forma un grupo social homogéneo al 100% en lo que a ideología se refiere, quiere decirse que existen al 100% las premisas para esta inversión, esto es, que lo “racional” es real operativa y actualmente. El razonamiento se basa en la reciprocidad necesaria entre estructura y superestructura (reciprocidad que constituye precisamente el proceso dialectico real).” 66 Ahora bien, la referencia anterior requiere múltiples comentarios en aras precisar la categoría de bloque histórico y lo que ello implica. En primera instancia la categoría de bloque, este hace referencia a un conjunto de elementos que tienen cierta afinidad, en este caso la estructura y la superestructura, las cuales tienen una relación dialéctica en el sentido de que “las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción” pero a su vez la estructura socioeconómica es influida por la ideología del grupo dominante o por el conjunto de ellas. En la concepción de Gramsci de bloque histórico, la estructura y la superestructura están al mismo nivel y su relación es dialéctica, en el sentido que es la estructura el apoyo donde se ancla la superestructura, en ese orden de ideas es un reflejo de la estructura, pese a lo anterior, “En función de esta base, el momento político juega sin embargo un rol motor, en tanto desarro-

Gramsci distingue la ideología desde dos perspectivas, “las ideologías orgánicas y las ideologías arbitrarias”, las arbitrarias son definidas por él, como “elucubraciones arbitrarias individuales”, pero es evidente que Gramsci, centra su atención en las ideologías orgánicas, concibiéndola como: “un “sistema de ideas” especifico, o “una concepción del mundo que está implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida colectiva e individual”. Pero la ideología es más que una concepción de mundo o un sistema de ideas; también tiene que ver con la capacidad para inspirar actitudes concretas y dar ciertas orientaciones para la acción.” LARRAÍN J. (2008) El concepto de ideología, Chile: Ediciones LOM. Pág. 108. 66 GRAMSCI A. (1976), Introducción a la filosofía de la praxis. Barcelona: Península. PP. 67-68.

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lla la conciencia de clase de los grupos sociales, la organiza política e ideológicamente; lo esencial del movimiento histórico se desarrolla por lo tanto en el seno de la superestructura y la estructura se convierte en un instrumento de la actividad superestructural. La debilidad o importancia de esta última puede incluso limitar la evolución de la estructura, sea manteniendo el antiguo bloque histórico o bien sin sobrepasar el nivel tradeunionista de las relaciones de fuerza.” 67 A partir de la nota anterior, en las entrañas del bloque histórico se establecen relaciones que generan interdependencia entre la estructura y la superestructura; es allí donde los intelectuales orgánicos, si el bloque histórico tiene un proyecto político, económico y cultural hegemónico, construyen una concepción de mundo que homogeniza y organiza la sociedad en el terreno económico, político, cultural y social, acaparando la superestructura, fusionados ideológicamente al grupo que ostenta el poder, sin dejar de lado, que la concepción de mundo o conjunto de ideas está ligada a las condiciones materiales, es decir a la estructura. El otro elemento que cabe en esta categoría de bloque histórico es precisamente ese carácter; esto implica que el grupo dominante es transitorio en el ejercicio del poder, pues la estabilidad de su proyecto político, económico y cultural es temporal, debido a las contradicciones que se tejen en su interior, las cuales generan crisis de hegemonía, o crisis orgánica, en ese sentido, en Gramsci, la crisis se instituye como crisis orgánica, refiriéndose al bloque histórico, “La crisis orgánica es una ruptura entre la estructura y la superestructura, es el resultado de contradicciones que se han agravado como consecuencia de la evolución paralela de la superestructura: La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo

174

PORTELLI H., (2003). Gramsci y el Bloque Histórico México: Siglo XXI. Pg. 59.

es decir, que surge una nueva concepción de mundo la cual se opone al régimen establecido, pero sin una correlación de fuerzas totalmente favorable para imponerse.68/69 Con lo anterior, se puede afirmar que la crisis se presenta cuando el grupo que está en el poder disipa la capacidad de liderar el aparato productivo y por ende, abandona el rol de satisfacer las necesidades materiales de la sociedad, agudizando las contradicciones; en ese sentido sus intelectuales orgánicos o cuadros de dirección, son incompetentes y sin la capacidad de generar progresos significativos en el campo productivo y cultural que permitan ampliar y evolucionar la estructura económica. Además, la cohesión ideológica y la conducción política de la sociedad civil se resquebrajan sin que los intelectuales orgánicos de la clase dirigente sean capaces de suscitar una concepción de mundo que reúna a las masas en torno a esta, para mantener su carácter hegemónico; ello implica según Gramsci, que “ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no desarro-

“Por hegemonía, Gramsci entendía la penetración a través de la sociedad civil –incluyendo una serie completa de estructuras y actividades como los sindicatos, las escuelas, la iglesia y la familia- de todo un sistema de valores, actitudes, creencias, moralidad, etc., que de una u otra manera contribuyen a sostener el orden establecido y los intereses de la clase dominante. En este sentido la hegemonía podría ser definida como un “principio organizador” o visión del mundo (o una combinación de visiones de mundo similares), difundidos por agencias de control ideológico y socialización en cada área de la vida cotidiana. A medida que esta conciencia prevaleciente es internalizada por las grandes masas, se hace parte del “sentido común”; y puesto que todas las elites gobernantes buscan perpetuar su poder, riqueza y estatus, necesariamente, de popularizar sus propias filosofías, cultura, moralidad, etc., y de hacer de ellas algo inconfrontable, parte del orden natural de las cosas…” BOGGS Carl, “El Marxismo de Gramsci” Editorial; Premia editora de libros S.A. México, 1978. Pág. 37-38. 69 PORTELLI Hugues, “Gramsci y el Bloque Histórico” Editorial: Siglo XXI editores, México, 2003. Pág. 121.

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lló todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones, de esto no se deriva una desaparición catastrófica de esa sociedad una vez cumplida su función. La desaparición del antiguo bloque histórico sólo se produce si la crisis de estructura acarrea una crisis orgánica o crisis de hegemonía.” 70Con esto se puede colegir que las revoluciones no se dan por naturaleza, es decir, por el desarrollo de la estructura económica, sino que además de esto, debe desarrollarse una concepción de mundo capaz de permear la sociedad civil en su conjunto en aras de ser hegemónica y materializarse a través de un nuevo Estado. Lo anterior, es a lo que Gramsci define como crisis de hegemonía; o sea, aquella que se presenta en el plano ideológico, ya que él establece dos tipos de control en lo político, la dominación, que corresponde a la “coerción física directa” y la “hegemonía o dirección”, la cual se da por “consentimiento, control ideológico”, dejando en oposición la dominación y la hegemonía, donde según él, la “coerción física directa” no es suficiente para mantener el orden establecido; en ese sentido la legitimidad es un componente fundamental para el mantenimiento de la sociedad política. Como ya se hizo notar, el carácter dinámico y transitorio del bloque histórico hace que su principio organizador o visión de mundo también lo sean. “Gramsci nunca consideró el funcionamiento de la hegemonía como algo total o estático: su campo de acción y sus formas, y por ende su impacto político, variaban mucho de sociedad en sociedad, y de tal manera las proporciones del impacto eran inciertas. Así, la interpretación de Gramsci de 71 la conciencia representa una dimensión histórica dinámica…” Por consi-

PORTELLI Hugues, “Gramsci y el Bloque Histórico” Editorial: Siglo XXI editores, México, 2003. Pág. 122. 71 BOGGS Carl, “El Marxismo de Gramsci” Editorial; Premia editora de libros S.A. México, 1978. Pág. 37-38.

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guiente, la hegemonía en Gramsci es relativa y está en manos de la correlación de fuerzas, de la armonía o correspondencia entre la sociedad civil y la sociedad política, entre las instituciones políticas y la concepción de mundo de las clases populares. El sostenimiento de la hegemonía, entonces, coloca a prueba la capacidad de las clases dominantes para controlar las formas de pensar y de actuar de lo excluidos del poder, forjando actitudes, valores, discursos y una cultura que accedan a conservar el statu quo; esto con ayuda de la escuela, la iglesia, los medios masivos de comunicación, entre otros, lleva a pensar que toda crisis de hegemonía, que pueda ocasionar una revolución, se da porque en las entrañas de la sociedad civil se establecen nuevas formas de ver el mundo que irrumpen y se difuminan por toda ella, tratando de tomar el control de la sociedad política y

“

el Estado representa todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo, una determinada situación.72

”

Un elemento relacionado con el Estado que tiene que ver con la nota anterior, es el carácter cambiante de este, pues la sociedad política es transformada para que se adapte a los requerimientos políticos-ideológicos y al desarrollo de las fuerzas productivas, en un determinado momento histórico;

GRAMSCI Antonio, “La política y el Estado Moderno” Editorial Planeta-De Agostini, Colombia 1985. Pág. 158.

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por consiguiente, las crisis de la sociedad política no son crisis hegemónicas realmente, sino adaptaciones que exige una nueva fase del desarrollo. Hasta ahora, se han planteado algunos elementos sobre la crisis de orden ideológico y político, es decir lo referente a la hegemonía; sin embargo, pese a lo anterior, hay que hacer referencia a las crisis económicas, aquellas que ocurren en la estructura, pues hay que contemplar todos los elementos del bloque histórico. Lo primero que se debe tener en cuenta es que cuando la clase dirigente deja de liderar los procesos económicos, estos dejan de suplir las necesidades materiales de la sociedad civil y se crea el terreno para que los excluidos del poder o clases subordinadas, tomen conciencia de los conflictos que se tejen en la estructura, pero es de aclarar que esto ocurre en la esfera de lo ideológico, en términos de Gramsci se presenta una

“ Catarsis. ”

Lo anterior permite ratificar la relación dialéctica entre estructura y superestructura, pues como queda dicho a pesar de que Gramsci hace énfasis en el análisis y el papel de las disputas ideológicas, es decir de la superestructura, no le da un papel preponderante a ninguna de las dos, así la estructura cumpla un papel decisivo, “…pero no es menos evidente que, en todo movimiento histórico, las contradicciones nacidas en la base se expresan y se resuelven en el nivel de las actividades superestructurales…” 73 Ahora bien, es pertinente advertir también, que las crisis económicas no siempre ocasionan crisis en el bloque histórico que lleven a cambios revo-

PORTELLI Hugues, “Gramsci y el Bloque Histórico” Editorial: Siglo XXI editores, México, 2003. Pág. 59.

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lucionarios, pues no todas permiten agudizar las contradicciones de tal manera que pueda llevar a las clases o grupos excluidos a tomar conciencia de su papel histórico en la transformación de la sociedad a partir de una nueva concepción de mundo. “…Puede excluirse que, por sí mismas, las crisis económicas inmediatas produzcan acontecimientos fundamentales; sólo pueden crear un terreno más favorable para la difusión de ciertos modos de pensar, de plantear y resolver las cuestiones que complican todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. Por lo demás, todas las afirmaciones relativas a los periodos de crisis o de prosperidad pueden dar lugar a juicios unilaterales.”74 Lo anterior indica, según Gramsci, que las crisis económicas en un momento histórico determinado juegan un papel parcial en la transformación de la correlación de fuerzas, lo que no niega que no se puedan producir cambios en la misma, producto de la posibilidad de degradación de su bienestar o porque las condiciones se vuelven intolerables sin que grupo hegemónico tenga la capacidad de respuesta para mitigar el descontento y recuperar la estabilidad. Todo esto permite colegir, a partir de Gramsci, que para que se dé un cambio revolucionario, deben madurarse las condiciones en la estructura socioeconómica, además de surgir, una nueva concepción de mundo en la superestructura ideológica-política; de lo contrario la clase instaurada en el poder se puede mantener por la vía armada, diezmando sus opositores o que se dé la necesidad de la intervención de un tercero. Gramsci denomina entonces, al proceso de crisis donde una clase social irrumpe en la palestra histórica, guiada por una elite intelectual que permea

GRAMSCI Antonio, “La política y el Estado Moderno” Editorial Planeta-De Agostini, Colombia 1985. Pág. 115.

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a toda la sociedad civil con una nueva propuesta ideológica-política, con posibilidades de ser cristalizada de manera permanente a través de un nuevo Estado y de una estrategia de desarrollo diferente, crisis orgánica, la cual equivale a una crisis en el bloque histórico.

El caso colombiano A partir del modelo de análisis de la escuela crítica, intentamos desarrollar algunos comentarios acerca de los acuerdos de la Habana, en aras de proponer algunos análisis y debates con la intención de plantear algunas conclusiones, sin la pretensión de cerrar las discusiones. En primer lugar, hay que decir que los problemas del modo de producción capitalista y su estrategia de desarrollo, basada en el crecimiento económico, son de tipo estructural (socioeconómico), principalmente, en ese sentido, van más allá de los acuerdos de la Habana. Como ya se enunció, la negociación no giro en torno al proyecto político de ninguna de las partes; lo que hay de fondo por parte de las FARC-EP, es un cambio de estrategia para la toma del poder, ya que se abandona la vía armada y se asume la vía política; razón por la cual, este movimiento revolucionario reconoce las formas de participación de la democracia burguesa y se acoge a ellas. Lo anterior, tiene que ser visto desde dos perspectivas: una que se presenta, en el momento en que no se llevan a la mesa la solución de problemas estructurales como, el hambre, la pobreza, el desempleo y todos aquellos que tienen relación con las asimetrías sociales, sin descontar, los relacionados con la salud y la pensión, entre otros, esto implica que las verdaderas causas de la violencia no fueron abordados en realidad, quedando el Estado al frente de la solución de los problemas sociales. Y la otra que las FARC-EP, cuando se compromete a entregar las armas, deben asumir un cambio en su estrategia 180

revolucionaria, ya que, abandonan un principio fundamental del marxismo clásico, según el cual “La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva”. De esta forma, se renuncia al principio de que los cambios revolucionarios se dan a través de la violencia y la pregunta que surge es; ¿Con la firma de los acuerdos de la Habana, la guerrilla de las FARC-EP está entregando su proyecto revolucionario? Según el marxismo clásico, la respuesta sería afirmativa, de manera que se puede colegir que el radicalismo fariano quedaría reducido a un reformismo contrarrevolucionario75. Un elemento adicional es que cuando las FARC-EP, asumen una postura anti-guerrerista, envían a la sociedad civil a nivel global un mensaje que niega la lucha armada como estrategia revolucionaria para lograr llegar al poder. De esta manera se fortalece posturas pacifistas y se les da un golpe a los movimientos armados, manteniendo vivo el viejo debate sobre las formas de lucha en los cambios sociales. Pero también, es un mensaje que fortalece el discurso de los que dividen el mundo entre buenos y malos, o aquellos que condenan los procesos de liberación de los pueblos que luchan por su libertad. Ahora bien, en cuanto a las FARC-EP, como proyecto contrarrevolucionario, hay que aclarar, que al plantear un proyecto político progresista, que logre tener un acumulado social capaz de acceder a espacios de poder que permitan una correlación de fuerzas favorable, este sea un camino que pueda reformar el sistema capitalista, haciéndolo más amigable con los grupos humanos; por esta vía, se daría un rostro humanizado al capitalismo y con ello perdería vigencia de la lucha revolucionaria.

MARX, Carlos. “El Capital: tomo I” Editorial: Fondo de Cultura de Económica, México 1976, pág., 639.

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Pero la materialización de esta nueva estrategia de la guerrilla de la FARCEP, si logra impactar con sus políticas la estrategia de desarrollo, impediría que afloren las contradicciones orgánicas del capitalismo y, por ende, que se creen las condiciones tanto objetivas como subjetivas, para que los ciudadanos no se percaten fácilmente que el sistema capitalista posee en sus entrañas contradicciones insuperables. No habría entonces procesos de “catarsis” y con ello, se desarrollarían también condiciones para que se generen discursos que planteen que la revolución comunista ya no tiene vigencia histórica. En este escenario, queda en el ambiente que con la entrega desmovilización y entrega de armas, las condiciones hacen que este grupo subversivo entregue de facto el proyecto político contra hegemónico, en el sentido de que no hay una verdadera reforma agraria, no hay expropiación, nacionalización de industrias, entre otras, propios de las reivindicaciones del marxismo-leninismo. Después de evidenciar brevemente las implicaciones de los acuerdos de la Habana, proponemos algunos comentarios sobre los problemas estructurales de la paz, teniendo presente que “No es menos evidente que, en todo movimiento histórico, las contradicciones nacidas en la base se expresan y se 76 resuelven en el nivel de las actividades superestructurales”. Si recurrimos a los anales de la historia, uno de los retos de la segunda postguerra, fue el de mantener la paz y la estabilidad en el mundo; para ello era necesario impactar las causas de la violencia y en ese momento se determinó que, dentro de sus causas de la violencia y la inestabilidad política en los países, principalmente en el tercer mundo, se encontraban el hambre, la pobreza, el desempleo, entre otros, los cuales deberían ser atendidos por

PORTELLI Hugues, “Gramsci y el Bloque Histórico” Editorial: Siglo XXI editores, México, 2003. Pág. 59.

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organismos internacionales. Para ello, la comunidad internacional creó la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de trabajar por la paz y la seguridad en el mundo; ello sin desconocer hoy que las instituciones de Bretton Woods coadyuvaron a estos propósitos a través del desarrollo. Sin embargo, pese a las buenas intenciones de estos acuerdos, el mundo vivió un corto periodo de auge que duró hasta 1970, cuando todo cambio a raíz de una nueva crisis en el mundo capitalista marcando el ascenso de una nueva estrategia de desarrollo, basada en el crecimiento económico y conocida con el nombre de modelo neoliberal. Esa estrategia ha generado constantes y crecientes crisis en el capitalismo desde la puesta en práctica del modelo neoliberal en la década del setenta y mostrado que en el mundo de hoy han aumentado las asimetrías sociales, producto de la concentración de riqueza en pocas manos, tal como lo muestra Piketty en su texto “El Capital en el Siglo XXI”. Esto llevaría a que cada día se agudizaran problemas como el hambre, la pobreza, etc., indicando que el modelo no ha sido capaz de solucionar los problemas materiales de la sociedad, elemento generador de violencia e inseguridad. Lo anterior, permite pensar que la vieja contradicción capital trabajo está vigente; es decir que aún persiste el hecho de que son muchos los que trabajan y pocos los que ganan. Las contradicciones del modo de producción capitalista continuarían estando presentes, incluso en momentos en que ha habido mayor equidad como en los periodos inmediatos a las dos guerras mundiales. La pegunta que surge entonces es

¿ Qué ha ocasionado la agudización de las asimetrías socioeconómicas? 183

La respuesta es múltiple y se puede hacer referencias a algunas tales como la denominada tercera revolución industrial; los procesos de redistribución de capital; o la distribución de alimentos y recursos, entre otros, los cuales han sido utilizados por la burguesía para mantener la tasa creciente de ganancia. En cuanto a la tercera revolución industrial, representa el desarrollo de las fuerzas productivas, en términos de Gramsci, la estructura socioeconómica de la sociedad. Ahora bien, esta revolución se caracteriza por los cambios presentados en la estructura estatal, los procesos del trabajo, las relaciones internacionales, la búsqueda de nuevas fuentes que sirvan de base energética, el desarrollo de la biotecnología, la microelectrónica, la búsqueda y desarrollo de nuevos materiales y los cambios en las relaciones sociales. Otro elemento importante aquí, es el hecho de que es América Latina en la década del setenta el escenario donde se ponen en práctica las políticas neoliberales inicialmente, en una primera etapa son puestas en marcha por la fuerza a través de dictaduras como es el caso de Chile. Luego, en un segundo momento, a partir de la crisis de la deuda externa en la década de los años ochenta, los organismos económicos internacionales, las multinacionales y algunos grupos domésticos, se asocian para realizar lo que se conoce como reformas estructurales, que no es más que la puesta en marcha de las políticas neoliberales de una forma más profunda. En Colombia el modelo neoliberal se aplica de forma gradual, hasta finales de la década de ochenta, ya que “la constitución de 1991 pone en evidencia y permite profundizar un proyecto económico que ya se venía implementando y que en América Latina se denominó políticas de reforma estructural”, proyecto que fue impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que lleva a los países a ajustar el Estado mediante privatiza-

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ción, apertura económica y descentralización administrativa77. Este escenario internacional incide en la configuración de la constitución de 1991, por cuanto en ella se establecen una serie de derechos económicos que permiten “regir la vida económica del país, asunto éste que reviste particular importancia, por cuanto la economía, la propiedad y el manejo y reconocimiento que a las mismas se dé, determinan el tipo de régimen, el desenvolvimiento social y el modelo de desarrollo que ha adoptado el Estado de derecho.” 78 En este contexto la Asamblea Nacional Constituyente, contó con la participación de múltiples sectores de la sociedad civil y del gobierno, es decir tuvo una contribución de postulados desde diversas orillas y posturas teóricas y políticas, lo que condujo a una carta que contiene aportes que generan cierto equilibrio, pero también algunos debates, puesto que en ella los derechos sociales están en un nivel igual o superior a los derechos económicos.” 79 Esta nueva carta política, no solo significó un pacto político entre los representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo algunos excombatientes de grupos insurgentes desmovilizados, sino que, además, marcó la entrada en vigor de una manera más radical de las políticas neoliberales estableciendo políticas en torno a la apertura comercial, la privatiza-

Para ampliar la discusión se puede consultar entre otros a: HAGGARD Stephan y KAUFMAN Robert (Compiladores), “La Política de Ajuste Económico” Editorial CEREC, Colombia 1994. 78 DE ANTONIO GÓMEZ Alberto, “Constitución Política y Derecho Económico” en Publicación del seminario de problemas económicos colombianos. Agosto de 2001, Editado por Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. pág. 18-19. 79 LUGO GONZÁLEZ Armando, y otros, “El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano: Un Aporte Para El Mundo” Editado por Universidad Distrital F.J.C. Bogotá, 2018. Pag

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ción y descentralización administrativa. Lo anterior habría generado consecuencias que ya hacían curso en otras latitudes donde las políticas del modelo se ponían en práctica. Con políticas como las de la apertura comercial, en un país que no tiene infraestructura física, sus polos de desarrollo están en el interior y su poca industria no cuenta con el desarrollo tecnológico, sus costos de producción son altos y en muchos casos, no en todos, la calidad era y es muy precaria, se generaron procesos de desindustrialización, desempleo, reprivatización de la economía, perdida de la industria nacional y con la teoría de que una forma de competir astutamente es a través de bajos salarios, entre otros. A lo inmediatamente anterior, se suman hechos como los procesos de automatización en las industrias que impactan significativamente el trabajo vivo en la producción, todo unido al fenómeno de migración de capitales del sector industrial al sector financiero en respuesta de que es más rentable la especulación financiera a la producción industrial. En cuanto a las políticas de privatización, amparadas en que el Estado no tiene dentro de sus funciones ser empresario, se empiezan a trasladar empresas públicas a manos privadas, hecho que impacta directamente sobre sus ganancias, ya que se reducen sus entradas, lo que lleva al Estado a hacer reformas fiscales. El estado, entonces,

privatiza no solo las empresas públicas, sino que además, privatiza la prestación de servicios como el de salud, educación, pensiones, agua, luz, entre otros, con la falsa expectativa que el sector privado 186

brinda mejor servicio que el público, en términos de calidad y precios, convirtiendo en un negocio la prestación de servicios que incluso hacen parte de los derechos fundamentales, en una estrategia de desarrollo basada en el crecimiento económico, donde prima como indicador de desarrollo el PIB y no la calidad de vida, por ejemplo.

Además, el Estado abandona su activismo en términos de la ejecución de obras públicas, de modo que la infraestructura del país pasa a ser construida y en algunos casos administrada por el sector privado, aumentando el desempleo y la informalidad en el país. En ese escenario, el trabajo vivo se ve golpeado degradando el nivel de vida de los trabajadores, no solo porque el obrero deja de participar de los réditos del capital a través del salario, sino porque se ha aumentado la pobreza, la miseria, entre otros, sin dejar de lado, el hecho de que la calidad del trabajo es cada vez más precaria, no solo en términos salariales, sino en sus condiciones materiales. No se puede hacer caso omiso al fenómeno de corrupción existente en Colombia, no solo a nivel político, donde hay casos tan emblemáticos como la aprobación de la reelección presidencial, sino, casos en torno a lo económico, este fenómeno en el país agudiza los problemas sociales, mientras la sociedad política observa indolente el saqueo de los dineros públicos e incluso la violación de la constitución.80/81/82

“La corrupción es el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones,

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decisiones u omisiones”3. La corrupción en el sector público se concreta en un conjunto de prácticas mediante las cuales diversos agentes -gobernantes, funcionarios y personas, empresas u organizaciones del sector privado o no gubernamental- aprovechan, para beneficio privado, económico o de otra índole, los recursos públicos.” MALDONADO COPELLO Alberto, “La lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral” editado por: Fescol, Junio de 2011, Colombia, en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ kolumbien/08285.pdf (22/02/2018) 81 ““En 2008, siendo magistrado de la Corte Constitucional, este abogado sostuvo que Uribe fue elegido gracias a un delito, en referencia a la yidispolítica. “El actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico. Y, por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la democracia y del Estado constitucional de Derecho”. Estas fuertes palabras hacen parte del salvamento de voto presentado en 2008 por el magistrado Jaime Araújo Rentería contra la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional le dijo no a la posibilidad de anular la sentencia de 2005 en la que el alto tribunal declaró constitucional el acto legislativo que, en 2004, le abrió la posibilidad a la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Acto cuyo trámite, como ya se sabe, estuvo plagado de una serie de irregularidades por las que la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega y al exsecretario General de Presidencia, Alberto Velásquez, a penas cercanas a los 80 meses de prisión. Ese 2008, tras condenar a la excongresista Yidis Medina por votar favorablemente el proyecto reeleccionista a cambio de prebendas, la Corte Suprema de Justicia le envío a la Corte Constitucional una copia del fallo contra Medina para que estudiara la posibilidad de anular la sentencia en la que declaró exequible tal acto. La Corte dijo que no porque, en su criterio, ya no podía tumbar la mencionada decisión.” JIMÉNEZ HERRERA Juan Sebastián, ‘La reelección de Uribe fue inconstitucional e ilegal’, 17 Abr 2015 - 2:47 PM en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/reeleccion-de-uribe-fue-inconstitucional-e-ilegal-articulo-555440 (19/02/2018) 82 En torno a lo económico existen múltiples casos; Agro Ingreso Seguro: Cantidad aproximada de dinero: $12.700 millones, presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez. Transmilenio- Calle 26: Cantidad aproximada de dinero: $156.000 millones. Alcalde Mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Interbolsa: Cantidad aproximada de dinero: $340.000 millones. Saludcoop: Cantidad aproximada de dinero: $1,7 billones. Reficar: Cantidad aproximada de dinero: $1,5 billones. Esto, solo por citar algunos casos.

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A lo inmediatamente anterior, se le suman casos que están estrechamente ligados a fenómenos corrupción, pues, también son famosos hechos donde dineros del narcotráfico se han filtrado en campañas políticas como el proceso 8000, y personas vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo que hacen carrera política en el país. Pablo Escobar, fue electo en el 82 como miembro suplente de la Cámara de Representantes de Colombia; asimismo, el diario El Tiempo, publicó en un titular en 2008 que decía; “Escándalo de la ‘parapolítica’ completó 51 congresistas involucrados y 29 presos. La crisis del Legislativo no se puede ocultar. La plenaria del Senado hará un debate para discutir una salida institucional a un escándalo que ya supera al proceso 8.000”, con todo y lo anterior, se evidencia como en Colombia la corrupción va más allá de lo económico y lo político, pues incluye procesos de narcotráfico y parapolítica83. Otro elemento que emerge en el Estado neoliberal, es el que implica un desmonte de una parte muy importante del Estado benefactor, se hace referencia al tema de los subsidios por un lado y a ser gravados con impuestos como el IVA por otro; todo con el argumento de que eran adjudicados a quien no los merecía, se eliminan o se reducen a productos de la canasta familiar, servicios públicos, transporte, entre otros, se empiezan a eliminar gradualmente con diversas estrategias, cuyo resultado directo significo la perdida adquisitiva del dinero y con ello se afecta la calidad de vida gran parte de la sociedad civil, es decir, la lógica redistributiva del Estado se invierte de abajo a arriba, profundizando las asimetrías sociales.

EL TIEMPO, “Escándalo de la ‘parapolítica’ completó 51 congresistas involucrados y 29 presos. La crisis del Legislativo no se puede ocultar. La plenaria del Senado hará un debate para discutir una salida institucional a un escándalo que ya supera al proceso 8.000” 08 de abril 2008, 12:00 a.m. EN: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS4085772 (22/02/2018)

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Todo este proceso de cambios estructurales se ve respaldado desde el Estado, a través de un nuevo pacto político, materializado en una nueva carta política, la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual abre la puerta de entrada al modelo Neoliberal de manera más radical, a través de regulaciones nuevas en sectores como; salud, educación, pensiones, fiscales, entre otras,

“

el Estado representa todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo, una determinada situación.84

”

A manera de conclusión Después de hacer este corto recorrido por algunos aspectos directos y en conexidad con los acuerdos de la Habana, se hace necesario tratar de proponer algunas conclusiones que aporten al debate, sin la pretensión de agotar el tema y mucho menos negar la posibilidad de que otras voces, desde otras orillas epistemológicas, las cuales permitan expresar análisis que puedan cuestionar los planteamientos aquí esgrimidos. Los problemas que florecen en la estructura socioeconómica y sus soluciones emanan desde la superestructura, pues es el espacio donde se piensa el proyecto político, social, económico y cultural de una sociedad en un deter-

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minado momento histórico. Es ahí donde los intelectuales orgánicos de la sociedad civil discuten los problemas orgánicos y proponen los lineamientos para la dirección y avance de todos elementos del bloque histórico. Inicialmente, es de resaltar el hecho de lo que se negoció en la Habana, no fue el proyecto político, económico y cultural de la burguesía, ni tampoco el de las FARC-EP. Y tampoco se negoció la solución de los problemas estructurales del país; dicho de otro modo, no se negoció la estrategia de desarrollo (neoliberalismo) y por tanto el acuerdo no tiene alcance frente a los problemas estructurales que este genera. Lo anterior, implica que las reformas estructurales se deben liderar desde el Estado, pero para ello hay que acceder a la contienda política y llegar al poder ya no por la vía armada, sino a través de la vía electoral, lo que implica que la FARC-EP, deben generar un programa político, económico y cultural capaz de permear a la sociedad civil de tal manera que cambie la correlación de fuerzas en su interior, en aras de que su propuesta sea hegemónica y pueda ser refrendada en el escenario político por medio del voto. El papel del Estado, entonces, es fundamental en el postconflicto ya que él es el garante de los acuerdos, pero además, “el Estado representa todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo, una determinada situación” en ese orden de ideas, además de ser garante de los acuerdos, debe ser el motor y dinamizador de las reformas estructurales que combatan los problemas que originan la violencia en el país, como el hambre, la pobreza, el desempleo, la miseria, entre otros 85.

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Los acuerdos de paz, entonces, para que sea una paz estable y duradera, deben ser acompañados de un proyecto político que atienda a la solución de las necesidades materiales de la sociedad. El proyecto debe privilegiar desde el primer momento la generación de empleo en todo el país, en aras de que el conjunto de la sociedad tenga acceso a los réditos del capital mediante el salario, esto teniendo en cuenta que el sueldo mínimo sea lo suficientemente alto de tal forma que cuente con el poder adquisitivo que permita vivir dignamente. Asimismo, el Estado debe hacer esfuerzos para generar procesos más equitativos de redistribución de los réditos del capital, permitiendo que sea el grueso de la sociedad civil la que acceda a las ganancias, bien sea por medio del salario, subsidios, servicios gratuitos, entre otros, en ese sentido, lo que se busca en la materialización de un proyecto político que mitigue significativamente las asimetrías sociales. Ahora bien, a propósito de las FARC-EP, si bien es cierto que su proyecto político fue abordado parcialmente en la mesa de negociación, no cabe duda de que la estrategia de desarrollo basada en el crecimiento económico va en contravía de la concepción de una sociedad igualitaria, así como también, que dicha estrategia ha logrado controlar, manteniendo al límite la protesta social, todo ello, tomando medidas que profundizan el modelo neoliberal, muchas de ellas recesivas. De lo anterior, se puede colegir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo FARC-EP, están en deuda con la sociedad civil, en el sentido que su proyecto político debe desbordar el reformismo, pues su compromiso histórico va más allá de este y dar soluciones radicales a los problemas estructurales del modelo, incluso yendo más allá de los planteamientos del Marxismo-Leninismo.

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En este escenario, es evidente que las asimetrías sociales no van a desaparecer, por el contrario, tienen la tendencia a agudizarse, lo que implica que la violencia producto de las asimetrías sociales, de problemas como el hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, entre otros, no va a cesar, por el contrario, si los problemas tienden a profundizarse y con ello, también, la violencia.

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CAPÍTULO

VI EL MODELO DE DESARROLLO

EXTRACTIVISTA Y LOS ACUERDOS DE

PAZ

Gustavo Tabares Ramirez Profesor Universidad Distrital 197

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INTRODUCCIÓN El año 2016 marca un nuevo comienzo en la historia de Colombia. Con la ratificación del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC se pretende poner fin a un período de más de 50 años de hostilidades. Igualmente quedó abierta la puerta para la negociación entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN. La guerrilla más antigua y resiliente de América ha dejado las armas, deja escrita una página de 53 años de insurgencia que empieza hacer historia, para salir por la puerta grande de la guerra. Una guerra empantanada en medio de los bombardeos y la intervención tecnológica contrainsurgente de los Estados Unidos. Las FARC EP han sabido en menos de 4 años salir de un interminable y devastador conflicto armado hacia un escenario de enorme dimensión histórica para Colombia, página de la historia que además enmarca su reingeniería y transformación a partido político legal.

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Las FARC EP lograron un Acuerdo en el que aseguran su participación política, representación parlamentaria, amnistía para muchos de sus presos políticos entre otros aspectos de su particular interés, pero vale la pena destacar que estos acuerdos abordan aspectos medulares de la reforma del campo colombiano, un escenario en que los niveles de concentración, desplazamientos forzados de campesinos, masacres paramilitares superan las cifras de la guerra en Guatemala que se creían irremontables. Colombia importa más de 12 millones de toneladas de alimentos anuales. Un campo que ha visto en estas décadas acentuarse la concentración, la desaparición de cultivos de alimentos para priorizar los monocultivos para biocombustibles, la asociación mafiosa entre grupos paramilitares, políticos y empresarios mafiosos que asolaron el campo colombiano generando más de 7 millones de desplazados entre otras cifras.

Pero también, sin minimizar la trascendencia de este proceso, varios analistas argumentan que el fin del conflicto armado en Colombia podría conducir a la exacerbación de los conflictos socioambientales que han caracterizado la larga historia de actividades extractivas y de los métodos violentos que han primado en nuestro país para lidiar con dichos conflictos. Recordemos que el Gobierno colombiano depende del sector extractivo como generador de ingresos y ha asignado grandes áreas a inversionistas privados para el desarrollo de actividades asociadas con la extracción petrolera, minera, y los monocultivos para exportación; y, por otro lado, porque propone el extractivismo como fuente fundamental de financiamiento de muchos compromisos del proceso de transición a la paz.

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Con la terminación del conflicto armado se desactiva un foco de violencia en los territorios, y se crea la idea de que ahora será más fácil el acceso a las áreas previamente afectadas por la guerra, existiendo, por lo demás, una creciente demanda mundial de minerales y energéticos como el petróleo. Es probable, entonces, que se amplíen los extractivismos con lo que se estaría abriendo la posibilidad de que se exacerbe la violencia intrínseca a los mismos.

A las comunidades marginadas de zonas rurales que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado, les preocupa este modelo extractivista que se expande cada vez más en sus territorios. En este contexto, aún en condiciones muy adversas por el conflicto y sus secuelas, se han activado mecanismos de resistencia y de participación democrática para poder intervenir de forma vinculante y consecuente en las decisiones sobre el uso de los bienes naturales locales en actividades que podrían impactar sus medios de vida y su entorno. En el contexto del proceso de paz, las nuevas propuestas apuntan hacia alternativas económicas en torno a la producción de alimentos, el turismo ecológico, la bio-prospección, y el pago por servicios ambientales (PNUD, 2014). Pero especial atención se debe prestar a que estas alternativas no se conviertan simplemente en una nueva forma de apropiación de la naturaleza, ya que algunas de estas propuestas caen dentro de la lógica extractivista al ofrecer oportunidades de inversión para la acumulación de capital, la financiación y búsqueda de rentas. En línea con la creciente mercantilización de la naturaleza estas propuestas vinculadas al pago por servicios ambientales, en definitiva, se alinean en el lado de las falsas soluciones a los problemas existentes en este campo.

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Algunas de estas propuestas terminan siendo funcionales a las empresas extractivas y financieras, como es el caso del proyecto BanC02, operado por Bancolombia, y que funciona como un esquema de compensación por daños ambientales causados por las empresas extractivas como Anglo Gold Ashanti, Isagen, Empresas Públicas de Medellín y Ecopetrol. Proyectos cuestionados por sus impactos ambientales y sociales terminan siendo legitimados a través de estas prácticas de “lavado verde” (green washing).

Reprimarización económica y una mayor concentracion del ingreso Desde hace medio siglo, los sectores reales de la economía (agro e industria) vienen creciendo mucho menos que el resto de la economía. En particular, la industria colombiana atraviesa por una preocupante crisis a partir de los años 1980, correlacionada con el auge del sector minero-energético, la financiación de la economía y el abundante ingreso de divisas proveniente de las actividades legales e ilegales, las que provocaron la “enfermedad holandesa” que aqueja a la producción material. Hasta mediados de la década de 1980 la contribución de las actividades minero-energéticas era inferior al 5 por ciento del PIB total. Entre 2011 y 2013 esta participación escaló a más del 10 por ciento. En 2018 se estabiliza en 7 por ciento, después de su caída a 5,4 en 2016. La sociedad colombiana depende cada día más de los recursos naturales y la explotación de minas y canteras, en particular de la extracción de petróleo. La dinámica del crecimiento de su economía está atada a los ciclos de larga duración de los precios reales de productos básicos y a la inestabilidad que los caracteriza.

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Según el Banco Mundial, en 1990 la producción agropecuaria colombiana representaba 16,7% del PIB total; las manufacturas, 20,6%; la minería junto con la producción de electricidad, comercio y transporte, 17,3% y los servicios, 45,4%. En 2014, dichos sectores representaron 6,5, 10, 22,5 y 61% del PIB, respectivamente. Debido a ello las exportaciones se recompusieron: las de hidrocarburos, carbón y similares, que en 2000 representaron 43,8% del total vendido, en 2015 superaron el 75%. Mientras tanto, las manufacturas que en 2000 alcanzaron a representar 32,5% del total se redujeron a 15,5% y las alimentarias pasaron de 19 a 7,3%. Al incrementarse relativamente la producción de materias primas se deterioró la ocupación y la distribución del ingreso. La razón es obvia: la explotación minera y de hidrocarburos es intensiva en capital. En la presente década la ocupación en dichos sectores representó 0,9% del total de la población ocupada, produjo 8,9% del valor agregado total de la economía, pagó 3% del total de remuneraciones y recibió 19,5% de utilidades y pagos a capital. En contraste, el sector agropecuario que es intensivo en mano de obra ocupó en el mismo período 21,16% del total, produjo 6,1% del valor agregado, pago 9% de las remuneraciones y recibió 0,5% de las utilidades. Las manufacturas, que tan bien son intensivas en mano de obra, ocuparon 9,7% de la población, produjeron 12,7% del valor agregado, pagaron 13,1% de las remuneraciones y recibieron 18,8% de las ganancias. La razón que nos explica por qué se produjo una transformación tan profunda es obvia: las rentabilidades sectoriales cambiaron de tal manera que hicieron atractiva la inversión en la producción de materias primas y, por contraste, en una situación en la que los aspectos relativos son primordiales, cayó la rentabilidad relativa en el sector agropecuario y las manufacturas,

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que dejaron de ser competitivos y rentables. Otras fueron las razones y todas apuntan en la misma dirección: Se redujo la protección arancelaria para los dos últimos sectores, las tasas de interés se mantuvieron muy superiores a las internacionales, se revaluó la tasa de cambio, la infraestructura se mantuvo insuficiente y los servicios importantes quedaron protegidos en marcados cerrados y oligopólicos. Contribuyeron también los precios de las materias primas que comenzaron a elevarse desde mediados de los noventas hasta la Gran Recesión Mundial 2008-2009, entre otras causas, por la enorme aceleración de la economía china impulsada por el crecimiento del consumo de Estados Unidos. Vale la pena mencionar, que hace 25 años el gobierno de turno anunció una apertura económica orientada a aumentar las exportaciones y propiciar la modernización industrial. Hoy en día es evidente que ninguno de los dos propósitos se alcanzó. El país opera con un déficit en cuenta corriente de más de 5% del PIB y las exportaciones industriales se redujeron a la mitad en los últimos dos años, al tiempo que la participación de la industria bajó a la mitad en los cinco lustros. Los autores de la política atribuyen el resultado a que la economía no se abrió y en la práctica se mantuvo la misma protección del pasado. No es cierto, los aranceles se redujeron del 40 al 5%, se adoptaron múltiples TLC, se eliminaron los subsidios a las exportaciones, se liberó el tipo de cambio y se le dio rienda suelta a la inversión extranjera. Otra cosa es que la política no haya tenido los efectos sobre la industria y las exportaciones previstos por sus autores. La economía se especializó en las actividades de ventaja comparativa, es decir, que pueden elaborarse más fácilmente, como commodities y servicios, que enfrentan serias limitaciones de demanda. Así, los beneficios de la apertura se reducen a la adquisición de los bienes industriales y agrícolas en el exterior a menores precios. Por su parte, la industria orientó los esfuerzos para adquirir las partes de los bienes

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en el exterior, más concretamente, sustituir el valor agregado por importaciones. Así, el crecimiento del sector ha Estado acompañado de una caída igual o mayor del empleo. El balance es claro. Entre 1967 y 1990 la economía evolucionó con superávit en cuenta corriente y la industria creció por encima del producto nacional. Luego, entre 1990 y 2016, la economía pasó a operar con déficit en cuenta corriente y la industria creció por debajo del producto. Mientras en el primer período el producto nacional avanzó cerca de 5%, en el segundo lo hizo por debajo de 3,5%. Las cifras presentadas recientemente por el DANE nos revelan que el PIB en 2017 creció 1,8%, confirmando la tendencia declinante de la economía. Por cuarto año consecutivo disminuyó la tasa de crecimiento del producto. Los anuncios oficiales de recuperación al final del año no se cumplieron; en diciembre las ventas del comercio cayeron 3,8%. Aún más recientes son las cifras sectoriales. La industria, la construcción, la minería, el comercio y las exportaciones industriales y agrícolas registran índices negativos. El modelo de desarrollo extractivista estimula una mayor concentración de los ingresos a nivel mundial y local. Y se puede constatar, observando cómo el año 2018 inició con 8 ricos que tienen más riqueza que 3700 millones de personas, a las que podrían evitar el hambre, el destierro, la enfermedad o el analfabetismo y continuar siendo ricos. El 82 por ciento de la riqueza mundial generada en 2017 fue a sus bolsillos mientras la mitad de la población no recibió nada (Oxfam, Forbes y Crédit Suisse Global Wealth). B. Gates, Amancio Ortega, Buffett, Slim, Jeff Bezzos, Zuckerberg, Ellison y Bloomberg son los más visibles “dueños” que junto con otros pocos le permiten vivir o morir a millones de seres humanos que padecen las humillaciones y viven sin derechos. Este ilimitado poder desborda las cuadriculas que separan la vida en ciencias, disciplinas, formas de existir, es un poder holístico que sencilla-

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mente entiende la política como una herramienta para mantener ese poder y acrecentar su capital. Los “dueños” pueden eliminar competidores, destituir gobernantes, promover golpes de Estado o poner de presidente a quien les plazca, aunque nunca hablen de candidatos o elecciones. Han convertido al Estado en otro medio de producción de su riqueza, es su empresa principal con capacidad coactiva y represiva para obtener y transferirles recursos mediante negocios de todo orden y vínculos en todos los ministerios y entidades.

Si miramos a nivel local, en Colombia es reconocible que solo cuatro ricos concentran demasiado capital y poder (Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila Lule y Gilinski) con capacidad para subordinar la política y decidir quién ha de gobernar. Controlan la subjetividad, el alimento, la movilidad, la manera de actuar. Son dueños de medios de información (T.V, prensa, radio), bancos, seguros, comunicaciones, gas, infraestructuras, finca raíz, vías, aviación, inmobiliarias, incursionan en la justicia, el deporte, el turismo, tienen holding, franquicias y consorcios. Por su mandato la propiedad privada es sagrada y la pública satanizada. Son autosuficientes para poner decisiones políticas a sus pies e intervenir la agenda del gobierno y la dinámica de las instituciones con reglas de mercado (también alimentado por mafias incrustadas en el Estado). Los dueños han acelerado el paso de la política hacia el mercado, desvirtuando la esencia de la democracia basada en competidores que tratan de garantizar la realización de derechos y del bienestar colectivo, usurpada por otra forma (politiquería) tomada por competidores que tratan de obtener el poder para reforzar su poder y sustraer los bienes públicos para llevarlas a las cuentas privadas de los dueños y sus múltiples redes de beneficio privado.

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El empuje extractivista colombiano En Colombia se promueven los extractivismos, tanto sobre minerales como hidrocarburos, pero también en la agricultura. Recordemos que los extractivismos son un tipo de apropiación de recursos naturales, caracterizado por grandes volúmenes o intensidad, y por destinarse sobre todo a exportarlos como materias primas. En efecto, las materias primas han representado más de la mitad de las exportaciones colombianas, alcanzando máximos en el orden del 85% del total en los años 2012 a 2014. Esta es una condición muy similar a la de otros países andinos, como Perú o Bolivia. Esa canasta de materias primas exportadas está concentrada en unos pocos productos; por ejemplo, en 2015, el 37% de las exportaciones fue petróleo, y le siguió el carbón con el 12%. Esto genera mucha dependencia, aunque la situación colombiana es menos grave que la de otras naciones, como Ecuador o Venezuela, donde es todavía más concentrada y por ello son más vulnerables a la globalización. El ingreso abrupto y masivo de divisas que genera una bonanza de precios de hidrocarburos o minerales sobrevalua el tipo de cambio y hace perder competitividad, perjudicando al sector manufacturero y agropecuario exportador. Como el tipo de cambio real se aprecia, los recursos migran del sector secundario a los segmentos no transables y a aquellos donde influye la actividad primario-exportadora en auge. Esto distorsiona la estructura de la economía, al recortar los fondos de inversión que pudieran ir precisamente a los sectores que propician mayor valor agregado, niveles de empleo, progreso técnico y efectos de encadenamiento. La especialización en la exportación de bienes primarios —en el largo plazo— ha resultado negativa, por el

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deterioro tendencial de los términos de intercambio. Este proceso favorece a los bienes industriales que se importan y perjudica a los bienes primarios exportados. Esto se debe, entre otros factores, a que estos últimos bienes poseen una baja elasticidad-ingreso, son sustituibles por sintéticos, no poseen poder monopólico por su bajo aporte tecnológico y de desarrollo innovador (son commodities, es decir sus precios se fijan mayormente por la lógica del mercado), el contenido de materias primas de los productos manufacturados es cada vez menor, etc. Esto impide participar plenamente en las ganancias que proveen el crecimiento económico y el progreso técnico a escala mundial a los países especializados en la exportación de mercancías altamente homogéneas. Los defensores de las economías extractivistas se expresan como una teología basada en la religión del crecimiento económico. Estas corrientes defienden programas de libre mercado en sus declaraciones, aunque sus prácticas son otras, y no consideran dimensiones como las sociales y ambientales. Esto resulta en una paradoja de una maldición de países que son ricos en recursos naturales, pero siguen siendo pobres desde el punto de vista del desarrollo. Presentando serias distorsiones y “enfermedades»; tales como la dependencia de capital y tecnologías, la mentalidad mono-exportadora y la subordinación a mercados globales. Se generan intercambios desiguales, en lo comercial como en lo ecológico. Las comunidades locales sufren graves impactos sociales y ambientales, y distintas violencias que incluyen violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza.

es la paradoja eterna - los pobres viven << Esa en naciones que son ricas por la generosidad de la naturaleza >>

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De allí se concluye que los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para asegurar el bienestar de su población. Sobre todo, parecen estar condenados al subdesarrollo (como contracara del desarrollo) aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. La gran disponibilidad de recursos naturales, particularmente si se trata de minerales o petróleo, tiende a acentuar la distorsión existente en las estructuras económicas y la asignación de los factores productivos dentro de los países malditos

impuesta ya desde la consolidación del sistema-mundo capitalista. En consecuencia, muchas veces, se redistribuye regresivamente el ingreso nacional, se concentra la riqueza en pocas manos y se incentiva la succión de valor económico desde las periferias hacia los centros capitalistas. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter «patológico» que acompañan a la abundancia de estos recursos naturales. A pesar de esas constataciones, uno de los dogmas básicos del libre mercado, llevado a la categoría de principio y fin de todas las cosas en la economía —ortodoxa— y aun fuera de ella, radica en recurrir una y otra vez al viejo argumento de las ventajas comparativas. Los defensores del librecambismo predican que hay que ser coherentes en aprovechar aquellas ventajas que nos ha dado la Naturaleza y sacarles el máximo provecho. Y en este listado de dogmas podemos incluir varios otros que acompañan al extractivismo: la globalización como opción indiscutible, el mercado como regulador inigualable, las privatizaciones como camino único, la competitividad y la productividad como virtudes por excelencia.

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Algunos librecambistas plantean la maldición de los recursos naturales como un reto de difícil resolución, casi como un fatalismo bíblico. Los defensores de la fe neoliberal como los portadores de «la estaca» que liquidaría al vampiro del subdesarrollo, lejos de plantear un debate profundo se aferran como náufragos a una sola tabla de salvación: las ventajas comparativas, como referente fundamental de las economías especializadas en producir y exportar materias primas. De hecho, asumen esta visión ideológica, casi como una teología, sin importar sus consecuencias depredadoras para el ser humano y la naturaleza. Defienden una ideología consumista, con el mercado como único instrumento regulador de las relaciones socioeconómicas, y donde la explotación y la dominación son su razón de ser. Además, algunos gobiernos “progresistas” o neoliberales, con diversos matices formales, son fervientes cultores de la religión del crecimiento económico (que tiene en la acumulación capitalista su espíritu santo). Todos estos asuntos enrarecen el ambiente. Y, de una u otra manera, impiden una visión más lúcida de los caminos a seguir para llegar a una vida digna y armoniosa para todos los seres humanos y la naturaleza. Estos extractivismos generan una enorme variedad de “impactos directos” que se expresan localmente. Incluyen contaminaciones de todo tipo, con los casos icónicos del mercurio en la minería ilegal o el carbón de El Cerrejón, deforestación, afectación del agua, reconfiguración de territorios, etc. A ellos se suman impactos sociales, como pérdida de medios de vida tradicionales, desplazamientos, y por supuesto distintos tipos de violencias. En paralelo se encuentran los llamados “efectos derrame” de los extractivismos. Estos responden a cambios en las políticas públicas para favorecer algún proyecto, pero con efectos que se “derraman” a todos los sectores y en todo el territorio. El instrumento de licencias ambientales “express” se ha

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vuelto un ejemplo internacional de un efecto derrame extractivista, ya que para atraer a algunos inversores se termina reduciendo y debilitando el control y gestión ambiental en todo el país y en todos los sectores. La realidad de una economía primario-exportadora de recursos petroleros o minerales debe llevarnos a preguntarnos, por qué en nuestros países la extracción masiva de recursos naturales destinados a la exportación no ha detenido la generalización de la pobreza ni ha evitado las crisis económicas recurrentes, al tiempo que parece haber consolidado mentalidades «rentistas». Todo esto, lo sabemos por experiencia, profundiza la débil y escasa institucionalidad, alienta la corrupción y deteriora el ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas desplegadas, que frenan la construcción de ciudadanía. Visto así el tema, «la maldición de la abundancia» envuelve a toda la sociedad, incluyendo su vida política y cultural. Se refleja además en un escaso interés por invertir en el mercado interno. Esto limita la integración del sector exportador con la producción nacional. No hay incentivos para desarrollar y diversificar la producción interna, vinculándola a los procesos exportadores, que a su vez deberían transformar los recursos naturales en bienes de mayor valor agregado. Como se constata a diario, desde hace décadas, estas sociedades prefieren lo «made in cualquier parte» antes que los productos y las respuestas fabricadas en casa. Parecería que hay una maldición que nos impide incluso descubrir nuestras potencialidades. Esta situación quizá se explique por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa naturaleza y de una mano de obra barata. Pero nunca será justificable, pues el beneficio de estas actividades va a las economías ricas, importadoras de estos recursos que luego sacan un provecho mayor procesándolos y comercializando productos terminados. Mientras tanto los países exportadores primarios, con una mínima parti211

cipación en la renta minera o petrolera, cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales. Si se contabilizaran los costos económicos de los impactos sociales, ambientales y productivos de la extracción del petróleo o de los minerales, así como los subsidios ocultos en estas actividades, desaparecerían muchos de sus beneficios económicos potenciales. Pero a eso no llegan nuestros gobernantes, atrapados por las creencias librecambistas o a secas desarrollistas, que encuentran su matriz en los extractivismos. A lo anterior se suma la masiva concentración de la renta de la naturaleza en pocos grupos poderosos, sobre todo transnacionales. Estos grupos extractivistas y amplios segmentos empresariales, contagiados por el rentismo, no encuentran ni crean alicientes para sus inversiones en los mercados domésticos. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados. Con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país y manejan sus negocios con empresas afincadas en «paraísos fiscales». Tampoco hay estímulo o presión para invertir los ingresos recibidos por las exportaciones de productos primarios en las propias actividades exportadoras, pues la ventaja comparativa radica en la generosidad de la Naturaleza.

Impactos políticos No se puede concluir la reflexión sin sentar un aspecto típico que aparece en los países atrapados por la «maldición de la abundancia»: las violencias, que configuran un elemento consustancial de un «modelo biocida». Veamos solo la violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, que pasa por diversos grados: represión estatal, criminalización de los defensores de la vida, guerras civiles, guerras abiertas entre países, agresiones imperiales por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburos o minerales. 212

Este es un punto medular. La violencia en la apropiación de recursos naturales, extraídos atropellando a los Derechos Humanos y a los Derechos de la Naturaleza, «no es una consecuencia de un tipo de extracción, sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales», señala atinadamente Eduardo Gudynas (2013). En síntesis, la dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas ocasiones, lleva a la constitución de gobiernos caudillistas por los siguientes factores: débiles instituciones del Estado que hagan respetar las normas y fiscalicen las acciones gubernamentales; ausencia de reglas y de transparencia que alientan la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y los bienes comunes; conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder; lo que —a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo— disminuye la inversión y el crecimiento económico, políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos. Además, estos gobiernos presidencialistas, que atienden clientelarmente las demandas sociales, son el caldo de cultivo para nuevas formas de conflictividad sociopolítica. Esto se debe a que no se aborda estructuralmente las causas de la pobreza y marginalidad. Igualmente, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas represivas. En la medida en que se carezca de una adecuada institucionalidad, los costos ambientales, sociales, políticos e incluso económicos (relacionados al uso de la fuerza pública) necesarios para controlar los enfrentamientos que, por ejemplo, la minería a gran escala o la actividad petrolera provocan, no serán nada despreciables. Además, habrá que anticipar el efecto de esta inestabilidad social casi programada sobre otras actividades productivas en las zonas de influencia minera. Todo esto demanda de los gobiernos extractivistas, independientemente de su filiación ideológica discursiva, respuestas - autoritarias - que frenen la disidencia. En Colombia el presidente Juan Manuel

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locomotora minera Santos recurrió a una figura como en cuanto símbolo para arrastrar a nuestro país, a través de la minería, al ansiado «desarrollo»; atropellando cualquier intento de crítica. Una primera conclusión, entonces, radica en la necesidad imperiosa de superar la dependencia extractivista. Y para lograrlo, se precisa elaborar y poner en marcha una estrategia suficientemente flexible para enfrentar los retos que implica lo que será una larga fase de transición. En primer lugar, hay que enfrentar aquellos intereses poderosos que quieren mantenernos sumidos en la barbarie extractivista. Esa acción política debe venir acompañada de una vigorosa disputa cognitiva que tenga en la mira el desmantelamiento del ADN-extractivista de nuestras sociedades. Y eso se conseguirá desarrollando y difundiendo propuestas alternativas concretas, que tengan una visión utópica de futuro.

El reto radica, entonces, en optar por nuevos rumbos, con soluciones posibles y creíbles para construir otro imaginario colectivo. Para lograrlo se requieren alianzas y consensos que respondan desde dentro de las propias comunidades, aprovechando crecientemente las capacidades locales y nacionales. Simultáneamente hay que construir una nueva integración regional a partir de una visión inspirada en el regionalismo autónomo, no en el regionalismo abierto de inspiración neoliberal. A través de la globalización capitalista no se encontrará la vía de salida del extractivismo y sus maldiciones.

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La democratización ambiental, pieza clave en el post-conflicto colombiano Desde 2004 varios mecanismos de participación democrática incorporados en la Constitución de 1991 han sido activados por las comunidades afectadas con la llegada de las actividades extractivas en sus territorios. Estos mecanismos incluyen el referendo, la iniciativa popular normativa y legislativa, la consulta popular, el cabildo abierto y las veedurías ciudadanas, y han sido llevados a la práctica con el fin de proteger las fuentes de agua, las economías locales, y debatir visiones alternativas al extractivismo. Los casos en que alguno de estos mecanismos fue efectivamente usado, así como en los que fueron bloqueados por diferentes actores estatales, reflejan las potencialidades y las barreras en la democratización ambiental. Ante estas ideas, que se han denominado postextractivistas, surgen inmediatamente todo tipo de cuestionamientos. Unos insisten en que esas medidas son incompatibles con la vida moderna, y otras alertan que provocaría gravosas pérdidas económicas. Por ejemplo, es común escuchar que la minería es indispensable para la vida actual, proveyendo los metales que se encuentran en todo tipo de productos. Se da un paso más, y se afirma que cualquier alternativa postextractivista nos obligaría a regresar a la edad de piedra. La respuesta ante esos cuestionamientos es que confunden “minería” con “extractivismo”. El postextractivismo no está en contra de la minería ni de otros usos de los recursos naturales, no postula una naturaleza intocada. Su objetivo está en una apropiación que sea indispensable y no dispendiosa, y por ello debe estar específicamente enfocada en asegurar la calidad de vida de las personas y terminar con la pobreza, y no en el mero consumismo. Es por esta razón que la definición de extractivismo es clave, y no cualquier uso de los recursos naturales, ni siquiera aquellos con impactos ambientales, 215

cumplen esa condición. Pero, además, los mayores sectores extractivos de Colombia no están enfocados en la calidad de vida de los colombianos sino en nutrir una demanda global, que esencialmente satisface las necesidades del consumismo del norte.

Lo que es presentado como un éxito exportador en verdad es una pérdida neta de patrimonio. En efecto, usando los nuevos indicadores físicos de la balanza comercial (exportaciones de materia medidas en toneladas contra las importaciones), se observa que Colombia registra un déficit desde 1990. Hacia 2011, el país tenía una pérdida neta de unos 100 millones de toneladas por año, lo que implica un gravoso comercio desigual: el país debe exportar 5 toneladas de materias primas para importar una tonelada de manufacturas u otros bienes con valor agregado. En la actualidad, el Estado captura una proporción muy baja de la renta minera y petrolera. Las empresas gozan de muchos beneficios (como las deducciones por inversiones, por depreciación de activos, etc.), y son conocidos los casos de subfacturación para evadir varios tributos como se ha mostrado para el carbón. Esto hace que otro componente sea una reforma tributaria que apunte a impuestos justos y efectivos. Otras medidas que operan en el mismo sentido atacan los subsidios que el Estado otorga a los extractivismos. Es que casi siempre se olvida que los extractivismos gozan de asistencias financieras directas, reducciones o devoluciones de impuestos, energía o agua barata, etc. La información que se acumula en varios países muestra que el Estado termina financiando a mineras y petroleras. Ante esto, el postextractivismo plantea desmontar esos subsidios, y utilizar buena parte de esos fondos en sostener una diversificación en otros sectores productivos.

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Alternativas bajo la violencia y la paz El otro componente clave para el caso colombiano es su larga historia de guerra interna, con todas sus consecuencias en la vida política nacional, y el proceso de paz que ahora ofrece todo tipo de oportunidades. Los extractivismos conservadores se implantaron bajo la guerra, y como esa era una problemática apremiante, comprensiblemente muchos sostenían que la prioridad era buscar la paz y se debía dejar para después temas como la protección del medio ambiente o el ordenamiento territorial. El proceso de paz ofrece las condiciones para adentrarse en toda esta problemática con más energía, libertad y pluralidad, y esto abre oportunidades para transiciones postextractivistas. Si bien las consecuencias del conflicto armado no se han perdido, e inevitablemente afectarán los debates postextractivistas, es posible compartir algunas ideas. En primer lugar, debe apuntarse que la cuestión ambiental no ha sido plenamente incorporada en los planes de paz, como ha sido señalado por varios analistas. Los postextractivismos deben remontar esto ya que cualquier alternativa debe atender las cuestiones ecológicas.

En segundo lugar, el conflicto armado generó muchos daños ambientales, pero a la vez impidió el avance de la apropiación de los recursos naturales en distintas áreas. Hoy existe un riesgo real, también señalado por varios analistas, que el acceso del Estado a territorios que antes estaban en manos de las FARC desencadene un aumento de la presión extractiva. Hay muchas razones para esto, destacándose que el gobierno necesitará fondos para sostener la desmovilización y puede buscarlos en rubros como minería o petróleo. A su vez, las empresas ahora

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estarían dispuestas a ingresar en esos sitios en la medida que se consolide la paz. De la misma manera, no debería sorprender que grupos desmovilizados busquen en la minería aluvial u otros extractivismos una vía para sostenerse económicamente.

Todo esto abre opciones para exploraciones, concesiones o emprendimientos mineros y petroleros, o por el avance agropecuario, sobre los páramos y otras zonas andinas, en la Amazonia, el Chocó y otras regiones. En muchas de esas zonas están ubicadas reservas forestales, áreas protegidas o son tierras en manos de comunidades indígenas. Se ha advertido que más del de los municipios con prioridad en el postacuerdo, tienen alguna figura de protección o de regulación, y que, en los municipios más afectados por el conflicto, en el 80% ya hay títulos mineros otorgados. Esto explica enormes riesgos sobre la biodiversidad y las comunidades locales (especialmente indígenas y campesinos), y mayores efectos derrames como la desterritorialización.

90%

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Pero más allá de esas cuestiones, hay otra todavía más compleja. Las herencias políticas y culturales del conflicto y la propia tónica de los gobiernos conservadores han hecho que varios sectores sociales aceptaran como natural un alto nivel de violencia y repetidos incumplimientos de los derechos humanos. El Estado ha ejercido controles militarizados, y persisten hostigamientos a líderes locales, y la cifra de asesinatos es escandalosa.

Frente a esas severas restricciones también hay muchas oportunidades. Comencemos por señalar que la movilización ciudadana frente a los extractivismos se ha potenciado en todo el país, y existe un creciente consenso sobre sus impactos negativos. Todo esto alimenta la necesidad de buscar alternativas.

Las iniciativas ciudadanas de promover consultas locales son otro aporte sustantivo. Ellas contribuyen a democratizar el debate y las decisiones, y a su vez ejemplifican una de las medidas propias del postextractivismo. El papel de la Corte Constitucional también debe ser valorado, demostrando las consecuencias positivas que tiene un ejercicio independiente y concreto de la justicia. Estos componentes pueden potenciar transiciones basadas en las justicias ambiental y ecológica.

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CAPÍTULO

VII UN INTENTO DE BALANCE DEL PROCESO DE PAZ EN

COLOMBIA (2012 A 2017)

Nelson Raúl Fajardo Marulanda 223

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PRESENTACIÓN Ya en el libro titulado “Solución Política y Proceso de Paz en Colombia”, el último aparte del artículo “¿Camino de una Paz estable y duradera?”, presenta unas “apreciaciones sobre las perspectivas de los diálogos de La Habana”, que nos permiten sugerir cinco escenarios posibles de desenlace, de los cuales los escenarios 4 y 5, parecen ser los más cercanos al momento; sin que ello signifique que los escenarios 1 a 3, hayan perdido toda valoración 86. El escenario 4, considera la existencia de una amplia ambigüedad del Estado frente a la solución política al conflicto social y armado, que vivíamos hace más de medio siglo en Colombia. A su vez el escenario 5, parte de una amplia capacidad movilizadora de la sociedad civil y la comunidad internacional; en el fondo ninguna de las dos se expresa en forma pura, pero tampoco muestra rasgos que las acerquen plenamente a los escenarios 1, 2 o 3. Lo cierto es que el país vive una transición indefinida ante la posibilidad de una apertura democrática realmente existente que haga posible un verdadero BUEN VIVIR para todos los colombianos.

¿Camino de una paz estable y duradera?: Nelson Raúl Fajardo Marulanda en Solución Política y proceso de Paz en Colombia, Ocean Sur, 2013. Coordinador Jairo Estrada, página 59.

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La ambigüedad en la toma de descisiones en el proceso de paz Este fenómeno es característico del proceso colombiano porque se desata bajo el dominio y poder casi absoluto del modelo de acumulación de capitales neoliberal, transnacional y supraestatal generando la mencionada ambigüedad, primero, por tener un Estado con una enorme de la carga premoderna. Y, en segundo lugar, porque tenemos un Estado que pretende modernizarse de cara al pueblo, pero los intereses particulares pesan mucho y se convierten en una talanquera que no será fácil de superar. Dicho dominio y poder, pasa por la debilidad palpable Movimiento Sindical Mundial, dividido en tres corrientes ideológicas hegemónicas; la democristiana, la socialdemócrata y la socialista. Las dos primeras, totalmente funcionales a la lógica de la tasa de ganancia del capital que no se manifiesta de igual forma en todos los espacios y territorios del gran capital. Precisamente Colombia pertenece a esos espacios y territorios, que requieren ser reformados por el gran capital transnacional, para colocar el país a su servicio. Para ello, no es posible que destape ahora su actuación en términos de guerra tal como sucede en Mediano Oriente, por sus altos costos; lo cual hace imposible abrir otro frente de guerra en América Latina, sin descuidar la militarización creciente de la región. Decíamos entonces que:

“ 87

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Este escenario parte, de elevar la capacidad movilizadora de sociedad civil, incluye el movimiento popular y a los trabajadores, interesados en aportar al debate sobre la necesidad de ampliar la democracia y mejorar las condiciones en que se desenvuelve la economía.87

Ibidem, página 65.

”

Estos planteamientos encuentran su justificación en la falsa dicotomía entre la desmilitarización creciente de la sociedad colombiana, por un lado, y el proceso de militarización de la sociedad colombiana; cuestión que se manifiesta en el apoyo militar permanente a la geopolítica militar de los Estados Unidos de América, considerando a Colombia como aliado estratégico de esa potencia. Es una falsa dicotomía, por cuanto disfraza los verdaderos intereses de la Superpotencia hacia América Latina, caracterizados por la dominación, la super explotación de la fuerza de trabajo y la subordinación a los intereses políticos del imperialismo. Esta ambigüedad, entendida como la baja capacidad de definición o toma de posición frente a un objeto, fenómeno o proceso, asume su dimensión concreta en la confrontación entre un Estado clasista que representa y defiende los intereses de una clase minoritaria que maneja el poder y la tasa de ganancia a su favor. Ellas son los grandes capitales transnacionales, la burguesía criolla transnacionalizada, la burguesía criolla de carácter nacional y la oligarquía latifundista ligada a la producción de bienes de consumo de la población tales como café, papa, plátano y banano, arroz, coca, sorgo y bienes pecuarias entre otros; igualmente la variedad de bienes del mal llamado bienes animales del capital, que se expresa entre una burguesía crecientemente debilitada por efecto de la destrucción industrial y el poder sin limite el sector financiero contra un proletariado cada vez más debilitado por el peso de la enorme desindustrialización que vive el país, pero acompañado de una creciente proletarización del llamado sector de los servicios.

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De la combinación a la fragmentación Glosas marginales de la crisis civilizatoria o de la crisis del proyecto revolucionario. Introducción minima

Varias voces se han manifestado acerca de la crisis del proyecto capitalista y sus consecuencias en el sostenimiento de la civilización, la intelectualidad desde distintos ámbitos (científicos como Stephen Hawking, académicos de las ciencias sociales y hasta el mismo papa o mejor el Pop-A Francisco) han concentrado grandes esfuerzos en hacer un llamado al gran riesgo planetario de no cambiar o ponerle freno a un modelo económico depredador con el medioambiente. Un modelo altamente inequitativo, que ha generado una nueva ola de violencias expoliadoras y difíciles de controlar, matizando de diferentes formas, y según las distintas orillas de quienes hablan, esta crisis sobre la relación con el sistema económico de fondo: el capitalismo. A todos estos comentarios acertados en términos de la preocupación de la sostenibilidad de la vida humana a mediano plazo, se han sumado las tesis de los comunistas como parte de la necesidad de construir un proyecto alternativo. Ante esta realidad que es evidente, a todas luces se le halla un pero:

¿y de la crisis del proyecto revolucionario qué? Casi que hemos visto florecer y fenecer el neoliberalismo sin salir los revolucionarios de la crisis propia; ya 30 años nos separan del fin de la era soviética y es momento de hacer el duelo que permita acercarnos a su claroscuro y, además, construir desde allí una lectura acerca de las nuevas condiciones de la lucha de clases y de la crisis de la vanguardia de la clase trabajadora: la crisis de los comunistas. Y en nuestro contexto particular la fragmentación del proyecto político a partir del fin de la combinación de todas las formas de lucha de masas.

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De la lucha unificada a las resistencias marginales Tal vez una de las producciones teóricas más acertadas y de más reconocimiento tanto de la izquierda mundial como de la burguesía local (me permito un poco de nostalgia al usar el término burguesía) ha sido la combinación de todas las formas de lucha de masas. Esta consigna plantea que ante la combinación de todas las formas de dominación de la clase hegemónica que reúne distintos métodos represivos se generan diferentes formas de resistencia de clase y que por tanto estas resistencias los comunistas debían catapultarlas en luchas políticas.88/89 Esta lectura acompañada del debate periferia - centro, aunque tiene algunos matices permitió principalmente en la década de los 70 conjugar los escenarios de la lucha legal (sindical, habitacional, estudiantil, agraria y electoral) con la lucha ilegal (conformación de guerrillas para confrontar el aparato militar legal e ilegal del Estado (léase burguesía) y además construir una reserva armada en perspectiva de la toma del poder).

Desde los vinculados a la legalidad del estado como aparato de violencia de una clase: ejército, policía, leyes, etcétera, hasta las formas ilegales de las instituciones legales por ejemplo las acciones encubiertas de los militares para saltar los cercos del estado de derecho y de las instituciones internacionales, hasta su expresión máxima en las estructuras totalmente ilegales que se encuentran vinculadas a la economía y al poder real: Paramilitarismo y narcotráfico. 89 Ese necesario marcar un índice en este tema, debido a que la lectura exacta refiere a que la resistencia es una respuesta natural y espontánea de una clase y no depende de una línea política de un partido, por tanto la combinación acertada de todas las formas de lucha es una lectura de la realidad colombiana y una intervención política de ella y no cómo se pretende señalar desde la derecha y no maquinaria guerrerista de los comunistas, dado que independientemente de que los comunistas intervengan o no en la resistencia armada este se tiende a desarrollar como respuesta a la violencia de los sectores hegemónicos.

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El punto clímax de la combinación se manifestó en la creación y consolidación de la Unión Patriótica (1984), con una masiva participación electoral y cooptación de espacios de participación de las corporaciones públicas (Senado, Cámara, Concejos, Alcaldías) en gran parte del territorio nacional. Esto como producto de las cosechas del trabajo de masas y de lucha de los 70, que es un periodo de huelgas y victorias del movimiento sindical, social y popular con experiencias como el paro cívico del 77. Sin embargo, esto fue flor de un día. La caída de la Unión Soviética por un lado y la agresión militar contra los sectores legales de la clase (genocidio de la UP) por el otro, llevaron a una ruptura de la combinación que se manifestó en la separación de la lucha legal e ilegal y a la creación de dos posturas que concebían, cada una por su lado, una única vía para la toma del poder: la lucha legal como método único o la lucha armada. La fragmentación de la combinación se puede entender en términos generales desde dos posturas: La primera entendía que la lucha armada se convertía en una justificación para la violencia contra las formas de lucha legales y por tanto era necesario detener las formas armadas y consolidar un cerco amplio, unitario y popular con todos los sectores de avanzada para generar una apertura democrática. Mientras tanto la segunda asimiló la violencia histórica y sistemática de la clase hegemónica como un impedimento para la participación abierta y democrática de propuestas de tipo transformador y por ende la necesidad de la profundización de la lucha armada y la consolidación de un partido clandestino rural y urbano, sumado a la creación de frentes atenazados alrededor de las principales ciudades del país en miras de un plan estratégico (militar) para la toma del poder. De esta separación se pueden reconocer flujos y reflujos.

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Década de los 90: Del legalismo electoral parlamentario a la lucha de masas electoral En este periodo la postura legalista no tuvo mayor confluencia debido a las secuelas del golpe del genocidio de la UP y la caída de la Unión Soviética (aunque este punto habría que ahondar mucho). Si bien se reconoce que hubo intentos de consolidar procesos unitarios como el Frente Social y Político y la Gran Coalición Democrática que tuvieron alguna trascendencia. En cambio, la represión de la clase dominante generó un crecimiento exponencial de la insurgencia, además de un relevo de cuadros políticos que no veían posibilidades de apertura política en las ciudades y optaron por la vía armada. Esto sumado a que la bonanza cocalera en las zonas donde las Farc hacía presencia permitió las finanzas para soportar su crecimiento, a través de las controvertidas cuotas y el control de su manejo. Así las cosas, la década del 90 parecía darle más acierto a la tesis de la lucha armada. Empero la falta de respuesta de la población de los grandes cascos urbanos al atenazamiento, el ejercicio mediático que institucionalizó la contrainsurgencia de grandes sectores del pueblo colombiano y la ausencia de un proyecto propio, sólido y político en estas grandes capas sociales, llevaron, en conjunto de un alto poder militar, a un proceso de negociación que sirvió en últimas para una reingeniería militar de la burguesía, acompañado de un discurso eminentemente contrainsurgente que retrotrajo gran parte de los avances del proyecto político armado.90 90

Si bien se puede hablar de un partido clandestino este nunca tuvo un congreso propio y sus tareas en general estaban más concentradas en la logística de la guerra, sin desconocer que tenían ascendencia política sobre todo en los escenarios, sindicales, estudiantiles y agrarios. Es solo hasta el lanzamiento del Movimiento Bolivariano que las Farc construye una

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Hay que decir que, si la década de los noventa parecía darle la razón a la vía armada, el comienzo del siglo XXI marcó la tendencia hacia el otro horizonte.

Siglo XXI: Lucha de masas con trabajo político confirmado Mientras que la burguesía en contubernio con Estados Unidos se abocaba en un plan para contener los avances militares de las insurgencias (sobre todo las FARC) condensado en el Plan Colombia, en América Latina se iniciaron inusitados conatos de apertura democrática, algunos de ellos con plataformas con contenidos cercanos al socialismo y a la izquierda, que cambiaron el paradigma político del continente. En este marco surge un proceso de convergencia, amplio y unitario de corte eminentemente electoral: el Polo Democrático Alternativo, (en adelante PDA) que le da un nuevo aire a la izquierda en un periodo caracterizado por la violencia y la represión no solo contra la insurgencia, sino contra el movimiento social en general. Allí el PDA logra posicionar curules en diferentes escenarios de las corporaciones públicas (senado, cámara, concejos, alcaldías entre ellas destacar la alcaldía de Bogotá) y reposicionar un lenguaje de izquierda (donde confluían todos los espectros que conformaban el polo) entre la población, llevando luego de mucho tiempo candidatos de izquierda con

plataforma política propia y de cara a la lucha política, sin embargo, en el momento que se consolida esta propuesta comienza la agudización de la guerra y el retrotraimiento del proyecto militar y por ende se dificultó la realización de esta apuesta. Haciendo un poco de crítica contrafactual habría sido otra historia si el movimiento bolivariano hubiese existido como parte del plan estratégico a comienzos de los noventa.

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plataformas con unos mínimos democráticos y en consonancia con lo que ocurría en el resto de América Latina. Este momento también fue efímero debido diversos factores de los cuales vamos a mencionar algunos: la mutilación del PDA (se desvinculó con leguleyadas a los sectores de la izquierda radical: como llaman a los comunistas y de la línea más suave: Petro, Clara López) por los intereses de algunas organizaciones que lo conformaban de convertirlo en sus trincheras particulares, que se puede traducir en la falta de madurez política. Pero, sobre todo, en que este espacio a diferencia de la UP no se tradujo en procesos de base reales, ni de confrontación contra el régimen, sino que su papel se limitó únicamente a la labor desarrollada por los cargos de elección popular y la unidad desde las alturas, cristalizando así este escenario.

Buscando horizonte a través del caleidoscopio En los 25 años del fin de la combinación se podría reconocer que se generó una confusión de la forma y el fondo, es decir, más que el fin político era la forma de ese medio político la determinante del carácter revolucionario de uno y otro. Confusión que se presentó en ambas posturas. Además, la distancia generada por los límites del fin de la combinación de las formas de lucha hacía difícil reconocer en el otro los debates que se desarrollaban en su seno. No sería coherente en estas notas darle la razón a una u otra postura dado que este ejercicio está planteado en la idea de reconocer la fragmentación del proyecto político como un retroceso del acumulado político en su totalidad; además, en términos de la realidad histórica, se evidenció que ninguna pudo lograr su objetivo pese a que cada experiencia contó con avances y aproxi-

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maciones en diferentes momentos.

Luego de esta brusca síntesis se puede hacer la lectura de los acuerdos de paz de la Habana como la imposibilidad de la conversión de las resistencias armadas de la clase en lucha política (por lo menos a mediano plazo) y un reacomodamiento militar que solo podría llevar a una guerra civil con los costos de sangre que significarían para el pueblo colombiano y por tanto, la necesidad de apostarle a un proceso de paz que permita abocarse (a mediano o largo plazo) en la creación de un proyecto político alternativo y de carácter transformador de cara a las grandes capas de la población que se encuentran en los grandes centros urbanos92. Esta tesis que se puede reconocer como acertada, a todas luces requiere de un análisis del estado de arte del proyecto revolucionario y de los comunistas. En últimas, el fin de la guerra ha permitido reconocer los debates, limitaciones y crisis ideológicas de la dirigencia de la guerrilla que se encuentra, guardadas proporciones, en sintonía con la crisis de los comunistas que habían asumido la lucha legal.

¿Que queda de eso?

La referencia a que ninguna pudo lograr su objetivo, no se hace en términos de marcar la imposibilidad de que esto no pueda suceder a futuro, sino a que no se pudo realizar en el marco de esos contextos históricos concretos. 92 y sin desconocer que mientras la clase hegemónica no renuncie a la violencia como forma para acallar a las posturas divergentes e incluso disidentes, seguirán apareciendo formas de resistencia armada tanto de sectores con perspectiva de transformación como aparatos militares para dar soporte a la economía ilegal y el narcotráfico, bien amparados por la burguesía actual o por la lumpen burguesía naciente de este fenómeno.

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La lucha ideológica al interior del movimiento sindical Los Demócratas Cristianos, a diferencia de la socialdemocracia, tienden a articular su accionar político sindical con los sectores más atrasados del latifundio, representantes del capital financiero y los capitales transnacionales. Esta corriente sindical, según Helio J. González resalta el papel del liderazgo a partir de “un líder, de una historia compartida, de programa político determinado, de una situación coyuntural específica, la Democracia Cristiana se estructura a partir de un pensamiento o de una doctrina inspiradora, cuyo fundamento ha sido la Doctrina Social de la Iglesia, y el Humanismo Cristiano, con la impronta de Jacques Maritain y de Emmanuel Mounier. Diríamos que más que un pensamiento, es un ideal, y es un ideal que envuelve una mística, y esta mística es la de Jesús de Nazaret. En ello consiste su grandeza y al mismo tiempo su debilidad, ya que conciliar los valores cristianos con la acción política, determinan una tensión permanente, difícil y compleja, para los actores políticos que deben hacerla realidad, mucho más en este mundo pragmático y secularizado. Grandeza, pues son valores inmanentes, con respuestas para el hombre concreto en todo momento y lugar”3. Como se puede observar, los democristianos soportan su accionar político en un fuerte bagaje ideológico, que se complementa con una formación bastante estructurada. Desde luego que sus mayores fallas están en reducir el análisis de la realidad a un evolucionismo eterno, que no admite el salto o el cambio revolucionario. A ello, el evolucionismo agrega la solución de clases a través del consenso que permite conciliar los aspectos más conflictivos de los diálogos. Aquí se parte de una supuesta “igualdad de derechos” entre las partes.

235

Por su parte la Socialdemocracia, plantea que

“

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…, la teoría de la acción paralela entre la socialdemocracia, los sindicatos y de su “igualdad de derechos”, no es pura invención, sino que tiene raíces históricas. Se basa, efectiva¬mente, en la ilusión que despierta el tranquilo y “normal” perío¬do de la sociedad burguesa, en el que la lucha política de la socialdemocracia parece diluirse en la lucha parlamentaria. Pero esta simple contrapartida de la lucha sindical es algo que se lleva a cabo, exclusivamente, en el terreno del orden social burgués. Por su naturaleza, es un trabajo político de reforma, al igual que los sindicatos expresan su labor de reforma económica. Repre¬senta un trabajo político de actualidad, al igual que los sindicatos representan un trabajo económico presente. La lucha parlamen¬taria, al igual que la lucha sindical, es simplemente una fase, un estadio de desarrollo en el todo de la lucha de clases proletaria, cuya meta final supera, en igual medida, tanto a la lucha parla¬mentaria como a la lucha sindical. También la lucha parlamenta¬ria tiene la misma relación con la política socialdemócrata que la existente entre una parte y el todo, exactamente igual al trabajo sindical. La socialdemocracia es precisamente el resumen tanto de la lucha parlamentaría como sindical, en una lucha de clases dirigida a la abolición del orden social burgués. La teoría de la “igualdad de derechos”, entre los sindicatos y la socialdemocracia no es, por lo tanto, un simple error teórico, una simple confusión,

sino que es la expresión de la conocida tendencia del ala oportunista de la socialdemocracia, que quiere reducir realmente la lucha política de la clase obrera a la lucha parlamentaria, y hacer que la socialdemocracia deje de ser un partido proletario revolucionario para convertirlo en un partido reformista pequeñoburgués” [4]. Si la socialdemocracia aceptase la teoría de la “igualdad de derechos” de los sindicatos, aceptaría también, de manera indirecta y tácita, la transformación que des¬de hace mucho tiempo están impulsando los representantes de la tendencia oportunista”5]

”

La falta de unidad, la fragmentación y la mentalidad anti-comunista De un análisis detallado de las huelgas de masas en Rusia y de las condiciones en Alemania misma se desprende claramente que cualquier acción importante de lucha, si no ha de limitarse a una demostración aislada, debe, por el contrario, convertirse en una acción real de masas y no puede concebirse como una huelga del tipo que se ha dado en llamar política. En Alemania, los sindicatos participarían de igual modo que la socialdemocracia. Y no ya, como se imaginan los dirigentes sindicales, porque la socialdemocracia debido a la inferioridad numérica de su organización se encuentre obligada a recurrir a la colaboración de ese millón y cuarto de sindicalistas y no puede hacer nada “sin ellos”, sino por una razón mucho más profunda: porque toda acción directa de masas y todo periodo de luchas abiertas de clase serán al mismo tiempo políticos y económicos.

237

Si por cualquier motivo y en cualquier momento, se producen en Alemania grandes luchas políticas y huelgas de masas, se iniciará, al mismo tiempo, una era de gigantescas luchas sindicales, sin que los acontecimientos se pregunten si los dirigentes sindicales aprueban o no el movimiento. Si se mantuvieran apartados o trataran de oponerse a la lucha, la consecuencia será simplemente que los dirigentes del sindicato[6] serían marginados por el desarrollo de los acontecimientos, y las luchas, tanto las económicas como las políticas, serían llevadas adelante por las masas, se prescindiría de ellos.

Estos fenómenos, de la falta de Unidad, la fragmentación y la mentalidad anticomunista, se conjugan con la separación que fomenta la socialdemocracia entre lucha política y lucha económica. Dicha separación, según Karl Kausky estimula unas relaciones tensas entre capital y salario; donde el primero…

En efecto, la división entre la lucha política y la lucha econó¬mica, así como su consideración por separado, no es más que un producto artificial, aunque explicable históricamente, del perio¬do parlamentario. Por una parte, la lucha económica se dispersa en el tranquilo y “normal” desarrollo de la sociedad burguesa, en una multitud de luchas parciales en cada fábrica y en cada ramo de la producción. Por otra parte, la lucha política no es di¬rigida por las masas mismas en acción directa, sino, en conformi¬dad con las formas del Estado burgués, por vía representativa, mediante la presión sobre el cuerpo.

238

Solución al problema de las drogas ílicitas Las Drogas Ilícitas son un Problema Global de la Humanidad, sin embargo, el tratamiento que se le da es sesgado y unilateral en la medida en que los países productores no cuentan con un apoyo, en términos de política, por parte de los países desarrollados, quienes son los mayores consumidores, mientras que los productores aparecen como los causantes del consumo. Se trata de una política asimétrica en la que los productores son objeto de las acciones represivas por parte del imperialismo, impidiendo posibilidades de acumulación de capitales para el progreso de las naciones pobres, que se ven abocadas a la resistencia y la búsqueda de métodos propios para su erradicación y sustitución. Es así, como la erradicación manual de los cultivos de coca se han convertido en la propuesta de nuestros campesinos, bajo el nombre de sustitución de cultivos ilícitos. Según el Acuerdo Final, se trata de una sustitución voluntaria, a partir de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria como principio fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respectivos territorios 93. Igualmente, se plantea que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito será un capítulo especial de la Reforma Rural Integral (RRI) y el presente Acuerdo responderá a las necesidades particulares de los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

Acuerdo Final: Ejecución del Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización (3.4.7.4.4.)

239

En estos asuntos, se parte de desarrollar los “Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo”, para los núcleos familiares de cultivadores y cultivadoras esta propuesto la Asistencia alimentaria inmediata, el establecimiento de huertas caseras y entrega de especies menores con su debido acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales y Proyectos de generación de ingresos rápidos. Llama la atención, en un país donde la corrupción es el pan de todos los días, la referencia que se hace para combatir ese flagelo de manera especial que permita el mapeo de la cadena de valor del narcotráfico; así como las recomendaciones y resultados del Grupo de personas expertas.

Legislativo Una vez abierto un periodo de luchas revolucionarias, es decir, una vez que apa¬rezcan las masas en el campo de batalla, desaparecerán tanto la dispersión de la lucha económica como la forma indirecta parlamentaria de la lucha política. En una acción de masas revolucio¬naria, las luchas política y económica son una sola, y el límite artificial trazado entre sindicato y socialdemocracia, como entre dos formas separadas y totalmente distintas del movimiento obrero, simplemente desaparece. Pero lo que se manifiesta con claridad en un movimiento de masas revolucionario, también es válido, de hecho, para el periodo parlamentario.

No existen dos distintas luchas de clase del proletariado, una económica y una política, sino que existe una sola lucha de clases, orientada, por igual, tanto a la limitación de la explotación capitalista en el seno de la sociedad burguesa como a la abolición de la explotación junto a la misma sociedad burguesa”7]. 240

Tomando en cuenta lo señalado, consideramos necesario tratar el salario de manera especial, por cuanto se tiende a magnificar cualquiera de las dos categorías, según las condiciones en que se desata la lucha de clases; desde luego que el dominio lo tendrá el interés de la clase dominante. Por su parte, la mediana y la pequeña burguesía en todas sus manifestaciones y expresiones, el campesinado, que según el Informe de Desarrollo Humano en Colombia 2010 fue de 1,4 millones de hogares campesinos para 2005, en el 2016, eran 6 millones de personas, con una tasa de crecimiento de 0.38%. 2]; también participa un proletariado productivo, en declive temprano numérico, ante la enorme ofensiva de la flexibilización laboral del neoliberalismo sobre los trabajadores. Estamos viviendo la contradicción que hace necesario abordar los siguientes aspectos: Si partimos del reconocimiento que la economía política estudia las relaciones sociales, ante todo políticas que se entablan entre los seres humanos, alrededor de los bienes materiales e inmateriales; esto es aplicable, también, en torno al proceso de paz que estamos viviendo en estos momentos. Efectivamente, el tipo de relaciones que se han establecido entre la clase dominante y hegemónica, de carácter eminentemente oligárquico (los grandes capitales transnacionales, la burguesía criolla transnacionalizada, la burguesía criolla de carácter nacional, la oligarquía latifundista ligada a la producción de bienes de consumo de la población y el latifundio improductivo de ganadería extensiva), enfrentados contra la mayoría del pueblo trabajador, entre los que sobresalen el Movimiento Campesino, el Movimiento Sindical, la pequeña y mediana burguesía en proceso de ruina (caso el capital papero, los arroceros, el sorgo, la pequeña y mediana burguesía del transporte, entre otros). Esta contradicción fundamental entre el capital y el trabajo tiene sus manifestaciones históricas y concretas; pero también sus manifestaciones espacio terri-

241

toriales, éstas últimas con sus respectivos niveles de diferenciación, que nos permita, como una gran nación, la articulación la unidad nacional, con un espíritu empresarial altamente desarrollado y una cultura proletaria que lo identifica. Bajo estas circunstancias, las relaciones entre el capital y el trabajo en Colombia están plagadas de excesos y residuos feudales y semifeudales. El sector monopólico de la alta burguesía monopólica, aliado con el capital transnacional intentan asimilar a su lógica de funcionamiento, evitando entender a Colombia, más como un país de regiones y no como nación, plenamente estructurada. Inversión calculada en 160 billones de pesos a 10 años, pero para cumplir con ella, nos toca recurrir a la limosna de los países desarrollados, a mayor endeudamiento externo, más impuestos indirectos y menos directos y elevar el proceso de transnacionalización de la economía nacional con perdida creciente de la soberanía nacional. Estas políticas económicas enmarcadas en el modelo de acumulación neoliberal, transnacional y supra estatal, en situación de crisis son defendidas por los funcionarios del Estado, al punto de convertirlo en tema intocable en los diálogos de La Habana, entre las FARC y el Gobierno Nacional. Las cifras en este terreno arrojan los siguientes datos:

242

Tabla 1: Indicadores macroeconómicos de colombia 2012 a 2017

Indicadores

2012

PIB Millones de pesos

$797.336 Millones de pesos

PGN Crecimiento Porcentual

4,0%

2016

2017

$853.492 $918.950 $986.134 Millones de Millones de Millones de pesos pesos pesos

$1.041.495 Millones de pesos

$258.422 Millones de pesos

4,6%

2,7%

1,4%

2013

4,9%

2014

2015

3,1%

$970.325

$1.014.959 $1.046.422.7 $1.046.422.7 $1.081.071.9

$925.000 Millones

$970.325 Millones

$1.014.959 $1.046.422.7 $1.046.422.7 $1.081.071.9 Millones Millones Millones Millones

16,1%

16,7%

16,9%

15,0%

14,8%

15,3%

$165,3 bill

$18,5 bill

$194,5 bill

$216,2 bill

$215,9 bill

$224,4 bill

IPC

2,44%

1,96%

1,87%

2,13%

5,75%

3,20%

Desempleo

9,5%

8,59%

8,72%

8,59%

8,74%

9,22%

Empleo

58,41%

59,52%

58,88%

59,52%

58,98%

58,24%

SIMVM

566.700

589.500

616.027

644.336

689.454

737.717

Inversión de capital fijo

129.432

137.385

153.326

155.180

148.171

37.485

27,4%

27,8%

29,7%

29,2%

27,3%

PGN: PIB

Fuentes: DANE, Banco de la República, ONU, OEA.

243

Según el Boletín Técnico del DANE del 27 de julio de 2017, la Economía Exterior de Colombia ha sufrido un fuerte deterioro por efecto de la recesión económica que vive el mundo. Para el mes de julio de 2017, teníamos un desempleo del 8,7%; con una tasa de participación de 67,7% y una tasa de ocupación de 60,4%; lo que nos dice que tenemos 28.388.000 personas ocupadas, 1.901.996 personas desempleadas. Todo ello debido al crecimiento de la informalidad laboral, que ha convertido muchas actividades de carácter informal en puestos laborales permanentes, los desempleados crecen ante el deterioro creciente de la actividad productiva industrial y la conversión de unidades productivas en centros comerciales que importan, afectando la producción nacional que tiene que competir con una oferta barata y a precios bajos debido, entre otras cosas, a la baja en los costos de producción que hace de la producción nacional bajamente competitiva porque los capitales foráneos inundan esto mercados, mientras que los Estados descuidan esos mercados. Así la BP pasó de 32.500 millones de dólares en 2012 a 12.929 millones en 2016, lo que hace una pérdida de 39.80% en 2016; porcentaje muy escandaloso. A lo anterior se agrega una balanza comercial deficitaria de cuatro años y superavitaria de tres años positivos. Esta situación tiene que ver con el desfase generado en la relación entre exportaciones e importaciones, a favor de las segundas, que son superiores a las primeras; esto debido al mal comportamiento de la tijera de los precios que devalúa las monedas de los países dependientes, obligándolos a comprar caro y a vender barato con mayores volúmenes de productos exportables. De tal suerte que esta cuestión genera un efecto multiplicador ataca la balanza comercial, pero al mismo tiempo reduce los recursos en la cuenta corriente de la balanza de pago. Por esta vía, se comprueba que la rentabilidad de las exportaciones es pasajera y no asegura una rentabilidad continua, favorable a la capacidad acumulativa que requiere la nación, y con ella, al proceso de paz que empezamos a vivir. Lo que se manifiesta en la balanza comercial, es todo lo contrario a lo que se 244

aprecia en el flujo de capitales, pues allí la cuestión pasa por un comportamiento boyante. El signo negativo da cuenta de las utilidades de la masa de transnacionales que tiene inundado el país.

Tabla 2: Económia exterior de Colombia (2012 a 2017)

Indicadores

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Balanza de Pagos

usa $32.500 Millones

usa $37.500 Millones

usa $19.836 Millones

usa $-5.524,56 Millones

usa $-12.929 Millones

usa $-154 Millones

Balanza Comercial

836,600 M.€

-419,800 M.€

-6.950,4 M.€

-16.554,7 M.€

-12.507,8 M.€

-6.119 mil US$

Flujo de Capitales

-100

-200

-600

-1.200

380

-100

Cuenta Corriente

-11.214

-12.347

-19.435

-18.780

-12.541

-9.530

Fuentes: DANE, Banco de la República, ONU, OEA.

La Balanza de Pagos, bastante negativa, por cuanto pasamos de USA$ 32.500 millones en 2012, a, US$ 154 millones de dólares. Esto señala serias deficiencias en el manejo de la política exterior. En general, la Balanza de Pagos de Colombia, tuvo un comportamiento muy errático. Pasó de 32.500 millones de dólares en 2012 y 2013 a 19.836 millones de dólares en 2014 y 2015; para alcanzar un deterioro profundo en 2015 con -12.929 millones de dólares; deterioro alcanzado con las malas dinámicas de 245

los giros de las familias al país y las ciudades y con garantías de seguridad.

Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD) Luego de aclarar, conceptualmente, el CFHBD y la Dejación de Armas (DA), se hacen las aclaraciones pertinentes de su funcionamiento, para luego tratar la parte técnica del asunto. Para destacar tenemos, “…el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) y (DA), para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que en más tardar a los 180 días luego de la firma de Acuerdo Final haya terminado el proceso de Dejación de Armas. El punto 2.1., refiere al Acuerdo Final en relación con el CFHBD y la DA; para lograr esos dos aspectos, en el 3.2. se asume “la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses. Los otros puntos tratan:

Reincorporación de las FARC a la vida civil, considerado como el paso. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

246

En esa dirección, se exigen Garantías de No Repetición entendidas como un Estado que adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables del homicidio, masacres y violencia sistemática en particular contra la mujer, o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción Este es considerado como el paso fundamental que dan las FARC al dejar las armas y transformarse en partido político, y como personas en ciudadanos íntegros, que incluye:

Pacto Político Nacional, es un acuerdo entre las partes, para promover un Pacto Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las Iglesias, confesiones religiosas, organizaciones basadas en la fe y organizaciones del sector religioso, la academia e instituciones educativas, entre otros sectores representativos. La integración de cuerpos elites, se integrará en la Policía Nacional con enfoque multidimensional y formación integral. Garantías Básicas para el ejercicio de la función fiscal, jueces y otros servidores/as Públicos, con responsabilidades en las actividades de investigación, análisis, judicialización, entre otras, dirigidas a combatir las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo, se garantizarán las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad.

247

Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. Implementación de un mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción. Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política. Otras disposiciones a efectos de garantía.

Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo e implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El Plan Estratégico de Seguridad y Protección estará conformado por todas las medidas integrales que contiene este Acuerdo.

Siendo este aspecto parte del Punto 2.1., 3.4 y 3.6., el problema de la corrupción está ubicado en varios espacios del Acuerdo Final, pero hay algunos espacios que merecen nuestra atención. Contempla medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo. Para ello, se define la seguridad

248

como: “una concepción moderna, cualitativamente nueva, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y el respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos. También, se establece que “El Sistema Integral de Seguridad para el de la política “estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos. Luego de la reincorporación política, cada uno de los hombres y mujeres pertenecientes a las FARC, al momento de la terminación de las ZVTN, recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos. El numeral 3.1 dedicado al CFHBD y a la DA, trata los siguientes puntos:

Reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, social y político; tendrá carácter integral y sostenible.

Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

249

Pacto Político Nacional. Integración del Cuerpo Elite. Garantías básicas para el ejercicio de la función fiscal, jueces y otros servidores/as públicos Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política: El Presidente de la Republica, designará/a un delegado/a adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaria Técnica de la instancia de Alto Nivel, y será responsable del sistema de planeación, información y monitoreo (Acuerdo 2.1.2. literal a) y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Este sistema contará con una Subdirección Especializada al interior de la UPN para los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se incorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Comisión organizada estará enfocada al:

a. b. 250

Diseño, seguimiento de la coordinación intersectorial y la promoción de la coordinación a nivel departamental y municipal.

Formulará y evaluará el Plan de Acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

c. d. e. f. g. h. i.

Evaluará la respuesta institucional y el impacto de los resultados de la desarticulación de las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo. Coordinación con las autoridades la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a manifestaciones criminales.

Recomendará reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones objeto de este acuerdo.

Solicitará a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo.

Diseñara y construirá las estrategias de su competencia para identificar las fuentes y los patrones de la actividad criminal.

Realizará recomendaciones para la derogación o modificación de las normas.

Propondrá mecanismos para la revisión de antecedente¬s de todos los servidores públicos.

251

l. m.

Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a “la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.

Realizará recomendaciones al poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado.

Hará seguimiento al régimen de controles sobre los servicio de vigilancia y seguridad privada y acuerdo a criterios razonables presentados ante la Mesa Técnica.

Estos componentes del enfoque estarán acompañados por medidas de atención psicosocial, prevención de la estigmatización, medidas en materia de autoprotección, programas para las comunidades y organizaciones en los territorios, la implementación de un nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada; así como las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

252

Las Drogas Ilícitas son un Problema Global de la Humanidad, sin embargo, el tratamiento que se le da es sesgado y unilateral en la medida en que los países productores no cuentan con un apoyo, en términos de política, por parte de los países desarrollados, quienes son los mayores consumidores, mientras que los productores aparecen como los causantes del consumo. Se trata de una política asimétrica en la que los productores son objeto de las acciones represivas por parte del imperialismo, impidiendo posibilidades de acumulación de capitales para el progreso de las naciones pobres, que se ven abocadas a la resistencia y la búsqueda de métodos propios para su erradicación y sustitución. Es así, como la erradicación manual de los cultivos de coca se han convertido en la propuesta de nuestros campesinos, bajo el nombre de sustitución de cultivos ilícitos. Según el Acuerdo Final, se trata de una sustitución voluntaria, a partir de la decisión y compromiso de los cultivadores y cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, la sustitución voluntaria como principio fundamental del Programa, para generar confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las comunidades y de los respectivos territorios 94. Igualmente, se plantea que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito será un capítulo especial de la Reforma Rural Integral (RRI) y el presente Acuerdo responderá a las necesidades particulares de los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. En estos asuntos, se parte de desarrollar los “Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo”, para los núcleos familiares de cultivadores y cultivadoras esta propuesto la Asistencia alimentaria inmediata, el establecimiento de huertas caseras y entrega de

Acuerdo Final: Ejecución del Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización (3.4.7.4.4.)

253

especies menores con su debido acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales y Proyectos de generación de ingresos rápidos. Llama la atención en un país donde la corrupción es el pan de todos los días, la referencia que se hace para combatir ese flagelo de manera especial que permita el mapeo de la cadena de valor del narcotráfico; así como las recomendaciones y resultados del Grupo de personas expertas.

Las realidades que hemos planteado guiados por el proceso de paz que estamos viviendo, nos hace deducir que estamos viviendo en el marco de varias guerras civiles, y, cada una abona a la configuración de formas de acumulación originaria, primaria o elemental de la acumulación. El cúmulo de problemas que hemos reseñado para el caso colombiano no es solucionable en el corto plazo y, exige un tratamiento muy especial, pues está demostrado que no podemos armar los cambios que requiere el país, si seguimos en el aquí no pasa nada.

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Finalmente, un aparte supremamente denso y amplio es aquel dedicado al tratamiento del Problema de las Victimas; bajo el título “Periodo Objeto de estudio de la Comisión (ámbito temporal), o, “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, abarca 47 páginas tamaño carta, a un solo espacio y está estructurado de la siguiente forma:

Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la NO repetición.

Unidad para la busqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto

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Juridiscción especial para la PAZ. a). Definición: Esta creada para investigar, juzgar y sancionar de acuerdo con las normas colombianas, y con los estándares internacionales, todos los crímenes cometidos en el contexto del conflicto. b). Los Jueces: La jurisdicción está encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros que juzgarán los delitos más graves y representativos. c). Quienes serán juzgados: c.1. Los miembros de los Grupos Guerrilleros c.2. Los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y debido al conflicto armado. c.3. Las personas que sin formar parte de los grupos armados hayan participado como financiadores o colaboradores voluntarios, y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos. d) Verdad Exhaustiva: Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o de guerra tendrán que reconocer toda la verdad ante la JEP. e) Amnistía. f) Sanciones, restricciones y cárcel.

256

257

258

EPÍLOGO

“

Considero el servicio militar obligatorio como el síntoma más humillante, en cuanto a la falta de dignidad personal, que padece hoy la humanidad culta. Y de acuerdo con ello, no faltan voces que vaticinan el pronto ocaso de nuestra cultura. Yo no formo parte de ese grupo pesimista; creo en un porvenir mejor

Albert Einstein

”

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Así como Albert Einstein, no creyó en aquellas voces que vaticinaban el ocaso de nuestra cultura, yo tampoco porque soy consciente al igual que él, de que, si abandonamos la cultura y la academia, estamos condenados a seguir viviendo a merced del imperio de las armas, sembrando cenizas ante un pueblo que observa impotente con lágrimas en los ojos, la caída de los suyos. Esto los ha convertido en adoradores de tumbas en medio del miedo y la zozobra. Un pueblo que, al igual que Prometeo encadenado, sufre al sentir cada día cómo llegan buitres a alimentarse de sus entrañas. Por haber robado el fuego sagrado de los dioses y tener el don de la predicción, ese Prometeo amenazado por Zeus e intimidado por Hermes, vive una tragedia y tiene pocas condiciones para negociar ante la mirada escéptica del gran Zeus. Guardando la distancia con el mito griego, somos un pueblo que, en vez de vivir una tragedia griega, vivimos una colombiana caracterizada por un Estado capturado por la parapolítica, la corrupción y la injusticia, entre otros. Una sociedad que sufre problemas como el desempleo, el hambre, las amenazas, la guerra sucia, la impunidad, la pobreza, la desnutrición y la precariedad en sus servicios de salud. Una sociedad silenciada por el monstruo de la violencia, que ha limitado su capacidad de cerrar de forma definitiva esa caja de pandora para que, al estilo de Einstein, sea capaz de crear un porvenir mejor. Lo anterior, hace que hoy en día, la sociedad civil pida a gritos el cese de la violencia política. Cansada de ver cómo se insiste en la salida militar del conflicto como único camino hacia la paz, ello es síntoma nada más de que parte de la sociedad política goza de una mentalidad espartana acostumbrada a alimentar sus triunfos bebiendo la sangre de sus víctimas y ufanándose del número de caídos en combate. La guerra ha tenido como concepción de victoria el número de muertes infligidas a un enemigo que, en Colombia, somos los propios hermanos, sin importar nuestra postura política, ideológica o religiosa.

260

El balance de la violencia en Colombia es nefasto. Tras siglos de violencia, dejamos una estela de muertos, huérfanos, viudas, viudos y resentidos, que reclaman verdad, justicia y reparación; peticiones más que justas, pero que, deben acompañarse de procesos de perdón. Sin esto último, no se logra una verdadera paz porque, de lo contrario, siempre estará latente en el ambiente la sed de la venganza. En estos momentos, la historia ha demostrado que el camino de la violencia no es el más expedito para construir una sociedad libre y en paz. Para nadie es un secreto, que a lo largo y ancho del planeta se ha usado la violencia como medio para alcanzar la paz. Pero después de bombas atómicas, armas químicas, misiles, armas biológicas, está probado inútil continuar tratando de cambiar la sociedad a través del uso de la violencia. No habría un solo ejemplo de que se haya logrado construir alguna utopía en este planeta a través del paradigma violento. Ahora bien, es evidente que para que cese la violencia, se debe calmar el deseo insaciable de acumulación de capital. Dicho deseo lleva consigo un afán desmesurado por controlar recursos, rutas de comercio, regímenes políticos y, en general toda zona estratégica que represente la posibilidad de alcanzar dicho objetivo. Desde que existan el hambre de poder y de riqueza, siempre habrá alguna mano dispuesta a empuñar un arma; razón por la cual el camino de la guerra estará al servicio del despojo, la explotación, la expropiación y el desplazamiento, entre otros, camuflados bajo los finos trajes de la libertad, la democracia y la justicia. Cabe agregar aquí, que ese sentimiento desmedido por la acumulación también ha llevado a que el poder y la riqueza se distribuyan de forma asimétrica al interior de todas las sociedades del planeta e incluso adentro de ellas mismas. Esto habría llevado las diferencias sociales hasta niveles insoportables, en el sentido de que las condiciones materiales de la sociedad cada día son

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más precarias, como que a nivel global hay serios problemas de desempleo, hambre, pobreza y desnutrición, situaciones que, a su vez, incuban también brotes de violencia. No sobra añadir que, en este escenario tan deprimente, el Estado ha jugado un papel central. Desde épocas pretéritas este aparato de clase ha sido puesto al servicio de la élite que controla el poder y Colombia no ha sido la excepción- Si no fuera por el papel del Estado, no se legitimaría ni y mucho menos se legalizaría el historial de despojos y violaciones a los derechos humanos, entre otros, atados al devenir histórico de la sociedad moderna. En la historia de Colombia, se pueden identificar muchos eventos en los que el Estado ha brillado por su ausencia. Factor que ha abierto espacios propicios para que prosperen grupos al margen de la ley que tratan con relativo éxito de suplantar el aparato estatal, bien sea como paramilitares o como guerrillas de izquierda revolucionaria. Lo cierto es que en la práctica los violentos copan ese vacío cobrando tributos y ejerciendo funciones propias del aparato estatal de modo que, ante la ausencia de Estado, los grupos al margen de la ley aprovechan estos espacios. En hora buena sale a la luz pública este texto. Estamos proponiendo debates que apunten a problemáticas concretas, propias de las sociedades buscando ejemplos que muestren la viabilidad de solucionar sus diferencias por vías diferentes a la armada y reconociendo a sus opositores como sus interlocutores válidos. De esta forma el dialogo se constituiría en oportunidad de saldar diferencias y consolidar un nuevo pacto político, devolviendo la legitimidad al Estado y, con ello, para el caso colombiano, el uso legítimo de la fuerza y del monopolio de las armas. Lo anterior, sin desconocer que sobreviven grupos, tanto político militares, como paramilitares operando en el territorio nacional restándole, de esta forma, credibilidad al proyecto político reconciliador.

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Con lo anterior se da por sentado que en este texto no se han valorado los acuerdos de la Habana como el fin de la violencia en Colombia. Ellos son apenas un paso, no solo porque aún en el escenario nacional hay actores armados que operan a lo largo y ancho del país mediante acciones militares y métodos intimidatorios, sino porque además de eso, se conservan todavía los principales problemas generadores de conflictos como los estructurales del desempleo, el hambre y la pobreza, causantes de reacciones violentas. En consecuencia, en la escena nacional para mitigar los problemas de violencia, se requiere de un nuevo pacto político que permita materializar un proyecto que apunte a la constitución de un modelo de desarrollo que desborde el paradigma actual basado sólo en el crecimiento económico. Teniendo presente de entrada que el problema central es la forma tan asimétrica como se participa de la ganancia cada uno de los actores que participa en el proceso productivo. Lo anterior implica, que hay una necesidad histórica de diseñar un proceso redistributivo justo, que mitigue las asimetrías sociales. Exigiendo un proyecto político que, sin ser producto del paradigma marxista de la izquierda clásica, sí se ubique a la izquierda de la estrategia de desarrollo basada en el crecimiento económico. Con otras palabras, surge la necesidad de promover proyectos políticos que permitan el acceso a los recursos productivos por parte de las mayorías, generadores que sean de mejores salarios, vivienda, educación, salud, en fin, bienestar social. Otro tema central del debate expuesto se ha referido a los derechos. Sin ir muy lejos, en la historia de nuestro país cada que se ha pactado una desmovilización con entrega de armas, es decir se materializa un acuerdo político en relación con el cual resurgen prácticas de guerra sucia, con asesinatos selectivos de los líderes representativos de los grupos desmovilizados. Unido a esto se presentan procesos de estigmatización, segregación y persecución,

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pasando de la violencia física a la psicológica. En otras palabras, se violan de forma sistemática los derechos humanos de quienes se acogen al armisticio negociado en el marco del nuevo proyecto político. Así mismo, el texto ha propuesto elementos sobre el papel de la sociedad civil en el post acuerdo, la cual, es concebida como el actor más importante en el escenario político-ideológico. Esta apuesta teórica propone que desde el seno de la sociedad es de donde surgen proyectos políticos sostenibles. En este sentido, la sociedad civil tiene la responsabilidad de construir una propuesta de desarrollo que por lo menos mitigue los problemas estructurales, razones por las cuales tiene una responsabilidad histórica. Es de resaltar aquí que el texto ha echado mano del relato historiográfico debido a los tópicos tratados. Aunque obedecen a una coyuntura histórica particular, se hace pertinente ir a épocas pretéritas, debido a que el origen del conflicto armado contrainsurgente tiene varias décadas. Sin olvidar tampoco, que la violencia política en Colombia es muchísimo más antigua, producto de una sociedad excluyente y sin la capacidad de reconocer a sus opositores como interlocutores válidos, incapaz como ha sido de formular un proyecto político que articule a la sociedad civil en su conjunto. Es evidente que cuando las partes en conflicto no se pueden poner de acuerdo o lograron un acuerdo y no tienen la capacidad para materializar lo acordado, se requiere de la participación de terceros (actores externos). En ese orden de ideas, algunos autores han tocado terrenos de las relaciones internacionales, fenómeno indicativo de que el conflicto armado colombiano ha desbordado sus fronteras. Los actores del conflicto y las negociaciones han adquirido reconocimiento internacional como interlocutores válidos, logrado que una vez firmados acuerdos de paz con el Estado colombiano, la comunidad internacional se haya solidarizado mediante todo tipo de ayudas, lo que valida que este tema de reflexión sea elemento obligado en el texto.

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Es evidente que buena parte de los conflictos a nivel mundial, se generan por el control y las rutas de transporte de los recursos naturales y los factores de producción. De esta forma, la violencia hunde sus raíces en los mercados de un país, lo que explica que el mapa de todo conflicto resulte traslapado con el de sus recursos productivos. De esta forma se entiende que la geopolítica haga alianza fértil con las ciencias económicas y medio ambientales, para analizar y hacer aportes significativos en temas del post-acuerdo en Colombia. Este asunto también, por tanto, hace parte de las reflexiones que hemos incluido en el libro y que toman fuerza al evidenciarse contradicciones entre el cuidado del medio ambiente y las estrategias desarrollo basadas sólo en el crecimiento económico.

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Como se pude apreciar, las temáticas de este texto se caracterizaron por tocar temas diversos desde múltiples perspectivas. Tenemos el mismo objeto de estudio, analizado desde las epistemologías de diversas áreas del conocimiento, y cada ensayo constituyó un tejido hacia un diálogo interdisciplinar de saberes alrededor del postconflicto y la implementación de los acuerdos. Finalmente, es pertinente decir que el texto se propone como un acto de provocación para toda la sociedad. Una invitación a la reflexión, la discusión formulando aportes sobre el tema de la paz en Colombia. Esto implica que, si los textos han planteado algunas conclusiones, estas no cierran la debate en ningún momento, por el contrario, lo amplían. Debido al enfoque de cada ensayo relacionado con historia, política, filosofía, economía, derechos humanos, ciencias medio ambientales o geopolítica, entre otras, el lector se ha topado con un documento policromo, que invita al estudio del post acuerdo. Coherente, además, en la postura de trabajar en la solución de los problemas estructurales que enfrenta la estrategia de desarrollo basada sólo en el crecimiento económico.

Armando Lugo Gonzalez

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Este libro se terminรณ de imprimir en Noviembre de 2018 en la Editorial UD Bogotรก, Colombia

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