INDICE... El Efecto Obama...........................................4-9 Las 3 tesis de Uribe........................................10-11 Pe単alosa acepta todos...............................12 El Unico efecto..............................................13 Fraude Invernal.............................................14-15 Partido Verde................................................16-17 Gina Parody .................................................18 No se necesita..............................................19
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EL EFECTO
Bin laden, el ultimo empujon para TLC con Colombia
Hace pocas semanas, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos estaba, literalmente, abandonado en el cuarto de San Alejo. Era visto como el gran fracaso no declarado de la política comercial colombiana. En el último mes, sin embargo, no solamente el TLC resucitó, sino que se están tomando decisiones a toda velocidad. La votación en el Congreso de Estados Unidos podría iniciarse en el término de dos meses, en agosto próximo. ¿Estamos listos para lo que viene? Sorprendentemente, incluso la operación militar que dio de baja a Osama Bin Laden actúa a favor del TLC con Colombia, porque fortalece al presidente Barack Obama entre los electores del centro del espectro político y le permite alejarse de los grupos más proteccionistas entre los demócratas. La agenda de la recuperación económica es una pieza central en la campaña de Obama para la reelección, y la firma de los tratados de libre comercio pendientes (entre los que figura el de Colombia) tiene un papel vital en ese contexto.
Lo cierto es que la actitud de Estados Unidos cambió. El pasado miércoles 4 de mayo, el secretario de Comercio de los Estados
Unidos, Gary Locke, anunció que el gobierno Obama está listo para iniciar las discusiones técnicas preliminares; el primer paso para que, antes de dos meses, el Congreso de ese país inicie la votación. En agosto próximo, Colombia y su principal socio comercial podrían tener un TLC, luego de cinco años de claustrofóbica espera. No obstante, esta reactivación del proceso está generando fuerte nerviosismo entre los empresarios colombianos. En los cinco años transcurridos desde que nuestro Congreso aprobó el acuerdo, el país no avan-
zó en su competitividad, sino, por el contrario, retrocedió en varios temas críticos. La construcción de infraestructura cayó en un marasmo y la calidad de las instituciones se deterioró ante el avance de la corrupción. Basta ver el estado de las carreteras y el desastre de Agro Ingreso Seguro, un programa para mejorar la competitividad del campo ante la proximidad del TLC. Por otro lado, algunos compromisos que adquirió el país recientemente en materia laboral como condición para la firma del TLC son espinosos para algunos sectores. El anuncio de castigos penales para quienes se opongan a la formación de sindicatos, por ejemplo, ha sido recibido con sorpresa y abierto temor por los empresarios, quienes están a la espera de los textos con las medidas. Bin Laden y el nuevo Obama Para el presidente Barack Obama, es vital asegurar su posición en el centro del espectro político antes de que termine este año, si quiere ganar las elecciones de 2012. Los candidatos republicanos que se han lanzado al ruedo hasta ahora (Sarah Palin, Donald Trump, Ron Paul, por ejemplo) son radicales en sus posiciones y generan muchas dudas entre los votantes de centro. Si Obama se toma el centro, sus probabilidades de éxito se incrementarán sustancialmente, pero tiene que actuar rápido, tomando ventaja mientras los republicanos se ocupan de decantar su abanico de candidatos.
La operación militar que culminó en la muerte de Osama Bin Laden tiene un impacto altamente favorable para Obama dentro de estos planes. Despejó dudas en muchos electores respecto a su capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos críticos. No es un asunto menor, pues a muchos les parecía de mano suave a la hora de garantizar la seguridad de los norteamericanos. Antes de la muerte de Bin Laden, los norteamericanos no sabían qué esperar de Obama en la lucha contra el terrorismo. Javier Solana, ex director de la diplomacia de la Unión Europea y ex secretario general de la Otan, resumió el cambio de esta manera: “Hoy se sabe que el presidente de Estados Unidos toma las decisiones que hay que tomar, que está al pie del cañón”. Las encuestas lo confirman, pues la popularidad de Obama subió 11 puntos, la más alta en los últimos dos años. Este cambio en la popularidad del Presidente tiene grandes consecuencias en la agenda económica de Estados Unidos. Le permite abrir un nuevo espacio para temas tales como la apretada situación fiscal y la urgente recuperación económica, donde los acuerdos comerciales juegan un rol preponderante. Si la estrategia de recuperación de Estados Unidos se basa en el dólar débil, los acuerdos de libre comercio son una pieza fundamental. Obama va a aprovechar su fortaleza política para defender una agenda legislativa en temas económicos y
todo indica que los TLC tendrán prioridad. La debilidad económica en Estados Unidos es evidente: el desempleo ronda el 9%, el déficit fiscal llega a 11% del PIB y el déficit comercial va en US$470.000 millones (con tendencia al alza); así, el crecimiento de las exportaciones es un objetivo clave. Los tratados comerciales pendientes abren grandes oportunidades para el sector agrícola de Estados Unidos. Como lo expresó el director del Consejo Estadounidense de Cereales, Terry Vinduska, “Colombia, Panamá y Corea del Sur son mercados estratégicos con un potencial de crecimiento excepcional para los granos y sus derivados”. Así, llegamos a una situación exactamente inversa a la que se tenía hace apenas unos meses. Hoy, la posibilidad de que el TLC se hunda en el Congreso de Estados Unidos es mínima. En su camino hacia la reelección, Obama no se puede dar ahora el lujo de fracasar en el Congreso. Fortalecido en el frente de la seguridad nacional y encaminado a posicionarse como un presidente atractivo para el centro, preocupado por el crecimiento económico y decidido a contrarrestar la pérdida de mercados que ha sufrido Estados Unidos por su retraso en la aprobación de los acuerdo Obama tiene el viento a su favor en esta iniciativa. Lo que viene para colombia El presidente Santos buscó desde su llegada al gobierno la reactivación del proceso del TLC en Estados Unidos. De hecho, desde la victoria de los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre de 2010, el gobierno colombiano redobló los esfuerzos. Acu-
diendo a los amigos de Colombia en el Congreso norteamericano, logró convencer a numerosos legisladores de que las cosas habían cambiado en temas clave como los derechos humanos y la protección del sindicalismo y que el TLC era no solo una necesidad sino un acto de justicia. La movida más agresiva en esta estrategia fue su decisión de viajar a Washington el pasado 7 de abril para impulsar el tratado. A esas alturas, era una de las pocas cosas que quedaban por hacer. Allí, Santos se comprometió con una amplia agenda laboral de protección a los sindicalistas y trabajadores.Todos estos esfuerzos han dado fruto, como lo demuestra el anuncio del secretario de Comercio, Gary Locke, sobre el inicio de las discusiones. Sin embargo, la diligencia en la diplomacia comercial no sustituye lo que se ha dejado de avanzar en una agenda de competitividad; desde ese punto de vista, la noti-
cia nos tomó por sorpresa. Si todo sale como está planeado, en dos años tendremos TLC vigente con Estados Unidos. Es legítimo preguntarse si en ese momento las carreteras que hoy están por reconstruir debido a la ola invernal ya estarán terminadas y si la infraestructura aeroportuaria, que ya está en su límite, podría aguantar una expansión adicional del comercio internacional. El sector agrícola puede ser un ejemplo de la incertidumbre que reina hoy. La política de fomento conocida como Agro Ingreso Seguro (AIS) terminó tristemente su historia en medio de es-
cándalos de corrupción. Ahora acaba de ser relanzada como Desarrollo Rural con Equidad (DRE). Todavía no es claro si ese esquema va a servir para que sectores clave como arroz, maíz, papa o frutas queden listos para competir. De hecho, los avicultores, cuya suerte podría estar seriamente comprometida por el TLC, ya se quejaron porque el DRE los dejó prácticamente por fuera de las ayudas. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, aseguró que al sector privado lo han dejado solo. Adicionalmente, afirmó que el país no ha fortalecido instituciones clave como el ICA y Corpoica. “En ciencia, tecnología, innovación e investigación el Gobierno ha puesto cero”, aseguró. El diablo en los detalles La reactivación del TLC en Estados Unidos implica que habrá que correr para ajustar una gran cantidad de puntos pedientes. El Congreso de Colombia aprobó un texto del acuerdo y el gobierno del presidente Santos ha dicho que ese texto no está abierto a discusiones. Sin embargo, en la práctica, la puesta en marcha del tratado implica precisar temas que están abiertos. El presidente de la Federación de Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Jorge Enrique Bedoya, explicó que el del TLC es un texto muy complejo y que en muchas cosas, “el diablo estará en los detalles”, afirma, “porque todavía queda la implementación que tomará al menos 18 meses. Allí habrá cosas clave por resolver”. El tema laboral es quizás el ejemplo más visible. El país se comprometió a castigar con cárcel a quienes atenten
contra el derecho de asociación. La medida está lista para su último debate legislativo. Esto tiene con los pelos de punta a los empleadores, porque una de sus cláusulas afirma que quien promueva pactos colectivos que afecten las convenciones con los sindicatos deberá ir a la cárcel. A los críticos de la norma les preocupa que los gerentes de las empresas queden expuestos a prisión solo porque tomen medidas desfavorables para los sindicatos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, reconoció que “una vez se apruebe el TLC, viene la fase de implementación, que es el proceso de perfeccionar una serie de obligaciones que hemos incorporado para tenerlo en funcionamiento”. Ese proceso puede durar 18 meses, tal como ocurrió con Perú. “Hay algunas reformas que ya Colombia ha adelantado, por ejemplo el registro de marcas y patentes a través del Protocolo de Madrid, algo que ya está muy avanzado en el Congreso colombiano. Pero hay reformas que deben hacerse en la medida en que el país va poniendo los tratados en funcionamiento; por ejemplo, las reformas del Invima y del ICA”. En total, quedan pendientes más de 50 compromisos, entre decretos, leyes y ajustes institucionales, sin contar con las cosas que hay que hacer para poner a tono la infraestructura Siempre se supo que la implementación del TLC exigiría continuar ajustando las normas y las instituciones relacionadas con el comercio exterior colombiano.
Sin embargo, como en la práctica el tratado entró en hibernación casi tan pronto como su texto fue aprobado por el Congreso de Colombia, no volvimos a pensar en el tema. Ahora, cuando el TLC se vuelve inminente, es indispensable que el país dé prioridad a las decisiones necesarias para enfrentar esta nueva realidad. La apuesta por el libre comercio es acertada, pero para salir adelante en ella es indispensable el respaldo de una infraestructura de transporte e investigación para la competitividad y un ajuste institucional de las entidades que tienen que ver con estos temas. Las realidades políticas imponen una velocidad de cambio para la cual no parecemos preparados. Hoy, cuando el tratado va a ser aprobado, vuelven a quedar sobre el tapete los mismos temas de siempre. Pareciera que en estos últimos cinco años la historia se hubiera congelado.
las 3 tesis de Uribe derrotadas en la ley de Victimas
Nivelación de miembros de la fuerza pública con terroristas Cuando Uribe manifestó que apoyaba una reparación a las víctimas “que no nivele a los miembros de las fuerzas armadas con los terroristas”, revivía el viejo debate sobre si la ley debería reconocer a las víctimas de agentes del Estado. El senador Juan Fernando Cristo explicó que el proyecto de ley no busca definir a los victimarios, sino reparar a las víctimas sin ninguna discriminación. “Esa discusión es la que le ha hecho daño a la ley y la que pretende politizarla de forma innecesaria. Aquí cualquier víctima que sufra violaciones a los derechos humanos tiene derecho a la reparación y a ser contemplada en la ley. Lo importante es la naturaleza de la violación a los derechos de una víctima. Aquí ponemos a las víctimas sea de un grupo armado de derecha, de izquierda, o víctimas de agentes del Estado que lamentablemente las hay”, explicó Cristo. Las tesis uribistas fueron derrotadas en la ponencia, pero en el debate, que empezará el próximo martes en la plenaria del Senado, podrían ser revividas.
“El trámite legislativo supone la posibilidad de presentar proposiciones en la plenaria. Seguimos escuchando opiniones de los colombianos preocupados por el tema”, dijo el ponente de La U, Roy Barreras.
Reconocimiento del conflicto
A pesar de las muchas explicaciones, incluso desde la perspectiva de la cúpula militar, Uribe insiste en que el reconocimiento explícito del conflicto armado puede “abrirle espacio a la legitimación del terrorismo”. Por eso se oponía a que la ley, en su artículo tercero, el que define el universo de víctimas, mencionara la palabra conflicto armado interno. Tras la decisión del presidente Juan Manuel Santos de mantener su postura, los ponentes del proyecto no sólo reconocieron el conflicto en el artículo tercero, sino desde el mismo título del proyecto. Según la ponencia, el título de la futura ley sería: “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno”. El senador Roy Barreras dice que “la preocupación patriótica” del expresidente Uribe quedó blindada en la exposición de motivos del proyecto, en la que se incluyó un párrafo que señala que para los efectos de esta ley, el reconocimiento del conflicto no significa la concesión del estatus político ni jurídico para ninguno de los actores armados ilegales.
Las invasiones ilegales de tierras
Para Uribe, el capítulo de restitución de tierras consagrada en la ley podría “dar herramientas de agitación para invasiones ilegales de tierras”. La preocupación del expresidente en este tema es que los procesos de restitución podrían violar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los tenedores de buena fe. Una preocupación en la que han coincidido algunos gremios. Pero su tesis fue controvertida por el ministro de Agricultura, Juan camilo Restrepo, quien tuvo que pronunciarse para rechazar esta tesis. “Falta a la verdad e incurre en grave deshonestidad intelectual quien diga que la Ley de Restitución de Tierras, que actualmente estudia el Congreso de la República, favorece o estimula invasiones. Ninguna norma de esta Ley las estimula. Por el contrario: el texto está lleno de garantías para los titulares legítimos de la tierra en Colombia. De esta Ley sólo tienen que temer los usurpadores y sus testaferros”. Además, según el senador Roy Barreras, el texto de la ponencia de la ley de víctimas incluye una propuesta que establece que si una persona no acude a las vías de derecho que la ley de victimas le ofrece, y por el contrario recurre a la toma violenta de tierras, perderá los beneficios.
Peñalosa Acepta todos los apoyos incluso el de Uribe Enrique Peñalosa se vio obligado a responder a Antanas Mockus. Lo hizo en tono diplomático al considerar que para sacar a Bogotá de sus problemas no basta un solo nombre. Se necesita el apoyo de muchos. Por eso, Peñalosa dijo que aceptará el respaldo de todo quienes apuesten por unirse a su candidatura, Uribe incluido. Y ante la invitación de Mockus, de escoger entre él o Uribe, Peñalosa recordó las palabras de su copartidario en las que estaría dispuesto a dejar a un lado las diferencias para pensar en el único propósito de los intereses de la ciudad. “En un momento dado, Antanas Mockus dijo ante todos los medios que el interés de Bogotá está por encima de sus diferencias con el presidente Uribe. Yo creo que el interés de Bogotá está por encima de todas las diferencias que podamos tener en un momento dado por razones políticas”, dijo Peñalosa. El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Verde también recordó que ha seguido la directriz de su movimiento que se
ha abierto a las alianzas con distintos sectores políticos y de la sociedad en general. Las palabras de Peñalosa no solo se producen en el momento en que Antanas Mockus se pronunció frente a los reiterados guiños de Uribe en favor de Peñalosa. También suceden un día entes de la reunión de la dirección del Partido verde, que este jueves tendrá una cumbre en Bogotá. El tema quedó de nuevo en la mesa de discusión.
El único
efecto de reconocer el conflicto es que obliga a los terroristas es cumplir los DIH
El ministro del interior, Germán Vargas Lleras, no descarta que, desde el próximo martes, cuando se inicie el último debate del proyecto, la controversia se reactive. Ese temor viernes Norte de tander, el gosociaproe n las redel no-
lo
admitió este en Tibú, Sandonde bierno lizó el yecto una de giones roriente del p a í s m á s afect a das
por la violencia de los grupos ilegales. Pero Vargas Lleras se mostró dispuesto a defender la tesis de Santos en reconocer el conflicto. “Si el debate lo quieren llevar a la plenaria, lo daremos”, dijo. Vargas Lleras no mencionó nombres, pero su alusión tiene directo destinario: quienes defendieron la tesis de que el reconocimiento del conflicto allanaría el camino para la concesión de estatus de beligerancia a las actuales organizaciones alzadas en armas del país. El principal opositor al reconocimiento del conflicto armado ha sido el expresidente Álvaro Uribe, quien durante ocho años de gobierno impidió que se utilizara ese concepto en sus políticas. En su criterio, lo que hay en Colombia es una amenaza terrorista. El ministro califico de “absurdos y sin fundamento” los conceptos esgrimidos en los últimos días. En ese sentido, dijo que “ojalá” no reaparezcan. “Lo único que están haciendo es entorpecer el trámite y la aprobación de la ley de víctimas”, agregó. Sus palabras fueron secundadas por el senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, quien dijo que “aun hay enemigos agazapados” que siguen obstaculizando la ley.
Fraude
invernal, alcaldes convierten damnificados en clientes Las cifras hablan de la eficacia de la estrategia de Estado impulsada por el Gobierno para paliar los devastadores efectos del invierno. 84% del total de la población damnificada ya ha recibido ayuda. Las inversiones realizadas para reconstruir la infraestructura averiada superan los $600.000 millones. El programa Colombia Humanitaria tiene presencia activa en 1.013 municipios afectados y gobernadores y alcaldes han inscrito sin dificultad proyectos que buscan redimir socialmente a los afectados. Por primera vez existen unos indicadores claros para medir la gestión realizada para atender la emergencia y un manejo gerencial para la administración de los recursos, en los cuales el Estado replicó lo rescatable del modelo aplicado a finales de los 90 para la reconstrucción del Eje Cafetero. Sin embargo, el plan de atención a los damnificados por las víctimas del invierno, que como pocas veces en la historia tiene el doble carácter de integral y estratégico, muestra ahora algunos lunares en entidades territoriales en las que jefes políticos y alcaldes pretenden sacarle partido a la emergencia y utilizar las ayudas oficiales con propósitos electorales. Una de las primeras advertencias fue lanzada por el senador Alexander López, quien denunció que en los municipios vallecaucanos de Cartago y Vijes, lo mismo que en poblaciones que se encuentran en las goteras de Cali, los directorios políticos afectos a los alcaldes pretenden condicionar la distribución de las ayudas a compromisos
proselitistas. Carlos Mesa, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, investiga quejas que vinculan al alcalde de Cartago, Germán González Osorio, con el ocultamiento de 330 cajas de alimentos etiquetados con el logo de Colombia Humanitaria. Las ayudas habrían aparecido en los depósitos y garajes de una sede política que los ofrecía al precio de cautivar electores para los comicios territoriales de octubre próximo. El testimonio de Alfonso Castañeda Franco, encargado de transportar y almacenar la ayuda humanitaria, y conversaciones grabadas entre funcionarios de la alcaldía y caciques regionales son las evidencias con las que los implicados podrían ser llevados pronto a audiencia pública. De acuerdo con el alcalde, el almacenamiento de las ayudas que, según él, no eran mercados sino harina y mantequilla,
fue ordenado por Carlos Arturo Gómez Mejía, director del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (Clopad). Pero si por aquella región del Valle llueve, en el departamento de Sucre no escampa. Allí la distribución de ayudas se concentra en personas que no figuran en los censos realizados por los comités regionales de emergencia. Con un agravante adicional: los mercados y kits de aseo con destino a los damnificados han sido comprados con sobrecostos y sin la convocatoria de proveedores del mercado local, como lo ordenan los protocolos establecidos para la atención de la emergencia. Por si fuera poco, el censo de damnificados fue inflado de 1.720 a 3.700 familias y, según cálculos todavía preliminares de la Contraloría, el detrimento patrimonial se acercaba recientemente a los $2.300 millones. Estímulos perversos Otro caso de almacenamiento de alimentos que se suponían destinados a los damnificados se presentó en Cartagena y compromete a la secretaria del Interior y Convivencia de la Alcaldía de Cartagena, Sindys Meza Pineda. Los mercados que, según denunciantes, serían guardados hasta el debate electoral de octubre, se dañaron por las malas condiciones en que permanecían guardados y eso sirvió para delatar la maniobra. El despacho de la Secretaria dijo que ella explicó con suficiencia la situación en el alegato previo al fallo disciplinario que deberá conocerse en breve. En la población bolivarense de Soplaviento, los subsidios de arriendo destinados a las personas que perdieron sus casas, por desbordamientos de ríos y por avalanchas de tierra y lodo, se habían concentrado en manos de políticos que
los distribuían a conveniencia, emulando las maniobras que se hicieron famosas con los censos del Sisbén. Un problema similar se plantea en Río Viejo, en el mismo departamento, donde el alcalde Fermín Acuña se encuentra investigado disciplinariamente. Miguel Franco Menco, alcalde de Nechí (Antioquia), está investigado por el manejo irregular de $900 millones que estaban reservados para obras de infraestructura que buscaban prevenir estragos invernales y dotar de acueducto a una de las poblaciones más sufridas por los desastres invernales. Según pruebas recogidas por el Ministerio Público en Yarumal, el mandatario no declaró la urgencia manifiesta, pero tampoco observó las reglas contractuales al pagar obras que aún no concluyen. Algunas de las obras previstas en Nechí habían sido proyectadas desde la época de la ola invernal de 2010, mediante un convenio interadministrativo celebrado por el municipio con el Instituto Nacional de Vías y la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias. Las obras planeadas buscaban proteger a las comunidades que se encuentran en las riberas del río Cauca. Historias como estas, dignas de una antología de la vergüenza, se repiten en otras latitudes y atentan contra los esfuerzos del Estado por convertir la emergencia planteada por los desastres naturales en una oportunidad para reconstruir las zonas marginadas del país.
Partido Verde respaldo a Penalosa y respeto por Mockus Enrique Peñalosa recibió un nuevo respaldo de su partido como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Un respaldo que, a diferencia de lo advertido por Antanas Mockus, no tendrá ninguna condición. Peñalosa, en su camino a las elecciones de octubre, quedó en toda libertad de adelantar acuerdos y alianzas con partidos políticos o cualquier ciudadano que decida apoyar su proyecto para Bogotá. La Dirección Nacional
del Partido Verde no vetó a ninguna organización política ni a ningún ciudadano en particular que decidan apoyar a Peñalosa. La única exigencia es que actúen en el marco de la ley. Esta decisión fue tomada por 21 de los 26 miembros que componen la Dirección del Partido Verde. Antanas Mockus y su sector conformado por el senador John Sudarsky, la representante Ángela Robledo, el exconcejal Juan Carlos Flórez y Liliana Caballero se apartaron de la decisión. Las razones, las mismas que Mockus había advertido en la víspera, en la que metafóricamente había manifestado que le quedaba muy difícil compartir tarima con el expresidente Álvaro Uribe, quien lleva varios meses enviándole mensajes de respaldo a la candidatura de Peñalosa. Luis Eduardo Garzón, vocero oficial del Partido Verde, también explicó que el no vetar a nadie que esté en el marco de la ley es una decisión consecuente con los principios del partido, del respeto a la legalidad. Otra cosa es si alguien decide apoyar a Peñalosa y va en contravía de los principios que los verdes defendieron en la pasada elección presidencial. Todos en el Partido Verde, explicó Garzón, “estamos en contra de Agro Ingreso Seguro, la ‘yidispolítica’ y los falsos positivos”. Precisamente algunas irregularidades que salpicaron el gobierno de Álvaro Uribe. Esos principios, defendidos en cam-
paña, serán los que determinen las alianzas para el próximo debate electoral. En el pronunciamiento del Partido Verde, aunque se autorizó a Enrique Peñalosa a adelantar los contactos para las eventuales alianzas, estas estarán “enmarcadas dentro los principios y programas del partido”. Fue quizás la exigencia de Mockus. Y al incluir esta especie de condición, el Partido Verde no sólo respetó la decisión de su excandidato presidencial, sino que le dio respaldo al liderazgo que aún tiene en el partido. Lucho Garzón fue concreto al señalar que al expresidente Uribe, como ciudadano, “nadie le puede impedir que apoye al candidato Enrique Peñalosa”. Otra cosa, dijo el vocero del Partido Verde, son las alianzas. Antanas Mockus, quizás advirtiendo que los guiños del expresidente Uribe motivaran una alianza entre el Partido Verde y La U (que nada que encuentra candidato a la Alcaldía), cuestionó que ese partido cogobernó con Samuel Moreno y coadyuvó a lo que ellos consideran “el desastre de Bogotá”. En el escenario que Peñalosa selle alguna alianza con cualquier partido o movimiento, dicen los verdes, se respetarán esos principios de legalidad que abanderó Mockus en un debate electoral, precisamente en el que marcó distancia con el gobierno Uribe y con quien representaba, en ese entonces, su continuidad. Para muchos, la decisión de la Dirección del Partido Verde puede significar una derrota para Mockus, si se mira desde la perspectiva de sus propias palabras, en las que había dicho: “es decisión de Enrique (Peñalosa) a quién quiere tener en la tarima, Uribe o yo”. Al interior de la Dirección Nacional del
Partido Verde desestiman esa hipótesis. Más bien advierten que la decisión no deja ganadores ni perdedores, y que el partido será el único fortalecido por el debate presentado. Es más, advierten que la decisión no fue impuesta, respetó las minorías que se acogieron a disentir de la mayoría y mantienen la confianza en quien lideró esa disidencia.
Gina
Parody se lanza a la alcaldia de Bogota La excongresista presentó este lunes su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Para lograrlo, se comprometió a recoger 50.000 firmas antes del 10 de agosto. “Quiero poner en orden a Bogotá”. Con este lema de campaña, la excongresista Gina Parody se lanzó al ruedo político para las elecciones del próximo octubre. Desde su sede de campaña, ubicada en la localidad de Engativá, Parody presentó su agenda que incluye –según ella- una responsabilidad directa en la firma de grandes contratos. Por el momento, su primer reto será el de conseguir 50.000 firmas que ratifiquen su campaña política antes del 10 de agosto, fecha en la que se cierra el plazo para la inscripción a la candidatura a la alcaldía. Parody manifestó su acuerdo con la construcción del metro en la capital del país, aclarando que “no quiero otra Caracas por la Séptima”. Por tanto, la construcción de este sistema de transporte –según propuso la candidata– iría desde Ciudad Bolívar hasta Usaquén. Agregó que está en desacuerdo con que los ejes de desarrollo de la capital se concentren en la parte nororiental de la ciudad, y no en sectores como Suba, Engativá
y Ciudad Bolívar, a los cuales se enfocará si es elegida en el primer cargo de la ciudad. De otro lado, Parody afirmó que “estamos en una alcaldía decente donde no se negocia, por eso no lancé una lista al Concejo de Bogotá. Con un apoyo gigantesco de la ciudadanía no hay que negociar ni con los partidos ni con los concejales”. En lo que se interpretó como una crítica hacia Enrique Peñalosa, candidato a la alcaldía por el Partido Verde, Parody señaló lo siguiente: “me niego a creer el cuento que echan algunos; dicen que transformaron la ciudad. Si esto fuera cierto, no estaríamos tocando fondo hoy”.
No
se necesita reconocer conflicto con terroristas rifirrafe se dejó sentir este domingo entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Juan Manuel Santos, cuando el primero manifestó en carta pública que “la actuación honesta no necesita reconocer terroristas para ir a la cárcel”. Uribe y Santos han venido sosteniendo en los últimos días un contrapunteo intelectual en torno del reconocimiento que en Colombia existe un conflicto armado, algo que el exmandatario negó durante sus ocho años de mandato y ahora reitera. El sábado, Santos dijo en Buenaventura durante el encuentro semanal ‘Acuerdos para la prosperidad’ que si no se hacía tal declaratoria, tanto Uribe como él, como ex ministro de Defensa, y los comandantes militares “se iban para la cárcel”, además de que se disminuía la capacidad de acción de las Fuerzas Militares. Uribe, por su parte ripostó que “el Presidente Santos como Ministro de Defensa, los anteriores Ministros, los Comandantes y mi persona, combatimos a los terroristas de acuerdo con la Constitución y la ley”. “No se necesita reconocer conflicto con terroristas para que las Fuerzas Armadas puedan válidamente tomar la iniciativa para atacar estos grupos. Si se necesitara, entonces no se podría atacar narcotraficantes terroristas, que operan como grupos armados al margen de la ley, y las Fuerzas Milita-
res tendrían que renunciar a combatir con iniciativa a las Bacrim”, argumentó el exmandatario. Este es el texto de la misiva enviada el domingo por el expresidente Álvaro Uribe El Presidente Santos como Ministro de Defensa, los anteriores Ministros, los Comandantes y mi persona, combatimos a los terroristas de acuerdo con la Constitución y la ley. La actuación honesta no necesita reconocer terroristas para evitar ir a la cárcel. Ese reconocimiento no excusaría conductas ilegales de funcionarios.