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MEJORES SALARIOS Y CONDICIONES LABORALES DIGNAS
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, asegura que el Gobierno actual se ha esmerado por garantizarle a la población trabajadora condiciones justas y adecuadas a sus necesidades, por lo tanto, ha efectuado la política de salarios mínimos, así como el ordenamiento de la subcontratación, además ha planteado modernizar el sistema de las Afores.
El año 2021 comenzó con avances positivos para las condiciones laborales en la República Mexicana, puesto que entró en vigor el aumento al salario mínimo del 15% aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Este logro demuestra que la actual administración, como lo señala la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, se preocupa por el bienestar integral de la población trabajadora, buscando alternativas que les permitan elevar su calidad de vida y las de su familia, así como alcanzar un futuro estable y próspero.
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El aumento para este año, es el resultado de la Nueva Política de los Salarios Mínimos (NPSM) que desde que fue efectiva ha beneficiado en términos reales tanto a aquellos que ganan menos, como a aquellos con mayores ganancias; de hecho, con el actual salario mínimo se puede cubrir 130.71% de la canasta básica, lo que significa que un trabajador es capaz de solventar sus gastos básicos y contribuir a los de algún dependiente adicional.
A nivel nacional el incremento anual beneficiará a 4 millones 552 mil 626 trabajadores, que representan el 22.85% del total de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tan solo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) serán 505 mil 726 y en el resto del país a 4 millones 46 mil 900 trabajadores. Como distintivo en este 2021, por primera vez se incluyeron a las trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas, quienes tendrán un salario de $213.39 pesos en la ZLFN y de $160.19 para trabajadores agrícolas y $154.03 trabajadoras del hogar en el resto del país.
Esta fijación otorgó un incremento de 30% mayor que el salario mínimo vigente para los jornaleros agrícolas y de 25% para trabajadoras del hogar, lo que beneficiará a 196,317 empleados que tenían un salario base de cotización menor.
Cabe destacar, que, gracias a un trabajo colectivo y constante, en los últimos dos años se ha recuperado en 35% el poder adquisitivo del salario mínimo y se ha disminuido la brecha salarial de género en 6.5 por ciento.
Otro de los logros que encaminan el país hacia la dignidad en las condiciones laborales es la iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones, que fue enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder legislativo, ésta contribuirá a ampliar la cobertura para que más personas tengan acceso a una pensión digna; esta reforma es realmente necesaria, puesto que solo el 40% de las personas entre 18 y 70 años de edad tiene una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, y este indicador disminuye a 31% para las mujeres, según lo señala la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
Esfuerzos para regular la subcontratación
Otro de los grandes avances que ha logrado la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es crear una iniciativa para la regulación de la subcontratación, partiendo de la premisa que el trabajo es un derecho y no es una mercancía, porque recuperar la vigencia de los derechos laborales evita la competencia desleal hacia las empresas que sí cumplen, que sí reconocen a sus trabajadores, que sí protegen sus derechos; asimismo fortalece la seguridad social y la hacienda pública; para ello, está manteniendo un diálogo cercano con el sector privado.
Ahora bien, dicha reforma requiere de tres figuras regulatorias: la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas, así como las agencias de colocación.
En la primera figura se prohíbe la subcontratación de personal que evita que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. La segunda, indica que serán permitidos los servicios especializados y las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa que los contrate, además, las empresas de servicios u obras especializadas requerirán autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público.
Respecto a las agencias, podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.
Finalmente, para regular la modalidad de subcontratación, las sanciones serán mucho más severas y se procesarán como delito de defraudación fiscal, por lo que no se podrá deducir impuestos por esta actividad.