Sesión 34ª del Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, 27 de febrero a 24 de marzo, 2017) Intervención del Dr. Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador Ginebra, lunes 13 de marzo de 2017, sala XX, Palais des Nations
Señor Presidente: Es un alto honor para mí ser recibido en este foro, y transmitir a ustedes el saludo de nuestro Presidente Rafael Correa Delgado, del Gobierno y del pueblo del Ecuador. Reiteramos nuestro firme compromiso con los derechos humanos, que se evidencia en la ratificación y adhesión a todas las convenciones vigentes sobre Derechos Humanos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal. La coyuntura internacional presenta serios retos para la protección de los derechos humanos, tarea fundamental de este Consejo, por lo que hoy me gustaría referirme a algunos de ellos.
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En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó en febrero pasado la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la misma que amplía la protección de todos los derechos de las personas migrantes en nuestro país, y nos permite y obliga a acompañar los
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Uno de los desafíos más importantes corresponde, sin duda, a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, migrantes y refugiadas, quienes al buscar amparo más allá de sus fronteras son cada vez más rechazadas y estigmatizadas. Este recrudecimiento de la xenofobia e intolerancia, la mentalidad de los altos muros y no de los largos puentes, es hoy una de las mayores amenazas a la protección de los derechos humanos.
procesos de defensa de los derechos de nuestros compatriotas en el exterior. Ecuador ha sido reconocido a nivel internacional por sus esfuerzos en esta materia. Nuestro país es el mayor receptor de refugiados de América Latina y el Caribe, con más de 60.000 personas con ese estatus. En Ecuador los refugiados gozan de todos los derechos en igualdad de condiciones. Nos sentimos orgullosos de eso y siempre tendremos las puertas abiertas para nuestros hermanos.
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Luego de esa dramática experiencia, nuestro Gobierno optó por la priorización de la inversión social sustentable en salud, educación, vivienda, derecho al trabajo en condiciones dignas, reforma integral de la justicia, seguridad, infraestructura, diversificación de la matriz productiva y energética, y por marcos normativos que permitan una más justa y equitativa distribución de la riqueza y del poder. Este enfoque nos ha permitido mejorar todos los índices de desarrollo humano. Ecuador es uno de los líderes mundiales de reducción de pobreza y desigualdad (esto último no es menor en el contexto del continente más desigual del planeta). Nuestros compatriotas hoy pueden soñar con un futuro en su propio país, junto a sus familias, y somos –incluso- testigos de un nuevo fenómeno: el retorno de nuestros migrantes a Ecuador.
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Por otra parte, los Estados deben generar adecuadas condiciones de desarrollo en los países de origen. La triste experiencia ecuatoriana nos recuerda cómo a fines de los años noventa, debido a una de las mayores crisis económicas de nuestro país, generada por la aplicación de recetas neoliberales que priorizaron los beneficios económicos de la banca sobre el bienestar de las personas, centenares de miles de compatriotas se vieron forzados a abandonar sus familias y su tierra.
Por ello, y a pesar del discurso hegemónico que busca desligar los derechos humanos de sus componentes más estructurales, integrales y socio-económicos, desde el Sur Global debemos insistir en ese vínculo ineludible. Ecuador, desde la Presidencia del G77 en Nueva York, y desde todos los espacios multilaterales, les propone a todos, seguir luchando para que la agenda de los derechos humanos tenga como pilar fundamental el desarrollo de los pueblos. El año 2017 comenzó con una alarmante advertencia: Las ocho personas más ricas del planeta concentran en sus manos tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial, según datos de la organización Oxfam; y, según se explica, esta creciente brecha entre ricos y pobres es causada -en parte- por una intrincada red de paraísos fiscales a la que recurren las élites para eludir el pago de impuestos. Desde Ecuador hemos anunciado nuestro compromiso dentro del G-77 para promover espacios de diálogo, que permitan avanzar en la creación de un órgano intergubernamental en materia fiscal en las Naciones Unidas, y poner fin a esa perversa competencia fiscal hacia bajo, que atenta contra la garantía de los derechos humanos.
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Por eso, el pasado 19 de febrero, a través de un referéndum, el pueblo ecuatoriano decidió que ningún funcionario público y ningún político de elección popular, podrá tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Hemos así aprobado el Pacto Ético, que busca que quienes desempeñamos cargos públicos
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Necesitamos avanzar juntos en una agenda global por la justicia fiscal. Tal como han dicho varios titulares de mandatos de este Consejo, los ingresos fiscales son la fuente más previsible, estable e importante de recursos con los que cuentan los Estados para financiar la protección de los derechos humanos.
mantengamos la ética y la coherencia. Creemos que el pueblo ecuatoriano ha dado un ejemplo histórico en la lucha por el financiamiento para el desarrollo y en contra de la elusión y evasión fiscal, la corrupción y el lavado de activos. Señores y señoras delegados, Tenemos la responsabilidad de repensar desde los derechos humanos el sistema financiero actual. No podemos permitir que las prácticas de la evasión y elusión tributaria, y las herramientas utilizadas para ello, sigan aupando un sistema económico injusto, diseñado para enriquecer a una pequeña minoría a costa de las grandes mayorías. Es hora de poner fin a estas prácticas. Las corporaciones y las personas más ricas que evitan sus obligaciones de pagar impuestos participan en la negación de los derechos humanos de otros, con cada escuela que no se construye, cada medicina que no se compra por falta de fondos porque el Estado no posee los recursos financieros necesarios.
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Le honra a mi país presidir el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con ese fin, en la persona de la Embajadora María Fernanda Espinosa. Invitamos a todos a sumarse de manera constructiva y propositiva a esta iniciativa, especialmente con miras a la Tercera Sesión del grupo de trabajo, a celebrarse en octubre próximo.
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Finalmente, me quiero referir al desafío que Ecuador, Sudáfrica y otros países amigos que, con el apoyo decidido de grandes sectores de organizaciones sociales y otros actores, han emprendido para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en relación con los derechos humanos.
Cuenten con el respaldo de nuestro Gobierno para promover y defender agendas positivas, que nos permitan avanzar hacía una mejor protección de los derechos humanos. La responsabilidad está en nuestras manos.
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Muchas gracias.
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