Desaparecidos

Miguel Andrés Fierro Pinto Presidente Fundación Un Millón de Voces

CORONEL

Luis ALfonso PLAzAs VegA

Luis ALfONsO PLAZAs VEGA

¿DESAPARECIDOS? El negocio del dolor

Además de su exitosa carrera militar (comandante del grupo Guías de Casanare y de la Escuela de Caballería, Jefe de Estado Mayor de la II Brigada y Director del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra, entre otros cargos), Luis Alfonso Plazas Vega se ha destacado como conferencista, escritor y catedrático de varios institutos militares. Es profesor en la Universidad de la Sabana y miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, del Instituto Sanmartiniano, de la Academia Boyacense de Historia y de la Academia de Historia Militar, Miembro de la Comisión de altos estudios Sociedad Colombiana de Economistas. Ha publicado cuatro libros y varios artículos en revistas nacionales e internacionales, condecorado diecisiete veces por el Gobierno Colombiano y una por el Gobierno Venezolano durante el Servicio Activo. Después de su retiro ha sido condecorado en seis ocasiones más.

Los familiares de “Los desaparecidos” por los hechos del Palacio de Justicia, no representan en pleno una manifestación para obtener derechos de rango constitucional como lo son la verdad y la justicia, para su eventual reparación y para combatir la impunidad, toda vez que no hay desaparecidos. Éste es un constructo vengativo, que representa una expresión de la más siniestra manipulación de que se tenga noticia en toda la historia de Colombia. La guerra política y jurídica, ha alcanzado la perversión del Estado de derecho en el país.

Infelizmente el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega es un ícono y víctima de un mundo al revés, donde las víctimas terminan indemnizando a los victimarios. Mientras Plazas Vega es condenado a 30 años de cárcel por algo que ni siquiera pasó por su mente, los victimarios de esta tragedia expectoran a las víctimas, homenajeando la impunidad. Todo gracias a la subversión del derecho.

Coronel

Luis Alfonso Plazas Vega (Bogotá, 1944—)

El negocio del dolor Prólogo de

fernando Londoño Hoyos

Ediciones Dipon Ediciones Gato Azul

Fue nombrado Director Nacional de Estupefacientes mediante Decreto No. 1860, emanado del Ministerio de Justicia y del Derecho el 15 de agosto de 2002.

Es Administrador de Empresas de la Universidad América, especializado en Administración Pública de la ESAP, Diplomado en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y Diplomado en Asuntos Internacionales en la Sociedad de Asuntos Internacionales de Madrid. Se ha desempeñado como Agregado Militar en Madrid, Ministro Plenipotenciario en Pretoria (Sudáfrica), Delegado de Colombia en la 9a Conferencia de la UNCTAD en Midrand (Sudáfrica).

Continúa en la siguiente solapa...

¡Oh, cuánto amo yo tu ley!

Todo el día es ella mi meditación.

Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo.

Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.

Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos; de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra.

No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!

Más que la miel a mi boca.

De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he aborrecido todo camino de mentira.

Salmo 118:97-104

Dedicatoria Antes de vivir este calvario que estoy pasando, creía que los representantes de Dios en la tierra eran los sacerdotes.

Ahora pienso diferente. Creo que son los jueces.

Ninguno como ellos tiene la vida de las personas en sus manos, la de sus familias, sus bienes terrenales, su tranquilidad, el derecho a soñar y a tener un futuro.

Ninguno como ellos tiene la posibilidad de castigar al delincuente, de aislarlo de la comunidad tan sólo para proteger a los asociados, de resocializarlo para que se corrija.

Tal vez por eso Jesús de Nazareth nos enseñó que los que van al cielo no son los buenos, ni los más tolerantes, ni los más recios, ni siquiera los más misericordiosos.

Todos ellos son virtuosos, pero eso no basta. Los que van al cielo, a la gloria eterna, ¡son los justos!

En algunos países existen jurados de conciencia, porque para ser juez no se necesita ser abogado, sino ser justo.

Una persona a quien Dios puso de Juez no puede actuar como Lucifer, no debe castigar a un inocente, ni aislarlo de la sociedad por capricho o por ideologías políticas, mucho menos por dinero, ni debe gustar del poder, ni usar su ministerio para ejercerlo.

Para el Juez injusto, para el que utiliza la facultad magnífica de sentenciar el futuro de un ser humano con motivos o propósitos innobles, sólo Dios sabe el castigo que le corresponderá. Porque Dios es el Ser Justo por excelencia. Y nunca se equivoca.

Por todo esto es que dedico este libro a los Jueces de la República de Colombia. En especial a los jueces justos que en medio del caos reinante, siguen siendo la mayoría.

L. a. P. V.

Contenido

a guisa de Prólogo Fernando Londoño Hoyos

11

Prefacio Persecución contra un hombre inocente, por Eduardo Mackenzie

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I

El recorrido de los llamados desaparecidos 25

II

Desaparecen los cadáveres de los ‘desaparecidos’

51

III

El narcotráfico presente en el asalto al Palacio de Justicia

81

IV

Le ponen el cascabel al gato

97

V

Clara Helena Enciso

117

VI

Ana Rosa Castiblanco

127

VII

Los tres falsos testigos de la Fiscal Ángela Buitrago

139

VIII

¡Tampoco están desaparecidas!

185

IX

Norma Constanza Esguerra

195

X

Los «reconocimientos» de René Guarín Cortés

221

XI

¡Cristina Guarín Cortés murió dentro del Palacio de Justicia!

239

XII

Carlos Augusto Rodríguez Vera

253

XIII

Irma Franco Pineda

273

XIV

Lucy Amparo Oviedo Bonilla

297

XV

Suspes, Portela, Lizarazo y los Beltrán

305

XVI

El negocio del dolor

319

XVII Militares a la cárcel, el comunismo internacional en América Latina

341

XVIII Consideraciones finales

369

Epílogo

389

A guisa de prólogo

N

adie entenderá este libro sin ubicarse en los hechos sorprendentes y trágicos que le dieron vida.

Corría el año de 1985 y Colombia libraba una de las más duras guerras que ha tenido que afrontar en su muy guerrera historia. Ésta era contra el narcotráfico, complejo ejército disciplinado en la mejor de las disciplinas, que es la del dinero. Los narcotraficantes no le temían al enjuto Estado que los enfrentaba, poroso por todas sus caras, pero estaban aterrorizados con la única arma eficaz de que disponía, su extradición a los Estados Unidos. Para combatir esa posibilidad desplegaron sus tropas, que empezaron por mostrar una fuerte avanzada, conformada por los mejores, o cuando menos los más costosos abogados, muchos de ellos ex magistrados de las Cortes de Justicia, para combatir el tratado que se había suscrito con los Estados Unidos para tan poco piadoso efecto. El grueso de la milicia, como siempre, estaba integrado por sus implacables mercenarios, a todo dispuestos y capaces de todo. En la poderosa retaguardia, su majestuosa capacidad económica, que llegó a ser tanta como para ofrecer —como en efecto ofrecieron— hacerse cargo de toda la deuda pública externa de la Nación, como contraprestación a los beneficios judiciales que esperaban.

La vía judicial no les era favorable. Corría a voces el secreto de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenía lista la ponencia para declarar válida la extradición, que contaba con el respaldo unánime del resto de la corporación.

Las amenazas continuas y crueles contra los jueces no habían surtido efecto. Los centenares de pliegos escritos por sus bien aceitados leguleyos, tampoco. El Tratado iba a aprobarse.

Quedaba la violencia. La cuestión era descubrir su fórmula de aplicación. Y fue entonces cuando se produjo la más espantable conjura que se recuerde contra un Estado democrático en 11

América. Porque la mafia encontró en el camino una guerrilla de mafioso estilo, sin ninguna restricción moral y ávida de algún golpe magistral que la sacara de su postración. Era el M-19, grupo de origen comunista, cuyos miembros eran en buena parte militantes antiguos de las FARC, y que no habían logrado impresionar con sus crímenes teatrales, ni con sus aspavientos pseudo intelectuales. Y se juntaron esas dos criaturas funestas, para producir el mayor cataclismo político que pueda recordarse.

Eran dos golpes de Estado, reunidos en una sola operación. Por el primero, se asesinaría a una parte de la Corte y se conservaría al resto como rehén para conseguir la rendición del Gobierno y la promesa formal de que no habría extradición de colombianos.

Por el segundo, el Presidente tendría que abandonar su Palacio para sentarse en una mesa de negociación, abierta nada menos que en el Palacio de Justicia, para resolver los problemas del país a la luz de esa extraña doctrina, mezcla de Marx con discursos extravagantes sobre justicia social, sin que faltara un poco de agua bendita, la de la Teología de la Liberación, por supuesto, que el M-19 se empeñaba en imponer con sus grotescos métodos.

La sola enunciación de esos propósitos descubre su naturaleza demencial. Sólo a unos locos ignorantes y feroces —como a Pablo Escobar y a la cúpula del M-19— se les podía ocurrir semejante barbaridad. Pero se les ocurrió. Cuando se quiere pasar a la Historia y cuando se entiende que con el dinero se consigue todo, puede abrirse paso cualquier absurdo. Y así fue como se selló la alianza, para que uno pusiera armas, dinero y cuanto resultara menester, y los otros el atrevimiento para desafiar con las armas y en semejantes condiciones a la más antigua y estable democracia de América Latina.

Los colombianos no podíamos creer lo que pasaba. Era demasiado horrendo, hasta para nuestras sensibilidades embotadas en los más extremos excesos. Pero estaba pasando. Y pasó. Ante la curiosa ausencia de la Policía de custodia, nunca explicada, los asaltantes penetraron al Palacio de Justicia, previo el asesinato 12

Prólogo

de sus casi inermes guardianes. Rápidamente se apoderaron de todas las instalaciones, hicieron trincheras de los sitios estratégicos, prendieron el fuego que les interesaba, asesinaron a sangre fría unos cuantos Magistrados y se dispusieron a esperar la llegada del Presidente de la República.

En su lugar llegaron los soldados, que hicieron cara a los armamentos ultramodernos y a los sitios previamente definidos como los mejores por la turba asesina. Pero nada los arredró. Un puñado de héroes salvó a la República y a centenares de inocentes que iban a ser masacrados. Y les dieron libertad, a costa de los mayores sacrificios, la vida de soldados y policías incluida en la inmensa cuota de dolor que debieron pagar en el altar de la Patria.

Cuando todo terminó, muchas horas después, cuando del Palacio en cenizas sólo quedaron los últimos rescoldos, los colombianos nos sentimos a salvo. Porque estuvimos a punto de perderlo todo. Y por eso saludamos con pañuelos blancos el paso de nuestros héroes camino de sus batallones, comandados también en la victoria por quien luchó con ellos, padeció con ellos, apuró con ellos todos los dolores y aceptó con ellos todos los peligros, casualmente y por fortuna para la verdad, el autor de este libro. Fueron horas de emoción indescriptible. Lacerado el corazón por el dolor de las pérdidas, sentíamos a salvo lo que más amábamos: la libertad, la fe en los destinos de Colombia, y su honor sin mancilla.

Han pasado 26 años. Y del fondo de la caverna se ha vuelto a escuchar el rugido de los leones hambrientos. Y han vuelto por lo mismo. Por la dignidad de la República. Por su gloria. Por su libertad. Sólo que ahora las armas son distintas, mucho más sofisticadas, mucho más mortíferas, mucho mejor calibradas.

Los que no pudieron dar un golpe de Estado, ahora lo intentan por otros caminos. Los que querían nuestra rendición, la consiguen sin fusiles ni bombas. Les basta el artificio matrero de una justicia indigna. Les basta la infamia de los testigos falsos y —pásmese lector— hasta de los testigos inexistentes.

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Les basta la ingenuidad y la cobardía de una sociedad que no sabe defenderse. Les basta agazaparse detrás de una toga y un birrete para ametrallar nuestro honor y despedazar nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestras aspiraciones.

Y este libro es esa historia. La que lo asombrará, lector querido, lo indignará, lo sorprenderá. La historia en la que un hombre, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ha sido escogido como mártir propiciatorio de la mayor indecencia, la mayor audacia y la mayor injusticia que se hayan visto en Colombia. Todo vale.

Cuando están de por medio las mismas torcidas ambiciones de aquellas macabras jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985, aumentadas con la expectativa del vellocino de oro, nada queda demasiado lejos. Porque le anticipo a quien repase estas líneas que ni siquiera las lágrimas de ahora son auténticas, condición para que fueran respetables. Cuando al dolor se le pone precio, se convierte en una mueca indigna. Los muertos del Palacio de Justicia, que están donde el autor demuestra que están, quieren ser canjeados por sus herederos por un puñado de dólares concedidos por algún tribunal de justicia. Para lo que se requiere, claro está, que Plazas Vega sea condenado por un delito que nadie ha cometido. Los supuestos desaparecidos, este libro lo prueba mil veces, no desaparecieron. Fueron cruelmente sacrificados por los compañeros de guerrilla de uno de los demandantes, un tal René Guarín. ¿Le extraña? Es mejor que entre a estas páginas dispuesto a no dejarse extrañar por nada.

El drama va a comenzar. El telón se levanta. La tragedia abre sus alas de espanto. La seguiremos con la unción con que los griegos presenciaron las que salían de las plumas de sus tres genios dramáticos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Que fueron más grandes, cuando como en este caso, contaron historias verdaderas.

FERNANDO LONDOÑO HOYOS Bogotá, abril de 2011.

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Prefacio Persecución contra un hombre inocente Eduardo Mackenzie

L

as personas que no viven en Colombia podrían entender más fácilmente el contenido de este libro si disponen de una síntesis acerca de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El asalto al Palacio de Justicia Ese día, un destacamento del grupo terrorista M-19, en alianza con el narcotráfico, asaltó a sangre y fuego la sede de las Altas Cortes colombianas en Bogotá.

Alrededor de ese atentado y sus consecuencias ha girado, en buena parte, el devenir histórico y político reciente de la nación colombiana. La propia Constitución vigente, establecida en 1991, lamentablemente tuvo la impronta del grupo terrorista que cometió tan tenebroso crimen.

Este prefacio aspira a hacer dicha síntesis.

Interviene legítimamente la Fuerza Pública Un puñado de soldados bajo el mando del Brigadier General Armando Arias Cabrales impidió que la nación se disolviera en ese momento. Entre ellos se distinguió un Teniente Coronel, el Comandante de la Escuela de Caballería, quien al mando de los 15

Luis Alfonso Plazas Vega

vehículos blindados y cumpliendo órdenes superiores del más alto nivel político del Estado, incursionó en la edificación, dándole un vuelco a la situación. Los terroristas, que con su iniciativa perversa habían tomado la delantera y llegaron a creer que podrían atrincherarse a largo plazo para montarle allí un juicio «popular» y completamente ilegal y grotesco al Presidente de la República, terminaron a la defensiva, en respuesta a la acción enérgica del Coronel Alfonso Plazas Vega y de sus hombres. A partir de ese momento el proyecto nefando fracasó.

Tras su derrota, el grupo terrorista vivió una fase de desintegración. Lenta y calculadamente, para sobrevivir de alguna manera, mutó en organización política de amnistiados.

Con el paso del tiempo llegó a tener una presencia velada en las tres ramas del poder público. Por desgracia, ese grupo nunca abrazó lealmente la política democrática y se abandonó, por el contrario, a sus viejos demonios: vengarse de los militares que habían enterrado sus veleidades de conquista del poder.

El mayor crimen cometido por el m-19 El 6 de noviembre de 1985, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iba a fallar positivamente acerca de la ley de extradición en Colombia. Sin embargo, un comando del M-19, fundado por ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante las FARC), e integrado por unas cincuenta personas, ingresó violentamente al Palacio de Justicia. Asesinó a varios guardianes y secuestró a quienes allí se encontraban, en particular a los Magistrados de las Altas Cortes del Poder Judicial.

Llevado a cabo a 200 metros del palacio presidencial, ese asalto había sido financiado por narcotraficantes conocidos como «los extraditables», es decir, por una alianza entre miembros del Cartel de Medellín y del Cartel de Cali. Los terroristas utilizaron

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¿desaparecidos? El negocio del dolor

armas de guerra que habían recibido de los sandinistas de Nicaragua. Éstas hacían parte de un lote de armas enviado a los sandinistas por el Gobierno venezolano, en 1979.

Cuarenta y tres Magistrados y empleados del Palacio de Justicia perdieron la vida ese día. Once militares y policías murieron en la refriega. Otros treinta y un militares y policías quedaron heridos.

Todos los asaltantes fueron abatidos, salvo uno o dos que lograron escapar del edificio y cuyo paradero es hoy desconocido.

El asalto era un narco-proyecto El objetivo de los asaltantes era evitar el fallo a favor de la ley de extradición, así como adelantar un «juicio del pueblo». Éste sería contra el presidente Belisario Betancur, contra varios Magistrados y contra algunos miembros del Poder Ejecutivo.

Los asaltantes también buscaban quemar los expedientes que existían contra los narcotraficantes que estaban vinculados a las potenciales extradiciones, así como lograr un triunfo publicitario internacional, más grande incluso que el que habían obtenido mediante la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, realizada en febrero de 1980. Tras varios días de negociaciones, recibieron un millón de dólares y escaparon a Cuba donde fueron recibidos como héroes. Allí entregaron a los rehenes de la Embajada.

Belisario Betancur, el Presidente de la República de Colombia en el momento del asalto al Palacio de Justicia, no se sometió a la presión de los terroristas. Como Comandante en jefe de las Fuerzas Militares, dio la orden de hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Ordenó a la Fuerza Pública obtener la recuperación del Palacio, liberar a los rehenes, establecer un diálogo con los atacantes bajo la advertencia de que no habría negociación, y desalojar a los subversivos.

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Luis Alfonso Plazas Vega

El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, junto con sus tropas, ingresó y rompió la resistencia del grupo narcoterrorista. El Coronel fue el primer Comandante de unidad táctica que ingresó al Palacio de Justicia. Sin embargo, él no era el Comandante de la operación, ni tampoco el único oficial con responsabilidades de mando dentro de la misma. El Comandante de la operación, hoy también injustamente detenido por ese episodio, era el General Jesús Armando Arias Cabrales.

El Coronel Plazas Vega cumplió funciones estrictamente de combate y jamás tuvo competencia ni autoridad sobre el manejo de los rescatados. Una vez éstos fueron sacados de la zona de combate, pasaron a ser responsabilidad de los organismos de inteligencia del Estado (Inteligencia Militar, Policía, Departamento Administrativo de Seguridad-DAS). Hasta allí llegó la responsabilidad operativa del Coronel Plazas.

El odio del M-19 contra el Coronel obedece a que la acción adelantada con los tanques desconcertó a los asaltantes y desarticuló completamente su osado asalto. Así lo reconocen en el folleto Oiga Hermano del 11 de noviembre de 1985 (ver pág 89).

Tras dos días de intenso cruce de fuego entre las tropas y los secuestradores, el Ejército logró rescatar con vida a por lo menos doscientas sesenta personas (incluyendo a cuarenta Magistrados).

De manera despiadada el M-19 alcanzó a asesinar a algunos de sus rehenes, a personal civil administrativo y también a los Magistrados que no alcanzaron a ser rescatados por las tropas.

Los terroristas prendieron fuego al gigantesco Archivo Nacional Judicial de la Corte. Ello generó un incendio de grandes proporciones. Las llamas se apoderaron del edificio.

Al final del trágico asalto, en el que hubo más de cien personas asesinadas, se generó una controversia sobre lo que pudo haber ocurrido con once personas cuyos cadáveres jamás fueron entregados a sus familiares. Desde entonces esos muertos 18

¿desaparecidos? El negocio del dolor

son denominados por los medios como «los desaparecidos del Palacio de Justicia».

Esas personas eran empleados de la cafetería del Palacio. Eran personas humildes e inocentes que nada tenían que ver con la mafia, ni con el conflicto narcoterrorista.

El informe del Tribunal Especial de Instrucción En 1986, la Corte Suprema de Justicia creó un Tribunal Especial de Instrucción (tei) para adelantar una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Ese Tribunal estuvo conformado por dos Magistrados principales (Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata), y secundado por diez jueces especiales y más de treinta jueces auxiliares.

El TEI dictaminó que el Ejército colombiano había actuado bajo el mandato de la Constitución y en defensa del Estado de Derecho y declaró culpable de la tragedia al grupo narcoterrorista M-19.

Respecto de los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, en la conclusión décimo séptima de su informe publicado en el Diario Oficial del 17 de junio de 1986, el TEI dice en la página 61 que «existe prueba suficiente en el sumario para concluir que las personas consideradas como los desaparecidos de la cafetería fallecieron en el cuarto piso a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos (…)».

El TEI constató que se encontraron cuerpos sin vida en el cuarto piso del Palacio de Justicia, lugar al que fueron conducidas varias de las víctimas como rehenes y donde fueron asesinadas por el M-19; que dentro de ese grupo existe uno de los cuerpos calcinados que no lograron ser identificados; que a esas personas las asesinó el M-19 en el cuarto piso; que, por su número, los cuerpos encontrados no identificados coinciden con 19

Luis Alfonso Plazas Vega

el número de cadáveres que nunca llegaron a sus familias y que necesariamente corresponden a los mismos.

En esa misma página, el TEI dice: «Del número y comprobación de los cadáveres aparecidos en el cuarto piso, examinadas las nóminas de Corte Suprema y Consejo de Estado, comprobado el número de evadidos, existe un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de esta lista que se presenta al principio de este capítulo».

Más adelante, el TEI subrayó lo siguiente: «No ha sido denunciada otra desaparición por o durante estos sucesos con lo cual se acrecienta la convicción de que los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto».

Ninguno de los desaparecidos de la cafetería logró salir del edificio. Ninguno de los liberados los vio entre los que salieron. Tampoco sus imágenes fueron registradas a la salida del Palacio. Por esas razones, el informe del TEI concluyó que su convicción profunda es que «los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto».

Por lo tanto, la Justicia debe insistir en adelantar pruebas de ADN sobre los cadáveres no identificados hasta ahora. Esta diligencia podría aclarar muchas incógnitas sobre lo sucedido y quizás cerrar las dudas frente a ese caso.

Los cadáveres no identificados fueron llevados a fosas comunes por el Instituto de Medicina Legal. Por una extraña razón, a esos cadáveres no identificados nunca se les practicaron pruebas de ADN. Es entendible que esas pruebas de ADN no se hayan practicado en 1985 porque esa tecnología no estaba disponible en Colombia. Hoy en día, no se entiende por qué la Justicia no ha querido realizar esas pruebas.

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¿desaparecidos? El negocio del dolor

En 1990, y después de una negociación con el Gobierno, el grupo M-19 entregó sus armas, a cambio de un perdón por sus crímenes de lesa humanidad y de que se les ofrecieran cargos en el aparato de Estado. El Gobierno les firmó una amnistía. Gracias a eso, los ex terroristas alcanzaron poco a poco posiciones de poder y conformaron un partido político.

El 16 de mayo 1992, después de siete años de investigaciones, una juez condenó y ordenó la encarcelación y la sanción de los miembros del M-19. A pesar de ese fallo ellos nunca pagaron ni un solo día de cárcel. Sin embargo, ellos fueron condenados por los siguientes delitos: homicidio, homicidio agravado, secuestro, terrorismo, incendio, sedición, asonada y falsedad en documento.

Plazas Vega, de militar a funcionario En enero de 1992, el Coronel Plazas Vega solicitó su retiro del Ejército para iniciar una nueva etapa de su vida. Para algunos, el Coronel Plazas Vega era un personaje que incomodaba respecto del proceso de paz con el citado grupo terrorista.

Hizo algunas incursiones en política. Pasaron diez años durante los cuales se dedicó a la cátedra universitaria, a las Academias de Historia y a actividades de consultoría en seguridad tanto nacional como privada.

En 2002, el doctor Álvaro Uribe Vélez fue elegido Presidente de la República de Colombia. El nuevo jefe de Estado, y su Ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, nombraron al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Esa designación obedeció a la verticalidad demostrada por el Coronel Plazas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia.

Durante su administración al frente de la DNE, Plazas Vega logró dar golpes contundentes a las estructuras financieras del 21

Luis Alfonso Plazas Vega

narcotráfico en Colombia. Él se constituyó en pieza fundamental del equipo que bajo la dirección del Ministro Londoño Hoyos elaboró los Proyectos de ley 785, sobre administración de bienes incautados, y 793 sobre extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico. El Coronel Plazas ganó procesos de extinción de dominio de bienes y activos de la mafia superiores a los dos billones de pesos ($2 000 000 000 000).

Dentro de los bienes y activos cuyos dominios fueron extinguidos, se encuentran hoteles, haciendas, vehículos, aviones, barcos, cuentas bancarias y más de 300 empresas. El fondo-cuenta que maneja la Dirección Nacional de Estupefacientes (FRISCO) pasó de cien millones a más de seiscientos mil millones de pesos.

El Coronel Plazas renunció a su cargo el 9 de noviembre de 2004, después de un debate político adelantado por un grupo de congresistas pertenecientes al Polo Democrático y al Partido Comunista Colombiano. Es importante mencionar que el narcotráfico ha ejercido cierta influencia en algunos sectores del Congreso colombiano. Con su renuncia, el Coronel Plazas quiso evitarle desgaste político al Gobierno nacional.

Persecución contra un hombre inocente Extrañamente, en 2005, veinte años después de los hechos ya investigados, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal contra el Coronel Plazas Vega por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia.

Hoy, en abril de 2011, el Coronel Plazas Vega lleva ya cerca de cuatro años privado de su libertad. Estuvo detenido en una unidad militar de Bogotá y después fue arbitrariamente trasladado por unos días a la Cárcel La Picota, de Bogotá.

Plazas fue acusado de haber cometido los delitos de secuestro y desaparición forzada. Empero, jurídicamente esos delitos se excluyen mutuamente. Sin embargo, de manera absurda, por 22

¿desaparecidos? El negocio del dolor

primera vez en la historia judicial de Colombia, la Juez y la Fiscal pretendieron hacer coexistir esos delitos. Plazas Vega fue llamado a juicio y dicho juicio no fue suspendido durante la hospitalización de once meses del acusado. En su proceso, Plazas no tuvo la posibilidad de hablar en su propia defensa.

El 17 de septiembre de 2009 el Procurador General de la Nación, por intermedio de Jesús Villabona Barajas, Procurador 19 Judicial Penal, pidió la absolución del Coronel Plazas Vega, en vista de la «insuficiente solidez de los testimonios» utilizados contra él. Villabona estima que «no existe ninguna prueba sobre la implicación del Coronel Plazas en este asunto».

El Procurador subrayó que uno de los testimonios utilizados contra el Coronel Plazas, el del suboficial Édgar Villamizar Espinel, no respetó el procedimiento penal, ya que ese testimonio fue tomado «sin que las partes hayan sido previamente informadas y a sus espaldas, en desprecio del principio de la contradicción de la prueba». Y lo que es peor: que ese «testigo» no quiso comparecer ante la justicia para dar informaciones complementarias, lo que contribuyó a «sembrar la duda sobre la objetividad de sus afirmaciones».

El Procurador Villabona sostuvo que de las pruebas recaudadas se puede concluir que el mando de la operación, en términos generales, siempre estuvo centralizado, formal y materialmente hablando, en cabeza del General Jesús Armando Arias Cabrales.

El representante del Ministerio Público advirtió que «frente al caso (de los supuestos desaparecidos) no hay prueba que acredite que el coronel Plazas tenía injerencia sobre ese asunto».

Sin prueba alguna de haber cometido los delitos que le imputan, el Coronel Plazas fue condenado en primera instancia, el 9 de junio de 2010, a treinta años de prisión. Su defensa apeló la decisión, pero algo aún más importante: la Procuraduría General de la Nación, que había pedido su absolución en los alegatos finales del juicio, también apeló la sentencia.

23

Luis Alfonso Plazas Vega

La Juez María Estela Jara y la Fiscal Ángela María Buitrago deben ser investigadas por violación del debido proceso. Esas funcionarias montaron un proceso no equitativo: aceptaron pruebas falsas, fabricaron testigos, utilizaron delincuentes encarcelados a quienes ofrecieron dádivas y beneficios procesales a cambio de que acusaran al Coronel Plazas.

En particular, hay un sólo testigo fabricado por la Fiscal cuyo nombre ni siquiera se ha establecido con certeza y que nunca se hizo presente ni en la Fiscalía ni en la audiencia del juicio y que es, a la fecha, la piedra angular de la absurda sentencia.

El proceso por los hechos del Palacio de Justicia está plagado de violaciones a las normas de Derecho. Ese proceso judicial, sin garantías para el acusado, es una vergüenza para la Justicia y el Derecho colombianos. El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega debe ser puesto en libertad para que la infame sentencia pase a la historia como una obscura peripecia de algunos funcionarios de la justicia colombiana y no como un acto banal de ésta.

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capítulo I El recorrido de los llamados desaparecidos «(...) Fueron llevados al cuarto piso, lugar previsto por los asaltantes como sitio de concentración de rehenes, y allí fallecieron. Murieron por acción del fuego desatado por el M-19 y quedaron calcinados (...)».

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¿desaparecidos? El negocio del dolor

1. ¿Dónde están los desaparecidos?

S

i analizamos lo que se dice de cada uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia a lo largo de los procesos seguidos contra los militares (identificados con diferentes radicados porque inexplicablemente la Fiscalía partió el proceso en varias cuerdas procesales), encontramos que los empleados de la cafetería nunca salieron vivos del Palacio.

Fueron llevados al cuarto piso, lugar previsto por los asaltantes como sitio de concentración de rehenes y allí fallecieron.

Murieron por acción del fuego desatado por el M-19 y quedaron calcinados, con excepción de Cristina Guarín Cortés cuyo cuerpo fue enterrado entero.

Eso hace presumir que la hermana de René Guarín, representante de los familiares de las víctimas y quien resultó ser miembro del M-19, la Licenciada Cristina Guarín, era la dama de sastre azul que secuestró al resto de empleados y los condujo al cuarto piso, a donde no pudo llevar a dos estudiantes que estaban en la cafetería. Uno de ellos era Eduardo Matzon Ospino, quien en dos declaraciones ante las autoridades explicó la forma en la que el M-19 secuestró a los empleados de la cafetería del Palacio, mucho antes de que el Ejército hubiera llegado allí.

Así, se presume el odio de René Guarín Cortés a los comandantes de la operación militar, y no a los de inteligencia: Guarín sabe que su hermana, luego de llevar a los empleados de la cafetería al lugar de concentración de rehenes en el cuarto piso de la edificación, siguió enfrentándose a las tropas del Ejército que finalmente le dieron muerte.

En esas condiciones, la única persona que salió con vida y quedó en manos de organismos de seguridad del Estado fue Irma Franco Pineda. Ella también podría estar muerta. Son estos organismos los que deben responder.

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Luis Alfonso Plazas Vega

Sin embargo Irma Franco, guerrillera del M-19 y participante activa en el asalto, posiblemente no fue desaparecida sino asesinada, pero no por las tropas operacionales que rescataron al Palacio y al menos a doscientas sesenta personas secuestradas, sino por integrantes de los organismos de inteligencia que la torturaron, le sacaron información y probablemente la mataron, o se les murió.

En cambio, Clara Helena Enciso, otra mujer guerrillera que participó en el asalto, que secuestró y ocasionó muchas de las muertes de funcionarios en el Palacio de Justicia y logró escapar, apareció luego en México. A ella nadie la busca. Los medios la tratan con una inexplicable consideración.

La Fuerza Pública llegó al Palacio de Justicia a rescatar rehenes, no a secuestrar ni a desaparecer a personas inocentes. Más de doscientas sesenta personas rescatadas son el mejor testimonio de su actuación.

Hoy, sus comandantes están presos.

Por otro lado, el M-19 llegó a asesinar inocentes y a secuestrar a Magistrados y Jueces. Sus jefes han ostentado los más destacados cargos en Colombia, y ahora prácticamente están en el poder.

Imagen tomada de: Archivo Biblioteca de las Fuerzas Militares de Colombia.

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¿desaparecidos? El negocio del dolor

2. Los empleados de la cafetería no salieron vivos «(...) Si analizamos lo que se dice de cada uno de los desaparecidos a lo largo de los procesos seguidos contra los militares (...) encontramos que los empleados de la cafetería no salieron vivos del Palacio (...)».

No hay prueba de que haya desaparecidos. Las pruebas que presenta la Fiscal Buitrago con amplia difusión a la opinión pública a través de los medios de comunicación, ¡son falsas!

Decía Lenin: «una mentira repetida mil veces se vuelve verdad», y en este caso se nota cómo esta mentira ha sido bien orquestada por organizaciones con un fondo político bien conocido, para darle credibilidad a una enorme mentira que ha hecho carrera a nivel nacional e internacional.

A lo largo de este texto el lector podrá comprobar la poca calidad de algunos funcionarios judiciales, con el consiguiente deterioro del prestigio de la justicia en Colombia.

Si no hay pruebas, no hay delito de desaparición forzada. Y si no hay delito de desaparición forzada, no cabe ninguna posibilidad de que esto lo resuelva la Justicia Ordinaria, porque no queda argumento alguno para desatender lo establecido en el Artículo 170 de la Constitución de 1886, vigente en la época de los hechos, o en el 221 de la Constitución de 1991, que establecen la competencia de la investigación y el juzgamiento en la Justicia Penal Militar.

Según el Tribunal Especial de Instrucción, las personas que figuran como desaparecidas están fallecidas. Al estar muertas no están desaparecidas, de manera que no puede haber delito de desaparición forzada. El supuesto hecho punible se convierte en un homicidio agravado por el cual, según el Tribunal Especial de Instrucción, deben responder sus captores (los miembros del

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comando asaltante, es decir, el M-19) quienes los llevaron al cuarto piso el primer día de los hechos. El Tribunal manifiesta que al respecto hay prueba suficiente.

3. Asalto a la cafetería, testifica Eduardo Matzon Ospino Es necesario comenzar por difundir un par de piezas procesales que denotan no sólo la falta de investigación por parte de la Fiscal Ángela María Buitrago en el caso de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, sino también la mala fe de la funcionaria que tenía bajo su cuidado tan delicada tarea y tan grave responsabilidad.

Eduardo Matzon frente a la Procuraduría Se trata, por una parte, de la declaración del testigo presencial del asalto del M-19 a la cafetería del Palacio de Justicia, el entonces estudiante Eduardo Matzon Ospino, presentada ante la Procuraduría General de la Nación en el año de 1986 y relacionada en el Anexo 39 del Proceso 9755-4, folios 46 y 47, en los cuales se establece con certeza que los empleados de la cafetería fueron secuestrados por una mujer que se encontraba en ese lugar (no se sabe si como visitante o como empleada), vestida de sastre azul y que se identificó como miembro del M-19. Esta persona sometió a los empleados y luego los condujo a otro lugar, mucho antes de que el Ejército arribara a la Plaza de Bolívar. Es más, ésta fue la primera actuación delictiva de los asaltantes del Palacio, lo cual se deduce de su expresión «nos vamos a tomar el Palacio de Justicia», que evidencia que aún no lo habían hecho.

El declarante Matzon recuerda que, entre el momento del plagio de los empleados de la cafetería y la primera aparición de la Fuerza Pública con el lanzamiento de una granada de humo, transcurrió «un largo rato».

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Reviste especial importancia el hecho de que el Anexo 39 de la Investigación 9755 de la Fiscalía, en donde se encuentra esta pieza procesal, corresponde al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Expediente 87-D-4082, firmado por los Magistrados Héctor Álvarez Melo, Myriam Guerrero de Escobar, Benjamín Herrera Barbosa, Fabiola Orozco de Niño y José Agustín Suárez Alba. En dicho fallo se declara a la Nación Colombiana, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, como administrativamente responsables por la desaparición de Cristina del Pilar Guarín Cortés, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, con fundamento en la falta de seguridad de la edificación. Si esta pieza procesal es válida para tomar una decisión tan importante, también lo debe ser para clarificar, según su contenido, que quienes privaron de la libertad antijurídicamente a los empleados de la cafetería fueron los asaltantes del M-19, y no la Fuerza Pública.

Eduardo Matzon Ospino, en su declaración rendida ante la Procuraduría General de la Nación, nos cuenta: «(…) Sí estuve presente el día de la toma del Palacio, debido a que iba a hacer una diligencia, relacionada con mis estudios junto con Yolanda Santodomingo A. «(…) Salimos de esa oficina con dirección a la cafetería buscando la oficina del Dr. Urrego, llegué hasta la entrada de la cafetería y mientras esperaba a Yolanda que sí alcanzó a entrar a la cafetería le pregunté a un mesero por la oficina del Dr. Urrego y en ese momento como del interior de la cafetería se oyó el comienzo de la balacera, y una mujer vestida de traje sastre azul, que se hallaba dentro de la cafetería sacó un revólver e intimidando a quienes nos encontrábamos dentro o cerca de la cafetería dijo: contra la pared todo el mundo… como a unas doce o quince personas que habíamos allí… Llegó en ese momento cerca a nosotros un guerrillero que nos dijo, tranquilos muchachos que no les va a pasar nada, somos del M-19 y nos vamos a tomar el palacio. (…) como en ese momento me percaté 31

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que habían unos francotiradores del ejército en un edificio sobre la octava, ellos se veían por el vitral que hay en ese costado del edificio, entonces nosotros nos movilizamos hacia la ventana (…).

«Después de un largo rato vi cuando de fuera tiraron como una granada o una bomba de humo por el vitral que da a la plaza de Bolívar y había mucho humo negro, entonces nos movilizamos hacia las escaleras del lado del ascensor porque un guerrillero allí apostado con máscara antigás, nos decía que fuésemos hacia él, llegamos hasta las escaleras después de atravesar el vitral que da a la plaza de Bolívar y el guerrillero ya no estaba ahí, puede deducir que había habido fuego (sic) o conato de incendio, porque en el descanso de la escalera habían botados dos extinguidores rojos, nos quedamos ahí cerca de la escalera cuando sentimos la entrada de los carrotanques (sic) del ejército, sentíamos como bombas, fue cuando vimos que el Ejército se tomó el primero y segundo piso y pasaban de oficina en oficina diciendo que abrieran (…)».

Tomado de: Expediente 9755-4 de la Fiscalía General de la Nación, Anexo 39, folios 46 y 47.

Eduardo Matzon ante el Juez 77 de Instrucción Criminal La otra pieza procesal corresponde a la declaración del mismo testigo presencial del secuestro de los empleados de la cafetería por parte del M-19, Eduardo Matzon Ospino, rendida en Cartagena ante el Juez 77 de Instrucción Criminal, la cual está recogida en el informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal del 31 de mayo de 1986, extrañamente desconocido por la Fiscal Buitrago, investigadora del caso. Esta declaración aparece en la página 50 del Diario Oficial del martes 17 de junio de 1986, donde se transcribe el mencionado informe dirigido a la Honorable Corte Suprema de Justicia, firmado por los Honorables Magistrados Pedro Elías Serrano Abadía y Carlos Upegui Zapata.

La declaración de Matzon ante el Juez 77 de instrucción criminal la describe así el Diario Oficial: 32

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«La corroboración testimonial de este hecho trascendente la suministra Eduardo Matzon Ospino, el estudiante de Derecho a quien se ha hecho referencia en el curso de este informe y quien se encontraba en la cafetería en los momentos iniciales del asalto.

«De su declaración rendida en Cartagena ante el Juez 77 de Instrucción Criminal (folio 306) se toman los siguiente apartes: «“(…) Llegando yo a la cafetería, Yolanda entró… quedándome yo fuera de la cafetería y preguntando a un mesero, por la oficina del doctor Urrego, cuando él me explicó diciéndome que quedaba en el mismo primer piso pero en el fondo, empezó un ruido de bala, de balacera, quedando todos perplejos y pensando que había sido en las afueras del palacio, pero en esos momentos una mujer vestida de sastre azul sacó un arma intimidando a los presentes a que entraran detrás de la barra del mostrador del restaurante; Yolanda que no alcanzó a encontrar el baño salió asustada gritándole yo que corriéramos y jalándola yo del brazo corrimos hacia el segundo piso sintiendo yo que la mujer del sastre azul nos hacía disparos por la espalda afortunadamente no hiriendo a ninguno de los dos, tomamos las escaleras que están a la izquierda de la cafetería hacia el segundo piso donde nos tiramos al suelo en el pasadizo del segundo piso (…)”».

Tomado de: Diario Oficial, martes 17 de junio de 1986, página 50.

4. El Tribunal Especial de Instrucción Criminal (TEI) Terminados los dolorosos hechos del asalto al Palacio de Justicia y su recuperación por parte del Estado colombiano, el Gobierno Nacional en cabeza de su presidente, doctor Belisario Betancur Cuartas, y con la anuencia y colaboración de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Decreto 3300 de 1985, dio creación a un Tribunal Especial para que adelantara la Instrucción Criminal de los hechos. El encargo recayó en los Magistrados Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, con la ayuda de diez Jueces de 33

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Instrucción Criminal y más de treinta especialistas en todo tipo de labores criminalísticas. No fue simplemente un funcionario con dos personas, como sucedió 20 años después. En 1985 el equipo de trabajo investigativo fue muy competente y muy completo. Resulta inexplicable, además de ilegal, el que tantos años más tarde se pretenda desconocer tamaña investigación.

El TEI rindió su informe el 31 de mayo de 1986 al Presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. Su validez jurídica quedó ratificada al ser promulgado en el Diario Oficial No. 37509 del 17 de junio de 1986, publicación aprobada a su vez por el Decreto 1917 de 1986 en la misma fecha.

5. Los dos grupos de los denominados desaparecidos El Tribunal Especial de Instrucción Criminal manifestó que hay dos grupos de los llamados desaparecidos: «Dos grupos bien definidos existen que pueden ser cobijados bajo esta denominación.

«El primero está integrado por los empleados de la cafetería, una visitante habitual del Palacio la doctora Gloria Anzola de Lanao, y dos visitantes ocasionales, doña Norma Constanza Esguerra proveedora de pasteles y tortas de la cafetería, doña Lucy Amparo Oviedo de quien sus familiares informan que luego de una visita al Tribunal Superior del Distrito, planeaba encontrarse con su paisano el doctor Alfonso Reyes Echandía, para solicitar su intercesión ante quien tramitaba su aspiración de conseguir empleo en la rama jurisdiccional.

«El segundo grupo lo forman los guerrilleros que lograron salir con vida del Palacio de Justicia (…).

«Tratemos el caso del primer grupo.

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«Los trabajadores de la Cafetería eran: Carlos Augusto Rodríguez, Administrador; Cristina del Pilar Guarín Cortés, Cajera Interina; el chef David Suspes Celis, Luz Mery Portela León, Ana Rosa Castiblanco, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán y Gloria Stella Lizarazo.

«La cafetería funcionaba normalmente y es de presumir que los empleados se preparaban para atender a la clientela que habitualmente tomaba allí su almuerzo.

«Norma Constanza Esguerra llegó a esa hora para cumplir sus compromisos, acompañada de una prima suya, minusválida, de nombre Amparo Peña, quien permaneció esperándola dentro de su automóvil estacionado frente a la Catedral por la Carrera 7ª en la acera occidental.

«Ha sido imposible encontrar a estas personas vivas o muertas.

De ahí su denominación de desaparecidos.

«Se dio importancia excepcional a la investigación de estas desapariciones y por tal motivo se encargó a un juez –el Noveno de Instrucción– para que adelantara las pesquisas necesarias.

El Juez oyó a todos los familiares, evacuó las citas que ellos hicieron, celebró larguísimas y repetidas sesiones de observación de las películas filmadas por las programadoras de televisión sobre liberación de rehenes, todo sin resultado positivo alguno en cuanto a la localización de los desaparecidos (…)».

Tomado de: Diario Oficial, 17 de junio de 1986, página 49.

6. Por qué de la cafetería fueron conducidos al cuarto piso Ésta es una pregunta que muchos colombianos se hacen.

Hay que recordar que los planes de ocupación del Palacio de Justicia elaborados por el M-19 fueron encontrados por la Policía Nacional en el allanamiento a una casa en el barrio 35

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Calvo Sur, lugar de donde salieron la mayoría de quienes cometieron el asalto. Allí, además de propaganda comunista y panfletos alusivos al M-19, se encontraron municiones y material de guerra inservible descartado por los bandidos para su acción criminal, fotografías y documentos varios. Entre los documentos se halló el plan del asalto.

Al respecto dice lo siguiente el Tribunal Especial de Instrucción en su informe publicado en el Diario Oficial del 17 de junio 1986, página 49: «(…) No puede decirse que todo en esta parte de la investigación haya sido negativo. Hay indicios de bastante entidad (sic) sobre la suerte corrida por estas personas.

«Se explicó al principio que el plan de la toma comprendía la concentración de los rehenes en las salas de deliberación de la Corte. Esto es comprensible porque el reducido número de los participantes en la acción no permitía su dispersión en la custodia de agrupaciones pequeñas de rehenes y, además, perdía entidad la captura. Fue así como, a lo sumo, se formaron tres grupos: dos en el cuarto piso (uno era el de los rehenes fundamentales) y el tercero que al final vino a ser el que guardaba Almarales en la Zona Noroccidental.

«La cafetería disponía, por razón de los servicios que prestaba, de una escalera privada que la comunicaba con el sótano por donde se proveía de elementos de consumo, y con los pisos segundo y tercero, para la atención de aquellas personas y entidades que ocupaban las partes altas del edificio (ej. reuniones de Sala Plena).

«Para acceder al cuarto piso desde la Cafetería y por esta escalera privada se hace necesario hacer un recorrido por el corredor del tercero, aledaño a la tribuna superior del salón de audiencias y ascender luego por la escalera principal del sector sur.

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El incendio del Palacio de Justicia generado por el M-19, ocasionó varios de los muertos en los luctuosos hechos.

Imagen tomada de: Archivo Biblioteca de las Fuerzas Militares de Colombia.

«Hechos hay que indican el traslado de los ocupantes de la cafetería al cuarto piso por la vía que se deja descrita: «En el corredor mencionado, los soldados que avanzaban ocupando el sector, hallaron tortas o pasteles que, hambreados (sic), consumieron a pesar de naturales recelos sobre trampas o “cazabobos” como ellos denominan los artefactos dispuestos para destruir soldados incautos. Estos pasteles tuvieron que ser llevados de la cafetería y no parece probable que tengan origen distinto a la fábrica de la proveedora señorita Esguerra, quien minutos antes acababa de surtir la despensa del establecimiento.

«Véase sobre este episodio la declaración del soldado Manuel Eduardo Becerra Rojas, rendida ante el Juez 77 de Instrucción Criminal».

Tomado de: Ibídem.

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7. Calcinados por el fuego desatado por el M-19 «(…) Así mismo en el cuarto piso al lado de los restos calcinados de un cadáver no identificado, se encontraron objetos de adorno personal que los familiares de la misma señorita Esguerra reconocieron como de su pertenencia y que, precisamente, usaba el día de la tragedia (…).

«Capítulos atrás se dejo establecido que en el cuarto piso se encontraban (presencia explicable y justificada) treinta y tres personas, así: nueve Magistrados, tres Magistrados auxiliares, doce Funcionarios de Secretaria, el Capitán de la Policía, los cinco integrantes de la escolta de los Magistrados, la ascensorista y dos visitantes ocasionales. «(…) Veinticinco personas, además, que no hacían parte de la nómina de la Corte o del Consejo, que no visitaban profesional u ocasionalmente a estos organismos, perecieron en el cuarto piso. Si quince asaltantes murieron en otros sectores del Palacio y fueron plenamente identificados, debe concluirse que catorce de esas veinticinco personas que perecieron allí eran guerrilleros y las restantes eran ajenas tanto a las instituciones como a la guerrilla (…).

«Estos cadáveres no identificados, que no corresponden a guerrilleros, que no son de empleados porque la nómina aparece completa entre sobrevivientes e incorporados a las listas de fallecidos ya citadas, son incuestionablemente, de personas desaparecidas. Y las únicas de que se ha dado cuenta a la autoridad, durante estos acontecimientos, son las mencionadas al principio de este capítulo (…)».

Tomado de: Diario Oficial, 31 de mayo de 1986.

Todo esto es corroborado por hechos posteriores en el proceso de identificación de cadáveres. Los restos de Norma Constanza Esguerra, la proveedora de pasteles de la cafetería, fueron 38

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hallados en el cuarto piso, al igual que los del Magistrado Serrano Abadía, con los cuales se confundieron. También fueron hallados allí los de la empleada de la cafetería Ana Rosa Castiblanco, identificada con pruebas de ADN en el 2001.

Luego se corrobora que lo afirmado por el Tribunal Especial de Instrucción es acertado. Sus cadáveres encontrados en el cuarto piso del Palacio de Justicia estaban calcinados y fueron sepultados en la fosa común del Cementerio del Sur. Ahora la nueva investigación —ordenada por el Fiscal Mario Iguarán y conducida por la ‘Fiscal de Hierro’ Buitrago— desconoce esos hechos, presumiblemente para sacar en limpio al M-19 y a sus aliados de la mafia, mientras se culpa al Ejército de un absurdo: martirizar y asesinar o desaparecer personas que no tenían nada que ver con el conflicto.

Entonces surge la pregunta: ¿si los empleados llevados al cuarto piso murieron calcinados, porqué el cuerpo de Cristina Guarín no estaba calcinado?

Surgen la presunción y el temor de que ella fuera la mujer de sastre azul que secuestró a los ocupantes de la cafetería. En ese caso, como miembro del grupo asaltante, se limitó a llevar a esas personas al cuarto piso y siguió combatiendo contra las fuerzas del orden.

8. Dificultades en los levantamientos Al respecto dice así el informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal: «(…) Los problemas surgidos con los cadáveres del cuarto piso fueron más complejos por el alto estado de calcinamiento que la mayoría de ellos presentaba y que, al moverlos para su reconocimiento o simplemente palparlos, los hacía perder su forma o los dejaba incompletos.

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«Las diligencias se hicieron por funcionarios autorizados pero, insistimos, sin el concurso –que se habría podido conseguir– del Instituto de Medicina Legal y de otros profesionales altamente calificados, cuya cooperación habría sido realmente útil para la identificación y los resultados de la necropsia.

«De haberse programado en debida forma la acción conjunta de funcionarios de instrucción y de unidades de Policía Judicial, de una parte, y de la otra, de los profesionales expertos del citado Instituto de Medicina Legal, con la natural participación de familiares y allegados de las víctimas, habría sido posible obtener resultados más positivos para la investigación. Incluso, con respecto a los cadáveres del cuarto piso, que conformaban una sola masa con los escombros del incendio, ha debido pensarse en la conveniencia de practicar los reconocimientos, levantamientos y necropsias, o por lo menos iniciar esta última diligencia, en el mismo lugar de la tragedia, para continuarla en el Instituto de Medicina Legal con el ordenado y cuidadoso traslado de los despojos (…)».

Tomado de: Diario Oficial No. 37509 del 17 junio 1986, página 51.

La declaración de Armando Heliodoro Quijano Becerra, bombero de la estación de Puente Aranda, explica el desorden con el que las autoridades encargadas de los levantamientos actuaron. Por tanto es posible que, debido a la recolección desordenada de los restos, en una bolsa hubiera más de un cadáver. «(…) Fuimos a colaborar con la identificación y levantamiento de cadáveres que se estaba efectuando dentro del Palacio.

De la central salimos aproximadamente a las nueve de la mañana, llegamos al Palacio a las 9:20, aproximadamente, e inmediatamente fuimos o nos pusimos (sic) a disposición de los jueces y médicos que estaban efectuando la labor de reconocimiento de cada uno de los cadáveres encontrados.

Nuestra misión era específicamente ayudar a encontrar partes como prótesis, anillos, esferos, etc., que fueron o ayudaron (sic) a la posible identificación de cadáveres (…).

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«Posteriormente debíamos meterlos en una bolsa plástica con todas la partes del cuerpo encontradas y trasladarlos a la planta baja de la edificación. Estos cadáveres que ayudé a trasladar se encontraban en el cuarto piso del Palacio. Nuestra labor terminó aproximadamente a la una de la tarde, hora en la que se efectuó el relevo del personal y nosotros nos reunimos o devolvimos a la Estación Central. El médico legista, como había varios, al cual nosotros no le prestábamos colaboración (sic), ignoro los nombres de los médicos que efectuaron el levantamiento. Me parece que había un Juez, pero no supe quién era. También se encontraban Oficiales de la Policía. El médico era el que determinaba cuándo se podía mover y trasladar el cadáver. Los bajamos hacia la planta baja o primer piso, al patio. Aproximadamente logré bajar de quince a veinte cadáveres. El estado en que se encontraban los cadáveres era totalmente carbonizados (sic), solamente se encontraba en la mayoría el tronco, ya que las extremidades habían desaparecido por completo. También se les encontraba la cabeza… Mi labor era únicamente recoger los cadáveres que se me indicaban. El recorrido que efectué por el Palacio fue muy mínimo (sic), es decir, solamente en el área donde encontré los cadáveres que mencioné, en el cuarto piso… Lo único que hice fue ir al cuarto piso para bajar un cadáver y volver al cuarto piso por otro. Muchas veces los bajaba en un platón y otras a brazo limpio, envueltos en la talega plástica… En el lugar donde se encontraban, muy cuidadosamente buscábamos las pertenencias, posibles pertenencias alrededor del cadáver; luego, si le quedaba ropa o pedazos de ella, buscábamos dentro de los bolsillos y posteriormente los envolvíamos en las talegas plásticas. Antes de mover el cadáver se describía el lugar donde se encontraba, se tomaban fotos del mismo y luego sí se procedía a lo anteriormente mencionado, es decir, a echarlo en la talega plástica previa la esculcada de los bolsillos para establecer las pertenencias, a los que se les podía hacer ello (…)».

Tomado de: Ibídem, página 52 (negrillas fuera del texto).

Jorge Eduardo Vargas López, teniente tercero del Cuerpo de Bomberos, dijo: 41

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«(…) Únicamente hice el recorrido de la entrada principal por la escalera hasta el último piso, al costado oriental, que era donde se encontraban los cadáveres. En general, de la mayoría únicamente existían los troncos y de otros ya muy poca parte las quedaba del cuerpo (…)».

Tomado de: Ibídem.

El informe del Tribunal señala: «(…) Como se pudo apreciar en los testimonios anteriores, se trasladaron los cadáveres al primer piso. Allí aparecieron incompletos o desintegrados. Es de suponer que esto no habría ocurrido de haberlos dejado en su sitio hasta la culminación de las correspondientes diligencias, pues no se ve claro cómo, por ejemplo, cerca del tronco no aparezca la cabeza de un mismo cadáver.

«Insistimos en que al menos el desplazamiento de los despojos mortales del piso en donde se encontraban al primero, dio lugar a las situaciones relacionadas.

«Es de anotar que las pertenencias de cada una de las víctimas habrían aportado mayor fundamento de identificación de haberse dejado en el piso donde estaban, al pie de los respectivos cadáveres, sin trasladarse al primer piso, corriendo los riesgos de equivocaciones, como las que en realidad ocurrieron, lo que habría hecho posible, finalmente, su relación o inventario.

«Los despojos humanos, como era de esperarse, después de las primeras diligencias se remitieron al Instituto de Medicina Legal, en donde se facilitó su reconocimiento a los familiares y allegados, para su identificación legal (…)».

Tomado de: Ibídem.

Los investigadores del Tribunal Especial de Instrucción Criminal hicieron las siguientes observaciones: 42

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«(…) Por lo visto se tropezó con dificultades graves por la indebida intervención de personas que, con imprudencia, destruyeron huellas o eliminaron algunos aspectos trascendentales.

Concretamente, nos referimos a la forma indiscriminada como se apilaron cadáveres y elementos materiales, cambiándolos de sitio y luego, con el pretexto de asear el edificio, se hicieron desaparecer o se extraviaron piezas que habrían sido de gran ayuda en la eliminación de muchos vacíos probatorios.

«Cuando el Tribunal inicio (sic) actividades (18 de noviembre) ya se había consumado el atropello, sin que hubiera sido posible aplicar correctivos. El afán de limpiar los escombros hizo que, indiscriminadamente –se repite–, equipos numerosos de aseadoras lanzaran a volquetas estacionadas dentro del edificio toda clase de objetos, a extremo tal que hasta huesos humanos fueron tirados a la basura. Los mismos autores del desaguisado lo informan en sus declaraciones rendidas en el expediente.

«El propio director del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, doctor Egon Lichtenberger, hizo serias observaciones a la forma y procedimientos empleados por los encargados del manejo de los cadáveres, de sus vestidos y pertenencias. Relacionó, al efecto, algunas de las irregularidades de los cadáveres. En el testimonio que transcribimos en sus partes esenciales aparece, al autorizado criterio del doctor Lichtenberger, así: «“(…) Al comienzo llegaron cadáveres intactos, o sea no carbonizados, y al segundo día, si mal no recuerdo, recibimos aproximadamente 65 cadáveres de personas en avanzado estado de carbonización. Hasta donde recuerdo, todos los cadáveres no incinerados presentaban lesiones por armas de fuego, por esquirlas o granadas. Los cadáveres carbonizados también presentaban evidencia de lesiones por arma de fuego, ya que en varios de ellos se localizaron mediante radiografías y necropsia proyectiles de armas de fuego. La identificación de los cadáveres carbonizados presentaba muchas dificultades y se logró, ya sea por pertenencias personales, por fragmentos de ropa, por el 43

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estudio odontológico, por antecedentes quirúrgicos que figuraban en historias clínicas o por relato de los familiares, antecedentes que se podían comprobar mediante la autopsia. «“Cadáveres relacionados con los hechos del Palacio comenzaron a llegar desde el mismo día de la toma; me refiero al caso de un transeúnte que fue muerto en la carrera 8a.1 y de algunos miembros de la Policía que fallecieron también en el primer día. Los demás cadáveres llegaron los días 7 y 8, y recuerdo que el último cadáver llegó el domingo 10 o el lunes 11 de noviembre a las seis de la tarde, tratándose de un hombre calcinado que fue encontrado bajo muro que se derrumbó, posiblemente por el incendio del edificio.

Después de ese caso no llegaron más cadáveres procedentes del Palacio de Justicia. No le puedo dar el dato de si ese cadáver pudo ser reconocido o no; el dato debe estar en el Instituto. (…) Recuerdo que los últimos que llegaron fueron los carbonizados, cuyo número era alrededor de 65, aproximadamente (…). «“Quisiera comentar que la labor de identificación de los cadáveres se vio dificultada porque hubo fallas en el levantamiento de los occisos en el Palacio de Justicia. Para citar ejemplos, los muchos cadáveres no calcinados llegaron sin las ropas respectivas, y en cuanto a los cadáveres carbonizados, algunos identificados como hombres resultaron ser de sexo femenino. Había bolsas de plástico que contenían restos de dos o más cadáveres” (folio 159, Juzgado 23).

«Los conceptos del director del Instituto de Medicina Legal aparecen corroborados en el experticio rendido por una comisión técnica, integrada por calificados funcionarios del mismo Instituto, al señor Juez 77 de Instrucción Criminal Ambulante, el día 14 de mayo, próximo pasado. Sobre el particular expresaron: «“Deseamos agregar que desde un principio las labores de investigación en este caso han sido bastante difíciles, por cuanto los levantamientos de los cadáveres carecieron en este caso de todo criterio técnico y científico al mover los cuerpos del lugar de 1 Se refiere a René Acuña Jiménez. (N. del A.).

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los hechos, al retirar las prendas y no embalarlas adecuadamente, sino por el contrario fueron mezcladas y posteriormente enviadas en un camión aparte aquí, a las instalaciones del Instituto, lo que hizo que fuera aún más difícil la labor de identificación de los cadáveres. Además, durante los mencionados levantamientos se recogieron en bolsas plásticas, en forma indiscriminada, restos calcinados correspondientes a diferentes personas”.

«Serias críticas se pueden formular igualmente al caótico manejo de los vestidos de las víctimas y de sus pertenencias, que con excesiva dificultad pudieron reconocer y reclamar los familiares.

Algunas ropas ensangrentadas tuvieron que ser incineradas por el avanzado grado de descomposición y putrefacción que adquirieron, que hizo imposible conservarlas por más tiempo en una dependencia judicial en donde se guardaban. Además, su manejo se hizo difícil porque se confundieron las prendas de distintas personas. Retiradas de las víctimas, al final de cuentas ninguna utilidad prestaron para la investigación.

«Equivocaciones como las comentadas hicieron posible encontrar elementos de unas personas al lado de cadáveres de otras, dando lugar a graves errores en la identificación (…)».

Tomado de: Ibídem, páginas 52 y 53.

9. Los reconocimientos de videos en 1985 y 1986 Continúa el informe del TEI: «(…) No hay, de otra parte, la menor evidencia sobre evacuación de estas personas. Ninguno de los rehenes liberados, conocedores en su mayoría de estos empleados que diariamente les atendían en sus comidas o refrigerios, los menciona como presentes en el edificio a partir de la toma o como fuera de él, después de la recuperación.

«En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería.

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«Para el Tribunal es evidente que no tenían vinculación alguna con la guerrilla. Eran rehenes como cualesquiera otros y, en tal carácter, fueron sometidos al tratamiento que dispensaron los guerrilleros a los demás capturados. Aparece como hecho cierto que su lugar de trabajo fue ocupado en los momentos iniciales de la toma, con lo cual se está diciendo que no hay lógica en el planteamiento, según el cual estos rehenes deberían haber recibido un tratamiento distinto por los guerrilleros consistente en eximirlos de captura y custodia, cuando el plan general era el de concentrar todo el personal encontrado en el Palacio.

«La corroboración testimonial de este hecho trascendental la suministra Eduardo Matzon Ospino, el estudiante de Derecho a quien se ha hecho referencia en el curso de este informe y quien se encontraba en la cafetería en los momentos iniciales del asalto (…)».

Tomado de: Ibídem, páginas 49 y 50.

Matzon Ospino, en su testimonio, deja claro que cuando el M-19 secuestró a los empleados de la cafetería, el Ejército no había llegado a la Plaza de Bolívar. Es decir que cuando el Ejército hizo su arribo al Palacio de Justicia, los empleados de la cafetería ya debieron estar en el cuarto piso, sitio de reclusión de rehenes según los planes del asalto elaborado por el M-19.

La señora embarazada era Ana Rosa Castiblanco cuyo cadáver, proveniente del cuarto piso del Palacio de Justicia, fue encontrado en el Laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional, y mediante pruebas de ADN se comprobó su identidad.

10. La conclusión decimoséptima falseada por la Fiscal Y en la parte final, correspondiente a las Conclusiones, el Tribunal Especial de Instrucción afirmó:

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«(…) Decimoséptima. Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Luz Mary Portela León, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán y Gloria Stella Lizarazu, integraban el personal que atendía el servicio de la cafetería en el Palacio de Justicia.

«La señorita Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles del establecimiento, entró a la cafetería momentos antes de iniciarse la toma del edificio.

«La doctora Gloria Anzola de Lanao y la señorita Lucy Amparo Oviedo habían ingresado en el curso de la mañana y ellas, como los demás mencionados, se consideraron desaparecidas porque sus cadáveres no fueron identificados, caso de haber muerto, ni han aparecido con vida luego de la recuperación del Palacio.

«El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir en que (sic) tales personas fallecieron en el cuarto piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos (…)».

Y más adelante: «(…) Tal prueba se puede resumir así: d) Del número y comprobación de los cadáveres aparecidos en el cuarto piso, examinadas las nóminas de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, comprobado el número de evadidos, existe un grupo de cadáveres que necesariamente corresponden a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista que se presenta al principio de este capítulo (…)».

«Firman: Magistrados Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata».

Tomado de: Diario Oficial del 17 de junio de 1986 (negrillas fuera de texto).

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Luis Alfonso Plazas Vega

11. No se podía desconocer el valor probatorio del informe del TEI Sin embargo, la Fiscal Buitrago y la Juez Jara lo desconocieron. El Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera, Consejero ponente Ricardo Hoyos Duque, sentencia del 28 de enero de 1999, Expediente 12623: Indemnización de perjuicios materiales a los familiares de Héctor Jaime Beltrán Fuentes) se pronunció en contra de los abogados del Ministerio de Defensa Nacional que pretendieron desconocer el valor probatorio del informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal, creado mediante Decreto 3300 de 1985, y manifestó: «(…) La sala no comparte los argumentos expuestos por la parte recurrente (Ministerio de Defensa Nacional) en torno al valor probatorio otorgado al informe del Tribunal Especial, por cuanto su calidad de documento público mal podría desconocerse si se tiene en cuenta que se ajusta a lo previsto en el inciso tercero del Artículo 251 del C. de P.C., ya que los miembros de dicho Tribunal fueron especialmente designados por el Gobierno Nacional para investigar lo sucedido en el Palacio de Justicia y al elaborarlo cumplían una función pública en ejercicio de su cargo (…)».

Tomado de: Proceso 9755-4 de la Fiscalía General de la Nación, Cuaderno 1, folio 95 (negrillas fuera de texto).

Esta decisión del Consejo de Estado sirvió para pagar indemnizaciones a los desaparecidos del Palacio de Justicia, pero no valió para dar la libertad a los militares presos por los supuestos desaparecidos.

12. No hay desaparecidos sino «sin identificar» También el Consejo de Estado, en otra providencia de la Sección Tercera, (Consejero Ponente Juan de Dios Montes 48

¿desaparecidos? El negocio del dolor

Hernández, en sentencia del 14 de julio de 1997, Expediente 11377: Indemnización de perjuicios materiales a los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera) dijo: «(…) Los llamados desaparecidos o fueron enterrados sin identificación en fosa común o quedaron en poder de las autoridades que controlaron la situación la cual estaba en la obligación de devolverlos sanos y salvos. En el expediente no hay prueba de esto último (...)».

Tomado de: Proceso 9755-4 de la Fiscalía General de la Nación, Cuaderno 1, folio 67 (negrillas fuera de texto).

Vale la pena señalar cómo esta decisión del Consejo de Estado sirvió también para pagar indemnizaciones a los desaparecidos del Palacio de Justicia, pero no ha querido tenerse en cuenta por los operadores judiciales del proceso contra los militares, para concederles la libertad por los supuestos desaparecidos que, como se observa, fueron víctimas del M-19.

El Juez 30 de Instrucción Criminal Alfonso Triana Rincón, en su diligencia de ampliación de términos de la investigación, el 8 de Enero de 1988, estableció: «(…) El segundo aspecto es el relacionado con las personas que para este proceso se encuentran como DESAPARECIDAS, denominación que se ha hecho a raíz de que no aparecen identificadas, ni con la necrodactilia, ni por sus familiares al momento de hacer estos reconocimientos o por lo menos tratar de hacerlo según el propio Fiscal Segundo Especializado en su escrito; lo cierto es que todos los familiares de los empleados de la cafetería y visitantes ese día en el Palacio de Justicia que también se encuentran desaparecidos, son acordes y unísonos en sus declaraciones al afirmar que en varios días entraron al instituto de Medicina Legal, observaron los cadáveres y ninguno de esos cadáveres correspondía a sus seres queridos.

Entonces, lo que el Despacho ha querido demostrar es que en verdad no hay más cadáveres que hayan ingresado al 49

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Instituto de Medicina Legal y el número de cadáveres remitido al Cementerio del Sur corresponde con el número entregado por el Instituto de Medicina Legal y el número de licencias de inhumación aportadas al proceso (…)».

Tomado de: Proceso 9755-4 de la Fiscalía General de la Nación, Anexo 82B, folio 191.

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