JP Planning: 22 años de liderazgo en Ingeniería y Gestión Predial

• Ing. José Antonio Núñez, gerente general: Sería importante contar con mecanismos institucionalizados que busquen alcanzar acuerdos y que se propongan más incentivos entre los concesionarios de los proyectos mineros y los propietarios superficiales. • La empresa brinda el servicio Frente de Construcción (FDC), conformado por un equipo de profesionales especialistas en solución de conflictos, inventario de recursos, catastro, tasaciones y negociación, esto con la finalidad de mitigar retrasos de trabajo en la etapa constructiva de un proyecto.

Ing. José Antonio Nuñez.

Ingeniero Núñez, En el Perú se presentan con frecuencia problemas de tierras y saneamiento predial en proyectos mineros, ¿cuáles son las causas y las posibles soluciones? - La noción de propiedad ha evolucionado a lo largo de los años, sin embargo, la problemática de la tenencia de la tierra sigue siendo un tema delicado, sobre todo si hablamos de proyectos mineros, ya que las actividades mineras suponen no solo la afectación de derechos de propiedad, sino también la enervación de la sostenibilidad de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, que en consecuencia generan también una problemática social ambiental.

Adicionalmente a ello, se suma que los procesos de saneamiento y formalización de la propiedad, actualmente siguen planteando grandes retos, esto debido a la falta de políticas claras sobre el ordenamiento territorial, a la existencia de limitaciones para acceder a derechos de propiedad y a los complejos trámites administrativos que se deben efectuar para obtener la titulación, complementado con la poca capacidad de acción de las correspondientes instituciones.

Consideramos, que sería importante contar con mecanismos institucionalizados que busquen alcanzar acuerdos y que se propongan más incentivos entre los concesionarios de los proyectos mineros y los propietarios superficiales.

Un buen mecanismo, sumado con un mejor diálogo podrían reducir los niveles de conflictividad que existen actualmente en el Perú, respecto de los proyectos mineros.

¿Cómo acompaña JP Planning en los frentes de construcción de proyectos?

- JP Planning al ser una empresa especializada en gestión predial, brinda el servicio denominado Frente de Construcción (FDC), conformada por un equipo de profesionales especialistas en solución de conflictos, inventario de recursos, catastro, tasaciones y negociación, esto con la finalidad de mitigar retrasos de trabajo en la etapa constructiva de un proyecto.

La labor de las brigadas (FDC) consiste en atender de forma inmediata los reclamos que se van generando al momento de la etapa constructiva del proyecto, en temas de gestión predial, esto involucra la revisión de los contratos suscritos, compensaciones y/o contraprestaciones realizadas, atención en áreas adicionales propias de la ejecución y construcción del proyecto, llegando a un acuerdo en el momento, si el reclamo lo amerita. Por otro lado estas brigadas son las encargadas de evitar que la empresa constructora no paralice sus actividades por temas de gestión predial.

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de las brigadas frente de construcción?

- Tener a las brigadas FDC en el proceso constructivo de un proyecto, ayuda a que esta actividad se desarrolle de forma constante, logrando de esa manera que los tiempos programados no se vean afectados, asimismo que la población de influencia directa se sienta atendida de forma inmediata y directa por la empresa, creando de esta manera una mejor comunicación entre empresa, comunidad y/o propietarios.

¿Cuáles son los servicios de mayor demanda en el tema de permisos?

- Hoy en día podríamos indicar que los servicios con mayor demanda son:

• Obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE):

Servicio que brinda una asesoría técnica/legal y acompañamiento personalizado en el procedimiento administrativo correspondiente, hasta lograr la Obtención del Certificado ITSE en total cumplimiento de la normativa técnica vigente. Nuestro servicio empieza con una evaluación e inspección de las condiciones de seguridad (a nivel arquitectónico, estructural e instalaciones eléctricas), verificando la correcta implementación de equipos de seguridad y tableros eléctricos necesarios de acuerdo a la función de cada edificación; asimismo, evaluamos el tipo de riesgo del objeto de inspección para determinar qué clase de ITSE se requiere solicitar.

Finalmente, de acuerdo a las visitas y evaluaciones realizadas, elaboramos los planos de arquitectura, seguridad y diagramas unifilares para la conformación del expediente técnico a presentar en la municipalidad correspondiente. Brindamos, además, el servicio de acompañamiento en el desarrollo de las inspecciones realizadas por el ente fiscalizador, y de ser el caso, nos encargamos del levantamiento de observaciones, a fin de obtener satisfactoriamente el nuevo certificado ITSE.

• Determinación del Cálculo del Impuesto Predial:

Para la Determinación del Cálculo de Impuesto Predial, contamos con una metodología didáctica y sustentada a través de un informe técnico apoyado en la normativa vigente. Nuestro servicio inicia con una visita técnica, y de corresponder, realizamos, paralelamente, el levantamiento topográfico de las edificaciones y obras complementarias. El informe técnico, que elaboramos como resultado de la visita realizada, contiene el plano esquemático con los componentes para la determinación del impuesto predial; la planilla de cálculo de las edificaciones y obras complementarias totalmente compatibilizado con el plano elaborado; y un registro fotográfico y técnico de cada uno de los elementos considerados para la obtención del valor del auto avalúo.

Elaboramos, también, las declaraciones juradas a modo de resumen con los valores finales del impuesto predial; además de brindar el asesoramiento y acompañamiento técnico ante las autoridades competentes.

Contamos con amplia experiencia en centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, plantas eólicas y solares y fabricas industriales.

• Regularización de Edificaciones para Declaratoria de Fábrica de propiedad exclusiva y propiedad común:

Servicio dirigido a regularizar aquellas edificaciones construidas hasta antes del 31 de diciembre del 2016, que se encuentren en zona acreditada como urbana o cuenten con el proyecto de habilitación urbana aprobado, y hayan edificado sin contar con licencia de edificación u otro. Este procedimiento se apoya en la Ley N° 27157 “Ley de regularización de edificaciones”, y se realiza ante los Registros Públicos correspondientes.

JpPlanning realiza la asesoría técnica/legal en cada caso y desarrolla los planos de arquitectura y ubicación para la conformación del expediente técnico; asimismo, cuenta con verificadores técnicas quiénes son los responsables de la entrega de la documentación en total cumplimiento con lo estipulado en la Norma. Finalmente, gestionamos el ingreso del expediente ante la entidad que corresponda y realizamos el seguimiento respectivo hasta la inscripción de la declaratoria de fábrica.

¿Qué bases son indispensables para construir una relación comunitaria sólida y de mutua colaboración en un proyecto minero?

- Las bases para construir una relación comunitaria sólida se inician con un acercamiento adecuado que permita fundar la confianza desde el primer encuentro. Un entorno social bien informado, permite la apertura para comprender las posiciones de los stakeholder locales e identificar los intereses. Las alertas de oportunidades se deben anticipar para alejar el conflicto como posible resultado de un proceso. También las ausencias de información, las mismas que identificadas debemos traducirlas en necesidades, las cuales deben superarse desde el inicio. Insistiremos en pensar que un entorno social desinformado es permeable a la información negativa, dándole forma a sus temores sin respuesta.

La mutua colaboración es el resultado de acciones que se sostienen desde la confianza; conversan con una política de puertas abiertas y fundamentalmente, al cumplimiento de compromisos sociales, que pueden ser el resultado de gestiones desde los grupos de interés o por iniciativa de la empresa.

Es importante que el área de relaciones comunitarias y el área de monitoreo y supervisiónde los proyectos, clasifique la información diaria y sistematicen las necesidades de información para que la propuesta de gestión social sea a su vez, dinámica y correspondiente al contexto.

¿Qué principales problemas se presentan en la resolución de conflictos y negociación, Ing. Núñez?

- Hemos ingresado en un período en que las relaciones entre empresa y comunidad tienen diferentes representaciones por parte de la comunidad o comunidades. Cada escenario tiene sus particularidades y se está permitiendo que se generalicen los problemas creando confusión. Por eso es importante que la iniciativa de negociación siempre esté de lado de la empresa en una actitud de apertura y de difusión permanente. Identificar los intereses de los actores pasa por apreciar los vínculos y legitimidad que los unen a sus bases. Es importante observar si los interlocutores son válidos y representan a la comunidad. Ese es en este momento, el principal problema, la legitimidad de los representantes y la identificación de sus intereses.

Apelar a los canales de confianza con la población no sólo pasa por vincular a sus dirigentes en los procesos de desarrollo social y responsabilidad, sino que deben mostrar homogeneidad en su representación. Fortalecer a la comunidad y sus representantes para negociar con interlocutores que puedan expresar

sus intereses reales es la mitad avanzada de la negociación. La formación y apoyo a la capacitación de los dirigentes es promover que puedan realizarse acercamientos significativos y superar la influencia de algunos grupos, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un proceso electoral de nivel regional y local.

En ese sentido, nosotros facilitamos ese acercamiento y promovemos la confianza entre la empresa y la comunidad, con una lectura adecuada del contexto social para comprender las expectativas reales y orientándolas a acuerdos justos como son desde el inicio del proyecto, el uso de la propiedad y el bienestar en sus diferentes valoraciones.

Las compañías mineras afirman que los EIA en el Perú demoran más de lo necesario, ¿Cuáles son las causas?

- El ciclo de un EIA podría determinarse en cuatro pasos: 1) Elaboración de permisos previos, 2) La evaluación y aprobación de los mismos, 3) Elaboración del EIA y 4) Evaluación y aprobación del EIA.

Existen tiempos que los titulares del proyecto, como es el caso de las compañías mineras, y las consultoras ambientales, pueden controlar en el ciclo de un EIA; sin embargo, los tiempos más largos son aquellos que corresponden a la evaluación y aprobación por parte de las autoridades y que no podemos controlar.

Los permisos previos son por ejemplo los EVAP, términos de referencia, plan de participación ciudadana, permisos ante SERFOR para toma de muestra de flora y fauna, permisos ante PRODUCE para la toma de muestra de recursos hidrobiológicos, compatibilidad de uso ante SERNANP, entre otros. La elaboración de estos documentos puede demorar entre 1 a 2 meses aproximadamente, todo dependerá de la complejidad del proyecto y la eficiencia y eficacia de la consultora; sin embargo, la principal demora radica en la aprobación de dichos permisos previos, dado que en promedio las autoridades demoran en aprobar entre 1 a 6 meses en algunos casos.

En esta primera etapa (paso 1 y 2) estaríamos en un promedio de 8 meses, y aun no se ha empezado a realizar el EIA.

El paso 3) es la elaboración del EIA, documento amplio y complejo donde interviene un equipo multidisciplinario, por ello se requiere un tiempo relativamente largo para su elaboración marcado por la necesidad de caracterizar el ambiente en dos ciclos hidrológicos, es decir una época seca y una época húmeda; además de realizar talleres participativos con la población del área de influencia directa del proyecto. El tiempo aproximado para la elaboración del EIA es de 5 a 8 meses.

La evaluación y aprobación del EIA puede demorar en muchos casos desde 5 a 8 meses, considerando que como parte de la evaluación siempre la autoridad da una ronda de observaciones.

Se debe tener presente que los tiempos para absolver las observaciones siempre son estáticos, es decir, si el consultor no cumple con el tiempo que la autoridad ha brindado, el EIA puede ser desaprobado; sin embargo, el tiempo para evaluar los EIA o los permisos previos pueden extenderse mucho sin tener silencio administrativo positivo.

Cabe precisar que en algunos casos las autoridades tienen tiempo preestablecido para evaluar y pronunciarse; sin embargo, en muchos casos este tiempo se extiende más de lo establecido o se congela debido a que la autoridad pide opiniones técnicas vinculantes o no vinculantes a otras autoridades.

En conclusión, en promedio la aprobación de un EIA desde los permisos previos puede demorar dos años en el mejor de los casos.

¿Qué mejoras recomendaría para las normas ambientales que rigen en el Perú?

- Muchas veces las normas que son publicadas en El Peruano son adaptaciones de normativa extranjera; sin embargo, estas adaptaciones consideran solo el tema legal y no son elaboradas bajo un ojo técnico para su aplicabilidad en nuestra realidad.

Consideramos que las normas ambientales deben ser dinámicas y evolutivas, siendo cada vez más estrictas; este dinamismo y evolución debe ser concordante con nuestra realidad, tecnología y desarrollo económico.

Los estudios ambientales deben ser uno de los títulos habilitantes más importantes en la concepción de un proyecto sin llegar a ser un talón de Aquiles que termine por demorar un proyecto o en el peor de los escenarios terminen por no realizarse por un tema netamente administrativo más que ambiental.

Las normas ambientales en el Perú en el caso de la “permisología” deberían simplificar procesos administrativos para acortar los tiempos de aprobación de un EIA.

Asimismo, las normas ambientales en el caso de estándares ambientales, Límites Máximos Permisibles, etc., deberían adecuarse a nuestra realidad y tecnología para que sean realmente alcanzables y que poco a poco las empresas puedan adecuarse.

¿Cuál es su opinión sobre la eliminación de la tercerización laboral propuesta por el gobierno?

- El decreto supremo 001-2022-TR, que restringe parcialmente la tercerización laboral, es una norma cuya aprobación resulta perjudicial para la economía y las empresas, y que, además vulnera el principio de legalidad, al modificar una ley por un decreto supremo, modificando un sistema de trabajo, que fue consolidándose como consecuencia de las negociones dentro del marco de los Tratados de Libre Comercio y la Federación de grupos de trabajadores, cuyo consenso se vio reflejado en la Ley Nº 29245 y su reglamento, y que además fue convalidada por el Tribunal Constitucional.

La esencia de la tercerización, es buscar a alguien más especializado. Prohibir la tercerización de la actividad principal (núcleo del negocio), terminará impactando en las empresas, pues muchos de estos, deberán paralizar actividades. Por ejemplo, las empresas especialistas inscritas en Registro de Contratistas Mineros, en aplicación de la norma, no podrán ser contratadas y, en consecuencia, tendrían que cerrar.

Por otro lado, aquellas empresas principales que tengan contratos vigentes bajo esta modalidad, deberán garantizar la continuidad del contrato de trabajo, lo que implicaría que las empresas contraten a los trabajadores tercerizados que prestan servicios en sus negocios, generando en muchos casos la imposibilidad de cumplir con dicha contratación por falta de liquidez, hecho que ocasionaría mayor desempleo y probables demandas laborales.

En sentido, este decreto supremo contraviene los intereses de las empresas, cuyas actividades principales son ejecutadas por empresas especialistas tercerizadas, generando dudas sobre las implicancias en los contratos de tercerización, la legalidad de la norma y cómo afecta a la formalidad laboral, y la economía de las empresas.