Prostitución masculina, drogas y daño ambiental en El Condado

Más de 25 proyectos turísticos en la zona están bajo amenaza por la proliferación de drogas, actividad delictiva y daño ambiental en todo el Condado, revelan fotos y denuncias comunitarias

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

Quieren convertir a la zona de El Condado en un área de viviendas más caras que las de Brickell en Miami, pero por la noche, el escenario aquí es dantesco. Grupos de hombres que ejercen la prostitución llenan las playas esperando y atendiendo a sus clientes. Y todas las mañanas, presuntos narcos se van cargando sus mochilas con la droga que no vendieron, y la arena amanece cubierta de condones usados, bolsitas donde parece que hubo cocaína o pastillas, ropa tirada en el piso, o montones de excremento humano, cuando convierten la arena de las playas en sus baños personales.

Eso, y el montón de huellas de vehículos todoterreno (“four tracks”) o de automóviles que pasaron por las noches en la arena, de lado a lado, sin pensar que toda esa es una zona de anidaje de tortugas, es el escenario que se repite en todas las playas desde el último Trolley y Ocean Park, hasta la zona hotelera, reveló una investigación de En Blanco y Negro con Sandra

“La prostitución masculina está fuera de control. En las mañanas vemos a los hombres corriendo por ahí desnudos. Los condones por todo el piso. Hay que cuidar donde uno pisa porque entre los condones, las agujas con las que se están inyectando por las noches, y bolsas donde venía la droga, hay que tener cuidado. Es una playa turística, pero es horrorosa”, sostuvo el reconocido financiero y que se ha tornado en líder comunitario, Amaury Rivera.

Hombres desnudos o semidesnudos duermen en la playa

Crean sus propias casetas

escenarios la policía actuó luego de que ocurrieran asesinatosdeturistas,ytrascendieran a nivel internacional.

$450 MILLONES DE INVERSIÓN

No fue posible una reacción del alcalde de San Juan, Miguel Romero al cierre de esta edición. Pero las quejas comunitarias coinciden con el anuncio formaldelosproyectosqueseplanifican para El Condado.

El lunes, 1ero de mayo la comunidad denunció en el programa de radio En Blanco y Negro con Sandra que las autoridades municipales y estatales estaban permitiendo la construcción o remodelación de unos 24 edificios multipisos en la zona desde el puente Dos Hermanos hasta la Avenida Baldorioty. Ayer domingo el diario El Nuevo Día confirmó el desarrollo de proyectos específicos para la zona valorados en al menos $450 millones en inversión.

Gente que pernocta en zonas turísticas

Los puntos de drogas han proliferado y esto se constata por la evidencia fotográfica y testimonial. “Hay más sobrecitos de drogas que caracoles en esta playa por las mañanas”, agregó.

La comunidad alega que han pedido la intervención de las autoridades, pero ni la Policía estatal, ni el Municipio de San Juan hacen caso. Eslamismaqueja quetuvieronvecinos enzonas como La Placita en Santurce, y más recientemente en la Calle Loíza. En ambos

Hay condones por doquier

“El problema es que están haciendo todo eso sin contar con la comunidad y sin atender la realidad actual donde la infraestructura está colapsando”, dijo Rivera. “¿De dónde se van a conectar esos proyectos si la infraestructura no funciona?”

UngrupodevecinosfueelviernesalaOficinade Permisología del Municipio de San Juan porque teníanunacitaconeldirector,peronolosrecibió. Les preocupa que se otorgaron permisos para hacer cuatro edificios multipisos en una calle residencialysinsalida,ylosproyectosincumplen las reglas de densidad, altura y hasta de tránsito en la zona. De hecho, los estudios de tráfico los desarrolladores los realizan fines de semana o días feriados, cuando hay menos vehículos, dijeron.

“En cuanto a las descargas sanitarias, ya llegaron hasta el tope de los ‘manhole’ y se forma lo que yo llamo “las fuentes del Condado”, quees que el agua con papel de inodoro y todas esas cosas suben por ahí y empiezan a correr por las calles y las aceras”, denunció Rivera.

Las construcciones incluyen nuevas hospederías, torres de vivienda y condohoteles pensados para el segmento de lujo y la intención esqueelvalorseademásde$1.2millonescomo promedio. En distritos como el de Brickell en Miami, el precio promedio es de $740,000 según la National Association of Realtors. Esto haría de ElCondadounadelaszonasmáscarasentodos los territorios en los Estados Unidos.

Otros no se pueden levantar se crea el llamado “overflow”, que se desbordan y descargan hacia el mar u otros cuerpos de agua. Esto es ilegal, según las leyes federales. “Estamos en una situación donde el gobierno ha perdido su rumbo y El Condado es un buen ejemplo de lo que pasa en todo Puerto Rico”, dijo el investigador de la organización ambiental Surfrider, Steve Tamar. Expresó que esa misma experiencia enfrentan las comunidades de la zona oeste en pueblos como Rincón, Aguada, Cabo Rojo y otros. Explicó que una planta de tratamiento que queda en Aguada fue hecha en los años 70 y con algunos cambios, más o menos aguantaba el crecimiento poblacional que hubo hasta la década del 1990.

Expertos apuntan a que esta situación va a seguir empeorando no sólo en San Juan o en la zona de El Condado concretamente, sino a través de todo Puerto Rico. Esto se debe a que el gobierno sigue otorgando permisos de construcción, pero no mejora la infraestructura. En el caso de las plantas de aguas que ubican cerca de zonas playeras, éstas no tienen la capacidad para recibir tanta cantidad de fluidos y

Descarga de augas usadas en la calle Loíza

]=“Pero eso fue en los 90 y ahora, en el 2023 han pasado más de 30 años sin que las hayan atendido. Con toda la explosión de nuevos proyectos turísticos y de viviendas, y más que nada los de ‘short-term rentals’ (alquileres a corto plazo) que exigen un movimiento constante de personas para ser rentables, todo esto impacta las plantas de tratamiento de aguas. No dan abasto y terminan descargando en el mar. Eso lo estamos viviendo en Rincón y en toda esta zona oeste, pero lo vamos a ver con más frecuencia en todo Puerto Rico”, dijo Tamar, vicepresidente y director del Laboratorio y Programa de Control de Calidad de Aguas en Surfrider. Para ver algunos de los monitoreos de calidad del agua que realiza Surfider desde Guánica hasta Aguadilla, pueden buscar en el siguiente enlace https://bwtf.surfrider.org/explore/4

“No existe planificación aquí. Todo lo está moviendo don dinero que no tiene consideración de elementos ambientales, del impacto en la comunidad”, agregó, por su parte, Rivera.

La Comunidad No Se Rinde

Aunque los proyectos planificados para El Condado incluyenelrespaldodeentidadescomo la Asociación de Hoteles y Turismo y de empresariosde laLey 60como JohnPaulson, la comunidad no claudicará en sus reclamos, incluyendo legales. Al momento tienen cinco acciones legales contra proyectos.

“La acción lealdebeser el últimopaso.Uno debe buscar la forma de resolver las situaciones. Hacemos las cartas, nos reunimos con los oficiales y tratamos de ver si se puede lograr una mejoría, pero en ausencia de esto, nos hemos tenido que convertir en una comunidad agresiva y esto no se va a detener”, dijo Rivera.

“Deberíamos estar hablando de un Puerto Rico más verde, de enriquecer nuestro ambiente y crecer económicamente, pero aquí el asunto es construir por construir, sin considerar nuestro medioambiente Así no se puede”, concluyó Rivera.

Problemas del suegro de Jennifer González en La Parguera desde hace años (documentos)

Suegro de Jennifer González construyó un edificio sin permisos; Documentos aparecen a días de que la Comisionada Residente negara ser dueña de otra propiedad en La Parguera

Escrito por: Sandra Rodríguez Cotto

No son las mismas casas, pero sí es en la misma zona en La Parguera. Documentos en poder de este medio confirman que el empresario José Vargas, suegro de la Comisionada Residente en Washington Jennifer González, construyó un edificio turístico sin permisos en una zona residencial, pero, milagrosamente, logró que todas las autoridades y hasta los tribunales se silenciaran ante la obra.

Se trata de un edificio de dos pisos de apartamentos tipo hotel o de alquiler de corto plazo para una hospedería ubicada en la urbanización Colinas de La Parguera #20, en el barrio Palmarejo de Lajas, y con número de catastro 405-071-015-17.

Comisionada Residente Jennifer González.

La construcción se hizo violando todos los reglamentos de la Oficina de Gerencia de Permisos, de la Junta de Planificación, del Departamento de Recursos Naturales, la ley de Turismo, el Reglamento Conjunto del 2010 y del 2019, las leyes ambientales ya que instaló un pozo séptico ilegal, ubicó estacionamientos frente a la hospedería cuando debían ser en la parte posterior, y no guardó los espacios requeridos de distancia con sus vecinos, según se desprende del voluminoso expediente.

Como si eso fuera poco, el edificio turístico en una zona residencial terminó siendo un edificio con cinco apartamentos, con balcones que proyectan directamente hacia las casas de sus vecinos. Es decir, los inquilinos pueden ver todas las casas de sus vecinos desdearriba,afectando su privacidad, afectándolos con iluminación, falta de ventilación y amenazando la protección de esas residencias.

Proyecto cuestionado en La Parguera

Publicado originalmente en Substack

La controversia legal con esta propiedad de Vargas llegó hasta el Tribunal Supremo, que se allanó al desarrollo sabiendo que no cumple con ninguna de las leyes antes mencionadas. Vargas es un poderoso empresario dueño de hospitales en el área oeste.

DOCUMENTOS:

Solicitud de intervención

Solicitud de reconsideración ponchada Solicitud de reconsideración final con anejos Plano del edificio

Informe pericial

Este nuevo caso surge a días de que trascendiera una polémica en torno a otras propiedades que tanto Vargas como otros familiares construyen sobre el mar, donde cortaron mangles. En una rueda de prensa convocada hace cuatro días la Comisionada Residente negó ser propietaria de dicho inmueble que presuntamente dañó una zona de mangles en La Parguera, y rechazó dar información sobre si la vivienda pertenece a su suegra.

“Ni mi esposo ni yo somos propietarios de alguna propiedad en La Parguera, así que cualquier imputación, cualquier querella, cualquier denuncia tiene que seguir el foro correspondiente y las agencias, las que sean, tienen que evaluar eso y los dueños de la propiedad tienen que responder”, declaró González.

Pero en esta otra propiedad los problemas comenzaron hace unos años. La otra propiedad ubica en una zona residencial y los vecinos de la urbanizaciónColinasdeLaParguerasequejaron radicando una moción de intervención ante la Oficina de Gerencia de Permisos, que, aun presentando las irregularidades, concedió la autorización. Los vecinos entonces fueron al Tribunal Apelativo, que nuevamente vio las ilegalidadesydioelpermiso.Luego endiciembre del 2020 el caso llegó en un certiorari al Tribunal Supremo, que determinó un “no ha lugar”.

Al revisar el voluminoso expediente resulta sorpresivo que se concediera el permiso ya que el proyecto viola sobre 10 leyes y reglas, incluyendo ambientales.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), aseguró hace dos semanas que abrió una pesquisa en torno a esa otra construcción ilegal en La Parguera y la secretaria Anaís Rodríguez afirmó que de lo que se sabe preliminarmente “hay hechos que hablan por sí solos”.

De los documentos evaluados En Blanco y Negro con Sandra se desprende que el edificio se construyó violando la privacidad de sus vecinos ya que hicieron balcones que miran hacia las casas aledañas. Además, al construir los estacionamientos al frente de la propiedad en vez de en la parte posterior como exige el reglamento para hospederías, los visitantes suelen estacionarse en las calles y hasta bloqueando entradas a las residencias aledañas.

El reglamento de OGPE determina que esa zona en La Parguera no tiene la capacidad para tener ese tipo de densidad, pero aún así, dieron el permiso.

Cuando los vecinos de Colinas de La Parguera empezaron a radicar las querellas, se enteraron de que ya había cerca del 80% del edificio terminado y ahí entonces fue que apareció en la construcción un letrero con el permiso de construcción 2017-205233-PCO016439. Sin embargo, el mismoincumple con los permisos básicos requeridos, según el expediente.

El13denoviembredel2020elTribunalSupremo determinó no ha lugar a una petición de certiorari presentada por el señor José Santos a través de susabogados,LeonorPorrataDoriayLuisMorell en un caso revisión número KLRA201900789, que se radicó originalmente ante el OGPE contra Vargas y el ingeniero José de Centeno Calero con el permiso de construcción el 2020 04 05. Se alegaba que la construcción violó el plan de manejo de área de planificación del suroeste para el sector de La Parguera, así como la ley de certificación de planos o proyectos, y la ley de turismo. Por estar ubicada en un área turística la OGPE debía requerir recomendaciones y endosos de la Compañía de Turismo ya que es zona de interés turístico, pero tampoco lo hizo. El pleito evidencia un sinnúmero de errores de derecho desde la planificación y la ejecución del caso ante la OGPE, violando toda la política pública establecida. Como decía en la apelación "no hay disposición alguna en la ley de planificación ni en su reglamentos ni jurisprudencia creada por este foro (el Tribunal Supremo) que dispense o exonere y o exima a las partes de cumplir con la normativa aplicable”. El proyecto requería la inyección subterránea al suelo pues en el área no existe alcantarillado sanitario,peroellosconstruyeronunpozoséptico que no cualifica con la resolución 11 - 7 de exclusión categórica de la Junta de Calidad Ambiental.

Además, por estar ubicada en una zona especial enLaParguera,serequiererecomendacionesde Recursos Naturales y éstas no se aplicaron. Por otra parte, el plan de manejo reconoce que no hay terrenos para expandir el núcleo residencial en La Parguera y que, ante esto, el DRNA exige la reforestación del área urbanizada con especies nativas o endémicas adecuadas en las franjas verdes de las aceras y áreas vecinales. Nada de eso se hizo en el proyecto, según los documentos.

Como si eso fuera poco, el proyecto no contaba con una evaluación de impacto ambiental, y el reglamento establece que esto sólo se supone sea motivo suficiente para que la OGPE hubiera denegado el permiso, pero lo concedieron.

De los documentos se desprende también que la construcciónsehizosinpermiso,sinseguirtodos los reglamentos de ley de construcción, que la Junta de Planificación violó el reglamento al no exigir todos los planos. El proponente además certificó que el proyecto no tendría variaciones lo cual fue falso.

Un informe que sometió el perito Juan Vázquez Muñoz el primero de octubre del 2019 reveló y confirmó que no se cumplen con los parámetros reglamentarios en un caso que “el diseño de la obra tiene más apariencia de hospedería que de casa de apartamentos que la construcción se realizó en violación a los parámetros de construcción del reglamento conjunto que se supone que dejan mínimo de 3 metros de distancia entre un patio y otro”.

“Yo hablo de las propiedades de las que yo sea dueña. Yo no soy dueña de ninguna propiedad en La Parguera. No tengo título, ni soy dueña de esa propiedad. No voy a hablar de propiedades que no son mías”, sostuvo González en la conferencia de prensa del pasado viernes,19 de mayo, cuando se le cuestionaba por otras propiedades en la zona.

La secretaria del DRNA, Anais Rodríguez, indicó la semana pasada que el corte de mangle es ilegal y que pudiera tener como consecuencias “multas, mitigación y violaciones a leyes federales”.