Documento elaborado por Gloria Bonder y Mónica Rosenfeld en el marco de la iniciativa: “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina” 2011
1
Documento elaborado por Gloria Bonder y Mónica Rosenfeld en el marco de la iniciativa “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina” (IDRC - PRIGEPP- FLACSO). Se dirige a investigadores /as que trabajan o están interesados en los temas de Descentralización, Desarrollo Local y territorial, equidad de género y derechos humanos.
Editora: Anabella Benedetti
Publicación del Área Género, Sociedad y Políticas FLACSO- Argentina 2011 Se prohíbe la reproducción total de este documento.
2
ÍNDICE
I.
Introducción…………………………………………………………………………………….. 4
II.
Argumentaciones sobre la descentralización de la gestión estatal……. 4
III.
La particularidad de este recorte analítico……………………………………….. 5
IV.
Fortaleciendo un Campo de Estudios y Políticas……………………………… 16
V.
Sugerencias de Temas de Investigación…………………………………………… 18
Bibliografía………………………………………………………………………………………………. 21
3
I. Introducción El propósito de este documento es compartir los principales hallazgos de cuatro estudios realizados1 en Bolivia, Ecuador, El Salvador – Honduras y Paraguay en el marco de la Iniciativa “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres” impulsada por IDRC en Asia, África y América Latina. En esta última Región fue coordinada y gestionada por el Área Género, Sociedad y Políticas, FLACSO – Argentina2. Su interés primordial es aportar al crecimiento de un campo de estudios e intervenciones de política pública, que dilucide y tome en cuenta las condiciones de oportunidad y los obstáculos de diversa índole que se producen en los procesos de cambio socio-institucional que implica la descentralización de la gestión estatal-, respecto del empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de sus derechos. Las políticas de descentralización de competencias desde el Estado central a los gobiernos sub – nacionales, tributarias de las reformas de los Estados pos – bienestar, caracterizaron la década de los 90 en América Latina. El análisis de estos procesos, su complejidad y tensiones y por sobre todo su incidencia en la vida de las mujeres, es un campo reciente de investigación por lo que estos estudios brindan pistas sugerentes tanto para impulsar futuras investigaciones como para orientar la formulación de políticas locales sensibles y comprometidas con la equidad de género.
II. Argumentaciones sobre la descentralización de la gestión estatal Es una noción debatida desde distintos ángulos, tanto en el plano teórico como en su expresión concreta en las prácticas políticas. Esta última suele reflejar las contradicciones intrínsecas de las políticas neoliberales de modernización y democratización del Estado implementadas en los países de América Latina (Cos Montiel. 2006), así como la tensión con las lógicas del poder Estado–céntricas, hegemónicas durante siglos en esta Región. Dentro del amplio arco de caracterizaciones, los rasgos salientes atribuidos a la descentralización de competencias y responsabilidades hacia los gobiernos locales se justificaron en base a su capacidad potencial de: reparar las ineficiencias de los Estados centrales para atender la “cosa pública” (Banco Mundial, 1997) y dar cuenta de manera eficaz de las demandas de la población, reestablecer la democracia de proximidad (Beall, J. 2006), fortalecer la sociedad civil y sus organizaciones para ejercer control social sobre la gestión y asegurar mayor transparencia y rendición de cuentas (Arocena, 2002). Las investigaciones demuestran que este conjunto de supuestos no siempre se verifica en la realidad. Por un lado, muchos gobiernos locales no resultaron per se más democráticos y por tanto no cumplieron las promesas antes expuestas. En algunos contextos la autoridad descentralizada, gestionada por caudillos de mano férrea, acentuaron las características autoritarias de muchos Estados nacionales (Beall, J. 2006) no dando lugar a una mayor participación y control ciudadano. En otros, no sólo no se cumplieron dichas expectativas, sino que la llegada de la “ola” descentralizadora junto a racionalidades tecnocráticas violentó patrones culturales de concebir y gestionar la comunidad y sus recursos naturales. Estas referencias reflejan un modo de descentralización promovida en esa década según un patrón de “arriba hacia abajo” que resultó uno de los componentes centrales de la condicionalidad política en la cooperación internacional para el desarrollo (Informe Banco Mundial 1997).
1
Entre marzo 2006 y noviembre 2008
2
www.prigepp.org / www.catunescomujer.org
4
Como lo demuestran algunos de los estudios que presentamos, los gobiernos locales si bien adoptaron formalmente esta política, la ejecutaron de manera errática y ambivalente con su propia lógica y cultura Estado – céntrica. Simultáneamente con la adopción de la descentralización como “receta” de los organismos multilaterales, emergieron a la esfera pública gobiernos locales autónomos3 - anteriores a la década de los 90 -, al impulso de movimientos sociales (indígenas, vecinalistas, de mujeres) que demandaron por el reconocimiento de sus identidades y una mayor participación en las decisiones de gobierno. Ello impulsó la creación de nuevos dispositivos de participación y gestión, en este caso de “abajo hacia arriba”, a través de asambleas, foros vecinales, mesas de concertación, experiencias de planificación participativa y cambios en la institucionalidad estatal local.
III. La particularidad de este recorte analítico La descentralización, como otros procesos de transformación político-institucional, permite analizar, al mismo tiempo, la emergencia de nuevas dinámicas de poder en contextos determinados, la forma en que éstas se expresan en las institucionalidades y en la gestión de políticas y cómo este proceso afecta y es afectado por las relaciones de género. En este sentido, contribuye a evitar las generalizaciones abusivas respecto de la vigencia de un orden patriarcal tradicional o modificado, para dar lugar a la posibilidad de detectar diversos matices y enlaces entre las situaciones de cambio socio- institucional y la microfísica de los cambios en las relaciones de género. Contra el supuesto que lo local es en sí mismo un espacio mucho más propicio para la inclusión de las mujeres en la esfera pública, el ejercicio de sus derechos y su participación en la toma de decisiones, esta investigación detectó situaciones diversas. En pocos casos su protagonismo permea todas las áreas de la sociedad y toma formas innovadoras, en otros no existen o son todavía incipientes las condiciones socio-históricas y culturales para impulsar este proceso, perviviendo en cambio las prácticas políticas maternalistas y clientelares con base en el rol femenino tradicional y su aceptación sin cuestionamientos por parte de la mayoría de las mujeres. A continuación se presentan los principales resultados que surgen de los cuatro estudios que se realizaron en el marco de esta investigación.
Derechos Colectivos al Agua y Equidad de Género en el nuevo Estado Plurinacional4.
Incluye ocho estudios de caso, que se inscriben dentro de un proceso nacional y local de cambios profundos en lo político – cultural. 5 3 4
Arboleda y otros, 2010. Investigadoras: Gutierrez, Zulema y Arratia, Marina.
5
•
Contexto
Bolivia asiste a su refundación como Estado Plurinacional, basado en la premisa del “Vivir Bien” que propicia una relación armónica con la naturaleza y el reconocimiento y respeto por la diversidad y la interculturalidad. Con la reforma del Estado, asumió el desafío de profundizar los procesos de descentralización y reterritorialización, ampliando las divisiones administrativas y autonomías regionales de pueblos indígenas. Ello complejizó el mapa de relaciones de poder en los territorios y las competencias (descriptas a continuación) a transferir del nivel central al regional y local. Tipos de Competencias Privativa
Reservada al gobierno central
Exclusiva
Conferida a un determinado nivel de autonomías
Concurrente
En nivel autonómico reglamenta y asume las funciones ejecutivas, reservándose para sí el gobierno central de la función legislativa
Compartida
Sujeta a una Legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Resultados 1.- En relación a la descentralización •
La investigación muestra, entre otros resultados, la ausencia de políticas de Estado descentralizadas en materia de riego (atención, regulación y competencias claras).
•
Destaca que al igual que en otros países andinos, la gestión del agua para la vida comunitaria, familiar y personal ha estado históricamente en manos de las organizaciones campesinas e indígenas, sustentada en los `usos y costumbres´. La relación con el agua y con la naturaleza forma parte de distintas cosmovisiones que le atribuyen tanto un carácter ´sagrado´ como un valor como recurso comunitario.
•
Demostró que las intervenciones de los organismos internacionales y las agencias de cooperación al desarrollo, con sus propias agendas y concepciones técnicas, tuvieron una fuerte incidencia en la gestión de los sistemas de riego y en las tramas de cooperación y solidaridad de las comunidades beneficiarias. Pero sus resultados no parecen haber mejorado la posición de las mujeres en sus comunidades, al tiempo que en muchos casos se sobre impusieron a las decisiones de políticas del Estado local.
… “La filosofía del “Vivir bien” de la constitución boliviana, propone un nuevo paradigma de “desarrollo” y bienestar centrado en la relación amable y respetuosa con la naturaleza. Asimismo, el Estado reconoce y protege los derechos colectivos y todas las formas culturales de gestión de agua existentes en las diversas culturas que habitan el territorio nacional. (Gutiérrez, Z y Arratia, M 2010)
2.- En relación a las tensiones entre las normativas vigentes en materia de género y su implementación. La Nueva Constitución del Estado Plurinacional (NCEP) incluye la etnicidad como eje trasversal al conjunto de normativas y un fuerte énfasis en la interculturalidad. La equidad de género no tiene el mismo estatus; se incluye sólo en los acápites referidos a violencia doméstica, cuotas de poder político, trabajo no remunerado y participación en las instituciones y organizaciones. El análisis de los casos muestra la importancia que este tratamiento “sectorial” de la equidad de género tiene en las decisiones de política. Entre otros aspectos, 5
Los resultados aportan a la reformulación de nuevas políticas que garanticen la seguridad del agua de pueblos indígenas, sectores vulnerables y prioritariamente de las mujeres. Las localidades seleccionadas para los estudios de caso fueron: Corpa Grande en el departamento de La Paz; Humapirhua y Yucasa en Oruro; Llauquinquiri y Lahuachama en Cochabamba; San Isidro- La Palizada, en Santa Cruz y Naranjos – Valle del Medio y Aguayrenda en Tarija.
6
porque habilita que los agentes y funcionario/as del Estado asuman como verdad su propia interpretación sobre las relaciones de género a la hora de diseñar acciones y de intervenir en los territorios y comunidades locales, las cuales no siempre son favorables a los derechos de las mujeres. Por su parte, la lectura comparada entre la NCEP y el Plan Gubernamental de Igualdad de Oportunidades (PIO), muestra contradicciones. En la esfera de los derechos colectivos y el respeto a la naturaleza, el PIO se sostiene en un enfoque ´occidental´ 6 de género y del acceso y uso de los recursos naturales, que reivindica la asignación de derechos propietarios e individuales a favor de las mujeres, en contradicción con las premisas constitucionales7. 3.- Escenarios locales, sistemas de riego, y dinámicas en torno al posicionamiento de las mujeres y las relaciones de género. El contexto en el que se desenvuelven los ocho estudios de caso, muestra una dinámica generalizada de flujos migratorios internos e internacionales de varones y mujeres jóvenes, con zonas más expulsoras y otras receptoras. En dos de las localidades (Lahuachama y Naranjos) la migración mostró comportamientos itinerantes que acompañan los ciclos de siembra y cosecha en una zona en la que la agricultura continúa siendo la principal fuente de ingresos. Se verifica también que los ochos sistemas de riego están vinculados a los mercados rurales y urbanos (locales y regionales) mediante la oferta y demanda de mercancías y de mano de obra. Ello deriva en influencias mutuas de corte económico e hibridación cultural con otros pueblos y centros urbanos. Así, las formas de organización social y comunitaria tradicionales para la gestión del riego se han ido transformando debido a varios de los factores ya señalados, así como a la modernización del Estado y la adopción de nuevas tecnologías que facilitan las condiciones de acceso y distribución del agua de riego y uso domiciliario. Todo ello ha influido en la división del trabajo según género y en otros aspectos socio-culturales que afectan no siempre positivamente las posiciones de las mujeres en su comunidad. Al respecto la investigación demostró: Una significativa heterogeneidad en los roles y condiciones de las mujeres en la gestión del riego y específicamente respecto a los derechos al agua. Ello guarda relación con las diferentes concepciones o cosmovisiones en vigor. Éstas recorren un arco que va desde la noción de “derecho natural y colectivo” al “derecho propietario hidráulico”8 (cuyo correlato es la valoración del derecho individual y en términos generales la individuación de los sujetos sociales). En los sistemas en los que predomina el “derecho natural”, se verifican conductas más solidarias e incluyentes, por ejemplo de familias pobres, especialmente con jefatura femenina.
El derecho propietario, se instituyó a partir de las intervenciones (de agencias para el desarrollo) de políticas de auto- construcción de infraestructura de riego por parte de quienes serían los futuros usuarios. Esta participación fue fundamentalmente masculina debido al esfuerzo físico que supuso la tarea. Para esta modalidad de ejecución y uso del agua, las mujeres solas, o bien contrataron trabajadores que en su nombre le aseguraran el futuro beneficio o se vieron francamente en desventaja o excluidas del beneficio.
No obstante se hizo evidente que esta situación de mayor inclusión e igualdad no se expande hacia el conjunto de los derechos que debieran gozar las mujeres de esas comunidades, los cuales en muchas oportunidades no son reconocidos, ni respetados. Si bien esta contradicción no fue explorada en este estudio resulta de interés para futuros análisis.
6
En palabras de las investigadoras.
7
El estudio señala que la noción de género ocupa un lugar subordinado respecto a otras prioridades, al tiempo que es abordada como una formalidad, sólo para responder a los requerimientos de la cooperación internacional
7
Un dato de gran interés es que el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) reconoce los derechos de las mujeres a la propiedad de la tierra y de acceso al agua para uso doméstico, obviando curiosamente su derecho al agua de riego. Confirma de este modo los estereotipos de género, al ubicar a los varones en la esfera productiva y a las mujeres en las tareas domésticas y reproductivas. Otro hallazgo importante es la falta de atención por parte de las y los técnicos, (en general de origen urbano y financiados por la cooperación internacional), responsables de operacionalizar las políticas públicas de riego respecto de las demandas y derechos particulares de las mujeres de las comunidades. En ninguno de los casos estudiados, propiciaron su asistencia a los talleres y encuentros de planificación del sistema de riego. A priori, se asumió que no existían requerimientos de infraestructura diferenciados para varones y mujeres, por lo que terminaron respondiendo a las necesidades y habilidades de los varones9. Tampoco aprovecharon a favor de las intervenciones la heterogeneidad de prácticas y significados culturales en relación al agua y al riego, lo que en definitiva les hizo perder efectividad y derivó en una suerte de violencia simbólica sobre los saberes y acervo cultural de cada comunidad10.
Las mujeres como sujetas sociales y políticas en proyectos de gobernanza local y descentralización en Ecuador: aprendizajes de cuatro casos municipales11
La investigación se centró en cuatro municipios llamados alternativos o de facto: Cotacachi, Nabón, Cayambé y Esmeraldas. Su principal objetivo fue fortalecer, a través de nuevos recursos conceptuales las actorías locales de mujeres, el ejercicio de sus derechos y aportar a la elaboración de proyectos de gobernanza territorial con y para la equidad de género.
9
Gutiérrez Zulema y Arratia Marina Op, citado.
10
Este último podría haber sido tomado en cuenta para problematizarlo en relación a los patrones de género y consecuentemente a la vigencia o no de los derechos universales. 11 La información presentada surge del documento elaborado por María Arboleda, Stalin Herrera, Alejandra Santillana y Nancy Carrión, con aportes de Lissete Coba, Margarita Aguinaga y Javier Rodríguez. (2010)
8
Contexto El modelo de descentralización que abre la década de los 90, compartió escenario con importantes movilizaciones sociales en oposición al neoliberal y al sistema tradicional de organización e intervención del Estado. En este período emergen discursos y movilizaciones que reivindican lo “local” como identidad y reconocimiento de las y los sujetos, mientras las instituciones políticas de nivel nacional sufren lo que se ha dado en llamar una “crisis de representación”. Este proceso expresó la capacidad de las organizaciones de base para transformar al Estado y con ello transformarse a sí mismos/as.
El Municipio de Cotacachi, Ecuador, a partir de la decisión y convicción política de su alcalde indígena, apoyado por los movimientos sociales locales, encontró en el presupuesto participativo su mejor estrategia para fortalecer la democracia y la cohesión social. La Asamblea es el órgano más importante para definir el diseño y organización del presupuesto municipal. Conformada por representantes de las comunidades rurales (indígenas, mestizos y urbanas; ejerce el control sobre las autoridades, procedimientos administrativos y de gestión, y del cumplimiento de las políticas, planes, programas e inversiones decididas por la comunidad. Cotacachi fue reconocido como un Estado social de derecho. (Arboleda, M, y otros, 2009)
Los gobiernos locales alternativos fueron y son sostenidos por actores sociales de base, en especial organizaciones indígenas, ambientalistas, de mujeres y habitantes mestizos de clases medias. Sus demandas fundamentales radican en cuestiones de justicia, equidad, participación, democratización en la toma de decisiones, cuidado o protección de la naturaleza, desarrollo económico endógeno y, en gran medida, combate a la pobreza, al racismo y a diversas modalidades de discriminación. Encontraron apoyo en algunas organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo que les permitió fortalecer sus niveles de participación y de autonomía. Sin embargo, es de remarcar que la visión, ideas y convicción política fueron de las y los líderes y movimientos locales (ver recuadro). Estas experiencias se contraponen a la descentralización “oficial”, tras la grave crisis vivida por Ecuador en 199912. En este último caso el proceso se asentó en la transferencia creciente de responsabilidades a los municipios para la atención de asuntos sociales, las que fueron asumidas a través de la ejecución de proyectos de inversión social, bajo la coordinación del Estado central. De este modo el rol asignado al municipio fue el de ejecutor de intervenciones -decididas a nivel central- (privilegiando la materialización de los proyectos por sobre la política pública). (Torres, 2004) Ambos modelos -descentralización de facto y descentralización oficial— sustentan criterios y valores distintos sobre la reforma del Estado y sobre la caracterización de lo público. Asimismo, asumen enfoques diferentes sobre el rol social y político de las mujeres, su ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y la integración de sus demandas y agendas en las políticas públicas. Según surge de este estudio la corriente social que condujo a la descentralización de facto integra en su propuesta política la lucha contra el racismo y la discriminación remanente del colonialismo, planteando un horizonte más amplio de cambio democrático, al mismo tiempo, que una propuesta de “otro” desarrollo para las localidades (Arboleda, M 2009).
En relación a la descentralización y la equidad de género Las claves para comprender las descentralizaciones de facto de los cuatro casos analizados radican en las formas de gobierno de tipo asamblearias con base en las demandas que asomaron en “lo local” conforme avanzaba el neo– liberalismo en Ecuador. Estas experiencias participativas incorporaron muy tempranamente en el escenario la presencia y las voces de los y las históricamente excluidos/as. 12
A fines de los años 90, la situación ecuatoriana empeoró por diversos factores, entre ellos el fenómeno climático del Niño (1998) y la caída de los precios del petróleo (1998-1999). Entre 1999 y 2000 el sistema financiero se vio afectado por el cierre de más de la mitad de los bancos del país, lo que repercutió en su estabilidad económica. Esta situación acarreó un elevado costo social, en términos de incremento en la desigualdad y persistencia de la pobreza y el desempleo.
9
Los espacios de participación ciudadana generados desde los gobiernos locales y a la vez apropiados por la ciudadanía, establecieron las condiciones para la emergencia de nuevos actores y actoras sociales en la esfera pública, que, al menos en tres de los casos, permanecieron en el tiempo. En Esmeraldas13 se abrieron 22 asambleas sucesivas durante dos años que acercaron las demandas del pueblo afro a la centralidad de los debates y a la toma de decisiones en las políticas. En Nabón, las asambleas populares se realizaban 1 vez al año desde 10 atrás, con el fin de responder a los intereses de las comunidades. En Cotacachi, durante 12 años la Asamblea cantonal, integrada por representantes de organizaciones sociales de indígenas, mujeres, afros, ambientalistas, co–gestionan el presupuesto participativo que se distribuye según las necesidades y prioridades relevadas entre las comunidades. En ambos municipios las comunidades indígenas ingresaron a la esfera de las decisiones políticas. En cambio, en Cayambé la gestión del alcalde socialista se inició también con formas participativas. Pero a poco andar, sus opciones políticas y el establecimiento de alianzas se deslizaron hacia los sectores más conservadores. Sin embargo, con distinta intensidad y modalidad, en los cuatro casos estas iniciativas abrieron caminos para las mujeres en la esfera pública14. Es interesante destacar que estos “gobiernos alternativos”, resultaron además de justos y reparadores para las poblaciones más pobres, eficientes en la gestión de la cosa pública, y eficaces en la aplicación de políticas co-elaboradas con la población. Al mismo tiempo, sus alcaldesas y alcaldes han ganado credibilidad y confianza por parte de la población y el reconocimiento nacional e internacional por el buen gobierno realizado. En relación a los estudios de caso y el espacio de las mujeres •
Cotacachi
Tras 12 años de gestión, el 90% de la población contaba con acceso a agua segura y electricidad, un sistema de salud que proveía servicio según la medicina occidental y ancestral, un programa de combate a la violencia de género con un protocolo de interculturalidad (que está siendo replicado en otros municipios), diversos proyectos de producción agroecológica, nuevas infraestructuras urbanas y rurales -se crearon o mejoraron escuelas, mercados, centros de salud, casas comunitarias, calles, plazas, parques, entre otros- . En este proceso las mujeres aprendieron a hacer política y ganaron poder gracias a los siguientes factores:
La progresiva presencia y confluencia de las organizaciones de mujeres, a nivel parroquial y cantonal; la decisión gubernamental de fortalecer el tejido social de mujeres de todo el municipio; el empeño de las organizaciones en definir y negociar su propia agenda; la construcción de una instancia propia de representación y toma de decisiones al interior de la estructura participativa del municipio; la habilidad para consensuar alianzas y acuerdos con otros actores. 13
Esmeraldas es uno de los puertos más importantes de Ecuador. El 40% de su población es afro-americana. Está situado a 318 ks. de Quito
14
En 1996, la Asamblea inaugural de Cotacachi contó con 800 delegados, al menos un 30% eran mujeres. El Consejo de Mujeres de Cayambe (CONMUJER), autoconvocado en el 2000, se instaló con 600 delegadas tras la elección del nuevo alcalde. La Asamblea para el Cambio de Esmeraldas convocó alrededor de 1000 personas -300 mujeres-. En Nabón, las mujeres llegan masivamente a las asambleas que se reúnen a lo largo de un mes, cada año.
10
•
Nabón
La alcaldesa desplegó una línea de desarrollo económico local, enfocada en las mujeres. Su estrategia fue asegurarles el sustento a través de la ampliación progresiva de sistemas de riego, la recuperación de suelos y vegetación. El 60% de las mujeres —indígenas y mestizas— fueron beneficiadas con los sistemas de riego y se convirtieron en socias de las 85 cooperativas y cajas comunales de producción creadas durante la gestión. Debido a la emigración de los varones la agricultura es, en muchos casos, una responsabilidad de mujeres solas y con pocos recursos productivos. Se mejoraron sus condiciones de trabajo en las chacras, con simples modificaciones en el acceso al agua para el riego y el uso doméstico. Ello les permitió ahorrar esfuerzo de acarreo, aumentar la productividad y recomponer no sólo sus ingresos, sino ganar tiempo libre. El proceso de organización y capacitación llevado a cabo, al tiempo que se enfocó en el ámbito productivo, amplió las esferas de participación y representación local en la esfera pública. Decidida a superar la coyuntura y los logros episódicos o de pequeña cobertura en el combate a la pobreza, la alcaldesa decidió: a) territorializar las intervenciones a escala del municipio; b) incentivar sinergias articulando el conjunto de acciones; c) potenciar la actoría de los sujetos sociales (en especial, las mujeres) con mecanismos participativos de toma de decisiones y rendición de cuentas; y d) establecer al gobierno municipal como instancia articuladora. •
Esmeraldas
El alcalde afrodescendiente, ex sindicalista, promovió un cambio cultural en la administración y gestión pública, basado en la autoridad del Estado local y la reivindicación de la negritud. Estableció la Asamblea Ciudadana por el Cambio, interfase deliberativa entre sociedad y gobierno local, que durante dos años y medio perfiló la plataforma de políticas públicas. Su resultado fue un Plan Estratégico que guía la administración hasta la actualidad (Arboleda, M. 2009). Los asuntos de género y de las mujeres cobraron inicialmente una especial significación en la Asamblea dado que la participación de las organizaciones de mujeres creció notablemente en los últimos 15 años permitiéndoles incluir la mayoría de sus demandas en el Plan de gobierno. De este modo, crearon las bases para políticas locales afines a sus intereses y visiones. •
Cayambé
Es una zona florícola, cercana a Quito y asiento de capitales colombo-ecuatorianos vinculados a la gran exportación de flores. Aquí, las mujeres encuentran mayores obstáculos para su participación en la gobernabilidad local. El alcalde privilegió la negociación con el empresariado florícola y no con los actores sociales e indígenas organizados, suspendiendo la experiencia de un proyecto político democratizador y participativo, decepcionando a los grupos indígenas y de mujeres que le habían dado su apoyo. De todas maneras, sus procesos de movilización y organización continúan siendo fuertes en la zona. En suma, los hallazgos, aunque de distinta naturaleza, son todos ricos en aprendizajes respecto de las condiciones que favorecen una mayor participación y ejercicio de derechos por parte de las mujeres: •
Institucionales: gobierno locales dispuestos a replantear la ingeniería del municipio para dar cabida a nuevas formas de toma de decisiones y vocación por mejorar las vidas de las personas. 11
•
Creación de nuevas institucionalidades –asambleas, mesas de trabajo, consejos locales- para cogestionar las políticas y las decisiones.
•
Presencia y/o fortalecimiento de organizaciones sociales y de mujeres con agendas propias y con convicción política sobre la necesidad de mantener un equilibrio, siempre inestable, entre la alianza con el poder local y su propia autonomía.
Aportes a la descentralización y la gobernabilidad democrática: actoras municipalistas y mecanismos locales y nacionales para la equidad de género y los derechos de las mujeres en El Salvador y Honduras15
Se realizó un análisis comparativo de los procesos que dieron lugar a la creación de institucionalidades locales dedicadas a promover los derechos de las mujeres y la equidad de género en ambos países, el papel que jugaron en su surgimiento y desarrollo los movimientos de mujeres y sus organizaciones y su incidencia en las políticas locales. Seis estudios de caso (3 de cada país) permitieron desentrañar las lógicas de acción de: actores/as de gobierno (nacional, local), organizaciones de mujeres (nacionales y locales) y de las institucionalidades de la mujer (Oficinas Municipales de la Mujer), sus modalidades de vinculación y los efectos positivos o negativos de esta trama, en el avance de los derechos de las mujeres y en su participación en el ámbito político- municipal.
La relación Estado central – local siempre implica conflictos, aun cuando el municipio alcance grados crecientes de autonomía. Morena Herrera (2010) señala que la reorientación de las organizaciones nacionales y locales de mujeres hacia la intervención local en los últimos años, problematizó sus concepciones previas sobre el Estado y su modo de relacionarse con las instituciones públicas, su rol en los cambios institucionales, el reconocimiento de la importancia de construcción de alianzas y aprendizaje sobre las formas de ejercer ciudadanía.
Contexto El Salvador y Honduras son Estados altamente centralizados, con democracias débiles, recientes y con muchos años de gobiernos conservadores. En ambos países, y en buena parte de los casos, fueron las organizaciones de mujeres nacionales y locales quienes promovieron cambios institucionales en los Gobiernos Municipales a favor de sus derechos. Ello no obedeció a la creencia en “lo local” como el ámbito más propicio para la acción reivindicativa, sino a una opción en cierto modo “obligada” debido a la falta de espacios de interlocución real y efectiva con instancias 15
El equipo de investigación estuvo conformado por Morena Herrera, Mirna Benavidez y Chistrine Damon.
12
del gobierno nacional, entre ellas las Oficinas Nacionales de la Mujer, a las cuales se las caracteriza como débiles y con muy escasos recursos. Un dato interesante es que estas actorías de género, en general, no participaron de los debates sobre la descentralización del Estado y en el diseño de las políticas locales. Salvo en los casos en que estos cambios se percibían como una amenaza para sus derechos: la posible privatización de los servicios públicos. Ello muestra una limitación o debilidad extendida en muchas organizaciones dedicadas a cuestiones de género: su escasa o nula injerencia en las decisiones políticas de interés general; situación que contribuye a su marginación y debilidad. En este escenario una de las estrategias que desplegaron las mujeres más excluidas consistió en canalizar sus exigencias al municipio proponiendo remover las reglas y procedimientos burocráticos y establecer mecanismos institucionales más fluidos capaces de escuchar y responder a sus demandas y que permitieran avanzar hacia una gobernabilidad democrática. Otro aspecto a destacar es que los gobiernos municipales de izquierda fueron los primeros en incorporar mecanismos institucionales para la equidad de género, aunque las demanda de las organizaciones de mujeres se expresaron independientemente de la ideología y el partido político de pertenencia. Resultados En relación a la descentralización La creación de Oficinas Municipales de la Mujer no fue consecuencia, salvo excepciones, de medidas tomadas por decisores/as de políticas locales. Si bien en las normativas nacionales relativas a descentralización existe un acápite que recomienda su creación y sostén, esta norma no es vinculante. En los casos en que lograron instituirse, ello se debió a la convergencia de los siguientes factores: •
la convicción y voluntad de dar respuestas a las demandas de las mujeres por parte de algunas autoridades locales;
•
la permeabilidad del alcalde/sa frente a las demandas de las organizaciones locales y/o nacionales de mujeres;
•
la intervención de mecanismos nacionales de la mujer que optaron por descentralizar sus programas en los territorios (como ocurrió con el Instituto de la Mujer de Honduras o su par de El Salvador).
En este último caso se transfirieron los fondos para la ejecución de las actividades con el compromiso del gobierno local de crear un cargo de coordinación y proveer un espacio físico. También fue determinante el apoyo de la cooperación internacional. Y, por sobre todo, la capacidad de interpelación e interlocución de las actorías de mujeres. En relación a la participación de las mujeres y el desarrollo de políticas de equidad de género Los avances en esta dirección pueden atribuirse a las siguientes condiciones: •
Una activa participación de organizaciones de mujeres (nacionales y locales) con capacidades para la negociación y construcción de alianzas y con claros objetivos estratégicos.
•
Autoridades de gobiernos locales, especialmente alcalde/alcaldesa, convencidos/as y comprometidos/as políticamente con poner en práctica normas y procedimientos afines a un modelo de gobernabilidad democrática, que incluye el reconocimiento de la diversidad étnica, la equidad de género, el respeto de los derechos humanos y de las mujeres, y la legitimidad de los espacios de participación y consulta ciudadana.
13
•
Las intervenciones dirigidas al logro de mayor equidad no se circunscribieron sólo al accionar de las Oficinas Municipales de la Mujer. También formaron parte de las responsabilidades de distintas dependencias de las alcaldías más o menos articuladas con las OMM.16
En cuanto a las limitaciones, es llamativo que, pese a lo antedicho, ni las autoridades locales ni las responsables de las Oficinas de la Mujer impulsaran acciones para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta situación merecería un estudio específico para comprender a fondo los argumentos, valores, la concepción de la gestión de gobierno, la cultura política y el papel que juega el control de presupuesto en las luchas de poder. Como es sabido, las posibilidades de construcción y sustentabilidad de una política local de equidad de género depende, en gran medida, de que los organismos responsables cuenten con un presupuesto adecuado que asegure su sustentabilidad. Salvo excepciones, esta no era la situación de las comunidades estudiadas. Ello no es un fenómeno excepcional; se observa en muchos otros ámbitos en los que prevalecen las tensiones entre intereses partidarios, electorales y la distribución y auditoría de las partidas presupuestarias. Otro factor que limitó el accionar de las institucionalidades de género fue la carencia o debilidad de recursos humanos locales formados para llevar adelante estas políticas; situación que se visualiza en la mayoría de los países de la Región.
La descentralización de la salud en Paraguay: ¿Un aporte para la igualdad de género?17
A través de 10 estudios de caso, el objetivo de esta investigación fue interpretar la dinámica de los procesos de descentralización de los servicios de salud llevados a cabo entre 1996 y 2008 y su implicancia en el bienestar de las mujeres18 y la equidad de género. Contexto Al finalizar este estudio el escenario político nacional había cambiado notablemente. El gobierno que asumió en 2008, puso en práctica la política de ´Calidad de Vida y Salud con Equidad´ que concibe la salud como derecho humano sustentado en los principios de universalidad, integralidad, equidad y participación. La
16
Municipios que tienen más de un mecanismo institucional vinculado a la equidad de género, pueden convertirse en oportunidades para articular acciones estratégicas y avanzar más ampliamente en este aspecto. Sin embargo, también puede ser fuente de rivalidad cuando no hay –o no se pone en práctica- una clara división de responsabilidades entre cada uno de ellos. 17
Coordinadores, Patricio Dobrée y Clyde Soto. Equipo de investigación: Edgar Giménez, Lilian Soto, Raquel Escobar, Esperanza Martínez, Desirée Masi y Diana Rodríguez. 18
Esta experiencia es singular porque ofrece un escenario de doble descentralización, de competencias y administrativa.
14
primera medida adoptada fue la gratuidad de las prestaciones, exonerando de los aranceles que se exigían previamente. Los derechos humanos de las mujeres fueron incluidos en las nuevas normativas con eje en la promoción de la igualdad de género, reconociendo la existencia de necesidades diferenciadas de mujeres y varones19. Resultados En relación a la descentralización En Paraguay, el sector salud fue uno de los que más se expandió hacia los espacios locales. Ello se debió a las crecientes demandas de una población en permanente aumento, pero también al interés de algunos gobiernos locales que vieron en la descentralización de los servicios de salud una oportunidad para hacer frente a las necesidades críticas y postergadas de su comunidad. Este proceso se ancló en los Consejos Locales de Salud (CLS), dispositivos concebidos para la gestión pública en salud, con participación de la sociedad civil. Se los facultó para promover alianzas interinstitucionales, gestionar recursos y orientar las acciones conjuntamente con las autoridades del establecimiento de salud y del municipio. Se integraron representantes de instituciones locales, organizaciones indígenas y de mujeres. Cabe remarcar que la participación en los CLS fue integrada sin mayores precisiones metodológicas ni protocolos que facilitaran la inclusión de sectores históricamente excluidos, como las mujeres. Sin embargo, considerando que una buena parte de sus integrantes eran mujeres, se presumió que éste sería uno de los factores de oportunidad para tratar sus derechos referidos a la salud. Este supuesto no se verificó en todos los casos y curiosamente en aquellos que se propusieron iniciativas con este sentido no fueron las mujeres de los CLS las que las propiciaron, al menos no de manera deliberada. Estudios de caso Se verificó la dependencia del sistema descentralizado del nivel central, con escaso margen para que los CLS, el personal de salud local y las/os pobladores influyeran en la oferta local del servicio. Las eventuales innovaciones que pudieron realizar los CLS dependieron del aumento de recursos propios, producto de los aranceles, lo cual influyó en un mayor gasto de bolsillo de los/as pacientes, con las consecuentes limitaciones para revertir las brechas de exclusión del sistema. En general, el modelo de descentralización aplicado no ofreció mayores oportunidades para que se consideraran necesidades y demandas de las mujeres en el diseño y prestación de los servicios. En su devenir reforzó el déficit crítico de personal sanitario, sobre todo en las zonas rurales, comprometiendo la calidad de los servicios y su capacidad resolutiva. En relación a las reglas de acceso de recursos humanos e inclusión del enfoque de género, los resultados fueron los siguientes:
19
En este sentido, la propuesta para orientar las políticas públicas declara metas de “indiferencia cero” para problemáticas que afectan diferenciadamente a las mujeres tales como la mortalidad materna por causas obstétricas evitables; las muertes por aborto; los partos no asistidos por profesional calificado y humanizado; los embarazos no deseados; la violencia y el maltrato contra la mujer; el diagnóstico y tratamiento tardío para displasias y cáncer de cuello uterino y de mamas; y el analfabetismo y no escolarización (entre otros aspectos clave para la salud de las mujeres).
15
•
Los establecimientos de salud descentralizados reprodujeron criterios fijados en el nivel central para los programas focalizados, dando prioridad casi exclusiva a la atención de la salud maternoinfantil.
•
Las innovaciones estuvieron fuertemente condicionadas debido al modelo de recaudación propia de los entes descentralizados. Más allá de lo especificado por la política ministerial, ello desalentó la concurrencia a los servicios de amplios sectores de mujeres.
•
Respecto de las reglas de dirección y la igualdad de género, se verificó que los CLS fueron una oportunidad de participación de agentes locales, pero ello no abarcó en igual medida a las mujeres y por tanto no se vio reflejado en una inclusión de sus perspectivas y demandas.
En suma, si bien se emprendieron algunas acciones específicas muy importantes y valiosas para la salud de la población femenina, tales como la elaboración de un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia, actividades de sensibilización y capacitación en materia de derechos y la instalación de albergues para mujeres embarazadas20, estas actuaciones puntuales no han sido suficientes para desplegar una estrategia integral en materia de género en la atención de la salud, ni una asignación equitativa de los recursos.
IV. Fortaleciendo un Campo de Estudios y Políticas Las investigaciones dan cuenta de un amplio rango de modalidades, procesos y resultados de la descentralización de la gestión estatal y de su carácter dinámico (con avances y retrocesos). En ese marco se despliegan complejas articulaciones con la participación y el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. En algunos casos ellas son protagonistas activas en los cambios institucionales y en la creación de políticas y formas de gobierno participativo y en otras, tan solo objetos de políticas de baja intensidad e impactos no siempre positivos en sus condiciones de vida y posición en su comunidad. En conjunto, los estudios han arrojado luz sobre condiciones y acciones que favorecen uno u otro desenlace. Lo semejante y lo singular, nuevos interrogantes Dos de los estudios (Ecuador y El Salvador – Honduras) coinciden en destacar que las condiciones de oportunidad que favorecen los derechos de las mujeres y la emergencia de actores y actoras en la esfera pública y política local resultan de la convergencia virtuosa de, al menos, las siguientes dimensiones: 1.- La decisión y convicción política de la máxima autoridad del gobierno local que: (a) toma en cuenta en el diseño de su gestión de gobierno: la diversidad de género, étnica, los intereses generales y particulares de los/as habitantes; (b) asigna presupuesto a acciones pertinentes para cada sector; (c) habilita y promueve la generación de espacios de participación y decisión ciudadana (asambleas, foros) y los sostiene en el tiempo, aun cuando en ellos se puedan plantear críticas a su gestión. 2.- La presencia en el territorio de organizaciones sociales activas, con sus propias agendas y prioridades sobre todo en lo que concierne a los derechos de las mujeres - y alertas respecto de la receptividad,
20
Igualmente merece destacarse que se buscó incentivar la igualdad de género en el interior del Ministerio a través de la creación de una sala de lactancia materna para funcionarias de la institución en su oficina central de la capital, aunque ésta sea una acción con un impacto mucho más acotado y en cierta medida simbólico.
16
responsabilidad y eficiencia de la gestión local, con vocación de negociar y crear alianzas con actores tanto locales como nacionales e incluso internacionales. 3.- La construcción de instancias de articulación entre el nivel central/nacional (Estado local/central, ONGs / pares nacionales) y otros actores extra locales para formular acuerdos en temas de interés común. La presencia simultánea de estas dimensiones parece ser un ideal difícil o imposible de encontrar en la realidad de los espacios locales investigados. Sin embargo, en combinaciones particulares se expresan como una “buena práctica” en los municipios de Cotacachi y Nabón en Ecuador y Santa Tecla en El Salvador y El Potrerillo en Honduras. En los estudios de Bolivia y Ecuador se vio que la antesala de la descentralización “oficial” fueron los movimientos sociales indígenas, de mujeres y afro a favor de la autonomía de los territorios y el reconocimiento de sus identidades. La dimensión política de la lucha alcanzó un punto muy alto cuando sus candidatos (indígenas y afros) fueron elegidos para presidir el gobierno local. Por su parte, el estudio de Paraguay echa luz sobre una dificultad recurrente en los procesos de descentralización sectorial, que se vio – aunque de manera tangencial – en los cuatro estudios: •
Las políticas públicas sectoriales (sus discursos y orientaciones) formuladas y planificadas en el nivel central, son reinterpretadas en los espacios locales según sus propias historias, culturas, hábitos, percepciones, valores y resistencias al cambio, la existencia o no de organizaciones y redes sociales y patrones vigentes de gestión y autonomía municipal.
De ahí que sea esperable la existencia de tensiones en las relaciones de poder, en especial cuando las decisiones de los gobiernos centrales se ejecutan sorteando o contradiciendo la autoridad municipal, violentando, en ocasiones, prioridades y políticas en curso. Estas tensiones fueron advertidas también en el estudio de Bolivia. En consecuencia, las experiencias que evidencian una mayor ¨alineación¨ entre las políticas sectoriales del Estado central y las prioridades locales, como consecuencia de consensos en los que participa la ciudadanía, parecen tener mayores márgenes de posibilidad para encaminar acciones efectivas respecto del mejoramiento de la vida de las personas, y en particular de las mujeres. Los estudios de Ecuador y Paraguay permiten visibilizar y analizar los dispositivos institucionales de participación social, orientada a la toma de decisiones. Los casos destacados en Ecuador (especialmente Cotacachi, Nabón y Esmeralda) muestran el carácter estratégico y dinamizador para la gestión de gobierno, de la participación de las organizaciones sociales y de mujeres. Los presupuestos participativos, la identificación de prioridades comunitarias y la planificación y distribución de recursos, se formularon colectivamente a través de dispositivos (asambleas, mesas de gestión local) de articulación Estado – sociedad civil, promovidos por los gobiernos locales. Este proceso multiactoral favoreció el establecimiento de prácticas de profunda raíz democrática. La fortaleza de estos espacios de encuentro residen, a nuestro juicio, en el acuerdo tácito de reconocimiento entre ambos actores (estado – sociedad civil), forjado en las luchas por la autonomía e identidad local “de abajo hacia arriba” y en la disposición y compromiso con las decisiones por parte de los alcaldes y alcaldesas.
17
En Paraguay, en cambio, la creación del dispositivo ´Consejo Local de Salud´ fue el requisito para la descentralización de la política pública de salud en los territorios, impuesto de “arriba hacia abajo”, forzando a los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil a formalizarlos. Ambas situaciones mostraron, aun con sus diferencias, que los procesos y dispositivos participativos locales más legitimados y sostenidos en el tiempo, lograron crear un clima social “amigable”; aunque no garantizaron necesariamente - en todos los casos - efectos perdurables, respecto del empoderamiento de todos los sectores de mujeres.
V.- Sugerencias de Temas de Investigación •
En relación a los /las decisores/as y planificadores/as:
Como hemos visto, la equidad entre los géneros y el ejercicio activo de los derechos por parte de las mujeres no son cuestiones que logren integrarse con la fluidez y celeridad deseable en las políticas que emergen de los procesos de transformación político-institucional descriptos. Salvo excepciones, tienden más bien a decaer en el interés de los/as decisores una vez que estos cambios se instituyen. Por tanto cabría indagar: •
Los obstáculos de diverso tipo (subjetivos, relativos a las culturas institucionales, a las dinámicas de las relaciones de poder de actores -dentro de este sector- y en su relación con otras actorías sociales y políticas, los cambios contextuales, emergencia de nuevas prioridades, etc.) que condicionan cursos de acción o determinados ciclos de política que frenan, limitan o erradican de sus prioridades y objetivos la igualdad o equidad de género y la participación de las mujeres en las decisiones concernientes a la gobernabilidad
•
Complementariamente, las condiciones que facilitan que estas temáticas logren integrarse y sobre todo ser sostenidas y profundizadas a lo largo de ciertos periodos de tiempo; cómo se conforma el mapa de actores y de relaciones y las argumentaciones para justificar este enfoque y las políticas que concitan mayor o menor adhesión e inversión de recursos.
•
Las representaciones de este sector (según niveles jerárquicos y otras variables) en torno a los patrones y relaciones de género en la comunidad y sus actitudes y valores al respecto resultan claves para detectar sus disposiciones y resistencias al cambio y, por tanto, su mayor o menor compromiso con políticas con estos objetivos.
•
Los beneficios o perjuicios imaginados o vividos, por los/as decisores/as y planificadores/as que apoyan este tipo de políticas, y las respuestas de la institucionalidad respecto de quienes toman actitudes favorables o desfavorables (en términos de promociones, incentivos, reconocimiento, etc.) es otro tema que puede aportar interesantes elementos de análisis.
•
En relación a las mejoras que la descentralización aportó a las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres:
Como surge de algunos de los estudios, ciertas decisiones del poder político o técnico local, pueden mejorar la calidad de vida de las mujeres y tener un efecto de empoderamiento, aun cuando no hayan sido inicialmente pensadas y diseñadas con el fin de lograr la igualdad de género o la participación ciudadana de ellas. 18
En este sentido resultaría de interés desarrollar proyectos que analicen comparativamente distintas políticas focalizadas en las mujeres y / o en las relaciones de género, en la misma o en diversas comunidades, con el fin de explorar: •
Las concepciones en las que se basan (resolución de necesidades prácticas, avances hacia el logro de los intereses estratégicos, empoderamiento de las mujeres, cambios en los roles de ambos géneros, etc.). En cada caso identificar cuáles son sus incidencias en los/as destinatarios, en sus relaciones familiares, autonomía, conciencia y ejercicio de derechos y también en la valoración de los distintos modelos de políticas por parte de la comunidad.
•
En relación al ejercicio de los derechos de las mujeres:
El conocimiento, la apropiación y el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres es un proceso complejo que abarca múltiples dimensiones; puede expresarse de distinto modo según los ámbitos (como por ejemplo el político y el familiar), y el tipo de derechos en juego. Asimismo, sus manifestaciones pueden tener picos, mesetas o retrocesos según condiciones socio-históricas, posición socioeconómica, edad, etnia y otros marcadores del colectivo de mujeres. La indagación de estos procesos y especialmente su relación con transformaciones político-institucionales es un tema riquísimo para generar conocimientos que sustenten la formulación, implementación y evaluación de políticas locales. •
En relación los dispositivos institucionales y modelos de gestión:
La integración de los enfoques de género y derechos de las mujeres a las políticas locales y la decisión de crear espacios de participación para ambos géneros, imponen una transformación de la estructura institucional capaz de reflejar estas nuevas orientaciones y dar lugar a prácticas renovadas. De ahí que puede ser de gran aporte el desarrollo de estudios que den cuenta de los procedimientos y canales institucionales sobre los que se sostienen las decisiones de avanzar en esta dirección; cómo circula la información al respecto y si se evalúa o no su cumplimiento; en suma, los factores endógenos a la institucionalidad estatal local que impulsan, detienen o descartan formal o informalmente las acciones o políticas sensibles a la igualdad de género. Los estudios que hemos descripto verifican la falta de recursos humanos con competencias adecuadas para integrar el enfoque de igualdad de género en las políticas locales. Si bien existen numerosas ofertas de formación en mainstreaming de género, sería muy conveniente la realización de estudios comparados sobre una muestra de ellos, y especialmente de los que disponen de evaluaciones de diversa envergadura. Otra estrategia es llevar a cabo la evaluación de conocimientos, necesidades y demandas de formación en este campo por parte de integrantes de los equipos técnicos de las oficinas de las mujeres a nivel local, y de ONGs de mujeres o temas afines. Ambos tipos de estudios podrían ser realizados por los ámbitos de Estudios de Género de universidades de América Latina. Estas recomendaciones no pretenden abarcar el amplio espectro de investigaciones que requiere un campo de estudios emergente y tan dinámico. Las necesidades de información y conocimientos que surjan de las 19
mismas instituciones locales, tanto estatales como sociales, para mejorar la calidad y eficacia de las políticas de equidad podrían operar como guías para encarar proyectos que repercutan en la acción. También sería importante realizar consultas con investigadores/as en temas afines, como políticas públicas, reformas estatales, desarrollo local, derechos humanos y de las mujeres, ciudadanía, estudios de género; para construir agendas de investigación novedosas y receptivas frente a las características de los contextos.
20
Bibliografía Documentos de las investigaciones
Bolivia. Arratia Jiménez Marina y Gutiérrez Pérez, Zulema. Derechos colectivos de agua y equidad de género en el nuevo estado plurinacional de Bolivia. Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia. Julio de 2010 Ecuador. María Arboleda, Stalin Herrera, Alejandra Santillana y Nancy Carrión, con aportes de Lissete Coba, Margarita Aguinaga y Javier Rodríguez. De actoras a autoras: la construcción de la autoridad pública de las mujeres en procesos de democratización local. Las experiencias de Cotacachi, Nabón, Esmeraldas y Cayambé. Quito, Agosto de 2010 El Salvador y Honduras. Herrera Morena. Benavidez, Mirna y Chistrine Damon. Desde Abajo y lo Local: La autoría de las mujeres creando nuevas institucionalidades de género. FUNDE, IDRC – FLACSO. El Salvador 2010 Paraguay. Coordinadores, Patricio Dobrée y Clyde Soto. Equipo de investigación: Edgar Giménez, Lilian Soto, Raquel Escobar, Esperanza Martínez, Desirée Masi y Diana Rodríguez. “La descentralización de la salud en Paraguay: ¿Un aporte para la igualdad de género?”, Paraguay 2009 Textos consultados Arocena, José (2008): “Los desafíos de la descentralización y la participación ciudadana en el Uruguay”. En Cuadernos para el Desarrollo Local. Diálogos por la Descentralización. Los nuevos gobiernos locales: la nueva institucionalidad y su incidencia en el desarrollo local. Programa de Desarrollo Local ART. Uruguay. -----(2002): El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Editorial Taurus. Montevideo. Uruguay. Beall Jo (2006): Derechos de la mujer y Desarrollo. Documento base de la Iniciativa “Descentralización y Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina y el Caribe. London School of Economics and Political Science Development Studies Institute. Decentralization, IDRC. Boisier, Sergio (2004): Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. Revista eure (Vol. XXX, Nº 90), pp. 27-40, Santiago de Chile. Bonder Gloria (2008): Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la realización de políticas de equidad de género a nivel local: Lecciones aprendidas en América Latina. Presentación en Red URBAL- Mujer y Ciudad. España. ----- (2002): El mejor resultado: Aprender de la experiencia. PRIGEPP-FLACSO. Argentina ----- (1998): La hechura de las políticas de género: reflexiones desde la práctica”. Fempress, en Educación, género y ciudadanía e influencia en las políticas públicas, REPEM GEO, Bolivia. Cos Montiel, Francisco, (2006): Desarrollo de una Agenda de Investigación sobre las “Descentralización y Derechos de las Mujeres en América Latina y el Caribe”. Documento Conceptual. Unidad de Género. IDRC – Canadá.
21
Massolo, Alejandra (2007). Nueva institucionalidad de género en América Latina. UN-INSTRAW: Santo Domingo ------- (2005): Las mujeres, los gobiernos locales y la descentralización. En Gobiernos Locales y Mujeres. Nº9. Vol.3 Urbared. ------- (2003): Políticas públicas locales de equidad de género. Una innovación de la gestión municipal. En “El municipio, Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Comp. Alejandra Massolo y Dalia Barrera Bassols. Instituto Nacional de la Mujeres, UNDP. México. -------- (2002): En el espacio local: oportunidades y desafíos para el empoderamiento de las mujeres. Una visión latinoamericana. Jornadas sobre género y desarrollo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, País Vasco. Kabeer Naila (2006): Lugar preponderarte del género en la erradicación de la pobreza y las metas del desarrollo del milenio. Editores IDRC – CRDI y Plaza y Yanez. Canadá. Robertson Roland (1997): Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad - heterogeneidad. En: Zona Abierta, N° 92-93, 2000. Del artículo original publicado en Featherstone, Lash y Robertson, Global Modernities, Sage, Londres.
22