Tierra y Agua by Iscod peru

CCP

Con fe de ra ción Cam pe si na del Pe rú Fundada el 11 de abril de 1947

Afiliada a la CGTP

¡Por la Tierra y el Poder, Venceremos!

Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de las Islas Baleares

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo

El agua, la tierra y los Megaproyectos ¡¡Que los paises que contaminan paguen la deuda climática!!

Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

Este módulo se ha elaborado en el marco del Proyecto: “Fortalecimiento de las Capacidades Campesinas para la Incidencia Política”, co ejecutado por ISCOD y CCP y financiado por la Agencia de Cooperación de las Islas Baleares.

Indice n Un Preámbulo

n PRIMERA PARTE

Se levantan nuevos latifundios que han sido gestados a través de la concentración de la tierra y la privatización del agua 1.1 El agua y la tierra en la década de los 90s 1.2 El agua y la tierra en la primera década del siglo XXI.

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n SEGUNDA PARTE

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Los megaproyectos constituyen la principal vía para privatizar el agua 2.1 El armazón legal de la ruta privatizadora 2.2 Los Megaproyectos de trasvase de agua de la sierra a la costa u El proyecto Majes Siguas II u El proyecto Olmos u El proyecto minero Tía María en el Valle Tambo 2.3 Las centrales hidroeléctricas en la amazonía peruana u Las urgencias energéticas de Brasil u Inambari: Un megaproyecto que no requiere ni Puno ni el Perú u Un proyecto sin licencia social porque daña mortalmente el ecosistema de la amazonia puneña. n TERCERA PARTE

Algunas conclusiones 3.1 Una primera conclusión: Los megaproyectos además de generar desequilibrios hídricos son grandes negocios 3.2 Una segunda conclusión: Los megaproyectos afirman el carácter oligárquico del poder neoliberal y son centros de diputa geopolítica en América del Sur 3.3 Una tercera conclusión: Los megaproyectos de trasvase de aguas son ineficientes económica y técnicamente; constituyen pingues negocios para las empresas trasnacionales y para los bancos; y incrementan la deuda externa. 3.4 Una cuarta conclusión: Los megaproyectos al ser centros de dominio territorial se ubican también como parte de la disputa geopolítica en América del Sur (Plan IIRSA) 3.5 Una quinta conclusión:La necesidad de tener una nueva mirada sobre el agua, construir un nuevo sistema de irrigaciones, como parte de la lucha para que los pueblos y países de todo el mundo acuerden la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. 3.6 Una sexta conclusión:La resistencia y la lucha de los pueblos en defensa de los recursos naturales son bastiones para el cambio que requiere el país.

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EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERU. Dirección: Plaza Bolognesi Nº 588-Breña-Lima 5 Email: ccp.peru@yahoo.es & 01-4251655 Secretarios Generales Colegiados: Melchor Lima Hancco Roberto López Cruz Jorge Prado Sumari. Marcelina Vargas Quispe Responsable del texto: Víctor Torres Lozada Equipo Técnico CCP: Victoria Medina Palomino Máximo Ponce Fuentes Lima, setiembre del 2010

“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

Preambulo

l agua, el oro azul, en tiempos de calentamiento global y de crisis

alimentaria mundial que hoy asola al planeta, está adquiriendo una notable trascendencia en casi todas las latitudes del orbe, toda vez

que su acceso como derecho en condiciones adecuadas de salubridad (agua potable), así como los caudales necesarios que se requieren de este recurso para los equilibrios de los ecosistemas (donde se producen los alimentos) y para el desarrollo de su potencial energético (para transformar la producción), son de hecho -factores- que inciden de manera decisiva en el desarrollo y avance de la agricultura, en el bienestar de los pueblos rurales; y por ende, en el progreso de los países. Sin embargo, desde que se inicio la implementación de las políticas del Consenso de Washington (C de W) y a lo largo de las dos últimas décadas (1990 - 2010), en el Perú esta trascendencia del agua ha sido fracturada, impidiendo que este preciado recurso natural vinculado indisolublemente a la tierra, pueda convertirse en un factor que potencie el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. Por el contrario, con las políticas neoliberales aplicadas en este mismo periodo, se venden y depredan -a diestra y siniestra- los recursos naturales abriendo un proceso que profundiza el desequilibrio físico-social que arrastra el país desde hace varias décadas; y que se expresa, en el profundo desequilibrio que existe entre el agua y la producción, bienes agrícolas y

EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

pecuarios que garanticen nuestra soberanía alimentaria; entre el agua y la generación de energía que permita una masiva transformación agroindustrial que sin duda requiere el Perú. Este mismo desequilibrio físico-social, acicateado por las políticas neoliberales, abre a su vez, agudos conflictos socio-ambientales que se desencadenan en la gran mayoría de las cuencas regionales e interregionales que existen en la montaña andina peruana. Y en medio de este proceso se añade otro conjunto de políticas, que de un lado, mantienen la pobreza que oscila entre el 50 y 47% del total población (salvo en las maquilladas estadísticas del INEI como lo demuestra Farid Matuk); y de otro lado, acrecientan sin freno las desigualdades económicas y sociales en la sociedad peruana (en particular en la rural), de modo que los poderosos se hacen más ricos y los pueblos y los trabajadores tienen deteriorados sus ingresos y remuneraciones, al participar cada vez menos en la distribución de la riqueza que todos generamos.

“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

PARTE

Se levantan nuevos latifundios que han sido gestados a través de la concentración de la tierra y la privatización del agua a opción trasformadora de los pueblos de que la tierra y el agua -en manos de las comunidades campesinas, nativas, de los pequeños y medianos productores- es un binomio inseparable y fundamental, para producir alimentos para el sustento de la población, contribuyan a la preservación del agua y potencien la biodiversidad, ha sido quebrantada por el neoliberalismo, dado el hecho de que la concentración de la tierra conduce inevitablemente a la privatización del agua y viceversa; y por esa vía, se amplia cada vez más un circulo que conlleva a que las grandes empresas tengan un vasto dominio territorial que incluye el control del agua.

Vale decir, haberles arrancado la tierra y el agua a los campesinos y a los productores ha sido un proceso que se inicio con el gobierno de Fujimori, fue continuado por el gobierno de Toledo; para que finalmente, con el actual gobierno de Alan García, se termine por concentrar -tanto la tierra como el agua- en manos de grandes empresas (agro exportadores, azucareras, mineras, petroleras y gasíferas y forestales), que como latifundios hoy se yerguen como nuevos dueños y amos de valles enteros de la costa, de valles interandinos y praderas, de valles tropicales de ceja de selva y de llanos amazónicos. Veamos aunque sea de manera resumida este proceso:

A mediados de la década de los 90s en el proyecto Chavimochic se comenzó a concentrar tierras. EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

1.1 El agua y la tierra en la década de los 90s l gobierno dictatorial de Fujimori -derogó la reforma agraria, autorizó el mercado de tierras, ordenó la venta de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, ahogo a la pequeña producción agraria para obligarlas a vender sus tierras (principalmente en la costa), inicio la privatización de las cooperativas azucareras y otorgó todas las ventajas posibles a la inversión privada para que el gran capital penetre con facilidad al agro, principalmente de la costa y en menor medida de la selva.

Mientras tanto, el DL17752 (1969) -Ley General del Agua que prohibía la privatización del agua- lo desarticularon hasta convertirlo en “letra muerta”; sin embargo, por la resistencia de los pueblos no lograron (como hubieran deseado) aprobar una ley general del agua de corte neoliberal. Pero ello no se constituyó en un obstáculo para que de manera paralela se impulse la privatización de las tierras irrigadas de los grandes proyectos de trasvase de agua que se construyeron entre 1950 y fines del 80, como es el caso de Poechos en Piura, Tina“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

jones en Lambayeque, Chavimochic en la Libertad, Chinecas en Ancash y Majes en Arequipa, entre las más importantes. Dicho de otro modo, estos proyectos que fueron construidos para irrigar las tierras con la finalidad de promover la agricultura que destina su producción al mercado interno, entraron en cuadros parciales de privatización pero que fueron procesos más que suficientes para ponerlas en la lógica de “exportar o morir”, como es el caso de la Irrigación de Chavimochic, donde la empresa Camposol compro un predio de 3,726 hectáreas (La Revista Agraria Nº 117/CEPES), comenzando a concentrar tierras en estos valles con el fin de exportar. Es menester indicar que esta misma política de mercado salvaje privatizador también fue aplicada al conjunto de la economía del país acompañada de la construcción de un Estado neoliberal, que según Sinesio López, es un Estado cleptopatrimonialista que esta organizado para repartir el botín a la cúpula del poder,

llevando la corrupción en el país a niveles nunca vistos en nuestra historia republicana. A lo que hay que añadir que este mismo Estado sostiene un régimen político que permite gobernar el país a través de Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos, que ha llevado a que este sistema político sea tipificado como una “Democradura” (Autoritarismo y represión). Con el conjunto de estos parámetros (C de W) se moldeo un modelo primario exportador donde la sobre explotación de la fuerza de trabajo y depredación de los recursos naturales son las claves para el incremento de

las sobre ganancias de las empresas trasnacionales; mas aún, si estamos viviendo una época de dominio del capital financiero sobre el productivo que conduce a que los precios de los llamados comodities (minerales, petróleo, gas y alimentos) suban como burbujas financieras y sean manejadas con una lógica especulativa para asegurar grandes rentabilidades no sólo para las empresas sino también para los bancos. No esta demás indicar que el incremento de los precios internacionales de los minerales se debe –aunque en menor medida- al aumento de la demanda de metales por parte de China, India y Brasil.

1.2 El agua y la tierra en la primera década del siglo XXI l proceso anterior que hemos descrito se profundizó al amparo de los Decretos Legislativos que fueron promulgados por el presidente Alan García (2008) y que están inspirados en la llamada teoría de “El síndrome del perro del hortelano”, que en síntesis sostiene que la tierra, el agua y los demás recursos naturales solo pueden adquirir “valor” si son entregados al capital privado y si es extranjero, mucho mejor.

Y para redondear su teoría califica despectivamente de “perros del hortelano” a las comunidades campesinas, nativas, a los productores y ciudadanos que defienden los recursos naturales y sus derechos, para lo cual también ha escrito otro artículo que se titula “Como acabar con los perros del hortelano”, con argumentos forzados y artificiales que le permitan justificar la criminalización de la protesta social. EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

Agraria (1968). Así, Como fruto de esta voluntad expor ejemplo, hoy la tranjerizante el gobierno alanista empresa Gloria SA sigue entregando nuestros recures dueña (nada mesos naturales a las grandes emnos) de cerca de 56 presas trasnacionales. En la sierra mil hectáreas, miena través de concesiones otorgadas tras que Casagrande para la exploración y explotación -que fue el latifundio minera que alcanzan la cifra de más grande antes de cerca de 20 millones de hectáreas la Reforma Agraria(ver artículo de José D’Echave/ sólo era dueña de 29 Cooperaccion), se han instalado mil hectáreas. prácticamente nuevos latifundios El latifundio más grande de la costa peruana. mineros que además de controlar La tragicomedia de esta situación, es el la tierra y tener dominio territorial controlan hecho de que Jorge del Castillo en nombre el agua de las cabeceras de cuenca. del APRA ha presentado un proyecto de Ley para que los límites de la propiedad agraria La selva, según Marc Dourojeanni, se ensea de 40 mil hectáreas, es decir, consolicuentra también lotizada a favor de las grandar poderosos latifundios, pisoteando el des empresas de hidrocarburos (petróleo y consenso de expertos agrarios quienes susgas), de grandes negocios forestales y se distentan que el limite suficiente debería ser de pone que el agua sea embalsada en lagunas 250 hectáreas. Y la Confiep a través de de afianzamiento hídrico para construir cengrandes comunicados (Diario La República trales hidroeléctricas, con el fin de abastecer del 16/07/10) manifiesta de que no debe energía al Brasil. haber ningún límite porque ello ahuyentaría la inversión privada y sería ponerse en En la costa, como ya dijimos anteriormente contra de las llamadas “leyes” del mercado, nuevamente han vuelto los latifundios; inque como sabemos ellos mismos crean e cluso, son mucho más grandes que los latiimplementan. fundios que existían antes de la Reforma “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

II.

PARTE Los megaproyectos constituyen la principal vía para privatizar el agua n los años del 2008 y 2009, el gobierno -como ya anotamos líneas arriba- se dotó de un conjunto de normas (Decretos Legislativos y de Urgencia) con la finalidad de proseguir en su ruta privatizadora del agua. Veamos de manera resumida el contenido esencial de estas normas:

2.1 El armazón legal de la ruta privatizadora n El DL Nº 1012 El gobierno, el 12 de mayo del 2008, emitió esta norma, con la expresa finalidad de crear la modalidad empresarial llamada Asociaciones-Público-Privado, para que a través de ellas, las grandes corporaciones privadas y trasnacionales reciban en concesión -entre otros- los nuevos proyectos de Irrigación e Hidroeléctricos. Es más, estas asociaciones no sólo recibirán recursos del Estado (que incluye los avales financieros), sino que venderán el agua a los productores y ciudadanos que necesiten de ella. Estas alianzas empresariales donde lo privado domina y controla el negocio y lo pú-

blico es apenas una muletilla, no son sino privatizaciones con la ventaja de que reciben suculentos recursos del Estado. Es bueno estar informados que con este DL se autoriza al Estado transferir recursos hasta un 7% del PBI a las Asociaciones-Público-Privado; y ello constituye, una de las razones para afirmar con certeza que con el neoliberalismo el gasto fiscal se ha privatizado. n El DL Nº 1031 En junio del 2008, el gobierno dictaminó este DL, con el cual busca liquidar las actuales empresas públicas (entre ellas las del agua), prohibiendo expresamente que las empresas estatales sean titulares (a EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

nombre del Estado) de los bienes de dominio publico y dispone inscribir como mínimo el 20% de su capital social en la Bolsa de Valores para que por esa vía puedan ser privatizadas. Dicho de otro modo, este DL, busca que no sólo el Estado no tenga empresas estratégicas, sino bloquear toda posibilidad de alternativa pública a las llamadas Asociaciones

Público-Privado. Coherente con esta visión Alan García - en su discurso del 28 de julio del presente año- afirmó que él como presidente: “…no cree en el Estado Empresario”. Es obvio que esta afirmación ha sido realizada con el fin de justificar la entrega al capital privado trasnacional de las empresas y actividades estratégicas que todo Estado que se precie de soberano y moderno, debe tener bajo su control.

Veamos la siguiente imagen de Carlos Tovar que ilustra este pensamiento antinacional y que lo contrasta con las empresas estatales de otros países.

“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

n LA LEY Nº 29338 En marzo del 2009 el gobierno promulgó la Ley General de Recursos Hídricos que semanas antes fue aprobada por el Congreso de la República, la cual en correspondencia con la Constitución de 1993, da su conformidad con el precepto neoliberal de que el Agua (y los demás recursos naturales) mientras estén en sus fuentes naturales son Patrimonio de la Nación -pero una vez concesionados- pasan a propiedad de las empresas privadas concesionarias. También esta Ley “consagra un régimen de derechos para el uso del agua mediante licencias”, pero resulta que este régimen de derechos (llámese licencias, autorizaciones, permisos contratos de acceso) tienen los mismos alcances que las concesiones que otorga a su titular un derecho real (derecho de propiedad). Por otro lado, “promueve la participación del sector privado en la “construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de la misma”; y por ello, autoriza a la Autoridad Nacional del

Agua (ANA) para que aplique la “Ley que regula el agua en los proyectos Especiales entregados en concesión”- Ley Nº 28029 (Toledo) y su Reglamento (García), y de esa manera se garanticen las reservas de agua que requieran estos proyectos privatizadores, así como establecer las tarifas que garanticen también la rentabilidad del negocio. n El DU Nº 121 En diciembre del 2009, el gobierno emitió esta norma para impulsar la liquidación de las empresas públicas, pero sobre todo para dar curso y prebendas a las Asociaciones Publicas-Privadas, autorizando que: “Los terrenos de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la unidad titular de los mismo al concedente en la oportunidad en que este lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo que así lo establezca” (Articulo Nº 4, inciso 2) EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

2.2 Los Megaproyectos de trasvase de agua de la sierra a la costa: Privatizan el agua, son un gran negocio para las corporaciones, benefician a las empresas agroexportadoras y generan desequilibrios hídricos y sociales en la parte alta de la montaña andina. En el año 2010, la ofensiva privatizadora del agua se concentra en distintos mega proyectos que debemos analizarlos por las repercusiones que ellos tienen sobre el agua, la agricultura y el desarrollo del país. Pasamos a destacar aquellos proyectos que en la actual coyuntura se han puesto en la agenda nacional, sea por su conflictividad social y/o por razones ambientales:

El proyecto Majes Siguas II Etapa generará agudos desequilibrios hídricos en la cuenca alta de Espinar Cusco y amenaza con dejar sin agua a los productores de la cuenca del Colca l Proyecto Especial Majes fue creado por decreto Ley Nº 18970 en el año 1971 (Gobierno de Velasco Alvarado), como un proyecto Hidráulico de trasvase de las aguas de los ríos Apurímac y Colca (por medio de túneles y canales) hacia la Pampa de Majes-Siguas, con la finalidad de contar con agua para la agricultura, generar energía eléctrica y darle también otros usos urbanos. Este proyecto estuvo diseñado para ser ejecutado a través de dos etapas.

o La primera etapa Esta etapa esta ya concluida -construyó la “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

represa de Condoroma, túneles y canalespara irrigar las pampas de Majes (ver grafico), que según la información oficial, sólo llegó a cubrir cerca de 22 mil has que demandó una inversión de 748 millones de dólares (ver La Revista Agraria Nº 117. CEPES). Aun cuando esta primera etapa, fue cuestionada por la gran cantidad de recursos que tuvo que gastar el Estado (vía deuda externa) y que determinaron que los costos por hectárea sean demasiado altos (cerca de 33 mil dólares por hectárea), era un proyecto que centralmente estaba orientado a fortalecer la agricultura arequipeña

que abastece la demanda regional y nacional. Esta etapa era en realidad parte del modelo desarrollista que impulso el gobierno militar de la década de los 70s. o La segunda etapa PAMPAS DE MAJES I ETAPA Constituye en si el Proyecto Majes Siguas II –está recién por construirse cuyas obras a realizarse comprenden la represa de Angostura, el túnel Colca-Siguas (de 18 Km.), la bocatoma Lluclla, el sistema de distribución y riego Pampas Siguas, y la línea de distribución eléctrica Callalli- Angostura. Esta etapa tiene objetivos distintos a los que se diseñaron para la primera etapa en la década de los 70s. Ahora se trata de trasvasar aguas de las partes altas de la cordillera para irrigar la pampa de Siguas cuya producción debe ser dedicada a la agro exportación, así como dotar de agua a las empresas privadas eléctricas y a las empresas mineras que se ubi-

PRESA DE ANGOSTURA PROYECTADO II PRESA DE CONDORAMA

PAMPAS DE SIGUAS II

can en suelo arequipeño. Este proyecto se entregará en concesión y se implementará bajo la modalidad Asocio Publico-Privado; y por tanto, recibirá cuantiosos recursos del Estado. Más aún, buscará reorientar la primera etapa en los marcos de la privatización. o La respuesta de los pueblos del Cusco Cuando en noviembre del 2009 se iba realizar la licitación pública del Proyecto Majes Siguas II, cientos de pobladores de Espinar-Cusco sobre todo las comunidaEL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

des campesinas lideradas por la FUCAECCP, irrumpieron en masa y tomaron carreteras y realizaron marchas durante 15 días, es decir, realizaron una huelga campesina y popular. Las razones de esta lucha son varias. Según el Alcalde Provincial de Espinar, Eloy Chancayauri, en la entrevista que concedió a la periodista Vanesa Ochoa (Diario La República del 01/04/10), declaró sin rodeos “que de ejecutarse el proyecto Majes- Siguas II se afectará la actividad pecuaria, una de las principales fuentes de sostenimiento y de trabajo en la zona y que compromete aproximadamente a 40 mil familias, que en su mayoría están aglutinados en 68 comunidades campesinas”. Por su parte, Lucio Cruz Quispe, coordinador general de la Comisión Técnico- Legal de la Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río Apurímac, sostuvo “que de implementarse el cuestionado proyecto, la provincia de Espinar sólo tendría un 10% de las aguas del río Apurímac”, lo que implicaría que los 67 “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

expedientes de proyectos agrícolas en las zonas, que ya han sido aprobados, queden sin efecto. Más aún, ambos representantes, también señalaron que este proyecto se pretende ejecutar sin que ninguna organización social ni campesina hubiera sido consultada, violándose otra vez el Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa. Estos acontecimientos derivaron en dos aspectos de suma importancia. Por un lado, la Sala Mixta Descentralizada de Canchis Cusco, en marzo del año pasado, ordenó a las autoridades del Gobierno Central y a Pro Inversión que cumplan con realizar estudios de impacto ambiental y un balance de los recursos hídricos antes de licitar el Proyecto Majes -Siguas II; y de otro lado, la licitación fue declarada desierta ante la ausencia de postores quienes días antes declararon que no se presentarían por la falta de garantías políticas y sociales; y porque la participación económica del Estado les parecía insuficiente. Ambos hechos abrieron la posibilidad de que el conflicto tomará otro curso; sin em-

bargo, cuando todo parecía que se abriría un espacio de dialogo y concertación entre los pueblos y las autoridades de las regiones de Cusco y Arequipa, sin consultar a institución alguna y pisoteando el mandato del juez, el sábado 12 de junio, el presidente Alan García inauguró el proyecto Majes-Siguas II Etapa. Anuncio que el costo de la “inversión sería de aproximadamente 410 millones de dólares que será financiado por el gobierno central con 150 millones de dólares, el gobierno regional de Arequipa con 57.7 millones de dólares, y el concesionario con 197 millones de dólares; y su ejecución incorporará 38,500 nuevas hectáreas” (Diario La República del 12/06/10). Conocida la propuesta oficial sobre el monto de la inversión que requerirá proyecto Majes-Siguas II se puede señalar que aproximadamente el costo de una hectárea será de 10, 650 dólares. En el Suplemento Poder Regional del diario La República (14/08/10), se informa que el precio de venta será de 4,000 dólares por hectárea, es decir, se venderá a precio subsidiado. Este precio esta calculado para beneficiar a las empresas agroexportadoras (ya que

vista la experiencia) por lo general todas esas empresas compran predios de no menos de 300 hectáreas con el fin de concentrar la tierra y asegurar el dominio territorial y control del agua (y además tienen los recursos para obtenerlos). Por estas características y porque así esta diseñado el proyecto Majes Siguas II (para entregar tierras irrigadas a los poderosos); los medianos pero sobre todo los pequeños productores, quedaran excluidos del proyecto. Veamos otro “detalle” que no deja de ser importante. Como el gobierno aumento su participación en el proyecto (para satisfacer a los postores) en la suma de 100 millones de dólares, ello significa que la participación del Estado corresponde al 50.5% del total de la inversión. Por tanto, se puede suponer que el Estado en su condición de mayoría conducirá y dirigirá el proyecto. Pero dada la orientación del neoliberalismo ello no será así; en tanto que la Constitución del 93 y otras normas (DLs Nº 1031 y 1012), establecen que el rol del Estado en la economía solo debe servir al desarrollo y engrandecimiento del capital privado (a ello le llaman el rol subsidiario del Estado). EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

e modo de que estamos avisados de que la empresa privada que gane la licitación del Proyecto Majes Siguas II recibirá del Estado (que es dinero de todos los peruanos) la suma de 207.7 millones de dólares; manejará y conducirá el proyecto no menos de 20 años; venderá el agua y la tierra (a precio subsidiado de 4 mil dólares) a las grandes empresas agroexportadoras, como satisfacerá las demandas de agua que exigen la empresa eléctrica Egasa y la poderosa empresa minera Cerro Verde.

En otras palabras el gobierno realiza todo ello para favorecer a un pequeño núcleo de empresas que se han puesto de espaldas para resolver nuestra condición de importadores netos de alimentos básicos y sólo piensan en el negocio del mercado externo, para lo cual reciben sustantivos subsidios como es el caso de que sólo pagan el 50% del impuesto a la renta, se les devuelve el IGV y están dotados de normas laborales que llevan a que los trabajadores rurales reciban salarios de miseria y laboren en pésimas condiciones de trabajo. Mientras que los campesinos y pueblo de Espinar y los pequeños agricultores y pobladores de la cuenca del Colca, no sólo serán convidados de piedra y seguirán abandonados sin crédito, sin precios justos, sin programas de apoyo técnico para su producción – es decir- sin políticas agrarias que los favorezcan; sino que ahora, heredaran agudos desequilibrios hídricos cuyos impactos se reflejarán en la postergación -una vez más– de sus anhelos de progreso y justicia.

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o La nueva respuesta de los pueblos, del municipio provincial del Cusco y de los productores del Valle del Colca Ante estos delicados sucesos, el pueblo de Espinar y las comunidades campesinas han tomado la decisión de retomar las movilización de noviembre del año pasado; el Municipio de Cusco que en abril del 2009 avaló la

firma del convenio Asocio-Publico.-Publico para defender el Agua como Derecho Humano, ha emitido un pronunciamiento público (Diario La República del 05/08/10), que en medio de la defensa del gas de Camisea, a letra dice: ¡¡¡Rechazo al proyecto Majes Siguas II que pretende llevar adelante el gobierno central atentando contra los recursos hídricos del Cusco!!!

Campesinos de Espinar y productores de la cuenca del Colca defendiendo el agua que debe permitir el desarrollo de sus pueblos

EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

Y en respuesta a lo anunciado en el mensaje presidencial del último 28 de julio, el pronunciamiento manifiesta lo siguiente: “Finalmente, el Gobierno Central, busca de todas formas de imponer la ejecución del Proyecto Majes Siguas II, atentando contra los recursos hídricos del departamento del Cusco provocando así, un impacto ambiental negativo, con el consecuente desabastecimiento del liquido vital, por lo que nos pronunciamos en forma rotunda contra estas pretensiones”. Por otro lado, la Junta de Usuarios de la Pampa de Majes, a través de un pronunciamiento publicado en el diario La República del 8 de agosto del 2010, denuncian que la Autoridad Regional del Agua, con motivo de la apertura de la presa Bamputañe (construida unilateralmente por Egasa y Cerro Verde), ha dispuesto que las aguas del río Bamputañe, que discurren libremente hacia el río Colca:

“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

“…sean ahora embalsadas y trasvasadas hacia la cuenca del río Chili, para ser destinadas en la generación de energía eléctrica (Egasa) y de paso ser utilizadas para las actividades de la Minera Cerro Verde… y van a traer un peligro grave e irreparable para la agricultura de la Cuenca y el desarrollo del proyecto anhelado de la Primera Etapa de la irrigación Majes.” Además de señalar que este conflicto esta generado por Egasa-Cerro Verde-ANA, de declarar al Ministro de Agricultura, Adolfo Córdova, como persona no grata para los productores de la cuenca del Colca y señalar que están ante un gobierno central indolente; han acordado realizar un paro para defender sus derechos y los derechos del pueblo de Colca. Por ello, es indispensable señalar que no estamos ante el enfrentamiento entre los pueblos de Cusco y de Arequipa, sino de estos pueblos contra un proyecto que no solo quiere arrancarles el agua, sino privarlos de las posibilidades de desarrollo y progreso.

Proyecto Olmos: Un bocado para las trasnacionales (Odebrecht) y para las empresas agro exportadoras n la segunda década del siglo pasado, el ingeniero Charles Sutton, esbozó el primer perfil para trasvasar las aguas de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacifico, con el expreso propósito de promover a la pequeña y mediana agricultura destinada a la producción de alimentos para la población regional y nacional. Por mantener estos objetivos -la oligarquía de ese entonces- lo encarceló aprovechando la caída del poder de Augusto Leguía (quien lo había traído al Perú). Si el ingeniero Sutton estuviera presente en estos tiempos globalizados probablemente seria acusado de “perro del hortelano”.

En efecto, el proyecto Olmos, que es construido desde el 2004 por la empresa CTO (Concesionaria Trasvase Olmos) de propiedad de la empresa brasileña Odebrecht, debe irrigar aproximadamente cerca de 38 mil hectáreas. El proyecto esta diseñado para promover y entregar las tierras irrigadas a grandes empresas agro exportadores sean estas nacionales o extranjeras. Pues, según la propia empresa (ver Pág. Web) ya existen más de 100 empresas extranjeras que tienen un gran interés por estas tierras y que son principalmente de Chile, Brasil y China. o Un proyecto que tiene dominio territorial y de control del agua de corte transversal Para comprender la naturaleza integral de este proyecto que ha sido concesionada bajo la modalidad Asocio-Publico-Privado a la empresa CTO hay que señalar que tiene tres fases tal como lo muestra el siguiente grafico:

EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

CORTE TRANSVERSAL: Proyecto integral

3 Producción agricola

de 2 Producción energía

1 Transvase de agua Túnel Trasandino Ya construido por Odebrecht

Conducto norte Conducto central Conducto sur Túnel D-2

Presa Limón

Túnel D-1

Conmutador 1,104 msnm

Conducto norte Conducto central Tierras a incorporar

Central Hidroeléctrica Nº1 Central Hidroeléctrica Nº2 Conducto sur

Fuente: Odebrecht

“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

Rio Huancabamba

Rio Tabacanas

CONCRETO LANZADO Tras la excavación del túnel se lanza una mezcla de concreto con fibra de acero en todo el perimetro de la zona excavada, con una bomba de concreto que servirá de acabado del túnel. LA REPÚBLICA

Como se observa este proyecto tiene un control territorial de gran magnitud que va desde las partes medias que se ubican en la vertiente del atlántico, pasa por la puna mediante el túnel de trasvase, baja por la vertiente occidental hasta llegar a la costa (pampas de Olmos). A este control territorial se añade el control monopólico del agua que sin ninguna duda -sobre la base de la venta del agua- será un factor que

Fases

Periodo de construcción

acelerara el control monopólico de las tierras en este valle. Veamos ahora las características de cada fase del proyecto que incorporan las principales obras, los periodos de construcción, el tiempo que dura la concesión y la forma de cómo se recuperara la inversión; para luego analizar brevemente cada una de ellas:

Periodo de Operación

Recuperación de la inversión

Primera Concesión • Túnel trasandino • Presa Limón

En 4 años (2006-2010)

Concesión por 20 años Prorrogables a 40 años mas Total 60 años

Segunda Concesión Centrales Hidroeléctricas

En 6 años (2006- 2012)

A perpetuidad

Tarifa por potencia y venta de Energía

Tercera Concesión Obras de distribución de aguas (irrigación pampa de Olmos)

En dos años (2010- 2011)

Mínimo 20 años Máximo 60 años

Tarifa por venta del Servicio de Agua

Subasta de Tierras

En un año (2011)

Perpetuo

Ingreso de Producción

Tarifa por trasvase de agua

Fuente: Varios informes de Proinversión y de Odebrecht Elaboración: Propia EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

o El Trasvase: Negocio para Odebrecht y para los bancos. El propósito de esta fase del proyecto es regular y trasvasar los recursos hídricos del río Huancabamba, de la vertiente del Océano Atlántico, hacia el río Olmos, de la vertiente del Océano Pacífico, mediante un túnel trasandino que tiene una longitud de 19.3 Km. y un diámetro de 4.8 m y la construcción de la presa Limón. Se ha usado tecnología de última generación y prácticamente esta culminada y piensa ser entregada a fines del presente año. Esta primera fase del proyecto -como está consignado en el cuadro mostrado líneas arriba- ha sido concesionada por 20 años a la empresa CTO-Odebrecht de Brasil y puede quedarse 60 años si la empresa desea prolongar sus ingresos. La inversión de esta fase, se produjo en condiciones ampliamente favorables para la empresa brasileña. El total de la inversión alcanza el monto de 247 millones de dólares de los cuales el Estado financia la suma de 77 millones de dólares no reembolsables (es decir, no serán devueltos por “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

la Odebrecht de Brasil). Es bueno saber que estos recursos fueron prestados por la Corporación Andina de Fomento -CAF y que todos debemos pagar. El resto de la inversión que tiene el aval y garantías de Estado, provienen de Bonos emitidos por la propia concesionaria en el mercado de capitales del país por el monto de 100 millones de dólares; de un préstamo de la CAF por 50 millones de dólares; y de Equity (los accionistas) por el monto de 20 millones de dólares, que resulta ser el capital fresco que pone Odebrecht. Es decir, esta empresa vino con 20 millones de dólares frescos (que es casi la cuarta parte de lo que pone en fresco el Estado) y mueve 247 millones de dólares que representa más de 12 veces de lo que inicialmente trajo. Es decir, un negocio redondo. El financiamiento de esta inversión esta estrechamente vinculado a grandes bancos internacionales como el es caso de la CAF, que además de obtener intereses gananciales es una institución abiertamente privatista que condiciona sus prestamos para estos fines.

Es bueno tener en consideración que del conjunto de la inversión la suma de 40.5 millones esta destinado al pago de intereses de la deuda que representa el 16 % del total de la inversión. o Una fase incierta: La construcción de las centrales hidroeléctricas. Esta fase comprende la construcción de dos centrales hidroeléctricas. Las empresas que estarán a cargo de la construcción y operación de las obras eléctricas tendrán concesiones a perpetuidad y serán entregadas

bajo la modalidad Asociación-Publico-Privada. A la fecha se han presentado 15 empresas de las cuales sólo cuatro han sido precalificadas. La inversión total y la parte que entregara el Estado todavía no se conoce en tanto que no hay una propuesta concreta al respecto. Todo indica que esta fase se quedará en la sala de espera y lo más probable es que no se ejecute por lo menos en los próximos años. Es obvio que Odebrecht, por ahora, no tiene el interés en la segunda fase, como si lo evidencio con la primera fase pero sobre todo con la tercera fase donde esta “lo mejor del negocio” del proyecto Olmos.

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o Otra vez un jugoso negocio para la empresa Odebrecht: 38 mil hectáreas de tierras que se irrigarán en la pampa de Olmos La empresa Odebrecht (la empresa favorita del gobierno) con el apoyo directo del presidente Alan García, del Premier Velásquez Quesquen y del gobierno regional de Lambayeque, termino ganando la concesión (tercera fase) bajo la propuesta llamada iniciativa privada auto sostenible, que constituye una variante de la modalidad Asociación-PublicoPrivada, que significa que la empresa concesionaria gestionará su propio financiamiento aunque mantendrá toda la protección y las prerrogativas que le otorgará el Estado vía el DL Nº 1012 y el DU Nº 121. Así, el consorcio brasileño tiene ahora el control pleno de la parte alta y la parte baja del proyecto; y por tanto tiene prácticamente en sus manos el control del conjunto del proyecto Olmos; y puede -cuando así lo considere necesarioadjudicarse la segunda fase (hidroeléctricas). Como se observó en el gráfico -esta fase- estará destinada a la irrigación de tierras dedi“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

cadas a la producción agrícola y para ello tiene tres conductos (norte, central y sur) que le permitirán alcanzar este fin. Como ya sabemos estas tierras serán en lo fundamental vendidas a aquellas empresas que se dedicaran a la producción de espárragos, pimiento piquillo, alcachofas y otros, las cuales compraran predios que les permitan concentrar la tierra y tener el control del agua; y de esa manera, los medianos y pequeños productores, que se dedican a la producción de alimentos serán excluidos y marginados, ya que -a decir verdad- el proyecto Olmos no ha sido diseñado ni organizado para ellos. La inversión en esta fase de distribución del agua, según la Odebrecht y el gobierno regional de Lambayeque alcanzaría la cantidad de cerca de 221 millones de dólares. Lo que significa que la inversión total (sin considerar la segunda fase) seria de 458 millones de dólares (247-primera fase + 211-tercera fase), lo que significa que aproximadamente el costo por hectárea será de 12,316 dólares; y sin embargo, proinversión ha informado que el precio será de 4,500 dólares por hectárea. Es decir, se venderá a precio

subsidiado para beneficio de las empresas agro exportadoras. Siempre debemos recordar -vista la realidad neoliberal de las dos últimas décadas- que los predios a venderse serán por lo general mayores a las 300 hectáreas, lo que hace que sean inalcanzables para los medianos pero sobre todo para los pequeños productores. o Olmos: Un “clúster” excluyente y que desarticula el desarrollo regional Tal como hemos analizado podemos concluir que de un lado, el proyecto Olmos no sólo significa un gran negocio para la empresa Odebrecht (y para los bancos), sino que la vía para recuperar la inversión y hacer rentable su negocio será mediante la venta del agua (lo que implica su privatización); y de otro lado, los otros grandes beneficiarios serán las empresas agro exportadoras (sean estas nacionales y/o extranjeras), las cuales acapararán las tierras irrigadas que las compraran con precios subsidiados. Por donde se le mire - Olmos - es pues un proyecto que se desborda en subsidios al gran capital.

Pero lo más delicado de esta situación es que las políticas del gobierno central y en menor medida del gobierno regional giraran alrededor de los intereses de la agroexportación y de las grandes empresas azucareras (y que ahora son nuevos latifundios); dejando en abandono a los otros sectores productivos en especial a la agricultura que se dedica al consumo interno. Se puede afirmar que el horizonte que se vislumbra para la región de Lambayeque es que estará bajo el dominio de un puñado de ricos dedicados al negocio del mercado externo -pero que a su vez– estará rodeada de trabajadores hambrientos (sobre todo rurales) y de pueblos sin perspectivas al no poder contar con una propuesta de desarrollo regional autónomo.

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El proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo (Islay-Arequipa)

i bien el conflicto por el agua en el Valle El Tambo (Islay-Arequipa) entre cientos de agricultores y la trasnacional minera Southern (Tía María), no proviene de un proyecto de irrigación en sí, tiene sin embargo, a la base los mismos problemas que genera la política neoliberal. Es decir, pretende traer consigo la marginación y la exclusión de los productores agrarios y pobladores de estos ámbitos del uso del agua, ya que por obra y gracia del gobierno como buen operador de la orientación neoliberal- decidió favorecer a la poderosa empresa minera trasnacional Southern productora de cobre. Veamos algunas características de este conflicto entre el agro y la minería.

“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

o El Tambo, es un Valle dedicado a la alimentación de los pueblos locales y sostén de la vida de cientos de agricultores Hablar del Valle del río Tambo significa referirnos a un emporio productivo agrario que tiene a cargo la alimentación de la población de su zona y de la región.

Produce azúcar, hortalizas, papa, alfalfa y otros; y es una zona también productora de camarones que han contribuido a darle un rico y variado perfil a la dieta arequipeña. Pero este valle a su vez tiene un evidente desequilibro hídrico que no le permite mantener con solvencia esta variada producción, debido a que el agua que proviene de la cuenca del río Tambo (cuya cabecera esta en Puno) es escasa, sobre todo en las épocas de estiaje. Esta dificultad hídrica -que procede de los irregulares volúmenes de agua superficial que viene de las alturas- es manejada por los agricultores apoyándose en las aguas subterráneas construyendo de esa forma un precario equilibrio hídrico para atender sus necesidades de agua potable y para la producción agrícola. Por estas razones cuando este precario equilibro es amenazado, como en este caso por la Southern, se movilizan en defensa del agua y para ello también se organizan en frentes de lucha. Más aún, si desde hace varias décadas, la Southern, contaminó sistemáticamente con sus humos

los aires y los suelos de este valle, dejando como antecedente su negativa a resolverlo. En otras palabras, los pueblos de Islay conocían y conocen en demasía la prepotencia de esta empresa minera. o La Southern (SPCC), sólo le interesa sus ganancias y no el desarrollo de los pueblos del valle El Tambo Según la información de la propia empresa, el Proyecto Minero Tía María de la SPCC, es un proyecto minero de explotación y procesamiento de mineral oxidado de cobre ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región de Arequipa. Contempla dos grandes etapas: en la primera etapa, que se planea ejecutar entre el año 3 y el año 15, se explotará a través de un tajo abierto, el depósito mineralizado La Tapada; y, en la segunda etapa, la cual se planea ejecutar entre el año 15 y el año 21, se explotará también a través de un tajo abierto, el depósito mineralizado Tía María. El Proyecto tendrá cerca de 18 años de operación. La capacidad calculada de extracción y procesamiento es de EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

100,000 toneladas de mineral por día, para producir aproximadamente 120,000 toneladas por año de cátodos de cobre de alta pureza (99.999%). La empresa minera ha anunciado una inversión de 940 millones de dólares, señalando al mismo tiempo que el Proyecto Minero Tía María contempla obtener el agua para sus operaciones a través de pozos de extracción de agua subterránea que se ubicarán en el valle del río Tambo en la zona de Cocachacra, lo cual implica profundizar el desequilibrio hídrico del valle El Tambo. Lejos de realizar con sus extraordinarias sobreganancias que obtiene del boom minero y construir su propia planta de desalinización del agua del mar, optó por “comerse las aguas del río Tambo” con la prepotencia y seguridad de quien sabe que cuenta con todo el apoyo del gobierno. o De la consulta ciudadana a la toma de la carretera panamericana sur El Gobierno y la empresa se equivocaron al evaluar que no se iba producir una ma“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

siva y combativa resistencia de los agricultores y del pueblo de Islay. quienes basándose en su vocación democrática realizaron una consulta ciudadana donde el 98% de sufragantes voto a favor de la orientación: ¡Agro Si; Minas No! Pero las autoridades no sólo desconocieron esta consulta democrática, sino que pasaron a convocar una audiencia pública para aprobar los “Estudios de Impacto Ambiental” (EIA) que había elaborado la propia empresa minera y que contaba con el aval del gobierno. Pero grande fue la sorpresa -para el gobierno y la empresa- cuando en abril del presente año, cientos de agricultores y pobladores de Islay, tomaron la carretera panamericana sur durante 6 días, pues había llegado el momento de hacer prevalecer sus derechos. Mostraron organización, audacia y capacidad de propuesta, al demostrar que el EIA no respondía al cuidado ambiental del valle; y el Frente de Defensa del pueblo de Islay -a través de una comisión especializada y con fundamento técnico- realizó cerca de 3,000 observaciones al EIA, haciendo evidente la endebles de este “estudio”.

12 mil agricultores toman el Km. 1049 de la Panamericana Sur

Ante la firme decisión del pueblo de Islay de defender su derecho a vivir y desarrollarse en base a la agricultura como pilar del desarrollo local y regional; el gobierno no tuvo otra alternativa que declarar la “intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del río Tambo. Esta es una victoria que sienta huella en la historia de Arequipa. En el 2002, los

pueblos urbanos de Arequipa impidieron la privatización de Egasa y Egesur; y ahora el 2010, los pueblos rurales lograron frenar los apetitos depredadores de la Southern (SPCC). Pero el pueblo de Islay sigue vigilante de sus derechos y han logrado que el gobierno regional de Arequipa instale una mesa de trabajo, para que atienda sus reales demandas vinculadas al agro y al desarrollo local.

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2.3 Las centrales hidroeléctricas en la amazonía peruana Construirán 6 hidroeléctricas en la ceja de selva del país para vender energía al Brasil; construirán lagunas de afianzamiento hídrico para potenciar a las centrales hidroeléctricas de Brasil; son mega proyectos que no sólo devastaran el agua y quebraran los ecosistemas de la amazonía, sino que desplazarán a pueblos enteros. De implementarse las lagunas de afianzamiento hídrico y la construcción de las centrales hidroeléctricas, tendremos complejos hídricos que emanarán altas proporciones de gas metano, que es un gas invernadero mucho más dañino que el CO2.

Hidroeléctrica de Jirao, Brasil

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Las urgencias energéticas de Brasil, quieren resolverse a costa del daño ecológico y social que se generaría en la amazonía peruana l Brasil, esta considerado como la novena economía del mundo y como país emergente (junto con China y la India) tiene un alto consumo de energía eléctrica, que esta creciendo a un ritmo entre el 6 y el 9% anual, por lo que requiere de la construcción de centrales hidroeléctricas, que aseguren el abastecimiento en el futuro próximo.

En sus planes para abastecer la creciente demanda de energía eléctrica, Brasil esta construyendo dos centrales hidroeléctricas (Santo Antonio y Jirau), que necesitan de sistemas de afianzamiento hídrico (grandes embalses de agua). Sin embargo, la posibilidad de construirlas en su territorio, no es aceptada por las autoridades ni la población, por los daños ecológicos y sociales que genera. Bolivia tampoco aceptó la propuesta brasilera de que en su territorio se construya las lagunas de afianzamiento hídrico y las centrales hidroeléctricas. En medio de estas atingencias sociales y ambientales -la propuesta del gobierno de Brasil- sólo ha sido aceptada por Alan García, por ello se puede afirmar que las ame-

nazas que penden sobre la selva peruana han comenzado a convertirse en realidad como consecuencia de que el gobierno peruano el 28 de agosto del 2008 firmó con Brasil un “Convenio de Integración Energética” con la finalidad de exportar energía de Perú a Brasil. Más aún, en abril del 2009, por medio de un “Memorándum de Entendimientos”, acepta y “permite que el Brasil, estudie, financie, construya y opere hasta en seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprometiéndose comprar al Perú gran parte de la energía producida”. Estos proyectos serán entregados por 30 años, bajo la modalidad Asocio-Publico-Privado (de las cuales esta excluida Electro Perú); con el agravante de que estas propuestas no han sido consultadas con la población, en su aspecto económico-financiero, ni desde sus impactos socio-ambientales. Las 6 centrales hidroeléctricas que pretenden construir las empresas brasileras bordea los 16 mil millones de dólares y se encuentran ubicadas en la selva alta de Puno, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Junín y Huancavelica. EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

Inambari: Un mega proyecto que no requiere ni Puno ni el Perú a central hidroeléctrica de Inambari, es el primer proyecto que Brasil quiere construir en suelo peruano y constituye un caso emblemático, porque de realizarse será la hidroeléctrica más grande del Perú y la quinta más grande de sudamérica. La localización de este proyecto se ubica en un punto de confluencia fronteriza de los departamentos Puno, Madre de Dios y Cusco.

La construcción de la represa requiere de una inversión de 4 mil millones de dólares ocupando un área de 41 mil hectáreas donde se producirán inmensos impactos ambientales al inundar bosques enteros quebrando de ese modo la flora y la fauna de zona y desplazará a no menos de 12 mil familias (entre ellos, nativos, ribereños y colonos). El proyecto también esta diseñado para entregar al Brasil por lo menos el 80% de la energía generada, cuya construcción será también realizada por una empresa brasileña y cuyos costos serán asumidos como deuda que pagará el Estado peruano. Es indudable que Brasil esta realizando un buen “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

negocio y el gobierno peruano un pésimo negocio para los intereses del país. Al respecto es adecuado recoger lo que afirma el economista puneño y profesor de la Universidad Nacional del Altiplano Alberto Quintanilla quien sostiene lo siguiente: “El Brasil, pretende que con la construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari, se construya una represa demasiado grande, para el tamaño de ella, porque quiere que sea una represa de afianzamiento hídrico de las Centrales Hidroeléctricas brasileñas de Santo Antonio y Jirao (garantizarles volúmenes de agua durante todo el año), no lo hacen en territorio del Brasil, por la oposición de ecologistas y las poblaciones brasileñas consultadas, quienes consideran estos proyectos como altamente contaminantes, y causa de graves perjuicios al medio ambiente amazónico. Esta represa que inundaría 41,000 hectáreas (tres veces más grande de las 18,000 hectáreas que han depredado los mineros en todo

Maqueta de Inambari das de la siguiente Madre de Dios) y almacenamanera: 20% en la ría 26,500 millones de metros vertiente del pacifico; cúbicos de agua, por lo que 40% en la vertiente tendría un impacto negativo oriental (parte sieen el medio ambiente, ya que rra); y 40% en la la represa elevaría en dos amazonía. grados la temperatura, reduciendo, en igual cantidad de Esta realidad nos ingrados, el rango de variación dica que el Perú tiene de temperatura (en nuestra condiciones más que selva, la variación es desde 4 suficientes para generar energía hidroeléca 50 grados centígrados, en otras selvas del trica en la costa y la sierra, que deben ser mundo es solo de 15 a 50 º C). Si por razodesarrolladas no a través de mega proyecnes de protección del medio ambiente y tos, sino de pequeños proyectos hidroenerde las poblaciones nativas, no se hace en géticos que atiendan las demandas de los el Brasil ni en Bolivia, no permitamos que campesinos, de los pequeños y medianos un gobierno irresponsable, permita que productores; y que de hecho tendrían imse haga en el Perú”. pactos ecológicos de menor cuantía (por no decir nulos). Por estas razones políticas, Finalmente, vale la pena hacerse una crutécnicas y ecológicas la amazonía debe ser cial interrogante ¿Necesita el Perú conspreservada; más aún, si es el pulmón del truir centrales hidroeléctricas en la amaplaneta, uno de los principales reservorios zonía peruana? ¿Le es vital? La respuesta de agua dulce en el mundo y un centro que es que ¡NO! Según los expertos (entre elIos posee una alta biodiversidad. Queda claro el ing. Herrera Descalzi) el consumo proentonces, que el Perú, no puede sacrificar medio anual del país es de cerca de 2,000 la amazonía para dar curso a los voraces MW y el Perú tiene un potencial aproxiapetitos de las transnacionales. mado de 40 mil MW, que están distribuiEL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

Un proyecto sin licencia social a respuesta de los campesinos y de los pueblos de Puno no se dejaron esperar. Como sabemos el proyecto de Inambari se encuentra ubicado en los limites del norte del departamento de Puno.

Por ello, no debe sorprender que en defensa de sus territorios y de la biodiversidad (en especial del parque nacional Bahuaja-Sonene) sean las comunidades campesinas de la provincia de Carabaya las primeras en denunciar que el gobierno sin consultar a organización alguna, estaba comenzando a implementar -entre gallos y medianoche- el proyecto de Inambari. La alcaldesa provincial de Carabaya, Nancy Rossel Angles, tuvo la iniciativa y el valor político de respaldar la denuncia realizada por los campesinos, incluso viajó a Lima a realizar una conferencia de prensa en el Congreso de la República y participó en el Fórum “Puno ante el proyecto Inambari” que fue organizado por la institución Brisas del Titicaca, en el cual también expuso el Ing. Herrera Descalzi en su con“Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

dición de ex presidente del Colegio e Ingenieros del Perú. Los campesinos de Carabaya no sólo realizaron la denuncia. Los días 12 y 13 del mes de diciembre del 2009 tomaron la carretera de San Gabán y realizaron una marcha de sacrificio a la ciudad de Puno; y lo más importante: Su predica se extendió por toda la pradera altiplánica y la región macro sur. En esa orientación diversas organizaciones se plegaron a la denuncia y a la lucha, como es el caso de la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP-CCP), el Colegio de Ingenieros de Puno y Juliaca, las organizaciones barriales y otras. Como vemos se generó un amplio consenso regional de carácter democrático y popular que llevo a que el 4 de marzo del presente año -el pueblo de Puno- realice un combativo y masivo paro departamental. La contundencia de esta lucha obligó a que la empresa brasilera solicite la postergación del proyecto, propuesta que no fue acep-

Campesinos de Carabaya llegan en marcha a la ciudad de Puno

tada por el pueblo de Puno, pues este movimiento encrespado no quiere la postergación sino la cancelación del proyecto. En la lucha por la defensa del gas de Camisea (julio del presente año), el pueblo altiplánico no sólo se unió a ella, sino que agregó su propia demanda respecto al proyecto Inambari. En la reunión de los Frentes Regionales del Macro Sur y del Centro del país, realizada en la ciudad de Tacna, el 14 de agosto del 2010, se acordó por

unanimidad -entre otros acuerdos- el “Rechazo a la construcción de la Hidroeléctrica de Inambari, por atentar contra la ecología y la biodiversidad de las regiones de Cusco, Puno y Madre Dios”; y acordaron “Realizar la marcha nacional a Lima, en defensa de la soberanía de los recursos naturales y el Gas de Camisea”, para el 12 de octubre del 2010. De modo de que esta anunciado de que vienen nuevas batallas alrededor de este conflicto. EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

III. PARTE ALGUNAS CONCLUSIONES 3.1 Una primera conclusión: Los megaproyectos profundizan no sólo los desequilibrios físico-sociales de la montaña andina, sino que nos hacen más vulnerables a los cambios climáticos de la era global. t La concentración de la tierra y la privatización del agua; pero sobre todo los megaproyectos que implementa y/o busca implantar el gobierno de Alan García, no sólo acentúan el desequilibrio físico-social que padece el país (recordemos que el Perú está entre los 30 países de mayor desequilibrio físico-social en el Mundo), sino que incrementa la fragilidad hídrica de la costa, sierra y de la amazonía peruana, lo cual nos hace mucho más vulnerables frente al fenómeno del calentamiento global del planeta (recordemos que en el mundo el Perú -después de Bangladesh y Honduras- es el tercer país más vulnerable a los impactos de los cambios climáticos).

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t Si el gobierno de Alan García logra concretar la construcción de las centrales hidroeléctricas que tiene pactado con el Brasil, los desequilibrios hídricos en la amazonia peruana se extenderán causando graves daños ecológicos -entre los que destacan- el impacto negativo sobre el régimen hidrológico y los trastornos que acarrean sobre los ecosistemas que albergan parques y reservas nacionales de la selva peruana. En otras palabras, se harán mucho más difíciles las condiciones y las posibilidades para preservar la Amazonía peruana, que como sabemos es una reserva natural que concentra el 20% de agua dulce

que hay en el mundo, es el pulmón del planeta y uno de los más importantes centros biogenéticos del mundo que contribuye y contribuirá a la alimentación y la salud de la humanidad. Por ello, en defensa de la amazonía peruana, es indispensable reiterar que estos complejos hídricos son en realidad innecesarios; ya que dado el gran potencial hidroeléctrico que tiene el país y en el caso de necesidad energética, se pueden construir otros medianos y pequeños proyectos hidroenergéticos tanto en la vertiente occidental como en la serranía peruana; siempre y cuando, ellos también respondan a una nueva matriz ener-

gética soberana que requiere el desarrollo autocentrado del país. Esta defensa exige, que las fuerzas que anhelamos la gran transformación, nos planteemos, desarrollar y organizar, con la celeridad del caso, un amplio movimiento nacional con la finalidad de rescatar la dimensión estratégica que posee la amazonia peruana para el desarrollo nacional, tanto desde la esfera política, económica, social, ecológica y cultural. Y todo ello, como parte de la lucha para conquistar la segunda independencia de la patria, lo que implica la construcción de un nuevo Estado Nacional, Descentralizado y Pluricultural.

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3.2 Una segunda conclusión: Los megaproyectos son centros de dominio y ordenamiento territorial a través del cual se yerguen nuevos latifundios en el país que afianzan el carácter oligárquico del poder neoliberal t Pero tan grave es lo anteriormente señalado como el hecho de que se está gestando en el país un nuevo ordenamiento territorial como fruto de una transformación de la tenencia de la tierra y de la privatización del agua, donde los megaproyectos juegan un destacado rol en este proceso. Mirando desde otra arista -esta misma transformación- trae consigo el predominio de inmensos latifundios donde las grandes empresas se yerguen como amos y dueños del suelo patrio, volviendo al Perú del siglo XXI -la vieja concepción oligárquica- como si estuviéramos viviendo en aquellos tiempos de los poderosos hacendados, terratenientes y gamonales que hasta mediados del siglo pasado gobernaron el país.

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t Podemos concluir -que en última instanciael objetivo primordial de “El síndrome del perro del hortelano” es diseñar políticas que garanticen un nuevo dominio geopolítico del país a favor del poder neoliberal trasnacional, afirmando el carácter oligárquico de este poder; y para este efecto, consolida un régimen presidencialista y autoritario; que en síntesis, no es sino un sistema de “democradura”. Un vivo y condesando ejemplo de ello, es que las leyes que emite -sobre recursos naturales y otras- no son consultadas con ninguna organización campesina o indígena y se manifiesta también en la tozuda negativa del Poder Ejecutivo de aprobar la Ley de Consulta Previa a los pueblos, pisoteando una vez más el Convenio 169 de la OIT.

3.3 Una tercera conclusión: Los megaproyectos de trasvase de aguas son ineficientes económica y técnicamente; constituyen pingues negocios para las empresas trasnacionales y para los bancos; y incrementan la deuda externa.

t Es más, estos proyectos son muy conocidos por su ineficiencia económica y técnica. En el primer caso, porque el número de hectáreas que amplían no justifica la elevada inversión que se realiza y que conlleva a que los costo por hectárea sean demasiados altos, con el agravante de que son vendidos a los grandes agro exportadores con precios rebajados a la tercera o cuarta parte de su costo real (subsidio). En el segundo caso, porque esta ampliación de la frontera agrícola que se logra conseguir luego se pierden (al salinizar la tierra); ya que estos neo latifundios -guiados por el afán de lucro- promueven la sobre explotación y depredación de la tierra y siembran cultivos que demandan un alto consumo de agua por hectárea que se entremezclan con ineficaces políticas de

manejo del agua (aún cuando hacen uso de riego tecnificado) y no se invierte para contar adecuados sistemas drenaje, que son factores que contribuyen a la salinización del suelo. t Estos proyectos que privatizan el agua y consolidan nuestra situación de importadores netos de alimentos básicos, son también grandes negocios para las empresas transnacionales y para los bancos quienes devoran los recursos del Estado; y que luego, como sabemos se trasforman en una cuantiosa deuda pública externa que todos los peruanos debemos pagar religiosamente; situación que conlleva a que todos los años se tenga que dedicar entre el 20 y 15% del Presupuesto General de la República al pago de esta deuda.

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t Este despilfarro de los recursos económicos del Estado a favor de los poderosos (y que cada vez están más envueltos en procesos de corrupción) se realiza principalmente a través de las llamadas y conocidas Asociaciones-Publico-Privadas, modalidad empresarial que recibirá ingentes cantidades de dinero del Estado y que puede llegar hasta el 7% del PBI; y que dicho sea de paso, estás transferencias expresan de manera cruda la privatización del gasto fiscal.

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En un país pobre como el nuestro, estas políticas impiden que estos recursos puedan ser usados para resolver las demandas y derechos de la mayoría de la población nacional. Es decir, como contrapartida natural de este proceso privatizador los pueblos campesinos y indígenas, los productores agrarios, las poblaciones rurales y el pueblo peruano, no sólo son postergados en sus derechos sino de ser privados del uso adecuado de los recursos naturales para su progreso y bienestar.

3.4 Una cuarta conclusión: Los megaproyectos al ser centros de dominio territorial se ubican también como parte de la disputa geopolítica en América del Sur (Plan IIRSA) Más allá de estos connotados hechos de índole nacional es indispensable señalar que estos megaproyectos también responden a los planes de control geopolítico del imperio norteamericano que se implementa a través del Plan Puebla-Panamá (PPP) en América Central y del conocido Plan llamado “La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Según su propia definición, el IIRSA, es un “foro entre las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones de doce países suramericanos y que cuenta con el apoyo económico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata)”.

hegemonía con el todavía país más poderoso del mundo, los EEUU. Lo cual significa que los recursos naturales, la energía, las comunicaciones - hoy por hoy - juegan un rol primordial en la construcción de una alternativa de unidad y de integración soberana de Sudamérica. Veamos la siguiente imagen que nos ampliara el horizonte para ver la naturaleza territorial de esta disputa:

Visto de otra manera, el Plan IIRSA es parte del control geopolítico que tienen trazadas las trasnacionales y se ubica también como parte de disputa por la EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

3.5 Una quinta conclusión: La necesidad de tener una nueva mirada sobre el agua, construir un nuevo sistema de irrigaciones, como parte de la lucha para que los pueblos y países de todo el mundo acuerden la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. t Sin duda alguna, las conclusiones a las cuales hemos arribado, interpelan y emplazan a las comunidades campesinas, nativas, a los productores agrarios y a las fuerzas políticas que anhelan el cambio y el desarrollo humano en equilibrio con la naturaleza, a que vean el recurso agua de manera integral, es decir, tengan una opción de incorporar todas sus dimensiones -políticas y programáticasque van desde reconocer su condición de derecho humano y de bien ecológicoenergético, hasta recuperar (dentro de nuevos cánones comunitarios) su carácter de servicio de dominio público. t Desde esta lectura consideramos que nuestras alternativas sobre los sistemas de irrigación deben tomar la siguiente orientación: El Perú es un país de montaña y en correspondencia con este perfil fisiográfico posee “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

una alta potencialidad hidroenergética que constituye una alternativa al uso del petróleo (que además de ser caro emana el gas más letal de efecto invernadero). En coherencia a esta realidad el país necesita de una nueva matriz de generación de hidroenergía como se necesita de nuevos sistemas de riego -que basándose en una lógica de cuenca- sean capaces de retener el agua en la sierra mediante pequeñas irrigaciones y con pequeñas centrales hidroeléctricas; y en el caso de costa -que es una región desértica– se maneje los proyectos con una visión de complementariedad hídrica y social, para resolver los problemas de aquellas cuencas de la costa que viven cuadros de estrés y escasez hídrica. Todo ello supone un nuevo ordenamiento territorial y ecológico del país.

t En el marco de estas importantes orientaciones programáticas está planteado para nuestros pueblos la necesidad de reconocer que la naturaleza tiene derechos; y así como en un momento de la evolución de la humanidad se firmó (1948) -sin duda alguna- la “Declaración Universal de los Derechos del hombre”; hoy corresponde -si queremos dar continuidad a la vida de modo sostenible– generar un movimiento global para que pueblos, países y naciones, firmen la “Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza”.

t En ese sentido constituye un acontecimiento sumamente trascendental -que a iniciativa del gobierno de Evo Moraleslas Naciones Unidas haya adoptado el acuerdo de otorgarle al Agua la condición de Derecho Humano, cuya información oficial a la letra dice: “Hoy 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado la propuesta del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declarando EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO COMO DERECHO HUMANO”.

En las Naciones Unidas: 140 países votaron a favor de que el Agua sea reconocido como un Derecho Humano

El gobierno de Evo Morales lleva la propuesta para que el Agua sea reconocida como Derecho Humano

EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

3.6 Una sexta conclusión: La resistencia y la lucha de los pueblos en defensa de los recursos naturales son bastiones para el cambio que requiere el país. Tienen la tendencia a ampliarse, han logrado trascendentales victorias tácticas; son fuentes de acumulación para las fuerzas del cambio; y deben ser ubicados como parte de la lucha para que nuestro país se inscriba en el paradigma de reconocer que la naturaleza tiene derechos para que los pueblos y países del mundo opten por la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. t En la última década se han generado a lo largo y ancho del país un conjunto de conflictos socio-ambientales que han estado alrededor de la defensa del agua, de la tierra y de los recursos naturales, así como ha estado alrededor de la defensa del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad que posee el país. A partir del 2008 estos problemas han adquirido mayores dimensiones y abren procesos de polarización política social en la medida que han sido respuestas directas a la aplicación de la arcaica teoría de “El síndrome del perro del Hortelano”. t El último ciclo de estos movimientos se inicio con las aguerridas luchas de las comunidades nativas y de los pueblos “Fortalecimiento de las capacidades campesinas para la incidencia política”

amazónicos en defensa de sus territorios y la biodiversidad, movimiento que fue liderado por AIDESEP y que enfrentado la represión (Bagua junio del 2009) logró una victoria táctica que se expreso en la derogatoria del DL Nº 1090. Después de transcurrir cerca de un año, como juntando riachuelos de resistencia estas luchas en defensa de los recursos naturales han desembocado en otro portentoso movimiento de los pueblos del macro región del sur en defensa del Gas de Camisea, cuyo epicentro ha sido y es la histórica provincia de La Convención (Quillabamba). t En medio de estos dos grandes conflictos (Bagua y Quillabamba) se han producido

también agudas disputas sobre el recurso agua y que están alrededor de los megaproyectos y de la defensa de las empresa públicas del agua; y que en muchos de los casos, estas han sido masivas y de abierta confrontación con el poder neoliberal, como son los casos de las luchas de los pueblos de Puno, de Espinar-Cusco y de Islay-Arequipa. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el agua es parte de la agenda nacional. t Estos movimientos en defensa de los recursos naturales tienen la tendencia a seguir creciendo y por la naturaleza de sus demandas, no sólo chocan con los nervios centrales del poder neoliberal, sino que pueden ser activos actores en la construc-

ción de una alternativa de cambio que requiere con urgencia el país. La vida nos ha demostrado que en muchos casos estos conflictos que se inician como luchas locales que luego se trasforman en movimientos regionales y tienen poderosos impactos nacionales. t Estas potencialidades se vieron en el caso de la lucha de Bagua; y ahora, nuevamente se han ratificado con el triunfo parcial que han alcanzado los pueblos de la Convención y que han obligado al gobierno a tener que aprobar el Decreto Supremo (053), donde señala que el lote 88 (gas de Camisea) deberá ser destinado al consumo interno y no ser destinado a la exportación.

El pueblo de Quillabamba defendiendo el Gas de Camisea EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS

Aunque es necesario advertir, que según la propia norma -para que ello suceda- deberá estar de acuerdo el Consorcio Transnacional y para ello invoca el Artículo Nº 62 de la nefasta constitución fujimorista, que explícitamente establece que los contratos no pueden ser modificados ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Es decir, tendrá la “coartada perfecta” para decir (el gobierno) “yo quise” pero lamentablemente me impide la constitución. t Consideramos que para dar continuidad a estas energías desplegadas lo que tiene que plantearse es el tema de la propiedad de los recursos naturales que sólo puede resolverse con el planteamiento de la nacionalización del gas de Camisea, hecho que sólo puede alcanzarse con otro gobierno y otra constitución. Es decir, hay que acabar con la mecida neoliberal, que sostiene que los recursos naturales cuando están en sus fuentes son patrimonio de la na-

ción, pero cuando son entregados en concesión los propietarios pasan a ser las empresas privadas. t Finalmente, para ubicarnos adecuadamente frente a estos conflictos que han dado un salto en sus niveles de desarrollo, es indispensable adquirir una nueva visión sobre el rol de los recursos naturales en especial sobre el agua, que acaba de ser declarado como Derecho Humano por las Naciones Unidas. Al lado de plantear -en ejercicio de la prevalencia de la soberanía patria- la nacionalización de los recursos naturales para que sirva al desarrollo del país; hay que también vincularlos a las raíces pluriculturales de la nación peruana que le dan una visión colectiva y comunera al manejo del territorio y sus riquezas; pero sobre todo para que las sociedades reconozcan que la naturaleza tiene derechos si queremos que ellas jueguen un rol de sostenibilidad para las nuevas generaciones que están en camino.

¡Sin luchas no hay victorias! EL AGUA, LA TIERRA Y LOS MEGAPROYECTOS