Boletín 28 de Septiembre

El Salvador: Por la vida de las mujeres, despenalizar el aborto...........3 México: Reflexiones éticas sobre el principio y fin de la vida.............7 Paraguay: Conversatorion sobre despenalización del aborto.......9 Urugay: Avances y obstáculos en la atención de la salud .................12 Bolivia: Embarazos no deseados y abortos inseguros en cinco....14 Jamaica: abortion rights backlash...........15 Argentina: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.............17 Chile: El debate sobre la Interrupción legal del embarazo en ......19 República Dominicana: podrían estar muriendo 70 mujeres al año.....25

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Situación de las legislaciones sobre aborto en América Latina y el Caribe

En casi todos los países de América Latina y el Caribe las legislaciones que regulan la interrupción del embarazo son sumamente restrictivas.

Las excepciones son Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México, donde es permitido el aborto sin restricción hasta la semana 12 de gestación.

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Mientras que Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, incluso cuando éste es producto de una violación o cuando la vida de la mujer corre grave peligro.

Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), se adhieren a la Campaña 28 de Septiembre desarrollando acciones por la despenalización y legalización del aborto en Otros países, a pesar de no prohibir América Latina y el Caribe. completamente la interrupción del embarazo, solo lo permiten en situaciones extremas Origen de la Campaña (violación, o cuando peligra la vida o la La campaña 28 de Septiembre fue creada salud de la mujer). Sin embargo, en paises en el 1993, aunque sus orígenes se remontan donde está despenalizado por esas causales, al 1990, cuando en Argentina, durante el V el acceso a los servicios de aborto legal Encuentro Feminista Latinoamericano y del es sumamente limitado. Este es el caso de Caribe, se declaró el 28 de septiembre como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe.

Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y Uruguay.

No sorprende entonces que el 95% de los abortos que se llevan a cabo en América Latina sean ilegales, clandestinos e inseguros y que esta sea la causa del 11% de las muertes maternas en la región.

Día de los vientres libres El 28 de septiembre tiene un significado peculiar en Brasil, pues se conmemora el «Día de los vientres libres». Un día así de 1888 se estableció que las criaturas nacidos de mujeres esclavas en ese país serían personas libres. La Campaña pretende que cada 28 de septiembre sea, de manera símbolica, el día de la libertad para los vientres de las mujeres de la región en el sentido de que ellas elijan, libremente y de manera responsable, la continuación o interrupción de un embarazo.

GIRE, Hoja informativa Campaña 28 de Septiembre

Misión Generar condiciones para lograr el acceso a abortos seguros, legales y con calidad de atención en los países de América Latina y el Caribe.

Es un espacio de articulación política del movimiento feminista que promueve el debate público y político. La ampliación de base y consenso social y los cambios jurídicos que contribuyan a la transformación cultural y social.

Visión Contribuir a una democracia donde las mujeres deciden sobre sus cuerpos y proyectos de vida, donde estas decisiones son respetadas y donde los Estados generan las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. El aborto legal y seguro es un derecho reproductivo constitutivo de los derechos humanos que deben ser ejercidos en el marco del establecimiento de Estados laicos que promuevan la justicia social y la equidad de género.

Objetivo general Lograr la despenalización y la legalización del La Campaña 28 de Septiembre En respuesta a esta situación más de 100 aborto en América Latina y el Caribe. organizaciones dedicadas a defender los Colectiva Mujer y Salud derechos reproductivos de las mujeres de Punto Focal Regional de la 20 países de la región (Argentina, Brasil, Campaña 28 de Septiembre 2

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ACCIONES DE LA REGION

El Salvador 28 DE SEPTIEMBRE: Por la vida de las mujeres, despenalizar el aborto Actualmente el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto está permitido, mientras que el 25% de la población mundial vive en países que lo prohíben y penalizan. El Salvador es uno de esos países que criminaliza a las mujeres, que atropella nuestros derechos humanos y viola diversos convenios y recomendaciones de instancias internacionales.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de la atención de salud a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica.

A pesar de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en octubre del 2010, expresó su preocupación por las disposiciones del Código Penal salvadoreño que criminalizan el aborto en todas sus formas, siguen dándose abortos ilegales con consecuencias graves para la vida, la salud y el bienestar de las mujeres. Este Comité, también recomendó al Estado tomar medidas para impedir que las mujeres que buscan asistencia médica en hospitales públicos por complicaciones derivadas por abortos sean denunciadas por el personal médico o administrativo. A la vez, señala que mientras no se revise la legislación que penaliza el aborto, el Estado debe suspender las denuncias contras las mujeres.

• Salud y vida: en El Salvador el aborto está penalizado en todas las causas y formas, incluso cuando la vida de las mujeres está en riesgo, cuando existen malformaciones producto incompatibles con la vida, cuando la mujer ha sido violada y cuando la embarazada es menor o incapaz.

Penalizar el aborto implica negar a las mujeres el ejercicio de sus derechos humanos como los reproductivos; trasgrediendo los principios fundamentales de igualdad y libertad, que son coartados y se impide el ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres.

• Injerencia de la Iglesia en las políticas públicas: Las jerarquías de las iglesias, sobre todo la católica, no sólo sancionan el aborto sino toda forma de control de la natalidad y la educación sexual objetiva y científica, lo cual se traduce en políticas públicas sesgadas y controladoras

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de la sexualidad de las mujeres. Para las iglesias, la sexualidad de las mujeres es sólo con fines reproductivos y un mandato divino, en el que las personas no pueden intervenir.

El Estado debe gobernar para todas y todos, y por ende, las creencias de un grupo no pueden anteponerse a los derechos del más del 50% de la población: mujeres.

• Criminalización a las mujeres jóvenes y en condición de pobreza: actualmente mujeres jóvenes y en condición de pobreza son denunciadas desde los hospitales públicos, por abortos, incluyendo abortos espontáneos; violándoseles el derecho a la presunción de inocencia. A la vez, los casos de mujeres con partos prematuros no asistidos y pérdida del producto están siendo condenados con penas de hasta 30 años.

La penalización contribuye a que se den abortos de manera clandestina e insegura, lo que contribuye al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres, sobre todo de aquellas que no cuentan con recursos económicos; que no tienen acceso a educación, información, ni atención en salud.

• Mujeres jóvenes: a diario cientos de jóvenes y niñas salvadoreñas se encuentran con la difícil tarea de dar a luz y educar a sus hijos e hijas durante sus años de adolescencia y juventud, debido a la insuficiente y sesgada educación sexual y a los limitados servicios en salud sexual y reproductiva.

Según el Ministerio de Salud, actualmente el 31.4% de los partos corresponde a jóvenes de 15 a 19 años, y el 27.7% de muertes maternas es en adolescentes.

Por tanto, las organizaciones abajo firmantes, EXIGIMOS: 1. La despenalización del aborto por la vida y la salud de las mujeres 2. Un Estado laico, es decir no más injerencia de las jerarquías de las iglesias en las políticas públicas.

3. No más violaciones al secreto profesional por parte del personal de salud y que cesen las denuncias contra las mujeres jóvenes y pobres por aborto y por complicaciones en el parto.

4. Que el Gobierno cuente con una Política Nacional en Salud Sexual y Reproductiva, que brinde servicios integrales, que dote a las Unidades de Salud y hospitales de los recursos materiales y humanos necesarios para brindar una atención integral con calidad y calidez, a toda la población y especialmente a las mujeres.

5. Que el Ministerio de Educación haga efectiva la declaración ministerial “Prevenir con Educación” la cual establece la promoción de una educación sexual basada en evidencia científica y libre de prejuicios y mitos.

6. Finalmente, respetar y garantizar el derecho que tenemos las mujeres a preservar nuestra vida y salud y a decidir de manera responsable e informada sobre nuestros cuerpos.

ARTICULACIÓN POR EL DERECHO A DECIDIR

Católicas por el Derecho a Decidir • Las Mélidas • Las Dignas • Campaña por la Convención de los DSDR • Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, y Ético y Eugenésico • Mesa de Autonomía de la Concertación Feminista Prudencia Ayala • Colectiva Ixchel • Colectiva Lésbica Feminista Desclosetadas • Alianza para la Salud Sexual y reproductiva en El Salvador • Colectiva Feminista para el Desarrollo Local • Equipo de Respuesta Rápida

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México • Seminario Interdisciplinario: Reflexiones éticas acerca del principio y el fin de la vida Fecha: Martes 27 de septiembre, de 09:00 a 18:30 horas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) •

Serie Documental: EXPEDIENTES

Esta serie presenta los casos de personas de diversas entidades que han visto afectadas sus vidas por las políticas de criminalización de lainterrupción del embarazo.

Mesa redonda con destacadas personalidades.

El día 27 de septiembre en el marco de los 30 años de la CEDAW que entró en vigor en México, retomando la recomendación que hacen a a los Estados para revisar la legislación en el marco de los derechos y la no discriminación hacia las mujeres, tomando en cuenta además lo que en la Campaña 28 de septiembre se ha discutido de retomar los instrumentos internacionales En cada uno de los estados que conforman la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos DDESER (12) realizarán diversos eventos: foros, conferencias de prensa, performances, etc., para la difusión de las causales vigentes DDESER

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Paraguay

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Talleres de formación sobre ABORTO Y SISTEMA PENAL

Asunción, martes 6 de septiembre y martes 20 de septiembre de 2011

Organizan: Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe – Paraguay; Centro de Documentación y Estudios (CDE) Apoya: Diakonia Lugar: Gran Hotel del Paraguay (De las Residentas y Padre Pucheau, Asunción) Horario: 14.00 a 18.00 Participantes: Activistas de las organizaciones integrantes de la Campaña 28 de Septiembre

Programa

Martes 6 de setiembre 14:00 Recepción e inscripción de participantes

14:15 Apertura y presentación de participantes

14:30 Diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas, Mirta Moragas 15:00 El tipo penal del aborto, Mirta Moragas 16:00 Receso

16:30 La tentativa en casos de aborto, Rubén Maciel

17:00 El comportamiento del sistema penal ante casos de aborto, Juan Köhn 17:45 Evaluación

18:00 Final de la jornada

Martes 20 de setiembre 14:00 Recepción e inscripción de participantes

14:15 Apertura y presentación de participantes

14.30 El aborto y el secreto profesional, Edgar Giménez 15.30 Receso

16.00 El aborto ante los sistemas de protección de derechos humanos, Andrés Ramírez

17.00 Devolución del diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas y debate, Mirta Moragas 17:45 Evaluación

18:00 Final de la jornada

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Uruguay

CONVOCAN 28 de setiembre DIA por la DESPENALIZACION del ABORTO en AMERICA LATINA Y EL CARIBE. PANEL

AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN URUGUAY En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe y de las actividades preparatorias del Congreso del PIT-CNT a realizarse en el mes de octubre, el próximo miércoles 28 de setiembre a las 18 horas en el salón de actos del PIT-CNT tendrá lugar el Panel Avances y Obstáculos en la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay, con la presencia de autoridades, parlamentarios/as y organizaciones sociales.

Asimismo, se presentará un video que recoge una serie de situaciones recientes de abortos ilegales que ilustran con claridad el periplo por el que atraviesan las mujeres uruguayas que deciden interrumpir su embarazo y que se ven obligadas a transitar por el circuito clandestino para concretarlo.

Se estima que en Uruguay, cada 20 minutos, una mujer recurre al aborto ilegal para interrumpir un embarazo que no puede o no quiere continuar. La postergación de una respuesta integral a esta situación conlleva un enorme costo personal y social.

El Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT y MYSU, Mujer y Salud en Uruguay, recuerdan que el problema del aborto ilegal e inseguro continúa siendo una realidad, a pesar de contarse con las mayorías parlamentarias necesarias para su despenalización así como el compromiso público del Presidente de la República, Sr. José Mujica de promulgar un nuevo marco legal en caso de ser aprobado.

Les invitamos a adherir, difundir y participar ampliamente de esta actividad con la firme convicción que para lograr la despenalización del aborto en el país y el reconocimiento de las mujeres en su capacidad de decidir sobre la vida reproductiva, es necesario conjugar todos y los mayores esfuerzos.

LUGAR: SALON DE ACTOS PIT – CNT Jackson 1283 HORA: 18:00 12

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MESA DE REFLEXIÓN:

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS Desde hace varios años Amnistía Internacional Uruguay trabaja sobre derechos humanos de las mujeres, especialmente en la lucha contra la violencia doméstica y la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Este año se creó dentro de nuestra organización, la Red Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres con el fin de profundizar este trabajo.

En este marco, Amnistía Internacional Uruguay las y los invita a una mesa de reflexión sobre los obstáculos y las violaciones de derechos humanos que atraviesan aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo y aquellas que deciden llevarlo adelante.

Nos proponemos generar un diálogo constructivo, que nos permita identificar las posibles estrategias a seguir en nuestro trabajo en la defensa de estos derechos e invitarlas/os a unirse a ese trabajo.

Panelistas: Prof. Obst. Part. Cecilia Fernández – Directora de la Escuela de Parteras, Facultad de Medicina, Universidad de la República Mag. Natalia Magnone - Feminista, integrante de Mujer Ahora y de la Red de Humanización del Parto y Nacimiento. Trabajadora Social y Magíster en Sociología, docente del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Dra. Susana Rostagnol – Antropóloga, coordinadora del programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República Victoria Laporte de Armas – Encargada de Género de Amnistía Internacional Uruguay, representante de AIU en la Red Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres de Amnistía Internacional.

Día: 21 de septiembre de 2011 Lugar: Amnistía Internacional Uruguay (San José 1140 / 5º piso) Hora: 18:00

www.amnistia.org.uy

¡UNITE! ¡ACTUA! ¡defiende los derechos humanos en tu país y el mundo!

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Bolivia

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Jamaica JAMAICA: ABORTION RIGHTS BACKLASH The most recent efforts of the women’s movement at expanding abortion rights and promoting legal reform for decriminalisation began with the formation in 2008 of the Working Group on Women’s Reproductive Health and Rights, sponsored by DAWN Caribbean, to proactively coordinate a response to the report of an Advisory Committee on abortion set up by the Government of Jamaica. A Select Committee of Parliament was established by the government to organise public discussion, hear submissions, and make a recommendation to Parliament regarding the content of the report, which was generally favourable to reform. Submissions in support, with additional suggestions, were made by DAWN and other concerned groups, including from the church, human rights and professional organisations .

In a groundbreaking decision the MInister of Health agreed to accept submissions from groups in St. Lucia and Trinidad and Tobago, sister CARICOM countries with common policies on several public policy issues. Subsequently the pro-choice voices were drawn into an informal coalition under DAWN’s leadership. Pursuing a communications strategy, the Working Group used media and public fora in various communities, and among a variety of groups including political parties, to sensitise the public by presenting the arguments for improving women’s health and reducing national health costs through decriminalization. One of the highlights of this campaign was a dramatic presentation by the grassroots women’s theatre group SISTREN to the Select Committee of Parliament - a first in the parliamentary history of the country. This had a positive impact on the opposition greater than the written submissions previously made by activists and professionals.

The result was a robust spate of letters and articles in national newspapers with substantial evidence of commitment to reform, the strengthening of the human rights lobby by the production of data and information in support of the pro-choice position on abortion as it related to Jamaica, and the critical engagement of grassroots communities, and particularly of women and youth. This progress has been greatly assisted by small but significant grants from IPAS which helped to strengthen coordination for sustaining mobilization and action.

Despite these efforts, ‘pro-life’ advocates under the leadership of a group of Catholic priests have been rejoicing that the Parliament has “quietly put the abortion bill aside”. This abandonment of the effort at legal reform has been facilitated by the deflection of public attention away from this issue in the context of rising concerns about the economy, crime and corruption, the collusion of political insiders with ‘pro-life’ positions unmediated by concern for women and their rights, and the challenges faced by the women’s movement in sustaining attention to the issue at this time.

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Argentina Desde 2005 se desarrolla en nuestro país la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que comenzó con 70 organizaciones sociales y actualmente incluye a más de 300 en todo el país: organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de estudiantes, profesionales, sindicatos, de desocupadxs, académicas y políticas.

En Argentina se practican alrededor de 500.000 abortos anuales y nacen cerca de 700.000 niñxs. Desde hace más de dos décadas el aborto clandestino es la mayor causa de mortalidad de mujeres por gestación, sin que haya políticas públicas coherentes para disminuirla. Según Aníbal Faúndes esto se debe a que quienes tienen poder para cambiar esta situación, legalizando el aborto, no son los afectados por ella, ya que tienen el privilegio de acceder a abortos seguros en clínicas privadas fuera del alcance de la mayoría de las mujeres. Por eso nuestra Campaña aboga por la legalización que haga accesible el aborto seguro gratuitamente en los hospitales públicos. Esto no significa promover el aborto quirúrgico, sino implementar la atención adecuada de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. La penalización expulsa a las mujeres de la consulta y a la profesión médica de la asistencia, aunque algunos servicios vienen desarrollando consejerías pre-aborto con el modelo de reducción de daños y hay tendencia a extender estos servicios, dado su efecto de disminución de la mortalidad y las complicaciones pos-aborto.

En 2010 la Campaña presentó por tercera vez su proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación (ver texto completo en www.abortolegal.com. ar) firmado por 50 diputadxs de distintos bloques polìticos que están divididos por posiciones contrapuestas, entre ellos, los bloques mayoritarios, uno de los cuales es el partido de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se ha declarado opuesta al derecho al aborto, a pesar de la adhesión de muchxs de sus partidarixs, y de la reciente experiencia política de la aprobación con apoyo oficial de la ley de matrimonio igualitario, en el marco de una política estratégica de ampliación de los derechos democráticos.

En las últimas elecciones provinciales han triunfado ampliamente gobernadores ligados estrechamente a las cúpulas políticas de la iglesia vaticana y en la mayoría del país está muy demorada la aplicación de la educación sexual integral prevista por ley nacional.

Es de muy difícil obtención la práctica del aborto no punible (ver art. sobre el caso LMR) y la propuesta que se enfrenta al proyecto de IVE es la de reformar el Código Penal para ampliar causales de no punibilidad ya establecidas. Ante el crecimiento del tema del derecho al aborto en los medios, en la opinión pública y en las agendas políticas, se recurre a ofrecer que algo cambie para que todo siga igual: la vida de las mujeres sometida a los avatares de su capacidad reproductiva, instituida como mandato esencial para todas.

Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.

Martha I. Rosenberg Buenos Aires, septiembre de 2011 Foro por los Derechos Reproductivos Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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Chile El debate sobre la Interrupción legal del embarazo en Chile por tres causalesdespués de 22 años de democracia Claudia Dides C. Socióloga, Magister en Género y Cultura Académica e investigadora Vocera de MILES Chile (Movimiento ciudadano por la interrupción legal del embarazo)

Los hechos

En Chile actualmente se está viviendo el despertar de la ciudadanía. Principalmente expresado por los movimientos estudiantiles que han puesto en tela de juicio el lucro en la educación, la calidad de la educación, y las inequidades expresadas en este ámbito de la sociedad. Como todo proceso democrático y denuncia de los atropellos, la ciudadanía que por muchos años se auto-silenciaba y la silenciaban se ha ido expresando de diversas formas. Las demandas surgen como aquellas no consideradas en la democracia, las llamadas deudas democráticas. Una de estas deudas ha sido la despenalización del aborto, puesto que Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene restricción total al igual que otros países latinoamericanos como Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

Varios son los factores políticos, económicos y culturales que han influido en el estado actual de los conflictos sociales en el país. En el caso de la deuda con las mujeres, específicamente con la reposición del aborto terapéutico, es necesario recordar que han existido movimientos de mujeres, de grupos y colectivos que han seguido abogando por los derechos así como un número importante de académicas que han seguido investigando y entregando nuevos argumentos para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres.

En este marco de nuevos movimientos sociales en marzo del 2011 nace MILES Movimiento ciudadano por la interrupción legal del embarazo por tres causales1: salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación ha tenido una gran relevancia en la discusión actual sobre el tema. MILES articula y reúne a organizaciones, personas, redes e instituciones con destacada trayectoria, que se han unido para desarrollar una estrategia de debate público con el objetivo de lograr que Chile cuente con una LEY DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO por tres causales (salud de las mujer, inviabilidad fetal y violación) que respete el derecho a la vida y a la salud de las mujeres. MILES ha tenido una activa participación en la Comisión de Salud del Senado, en redes sociales, medios de comunicación masivos y espacios de desate académicos. Esta coalición ha permitido un marco de discusión democrática, amplia y sin exclusiones, que cree un entorno favorable para la promoción y discusión de los marcos regulatorios

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MILES: Movimiento ciudadano por la Interrupción Legal del Embarazo por tres causales: problemas graves de salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación, está integrado por: Corporación La Morada, Asociación Chilena de ONGs ACCION, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Chile, APROFA Chile, Católicas por el Derecho a Decidir Chile, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual – MOVILH, ONG Acción, Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Partido Socialista, Partido Progresista.

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En este contexto histórico actual, ha ocurrido un hecho inédito, por primera vez en Chile después de 20 años de democracia, el día martes 6 de septiembre de 2011 se aprobó en la Comisión de Salud del Senado la idea de legislar sobre el aborto terapéutico. Con tres votos a favor de los Senadores Fulvio Rossi (Partido Socialista), Senador Guido Girardi (Partido por la Democracia), y el Senador Mariano Ruiz Esquide (Democracia Cristiana). En contra votaron los Senadores Francisco Chahuán (Renovación Nacional) y Gonzalo Uriarte (Unión Demócrata Inependiente).

Algunos antecedentes históricos

Para comprender lo inusitado de esta votación es importante recordar que el 15 de mayo de 1931 fue introducido en el Código Sanitario en virtud del Decreto Fuerza de Ley 2226 el aborto terapéutico.

Esta disposición exigía la opinión de tres facultativos y la documentación correspondientes. En caso de urgencia y ante la su ausencia de otros dos facultativas, se permitió que el hecho fuera ejecutado por el médico tendiendo dos testigos. En el año 1967 se modificó el texto primitivo y se estableció “Solo con fines terapéutico se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención, se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos.

En septiembre de 1989 la Junta Militar aprobó la derogación del aborto terapetucio sin consulta ciudadana. Que estuvo vigente por 58 años. La derogación de la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, a través de la modificación del artículo 119 del Código Sanitario en 1989, se produjo además en forma arbitraria por las deficiencias democráticas del proceso de reforma de la norma que regían en dictadura militar.

Desde 1931 hasta 1989 - aún bajo la Constitución de 1980 - el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Las condiciones eran: la autorización de dos médicos cirujanos y tener por objeto fines terapéuticos.

El Código Penal sancionaba al que maliciosamente causare aborto será castigado: La doctrina penal interpretaba que la expresión “maliciosamente” usada en el artículo del Código no impedía la interrupción legal del embarazo bajo circunstancias como el peligro de vida o la salud de la mujer gestante, hipótesis propia de la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Por su parte, el artículo 119 del Código Sanitario regulaba el aborto terapéutico en los siguientes términos: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a estas intervenciones se requiere la opinión documentada de dos médicos-cirujanos”.

Hasta 1989 la normativa penal y la sanitaria resultaban complementarias en estas consideraciones.

La interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas era considerada lícita y socialmente aceptada, pues estaba plenamente justificada en aras a evitar un mal actual o inminente.

La penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo constituye un incumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres.

Las obliga a buscar la realización de este procedimiento en condiciones inseguras o insalubres, o bien, a esperar pasivamente la muerte en el caso de la indicación terapéutica, a padecer en silencio el tormento de un embarazo producto de una violación, o respecto del cual se tiene la certeza que el feto no sobrevivirá, con lo cual no sólo se vulnera la salud física de la mujer, sino que complementariamente se genera en ella y su entorno un daño psicológico irreparable, afectando integralmente su salud.

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Los órganos de Naciones Unidas

Chile fue objeto de reparos por órganos de las Naciones Unidas en 1999 cuya misión es fiscalizar el cumplimiento del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la CEDAW. Ambos organismos señalaron en sus informes al Estado de Chile la ausencia de legislación que permita el aborto en caso de riesgo de vida o de salud para la mujer o el embarazo producto de violación, constituye una violación a los derechos humanos, al igual que la relevación de información médicas que las mujeres entregan en los hospitales2.

También el Comité contra la Tortura recomendó velar por el cumplimiento del secreto médico evitando extraer confesiones con el fin de enjuiciar a mujeres que buscar atención mujeres que buscan a tención médica de urgencia como resultado de un aborto prohibido3.

En abril de 2009 el Ministerio de Salud adoptó un protocolo sobre tratamiento humanizado del aborto que obliga a los jefes de servicio y los facultativos de los servicios públcios de salud a abstenerse de obtener confesiones de las mujeres que hayan llegado a los establecimientos de salud con signos de abortos incompletos o inducidos con el objeto de asegurar la confidencialidad médico-paciente y cumplir con las observaciones realizadas por el Comité contra la Tortura al Estado de Chile4.

Lo que aconteció por primera vez después de 20 años de democracia

En Chile tal como lo señalan Dides, C. Benavente, C. Saez, I. (2011) 5 las únicas ventanas de oportunidades que se han dado respecto a la revisión legal vigente desde 1989 han sido mociones emanadas desde el parlamento. Desde el año 1991 se ha presentado proyectos de diversa índole y que las autoras lo clasifican como: “1. Por un lado las iniciativas legales que permiten introducir el aborto terapéutico o aborto por indicación o que fortalecen el secreto profesional frente al aborto inducido; 2. Las iniciativas que buscar asegurar la penalización, es decir, que la pena sea mayor o que la persecución penal sea más drástica o que se establezcan nuevos delitos vinculados al aborto, y 3) las iniciativas que buscan crear simbología cultural y social de protección al no nato y que condenan el aborto.

Este es un hecho inédito que el 6 de septiembre del 2011 se votará la idea de legislar. Como es sabido actualmente en el país, la legislación restringe la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, afectando con ello el pleno ejercicio de sus derechos y su capacidad de decidir en ámbitos que pertenecen a su intimidad y desarrollo personal. Forzar a una mujer a que culmine un embarazo que pone en riesgo su vida, supone atentar contra su libertad, su dignidad y su derecho a decidir, e impone el deber de poner la vida del que está por nacer sobre el derecho a su propia vida.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2011 se puso en tabla de la Comisión de Salud del Senado la discusión sobre algunos de los proyectos presentados por distintos senadores sobre la restitución del aborto terapuetico.

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CCPR/C/79/Add.104 y CEDAW/C/1999/L.2/Add.1.

Comité contra la Tortura, Trigésimo Segunda Sesión, 3-21 de mayo de 2004, pár. 7, letra m) en CAT/C/CR/32/5

Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, Ordinario A!%/1675 del 24 de abril de 2009.

Dides, C. Benavente, C. Saez, I. (2011) Dinámicas Políticas sobre Aborto en Latinoamérica: Estudio de Casos. Segunda parte: Marco situacional del aborto en los cuatro países: Brasil, Chile, México y Nicaragua. FLACSO-Chile.

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El 6 de septiembre6 del presente se voto en general, después de escuchar las intervenciones de los invitados7 en varias sesiones, los siguientes proyectos de ley, iniciados en mociones parlamentarias: - 1) El que despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas. (Boletín N° 7.373-07). - 2) Sobre interrupción terapéutica del Embarazo. (Boletín N° 6.522-11). - 3) El que modifica el Código Sanitario, señalando los casos en los cuales se podrá interrumpir el embarazo. (Boletín N° 6.591-11)8. Cabe señalar que estos proyectos no han sido fusionados para la discusión en sala que es la etapa posterior.

El primero proyecto Boletín 7.373-07 es el que se presentó en diciembre de 2010 por los Senadores Evelyn Matthei (UDI) – actualmente es Ministra del Trabajo- y Fulvio Rossi (PS) el objetivo del proyecto es despenalizar el aborto por dos razones médicas: cuando está en riesgo la vida de la mujer y cuando hay inviabilidad fetal. Ambos casos deben ser certificados por tres médicos/as, que nos sean el/la médico/a tratante.

Artículo 1°: Agréguense los siguientes incisos finales al Art. 345 del Código Penal: “No se considerará aborto cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de una intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por un grupo de tres médicos.

No será punible la interrupción de un embarazo cuando se haya certificado por un grupo de tres médicos la inviabilidad fetal.

Un grupo de tres médicos del hospital o del Servicio de Salud correspondiente deberá otorgar en forma unánime e inequívoca las certificaciones de los dos incisos anteriores. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo tratante de la madre.

Copia de las certificaciones, sus fundamentos y antecedentes serán mantenidas en el respectivo Servicio de Salud por un período de tiempo de 5 años. Será responsabilidad del Jefe del Servicio de Salud custodiar dichos documentos por el período de tiempo indicado.

Los médicos que otorgaren certificaciones falsas o que intervengan sin cumplir con las exigencias anteriores serán sancionados con pena de presidio menor en su grado máximo”.

El segundo proyecto, Presentado por el Senador Camilo Escalona (PS Boletín N° 6.522-11) que establece interrupción terapéutica del embarazo:

Reemplazase el artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente:

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INVITADOS: Del Ministerio de Salud: El asesor, señor Jaime González Kazazian. Del Colegio Médico de Chile A.G: El Presidente del Departamento de Ética, Dctor Julio Montt Momberg; El Integrante del Departamento de Ética, Doctor Mauricio Besio Rollero. De la Sociedad Médica de Santiago: El Doctor, señor Ricardo Vacarezza Yávar. Del Instituto Libertad y Desarrollo: El abogado del programa Legislativo, señor Daniel Montalva Armanet. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: El analista, señor Pedro Pablo Rossi Guajardo. De la Biblioteca del Congreso: La analista señora Irina Aguayo Ormeño. Del Instituto Nacional de Derechos Humanos: Unidad de Seguimiento Político Legislativo, la señora Elvira Oyanguren Muñoz. De Miles: La Señora Soledad Barría Iroume. De Flacso: La Señora Claudia Dides. Los asesores del H. Senador Chahuán: señora Silvia Baeza; señora Marcela Aranda Arellano y señor Marcelo Sanhueza Mortara.

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El 2 de agosto se escucho la exposición del Dr. Ramiro Molina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile EL 16 de agosto participaron en la comisión de salud Del Ministerio de Salud: El abogado del Departamento Jurídico, señor Jaime González Kazazian. De la Asociación Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (MILES): Las voceras señoras Soledad Barría; Claudia Dides y Leslie Nichols.

De la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile: El Director de Investigación del Departamento de Medicina Familiar, Doctor Elard Koch.

De la Asociación Proyecto Esperanza: Las coordinadoras señoras Adriana Avendaño y Patricia Gonnelle. Del Observatorio de Género y Equidad: La Secretaria Ejecutiva, señora Natalia Flores González; La Encargada de medios; señora Fabiola Gutiérrez González. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: El asesor, señor Pedro Pablo Rossi Guajardo. Del Instituto Nacional de Derechos Humanos: La encargada de la Unidad de Seguimiento Político Legislativ, señora Elvira Oyanguren Muñoz. La asesora del H. Senador señor Girardi; señora Marcela Guerra Salfate. La asesora del H. Senador señor Uriarte: señora Silvia Baeza Vallejo. Los asesores del H. Senador señor Chahuán: señora Marcela Aranda, señor Marcelo Sanhueza Mortara, señor Hugo Reyes Farías y señor Rodrigo Díaz Yubero.El 30de agosto se escucho la exposición del Dr. Mauro Parra

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En: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=proyectos_temas&idcomision=195&tipo=2&legi=0&ano=20 11&desde=0&hasta=0&comi_nombre=de%20Salud Accesado: 18 de septiembre de 2011

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Art. 119. Se podrá interrumpir el embarazo, sólo con fines terapéuticos, mediante intervención médica, cuando esta sea documentada por dos médicos cirujanos.

El tercer proyecto9 y presentado con anterioridad es el iniciado en Moción de los Senadores señores Guido Girardi y Carlos Ominami, que modifica el Código Sanitario, señalando los casos en los cuales se podrá interrumpir el embarazo.

ARTICULO 1. Modificase el Código Sanitario como sigue: Reemplázase el art. 119 por el siguiente: “Artículo 119”. Sólo con los fines terapéuticos, eugenésicos o ético-sociales que a continuación se expresan se podrá interrumpir un embarazo.

En caso en que este en riesgo la vida de la madre y no existan otros medios para evitar dicho riesgo.

Cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará graves taras o malformaciones físicas o psíquicas.

Cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito de violación.

En este último caso, la interrupción del embarazo sólo podrá practicarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

En todos los casos, se requerirá el consentimiento de la madre, la intervención de un médico-cirujano y la opinión documentada de otros dos médicos-cirujanos.”

ARTICULO 2. Modifícase el Código Penal como sigue: Agrégase a continuación del art. 342 N° 3° la siguiente oración, reemplazando para dicho efecto su punto final”.” por una coma”,”: “, fuera de los casos permitidos por la ley.”

Intercálese en el inciso primero del art. 344 la siguiente oración, a continuación de la coma”,”: “fuera de los casos permitidos por la ley,” Intercálese en el inciso primero del art. 345 la siguiente oración, a continuación de la segunda coma”,”: “fuera de los casos permitidos por la ley,”

En síntesis lo que se va a discutir en la Sala del Senado son estos tres proyectos, que cinluyen la salud de la mujer, la inviabilidad fetal y reposición del artículo 131 del Código Sanitario. Se suma también la causal de violación que fue presentada por el Senador Guido Girardi (PPD). La discusión que se dé en el Senado y su aprobación significaría que vuelve a la Comisión de Salud del Senado para luego ir a la Cámara de Diputados.

El debate que se iniciará en la sala del Senado debe considerar no sólo a los especialistas de salud, a los partidos políticos y sus posiciones sino también a la ciudadanía. Esta se ha expresado en diversos estudios de opinión pública desde la década de los 90. Donde existe un apoyo a la idea de legislar bajo ciertas circunstancias, afirmación que se ve reflejada en la encuesta del año 2009 realizada por FLACSO-Chile en Brasil, Chile, México y Nicaragua10, un 86,8% de los/as encuestados/as de Chile consideró que el aborto constituye un problema grave y hay además una opinión mayoritaria respecto a que el aborto es un tema que debe ser debatido. Por último, la legalidad del aborto terapéutico es también una posición apoyada por la mayoría, un 89%, de la población. Respecto de la situación de la ley en Chile, un 90% de la población considera que debería ser revisada. Por su parte, la encuesta

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Boletín N° 6.591-11

Dides, C. Benavente, C. Saez, I. Moran, J.M. (2011) Estudio de Opinión Publica sobre Aborto y Derechos Sexuales y Reproductivos en Brasil, Chile, México y Nicaragua. Programa Género y Equidad, FLACSO-Chile.

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de la Universidad Diego Portales (2010), plantea que un 53,1% está de acuerdo con el aborto en caso que la vida de la muer este en peligro, un 44,3% por malformación fetal y 53,4% por violación 66,7% está de acuerdo en caso de violación.

Hay que señalar que han surgido resistencia al debate, una de ellas es la expresada en los medios de comunicación respecto a la petición de un veto presidencial en contra del aborto terapéutico. Un veto presidencial significa nuevamente la incapacidad más del gobierno de escuchar a la ciudadanía.

Esta decisión del Presidente le da la espalda a miles de mujeres chilenas que año a año ponen en riesgo su vida y su salud, mujeres cuyos derechos son vulnerados por una legislación que dista mucho de ser laica como dicta nuestra Constitución, y que sin aún ser discutida en el Parlamento sufre ya de amenazas presidenciales de veto, lo que atenta contra el principio de debate democrático, tal como en su momento hizo la dictadura militar.

Esperamos como ciudadanas que la cordura y el respeto a los derechos humanos hacia las mujeres esté presente en la discusión en el parlamento así como la necesidad de una ciudadanía activa.

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Repúbica Dominicana

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En RD podrían estar muriendo 70 mujeres al año a causa de la ilegalidad del aborto La República Dominicana es uno de sólo 6 países en el mundo donde el aborto no se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Ante la posibilidad de que esta legislación decimonónica pudiera dar paso a la despenalización por causales como parte del proceso de modificación y actualización del Código Penal, los sectores ultraconservadores del país, liderados por la iglesia católica, lograron la aprobación en enero del 2010 de un artículo constitucional que establece el derecho a la vida desde el momento de la fecundación. En términos prácticos este artículo equivale a declarar al cigoto persona humana, equiparando su derecho al de la mujer adulta.

La tasa de mortalidad materna (MM) de 159 por 100,000 nacidos vivos estimada por la ENDESA es desproporcionadamente alta en relación a los demás indicadores sociales del país y no se ha reducido significativamente en la última década. Si bien la MM se asocia fundamentalmente a problemas de calidad en la atención hospitalaria, no hay duda que la ilegalidad del aborto contribuye significativamente a las altas tasas que se observan en el país.

Las estadísticas oficiales sitúan el aborto inducido como la cuarta causa de MM, atribuyéndole un 13% del total de los casos, si bien en su “Análisis de la Situación del Aborto Inseguro” (2009), la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia estima la cifra real en 20%.

Las condiciones de ilegalidad en que se practica el aborto no permiten establecer estos porcentajes con certeza, como tampoco precisar el número de abortos que se inducen anualmente en el país.

El último estimado de incidencia basado en datos de investigación data de 1994 y situó la cifra en 82,500 abortos anuales. El Instituto Guttmacher ajustó el estimado a 90,000 hacia finales de esa década y algunos especialistas dominicanos han especulado que la cifra puede haber aumentado desde entonces.

Cifra abrumadora

Sea cual sea el número real de abortos, cuando aplicamos la tasa de 159/100,000 muertes maternas al estimado de 220,000 nacimientos anuales de la ONE obtenemos la escalofriante cifra de 350 muertes maternas al año, que supera todas las causas de muerte bajo vigilancia epidemiológica registradas en el país. Si aplicamos el estimado del 20% de las MM atribuibles al aborto ofrecido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, obtenemos la cifra de 70 muertes anuales por causa del aborto ilegal en el país. Como se sabe, la abrumadora mayoría de las muertes maternas son prevenibles, lo que hace más urgente la necesidad de enfrentar esta problemática con mayor determinación y eficacia. Más aún en el caso de las muertes asociadas al aborto, dado que el procedimiento en sí presenta muy bajas tasas de complicación cuando se realiza en condiciones médicas adecuadas.

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Impacto del artículo 37

De ahí que el Art. 37 de la nueva Constitución genere temores en cuanto a su potencial impacto sobre la morbi-mortalidad materna por aborto. Las preocupaciones van en dos sentidos: primero, a que el temor a consecuencias judiciales resulte en la negativa de médicos y/o establecimientos de salud a realizar procedimientos terapéuticos cuando estos son necesarios para preservar la salud o la vida de mujeres embarazadas (situación de la que ya se han registrado casos).

Segundo, que por las mismas razones se pueda ver afectado el tratamiento de los abortos incompletos y complicados que llegan a los establecimientos de salud. Esta última consideración es de mucha importancia dado el hecho bien documentado de que muchas mujeres dominicanas de bajos ingresos se ven obligadas a iniciar el proceso por sus propios medios, para luego acudir a un hospital público de ser necesario un legrado, ya sea para completar el aborto o para atender complicaciones resultantes de la auto-inducción o de procedimientos médicos inadecuados.

Dado que las soluciones a la problemática de la morbi-mortalidad materna por aborto son bastante evidentes, la pregunta es por qué no se toman las medidas necesarias. Los responsables de esta situación que asuman también la responsabilidad por las tantas muertes innecesarias.

Denise Paiewonsky Colectiva Mujer y Salud

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