2 minute read
I Licitaciones públicas y fondos europeos
Licitaciones públicas y fondos europeos
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) revelaba a principios de año que más de 480 licitaciones públicas, por un importe superior a los 230 millones de euros, quedaron desiertas en España entre noviembre de 2021 y mediados de enero de 2022. La causa: la desproporcionada subida de los costes y la falta de actualización de los contratos.
Esto es, el incremento constante de las cotizaciones de las materias primas (como el cobre y el aluminio, entre otras), pero también el ascenso de los precios de la electricidad y el gas, que han batido récords en el primer tramo de este año, han dejado totalmente desfasadas las propuestas iniciales de los contratistas. Los costes reales no quedan reflejados en los pliegos.
Se trata de un problema que provenía del año pasado pero que se ha agravado en este ejercicio. Una complicación que se experimenta en los distintos ámbitos del mercado de material eléctrico, pero que en segmentos como el de la iluminación adquiere más importancia ya que las empresas de este sector ejercen de proveedores de municipios y diputaciones en el alumbrado público.
Así lo constata Francisco Pardeiro, presidente de Anfalum (patronal española de los fabricantes), en una entrevista en el interior: “Los licitantes no podían cumplir ni con los plazos requeridos en los pliegos ni con los precios”.
En esta coyuntura, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, con medidas de carácter extraordinario para facilitar una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de las obras afectadas por la subida de los costes de las materias primas.
Aunque se trata de una medida en la buena dirección, varias organizaciones han reclamado la extensión de la norma más allá del ejercicio 2021, ya que el Real Decreto abre la puerta a revisar solo los proyectos públicos del año pasado. Petición lógica, dado que este escenario de incertidumbre ha empeorado por los efectos de la guerra en Ucrania.
Todo ello choca con la falta de agilidad por parte de la Administración, acusada en muchas ocasiones de tener un farragoso sistema de contratación.
Estas dificultades, además, se producen en un momento en el que el Estado español está recibiendo los fondos europeos para numerosos proyectos. ¿Servirá esta regulación para mitigar este problema?, ¿se podría generar un colapso en las obras de algunas administraciones si no se adaptan los precios? Preguntas con difícil respuesta
Miguel Ángel Jiménez
Director del Área de Material Eléctrico
