Dh diciembre 30

DH Lunes 30 de diciembre de 2013 MILENIO diario

Niñas y niños... Expresan sus derechos en cortometrajes pág. 15

Publica REDIM

Buenas prácticas

La infancia cuenta en México 2013

Relanzará CDHDF programa de igualdad salarial

pág. 06

pág. 12

Woody Allen/ Jazmín Azul

De cómo la vida puede ser horrible

pág. 14

Número 12

Diagnóstico CDHDF

Manifestación, movilidad y derechos humanos alejandro cuevas

Estrategia Regional Seguridad humana debe normar la política migratoria

pág. 07

3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad

pág. 08

Festival Internacional Derechos Humanos y Cultura de Paz

pág. 10

escriben

lMario HernándezlEthel Nataly CastellanoslJosé Luis Zempoalteca

2 o Lunes 30 de diciembre de 2013

DH

Editorial

La opción penal como última vía de legislación U n Estado democrático está basado en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

La manifestación y la protesta social abren la posibilidad para que las personas participen de diversas maneras en la exigencia y opinión de aquellos asuntos que consideren relevantes para la vida pública. En una sociedad tan compleja como la nuestra, el respeto a tales derechos es primordial. Las inconformidades no atendidas, expresadas en este ejercicio de derechos, intentan establecer un puente con las autoridades con el propósito de dar solución a las problemáticas y tensiones surgidas.

Las manifestaciones públicas tienen una gran diversidad de fines y motivaciones. Pueden perseguir una naturaleza cultural, la celebración de reuniones con contenido lúdico, deportivo o de espectáculos, el desenvolvimiento de peregrinaciones o caminatas con fines religiosos, el desarrollo de actividades familiares, la celebración de desfiles públicos con motivo de una relevancia histórica, la realización de mítines políticos o sindicales, o incluso, el desarrollo de marchas asociadas a causas de protesta entre muchos otros eventos.

Es precisamente en este contexto que el Estado, a través de las autoridades, tiene el deber de respetar y proteger todo tipo de manifestaciones, ya que suponen el goce y ejercicio de diversos derechos, entre los que se encuentran el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y la libertad de asociación.

Consciente de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que caracterizan a una metrópoli como la Ciudad de México y con el ánimo de contribuir al debate público en esta materia, recientemente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer el documento “Manifestación, movilidad y derechos humanos: una propuesta de aproximación desde los estándares internacionales”, a través del cual hizo una propuesta general técnica para la generación de soluciones que permitan hacer frente a la problemática en esta urbe.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) en 2013 se registraron 7 mil 910 movilizaciones en la Ciudad de México, número superior al de 2012 cuando se efectuaron 7 mil 319. Es por ello que el documento de la CDHDF cobra vital relevancia, ya que la sólida investigación, argumentos y recopilación de buenas prácticas aportan insumos que reflejan el mosaico de posibilidades y aristas necesarias para la solución de los problemas complejos.

En el documento se expone que en el caso específico de las manifestaciones públicas las principales problemáticas, tensiones e inconformidades surgen en torno al derecho a la movilidad por la utilización de espacios públicos y vialidades, así como el derecho al trabajo como efecto de las repercusiones que podría generar el desarrollo de dichas actividades, principalmente, en el ámbito del comercio de bienes y servicios públicos.

Aun cuando existan tensiones entre el ejercicio de los derechos a la libre manifestación, expresión y reunión con el derecho a la movilidad, la perspectiva social y gubernamental no debe ser la de sacrificar un derecho por encima del otro. Frente a las tensiones, la actuación de la autoridad debe enfocarse a permitir el ejercicio armónico de ambos derechos, por lo que tiene el deber de diseñar planes y procedimientos adecuados para facilitarlos, sin ponerlos en riesgo.

En los dos últimos años, tanto a nivel federal como local, se han presentado diversas iniciativas de ley que pretenden regular las marchas y manifestaciones. En ellas hacen mención de distintas legislaciones de países de América y Europa que fueron utilizadas por las y los diputados para dar respaldo a sus propuestas. El documento de la CDHDF explica el análisis que realizó a las legislaciones nacionales de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Libia, Reino Unido, Rusia y Venezuela, relativas al tema de los derechos de reunión, manifestación y protesta social.

La mayoría de las legislaciones internacionales analizadas por la Comisión parten de un enfoque punitivo que establecen cargas desproporcionadas a manifestantes y restricciones excesivas del uso de espacio público. La utilización de dichas legislaciones en todas las iniciativas presentadas hasta ahora para regular las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal, son contrarias para un modelo de sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos.

Es este escenario, los actores políticos deben reflexionar sobre la conveniencia social de utilizar el derecho penal y la pena privativa de libertad como principal herramienta de contención y acercamiento con la sociedad. La vía penal debe ser la última vía de legislación. La política pública no puede criminalizar la protesta social. La armonización de los derechos a través de un enfoque integral parte del cumplimiento de las obligaciones para protegerlos mediante estrategias específicas de actuación. Lo que regula es la actuación de las autoridades, no de las personas. H

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Lunes 30 de diciembre de 2013 o 3

DH

sonia blanquel

atrás cuando se pretenda regular el contenido de las movilizaciones o las protestas”, pues “la libertad de expresión es un derecho adquirido, constitucional e internacionalmente y está establecido que la responsabilidades en el ejercicio de este derecho sólo podrán ser posteriores y que nunca podrá restringirse previamente, pues esto constituye un acto de censura previa”.

Subrayo que la tendencia progresista de protección de los derechos humanos propone que cualquier tipo de legislación que se pretenda en este sentido tendrá que dictarse bajo una tendencia integral que parte de un enfoque de cumplimiento de obligaciones en derechos humanos, en donde lo que se regula es el actuar de las autoridades y no de las personas, evitando generar restricciones indirectas o requisitos desmedidos, buscando la armonización de derechos, a partir de estrategias específicas de actuación ya que éste modelo es el único que corresponde a una sociedad plural y democrática.

La Presidenta de la CDHDF informó que el documento se entregará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), al Gobierno del Distrito Federal (GDF), a la Cámara de Diputados y al Senado de la República.

De igual forma está ya disponible en la dirección: http://issuu.com/cdhdf/docs/movilidad.

Las Propuestas

Marchas y protestas

Por un enfoque integral de derechos Con el fin de aportar una propuesta técnica general a la discusión sobre la concurrencia de garantías durante las marchas sociales, la CDHDF presentó el documento “Manifestación, movilidad y derechos humanos: una propuesta de aproximación desde los estándares internacionales”

L

Redacción DH

a presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, indicó que con la presentación de la propuesta, “estamos poniendo sobre la mesa un diagnóstico integral con todas las voces, con todos los escenarios y con todas las preocupaciones” sobre el tema, integrados bajo la premisa de un análisis de derecho internacional comparado en donde se retoman los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Señaló que “no es necesaria una regulación hacia las personas que participen en manifestaciones o protestas. Nosotros estamos postulando por un modelo integral de armonización de derechos, a partir de un enfoque de prevención, diálogo y atención basada en derechos humanos, generando una buena

interlocución entre autoridades, una buena comunicación y anticipación de escenarios para informarles debidamente a la sociedad y propiciando que no haya las violaciones o la colisión de derechos al momento de la realización de las manifestaciones o protestas”.

Al referirse a las conclusiones de la Propuesta General 01/2013 dijo que el desarrollo de marchas y manifestaciones públicas supone un mecanismo de participación social para el ejercicio de derechos fundamentales, específicamente de los derechos de libre reunión, libre manifestación y libre expresión de las ideas, al que se suma el derecho a la protesta social.

En el documento se señala que “resulta fundamental que en una sociedad democrática existan mecanismos institucionales de participación que aseguren que las demandas de las personas sean atendidas por parte de las autoridades, por ello, es necesario mejorar los mecanismos de acercamiento ante la autoridad cuando se tienen que tomar decisiones, pues ésta es la mejor vía para actuar preventivamente”.

Gómez Gallardo subrayó que “la última forma de regulación debe ser la penal en una sociedad democrática” y dijo que “nos llama la atención, incluso en las regulaciones que se están plasmando (a nivel local y federal) que todas tienen una tendencia punitiva o abolicionista, no tienen una tendencia integral de respeto y armonización de los derechos de todas y todos”.

Afirmó que respecto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión que en algunas legislaciones se pretende regular más allá de los límites establecidos en la normatividad internacional, la CDHDF “no dará un paso

1. La CDHDF invita a las autoridades capitalinas a ser partícipes en la construcción y consolidación de una sociedad democrática basada en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, a través de procesos de inclusión y consideración de las distintas voces y opiniones a cargo de personas y grupos que forman parte del escenario social, político y cultural del Distrito Federal.

2. Asimismo, la CDHDF hace votos para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dirija sus esfuerzos legislativos de regulación de fenómenos y contextos sociales, como el de marchas y manifestaciones públicas, desde un enfoque integral de regulación que tome en consideración el óptimo cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y la mínima restricción o intervención directa e indirecta de los mismos.

3. Tratándose de marchas y manifestaciones públicas, resulta indispensable que las autoridades eviten desarrollar políticas y cuerpos normativos que, de cualquier manera, criminalicen o estigmaticen el ejercicio de los derechos fundamentales a la libre expresión, reunión y manifestación.

Aunado a ello, los esfuerzos de reglamentación y supervisión deben enfocarse a las instituciones de gobierno y a sus agentes con el objetivo de evitar el desarrollo de acciones violentas y de posibles violaciones a derechos humanos.

4. En caso en que diversos derechos lleguen a colisionar por el desarrollo de marchas y manifestaciones públicas en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas se encuentran frente a la obligación de generar respuestas alternativas que, de manera armónica, sean capaces de asegurar, en la mayor medida de los posible, el máximo goce y ejercicio de los derechos involucrados.

5. Por último, la CDHDF exhorta a las autoridades del Distrito Federal a reflexionar sobre la conveniencia social de utilizar el derecho penal como principal herramienta de contención y acercamiento con la sociedad. A juicio de esta institución, el establecimiento de nuevas penas, así como el incremento de las ya existentes, no constituyen mecanismos adecuados para la consolidación de una democracia basada en los derechos humanos. H www.milenio.com

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4 o Lunes 30 de diciembre de 2013

DH

sonia blanquel

Preocupa a CDHDF

Ley de manifestaciones en DF implica censura previa La parte más delicada de la propuesta, si es que se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados, es que se trata de una acción legislativa prohibida en estándares internacionales

L

Redacción DH

a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó su preocupación por el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados mediante el cual se aprueba la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

El organismo considera que dicha Ley constituye una medida que pretende “regular” no sólo el ejercicio del derecho a la libre manifestación, sino incluso otros derechos como el de libertad de expresión y el de petición y por constituirse como una regulación de carácter punitivo.

Las limitaciones que impone este dictamen al ejercicio de los derechos humanos en nuestra ciudad, dice el organismo, constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de Derecho, pues utiliza expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos de las personas que se manifiestan públicamente y deja abierto el margen de discrecionalidad de la propia autoridad, retomando conceptos prohibicionistas que no se ajustan a nuestra realidad social.

Incluso, éste dictamen, dice la CDHDF, pretende también regular los “contenidos” de las movilizaciones sociales, ya que establecen

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imperativos para regular las expresiones y contenidos que se podrán expresar en las movilizaciones sociales, imponiendo con ello una limitación para no presionar a las autoridades, cuando justo el objeto de una movilización social es la de llamar la atención de las autoridades para atender sus peticiones.

La parte más delicada de la propuesta que se está manejando, si es que se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados, es que se trata de una acción legislativa de censura previa. Meterse en contenidos es censura previa y está prohibido en todos los estándares internacionales, no sólo en nuestro derecho interno.

La iniciativa tiende a limitar y a restringir derechos, no a armonizarlos. Incluso algunas infracciones administrativas podrán ser impuestas a partir de una denuncia abierta La CDHDF indicó que hay una tendencia en la iniciativa a limitar y a restringir derechos, no a armonizar los mismos. Incluso en el análisis de la estructura de la norma, se manejan algunas infracciones administrativas que podrán ser impuestas a partir de una denuncia abierta, es decir, que cualquier persona podrá denunciar bajo alguno de los supuestos que se contienen en la norma, lo que regresaría a nuestra sociedad a aquella de “las buenas conciencias”, donde una persona que se sienta en un momento inconforme por las acciones de las manifestaciones, podrá iniciar la acción e invocar una sanción administrativa.

Eso es completamente desproporcionado y subjetivo a la luz de los principios generales del derecho.

Preocupa sobremanera a la CDHDF la

referencia a las buenas costumbres, como una limitación a las expresiones en las movilizaciones. Esta referencia data de 1917 en la anacrónica Ley de Imprenta. Las “buenas costumbres”, dijo, son completamente subjetivas, hay que tener mucho cuidado porque esas expresiones dejan mucha discrecionalidad, lo menos que puede tener una autoridad en materia de derechos es discreción y aquí se está abriendo una muy grande.

Otra preocupación para el organismo defensor de derechos humanos es la redacción del artículo Sexto, que dice que en el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión se tendrán limitaciones: “Es inverosímil esta regulación, porque el pensamiento es un acto interno que no puede tener limitaciones o restricciones además de imponer una censura previa a las expresiones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión”. La Constitución y los instrumentos internacionales lo dicen claramente: “toda expresión tendrá responsabilidad posterior, no previa”.

Consideró que la iniciativa faculta a las autoridades a utilizar la fuerza y disolver una manifestación cuando algunas personas actúen de manera violenta. Esto vulnera la exigencia de proporcionalidad de las medidas tomadas por la autoridad, ya que una minoría que comete actos delictivos podría obligar a una disolución de una gran movilización, lo que violenta los derechos adquiridos en nuestra capital.

La CDHDF dijo que estará atenta al proceso legislativo que se le dé a esta iniciativa, y en su momento estará presentando estas valoraciones y consideraciones del derecho internacional y de los derechos humanos ante el Senado de la República, además de que estará analizando los alcances y limitaciones en términos de las competencias del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, donde el ámbito de espacio y de material en su aplicación atañe a las autoridades del Distrito Federal y a su ciudadanía. H

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DH

Dos derechos enfrentados

Testimonios de Plaza de la República alejandro cuevas

Desde hace más de dos meses dos grupos se disputan el respeto a sus garantías: maestros defienden su libertad para manifestarse, mientras que empresarios y habitantes exigen poder transitar libremente. Ante ello, ¿qué harán las autoridades?

L

Mónica Salguero Gutiérrez

onas improvisadas, sujetadas desde el poste o el árbol más cercano. Debajo, a primera vista, se asoman cobijas tendidas en las casas de campaña; bancos y sillas que fungen como muebles; botellas de refrescos llenas, vacías, medio vacías; garrafones; cubetas; mochilas; anafres y bolsas de basura. Cables, mecates, cordones y cintas por todos lados… una escenografía montada cientos de veces bajo los pies del Monumento a la Revolución.

La Plaza de la República se ha convertido en el lugar donde se concentran las inconformidades del Distrito Federal: por un lado, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes fueron retirados por policías federales de la plancha del Zócalo el 13 de septiembre; por el otro, el malestar de vecinos, tanto empresarios como habitantes, que no soportan el plantón de los profesores, ubicado ahí desde hace más de dos meses.

“Yo no estoy en contra de la manifestación, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros, a personas que no tenemos nada que ver”, señala Ernesto, mesero de un establecimiento argentino ubicado en el área del conflicto. Sin embargo, asegura que también las autoridades deben informar a las y los ciudadanos sobre las

manifestaciones para que ellos a su vez tomen precauciones, eviten el uso del automóvil particular y opten por el transporte público o las bicicletas. “Estoy a favor de una manifestación planeada e informada”.

Al igual que Christian Lozano, gerente del restaurante argentino, Ernesto pone de ejemplo su manifestación, cuando cerca de 150 empresarios y empleados de 50 restaurantes, hoteles, fondas y pequeños comercios de la colonia Tabacalera macharon hacia el Ángel de la Independencia para pedir la reubicación del plantón magisterial: “alzamos la voz y no afectamos a nadie pero no nos escucharon porque el gobierno no ha hecho nada”, sentencia.

La idea de regular las marchas y el espacio público emanó de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); uno de sus argumentos es que existen graves afectaciones a las y los capitalinos. De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), las afectaciones económicas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución ascienden a por lo menos 280 millones de pesos y la caída en las ventas es de 80% en los negocios de la zona.

Los empleados de los restaurantes opinan que la regulación de las marchas les parece una medida correcta, porque no daría cabida a los actos vandálicos; incluso sugieren programar las

manifestaciones para anteponer la prevención a las y los habitantes del Distrito Federal en cuanto a los cierres de calles y avenidas.

Además, si por ellos fuera, prohibirían los plantones porque, con base en su experiencia, “genera estancamiento económico, inseguridad, falta de higiene, vialidades afectadas y desestabilización dentro de la sociedad”. Afirman que la idea de regular las manifestaciones y el espacio público tiene el fin de generar obligaciones a quienes ejercen su derecho.

A Ricardo Hernández, comensal de El Campesino –restaurante de la zona–, le consta que los plantones provocan la quiebra de los negocios.

Cuenta que El Campesino quebró en 2006 cuando el entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se plantó en la avenida Reforma en julio de aquel año y se retiró tres meses después. Abrió sus puertas nuevamente, pero ahora en la Plaza de la República, donde los profesores llevan más de dos meses instalados en la explanada del Monumento a la Revolución.

Aunque Fernando Baños, restaurantero afectado, sostiene tajantemente que los plantones no deberían existir porque privatizan los espacios públicos de la ciudadanía, aclara que de ninguna manera las marchas y manifestaciones deben estar reguladas por servidores públicos: “Las marchas se autorregulan, respetan los cruces, y lo hacen de manera pacífica. Tenemos que ir a marchar cuando las cosas no son como tienen que ser. Para citar a una manifestación se hace con 15 o 20 días de anticipación; ya la ciudadanía la planeó, no necesitamos la firma de un burócrata”.

Al respecto, en países como Estados Unidos, Canadá, Colombia y Rusia las manifestaciones tienen límites y están reglamentadas. En Nueva York, por ejemplo, es necesario solicitar permiso a las autoridades locales; y en Rusia, desde 2010 está prohibido el uso de máscaras, cascos, pasamontañas o velos en una manifestación.

Pero Fernando Baños considera que la experiencia de otros países en el tema no es factible, pues “no necesariamente la copia de algo que funciona en el exterior nos puede dar resultados a nosotros, debido a los gobernantes que tenemos en México”.

Bloqueos, marchas y plantones son libertades que los comerciantes traducen en agresiones directas y obstáculos para el desarrollo de sus negocios; mientras que los integrantes de las secciones 18 de Michoacán, 7 y 40 de Chiapas, 9 del Distrito Federal y 22 de Oaxaca señalan que al hacerlo sólo están ejerciendo sus derechos.

Así lo dice Teobaldo López, profesor de una escuela primaria del estado de Oaxaca: “este tipo de movilizaciones está dentro del marco constitucional”.

Regular las marchas “es un tema muy delicado”, advierte Félix, profesor de la delegación 172 de Oaxaca, quien se cuestiona: “si la manifestación se hace porque el gobierno no te escucha, entonces ¿cómo vas a lograr la atención de aquellos servidores públicos? Simplemente es absurdo; es manifestarse, ¿pero en quedito?”.

En palabras de Miguel Ángel Rito Díaz, manifestante de la CNTE, la idea de regular las marchas tiene la intención de coartar la libertad de expresión de los habitantes; no sólo de los maestros sino de la sociedad en general, “porque la estructura social que hemos conformado entre todos ha olvidado a muchos sectores que en algún momento no han tenido ni voz ni voto”.

“Estamos en un sistema de legalidad para el gobierno, pero no para la sociedad”, sentencia el profesor Leopoldo Vázquez, quien piensa que lo primero que debe regular el gobierno es su compromiso con la ciudadanía, el cual debe darse en tiempo y forma para atender las demandas del pueblo y disminuir la burocratización.

Leopoldo Vázquez está consciente de que los comerciantes se ven afectados por su movimiento y comprende que quieran prohibir los plantones; sin embargo, cree que “si el gobierno da respuesta a las necesidades de la sociedad, no habrá plantones”.

Protagonistas y antagonistas, ambos en un mismo lugar: la Plaza de la República. Los dos piden la garantía y el respeto a sus derechos humanos, ya que en el centro de la ciudad de México el derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito, principalmente, se han visto enfrentados. H www.milenio.com

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6 o Lunes 30 de diciembre de 2013

DH

antonio vázquez

Publicación de la Redim

Desconocemos estatus de los derechos de niñas, niños y adolescentes antonio vázquez

A partir de los datos oficiales, la Red por los Derechos de la Infancia en México elaboró la novena edición de la publicación La infancia cuenta en México 2013, un diagnóstico sobre la situación de los derechos de los menores en México

E

Redacción DH

l documento incluye un ensayo temático titulado “Hacia la construcción de un sistema de información sobre derechos de infancia y adolescencia en México”, un análisis detallado sobre la necesidad de contar con datos e información relevante sobre la infancia y la adolescencia que permita conocer el cumplimiento de sus derechos a partir de los lineamientos y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y, por ende, se inscriba dentro del marco de enfoque de derechos de la infancia.

La infancia cuenta en México es una herramienta pública que permite mirar, analizar y tomar decisiones informadas sobre la situación que enfrentan los derechos de la infancia. Una herramienta de incidencia que permite visibilizar el estado de desprotección que enfrentan niñas, niños y adolescentes;

milenio

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además de ser un instrumento para el diseño de política pública.

Los datos La tasa de maternidad en adolescentes en México para el año 2011 fue de 54 casos por cada mil; esto quiere decir que 1 de cada 20 adolescentes en México fue madre.

Destaca el caso de los estados de Chihuahua y Nayarit, en los que la tasa de maternidad adolescente aumentó en más de 7 puntos porcentual. En ambos casos casi el 8% de las niñas de entre 15 y 17 años fueron madres.

La tasa de mortalidad por homicidios en la población de 0 a 17 años es de 4 muertes por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta en los últimos 10 años.

Al analizar el rango de edad de 15 a 17 años, se encuentra que la tasa de mortalidad por homicidios fue de 15.7 casos por cada 100

mil, aumentó con respecto a la registrada en 2010 (14.4) Los estados en los que se observan mayores tasas de mortalidad por homicidio son Chihuahua (91.6), Guerrero (48.8) y Nuevo León (46).

Se ha presentado un aumento en el total de muertes de menores de 18 años que se clasifican como homicidios con arma de fuego, pasando de 299 en el año 2006 a 853 en 2011 (946 en 2012).

Si hablamos de porcentajes, mientras que en 2011 el número de homicidios por arma de fuego representaba el 55% de los homicidios totales, para el 2012 el porcentaje se incrementó al 58%.

Para 2012, 7 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años fue muerto por arma de fuego.

A la presentación del texto acudieron Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Isabel Crowley, representante de Unicef México; Roberto de León Huerta, director General Adjunto de Políticas sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Jacqueline L´Hoist, Presidenta del Copred; Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); Laura Speer, Representante The Annie E. Casey Foundation; Norberto Liwski, Director del Observatorio Legislativo en Argentina y Ex Integrante del Comité de los Derechos del Niño (ONU); Alicia Vargas, Presidenta del Consejo Directivo de la Redim y Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de Infancia en México. H (Fuente: Redim)

Lunes 30 de diciembre de 2013 o 7

DH

Foro Estrategias Regionales

La seguridad humana debe normar una nueva política migratoria ernesto gómez

Integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas demandaron a los Estados de México y Centroamérica a emprender acciones conjuntas con la ciudadanía para reducir la inseguridad y la violencia de la ruta migratoria

E

Redacción DH

n las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), al término de los trabajos del Foro Internacional: “Estrategias regionales para el fortalecimiento de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil en la protección de personas migrantes en México y Centroamérica. Propuestas y articulaciones con perspectiva regional”, los participantes se pronunciaron por asegurar los derechos de las personas migrantes.

En la mesa sobre la articulación regional frente a la situación de los derechos de las personas migrantes, las y los ponentes acordaron que en las políticas migratorias de la región debe prevalecer el paradigma de los derechos y seguridad humana.

Subrayaron la necesidad de que la situación

de los derechos de las personas migrantes sea abordada por todos los actores involucrados de manera integral y corresponsable, a través de la cooperación y un dialogo abierto, igualitario e incluyente para la toma de decisiones.

En la mesa sobre seguridad e integridad personal en el contexto de la migración, las y los participantes coincidieron en la importancia de que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas hacia las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, especialmente el Instituto Nacional de Migración (INM), a través de la definición de indicadores de resultados sobre su desempeño.

También reconocieron la existencia de secuestros, extorsiones y abusos contra migrantes en los que participan las autoridades y la persistencia de la impunidad frente a estos delitos, así como de amenazas y riesgos hacia las personas defensoras de derechos humanos.

En la mesa relacionada con la búsqueda de

personas migrantes desaparecidas y los derechos a la verdad, a la información, acceso a la justicia y al resarcimiento; las y los ponentes advirtieron que si bien existen avances en la materia, principalmente en la identificación de restos de personas que se encontraban desaparecidas, éstos han provenido principalmente de los esfuerzos de la sociedad civil en conjunción con organismos públicos de derechos humanos.

Coincidieron en que resulta apremiante la definición e implementación de protocolos de actuación para localizar personas desaparecidas en la región de México y Centroamérica que haga consistente la búsqueda e investigación de personas desaparecidas con respeto a sus familias y su derechos a la verdad y a la justicia.

En la mesa sobre salud y migración se concluyó que el sistema de salud mexicano es ineficiente para la atención de personas migrantes debido, principalmente, al desconocimiento y apatía de los funcionarios de salud sobre la Ley de Migración; la existencia de mitos referentes a los migrantes que obstaculizan su acceso a la salud, y la insuficiente capacidad hospitalaria y de medicamentos para su atención.

Los panelistas advirtieron que, a pesar de la labor de instituciones como la Cruz Roja y el Albergue Jesús el Buen Pastor en Chiapas, la violencia y apatía institucional pone en manifiesto que el hecho de migrar aumenta la vulnerabilidad de las personas en su salud e integridad física.

En la mesa sobre procesos psicosociales, se concluyó que el enfoque sicosocial debe ser un eje transversal y no una acción individual, que permita un abordaje integral de las personas migrantes y sus familias, sin desconectarlo de su contexto actual y de la preexistencia de múltiples violaciones a derechos humanos desde antes de la migración.

Los participantes dijeron que este enfoque debe integrarse a los procesos de litigio para tener como centro a las personas, que informadas puedan tener expectativas realistas, expresar y elaborar sus miedos y sus resistencias al proceso, pero sobre todo tomar decisiones en torno a lo que quieren hacer frente a las múltiples violaciones. Solo en la medida en que se les informa, se les acompaña y se les da voz, pueden empujar acciones de exigibilidad de justicia no solo individual sino como colectivo y así promover las transformaciones sociales necesarias.

También subrayaron que la Ley de Migración de México obliga al INM a coordinarse con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y Estatal para atender a las niñas y niños migrantes no acompañados de manera especial, sin embargo, esto no se lleva a cabo adecuadamente.

Destacaron que el DIF no ha asumido sus responsabilidades pues en muchos Estados no tiene albergues para atender a esta población. Por su parte, el INM no notifica a los consulados y cuando lo hace, no siempre responden adecuadamente.

Señalaron que en los eventos de deportación, las autoridades responsables no siempre cumplen los criterios establecidos en la memoranda de entendimiento en la materia. Tampoco en los países de origen de las y los niños deportados se cuenta con las medidas de protección integrales, ni de atención y reintegración a sus familias, comunidades o a la escuela.

Por tanto, se coincidió que, en general, la actuación de los Estados no se rige por el principio del Interés Superior de los niños y niñas en la implementación de políticas públicas y programas en materia de migración.

Destacó la participación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, la Casa del Migrante de Saltillo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, la CDHDF, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, integrantes de la “Red DH Migrantes”. H www.milenio.com

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8 o Lunes 30 de diciembre de 2013

DH

Efeméride internacional

Discriminación

impide igualdad a personas con

discapacidad Al conmemorar el 3 de diciembre el día de las personas en esta condición, establecido por la ONU el 14 de octubre de 1992, es importante preguntar: ¿qué ha pasado en México a raíz del surgimiento de uno de los instrumentos más trascendentales del siglo xxi en materia de derechos humanos?

ANTONIO Vázquez

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Karina Rosalía Flores Hernández y Eduardo Almanza Ríos

n 2001, en el marco de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se realizaba en Durban, Sudáfrica, a través de la figura de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, México presentó ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la iniciativa para que se creara una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La propuesta rindió frutos y tras un arduo trabajo de discusiones y negociación –en el que intervinieron diversos especialistas y representantes de varios países–, el comité ad hoc

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de la onu aprobó el texto respectivo en agosto de 2006. Ese mismo año, el 13 de diciembre, la Asamblea General adoptó la Convención y meses más tarde, en marzo de 2007, se realizó la ceremonia de apertura para su firma, posibilitando que el 3 de mayo de 2008 entrara en vigor dicho instrumento internacional.

En esa memorable fecha Rincón Gallardo expresó: “Celebramos que ahora los Estados llevarán a cabo un arduo trabajo para armonizar sus legislaciones internas al espíritu de la Convención. Celebramos que pondremos un alto definitivo a la ancestral discriminación contra las personas con discapacidad, celebramos que ahora empezaremos a transitar por el camino de la inclusión de todas y de todos, sin importar su circunstancia.”

Así, a poco más de cinco años de la puesta en vigor de la Convención, y al conmemorar el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos preguntamos: ¿qué ha pasado en México a raíz del surgimiento de uno de los instrumentos más trascendentales del siglo xxi en materia de derechos humanos?

HABLANDO SOBRE DISCAPACIDAD De acuerdo con Naciones Unidas existen en el mundo alrededor de mil millones de personas con discapacidad, quienes se enfrentan no sólo obstáculos o barreras físicas, sociales y económicas, sino también a actitudes que terminan por excluirlas de participar de una forma total, efectiva e igualitaria en la sociedad.

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SONIA BLANQUEL

inclusión para las personas con discapacidad”.

Por ello, señala, sería imposible hablar hoy día de que este sector de la población, “desde la perspectiva del gobierno, reciba una atención y una solución a sus requerimientos educativos, laborales y sociales”.

Con base en el Censo de población y vivienda 2010. Tabulados básicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen casi seis millones de personas con discapacidad (5.7), de las que 48.9% son hombres y 51.1% son mujeres, siendo los estados de Zacatecas, Yucatán y Michoacán donde se concentra el mayor número de ellas.

Por otra parte, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se señala, entre otros datos, que la población con discapacidad identifica que los principales problemas que enfrenta en el país son el desempleo, seguido de la discriminación y, posteriormente, el ser autosuficientes.

Al respecto, María Teresa Fernández Vázquez, especialista y consultora en temas de discapacidad, coincide en que la discriminación impide o dificulta que las personas con discapacidad estén en pie de igualdad con quienes no presentan ésta, pero más todavía la falta de igualdad de oportunidades: “La Convención exige que se hagan ajustes razonables para permitir a las personas con discapacidad el ejercicio de derechos en igualdad de oportunidades. Por ajustes razonables se entiende hacer las adaptaciones necesarias para que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda ejercer sus derechos (ir a la escuela, trabajar, recrearse, hacer deporte, etc.) en igualdad de condiciones”.

VULNERACIÓN DE DERECHOS En el marco de la Enadis 2010 al preguntar a las personas que señalaron tener una discapacidad si consideraban que alguna vez habían visto vulnerados sus derechos humanos por su condición, 65.5% señaló que no, 28.3 que sí, 5.6% respondió que sí en parte y 0.6 no sabe o no contestó.

Si bien pareciera que el porcentaje en sentido negativo de la anterior respuesta podría indicar que existe una tendencia de la población mexicana a respetar los derechos de las personas con discapacidad, las situaciones particulares de vida son factor importante para que emane tal percepción de dicho grupo poblacional.

Ello lo tiene presente Katya Vega Castro, joven de 24 años que hace dos perdió la vista en tan solo tres semanas a causa de una enfermedad autoinmune, ha tenido que adaptarse a un mundo desconocido, desde el que lucha por no ser discriminada. “Siempre pido que me traten igual. Es decir, que si llego tarde o hago las cosas mal no digan: ´compréndela, no puede ver´. Quiero para mí lo mismo que le exigen a los demás y sin ningún tipo de lástima”.

Incursionando en un ámbito que jamás pensó sería el suyo, Katia se sube al escenario donde, mediante un show de comedia (stand up), refiere las diversas situaciones que le han tocado vivir a partir de su condición de persona ciega, y con las que invita a todos a reflexionar y

a sumarse a la risa colectiva. Sin embargo, deja claro que no entró a la comedia para tratar de demostrarse algo, sino “para mostrar que si te pasa algo terrible no se acaba ahí la vida”.

El PROBLEMA DE LA ACCESIBILIDAD Sin duda, otro de los problemas para quienes presentan alguna discapacidad lo constituye trasladarse o desplazarse con facilidad, por lo menos 3.6% de las personas que respondió a la Enadis 2010 así lo señaló.

Para Jorge Lanzagorta, quien padece de discapacidad visual genética desde los 15 de edad, coincide en que el mayor problema socialmente hablando es el de la accesibilidad, tanto en transporte como en los espacios públicos. “En mi caso éste se intensifica porque me desplazo con Fey —una perrita guía—, lo que provoca que tenga que estar dando explicaciones en todos lados”.

Doramitzi González Hernández, 11 veces medallista en los juegos paralímpicos de Sidney, Atenas y Pekín (2000, 2004 y 2008, respectivamente), coincide en que “a la ciudad le falta accesibilidad para una persona con discapacidad, sea ciego, débil visual o persona con silla de ruedas. De todo porque realmente no lo hay”.

HACIA… ¿ADELANTE? La especialista María Teresa Fernández reconoce que sí existen avances en torno a la discapacidad y las personas con esta condición, ello particularmente en la accesibilidad, pero en especial para las personas con problemas de movilidad; poco con respecto a las personas sordas y las personas ciegas; pero señala que sí se ha avanzado en torno a la sensibilización sobre el tema de discapacidad y los derechos de las personas que la presentan, así como en el acercamiento a las autoridades públicas que toman las decisiones de mayor peso. Sin embargo, expresó que también ha habido cosas muy lamentables, y es que “las autoridades han creído que con poner rampas ya se resolvió el problema, los avances han sido cosméticos, no estructurales. La accesibilidad tiene que ser integral”.

Para Federico Fleishmman, activista de la sociedad civil que lucha a favor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad —en especial de los que tienen limitaciones de movilidad como es su caso—, los avances son en cuanto al reconocimiento de la existencia y demandas de las personas con discapacidad, así como propuestas de por lo menos los pasados tres sexenios: “sería injusto no reconocer que habido progresos, que de alguna manera de no ver la otra orilla, ahora empezamos a verla”.

Sin embargo, para el también Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, el panorama adverso salta a la vista desde que prioriza en las agendas de los gobiernos, “asuntos de seguridad, de carácter laboral, para generar empleos, sin que se haya hecho una verdadera

POLÍTICAS PÚBLICAS Como lo señaló el pasado 3 de diciembre Ricardo Bucio Mujica, titular del Conapred, en Toluca, Estado de México, “la plena inclusión de las personas con discapacidad precisa que estas acciones vayan acompañadas de la generación e implementación de medidas de igualación en la política pública”.

Lanzagorta, impulsor de Cine para Imaginar, proyecto que realiza la labor de adaptar el cine mexicano para personas con discapacidad visual, señala la falta de sensibilidad y de inclusión de quienes impulsan las políticas públicas en dicha materia: “hace falta que las personas que se encargan de generar iniciativas sobre el tema se acerquen más a conocer lo que las personas con discapacidad necesitan, que nos escuchen y nos involucren en sus decisiones sobre el tema”.

En este sentido, Fleishmman, quien está al frente de la organización Libre Acceso, A. C., aclara que la inclusión de las personas con discapacidad, tal y como se aprecia en la Convención, debe ser integral: “a la discapacidad se le deben asignar muchísimo más recursos para lograr la integración y la inclusión, y no pensar en darles dádivas y prestaciones y concesiones que no solucionan el problema de raíz”. Y enfatiza: “a la persona con discapacidad hay que darle oportunidades. No se trata de resolverle el problema, sino ofrecerle las oportunidades para que la persona con discapacidad, por ella misma, pueda resolver su propia problemática”.

APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL Es evidente que el acompañamiento de la sociedad civil organizada logra en muchos casos más la inclusión de las personas con discapacidad que las estrategias gubernamentales. He aquí un ejemplo.

A Guadalupe Cházaro y a Juan Pablo Ramírez Martínez la vida los sorprendió al ser alcanzados por el proyectil de un arma de fuego, provocándoles daños a nivel T5 (torácica cinco) y afectando su movilidad. Aun sin saberlo ni conocerse, la paraplejia adquirida les hizo atravesar similares momentos complejos en el terreno personal y familiar, pero sería esa misma discapacidad la que los uniría en un mismo objetivo: la danza deportiva sobre silla de ruedas.

Desde hace tiempo, ellos reciben apoyo de la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (Fhadi), I. A. P., lo que les ha posibilitado laborar en una sucursal bancaria y seguir ejercitándose para continuar la práctica que les ha dado la gran satisfacción de haber ganado dos veces medalla de segundo lugar en las competencias de danza deportiva sobre silla de ruedas en Rusia.

Para Cházaro y Ramírez las políticas públicas deben enfocarse a las actividades deportivas: “es necesaria mucho más difusión del deporte adaptado, comenta Guadalupe. Y recalca Juan Pablo: “es preciso sacar a la gente con discapacidad de sus casas, hacerles saber que hay alternativas y que se pueden hacer miles de cosas”.

LOS RETOS En el marco del recién Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Bucio Mujica, titular de Conapred, dijo que entre los retos para la inclusión de las personas con discapacidad están: adoptar un modelo social y de derechos humanos; asumir y conocer ampliamente el marco legal e identificar los cambios que permitan garantizar el ejercicio de todos sus derechos, esto mediante la armonización legislativa y normativa, “lo cual es una tarea de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Asimismo, señaló que es preciso reconocer, garantizar y ubicar los derechos de las personas con discapacidad en relación con sus necesidades, para lo cual se requiere conocer la información sociodemográfica, la infraestructura, el entorno y las remodelaciones que se requieren para lograrlo. H www.milenio.com

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10 o Lunes 30 de diciembre de 2013

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sonia blanquel

antonio vázquez

Primer Festival Internacional

Derechos Humanos y Cultura de Paz En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) se llevó a cabo aquí el primer espectáculo alusivo, que tuvo como país invitado a España y reunió entre otras personalidades a representantes de Paraguay, Argentina y la República Saharaui

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Adriana Colín

on la participación y entusiasmo de instituciones, dependencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, representantes de las embajadas de España, Paraguay, Argentina y la República Sarahaui; así como de organismos internacionales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), llevó a cabo el primer Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Ciudad de México.

Sobre la avenida Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ángel de la Independencia a la Glorieta de La Palma, el Festival Internacional fue inaugurado por la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, quien celebró la asistencia de niñas, niños, adolescentes y adultos, a los módulos de información, orientación y entretenimiento.

El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, dijo que el objetivo de todo gobierno es garantizar los derechos de todas las personas.

En el acto inaugural participaron también el secretario ejecutivo del Programa Alas y Raíces del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Edwin Triujeque; la directora del Centro Cultural de España en México, Ana Tomé, en representación de la embajada de España en México; el secretario de Cultura del Gobierno del estado de Guerrero, Arturo Martínez; y Carlos Cruz Santiago, de Cauce Ciudadano, AC, quien se pronunció en contra de la violencia en cualquiera de sus formas.

El festival internacional se desarrolló en

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forma paralela al paseo ciclista dominical y con esta edición se dio continuidad a la Feria de Derechos Humanos que, año con año, la CDHDF desarrolla desde 2002 con OSC, instituciones de gobierno y organismos internacionales de derechos humanos.

El programa artístico incluyó al grupo de rock Botellita de Jerez, Alfonso André, Fratta, la cantante de pop Allie, el grupo de huapango Nostalgia Huasteca y el ballet Huizache. El rock para chavitas y chavitos estuvo a cargo de Luis Delgadillo y los Keliguanes; así como la actuación especial de la Orquesta infantil Renacimiento, de Acapulco, Guerrero.

En la carpa de teatro y danza se contó el cuento “Encuentra las diferencias”, también el grupo de Ballet Árabe, la solista Maru Enríquez, el espectáculo El cajón de los secretos la pasión flamenca de Pepe Oliva, el Taller Cultura de Paz, el espectáculo de improvisación Quirk y Quark y de nueva cuenta el Ballet Folklórico El Huizache.

En la carpa de narraciones se presentó “Rigoberto entre las ranas”, por Nacho Casas, y “Un dos tres por mí y todas mis compañeras y compañeros”, por Florina Piña. La representación en México del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) presentó una narración; Marcela Romero presentó “Juguemos a contar” y Luis Esteban Galicia “Cuéntame mis derechos”. Rosalinda Sáenz narró “La vida en juego” y Gerardo Méndez “El niño de chocolate” El público infantil y juvenil disfrutó de actividades lúdico-artísticas en la carpa del programa “Alas y Raíces” del Consejo Nacional para Cultura y las Artes (Conaculta). H

sonia blanquel

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ernesto gómez

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antonio vázquez

Artículo 11

Ethel Nataly Castellanos

sonia blanquel

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Es más caro no educar

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ucho se discute sobre lo costosos que son los derechos sociales, pero poco se habla de lo que cuesta no garantizarlos; un ejemplo es el derecho a la educación. De acuerdo con los recientes resultados de las pruebas PISA, México se ubicó en el sitio 53 de una lista de 65 países.

Estos resultados no deberían sorprendernos si en un ejercicio de sociología cotidiana observáramos, sin la indiferencia diaria, la gran cantidad de niños y niñas que trabajan en el metro, cuando deberían estar en la escuela jugando, aprendiendo y explorando sus talentos. Este simple ejercicio de observación deja en claro cuánto falta para garantizar realmente el derecho a la educación e ilustra el gran abismo entre la retórica jurídica y la práctica educativa.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció que los componentes del derecho a la educación son: accesibilidad, entendida como la facilidad para educarse; adaptabilidad, que implica que la educación se ajuste a las necesidades de los niños y niñas; disponibilidad, que significa que los estados construyan y permitan

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la creación de escuelas y garanticen que en las escuelas públicas la educación sea gratuita y obligatoria; y aceptabilidad, cuyo concepto engloba la creación de un entorno necesario para lograr la calidad educativa.

Si aterrizamos estos conceptos a nuestro ejercicio de sociología cotidiana descubriremos que día a día somos testigos de las costosas consecuencias de la falta de garantía del derecho a la educación.

No hay accesibilidad pues muchos de nuestros niños y niñas no pueden ir a la escuela por vivir en comunidades apartadas; también falta mucho en adaptabilidad pues, por ejemplo, las políticas de inclusión de comunidades indígenas distan de ser generalizadas y completas; la disponibilidad no está en mejores condiciones ya que no hay cobertura total del sistema educativo -por eso no es extraño ver niños y niñas trabajadores- no hay gratuidad plena – pues existen cobros en la educación pública- y tampoco existe garantía de obligatoriedad porque al parecer nadie sanciona a quien omite la obligación de educar; finalmente la aceptabilidad resulta muy mal librada con los resultados de las pruebas PISA. Aunque podría decirse que implementar este tipo de políticas cuesta demasiado, que

los derechos sociales son progresivos, entre otras excusas similares, queremos recordar que para una sociedad es más gravoso incumplir los mínimos del derecho a la educación. Algunas consecuencias dramáticas son el aumento del trabajo infantil, el incremento de redes de prostitución de niños y niñas, y el reclutamiento de menores por parte de la delincuencia común y el crimen organizado. Además la exclusión del sistema educativo impide la formación de ciudadanos políticamente capaces y obstaculiza el desarrollo económico del país. La magnitud de las consecuencias negativas de vulnerar este derecho interesa tanto a los individuos afectados como a la sociedad en su conjunto.

Definitivamente es más caro no educar, pues la consecuencia es condenar a nuestros niños y niñas, y de paso a nuestras sociedades, a la marginación. H Ethel Nataly Castellanos Morales, Docente e investigadora de la Universidad del Rosario (Bogotá-Colombia) doctorante en Derecho UNAM-IIJ.

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Camilo Ernesto Castillo Sánchez, doctorante en Derecho por la Universidad del Rosario (Bogotá-Colombia). www.milenio.com

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12 o Lunes 30 de diciembre de 2013

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sonia blanquel

Reconocimiento Hermanas Mirabal 2013

Relanzará cdhdf programa de igualdad

salarial entre mujeres y hombres sonia blanquel

La presidenta de la comisión, Perla Gómez Gallardo, anunció que se retomará la idea original del galardón para que sea un fondo de apoyos económicos exclusivo de quienes trabajan por y para los derechos de las mujeres en la ciudad

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Adriana Colín

uego de entregar el Reconocimiento Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres Hermanas Mirabal 2013, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, aseguró que las mujeres en nuestro tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, con derecho a la igualdad de oportunidades, a la equidad en el empleo, derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a no sufrir ninguna forma de violencia, tenemos derecho a vivir plenas, libres y felices.

De ahí la medida de contar con un fondo de apoyos “Para así tener no sólo un Banco de Buenas Prácticas, sino de Buenas Inversiones”, con recursos etiquetados para acciones afirmativas de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, a través de la investigación y la docencia comprometidas con la violencia de género, explicó.

Gómez Gallardo anunció también que al interior de la CDHDF se relanzará el Programa de Transversalidad de Género, con el fin

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de lograr la igualdad de oportunidades y de salarios entre mujeres y hombres, así como para garantizar una verdadera equidad en los nombramientos de las y los titulares.

Insistió en que el Reconocimiento Hermanas Mirabal 2013 es un agradecimiento y un compromiso institucional de la CDHDF para acompañar y fortalecer acciones concretas de beneficio para niñas y mujeres y que se conviertan en políticas públicas sólidas, de

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

En tanto, la consejera de la CDHDF e integrante del jurado, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que, según estadísticas del Banco Mundial, las mujeres entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes vehiculares, guerra o malaria.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 15 y 71% de las mujeres de

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entre 15 y 49 años refirieron haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, en algún momento de sus vidas.

En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportó que 47% de las mujeres en México sufren violencia física o sexual durante su vida y hasta 40% en los últimos 12 meses.

El Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que reproducen la violencia contra las mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México reportó, de

1985 a 2010, 35 mil 600 casos de feminicidios, que significan 6.4 muertes de mujeres diarios, mayormente en el rango de edad de 24 y 29 años, con arma de fuego y por parte de su pareja, marido, novio, amante o ex pareja.

Respecto al Distrito Federal, dijo que aunque no está entre los primeros lugares, sí lo está como parte de la zona metropolitana, que incluye a municipios como Ecatepec y otros que registran los mayores índices de violencia de género y que son un punto rojo de atención.

El reconocimiento en la categoría de Información, Prevención y Capacitación del Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres Hermanas Mirabal fue para Mujeres, Lucha y Derechos para Todas AC, como Caso de éxito 2013, en manos de su representante legal, Guadalupe García Álvarez.

Las organizaciones civiles que recibieron una mención especial por los programas que postularon fueron Guías de México, el Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario; Teatro en la Piel y APIS Fundación para la Equidad. H

Expo artesanías

Exitosa venta de artículos

elaborados por personas en penales alejandro cuevas

alejandro cuevas

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alejandro cuevas

alejandro cuevas

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Fernando Cárdenas

n las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), avenida Universidad 1449, colonia Florida Pueblo de Axotla, se llevó a cabo por sexto año consecutivo, la Expo-Venta de artesanías elaboradas por personas en situación de reclusión.

La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, reconoció el trabajo de las autoridades capitalinas para generar espacios de reclusión dignos con el propósito de lograr la reinserción social.

“Hay un Estado humano que también sabe reconocer que pueda haber esa reinserción y que también sabe reconocer que hay todo tipo de víctimas”, enfatizó.

Destacó que la Expo-Venta de artesanías puede mostrar una forma recreativa que no tiene rejas y que tiene una forma clara de manifestación que permite tener una identidad.

En tanto, el subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Hazael Ruiz Ortega, dijo que para los adultos y los jóvenes en situación de reclusión es una motivación el preparar sus artículos para este bazar navideño.

En la apertura de la Expo estuvieron presentes el director general de Tratamiento para Adolescentes y el director ejecutivo de Trabajo Penitenciario, ambos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, Raúl Gerardo Lemus Soto y Cesar Ramiro Rojas Gutiérrez, respectivamente La Expo-Venta de artesanías se realizó en la

CDHDF del 9 al 13 de diciembre, en la que se pudo adquirir cuadros en distintas técnicas, objetos de madera, juguetes, lámparas, plantas cultivadas con la técnica de la hidroponía, entre otros. H www.milenio.com

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14 o Lunes 30 de diciembre de 2013

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especial

Jazmín azul/ Woody Allen

O de cómo la vida puede ser horrible y miserable En su más reciente cinta, el cienasta enlaza aquella reflexión existencial sobre el significado del amor en Interiores con el pesimismo de la época que nos toca vivir con un toque inusual: la ferocidad para describir los estragos morales de las crisis financieras

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Mario Alfredo Hernández* y José Luis Zempoalteca**

n 1978, Woody Allen dirigió Interiores —un homenaje a Ingmar Bergman— para relatar el drama del personaje de Geraldine Page, mujer de gusto refinado que trata de reconquistar a su marido, el que, a sus 60 años, huye del hogar en busca de un poco de oxígeno. Un año antes, en Annie Hall, el personaje de Allen afirmaba: “La vida está dividida en dos: en lo horrible y lo miserable”.

Más de 30 años después, Jazmín azul retoma los temas del poder, el dinero, la ambición, los dramas de los diletantes del buen gusto, la comedia y, a su vez, lo horrible y miserable que puede ser la vida. Así, en su más reciente película, Allen enlaza aquella reflexión existencial sobre el significado del amor en Interiores con el pesimismo de la época que nos toca vivir y que aparece en Annie Hall.

Pero en esta cinta hay algo inusual: la ferocidad para describir los estragos morales de las crisis financieras, tanto en quienes añoran ese estado de absoluta impunidad —previo a las quiebras de los grandes consorcios— como en quienes pagan las consecuencias de los excesos y no participan en los rescates financieros gubernamentales. Ante las

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crisis de las instituciones, Allen sugiere que no hay protección legal ni derecho que nos salve de la locura colectiva.

Durante su carrera, Woody Allen ha creado personajes femeninos llenos de traumas, histeria y mal humor; casi todos con la esperanza de que su vida mejore. Pensemos en Diane Weist en Hannah y sus Hermanas (1986), atormentada por no encontrar un trabajo como actriz; o en Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona (2008), adicta al vodka y desesperada por no hallar otro amor que la estimule creativamente; y ahora en Blue Jasmine, Cate Blanchet, irritada, ansiosa, nerviosa, demente, sin dinero y enfrentada a la peor de sus pesadillas: vivir con su hermana pobre en una ciudad que no es Nueva York, en un pequeño departamento con dos sobrinos y personas que considera vulgares.

Esto orillada por su esposo, especulador financiero que se suicida poco después de que la policía lo aprende por fraudes millonarios que dejan en la indefensión a cientos de personas, entre ellas a su propia hermana. El personaje de Alec Baldwin es amable y espectral, cuya generosidad y bonhomía se distorsionan ante la certeza de que ha cometido crímenes financieros a los que ningún poder público ha opuesto los derechos humanos como freno.

Jasmine o Janette —nombre original del personaje— enloquece. Habla sola en las calles, en las fiestas y en la regadera, siempre incomodando a quien la rodea; ella tiene pensamientos y recuer-

dos que le provocan ataques de pánico y ansiedad. Ni sus “mejores genes” —como afirma— la ayudan a recuperarse de su mayor decepción en la vida: la pérdida de su fortuna a causa de su esposo. Woody Allen dice que el guión de Blue Jasmine le surgió al ver una mujer madura deambulando por las calles de Manhattan, vestida con marcas de alto precio con evidente deterioro, pidiendo limosna para comprar sus antidepresivos.

Una imagen así, quizá, sintetiza la forma en que hemos permitido que la codicia vulnere derechos y oportunidades; que la especulación financiera cree falsas necesidades que luego son violentamente trivializadas.

Si bien dista de ser una película perfecta, su personaje, Jasmine, es entrañable, fácilmente puede ser odiado y compadecido al mismo tiempo. Cate Blanchet interpreta magistralmente la histeria, desesperación, odio, tristeza, decepción y sufrimiento. Ella transforma un personaje tonto, básico, ambicioso, en un ser que provoca fácilmente lástima y compasión.

Debido a su buen gusto y modales refinados, Jasmine es fácilmente usada para aparentar.

Y eso es lo que ha aprendido, condenándose a la pura apariencia, a vivir en un mundo de lujo que, cuando se derrumba, mantiene su cabeza al abrigo de la locura.

En la época de la explosión de las burbujas financieras y del derrumbe de los grandes imperios comerciales, todos y todas somos superfluos, lo cual se opone a la calidad y dignidad de vida que procura el paradigma garantista.

La triste Jasmine, la del buen gusto en sacos Chanel o con maletas viejas de Louis Vuitton no ve más allá del poder del dinero. Y su tragedia es no comprender que en la vida horrible y miserable puede entrar un rayo de luz que ilumine su vida. Y nuestra tragedia como colectividad es que los derechos humanos son irrelevantes cuando se caen los grandes imperios financieros.

Por eso, quizá, Blue Jasmine sea la película con el final más amargo en la filmografía de Woody Allen: no la muerte ni el abandono amoroso, sino la locura y la indigencia como estados últimos para las personas que son superfluas para el sistema financiero. H *

Doctor en filosofía moral y política por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.

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Estudiante con la especialidad audiovisual en la Facultad de Ciencias Políticas de la unam.

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sonia blanquel

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Breves Oaxaca

México reprueba en derechos humanos: padre Solalinde

Reconocimientos a la creatividad

Niñas y niños se expresan en cortometrajes Con el objetivo de conmemorar el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño en un marco de inclusión y participación entre niñas, niños y jóvenes, se llevó a cabo la decimaprimera edición del festival Premio por los Derechos Humanos

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Eduardo Almanza Ríos

n la sala Fernando de Fuentes de la Cineteca Nacional, niñas y niños del curso de verano de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), del taller de cortometrajes Lucinito del Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf) y del Programa Alas y Raíces del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), se dieron cita para observar sus cortometrajes y así ser testigos y protagonistas de la premiación.

En su intervención, Diana Talavera Flores, presidenta del iedf, hizo un llamado a los niños y las niñas para que no dudaran en manifestarse y hacer saber su pensar y sentir. Destacó que actividades como ésta promueven la participación infantil, la toma de decisiones informada y los valores democráticos, lo que permite “formar desde la infancia a ciudadanos con espíritu crítico, participativo y solidario”.

El secretario ejecutivo del Programa Alas y Raíces de Conaculta, Edwin Triujeque Woods, calificó como sobresaliente el trabajo efectuado por niñas y niños, debido a que la ela-

boración de los cortometrajes les ayuda a su desarrollo creativo, emocional y participativo, y señaló que “en ellos se refleja todo lo que son capaces de realizar, como crear sus propias historias expresando su visión del mundo”.

Los cortos ganadores y premiados con La Cuca fueron: como mejor trabajo en equipo, Derechos en curva, que contó con la participación de niños del Centro Comunitario del Desarrollo Social del dif Xochimilco (curso de verano de la cdhdf); por mejor mensaje para la convivencia, La llamada (taller de cortometrajes Lucinito del iedf); como mejor trabajo creativo, Canasta de cuentos de verano (curso de verano de la cdhdf); por mejor idea original, Así es esto, de los niños y niñas de la Escuela Secundaria Diurna Martin Luther King (Programa Alas y Raíces de Conaculta); como mejor actuación, La apuesta, y por mejor guión Qué oso (ambos del Taller de Cortometrajes Lucinito del iedf).

Los cortometrajes presentados en el festival se trasmitirán en las pantallas instaladas en estaciones y pasillos del Sistema de Trasporte Colectivo Metro. H

Juan Alarcón Hernández

Muere primer Ombudsman de México

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Redacción DH

a noche del pasado 11 de diciembre falleció Juan Alarcón Hernández, el primer Ombudsman de nuestro país, en la ciudad de Chilpancingo, Guerreo.

El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero murió víctima de cáncer a los 80 años de edad.

Juan Alarcón trabajó por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país desde diferentes espacios. Formó parte del movimiento estudiantil de 1960 que buscó la creación y autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero.

De su larga trayectoria en la función pública destaca su papel como Director de Gobernación, Magistrado de la Sala Regional del Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Magistrado Presidente de la Sala Superior del referido Tribunal y, particularmente, como Presidente Municipal de Chilpancingo, por la sensible cercanía que mantuvo con la población y sus necesidades.

Desde su fundación, presidió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, lo que le llevó a ser el primer Ombudsman del país y, posteriormente, a fungir como Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Su trayectoria es un legado invaluable en la lucha por los principios democráticos y la justicia social. Quienes formamos parte de esta Comisión, enviamos un abrazo fraterno a sus familiares, amistades y a quienes le acompañaron en su búsqueda por impulsar un mejor país. H

El director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec Oaxaca, Alejandro Solalinde Guerra, reprobó al Estado mexicano en su labor de protección y promoción de los derechos humanos en este 2013. México es un país aprobado y felicitado por sus leyes, pero en la práctica los ha traicionado.

Lamentó que la migración se siga viendo como un asunto de seguridad regional. México, un país donde la pobreza va en aumento, el padre Solalinde tampoco visualiza que exista voluntad para erradicar los crímenes contra la humanidad, como son las extorsiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, el feminicidio y el bullying.

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Nuevo peritaje en la guardería ABC La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que The Mcmullen Comapany será la encargada de realizar un nuevo peritaje que determine las causas del incendio en la guardería ABC donde 49 niños perdieron la vida el 5 de junio del 2009; luego de que los padres de los niños afectados no confiaron en los trabajos implementados por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por lo que los padres confían en la labor de los peritos extranjeros, aseguró el abogado Lorenzo Ramos, “si al final del día los peritos internacionales dicen que el incendio se originó en el cooler lo van a aceptar, pero lo que quieren es una opinión confiable, una opinión independiente, una opinión de alguien no vinculado con el Estado”.

Zacatecas

¡Queremos viva a Zoila!

La reportera del portal de noticias zacatecano Línea informativa, Zoila Márquez Chiu, desapareció el pasado 7 de diciembre sin que, hasta el momento, nadie haya pedido rescate a su familia. El titular de la Procuraduría General de Justicia en Zacatecas, Arturo Nahle García, descartó públicamente un posible secuestro, pero no ha ofrecido avances de la investigación.

Es por eso que más de 140 reporteros y editores de toda la República exigieron a las autoridades del estado y al gobierno federal que se realice una investigación seria, transparente y expedita; además, no descartar ninguna línea de investigación, especialmente la que involucre su actividad como reportera. En un comunicado, los periodistas manifestaron su solidaridad y apoyo a todos los trabajadores de los medios de comunicación en Zacatecas, pues esta desaparición agravia a todo el gremio en el país.

Chiapas

Rechaza Congreso legislar el matrimonio homosexual El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Neftalí del Toro Guzmán, rechazó la iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, presentada por Diego Cárdenas Gordillo, defensor de los derechos humanos.

El legislador argumentó que no fue aceptada porque para presentar una iniciativa popular se tiene que contar con el respaldo de 1.5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Y aunque esta interpretación de la Ley contraviene los tratados internacionales, de acuerdo con Diego Cárdenas, los colectivos de defensores de derechos de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) decidieron iniciar una campaña para colectar las 50 mil 500 firmas para que en Chiapas se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la par de estas acciones presentarán un informe al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México así como diferentes organismos internacionales. www.milenio.com

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16 o Lunes 30 de diciembre de 2013

DH

conade

y viernes. Cuando vine a vivir a la ciudad de México para entrenar para las paraolimpiadas del 2000 fue un trauma porque entrenaba de lunes a sábado, seis kilómetros diarios.”

Recuerda que a sus 17 años ya tenía mayores responsabilidades, mucha disciplina, estaba alejada de la familia y amigos, y viviendo sola.

“Profesionalmente y de otras maneras, me tuve que aprender las reglas porque yo antes no sabía, y las reglas de paralímpicos cambian un poco en algunos aspectos.”

Hoy, Doramitzi es la atleta paraolímpica ganadora de cinco medallas de oro, tres de plata y tres de bronce en competencias de natación en los juegos paralímpicos de Sidney, Atenas y Pekín (2000, 2004 y 2008, respectivamente). Y si bien éstas se suman a las muchas otras que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, no sabe cuántas son en total: “no las he contado; siempre he dicho que las voy a contar hasta que me retire.”

Al preguntarle sobre lo que se siente al ganar una medalla señala: “Es complicado porque trabajas tanto, sacrificas tanto, dejas a tu familia y te pierdes de cosas, pues el deporte de alto rendimiento no te deja tiempo para nada.

Y cuando estás ahí tienes toda la culminación de tu trabajo; en esa medalla están muchos sentimientos de felicidad”.

La atleta reconoce que llegar ahí no ha sido un trabajo de una sola persona, y nombra a su madre, entrenador, psicólogo, compañeros de equipo y su propio esfuerzo como partes de su éxito.

Atleta paralímpica

La accesibilidad es nuestro principal problema entrevista Karina Rosalía Flores Hernández

U

na malformación congénita de los miembros derecho inferior y superior, no ha sido impedimento para que hoy por hoy Doramitzi, sea la atleta paralímpica más destacada en activo de México, cuya carrera y personalidad son un ejemplo.

Doramitzi González Hernández vio la luz por primera vez el 1 de enero de 1983 en Morelia, Michoacán. Hija de madre soltera, fue educada como cualquier persona sin hacer distingo de su discapacidad: “en mi familia siempre me trataron como una persona normal. Y mi discapacidad no es tan marcada como para no poder hacer cosas, aparte una persona con discapacidad siempre encuentra la manera de hacerlas, siempre. La práctica te lleva ser maestro de lo que hagas.”

EL PRINCIPIO DE TODO Ese ímpetu y el apoyo que recibió en su hogar llevaron a la niña michoacana por caminos poco imaginados. A los cinco años de edad, al ser muy activa y al no poderla cuidar durante todas las vacaciones porque tenía que trabajar, su madre la inscribió a un curso de verano en

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donde impartían toda clase de deportes. Fue en ese espacio donde descubrió su mayor pasión: la natación. “Siempre quería que fuera la una de la tarde para ir a nadar. Mi mamá vio ese interés, ese amor al agua y después me metió a un club. Yo la verdad iba a chacualear y a divertirme”.

A los 12 años de edad dejó de nadar en la alberca, pero cuando cumplió 13 años regresó. Fue entonces cuando un señor con discapacidad la vio nadando, le vio potencial y le preguntó si quería competir, a lo que ella respondió que sí. Ya a los 8 años de edad había participado en una competencia en la que su mamá la había inscrito, y recuerda: “Yo estaba súper asustada, nunca había competido ni nada. A la medalla que gané le llamo el principio de todo.

Es una medalla de plástico, de primer lugar, en una competencia con personas convencionales, pues yo era la única con discapacidad”.

JUEGOS PARALÍMPICOS Hasta que aquel señor la vio nadar, Doramitzi supo que existían los Juegos Paralímpicos y se decidió a entrenar y competir. A los 16 años hubo un primer selectivo rumbo a los primeros Juegos Parapanamericanos cuya sede fue México y calificó, ganó siete medallas de oro en Cuernavaca, Morelos. Pero el triunfo no vino solo, se abrió una posibilidad más: su entrenador desde entonces, Fernando Vélez, le dijo que con el tiempo realizado en los parapanamericanos lograba clasificar para los paralímpicos de Sidney 2000.

“Nunca fue mi plan de vida hacer esto. Y tuve que aprender muchas cosas porque ya tenía entrenador en forma y fijo, además de entrenamiento lunes, miércoles

DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS Al indagar si le ha resultado difícil desempeñarse personal o profesionalmente en nuestro país a partir de su discapacidad, ella responde que no, sin embargo, señala que casi todos los días se vulneran sus derechos, y dice que lo que más le molesta es que no se respeten los lugares de estacionamiento destinados para las personas con discapacidad: “las autoridades no hacen nada por ello. Si existe una penalización por estacionarse en un cajón para personas con discapacidad, ésta no se lleva a cabo”.

Considera que la accesibilidad es el principal problema a vencer para cualquier persona, independientemente de su discapacidad: “A veces vas a lugares y no hay rampas, al metro y no tiene elevadores. Ante esto las personas que se mueven en silla de ruedas deben utilizar un taxi porque si bien hay un camión habilitado, si no es su ruta tiene que tomar otro transporte como el taxi que, aparte de que cuesta más, no todo mundo quiere pararse y ayudarlas a subir”.

Y agrega: “México no tiene la infraestructura para las personas con discapacidad. En Michoacán ni siquiera hay un camión con rampa para silla de ruedas, pero deberían existir en todo el país.”

CAMINO POR ANDAR… Actualmente Doramitzi tiene 30 años y sabe que le quedan sólo los paralímpicos de Río de Janeiro de 2016 para calificar y participar. Sin embargo, su preparación profesional también continúa en las aulas, pues ha retomado sus estudios universitarios y hoy cursa una carrera que considera ideal para su intereses: “Es Mercadotecnia Deportiva y estoy feliz porque quiero aportar algo al deporte, no en el aspecto de entrenamiento sino en el aspecto administrativo, pues siento que le hacen falta muchas cosas”.

Recalcó que es preciso que se cumplan las leyes que existen y que protegen a las personas con discapacidad, además de que se difunda y tome auge el deporte paralímpico “porque talento hay, pero no se le da este seguimiento.

Se debe buscar gente joven que venga detrás de nuestros campeones paralímpicos. Que llegue otra Doramitzi a suplirnos.”

Finalmente, señaló que todos debemos saber de derechos humanos “porque es muy importante para una persona defenderse o defender a alguien que lo necesita, pues en este país hay mucha discriminación, de todo tipo, no solamente para la persona con discapacidad.

A veces en las noticias u otros lados te enteras de injusticias que nos pesan como personas y por eso es bueno saber, porque te puede ayudar algún día.” H