DH Lunes 2 de septiembre de 2013 MILENIO diario
Música Gran aportación
a la promoción de DH y luchas sociales pág. 22
Reforma Política
Congreso OPA
En busca de la autonomía para el DF
Acuerdan fomentar participación
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Los DH en empresas
Proteger, respetar y remediar
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Número 8
Ausencia en materia de seguridad
Riesgo de las autodefensas
Tribunal Permanente Abandona gobierno mexicano a su pueblo
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mónica gonzález
Cine DH Festival Internacional del 2 al 6 de octubre en la Ciudad de México
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Cuento Amarillo, verde, rojo
escriben
lLuis González PlacencialRosa María Cruz LesbroslJuan Antonio Cruz Parcero lSandra HeredialClaudia Vásquez OrtuñolAlfonso AndrélLorena Guillé Laris
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Editorial
Tanto peca… D
esde hace un par de sexenios, el tema de la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones, no sólo para los gobiernos en turno, sino para cada persona que habita en el país. La sensación de inseguridad, que no suele ser siempre el reflejo fiel de la realidad, ha crecido exponencialmente porque la violencia dejó de ser un asunto “que a otros les pasa” para convertirse en casi una realidad que muchas y muchos mexicanos han experimentado en carne propia. El problema de la inseguridad asociado al crimen organizado no es un tema nuevo, lejos está de serlo, es, como lo expresan las y los expertos en el tema, para decirlo simple y llano, el resultado de lo que no se hizo o se hizo mal durante décadas para contrarrestar un fenómeno que previsiblemente crecería en las proporciones que actualmente conocemos. Lo inédito, en todo caso, es la magnitud de las manifestaciones violentas que atemorizan a la población y generan un ambiente de ingobernabilidad y una sensación de que estamos lejos de recuperar la tranquilidad. Es más que obvio que el Estado ha sido rebasado en su responsabilidad de procurar seguridad. En algunos estados de la República el imperio de la ley es sólo parte de los discursos oficiales; la realidad es otra: el crimen organizado se ha apoderado de comunidades y municipios enteros, se ha infiltrado en la política, en los cuerpos de seguridad, en las estructuras de poder, ha conseguido base social porque atiende necesidades de comunidades olvidadas y se apodera del futuro de la juventud carente de oportunidades de desarrollo. Todo esto ha sido posible por la incapacidad de los tres ámbitos de gobierno para construir políticas públicas transversales de gran calado que combatan la desigualdad desde sus causas estructurales; asimismo, por la ausencia de un enfoque integral de seguridad y la imposición de estrategias de coerción y combate frontal al crimen través de métodos violentos. Que el ejército mexicano se encuentre en las calles, es prueba de ello. El modelo de seguridad pública actual posee un enfoque anacrónico cuyo objetivo es sólo proteger al Estado y preservar el orden público, una postura carente de perspectiva de derechos humanos. En este sentido, la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad que no dan resultados y son contaminados por halos de corrupción o
están coludidos con los grupos criminales, generan fenómenos de movilización ciudadana como los llamados grupos de autodefensa, erróneamente llamados policías comunitarias. No se puede cuestionar el legítimo derecho de cada persona o de una comunidad a la defensa de su seguridad, sin embargo, ésta debe conducirse en el ámbito de las leyes. Existe un alto riesgo de que al margen del Estado de derecho se reproduzcan sin control grupos armados de los que no se tenga certeza de ni de su procedencia ni de su legitimidad. Por otra parte, las comunidades que con toda transparencia se organizan para protegerse y son reconocidas, se encuentran en estado de vulnerabilidad al no contar con marcos legales que regulen su actividad, sus condiciones son de total desventaja en materia de capacitación, armamento, etcétera. No se puede ejercer funciones de seguridad con sólo portar un arma. La inclusión de la sociedad en tareas de seguridad debe conducirse a través de modelos de participación que fortalezca la confianza entre las y los agentes del orden y la comunidad. Es indispensable el tránsito del concepto de seguridad pública hacia uno de seguridad ciudadana, que pone a las personas en el eje central de las políticas, bajo un enfoque de que la seguridad no es simplemente la protección física de las y los habitantes del país, sino que incluye la promoción y creación de espacios de convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad. En esta lógica, la concepción de la policía comunitaria no se refiere a grupos alternos a los cuerpos del Estado encargados de esta labor, no es, dicho en un estudio de la organización de la sociedad civil Insyde “una policía dentro de otra policía”, la policía comunitaria, dice el estudio, “no debe ser entendida como la transferencia de las funciones policiales a la comunidad, sino como la construcción de una relación estrecha, de cooperación y de respeto, en donde se asume la coproducción de seguridad por ambas partes”. Con base en lo anterior, es urgente que el Estado mexicano concentre sus esfuerzos por recuperar los espacios perdidos en esta larga y costosa lucha contra la delincuencia organizada; y transforme su modelo de seguridad pública con el objetivo primordial de recuperar la confianza de cada habitante de este país. Permitir y tolerar grupos armados fuera de la ley es inaceptable porque como bien dicen, tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. H
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alejandro cuevas
Pasos de la reforma política
Es apoyada en el DF por actores de las principales fuerzas políticas Implica cambiar el estatus jurídico de la Ciudad de México para otorgarle derechos plenos, y que sus habitantes tengan las mismas garantías con respecto a quienes habitan en el resto de la República Mexicana
L
Elia Aurora Almanza Amaro
os encuentros para el análisis de este tema han desahogado propuestas, mismas que están dando los primeros pasos en este camino que busca como resultado dotar de autonomía a esta ciudad. El consejo rector del Pacto por México anunció la instalación de las mesas de trabajo para impulsar la reforma político-electoral, en donde se espera debatir y crear consenso sobre el tema de la Reforma política. Ante ello, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, entregó de manera formal a este Consejo rector su propuesta para la Reforma con el objetivo de que forme parte de la discusión en este espacio. La propuesta del mandatario capitalino se enfoca en la autonomía del Distrito Federal en su régimen interior, en la importancia de que exista una mayor participación ciudadana para la supervisión de las acciones de los funcionarios públicos, así como la creación de una constitución política local.
El documento plantea la modificación a los artículos 40, 41, 43, 44, 71, 76, 124, 135 y principalmente el 122. De igual forma se propone cambiar el nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el de Poder legislativo de la Ciudad de México, el cual tendría como única facultad, la de aprobar adiciones o reformas a la constitución de la capital. Las delegaciones políticas, de acuerdo con la propuesta, continuarían estando a cargo de un titular, sin embargo, existiría adicionalmente la figura de un órgano colegiado el cual se constituiría a través de la elección popular directa, esto con el objetivo vigilar y evaluar el ejercicio del gobierno. La creación de una Asamblea constituyente de la Ciudad de México, en la que una junta instaladora acredite a sus integrantes y sea conformada con fecha limite al 30 de abril de 2014. Posteriormente sería esa Asamblea la encargada de votar y aprobar la Constitución política de la Ciudad de México, con fecha límite al 31 de agosto de ese mismo año. A su vez, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Mauricio Tabe Echartea, presentó la propuesta de su partido para esta reforma en la que, a diferencia de la del jefe de gobierno, no contempla promulgar una constitución para la capital. El documento del PAN propone, entre otras iniciativas, que las delegaciones sean transformadas en alcaldías, que cuenten con personalidad jurídica, patrimonio propio y un consejo que funcione como contrapeso. Señala que sería necesario dividir por densidad poblacional las demarcaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. Sugiere cambiar el nombre de Distrito Federal por Ciudad de México y convertir al jefe de gobierno en gobernador; la Asamblea Legislativa sería un Congreso constituyente con capacidad de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. También propone la desaparición de la Comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para crear en
su lugar una junta de coordinación política. Se destaca la intención de crear autoridades metropolitanas con mandato de competencia para regular rubros como: movilidad; seguridad pública y procuración de justicia; desarrollo urbano y vivienda; agua y medio ambiente; manejo de residuos sólidos; y desarrollo económico y competitividad. Para que lo anterior sea posible se deberá reformarse los artículos 26, 115, 116 y 122 de la Constitución política. El PRI en el Distrito Federal, decidió realizar tres foros temáticos antes de concretar su propuesta formal de Reforma política para la ciudad, y aseguró que participarán en las discusiones sobre el tema sólo si se dan las condiciones de diálogo. Se trata de distintas propuestas e iniciativas que se han hecho públicas respecto al tema. Serán siete mesas de trabajo del Consejo rector del Pacto por México en donde se analizará y debatirá la viabilidad o no de cada una de éstas para definir qué es lo mejor para los capitalinos, y posteriormente, concretar una sola propuesta que será la que avance hacia el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La reforma política del DF está enumerada como el compromiso 91 del Pacto por México, que incluye cinco grandes temas de debate: definición del nombre oficial de la Ciudad de México; dotarle de una constitución propia; revisar las facultades del jefe de gobierno y de la ALDF; en el caso de las delegaciones, impulsar la elección de gobiernos colegiados con representación plural semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas de cada demarcación; y definir un esquema del DF que considere su carácter de capital de la república. H www.milenio.com
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sonia blanquel
8 Congreso Nacional de los OPA
Por el fomento de la participación ciudadana sonia blanquel
Pese a que existe un marco legal en la materia, ésta aún es limitada, por lo que debe impulsarse una transformación normativa e institucional en la materia que posibilite una participación directa
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Rosa María Cruz Lesbros
n Pachuca, Hidalgo se llevó a cabo el Octavo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos (OPA) del 8 al 9 de agosto, que tuvo como tema “La participación ciudadana en el fortalecimiento de los OPA”. Este congreso se logró gracias a la conjunción de esfuerzos de 16 organismos públicos autónomos estatales y federales que dieron lugar a dos días de intensos trabajos donde estuvimos reunidos cerca de 800 personas provenientes de 23 entidades federativas. Las intervenciones se centraron en el entendimiento y la renovación de los conceptos de democracia, ciudadanía y derechos humanos, y la importancia de fomentar la participación ciudadana en este tipo de organismos. Se enfatizó sobre la necesidad de ir más allá en el acceso a la información pública para transitar hacia un esquema de gobierno y parlamento abiertos, que pro-
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sonia blanquel
picien la participación directa de la ciudadanía en la solución de los problemas. También se habló sobre la nueva relación entre gobernantes y gobernados, ya que está demostrado que gobiernos que asumen con voluntad y sin restricción el compromiso de transparentar sus acciones, alcanzan mayor participación social, disminuyen la discrecionalidad e ilegalidad de diversos actos de gobierno, mejoran sus indicadores de gestión y de desempeño, y construyen puentes de colaboración y corresponsabilidad social. Por otra parte, se reflexionó sobre la necesaria vinculación entre la especialización de la labor de los OPA, con la profesionalización de su personal, y se compartieron distintas experiencias llevadas a cabo con el fin de contar con personal suficiente y bien capacitado para el cumplimiento de las funciones que estos órganos tienen encomendadas. Por último con la presencia de senadores de las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD, se discutió sobre la reforma del Estado mexicano y su impacto en los OPAM. Las ideas y reflexiones abordadas durante el congreso dieron lugar a los Acuerdos de Pachuca que fueron aprobados en los siguientes términos:
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Reconocen que la persistencia de la pobreza y la desigualdad social en nuestro país representa un escenario adverso para el ejercicio y goce de los derechos humanos, lo que ha provocado que aumente la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, incluidos los OPAs, en las que no encuentra soluciones inmediatas a sus necesidades cotidianas. Observan que la autonomía de los OPAs está ligada indisolublemente a su cercanía con la ciudadanía y que una parte fundamental de su labor es fungir como puente entre ella y las instituciones públicas, por lo que se comprometen a hacer visibles las demandas ciudadanas y fortalecer los vínculos que permitan encontrar la solución a las mismas. Asumen el compromiso de velar por que las demandas de las personas que se encuentran en una situación de mayor desventaja social, para el ejercicio de sus derechos, sean priorizadas por los gobiernos en la definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Luis González Placencia* • luisgonzalez.dh@cdhdf.org.mx
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Advierten que pese a que existe un marco legal en materia de participación ciudadana, ésta aún es limitada, por lo que debe impulsarse desde los OPAs una transformación normativa e institucional que posibilite una participación directa y efectiva de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Afirman que la transparencia y la rendición de cuentas no debe limitarse al mecanismo de solicitud-entrega de información pública, sino que debe establecerse una interacción permanente entre las instituciones públicas y la ciudadanía en la que ambas partes resultarán beneficiadas, al mejorar la eficacia de la acción pública. Por lo anterior, señalan que el principal reto es vencer la resistencia de las instituciones a abrirse hacia la ciudadanía. Se comprometen a modificar las prácticas y la cultura institucional, a través de los procesos de profesionalización, y a generar mecanismos que garanticen contar con personal especializado y con las habilidades necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, y que tenga conciencia que la consecución del mandato institucional depende de un buen desempeño. Acuerdan constituir la “Alianza de los Organismos Públicos Autónomos Abiertos de México” y la conformación de un grupo de trabajo, con participación de organizaciones de la sociedad civil que elabore un convenio de colaboración para la realización de un diagnóstico sobre transparencia y participación ciudadana, del cual deriven compromisos y un plan de trabajo que concrete una estrategia de gobierno abierto en este tipo de organismos. Acuerdan que la reforma política del Estado debe tener como componente esencial la definición del papel que los Organismos Públicos Autónomos deben desempeñar en la consolidación democrática. Acuerdan realizar en el 2014 el Noveno Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos en el Estado de Jalisco, con el fin de continuar con los trabajos que fortalezcan la autonomía y el papel de estos organismos en la consolidación de la vida democrática de México. H
Para entender los derechos humanos
Sostienen que en la consolidación democrática el ejercicio del derecho a saber es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que éste detona el ejercicio de otros derechos, por lo que es indispensable concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de estar informada acerca del quehacer gubernamental.
Protesta social, fuerza pública y derechos humanos
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arto de lo sabido: las manifestaciones públicas son una manera de expresar el descontento social cuando otras vías institucionales no resultan idóneas para ello. Se encuentran protegidas por los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y suponen, por tanto, el derecho que tiene una persona, un grupo o un colectivo a expresar su descontento en el lugar y el momento en que desee hacerlo. Debido a la naturaleza social de las circunstancias que dan origen a la necesidad de protestar, es claro que el lugar razonable en donde una manifestación debe tener lugar es el espacio público. Todo ello es universalmente aceptado, como lo demuestra su tratamiento en instrumentos internacionales, informes de las relatorías especializadas y grupos de trabajo de Naciones Unidas, resoluciones de tribunales nacionales e internacionales, la mayoría de las constituciones democráticas del mundo y la opinión de expertos. En el mismo sentido, también hay acuerdo en que, en razón de lo anterior, el Estado debe abstenerse de criminalizar la protesta social, de obstaculizarla y de permitir que otros interfieran en ella. Sin embargo, los acontecimientos recientes en la ciudad de México han levantado una polémica que prácticamente se ha vuelto permanente y que obliga a tomar parte frente a un hecho real e incontrovertible, sobre todo en relación con las más recientes protestas de maestros y en particular respecto del bloqueo que no permitió a un importante número de viajantes llegar al aeropuerto el pasado 22 de agosto o aquellos registrados a las afueras de las principales televisoras del país el martes 27 de agosto, los cuales ocasionaron la afectación directa a la vida cotidiana de las y los ciudadanos. Aun cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha pronunciado por la necesidad de reconocer el derecho a la movilidad urbana, es necesario recalcar que ello todavía no ha sucedido y que, hoy por hoy, el derecho a la manifestación tiene el rango de derecho fundamental. Cabe aclarar aquí que la apuesta para reconocer el derecho a la movilidad también implicaría resolver de una vez por todas la confusión que existe entre este –por llamarlo de una manera– derecho en potencia y el derecho fundamental al libre tránsito o a la libre circulación, que se refiere más bien a la libertad para ingresar, cruzar por el territorio del país sin la necesidad de un pasaporte entre las fronteras de sus estados, y salir de él sin restricción. Por lo tanto, mientras no contemos con un derecho a la movilidad urbana expresamente reconocido, los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión estarán sin duda por encima de la libertad de ciudadanas y ciudadanos a movilizarse a pie o en vehículo por las calles de la ciudad. Es importante hacer notar que esto no significa que el ejercicio de la protesta social deba ser absoluto y que la posibilidad de utilizar calles y plazas públicas quede completamente vedada
a las y los ciudadanos que se ven afectados por quienes protestan. En principio sólo ordena –por así decirlo– la prioridad en la que el gobierno debe atender las necesidades que se derivan de ambas circunstancias; es decir que es prioritario prever que la protesta se lleve a cabo con libertad y seguridad, pero enseguida debe contemplarse que dicha protesta evite o en todo caso reduzca la afectación a la vida cotidiana de las y los ciudadanos. ¿Cómo? Previendo rutas alternas, avisando con tiempo sobre los cortes viales, llamando a la prudencia entre ciudadanía y quienes protestan, e incluso poniendo a disposición el uso de alternativas de transporte para que las personas puedan llegar a sus destinos con el menor contratiempo.
El Estado debe garantizar la protesta con seguridad y libertad pero intervenir cuando la manifestación se vuelva violenta Si bien es cierto que ello no siempre es sencillo, se trata del camino legal y democrático para resolver el conflicto que el ejercicio de un derecho fundamental ocasiona a terceras personas, quienes quedan comprometidas con éste con paciencia y prudencia, al ceder a los cambios de ruta, a la pérdida de tiempo y a otras afectaciones a su cotidianeidad (en línea de principio, porque eso pediríamos a las y los demás ciudadanos si nos viésemos obligados a ejercer nuestras libertades de expresión y reunión mediante la protesta social). No obstante, es necesario insistir en que la relatividad de los derechos que protegen la protesta social no termina ahí. Hay otros límites que generan compromisos para quienes protestan y otras obligaciones para el Estado, por ejemplo, evitar la violencia, pues cuando una protesta se torna violenta, el ejercicio del derecho se convierte en una falta administrativa e incluso en un delito que, sin duda, el Estado debe perseguir y sancionar. En otros espacios me he referido a este respecto con motivo de lo ocurrido en la ciudad el 10 de junio pasado. Básicamente afirmé que el ejercicio de los derechos asociados a la protesta genera tanto el compromiso para quien se manifiesta de mantener pacífica su demostración pública, como las obligaciones para el Estado de garantizar que la protesta se realice en un ambiente de seguridad y libertad, y de intervenir cuando la manifestación deje de ser pacífica y se vuelva violenta. El otro límite se expresa por lo menos en dos sentidos: por una parte, cuando la protesta se extiende en el tiempo y se convierte en una afectación permanente o cuasipermanente del espacio público; por la otra, cuando implica el bloqueo total del acceso a un espacio público de importancia exclusiva y central para la vida de la ciudad. Estas dos circunstancias incluso pueden combinarse para resultar todavía más complicadas. H *Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal www.milenio.com
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En riesgo de confundir
Policías
comunitarias
y grupos de autodefensa Durante muchos años en México ha existido la tradición indígena de organizarse a través de los usos y costumbres de los pueblos originarios con el propósito de solucionar los problemas de inseguridad en sus comunidades Fernando Cárdenas con el apoyo de Mónica Salguero
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mónica gonzález
in embargo, en los últimos meses han surgido diferentes grupos de autodefensa en distintas zonas de la República con el supuesto argumento de defenderse del narcotráfico y la delincuencia organizada. María de los Ángeles es una joven indígena originaria de la sierra norte de Puebla. Como en muchos otros poblados del país, la inseguridad, pero sobre todo el desinterés de las autoridades, provocó que los hombres y mujeres de San Pablito Hidalgo se organi-
zaran para cuidarse entre ellos mismos y formar así su propia policía comunitaria. En por lo menos 16 entidades del país, incluido el Distrito Federal, se ha tenido registro de guardias comunitarias o grupos de autodefensa. Ante este panorama, especialistas advierten de los riesgos por su proliferación y por la omisión e incapacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la seguridad de sus ciudadanos, sobre todo en los lugares más remotos donde se vive cotidianamente el abandono de las autoridades. Dos fenómenos distintos Para Elena Azaola Garrido, antropóloga y psicoanalista, e investigadora del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), uno de los principales problemas es que las diferentes instituciones del gobierno han considerado por igual dos fenómenos de naturaleza completamente distinta, ya sea por falta de cuidado o de conocimiento. “En el estado de Guerrero hay grupos que se ocupan de la seguridad y de temas de justicia que tienen muchísimos años instalados en comunidades indígenas. Han tenido una actuación muy correcta, cuentan con el apoyo de la comunidad y desarrollan un trabajo estupendo. No han tenido mayormente conflictos, han usado las armas con toda responsabilidad y nunca ha ocurrido nada”, explicó. Las guardias comunitarias forman parte de la estructura tradicional de los pueblos de la cual deviene su legitimidad. Sus integrantes son nombrados por la comunidad, en algunos casos es voluntario y en otros reciben una remuneración. Cuentan con un entrenamiento básico policía, sus armas son de bajo calibre
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armamento que pueden utilizar y las regiones dónde legalmente pueden participar”, indicó Aseguró que el Gobernó federal está enfrentando caso uno de estos fenómenos a partir de sus características para entrar en un esquema de legalidad en cada una de las regiones del país. No obstante, afirmó que hay también grupos de autodefensa que responden a una lógica de crimen organizado. “Suponer que en todos los casos se trata del mismo fenómeno es un error”.
como escopetas o rifles y no cubren su rostro. Su objetivo es servir a la comunidad. Un ejemplo claro es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, en Guerrero, con más de 18 años de trabajo a favor de los pueblos indígenas. Cabe destacar que hace unos días comenzó la credencialización de sus más de 900 integrantes, pertenecientes a 48 comunidades de 11 municipios del estado. No obstante, Elena Azaola consideró como un peligro la existencia de grupos surgidos recientemente y que utilizan el nombre de “grupos autodefensa”, pero que en realidad puedan estar relacionados con el crimen organizado. “Puede haber otros grupos que sí sean más de corte paramilitar, lo que antes les llamaron el fenómeno de las guardias blancas o estos represores que eran armados por empresarios o por las propias instituciones del Estado, pero que actúan fuera de la ley”, enfatizó. Los grupos de autodefensa surgen como manifestación extrema ante una situación específica como la espiral de violencia, robos, extorsiones y ejecuciones que deja a su paso el narcotráfico. A sus integrantes no los nombra el pueblo, se autonombran. Cubren su rostro para no ser identificados. Utilizan armas de grueso calibre como fusiles de asalto AK-47 y R15 de uso exclusivo del Ejército. Incluso pueden someter a juicio a presuntos delincuentes sin ninguna garantía al debido proceso. Por eso, uno de los riesgos es que dichos grupos pueden ser captados por las autoridades y derivar en grupos paramilitares. Para la investigadora del CIESAS, el gobierno debería de actuar con todo el cuidado y conocer a fondo la situación de cada uno de estos grupos: “Y en la medida en que no lo están haciendo muestran un desconocimiento brutal y una falta de políticas adecuadas dirigidas hacia estos grupos diferenciando las circunstancias de cada uno de ellos, su trayectoria, el apoyo que tienen en la comunidad o la legitimidad que tienen”. Por supuesto que nadie puede avalar que se sustituya el Estado, afirma Elena Azaola, pero es el Estado el que ha estado ausente, el que ha dejado a las comunidades indefensas: “Eso es verdaderamente el problema, la falta de seguridad que hay en muchos pueblos”.
El uso privado de la fuerza Para Ernesto López Porillo, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), el riesgo de la creación de los grupos de autodefensas es que produce una multiplicación
del uso privado de la fuerza, lo que él llama: la reprivatización de la fuerza. “Los grupos de autodefensa tienen que ser interpretadas, al mismo tiempo, en función de los rasgos locales. Es decir que unos grupos pueden estar asociados con la delincuencia organizada mientras que por otro lado puede haber autodefensas con intereses auténticamente comunitarios de base social”, explicó. Coincidió con Elena Azaola en el sentido de existe una confusión generalizada entre grupos de autodefensa y policía comunitaria lo cual resulta muy grave. “Todos los grupos armados, privados, tienen que ser neutralizados en el uso de la fuerza porque de lo contrario el Estado cede a grupos privados el uso de la fuerza, insisto, eso es la fragmentación de la violencia y eso es la fractura del Estado de derecho”, insistió. López Portillo explicó que la policía comunitaria a nivel internacional es un modelo policial legítimo y legal fundado en las normas de derechos: “De hecho, Insyde está promoviendo el desarrollo policiaco comunitario en el país precisamente porque son modelos policiales que están fundados, no solamente en la ley en la norma sino además en las mejores prácticas policiales dado que esas son las instituciones policiales que trabajan con las comunidades”. Sostuvo que los grupos de autodefensa no están afectando la gobernabilidad, sino que la fractura de la gobernabilidad fue la que creó a estos grupos: “¿Y cuál es la fractura de la gobernabilidad? Es la falla estructural del Estado para proveer la seguridad y la justicia. La raíz está en la impunidad. El problema de origen es la impunidad, y la impunidad es responsabilidad del Estado y no de las comunidades”. Por este motivo llamó a revisar caso por caso porque reconoció que puede haber grupos que surgen porque ven una oportunidad para financiar grupos armados, para proteger mercados ilegales.
Atención a partir de sus características En tanto, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró que no se puede calificar con el mismo racero a todos los grupos de autodefensa y las policías comunitarias. “Hay formas de organización para la seguridad en Oaxaca que vienen del siglo XVII. Hay formas de organización en Guerrero reconocidas por la ley desde principios de los 90s con un marco legal que define claramente el tipo de
Otras posturas Las guardias comunitarias y la creación de grupos de autodefensa se han incrementado en la mitad del territorio nacional ante el incumplimiento de las autoridades de brindar seguridad a la ciudadanía. De acuerdo con registros periodísticos en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Estado de México, Puebla, Chiapas, Tabasco, Colima, Sonora, Hidalgo. Para el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hay justificación para la creación de grupos armados y autodefensas. Indicó que estos deben de desaparecer. Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, en su momento los minimizó al calificarlos de “grupúsculos” que no pueden afirmar que México es un país violento o ingobernable. A propósito de la situación, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó que la idea de que existan las instituciones es evitar que haya casos de venganza pública o la ausencia de reglas y normas para poder combatir a la delincuencia. Para la organización Human Rights Watch, los grupos de autodefensa es un síntoma revelador del fracaso de las políticas de seguridad pública, motivo por el cual se debe de abordar a la mayor brevedad. En tanto, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la formación de estos grupos representa una señal de alarma para que el Estado mexicano cumpla su labor porque la ciudadanía está desesperada por la impunidad. En este contexto, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que en la medida en que se puedan armonizar tanto la intervención institucional con esa tradición de policía comunitaria, se verá menos violencia y un mayor respeto a los derechos humanos. Cabe subrayar que pesar de que el Distrito Federal cuenta con una infraestructura policial superior a la de otras entidades de la República, los problemas de criminalidad van en aumento. Por ello, en diversas zonas de la capital se han prendido las alarmas ante tal situación y han optado por generar sus propios mecanismos de protección.
Alertas en el Distrito Federal
Talamontes en Milpa Alta Ante los problemas de la tala clandestina y de aserraderos irregulares denunciados a mayo de este año, comuneros de la Delegación Milpa Alta, al sur de la Distrito Federal, advirtieron a las autoridades que crearían su propio grupo de autodefensa para proteger los bosques de la comunidad de los talamontes. Tal y como ocurrió en Cherán, Michoacán, donde sus pobladores de organizaron en 2010 para defender sus bosques de pino, encinos y oyameles, en Milpa Alta los comuneros se enfrentaron en varias ocasiones con los trabajadores de los aserraderos clandestinos para proteger sus áreas verdes. Un mes después, el Gobierno capitalino realizó un operativo contra la tala clandestina en la delegación, en el cual se aseguraron y destruyeron 17 aserraderos ilegales, se incautaron ocho máquinas y se detuvo a cinco personas. Delincuencia en Xochimilco “Si te sorprendemos robando, no te entregamos a las autoridades, te linchamos”. El mensaje colocado en mantas de plástico por parte de los pobladores del Barrio de San Juan en la Delegación Xochimilco es claro: su opción más viable de seguridad es la brindada por ellos mismos. www.milenio.com
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especial
La historia se repite en otros barrios de la “Sementera de Flores” considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y que concentra gran parte del turismo de la ciudad de México, por el incremento de la delincuencia, sobre todo el robo a transeúnte. En los pueblos de la zona alta como Santa Cruz Alcalpixca, San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco también se presenta este fenómeno. Si bien no se trata de grupos de autodefensa propiamente establecidos, sí representa un foco rojo de atención ya que los vecinos de esta demarcación exigen a las autoridades fortalecer la seguridad pública con patrullajes en las calles.
Tepito En Tepito para proteger al barrio de la delincuencia y el mal trabajo de la policía, se requiere de la gente del mismo barrio. Por ello la Asociación de Comerciantes Establecidos y Semifijos de Tepito conformó su propio grupo vigilancia. Debidamente identificados con credenciales a las vista, 16 personas recorren la zona para vigilar y evitar delitos, sin portar armas. Por este servicio los comerciantes pagaron 25 mil pesos mensuales. Al respecto, tanto el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, como el Secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, afirmaron que la seguridad de la ciudad está garantizada y que se actuará con firmeza para no permitir que los ciudadanos apliquen la justicia por propia mano, como en otras entidades del país. Autodefensas colombianas Si bien el Estado tiene la obligación proteger a las y los ciudadanos, también debe mantener el orden e impedir que los problemas se solución al margen de la ley. Ver a la población civil armada y con el rostro cubierto genera la precepción de caos e ingobernabilidad. Otro de riesgo de la proliferación de grupos de autodefensa que asumen el ropaje de las guardias comunitarias es que deriven en las autodefensas colombianas. En 1990 empresarios, ganaderos, políticos y militares empezaron a armar a los pobladores con el objetivo de combatir a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el argumento de la incapacidad del gobierno para hacerlo. Este grupo derivó en una organización paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de miles de asesinatos a civiles y campesinos. Son responsables de la
muerte de indígenas, sindicalistas y militantes de grupos políticos de izquierda, a quienes acusaban de ser colaboradores o seguidores de las guerrillas. En la memoria quedaron las masacres de Mapiripán, El Aro, San José de Apartadó, El Salado, Chengue y Macayepo. Sus máximos comandantes, Carlos Castaño, Vicente Castaño y Salvatore Mancuso pasaron a la historia por sus crímenes contra la humanidad
Qué papel debe jugar el Estado Para la investigadora Elena Azaola, el Estado mexicano tendría que apoyar a las instituciones de policías, fortalecerlas, capacitarlas, pagarlas adecuadamente ó sea poner instituciones de Estado que funcionen y que resulten creíbles para los ciudadanos y que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por su parte, Ernesto López Portillo consideró que el Estado debe de investigar, procesar y castigar a los responsables, lo que no hace; utilizar las normas del Estado para desarticular: “México no le faltan instrumentos jurídicos, México llego muchísimo antes que muchos países de América Latina. No le faltan normas a México, le falta capacidad institucional. El problema principal, dijo, está en las capacidades institucionales. En ese sentido
indicó que el Estado tiene que actuar a través de la neutralización de la violencia privada, la construcción de acuerdos políticos y sociales que permitan que ahí donde las autodefensas tienen que ver con reivindicaciones sociales se construyan proyectos integrales de desarrollo político, económico, social y cultural que atiendan las demandas locales, como ocurrió en Medellín Colombia.
San Pablito Hidalgo, Puebla La pobreza en la que vivía María de los Ángeles provoco que dejara su tierra en la sierra norte de Puebla. Hoy se gana la vida vendiendo dulces en los pasillos de las facultades de Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal. En su pueblo, San Pablito Hidalgo, sus hermanos y su primo forman parte de la policía comunitaria. “A veces la vida es complicada porque a muchas personas les han robado su dinero, en su casa, lo secuestran o lo matan y las autoridades no hacen nada”, lamentó. Considera que las autoridades los han abandonado porque no buscan a los culpables de estos delitos. “A uno nomás lo dejan ahí. Llamamos la policía y no hace nada”. María dice tener miedo porque no se protege a sus familiares, por tal motivo han decidido organizase en su comunidad para protegerse entre ellos mismos. H héctor téllez
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Lunes 2 de septiembre de 2013 o 9
DH
¿Cómo trabajar con los principios de derechos humanos en las empresas?
En 2009, el profesor John Ruggie, representante especial para los Derechos Humanos y Empresas del Secretario General de la ONU, identificó y clarificó los estándares de la responsabilidad empresarial, y la rendición de cuentas con relación a los derechos humanos. De esa manera se planteó el papel de los Estados en la regulación de las empresas de manera efectiva. A esta propuesta se le conoce como “Marco Ruggie”, constituyendo así un nuevo parámetro para la acción del sector privado en relación a los derechos humanos y que impulsa los llamados Principios Rectores: proteger, respetar, remediar
1.
El Marco Ruggie consta de tres pilares:
1
La obligación del Estado de promover.
La responsabilidad de las empresas de respetar.
La invitación a ambas partes de remediar, constituyéndose en un modelo dinámico de actuación.
La falta
Recomendaciones de los Principios Rectores para las empresas.
Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con:
2 3
2.
•Un compromiso político. •Un proceso de debida diligencia en derechos humanos. •Procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
3.
Ventajas directas
•Se consolida la reputación de la empresa y la imagen de sus marcas y productos frente a un consumidor. •Mejora el escenario de reclutamiento y retención de personal. •Promueve una mayor productividad y motivación del personal. •Perfecciona la cadena de valor de la empresa •Asegura un marco estable y previsible de funcionamiento. •Asegura y preservar la licencia social para operar.
4.
Ventajas indirectas
Una actitud proactiva de la empresa frente a los derechos humanos permite neutralizar o mitigar los siguientes riesgos:
•El riesgo legal y el valor estratégico de la debida diligencia. •El riesgo en la reputación de la empresa y la creciente conciencia del consumidor. •El riesgo operacional y los costos económicos por demoras en proyectos de inversión. •El riesgo financiero por pérdida o retiro de inversores.
de una política de derechos humanos no constituye en el siglo
XXI una sabia decisión empresarial. No se trata de filantropía o publicidad, sino de anticiparse a los
escenarios que vienen. Esos escenarios están definidos por una concepción obligatoriamente holística de las demandas provenientes del mercado, incorporando factores sociales, culturales y ambientales a los procesos productivos, comerciales y financieros de las empresas. Fuentes de información: Mariana Rulli, Juan Bautista Justo, Guía de derechos humanos para empresas. Proteger, respetar y remediar: todos ganamos, PNUD / Pacto Global, Buenos Aires, 2012. Véase < http://bit.ly/178WrcH>. Investigación y elaboración: Elia Aurora Almanza Amaro y Bárbara Lara. www.milenio.com
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10 o Lunes 2 de septiembre de 2013
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Tribunal Permanente de los Pueblos
Migración, refugio y desplazamiento forzado, temas de audiencia preliminar Debido a los abusos de las autoridades mexicanas, la violencia de los grupos de la criminalidad organizada y la militarización de las fronteras, las personas en movimiento viven una tragedia humanitaria en su paso por México hacia Estados Unidos
E
Francisca Arrieta Acevedo
l proceso para juzgar al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con sede en Roma, por crímenes considerados graves en el marco internacional, particularmente por sus acciones y omisiones que vulneran los derechos de las personas migrantes en tránsito por el territorio nacional, seguirá hasta que no haya más un San Fernando, fosas clandestinas, secuestros masivos y hostigamiento hacia quienes protegen y defienden a los migrantes.
AFP
Tragedia humanitaria: voces ante la problemática Reunidos en la Audiencia Preliminar del TPP, capítulo México, Eje migración, refugio y desplazamiento forzado, defensoras y defensores de derechos humanos de las y los
migrantes, jueces y fiscales del Tribunal llegaron a la conclusión de que debido a los abusos de las autoridades mexicanas, la violencia de los grupos de la criminalidad organizada, y la militarización de las fronteras, estas personas en movimiento viven una tragedia humanitaria en su paso por México hacia los Estados Unidos. La audiencia previa se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, hecho que permanece impune. El Primer Visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, sostuvo que en este caso no se puede decir qué es lo que pasó, y las víctimas y sus familiares no han tenido acceso a la verdad, a la justicia, y sobre todo, a los mínimos márgenes de transparencia y rendición de cuentas del Estado mexicano. Subrayó además que hay zonas en el territorio
mexicano donde prácticamente no hay Estado, no hay instituciones a quien acudir, y en todo caso, cuando las personas migrantes y las y los defensores de derechos humanos acuden a las instancias oficiales, la respuesta se traduce en riesgos y mayor inseguridad. El Fiscal del TPP, Camilo Pérez Bustillo, expuso que se considera al gobierno de los Estados Unidos responsable de las políticas que se han intentado imponer, vulnerando la soberanía del pueblo de México, en territorio mexicano, al perseguir y criminalizar a las personas migrantes, lo que implica la militarización de las fronteras de norte a sur. El Padre Alejandro Solalinde acusó al gobierno mexicano de abandono de persona, de abandonar a su pueblo, poniendo su interés en los intereses trasnacionales. “¿Dónde están las autoridades y los pastores de México? ¿Cómo es posible que en nuestro país haya ese tipo de violencia sin que haya responsables, sin que a nadie le importe nada?”, preguntó. Antes, expuso que el aniversario de la masacre de San Fernando es una oportunidad para recordar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano para crear políticas públicas de acuerdo con Centroamérica y hacer un plan conjunto de desarrollo integral que evite que las personas migrantes salgan y que no pasen por el calvario que es México, para llegar a Estados Unidos donde no son deseados.
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Lunes 2 de septiembre de 2013 o 11
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ernesto gómez
Hizo un llamado, a nombre de quienes laboran en las casas de apoyo al migrante, para que el gobierno genere diálogos con ellos, no sólo con las cúpulas eclesiásticas, para revertir la dolorosa exposición que viven las y los migrantes. Confió en que el TPP también dé un apoyo moral para que se preserve la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos. Fray Tomás González, director de La casa del migrante La 72¸ dijo que ese albergue es un espacio que quiere ser un lugar donde se practica y ejerce la caridad, a cada vez más personas, adultos, niños, ancianos, familias enteras, “queremos, junto con ellos, transformar la historia terrible que nos ha tocado vivir en estos años, queremos transformar la ruta de la muerte, la ruta del Golfo, que inicia en Tenosique, Tabasco”, apuntó. Señaló que hombres y mujeres sufren violaciones sexuales, robos a mano armada, abusos sexuales, extorsiones por parte de autoridades, secuestro, desaparición y muerte. Aseveró que lo que pasa en México con la población migrante centro y sudamericana y la población migrante mexicana es un genocidio. Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, alertó que las casas de apoyo a migrantes en el Sur y en el Norte del país están librando una batalla contra las bandas criminales. Norma Romero, una de “Las Patronas”, grupo de ayuda humanitaria en Veracruz, expuso
que han visto diariamente, durante 18 años, los vagones del tren llenos de niños, hombres y mujeres a quienes procuran con una bolsita de arroz y agua. Luego de escuchar testimonios y narraciones de familiares y víctimas de Brasil, Honduras, Guatemala y México, así como de defensoras y defensores de derechos humanos, los miembros del Jurado ofrecieron sus conclusiones.
El Jurado: asuntos de responsabilidad estatal En nombre del Jurado hablaron Fiona MacPhail del Haldane Society of Socialist Lawyers de Inglaterra; Azadeh Shahshahani del National Lawyers Guild, de Estados Unidos; Leticia Calderón del Instituto Mora; Laura Carlsen del Programa Américas del Center for International Policy, en Washington, y Wilner Metelus, del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afro mexicanos; Iver Orstavik de la Fundación Rafto pro Derechos Humanos, de Noruega, y Luis Daniel Vázquez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Detallaron que el Jurado encontró, en principio, que existe responsabilidad estatal de los estados de origen, de México como país de tránsito y de Estados Unidos como país receptor. “Es una responsabilidad de distintos agentes por violación a los Derechos a la protección a la vida, a la integridad, al libre tránsito, de seguridad y en general de la dignidad de las personas”.
javier garcía
Reunidos en la audiencia preliminar del TPP, los activistas expusieron que las personas en movimiento viven una tragedia humanitaria en su paso por México.
Apuntaron que en el área de Justicia, el Estado mexicano tendría que adoptar, de manera inmediata, medidas tales como reconocer la culpabilidad estatal, ya que en su discurso el Estado ha intentado decir que los crímenes contra las y los migrantes son todos responsabilidad del crimen organizado, lo cual, dijeron, no cuadra con los testimonios, la información y las evidencias y estudios que ellos han recibido. “Hemos visto una violencia y violación a los derechos humanos sistemáticos por parte de agentes del Estado”, señalaron. El jurado estableció los indicios de culpabilidad en dos áreas: en garantizar los derechos de integridad física de migrantes en México, defenderlos y asegurar la protección y condiciones de trabajo para defensores y defensoras de los derechos humanos de los migrantes. En segundo lugar, en la comisión de delitos, entre ellos extorsión, lesiones físicas y violación de derechos, ya que hay indicios de complicidad entre agentes estatales y el crimen organizado de corrupción y de abusos. En el acceso a la Justicia se mencionó la impunidad en que han caído los crímenes de Estado y de otros crímenes contra las y los migrantes, la discriminación y falta de investigación, lo cual obliga a las víctimas y sus familiares a llevar a cabo investigaciones que implican riesgos a su seguridad. Dijeron que en el área de transparencia ha sido muy difícil encontrar la información necesaria para realizar su trabajo como Jurado. Finalmente, en el área de soberanía nacional lo que observaron es que para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales frente a las políticas ilegales e inhumanas de los Estados Unidos, el Estado mexicano tiene que reclamar una soberanía nacional muy erosionada. Consideraron que se tiene que hacer una reparación integral a las víctimas de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Como medidas de prevención señalaron que el Estado tiene que crear las Instituciones necesarias para garantizar la seguridad de los migrantes en tránsito, su salud, vivienda y alimentación y mecanismos anti corrupción. Advirtieron que la reforma migratoria en Estados Unidos profundizará la militarización de las fronteras y la criminalización de los migrantes. A la Audiencia Previa del TPP estaban convocadas las diversas autoridades del Gobierno mexicano involucradas, pero no acudieron. Será el año 2014 cuando los miembros del TPP acudan a México para la Audiencia final, que abarcará los ejes sobre guerra sucia, feminicidio, laboral, migración, maíz, ambiental y desinformación. DH
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12 o Lunes 2 de septiembre de 2013
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alejandro cuevas
Drogas
Los consumidores son víctimas no visibilizadas alejandro cuevas
Frente al contexto de narcotráfico, crimen organizado, violencia, muertes, desapariciones y desplazamiento forzado, se requieren acciones urgentes que promuevan, garanticen, respeten y protejan los derechos humanos
E
Mónica Salguero
l consumo ha sido despenalizado; sin embargo, quienes consumen son víctimas de estigmatización, a pesar de ser una práctica legal en el país. Autoridades y sociedad estamos involucrados en ello. En 2009, el Congreso de la Unión en Méxi-
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co estableció legal la posesión y consumo personal, estricto e inmediato, de drogas en dosis específicas. Ratificó la reforma a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo. Es decir, se despenalizó el consumo de drogas en el país pero no se legalizó la venta de éstas en los establecimientos.
Ello generó un efecto doble hacia las y los consumidores, al ser estigmatizados y discriminados como criminales y provocó la no atención por parte de las autoridades y de la sociedad. Es de sobra decir que México se encuentra en un contexto de narcotráfico, crimen organizado, violencia, muertes, desapariciones y desplazamiento forzado. También que ello amerita necesariamente de acciones urgentes que detengan la problemática relacionada con las drogas. Sin embargo, dichas acciones tienen que ir de la mano con la reflexión y el debate que nos lleven a mejores decisiones, de modo que promuevan, garanticen, respeten y protejan los derechos humanos. Tal y como lo planteó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, en el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), al señalar que desde que inició la estrategia de lucha contra las drogas en el país, los resultados merecen hacer un alto en el camino y repensar las cosas.
Armonizar derecho a la salud con derecho a la libertad de decisión En la inauguración del Foro el mandatario local, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que el narcomenudeo se debe ver como un problema de salud y “si tenemos que decir no, habría que decirlo de manera informada (...) porque para un debate se debe estar documentado, informado y sensible desde todo punto de vista, en un afán de tomar medidas necesarias, lejos de la criminalización y vinculación consumo-delito”, manifestó Mancera. En ese mismo sentido, la organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobar la despenalización del consumo de las drogas, debido a que su prohibición “atentan contra los derechos humanos”. Y, en cambio, sugiere que los gobiernos deberían aplicar políticas que disminuyan los daños provocados por el consumo y, a la vez, reviertan la violencia y los abusos que han caracterizado las actuales decisiones. En relación con el consumo de mariguana, el ombudsman del DF expresó que “es importante implementar un enfoque de derechos, armonizar el derecho a la salud con el derecho a la libertad de decisión, poniendo en el centro la dignidad humana. Es importante que empecemos a hablar del consumo responsable y políticas que nos lleven a la reducción de daños”. Ya es obligación del gobierno atender a
Lunes 2 de septiembre de 2013 o 13
DH
sonia blanquel
usuarias y usuarios legales de drogas, así como a los que eventualmente pudieran estar inmersos en la comisión de un delito por la cantidad de estupefacientes que portan.
Atención inmediata… urge Se sabe que hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su desarrollo y proyectos de vida. No es necesario esperar a despenalizar ninguna sustancia para generar estrategias de prevención, de atención del daño y rehabilitación como lo señaló el director general de Cauce Ciudadano, Carlos Alberto Cruz Santiago.
No obstante en el día a día, tanto gobierno como la opinión pública ejercen contra las y los usuarios de estupefacientes métodos represivos al considerarlos delincuentes o criminales lo que lleva a que se les niegue el acceso a sus derechos. Incluso la doble moral merma dentro de un sistema educativo como lo mencionó la jefa de Unidad de Promoción de la Salud y orientación Educativa del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Areli González Romero, porque las y los jóvenes son estigmatizados pero no tienen opciones para ocupar su tiempo libre, el cual puede ser una detonante para el uso de drogas. La importancia de estos foros de discusión en sus diferentes sedes no es llegar a una conclusión certera -eso sería lo ideal- sino de escuchar a personas especialistas, académicas y organizaciones de la sociedad civil que permitirá un debate informado, basado en evidencia social y científica, y así garantizar la voz de una sociedad plural y participativa. Se ha coincidido en que la problemática de drogas tiene que ubicarse en la agenda de salud. Más allá de hablar sobre la legalización, se debe hablar sobre las obligaciones que el Estado tiene que asumir al haber despenalizado el consumo de algunas sonia blanquel sustancias, hace ya cuatro años. Principalmente garantizar el derecho a la salud y todo lo que conlleva, prevención y atención. Quedó claro que, además de las víctimas mortales, resultado de la guerra contra el narcotráfico, otro gran grupo de víctimas colaterales y no visibilizadas, son las y los consumidores de estas sustancias, quienes se ven discriminados y criminalizados por parte de la sociedad y las autoridades Se requiere de manera urgente atención inmediata, políticas públicas y campañas de sensibilización e información a la sociedad de los efectos reales que causa una droga, pero dejando de lado el estigma de que quien la consume es un delincuente. H
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14 o Lunes 2 de septiembre de 2013
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El rock y su complicidad Alfonso André
de cambio Su fortaleza son los tambores. El sonido imponente que produce la batería cuando está bajo su inspiración es la evidencia de que se trata de uno de los músicos más sobresalientes del rock nacional
charla Elia Aurora Almanza Amaro
D
esde Las insólitas imágenes de la Aurora, grupo antecedente de Caifanes, posteriormente Jaguares y La Barranca, Alfonso André ha hecho de la música y del sonido de este instrumento una herramienta poderosa de sensibilización. Comprometido siempre con las causas sociales, comparte en esta charla con DH su preocupación por la situación que atraviesa nuestro país, y la importancia de que se defiendan los derechos humanos de las personas ante las injusticias que se viven en México. “Son ya tantos años de vivir en crisis, tantos sexenios con las mismas promesas de cambio sin cumplirse, corrupción y desigualdad que comenzamos a familiarizarnos a vivir en condiciones terribles, donde diario se falta el respeto a los derechos humanos (…), por eso es tan importante el trabajo de las organizaciones sociales y las comisiones de derechos humanos para señalar a quienes se pasan de lanza con sus iguales”, asegura. En nuestro país hay mucha desigualdad y mucho racismo, dice indignado: “los derechos humanos quedan totalmente sepultados para la gente con bajos recursos y con poca educación; por ello necesitamos siempre a alguien que colabore con la defensa y la protección de todas las personas por igual”. Considera que “la música es una herramienta poderosísima de sensibilización hacia los valores con los que cuenta el ser humano”. Afirma que el rock es un género que siempre ha estado ligado al cambio, a los movimientos juveniles, a la protesta contra las estructuras políticas que están mal y que sigue siendo en la actualidad,
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un medio de expresión con gran fuerza y significado. “[por ello] siempre nos ha importando regresar un poco de lo mucho que nos ha dado la gente y una forma de hacerlo es involucrarnos en temas tan fundamentales como lo son los derechos humanos(…), nos sumamos a causas que consideramos importantes y tratamos de dirigir nuestra vista y la de nuestros seguidores hacia éstas”, comenta.
“La música es una herramienta poderosísima de sensibilización hacia los valores con los que cuenta el ser humano” Junto con sus compañeros de escenario tratan, con la influencia musical con la que cuentan, de “tocar” al público con respecto a estos temas, “a través de nuestras letras de las canciones o los conciertos en los que participamos a favor de los derechos humanos”. Ahora Alfonso André, además de seguir “dando golpes”, está enfocado en Cerro del Aire, su primer álbum como solista. Todos podemos expresar lo que sentimos, y él además de hacerlo con la batería, ahora también lo hace con su voz: “siempre he sido cantante de clóset, me gusta mucho cantar pero también le tengo mucho respeto, es quizá el instrumento más difícil”. Desde los ta mbores o la voz, Alfonso considera que se puede hacer un cambio social si todos ponemos de nuestra parte. “La situación es fea pero mientras seamos más los interesados en que esto cambie y estemos pendiente de ello, será más fácil que salgamos del hoyo (…); informarnos y poner, desde nuestra trinchera, el granito de arena para que las cosas cambien”. DH
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DH especial
estudios de bachillerato (27.9 por ciento). A su vez, dos de cada tres personas encuestadas expresó que trabaja (69.9%), poco menos de la mitad dijo que estudia (43.7%) y uno de cada cinco señaló que combina ambas actividades (22%), mientras que sólo uno de cada 10 indicó estar desempleado o sin alguna ocupación remunerada (9.9 por ciento).
El inicio La mayoría expresó haber comenzado a consumir marihuana a los 16 años de edad, seguido por quienes afirmaron iniciarse con inhalables a los 14 años, en ambos casos después de haber iniciado el consumo de alcohol. Cabe subrayar que 75.8% de las y los usuarios recurrió a la mariguana como droga de inicio. En cuanto al lugar, uno de cada cinco usuarios empezó consumiendo la drogas en su casa (19.4%) y uno de cada seis en la escuela (16.2%), ambos sitios donde se supondría existe una mayor protección. Los resultados de la encuesta muestran que buena parte de los usuarios prueba varias drogas sin habituarse o hacer de ellas su principal consumo. Por ejemplo, 90.9% de las y los encuestados usa mariguana actualmente pero sólo 59.2% la reporta como la principal droga de consumo; del mismo modo, 35.4% usa cocaína pero sólo 3.7% la señala como la principal droga que usa. A este consumo le siguen: LSD (29.1%), anfetaminas (21.7%), hongos (21.7%), crack (19.1%), peyote (17.5%), inhalables (16:3%), opio y/o derivados (9.8%), drogas médicas (9.8%) y metanfetaminas (9.3 por ciento).
Encuesta
El consumo de drogas en el DF El documento incluye a usuarios de drogas ilegales en la ciudad de México, con aspectos cuantitativos y cualitativos que no se observan en diagnósticos oficiales
C
Fernando Cárdenas
on el propósito de contar con un diagnóstico actualizado sobre los retos actuales del Distrito Federal en el campo de uso, abuso y dependencia de drogas, el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, A. C., realizó la Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la ciudad de México. Este documento contempla un análisis cuantitativo y cualitativo de aspectos que
no suelen ser considerados en las encuestas oficiales en la materia. Asimismo, debido a que los estándares de consumo en cuanto al tipo de drogas, la frecuencia y el volumen que suelen consumir las personas usuarias son muy diversos, la encuesta constó de 350 reactivos. He aquí algunos de los resultados. De las 429 personas que participaron en la encuesta, 91.5% refirió vivir en el Distrito Federal y el resto en el Estado de México. Asimismo, más de la mitad de las y los usuarios señaló tener licenciatura (54%), sea terminada o trunca (54%), y más de una cuarta parte indicó tener
La frecuencia Con respecto a las frecuencias de consumo preferidas para cada droga, las y los usuarios de mariguana, inhalables y drogas médicas sin prescripción prefieren el uso diario, mientras que quienes usan cocaína y crack se inclinan por un consumo semanal, los de drogas anfetamínicas y de LSD por el uso mensual, y los usuarios de sustancias como el peyote y los hongos se inclinan por el uso anual. Entre los riesgos y daños que aceptaron experimentar están: tener relaciones sexuales sin protección (64%), conducir un vehículo (58%), haber sido golpeado (34%), tener tendencias suicidas (24%), sufrir accidentes (19%) y forzar las relaciones sexuales (9 por ciento). Los resultados señalan que tres de cada cuatro usuarios de drogas se sienten discriminados: 37% por la sociedad en general, 21% por las autoridades (debido a su aspecto han sido extorsionados y abusados de alguna manera por elementos de la policía) y 11% por familiares. Abastecimiento La encuesta reveló también que 33% se abastece de drogas en las ‘tienditas’, 17% las solicita vía telefónica, 11% la consigue con amigos y 29% por otros medios. En cuanto a otros riesgos y daños relativos al uso de drogas, 39.6% de los usuarios indicó que no tenía información sobre éstas cuando inició su consumo; y a un tercio de quienes sí contaban con ella, la droga les fue proporcionada por “un amigo”. En el estudio 54.3% de las y los usuarios dijo conocer las sanciones por portar drogas y 35.7% expresó que sabe sus derechos como consumidor de éstas. Con base en las evidencias obtenidas, la encuesta presenta una serie de recomendaciones para políticas públicas en la materia que corresponden a distintos niveles de acción, tanto de las instituciones del Estado como de la sociedad civil. H La encuesta completa se puede consultar en <http://bit.ly/15C5HXR>.
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16 o Lunes 2 de septiembre de 2013
DH
Ahmed Youssef/ EFE
Recuento
Ataques químicos en la primavera árabe
El uso de armas químicas en el conflicto de Siria representa una grave violación a los derechos humanos de las personas y constituye un crimen de lesa humanidad por el que la dictadura de Bashar Al Assad deberá responder
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Elia Aurora Almanza Amaro
os distintos levantamientos populares árabes que en 2010 comenzaron con pequeñas protestas en contra de los regímenes dictatoriales de la zona se han convertido hoy en fuertes enfrentamientos bélicos entre militares y civiles armados, los cuales han cobrado la vida de miles de personas. En los últimos días Egipto y Siria se han enfrentado a lo que es quizá el más crítico panorama político en sus países ante la amenaza de ataques con sustancias químicas. El conflicto, denominado también como la Primavera árabe, ha tomado fuerza y colapsado la capacidad de los gobiernos para mantener el orden.
El caso egipcio En 2011 se llevaron a cabo protestas en la plaza de Tahrir en Egipto, donde se exigía que el dictador Hosni Mubarak dejara el poder luego de casi 30 años de estar gobernando esa república árabe. Durante los primeros días del enfrenta-
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miento el Ejército apoyó al dictador y mantuvo la represión de las protestas, sin embargo, poco tiempo después fue éste mismo el que, aprovechando la fuerza de los combates, se unió a las intenciones de derrocar a Mubarak y apoyó la revolución minoritaria urbana del país. Debido a la presión de los civiles y a los constantes enfrentamientos, pocas semanas después el dictador decidió salir del país junto con su familia, cediendo el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto. De noviembre de 2011 a febrero de 2012 se llevaron a cabo elecciones parlamentarias donde, tras dos rondas, fue electo presidente de ese país Mohamed Morsi, integrante de la Hermandad Musulmana. Sin embargo, la milicia controló siempre la situación. Y, a pesar de que permitió que se llevaran a cabo elecciones democráticas, logró imponer cambios drásticos en la Constitución egipcia y nunca cedió el control total al nuevo presidente. Ante la evidente ausencia de poder y debido al incumplimiento de los objetivos planteados tras los enfrentamientos de 2011, miles de personas se reunieron nuevamente en la plaza Tahrir para exigir la renuncia del presidente Morsi. Sin embargo, el ejército lo derrocó en julio
pasado y desde entonces se ha enfrentado a sus seguidores afuera de los cuarteles donde lo mantienen preso. Por lo menos 80 de sus seguidores y afines a la Hermandad Musulmana han perdido la vida. El gobierno egipcio se declaró en estado de emergencia y los enfrentamientos contra el ejército continúan hasta la fecha.
El caso sirio Mientras esto sucede, Siria transita por una de las peores guerras civiles que se ha vivido en los últimos años, en la que además se involucra la utilización de armas químicas. Siria es uno de los países que fortaleció el inicio de la Primavera árabe en 2011. Al igual que en Egipto, miles de civiles buscan derrocar al dictador Bashar Al Assad. A partir de esa fecha el gobierno ha reaccionado con ataques y bombardeos en las distintas ciudades, el más ofensivo de ellos fue el realizado el 21 de agosto, donde según las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se utilizaron armas químicas. Aquel día, hubo un bombardeo intenso en suburbios de Damasco. De acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos –situado en Gran Bretaña– el bombardeo fue con ojivas de gas venenoso dirigidas contra los barrios de Zamalka, Arbin y Ein Tarma. Médicos representantes de la zona señalan que puede tratarse de gas sarín por la forma en que mujeres y niños han muerto en sus casas o en zonas aledañas al bombardeo. Este gas es altamente tóxico y puede ser absorbido al contacto con la piel, ingerido a través de alimentos contaminados o inhalado, ya que es líquido pero se evapora fácilmente al contacto con el aire. Ataca el sistema nervioso central ocasionando pérdida de conciencia, convulsiones y, posteriormente, la muerte. A pesar de que el gobierno sirio ha rechazado lo anterior, la ONU ha confirmado que los enviados especiales del organismo para la realizar la investigación tienen evidencia que indica la utilización de alguna sustancia química en el ataque donde, se ha calculado, más de 1 400 personas perdieron la vida. Egipto y Siria protagonizan ahora los conflictos civiles más severos de los últimos tiempos en la zona árabe, y hablar de ataques químicos contra la población eleva la alerta mundial. El uso de armas químicas en el conflicto de Siria no sólo representa una grave violación a los derechos humanos de las personas civiles que habitan o habitaban la zona afectada y los lugares aledaños, sino que constituye un crimen de lesa humanidad por el que la dictadura de Bashat Al Assad deberá responder ante el pueblo sirio y la comunidad internacional. H
Lunes 2 de septiembre de 2013 o 17
Mónica Salguero
DH
Legalización
de las drogas “No estamos convencidos de que sea la mejor ruta para disminuir los niveles de violencia y criminalidad que se da en nuestro país.”
“El consumo de la mariguana no pone en riesgo a los demás y es necesario entrar a un proceso de revisión que nos lleve a la despenalización de la mariguana.”
Enrique Peña Nieto
presidente de México
Fernando Gómez Mont
ex titular de la Secretaría de Gobernación
“La necesidad de hacerse responsable sobre las consecuencias que eventualmente ese consumo puede tener; con ese enfoque, estaríamos en la lógica de armonizar el derecho a la libertad de decisión, con el derecho a la salud, sobre todo pensando en la colectividad”.
“El peligro en sociedades con niveles de consumo bajos de un esquema de legalización, el riesgo, es que se incremente el consumo, entonces El pues se trata de un tema muy serio que tiene que analizarse de manera profunda porque las consecuencias pueden afectar a mucha gente.” Roberto Campa
subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana
“Sin lugar a dudas a quien nos da directamente en la frente es al sector salud, porque tenemos que atender a más adictos (…) Desde el punto de vista de salud yo no quiero que haya adictos a nada; lo que quiero es buscar la salud.” Armando Ahued Ortega secretario de Salud del DF
Luis González Placencia presidente de la CDHDF
“Si en México tenemos (...) comparado con otros países, poca prevalencia del uso de la mariguana, el punto de vista de salud es para qué cambiarlo si tenemos esa prevalencia tan baja comparado con otros países.” Mercedes Juan López titular de la Secretaría de Salud
“Lo que podrá reducir la propagación y la influencia de la dependencia química, es, preciso, afrontar los problemas que están a la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores que construyen la vida común, acompañando a los necesitados y dando esperanza en el futuro.”
“No hay una iniciativa presentada y mientras no la haya nosotros no vamos a emitir una postura al respecto. Nosotros no vamos a distraernos con algo que no existe en la Asamblea, cuando exista en la Asamblea lo vamos a atender con toda prontitud.”
“Los mexicanos serán quienes decidan si se despenaliza o no. Seguramente encontraremos diferentes procedimientos para saber qué es lo que más le conviene al Estado Mexicano, que para eso se eligió a un presidente de la República. Entonces, agotaremos estos momentos y luego habrá una determinación del presidente.”
Federico Döring coordinador del PAN en la ALDF
“Dejar los tabúes de lado y reconocer lo que está pasando en el mundo”; “Lo que no podemos es quedarnos como estamos actualmente, con esta perspectiva prohibicionista donde el gobierno decide qué es bueno y qué es malo”.
Miguel Ángel Osorio Chong secretario de Gobernación
Mario Delgado senador del PRD
Jorge Mario Bergoglio
El Ágora...
Papa Francisco
“La paz tiene que pasar por una legalización de las drogas.” Javier Sicilia poeta y dirigente del Movimiento por la PAZ
“Hay una dosis permitida en la legislación que no constituye un delito y la ley es muy clara en cuanto a definir el consumidor como un problema de enfermedad, es un problema de salud.” Jesús Murillo Karam
procurador general de la República
“Si hay una discusión que planteé una solución viable, creo que toda la ciudadanía está invitada a participar y hacer real esa solución. Pero sí la solución no está, es una utopía falsa que le estamos dando a la gente.” Rigoberta Menchú premio Nobel de la Paz
“Yo creo que el costo político sería que no estuviéramos informando, participando en un debate de esta naturaleza, en una ciudad como la ciudad de México, es una ciudad de avanzada donde las libertades se garantizan, se materializan en leyes y en donde todos, la sociedad lo exige, hay que estar informados sobre este tema.” Miguel Ángel Mancera jefe de Gobierno del Distrito Federal
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milenio
18 o Lunes 2 de septiembre de 2013
DH
Publica Insyde guía técnico-informativa
Policía Comunitaria:
conceptos, métodos y escenarios de aplicación La legitimidad de toda policía se basa en la credibilidad que alcance frente a la comunidad, señala Robert Peel, creador de la Policía Metropolitana de Londres, una de las experiencias exitosas de policía comunitaria en el mundo
E
Fernando Cárdenas
s quizá por este motivo que Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), junto con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) desarrolló la guía técnicoinformativa Policía Comunitaria, Conceptos, métodos y escenarios de aplicación. Su propósito es promover el modelo policial comunitario, su alcance real y los estándares que permitirán su aplicación en diversos contextos, ante la violencia y el crimen que dañan actualmente a la sociedad mexicana. Este documento, de acuerdo con sus autores, ayudará a diseñar intervenciones en comunidades específicas; ofrecer capacitación en el modelo de policía comunitaria a funcionarios municipales, policiales y a líderes de las comunidades; crear marcos operativos para la realización de proyectos focalizados; inspirar procesos de reforma institucional y diseño de marcos normativos al interior de las instituciones policiales; sustentar conceptual y metodológicamente las políticas públicas y acciones de gobierno en el tema; mejorar las condiciones de seguridad pública y humana en las comunidades que enfrentan violencia; y contribuir a las aspiraciones legítimas de paz y convivencia ciudadana. La publicación destaca que el ejercicio de la
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ciudadanía y el deber del Estado de garantizar la seguridad son indispensables para fortalecer a las sociedades democráticas. Sin embargo, en América Latina, el aumento de la violencia y los delitos en los últimos 20 años han menoscabado la libertad del ejercicio ciudadano y hecho evidente la debilidad de varios Estados para garantizar a sus ciudadanos condiciones de seguridad. Explica que en la historia de América Latina, la noción de seguridad ha transitado por diversas concepciones, de acuerdo con cada momento político. Términos como “seguridad interior”, “seguridad nacional” e incluso “seguridad pública” han estado vinculados tanto a la preservación de las instituciones del Estado como a la seguridad de regímenes autoritarios. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, a partir de las transiciones democráticas, nuevos paradigmas han irrumpido en el escenario político. En los 90, diversos países sudamericanos asumieron una perspectiva de seguridad más afín a las necesidades de los ciudadanos. De este modo se comenzaron a ejecutar políticas de reforma policial que desmilitarizaban a la seguridad y promovían la creación de cuerpos civiles para fortalecer el vínculo entre policía y sociedad. La tendencia ha sido, desde entonces, a transitar a un modelo de seguridad ciudadana, donde la persona es el eje central de las políticas públicas.
Esta nueva concepción generó procesos de reforma democrática policial, aunque inacabados en muchos casos, en varios países de América Latina. Dichos procesos atravesaron por la descentralización, el acercamiento hacia la ciudadanía y la rendición de cuentas. Uno de los mecanismos que, de acuerdo con la experiencia internacional y regional, han permitido vincular estas vertientes ha sido el modelo de policía comunitaria, el que genera lazos sólidos con la ciudadanía para desarrollar programas y acciones colaborativas de coproducción de la seguridad, al mismo tiempo que concilia la acción preventiva, la reactiva y el respeto por los derechos humanos. “La policía comunitaria no debe considerarse como un modelo piloto, ni como la cara amable de la policía, ya que cuenta con capacidades de investigación, como la inteligencia policial, y la de reacción (uso legítimo de la fuerza), que es una de sus características principales. Su objetivo no es la reunión con vecinos, ni llenar con firmas hojas de peticiones sino establecer espacios de diálogo entre iguales; en otras palabras: que la institución policial y sus representantes actúen para promover la cooperación y la confianza con los ciudadanos”, enfatiza el documento. Entre las experiencias de éxito destacan las de la policía montada de Canadá, la metropolitana de Londres, la Policía Nacional de Japón, en Estados Unidos los casos de Chicago y Boston, los carabineros de Chile y la Policía Municipal de Chihuahua, en México, entre otros.
Características de la policía comunitaria •Su objetivo es la resolución de problemas. •Los oficiales de línea tienen contacto con los ciudadanos de manera regular. •Los ciudadanos identifican los problemas y participan en la creación del plan de trabajo de la policía. •La policía es responsable ante los ciudadanos. •Ocurre un verdadero cambio organizacional (selección, capacitación y evaluación). •Se requiere la aceptación de la filosofía en toda la institución (comisaría, estación, etcétera). •La influencia es de abajo hacia arriba (incluidos los ciudadanos). •Los oficiales siempre están accesibles, en lugares descentralizados. •Los oficiales estimulan la participación de los ciudadanos en la resolución de problemas. •El éxito se determina con base en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. H Más información en www.insyde.org.mx
Lunes 2 de septiembre de 2013 o 19
Juan Antonio Cruz Parcero*
DH
¿Cómo proteger derechos sociales?
Internacionales El Cairo
La cuestión de cómo proteger derechos humanos ha inquietado a pensadores de todo tipo desde que la idea misma empezó a jugar un papel importante en el discurso moral, político y jurídico.
L
Artículo 11
Breves
os avances más importantes iniciaron desde mediados del siglo XX, de modo que hoy podemos decir que estamos en la era no sólo del reconocimiento de los derechos, sino en la de lograr su protección. Las ideas sobre cómo proteger los derechos han evolucionado al igual que nuestras concepciones sobre lo que éstos son. Una creencia extendida del pensamiento liberal consistía –y aún muchos piensan así–que bastaba que las leyes y constituciones reconocieran los derechos o que las leyes establecieran obligaciones específicas para que quedaran ipso facto protegidos. Los abogados y juristas lo pensaron durante mucho tiempo que eso era todo lo que se podía y debía hacer. La evolución que ha tenido la idea de los derechos desde el siglo XVIII, cuando se reconocieron por primera vez los derechos civiles y políticos en documentos político-jurídicos, ha llevado al reconocimiento paulatino de otras “generaciones” de derechos: a) la segunda generación (derechos sociales, económicos y culturales); y b) la tercera generación, (derechos medioambientales y derechos al desarrollo de los pueblos). El reconocimiento de estos derechos y su defensa han generado reflexiones en torno a cómo protegerlos, las cuales han mostrado la importancia de una protección y garantía integrales, pues existen entre ellos relaciones conceptuales y causales (indivisibilidad e interdependencia, y universalidad y progresividad). Durante alguna época se pensó que si un derecho no podía protegerse entonces no podía ser un derecho. Y en este sentido muchas voces sostuvieron que los derechos sociales no podían ser verdaderos derechos. Hoy se ha podido demostrar que tales derechos se pueden proteger, e incluso exigir judicialmente. Quizá el problema es que su protección es muy costosa y un Estado necesita enfocar buena parte del gasto público a la satisfacción de éstos. Esto indica que la protección de los derechos sociales –y la del resto
de los derechos– está vinculada estrechamente con problemas de justicia distributiva. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares de 2012 se observa cómo en nuestro país la riqueza (ingreso por familia) es muy desigual. El 10% de los hogares más pobres recibió sólo 1.9% del ingreso total, con todo y las ayudas sociales. Asimismo, 10% de los más ricos recibió 34.8% del ingreso total. Esto habla de una desproporcionada concentración del ingreso en unos pocos (véase David Márquez Ayala, <http://www.vectoreconomico.com.mx>). Así, existe un rol importante que la administración de justicia puede tener, no se trata de que reparta los recursos de forma directa, sino que supervise y contribuya a hacer valer que los derechos de los
Durante alguna época se pensó que si un derecho no podía protegerse entonces no podía ser un derecho. Y muchas voces sostuvieron que los derechos sociales no podían ser verdaderos derechos excluidos se garanticen adecuadamente. Para que las políticas sociales cumplan funciones de protección real y efectiva de derechos sociales deben acompañarse de una política decidida y firme de transparencia y supervisión en el cumplimento de metas y de rendición de cuentas con controles judiciales. El que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades, transparencia, rendición de cuentas, etc., y tener un poder del Estado que apoye sus reclamos son pasos necesarios para contrarrestar el clientelismo y el uso político de los programas sociales. Los teóricos del derecho y los constitucionalistas no podemos quedarnos al margen de estos factores y procesos que influyen en la eficacia de los derechos, cualquier sistema de protección debe ser concebido como un sistema integral, donde lo jurídico es una pieza más de un engranaje complejo que estamos obligados a desentrañar y comprender. H *Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
La ONU investiga ataque químico en Siria (EFE).- Como consecuencia del conflicto que se vive en Siria, investigadores de Naciones Unidas visitaron el distrito de Ghouta, al este de Damasco donde, de acuerdo con datos de los grupos opositores, más de mil 400 personas murieron a causa de un ataque con armas químicas perpetrado por el régimen. El gobierno de Bachar al-Asad les permitió tomar muestras del suelo de las zonas afectadas y de sangre y tejidos de las víctimas, además de tener entrevistas con vecinos de la zona. Con ello corroborarán si el ataque que se produjo fue con algún gas tóxico. Las investigaciones se realizan a pesar de que tiradores anónimos trataron de impedirlo lanzando disparos cuando ya estaban en la zona de protección, donde ya se había declarado un alto al fuego por el gobierno y los opositores.
Washington, D. C.
Ecuador niega abortos seguros y lícitos a víctimas de violación
La legislación restrictiva de Ecuador en materia de aborto pone en riesgo la salud y la vida de víctimas de violación sexual, señaló Human Rights Watch en su informe Criminalización de las víctimas de violación sexual. El aborto ilegal luego de una violación en Ecuador. En él se evidencia que el Código Penal ecuatoriano limita los derechos reproductivos de las mujeres al prohibir el aborto salvo en contadas excepciones, incluso en caso de embarazos provocados por agresión sexual. De acuerdo con el informe, se tenía previsto que a finales de agosto de 2013, la Asamblea Nacional abordaría una serie de importantes reformas al Código Penal. Sin embargo, no existen certezas de que la propuesta para la despenalización de todos los casos de violación, que surgió durante un debate en la Asamblea en 2012, avance durante tales deliberaciones.
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milenio
20 o Lunes 2 de septiembre de 2013
DH
Las salas, un espacio para los derechos humanos
Festival Internacional de Cine
imágenes tomadas de http://www.dhfest.org/
Redes sociales y encuentro de blogueras… algunos de los atractivos del festival Este año se da espacio a una temática sumamente relevante: el derecho que tenemos a expresarnos libremente en redes sociales. Estos espacios, enfatiza Guillé, han contribuido a la democratización de la información, han trascendido fronteras, e incluso, han sido determinantes en las nuevas protestas políticas y sociales como es el caso la primavera árabe. Entre las actividades que se tienen programadas para este festival están la proyección de películas reconocidas a nivel nacional e internacional sobre el tema, además del Encuentro Internacional de Blogueras: “se han invitado a cinco activistas africanas y a una española para hablar de cómo vivieron la primavera árabe en cada uno de sus países con el objetivo de hacer una reflexión de la manera en que la libertad en la información está generando esta posibilidad de democratización en las sociedades.” Aunado a esto, está en marcha el proyecto Cine Móvil, el cual está circulando desde junio por diversas plazas públicas, generando conciencia sobre los derechos humanos mediante el cine. Se trata de una propuesta diversa y atractiva a través del séptimo arte que se convierte en necesaria, sobre todo en un país donde aún falta mucho por hacer en la promoción y la defensa de los derechos humanos, como lo es México. La proyección de las cintas de este festival tendrán lugar en Cinépolis Diana, en la Filmoteca de la UNAM, así como en la Cineteca Nacional. H
Películas El proyecto se realiza en un momento determinante para México donde existe un “despertar hacia los derechos humanos gracias al interés y colaboración de diversos actores de la sociedad: empresas, sociedad civil y el mismo gobierno”, afirma Guillé-Laris
Seleccion oficial lZero Silence, (Alexandra Sandels/ Javeria Rizvi/ Jonny von Wallström, Camboya-Francia, 2011)
l Words Of Witness, (Mai Iskander, EgiptoEEUU, 2012)
l Silenced Voices, (Beate Arnestad, Noruega, 2012)
l Tea Or Electricity, (Jerome Le Maire, BelgicaFrancia-Marruecos, 2012)
Eduardo Almanza Ríos y Elia Almanza Amaro
lMama Illegal, (Ed Moschitz, Austria-Moldavia,
undación Cinépolis, una de las cadenas distribuidoras de cine más grande de México, realiza por sexta ocasión el Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos en la ciudad de México, del 2 al 6 de octubre. En esta ocasión, el festival pone en la mira una temática tanto coyuntural como significativa: la democracia y la libertad de expresión en redes sociales. Lorena Guillé-Laris, directora general de la sexta edición del festival, dijo a DH que “El festival nace por tres razones: porque estamos conscientes de que el cine es el arte social de nuestros tiempos y tiene la capacidad de reflejar la experiencia humana; por el eje educativo que representa y la manera en que genera
l Bajo Tortura, (Cristina Juárez, México, 2012) l La Revolución de los Alcatraces, (Luciana
F milenio
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2012)
Kaplan, México, 2012
l Serpientes y Escaleras, (Omar Iturbe, Keisdo
Shimabukuro, Luis Ernesto Nava, México, 2013)
conciencia; y por el compromiso de Cinépolis con los temas sociales y en específico con los derechos humanos.” Afirma que el festival “tiene como objetivo que toda persona que tenga oportunidad de asistir, tome a los derechos humanos no como algo ajeno sino como parte de sí mismo, que conozca, por ejemplo, que lo que le sucede a una persona que es privada de sus derechos en otro país nos incumbe a todas y todos los seres humanos”.
lForbidden Voices, (Bárbara Millar, Suiza, 2012) l High Tec Low Life, (Stephen T. Maing, ChinaEEUU, 2012)
l Red Wedding, (Guillaume Suon, Lida Chan, Camboya-Francia, 2012)
l Whithin The Eye Of The Storm, (Shelley Hermon, Israel, 2012)
lPutos Peronistas, (Rodolfo Cesatti, Argentina, 2012)
l Benghazi, (Natalia Orozco, México, 2012) l Rosario, (Shula Erenberg, México, 2013)
Lunes 2 de septiembre de 2013 o 21
DH
ERNESTO GóMEZ
Compañía de teatro Seña y verbo
Cuando el diálogo va más allá de las palabras ERNESTO GóMEZ
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 5,739,270 personas que viven con alguna discapacidad, de las cuales 12.1% tiene dificultad para escuchar
CONTACTO
Dónde acudir
Alexis Jiménez Calderón y Eduardo Almanza Ríos
L
as pocas oportunidades de trabajo y estudio son algunos de los problemas que enfrentan. Ante esta situación, la compañía teatral Seña y Verbo, A. C., ha incursionado desde hace 20 años en la promoción del respeto a las personas sordas en México. Su objetivo principal es educar a todo tipo de público en materia del lenguaje de señas, ya que por desgracia la Lengua de Señas Mexicana (LSM)
de acercar a todo público y crear una imagen positiva de las personas sordas como seres con particularidades que los hacen interesantes. Guadalupe Vergara, actriz de teatro para sordos; y Michel Picasso, administradora general e intérprete de señas, explican que Seña y Verbo está conformada por cinco personas sordas, seis personas oyentes y el director teatral, Alberto Lomnitz, quien se inspiró al ver una obra extranjera para iniciar el proyecto. “Todas las obras son un reto, ya que durante los ensayos es necesario repetir al mismo tiempo los diálogos de los actores oyentes para crear una mejor sincronía con el lenguaje de señas a la hora de interpretarlo para el público”, explica Guadalupe Vergara, quien comenta que al inicio la propuesta de esta compañía teatral para entablar un dialogo en equidad con las personas sordas fue difícil e incierta. Y es que en 1992, año en que surge, había una escasa oferta de compañías de teatro que tuvieran un proyecto de este tipo que fuera entretenido, aunado a que eran muy poco conocidas y difundidas entre la propia comunidad sorda. Con el tiempo la propuesta de Seña y Verbo se fue fortaleciendo en inclusión y creatividad en cada obra, ganándose la preferencia tanto del público sordo como del oyente y la admiración de diversas instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Unión de Cronistas y Críticos de Teatro, A. C. Además, ha sido reconocida en diferentes países como El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Austria y China, entre otros. Para estas fechas se presentan con dos puestas en escena. La primera es ¡¿Quién te entiende?!, obra de teatro narrativo bilingüe (en LSM y español hablado) basada en los testimonios reales de tres hombres sordos nacidos en la sociedad oyente del Distrito Federal y que se enfrentan al mismo problema: cómo comunicarse. La segunda es La vuelta al mundo en 80 días, conocida novela de Julio Verne, en la que dos personajes participan en el concurso de recorrer el mundo en un globo aerostático, viviendo un sinfín de aventuras. Si bien aún falta mucho por hacer en materia de inclusión de las personas sordas, proyectos como los de Seña y Verbo contribuyen al fortalecimiento de esa comunicación entre distintas realidades y contextos, lo que ayuda en gran medida y de manera positiva a que la sociedad mexicana sea más humana y solidaria. H
l Dirección: Patricio Sanz 405, P. B., col. Del Valle, delegación Benito Juárez, 03100, México, D. F.
no es muy conocida. Para su difusión organiza obras de teatro y talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes en donde se abordan cuestiones básicas del lenguaje de señas, como decir “hola”, “mucho gusto”, colores y animales, entre otros. Las temáticas son diferentes con el propósito
l Tels.: (55)5211 6012 y (55)5211 0758. l Página web: <http://www.teatrodesordos. org.mx/senayverbo>, para consultar fechas y horarios de las obras y ver noticias, galerías de fotos y diversas promociones.
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22 o Lunes 2 de septiembre de 2013
DH
especial
Grandes aportaciones
De la música a los derechos humanos Diversos acordes han acompañado la lucha social desde los movimientos de derechos civiles y políticos a favor de la población afroamericana, hasta aquellos en contra de la Guerra de Vietnam
La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al aprender desde su más tierna edad a escuchar al otro, el niño descubre lo que es la tolerancia y se protege de los instintos bárbaros. La música les tendría que pertenecer, como el aire, el agua y la leche, ya que a nuestros ojos, forma parte de los derechos humanos. Representa una fuerza desconocida en la sociedad, capaz de hacer mover las cosas.
Yehudi Menuhin, Violinista y director de orquesta estadunidense. Claudia Vásquez Ortuño
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D
esde siempre, la música ha logrado generar conciencia a lo largo de varias generaciones. Las letras de varias canciones consiguen hacernos reflexionar acerca de diversas situaciones, e incluso sobre nuestras actitudes. En ocasiones, han sido el estandarte para cambiar la realidad que rodea a diversos sectores de la población. Podemos citar varios ejemplos sobre cómo la música ha acompañado la lucha por los derechos humanos en diversas manifestaciones: desde los movimientos de derechos civiles y políticos a favor de la población afroamericana, hasta aquellos en contra de la Guerra de Vietnam. Por su parte, en Latinoamérica se conformó la nueva canción latinoamericana con artistas que cantaban y componían canciones de denuncia sobre las dictaduras militares que se vivieron en este lado del hemisferio, sobre la pobreza y la injusticia. Se buscaba crear conciencia, especialmente en la clase media y obrera, de la necesidad de un cambio radical de las estructuras socioeconómicas, presentando temas relacionados con la represión militar o la desigualdad social.2 Expresar a través de una canción el dolor de muchos por la desigualdad que se vivía, cohesionaba a los grupos y ayudaba a buscar la reivindicación de sus peticiones. Rescatemos algunas canciones como ejemplo de banderas de lucha a favor de los derechos humanos: We shall overcome, adaptación de Pete Seger a una canción eclesiástica compuesta por el reverendo Charles Tindley, que fue el himno de
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la lucha por reivindicar los derechos civiles y políticos en Estados Unidos. Blowing in the wind, de Bob Dylan, era utilizada para mostrar la inconformidad y el reproche en contra de la Guerra de Vietnam. Sólo le pido a dios, de León Gieco, denuncia lo ocurrido durante la dictadura en Argentina. Todos y todas, en algún momento, hemos escuchado la frase “la música es un lenguaje universal”, y creo que no se acuñó en vano. A continuación ejemplifico esta percepción de la música. Hacia finales de la década de 1960, Sixto Rodríguez,3 un cantante norteamericano que tocaba en bares, fue contactado por un par de productores que lo convencieron de grabar un disco. La producción no tuvo éxito. A pesar de eso, otro productor lo contactó para realizar un nuevo álbum. Ninguna de esas grabaciones, Cold Fact (1970) y Coming from Reality (1971), tuvo éxito en Estados Unidos. Sin embargo, del otro lado del mundo, en Sudáfrica, sus canciones fueron muy bien acogidas por las y los jóvenes de ese país y, a la postre, se convirtieron en el emblema de la lucha contra el apartheid.4 Debido a sus letras, fueron prohibidas por la South African Broadcasting Corporation.5 Éste es sólo un ejemplo de cómo la música no tiene fronteras y de cómo lo único que importa es que el mensaje resuene en quienes lo quieren escuchar. Hay varios artistas a quienes se les reconoce su lucha por los derechos humanos, que incluso han sido la cara de diversas campañas de reivindicación de temáticas trascendentes. Es difícil no incorporar a John Lennon en esta lista de artistas comprometidos con los derechos humanos. Varias fueron sus canciones a favor de la paz, como Give peace a chance o Imagine, que se han convertido en himnos reconocidos en contra de la violencia. Por su parte, Tracy Chapman, cantante estadunidense, ha escrito sobre el racismo y las condiciones de vida en los suburbios. Entre sus canciones destacan Across the lines y Freedom Now. Cabe mencionar también a Elton John, quien se ha solidarizado con la lucha contra el vih/sida. Luego de haber convivido con Ryan White,6 creó la Fundación Elton John contra el Sida. La canción The last song está dedicada a recordar este esfuerzo. La necesidad de expresar y denunciar tiene en la música un excelente aliado. Artistas de todo el mundo lo han entendido así y los de México no son la excepción. Hace unos años surgió la banda de rock llamada Macario,7 cuyos integrantes han logrado transmitir a través de sus canciones un mensaje de indignación por la situación que atraviesa nuestro país. Ya sea al practicarla, o por el simple hecho de escucharla, la música logra transmitir mensajes de respeto, diálogo, inclusión y solidaridad, por citar algunos ejemplos. La música es un elemento funda-
mental de expresión que comunica, transforma y contribuye a impulsar procesos de cambio.
Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world… You may say that I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you’ll join us and the world will be as one.8 Imagine, John Lennon. H Etnóloga. Trabaja en la Dirección General de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf).
1
2 Enrique Yepes, “La ‘Nueva Canción’ latinoamericana”, artículos sobre América Latina, disponible en <http://www.bowdoin. edu/~eyepes/latam/nuevcanc.htm>, página consultada el 14 de agosto de 2013. 3 La historia de este artista se cuenta en el documental Searching for Sugar Man [Buscando a Sugar Man], dirigido por Malik Bendjelloul en 2012.
Nombre que se refiere al fenómeno de segregación racial instaurada en Sudáfrica de 1948 a 1992.
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5 Empresa estatal de radio y televisión de Sudáfrica. 6 Joven estadunidense que murió en 1990 a causa del vih/sida y se convirtió en un referente en su país para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad.
Grupo conformado por Federico Quintana, Claudio Pezzotti, Iker Moranche y Rodrigo Vázquez. El nombre lo tienen como homenaje a la película Macario, del director Roberto Gavaldón. 7
Traducción: “Imagina que no hay posesiones, me pregunto si podrás hacerlo, sin necesidad de codicia ni hambre, una hermandad de hombres. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno solo”.
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Lunes 2 de septiembre de 2013 o 23
Amarillo cuento
por Sandra Heredia Montaño*
A
marillo, verde, rojo. Rojo. Rojo. Rojo. Manuel se detiene frente al aparador de una tienda nueva. Hay dos pantallas enormes, tan grandes como las del cine. Los colores se ven más brillantes, la gente más sonriente. En ambas se anuncian las vacaciones, por fin habrá días de descanso, de reuniones familiares. Al fin los maestros, las tareas, los exámenes, todo quedará en la escuela encerrado, atrapado para no torturar a más niños, hasta dentro de dos meses. Felicidad. Otro anuncio comercial grita a todo el mundo el verdadero domicilio del paraíso en la tierra y con precios accesibles: un balneario con toboganes de colores. El agua cristalina corre por ellos y desemboca en albercas monumentales. Manuel piensa que así de enorme debe ser el mar. La familia sonríe por todo. Cada paso, cada movimiento provoca más alegría. Un bebé deja caer la comida de su boca y la mamá lo limpia sonriendo. Un niño ensucia el piso limpísimo con el lodo que arrastra en sus zapatos y el papá riendo lo abraza. Eso de las vacaciones debe ser muy bueno, reflexiona Manuel. Ojalá Cecilia lo abrazara así, todos dicen que ella es su mamá. Un empleado entra y empieza a encender los demás aparatos que se exhiben. Manuel no sabe qué son, casi todos tienen demasiados botones, letras juntas, palabras muy raras, como escritas por extraterrestres. Manuel sonríe. El empleado lo mira afectuosamente. Toma una caja grande y la abre, mete la mano en ella mientras los ojos del pequeño no pierden detalle. Lentamente hace emerger el sueño de cualquier niño: un robot plateado con de-
corados azules en el pecho y antebrazos. Los ojos de Manuel se convierten en dos platos enormes de cristal. Inmóvil presume su casco azul, los ojos negros, un lanzarayos del lado derecho, botas y guantes de metal. De pies a cabeza el robot es perfecto. Entonces un pequeño movimiento del empleado provoca el milagro de la vida. Manuel no puede creerlo, pega sus manos al vidrio y despliega la sonrisa más grande y hermosa que tiene. El robot mueve la cabeza: derecha, izquierda. Los brazos: arriba, abajo. Se encienden sus ojos, se tornan rojos. El lanzarayos anuncia que está listo mediante una pequeña luz parpadeante. Lentamente da un paso hacia adelante, se doblan las rodillas y permanece en posición de ataque. Manuel piensa que en cualquier momento empezará a volar, que se elevará burlándose de todos esos torpes aparatos fijos sobre la tierra; que la velocidad aumentará, dará dos o tres giros y repentinamente saldrá volando rompiendo el vidrio del aparador, y que antes de desaparecer le hará un saludo militar. Es ahora Manuel quien está inmóvil. Solamente el vaho en el cristal corrobora que aún respira. De pronto, un golpe inesperado empuja su cabeza y lo hace chocar contra el aparador. Su sonrisa cae rota en silencio. Voltea rápidamente dispuesto a contestar la agresión, a su lado encuentra el rostro impaciente de Christian. Entonces Manuel despierta. Christian separa su dedo índice y señala ansioso hacia arriba: amarillo, rojo. Manuel comprende enseguida. Trata de recoger un pedazo de sonrisa que no está tan destruida, da una última mirada al aparador de un mundo ajeno, de un sueño que no es el suyo. Toma su botella con agua de jabón y empieza a recorrer lentamente un laberinto de autos sucios. H *Cuentista
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Breves Internacionales Río de Janeiro
Tiene el ser humano deuda ambiental (DPA).- El consumo humano ha rebasado la capacidad de la naturaleza de renovar sus recursos, así lo señaló un informe de la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). La investigación, realizada por la Red Global de la Huella Ecológica, calcula la demanda de alimentos, materias primas y absorción de gas carbónico, entre otros; y reveló que en poco más de ocho meses, la humanidad utilizó todos los recursos que la naturaleza es capaz de reponer en un año, lo que significa que el planeta ha empezado a “operar en rojo”. Lo anterior supone elevar el “debito ecológico”, lo cual se ve reflejado en la reducción de bosques, la pérdida de la biodiversidad, el colapso de los recursos de pesca, la escasez de alimentos, la disminución de la productividad del suelo y la acumulación de gas carbónico en la atmósfera. Esto, además de dañar el medio ambiente, afecta la economía.
Moscú
Analizan en Rusia prohibir a homosexuales donar sangre (EFE).- La Cámara de Diputados de Rusia, la Duma, analizará prohibir que las personas con orientación sexual diversa puedan donar sangre. De acuerdo con declaraciones de Mijaíl Degtiariov, vicepresidente del Comité de Ciencias del organismo estatal y candidato a la alcaldía de Moscú, se buscará la forma de volver a incluir a la homosexualidad en la lista de contraindicaciones para donar sangre. Degtiariov aseguro que no se trata de una acción discriminatoria, pues de acuerdo con sus datos alrededor de 65% de quienes viven con vih/sida son homosexuales. En Rusia las personas con orientación sexual diversa pueden donar sangre desde 2008. Esta posibilidad había estado vedada desde los tiempos de la URSS, cuando el Código Penal castigaba la homosexualidad hasta con cinco años de prisión.
Lima
Trabajadores latinoamericanos carecen de seguridad social
juan carlos fleicer
(EFE).- En América Latina y el Caribe, 32.1% de las y los trabajadores urbanos carecen de seguridad social o pensión; y menos de 5% de ellos puede acceder a un seguro de desempleo, informó la Organización Internacional del Trabajo (oit). En un documento presentado durante el seminario El rol de los pisos de protección social en los sistemas integrales de seguridad social en América Latina y el Caribe, la oit señaló que los niveles de cobertura de protección social para las y los trabajadores urbanos cubren a 67.9% de éstos, ya sea en salud, en pensiones o en ambas. También refirió que sólo siete países de América Latina y tres del Caribe –sin precisar cuáles– cuentan con seguros de desempleo para mantener los ingresos de quienes quedan desocupados, y que menos de 5% de las y los trabajadores de la región pueden recibir las prestaciones de un seguro de desempleo. www.milenio.com
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24 o Lunes 2 de septiembre de 2013
DH
Los derechos humanos nos permiten vivir con dignidad: los Botellos
Defensa contra los gandallas del poder alejandro cuevas
entrevista Abraham Cornejo Medina
U
na de las bandas mexicanas más representativas del rock nacional, siempre alzando la voz contra las injusticias sociales desde su muy particular y alburera mirada musical… con ustedes “La Dos Veces Heroica Botellita de Jerez”. Francisco Barrios “Mastuerzo” (batería), Armando Vega Gil (bajo), Santiago Ojeda (guitarra) y Rafael González (teclados y percusiones); todos vocalistas, platicaron con DH sobre la indignación de la gente ante lo que sucede en el país. El Mastuerzo se plantea la pregunta ¿los derechos humanos de dónde surgen? Y el mismo responde: “Como una conquista o es una dadiva de los poderosos”. Acto seguido, con un tono de indignación afirma “los derechos humanos se violan cotidianamente”. Considera que ante las acciones de gobernadores corruptos, la represión a los pobladores de San Salvador Atenco, las miles de personas fallecidas por la estrategia militar contra el narcotráfico, los derechos de dichos gobernantes deberían quedar cancelados. Por ello, apuntó, los derechos humanos se pueden defender y difundir desde la música con canciones; de hecho el Mastuerzo” considera que sus rolas abordan estos temas. Sin embrago el líder de los Botellos asume una postura crítica a los derechos humanos pues considera que no los respetan y que las instituciones que los defienden no tienen el peso suficiente para sancionar al Estado. “Parecen como una especie de adorno los derechos humanos, en México y en el mundo… cuando en realidad hay tantas y tantas violaciones cotidianas a ellos… Este es un Estado violento que cotidianamente violenta a los trabajadores, a los seres humanos, a los niños, a los viejos…”, enfatizó. Y a los defensores de derechos humanos les deja la siguiente declaración: “Miro a los compas de Derechos Humanos, yo digo, gente re bien intencionada… pasarán a la historia por intentar hacer algo chipocludo para la humanidad”. Para otros de los creadores del “Guacarock”, Armando Vega Gil, los derechos humanos son “el espacio vital mínimo intelectual y de salud física y de bienestar que cada persona tiene en el planeta”. Consciente de la injusticia en nuestro país, considera que “debemos defender la esencia humana frente al poder y los gandallas que vienen desde las altas cumbres”. A manera de reflexión sobre la situación de vulnerabilidad que sufren ciertos sectores de la población dijo: “Pareciera que los que no tienen nada no tienen derecho a nada”. Vega Gil además analizó la situación laboral en México y considera que es injusto que un obrero gane 60 pesos diarios, pues no le alcanza el dinero para fomentar su derecho a la educación, salud o la diversión. El bajista celebró que existan los derechos humanos los cuales le permiten a la sociedad vivir con dignidad. Santiago Ojeda considera que “los derechos
milenio
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el dato
Porqué la HH l Este año Sergio Arau, “El Uyuyuy”, decidió
hacerse a un lado de este proyecto por lo cual ahora el grupo se llama La HH Botellita de Jerez. El ritmo y sonido de esta banda surgió tomando como base la canción de Tlalocman, cuya composición es de la autoría del cineasta Alfonso Arau, padre de Sergio Arau, y del escritor Carlos Monsiváis.
Rolas básicas l Alármala de tos, Charrockandroll, El guacarrock del Santo, Niña de mis ojos, Abuelita de Batman, Luna misteriosa
humanos son algo que nos da cierta libertad para vivir en esta sociedad”. Por otra parte, dijo tener la esperanza de que en México sean respetados como lo hacen en países del continente europeo: “Ojala algún día los derechos humanos en México se respeten igual que en Dinamarca o Suiza”. Rafael, también conocido como el Sr. González, en una sola frase puntualiza: “Ante los abusos del poder lo que tenemos son nuestros derechos y hay que hacerlos valer”.
Los Botellos actualmente están de gira, “Luna Misteriosa”, con motivo de su 30 aniversario además de que ya preparan el lanzamiento de un nuevo disco. Y precisamente para exigir y promover sus derechos, La HH Botellita de Jerez anuncia que el próximo domingo 22 de septiembre ofrecerá un concierto en el Zócalo capitalino en el marco de Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz. H