Protocolo

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA ELABORAR UNA OPINIÓN TÉCNICA: MANIFESTACIÓN, MOVILIDAD Y DERECHOS HUMANOS. UNA PROPUESTA DE APROXIMACIÓN DESDE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Introducción El Distrito Federal es una urbe peculiar debido al tamaño y diversidad de la población que la conforma, la cual presenta necesidades, identidades y tradiciones diversas. El dinamismo y diversidad de la ciudad capital se expresan a partir de la enorme cantidad de concentraciones y manifestaciones públicas que en ella tienen lugar, entre ferias, peregrinaciones, acontecimientos deportivos, conciertos, mítines, plantones, romerías, marchas, entre otros eventos culturales, políticos y sociales que transcurren en el espacio público.

Resulta difícil encontrar un registro exhaustivo del conjunto de eventos masivos que se celebran en la ciudad. Para acercarse a ello, es posible mencionar como ejemplo que la Secretaría de Seguridad Pública documentó que entre los años 2010 y 2012 brindó cobertura a un total de 11,346 eventos en los que coincidieron casi 7 millones de personas.1 Cabe señalar que una proporción importante de los eventos antes señalados (64.7%) tuvo relación con temáticas de carácter federal, situación que se explica en buena medida por el establecimiento de los poderes nacionales en la Ciudad de México. 2

Total de actos masivos en el periodo bajo análisis: 11, 346 actos masivos de los cuales 4, 009 se vincularon con el ámbito local y 7, 337 estuvieron vinculados con el ámbito federal

Total de participantes en actos masivos en el periodo bajo análisis: 6, 926, 205 personas. 896, 601 personas participaron en actos masivos asociados al ámbito local mientras que 6, 029, 604 personas participaron en actos masivos relacionados con el ámbito federal.

1

Gobierno del Distrito Federal - Secretaría de Seguridad Pública - Dirección General de Enlace Institucional, Información del 1° de enero al 31 de julio de 2012. Cifras estimadas, sujetas a revisión. Transcripción textual del “Anexo Estadístico” del Sexto Informe de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, 2011-2012, pp.

166 y 167. Disponible en: http://www.df.gob.mx/images/docs/informes/6toinforme/AnexoEstad6tob.pdf, página consultada el 08 de noviembre de 2013.

2 Ídem.

El Informe del Gobierno del Distrito Federal 2011-2012 también señala la importancia de la Ciudad como un espacio donde se ejercen los derechos de libertad de expresión y manifestación.3 La

revisión

investigadas

por

de la

las

quejas

Comisión

de

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entre los meses de enero de 2012

y

octubre

de

2013

permite

identificar una serie de problemáticas relacionadas con el desarrollo de este tipo de eventos. Por ejemplo, en el periodo de análisis se registraron 39 quejas por presuntas violaciones al derecho de libertad de expresión; 31 por afectaciones al derecho de reunión; y 24 quejas por derecho de circulación y residencia. En esta situación destaca la mención a algunas autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Transporte y Vialidad como autoridades presuntamente responsables.4 Si bien las narraciones de hechos registradas revelan una mayor incidencia de quejas por intimidación, amenazas y agresiones físicas en contra de personas que se manifiestan públicamente, también existen registros de profesionales de comunicación que son víctimas de maltrato físico, verbal y psicológico cuando se encuentran realizando su trabajo en el contexto de manifestaciones públicas. De igual manera, en las quejas analizadas también se puede apreciar la existencia inconformidades por parte de las personas que transitan por la ciudad debido a los bloqueos de las calles en virtud de la celebración de fiestas patronales, marchas o bien, por la apropiación del espacio público que llevan a cabo microbuses o unidades del transporte público en general.

3 GDF,

“Resumen analítico” del Sexto Informe de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, 2011-2012, p.

45, disponible en <http://www.df.gob.mx/images/docs/informes/6toinforme/Analitico6tob.pdf> consultado el 08 de noviembre de 2013.

4 Datos proporcionados por la Subdirección de Estadística-CIADH, a partir del Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI), 2012-2013, base de producción actualizada el 7 de noviembre de 2013.

Por su parte, el sector empresarial se ha manifestado en contra de la afectación económica que se ha generado debido a las protestas, por ejemplo, en el marco del plantón en el Zócalo capitalino durante este año.5 Así las cosas y teniendo presente el amplio debate que se ha suscitado sobre esta temática de manera reciente, que la CDHDF desde su ámbito de competencia, es decir desde la perspectiva de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos así como del derecho comparado, llevará a cabo una investigación sobre esta temática con la finalidad de emitir en su oportunidad una opinión técnica al respecto y poder así aportar elementos a la discusión buscando la identificación de buenas prácticas en la materia.

Preguntas de investigación La investigación se guiará alrededor de las siguientes preguntas: •

¿Las normas internacionales de protección de los derechos humanos permiten una regulación del derecho de reunión o de manifestación pública?

•

En caso de que sea posible regular el derecho de reunión y el de manifestación pública desde un enfoque de derechos, ¿Cuáles son los ámbitos que es posible regular? (Sujetos, autoridades, uso del espacio público)

Planteamiento del problema En el marco de una sociedad democrática, el ejercicio de los derechos fundamentales puede variar enormemente de acuerdo con las condiciones políticas, sociales y fácticas que caracterizan su composición heterogénea. Si bien la existencia de un sistema democrático supone un ejercicio de respeto, protección y tolerancia hacia personas y grupos que piensan, se expresan y opinan de manera diversa, es necesario reconocer que en su implementación pueden surgir conflictos entre los intereses y derechos de quienes integramos una comunidad.

5

SEDECO, Presenta la SEDECO Reporte Preliminar sobre Afectación Económica por protestas en el Zócalo capitalino, Secretaría de Desarrollo Económico, Boletín 35-2013, Septiembre de 2013; SEDECO, Reporte Preliminar Sobre La Afectación Económica Causada Por Los Movimientos De Protesta En El Zócalo Capitalino, Septiembre, 2013. El estudio arroja que la estimación promedio de la disminución diaria de ventas alcanzó los 10 millones 675 mil 797 pesos, lo que representa una pérdida semanal de 67 millones 325 mil 485 pesos, lo cual, a su vez, da un total de pérdida aproximada 201 millones 976 mil 455 pesos, del 20 de agosto al 7 de septiembre de 2013, tiempo en que los comerciantes expresaron han durado las protestas.

El ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación o incluso, la protesta social, y su relación con otros derechos, a través de la utilización del espacio público como canal material de expresión, puede generar una serie de afectaciones viales y sociales que entren en conflicto con los derechos de quienes no forman parte de dicha manifestación o de quienes, por alguna razón, no simpatizan con ella. Así, el ejercicio del derecho a la movilidad, el derecho a la circulación, o incluso el derecho al trabajo pueden verse limitados de facto por la realización de movilizaciones de cualquier tipo –sean éstas religiosas, políticas, culturales, de protesta, de apoyo o de exigencia-.

En este contexto, y frente a un panorama en donde concurren o pueden entrar en pugna el ejercicio de los derechos humanos, las autoridades del Estado tienen a su cargo la obligación de generar una serie de respuestas efectivas, a través de procesos de diálogo y canales de comunicación incluyentes que se encuentren basados en el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna, con el objetivo de armonizar los intereses y derechos en juego; procurando ocasionar la menor cantidad de afectaciones a los derechos humanos de las personas involucradas y tomando en consideración las características y condiciones del escenario social en donde se inscribe dicho conflicto.

Desde luego, no se trata de un tema de derechos de minorías contra mayorías, sino de llevar a cabo un análisis integral de la problemática en donde el centro de la solución sea siempre la protección de los derechos de las personas y se asegure el carácter interdependiente e indivisible de los derechos.

De manera particular, en cuanto a la posible colisión entre los derechos a la manifestación o protesta social y otros derechos, como la movilidad, el reto de las autoridades consiste en propiciar mecanismos de armonización en torno a la utilización del espacio público desde un enfoque de equilibrio que no genere respuestas o soluciones excluyentes y que se encuentren fundados en el desarrollo de un diálogo abierto, permanente y plural propio de cualquier sociedad democrática.

Ejes temáticos para el análisis de la problemática •

Analizar los elementos que conforman el derecho a la reunión y manifestación pacífica que incluya todas sus formas de expresión (ferias, peregrinaciones, acontecimientos deportivos, conciertos, mítines, plantones, romerías, marchas, entre otros eventos culturales, políticos y sociales que transcurren en el espacio público, etc.) con la finalidad de establecer los parámetros de obligación de las autoridades.

•

Identificar el contenido de las obligaciones del Estado establecidas en el artículo 1º de la Constitución y corpus iuris internacional (respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos) de las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica, y en particular, el alcance de las obligaciones específicas del Estado, y que puedan traducirse en la existencia de protocolos de actuación, restricciones al uso de la fuerza, acceso a servicios médicos, capacitación de servidores públicos, o alguna otra medida que se pueda advertir del análisis de las buenas prácticas en algunos Estados democráticos.

•

Identificar las obligaciones del Estado hacia las personas que no participan en las movilizaciones ciudadanas que se desarrollan en el espacio público y que transitan por la ciudad, con el propósito de identificar el alcance de las obligaciones que tiene el Estado y que podrían traducirse en canales de comunicaciones para informar sobre la realización de estos eventos, encontrar rutas alternativas para descongestionar el tránsito, o algunas otras alternativas que existan en el marco de la identificación de buenas prácticas.

•

Estudiar la manera en que los Estados Constitucionales y democráticos han resuelto el conflicto entre los derechos de reunión y manifestación y los derechos de aquellas personas que no participan en las movilizaciones ciudadanas.

Objetivo General Identificar desde una perspectiva de derechos humanos los distintos elementos que deben ser considerados para analizar de manera integral las implicaciones sociales que pueden producirse en el marco del ejercicio del derecho a la manifestación en el Distrito Federal, lo anterior con la finalidad de asegurar la mayor protección y la menor restricción de los

derechos de las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica en el espacio público así como de las personas que habitan y transitan en la ciudad.

Objetivos específicos •

Revisar los estándares internacionales relacionados con el derecho a la manifestación y a la libre circulación y tránsito, para delimitar el contenido y alcance de las obligaciones de las autoridades en esta materia e identificar buenas prácticas en otros países.

•

Realizar una revisión de la normatividad en el Distrito Federal así como de los protocolos de actuación de las autoridades en contexto de manifestaciones públicas, a fin de identificar los criterios utilizados y su armonización a los estándares internacionales.

•

Visibilizar los principales patrones de afectaciones a derechos humanos que pueden producirse en contextos de manifestaciones sociales.

•

Identificar criterios fijados por la CDHDF en recomendaciones emitidas por casos de marchas, plantones, ferias y otros eventos políticos y/o recreativos.

•

Evaluar la política pública (programas, campañas de difusión, acciones específicas) dirigida al fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos, enfatizando la armonización de aquellos derechos que podrían verse afectados por el ejercicio del derecho a la manifestación.

•

Proponer criterios mínimos de actuación a observar en el marco de manifestaciones públicas, en concordancia como las obligaciones internacionales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas, en particular, de las que ejercen su derecho a manifestarse de manera pacífica.