NOTA DE PRENSA 01/2019 CEAAAEC está absolutamente en desacuerdo con la aplicación, “en secreto”, de un impuesto a los estudiantes universitarios en prácticas o becarios que ha sido “colado” en el Decreto Ley de subida de pensiones. El decreto ley que sube este año las pensiones entre el 1,6% y el 3% también obliga a empresas, universidades e instituciones a incorporar en el régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas no laborales. La Conferencia de Rectores CRUE ya ha mostrado su desconcierto por "la aprobación sorpresiva" des esta media, ya que entiende que puede disminuir su oferta y ha pedido al Gobierno que abra un diálogo con las universidades para abordar los cambios. La CRUE celebra el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social, pero advierte de que pueden suponer una disminución de la oferta, crear dificultades económicas para las universidades y sembrar incertidumbre sobre "cómo y quién" debe hacerse cargo de ellas. Efectivamente constatamos que existen empresas que no pagan por estos servicios y solo hacen una donación o ayuda para transporte, alimentación o similar, cosa que es una buena medida para animar el mercado de contratación de nuevos trabajadores y que ayuda al estudiante que finaliza su carrera para obtener un puesto de trabajo que de otro modo, sería bastante complicado. En la línea de hacer guiños a sus socios de Gobierno o a los sindicatos y de paso cuadrar sus números en el presupuesto, parece enmarcarse el decreto del ejecutivo de Pedro Sánchez acerca de las prácticas en empresa de los estudiantes universitarios. En la actualidad, los títulos universitarios contemplan la posibilidad de realizar prácticas curriculares en empresas. Básicamente el modelo se basa en que el estudiante, dentro de la oferta optativa de su título, puede elegir cursar alguna asignatura o bien realizar prácticas en una empresa de forma tutelada conjuntamente desde la misma y la Universidad. La idea es buena, ya que facilita al estudiante adquirir conocimientos y experiencias «in situ» que no se pueden obtener en un aula. Además, permiten establecer relaciones que le ayuden a mejorar sus posibilidades de inserción laboral (ahora esto se llama networking). El tutor de la Universidad debe supervisar la práctica para que el estudiante realice en la empresa tareas en función de su capacitación y necesidades de formación. Por su parte la empresa, ayuda a formar futuros profesionales e incluso puede obtener un beneficio por el trabajo que el alumno realice y que compense su dedicación a la tutela del estudiante. Los estudiantes sólo eran dados de alta en la Seguridad Social si cobraban por realizar dichas prácticas.
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Es necesario hacer las siguientes consideraciones que creemos de gran notoriedad para ayudar a que el mercado de trabajo siga ofreciendo alguna posibilidad a los que terminan una carrera universitaria: 1º Las empresas generalmente no remuneran las prácticas o los trabajos de los alumnos en prácticas ó becarios. 2º Las empresas que dan ayudas lo hacen para transporte, alimentación o similares, pero en ningún caso pagan un salario, en cuyo caso sería un contrato de trabajo y se incluirían los descuentos legales. 3º La facilidad de realizar este tipo de acciones (prácticas o becarios) son una ayuda al propio estudiante que, generalmente al final de sus estudios, es contratado, motivo por el que sale beneficiado. 4º La mejor práctica para un estudiante es la que realiza en la vida real, ya que aprovecha mucho mejor sus conocimientos aplicados a las materias estudiadas, que las prácticas que recibiría en la propia universidad. 5º La aplicación de un impuesto de estas características, requiere un acuerdo Universidad-Gobierno, de forma que se pueda alcanzar una posición en la que sea el propio estudiante quien sea beneficiado. Esto evita la posterior salida de España de los mejores, que son “fichados” por compañías de otros países. 6º La gestión de un gobierno debe ser acorde a la mejor acción posible para beneficio de la nueva contratación de personas preparadas. Todas las trabas y cortapisas al proceso formativo-laboral, son impedimentos que fomentan negativamente el crecimiento. 7º El pago de ese nuevo impuesto al final acabará siendo pagado por los padres de los alumnos, ya que la empresa o la universidad seguramente obviarán dicho pago, además de soportar la burocracia que supone la puesta en marcha de dicho proceso. El afán “decretador” del gobierno, hace que continuamente estemos asistiendo a la carrera de errores más grande jamás vista, en tan poco tiempo. José Antonio Cecilia Presidente
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