Índice de Calidad Institucional 2012

Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires. Miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso (Relial)

Se constituye RELIAL con el fin de fortalecer la

Por Martín Krause Consejero Académico Fundación Libertad y Progreso

cooperación y coordinación entre los liberales en la región.

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aprovechar

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experiencias

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transformarse en un contrapeso del socialismo.

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• Libertad y responsabilidad individual • Respeto a la propiedad privada • Promoción de un gobierno limitado • Impulso a la economía de mercado • Primacía del Estado de Derecho • Defensa de la paz

Vivir en sociedad es aprovechar los beneficios de la división del trabajo en el marco de ciertas normas que permiten coordinar nuestras actividades y proveernos de ciertos bienes y servicios comunes.

Tenemos dos caminos para buscar satisfacer nuestras necesidades: el mercado y la política.

En distintas proporciones, a lo largo de la historia muy diversas sociedades han recorrido tanto uno como otro, modificando en el tiempo cuánto buscan alcanzar por medio del mercado y cuánto a través del estado. Existen también, por supuesto, distintas visiones de filosofía política y moral en la discusión acerca de cuánto correspondería tanto a uno como a otro, incluyendo algunas que sostienen que uno solo de ellos sería la situación ideal y el otro (mercado o estado) no sería necesario.

Tendremos entonces, dos caminos alternativos posibles: los mercados y la política. Para que cualquiera de ellos funcione mejor se requieren marcos institucionales apropiados. Resulta, no obstante, necesario aclarar a qué nos referimos con un “mejor funcionamiento” y qué significan “marcos institucionales”. Respecto al primer concepto, tomamos el concepto hayekiano de eficiencia como aquella situación en la que se permite alcanzar el mayor grado posible de coordinación entre las acciones individuales dada la información disponible. El segundo proviene de la economía institucional y se refiere al conjunto de normas, formales e informales dentro de las cuales actuamos.

Estas normas generan incentivos que, si

correctos, permitirán una mayor coordinación. En al ámbito de la política también encontraremos normas formales e informales: el cambio en las primeras depende de un debate político y de acciones y propuestas específicas de cambio algunas de las cuales serán presentadas bajo la forma de “limitaciones al poder” ya que la discrecionalidad y el abuso de poder es, tal vez, el elemento más importante de una mala calidad de las instituciones políticas ya que genera coordinaciones basadas en las valuaciones del gobernante, no las de los gobernados.

Llamamos “instituciones”, entonces, a las normas que nos permiten coordinar las acciones de los individuos en la sociedad, las que no dan previsibilidad respecto a las acciones de los demás. Su objetivo, en última instancia, es ahorrar costos de información en relación con las actitudes de terceros. Para que las relaciones sociales sean ordenadas, los actores deben poder formarse expectativas con cierta probabilidad de ser correctas sobre las acciones de otros, deben poder comprobarlo y permitirle ajustarlas a las nuevas circunstancias. Desde este punto de vista las instituciones son mecanismos de comunicación por medio del cual un individuo, ajustándose a cierta norma o institución, envía información hacia los demás para que estos puedan guiar sus acciones que tengan que ver con el emisor.

La elaboración de un índice busca evaluar las posiciones relativas de cada país en términos e calidad institucional buscando una

verificación empírica de distintas teorías que intentan explicar por qué ciertos países han logrado tener instituciones de alta calidad. ¿Se debe al origen legal, diferenciando aquellos países que heredaron el sistema británico del “common law”, a diferencia de aquellos que recibieron sistemas jurídicos basados en la codificación continental? ¿Tiene que ver la ubicación geográfica tanto sea debida al impacto del clima como la cercanía de mercados importantes? ¿Influye el tamaño del país, con los pequeños más abiertos y más expuestos a la movilidad de los recursos? ¿Son los valores e ideas que predominan en una sociedad? ¿Y la disponibilidad de recursos naturales es una bendición o una maldición?

La calidad de las instituciones afecta directamente a los motores del crecimiento: la inversión y las innovaciones y esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de las personas. La pobreza, al igual que la riqueza, está directamente relacionada con la calidad institucional, donde encontramos a los países más pobres ocupando las últimas posiciones en el Índice.

Entre las tantas cosas que nuestras sociedades modernas demandan de sus gobernantes se encuentra extendida aquella que se resume en la frase “igualdad de oportunidades”. No obstante, a poco que pensemos sobre ello nos daremos cuenta que la misma, en su sentido literal, es imposible. El conocimiento se encuentra inevitablemente disperso, como también los talentos y capacidades, y así también los recursos.

Es más, si efectivamente lográramos tener un gobierno que alcanzara dicho objetivo, sería uno en el cual se extinguiría todo vestigio de

libertad individual y el respeto por muchos de los derechos que ahora también exigimos que esos gobiernos respeten y garanticen.

Tenemos distintas preferencias y nos proponemos alcanzar distintos fines en nuestras vidas y ése es un conocimiento que sería imposible transmitir a un agente tal como el gobierno para que nos lo otorgue.

La función del gobierno, entonces, no puede ser garantizarnos ciertos resultados particulares a cada uno de nosotros sino generar ciertas condiciones generales en las que tengamos “más” oportunidades para perseguir, y eventualmente alcanzar, cualesquiera que sean nuestros objetivos particulares. Es mantener dicho orden, formado por un marco de normas, tanto formales como informales, que tampoco el gobierno mismo ha generado en su totalidad sino que es el resultado de largos procesos evolutivos.

Esos son los que llamamos “marcos institucionales” y diremos que uno es mejor que otro cuando permite una mayor coordinación de las acciones de los individuos y esto les permite acceder a mayor número de oportunidades. Es lo que intentamos evaluar en este “Índice de Calidad Institucional”.

Precisamente, una de las conclusiones a las que puede llegarse con tan sólo observar qué países se encuentran en las últimas posiciones (Myanmar, Somalía , Corea del Norte y en América Latina Haití, Venezuela y Cuba) es que se trata de países con gobiernos que se han puesto como objetivo dicha igualdad o que no parecen contar con un marco institucional en absoluto y los individuos están sometidos a los abusos de grupos

organizados para utilizar al poder en beneficio de “sus” propias oportunidades.

Las leyes de la economía nos explican la relación causal entre ciertas instituciones, el crecimiento económico, la mejora del nivel de vida y la posibilidad de aprovechar un mayor número de oportunidades. Estas instituciones son aquellas que protegen en forma efectiva derechos individuales básicos como el derecho a la vida, la libertad de opinión, la libertad de movimiento, el derecho de propiedad, la libertad contractual.

Aquellos países que han logrado desarrollar un conjunto de instituciones sólidas brindan a sus habitantes más y mejores oportunidades para buscar alcanzar los fines y objetivos que quieran perseguir. Esto es lo que significa contar con un mayor “desarrollo humano”.

No es solamente una vida más larga y saludable, adquirir conocimientos y contar con los recursos necesarios. Algunos países pueden haber alcanzado una buena esperanza de vida al nacer o un determinado acceso a conocimientos, pero una vida dirigida por otros, restringida por controles y mandatos y una educación sesgada son más bien “restricciones” que logros de una vida completa. El individuo tiene que tener más opciones para vivir su vida como crea que merece ser vivida, para obtener el conocimiento que estime importante y, seguramente, esta capacidad de decidir le permitirá finalmente contar con los recursos necesarios.

La existencia de mayores oportunidades en los países de alta calidad institucional se confirma también con el flujo de migraciones.

Suele decirse que a nivel global los individuos votan con los pies, es decir se

dirigen a dónde creen que tendrán más oportunidades. Esto es evidente también en el continente americano, los países del norte son los que atraen un mayor flujo de inmigrantes y los que se encuentran en los últimos puestos del ICI son los que más los expulsan, cuando los dejan salir.

El vínculo entre calidad institucional y crecimiento económico está dado por el volumen de inversiones. Éstas incrementan la productividad total de los factores de producción, mejoran la competitividad de las economías y promueven un crecimiento económico sostenido. La calidad institucional reduce el costo de las inversiones, particularmente la incertidumbre sobre el retorno de la inversión o sobre la capacidad de poder recuperarlo.

Por supuesto la calidad institucional no es el único elemento para que las inversiones se produzcan. Los inversionistas también consideran la demanda potencial del producto o servicio que piensan ofrecer, tanto sea en el mercado de destino o en otros mercados de exportación, como también la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

La calidad institucional también permite alcanzar un mayor nivel de vida, medido a través de PIB per cápita. En el gráfico hemos relacionado ese nivel con la posición que cada país tiene en el índice. La forma de la curva muestra, a primera vista, que los países con mayor calidad presentan los mayores niveles de PIB per cápita y que la tendencia es claramente decreciente cuando esa calidad empeora:

Los mercados no funcionan en un “vacío” de normas. Por el contrario, necesitan de ellas para coordinar los planes de los individuos, de forma tal de articular sus acciones y guiar sus decisiones de producción hacia la satisfacción de sus necesidades. Los mercados no son perfectos, esto supondría que los seres humanos lo somos. Entre los problemas que se presentan en su funcionamiento, suelen mencionarse las imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos e información asimétrica.

Pero la solución a los problemas de fallas de mercado a través de políticas públicas no es tan obvia. Aunque la “mano visible” del estado parece una solución, no quiere decir esto que sea una solución efectiva. Puede haber serios problemas para implementar una

política pública adecuada, y además, puede ser muy difícil lograr que se aplique en forma eficiente.

Además, el proceso de elaboración y decisión sobre políticas públicas necesita de sólidas instituciones que permitan su implementación en aras del bien común, evitando las presiones de los sectores afectados y superando los problemas de información e incentivos que afectan al mercado.

Lo que actualmente llamamos “globalización” es un fenómeno producido por la mayor movilidad de los recursos como resultado de los avances tecnológicos y la remoción de las barreras regulatorias que reducían esa movilidad. La globalización somete a los países a la competencia, y éstos compiten ofreciendo “marcos institucionales” para atraer los recursos cuya movilidad ha acelerado la globalización. Tanto sea para atraer recursos externos como para retener a los propios. Los países que pueden ofrecer esas condiciones reciben recursos, los que no, los expulsan (personas, capitales, ideas, innovaciones, tecnologías).

En cierto sentido, entonces, los estados “compiten” entre sí atrayendo o expulsando recursos, una competencia que también se presenta dentro de ellos entre los distintos niveles de gobierno, sobre todo en países federales y descentralizados. Lo que determina el resultado de esa competencia es la calidad institucional.

No es sencillo reducir a un indicador la calidad de las instituciones. Lo que hemos intentando hacer es presentar distintos indicadores que de una u otra forma reflejan distintos aspectos que pueden mostrar su calidad en forma más o menos directa.

Nuestro Índice de Calidad Institucional busca evaluar el desempeño relativo de los países en este aspecto.

Relativo, porque no pretendemos poder definir un “óptimo”

respecto al cual medir el desempeño de todos los países, simplemente observamos que algunos países obtienen calificaciones superiores en los indicadores que hemos seleccionado y los ordenamos de mejor a peor pero sin pretender afirmar que el que ocupa el primer lugar posee la calidad institucional perfecta.

El siguiente paso fue agregar esa información para poder obtener un indicador propio al que denominamos Índice de Calidad Institucional, el que mide el desempeño “relativo” de cada país en relación a los demás.

El índice muestra por separado la calidad de las instituciones que regulan la política por un lado, y el mercado por otro. Esto nos permite presentar un análisis más balanceado y también observar cuándo se obtiene un buen desempeño en unas pero no en otras. Hay algunos casos notorios de buenos resultados en el área de las instituciones políticas y más débiles en las económicas: España, Portugal, Bahamas, Barbados, St. Kitts&Nevis, Eslovenia, Polonia, entre otros; también los hay al revés, con mejor desempeño en las económicas que las políticas: Hong Kong, Singapur, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Georgia.

Los indicadores que componen el ICI son: Instituciones políticas - Voz y Rendición de Cuentas (Banco Mundial) - Vigencia del Derecho (Banco Mundial) - Percepción de Corrupción (Transparencia Internacional) - Libertad de Prensa (Freedom House) Instituciones de mercado - Haciendo Negocios (Banco Mundial) - Competitividad Global (Foro Económico Mundial)

- Libertad Económica (Heritage Foundation & Wall Street Journal) - Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute)

El componente de instituciones políticas recibe la misma ponderación que las instituciones de mercado, esto es, 50% cada una. Todo país que califique en el ICI tiene que aparecer evaluado en al menos cuatro de esos indicadores, y también en uno de los componentes de cada uno de los subíndices.

La edición del Índice de Calidad Institucional 2012 muestra algunos cambios interesantes. Por primera vez desde 2008 se modifica el primer lugar, ocupado ahora por Finlandia con un destacado avance desde el cuarto puesto, desplazando a Dinamarca, que ahora ocupa el segundo. Ambos países muestran destacadas posiciones tanto en el subíndice relacionado con las instituciones políticas como en el de las instituciones económicas, aunque con mejor calificación en las primeras. Ellos, y quienes los siguen, Suiza y Nueva Zelanda, también muestran lo mismo. Es Canadá, en el quinto lugar, el primer país que muestra calificación levemente superior en las instituciones económicas.

Calidad Institucional – primeras 15 posiciones País Política Mercado ICI 2012

En cuanto a las diez primeras posiciones, mejoran el Reino Unido y Noruega y desciende un par de escalones Países Bajos.

Tomando los 20 primeros lugares, mejora Alemania y desciende Irlanda, también mejoran Austria, Hong Kong y Bélgica, descendiendo Islandia y Estonia. Entre esos 20 primeros hay trece que tienen mejor calificación en las instituciones políticas, y 7 en las económicas.

Posición

2011

2010

2009

2008

2007

Finlandia

0,9916

0,9392

0,9654

1

4

4

4

3

3

Dinamarca

0,9839

0,9434

0,9637

2

1

1

1

1

2

Suiza

0,9710

0,9549

0,9630

3

3

2

2

2

1

Nueva Zelanda

0,9717

0,9473

0,9595

4

2

3

3

4

4

Canadá

0,9311

0,9484

0,9397

5

5

5

6

7

13

Suecia

0,9911

0,8834

0,9372

6

6

9

13

10

6

Australia

0,9273

0,9375

0,9324

7

7

8

11

11

13

Reino Unido

0,9146

0,9454

0,9300

8

10

12

10

8

10

Estados Unidos

0,8951

0,9603

0,9277

9

9

7

9

9

13

Noruega

0,9895

0,8520

0,9208

10

12

11

14

13

14

Holanda

0,9638

0,8739

0,9189

11

8

10

8

6

9

Alemania

0,9253

0,8962

0,9108

12

14

14

16

14

15

Calidad Institucional – primeras 15 posiciones País Política Mercado ICI 2012

Posición

2011

2010

2009

2008

2007

Luxemburgo

0,9707

0,8439

0,9073

13

13

16

15

15

7

Irlanda

0,9245

0,8847

0,9046

14

11

6

7

12

12

Austria

0,9211

0,8563

0,8887

15

16

15

18

16

17

Hong Kong

0,7908

0,9810

0,8859

16

18

17

20

18

20

Japón

0,8696

0,8934

0,8815

17

17

18

22

19

18

Bélgica

0,9303

0,8105

0,8704

18

20

19

19

17

16

Islandia

0,9479

0,7776

0,8628

19

15

13

5

5

5

Estonia

0,8570

0,8647

0,8609

20

19

20

21

20

19

Desde el inicio del ICI en 2007 los desempeños positivos más destacados han sido los de Canadá (5º, más 8 posiciones), Australia (7º,+6), Taiwán (22º,+9), Macao (26º, +21 desde 2010), Mauricio (29º, +14), Polonia (42º, +18), Qatar (46º, +26), Emiratos Árabes Unidos (50º, +19), Bahréin (51º, +23), Panamá (55º, +13), Montenegro (58º, +37), Georgia (61º, +20), Perú (65º, +15), Macedonia (66º, +28), Borneo (70º, +30 desde 2008), Albania (80º, +54), Ruanda (96º, +73), Zambia (98º, +23), Indonesia (99º, +28). Tan difícil y loable resulta el avance de 8 posiciones de Canadá entre los primeros puestos, como el de Ruanda de 73 desde los más bajos.

En cuanto a los desempeños negativos más importantes, se destacan: Islandia (19º, -14), Portugal (34º, -10), Bahamas (38º, -15), Samoa (57º, -15), Palao (60º, -23), Islas Marshall (71º, -22), Vanuatu (74º, -21), Jamaica (76º, -18), Belice (83º, -27), Grecia (84º, -18), El Salvador (88º, -23), Micronesia (94º, -46), Kiribati (101º, -55), Islas Salomón (107º, -22), Líbano (113º, -21), Fiyi (119º, 43), Argentina (122º, -29), Santo Tomé y Príncipe (134º, -31), Madagascar (138º, -30), Senegal (139º, -34), Bolivia (140º, -22),

Timor del Este (162º, -24), Comoras (164º, 24), Eritrea (186º, -24) y Libia (188º, -21).

La mejor calificación en calidad de instituciones políticas corresponde a Finlandia, en instituciones económicas a Singapur. Corea del Norte se lleva el último puesto en ambas. En cuanto a una clasificación geográfica continental se refiere, Europa sigue en la primera ubicación con un promedio general de 0,7181, seguida de Oceanía con 0,522, Asia con 0,5499, América con 0,5466 y África con 0,3496. Como puede observarse, Europa en un claro primer lugar, luego Oceanía, Asia y América con un nivel medio pero alta dispersión entre sus países ya que contienen tanto algunos de los primeros como de los últimos, y África con pobres calificaciones en forma relativamente pareja.

Los peores desempeños son:

Calidad Institucional – últimas 15 posiciones País

Política

Mercado

ICI 2012

2010

2009

2008

2007

Irak

0,1218

0,1093

0,1155

177

178

181

170

176

Burundi

0,1424

0,0739

0,1081

178

Angola

0,1521

0,0585

0,1053

179

182

179

180

176

173

181

174

179

178

171

Afganistán

0,0724

0,1311

0,1018

180

187

181

182

179

164

Venezuela

0,1173

0,0567

0,0870

181

185

180

174

172

161

Guinea Ecuatorial

0,0610

Chad

0,1006

0,1072

0,0841

182

186

185

185

181

175

0,0404

0,0705

183

189

186

187

185

178

Zimbabue

0,0952

0,0417

0,0684

184

188

187

188

186

179

Uzbekistán

0,0361

0,0939

0,0650

185

184

184

178

164

177

Eritrea

0,0995

0,0249

0,0622

186

190

183

183

176

162

Rep. Dem. Congo

0,0831

0,0376

0,0604

187

191

188

186

184

182

Libia

0,0826

0,0223

0,0525

188

173

167

170

167

167

Turkmenistán

0,0286

0,0670

0,0478

189

192

189

189

187

181

Myanmar

0,0261

0,0266

0,0264

190

193

191

191

188

184

Corea del Norte

0,0241

0,0056

0,0148

191

194

190

190

189

183

Los primeros puestos por continente son: Europa: Finlandia, Suecia, Reino Unido

Dinamarca,

Posición

2011 183

Asia: Hong Kong, Taiwán, Japón, Singapur y Macao

Suiza,

Oceanía: Nueva Zelanda, Australia, Samoa, Palao, Islas Marshall

América: Canadá, Estados Unidos, Chile, St. Lucia, St. Vincent y las Granadinas África: Botsuana, Sudáfrica, Namibia, Ghana y Cabo Verde

En el caso del continente americano en particular, si separamos a los dos países del Norte (Canadá y Estados Unidos), obtienen un promedio de 0,9337 y el resto de América cae a 0,5238. Si además separamos a los

países caribeños angloparlantes de América Latina, los primeros alcanzan un promedio de 0,6839 y los latinoamericanos 0,4419, a mitad de camino entre Asia y África.

Calidad Institucional en América País Canadá Estados Unidos Chile St. Lucia St. Vincent y las Granadinas

Puerto Rico Barbados Bahamas Uruguay Antigua y Barbuda Costa Rica Dominica Granada St. Kitts y Nevis Panamá Perú Trinidad y Tobago Jamaica Belice Colombia México El Salvador Brasil

ICI 2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,9397 0,9277 0,8478 0,7997 0,7790 0,7617 0,7575 0,7355 0,7107 0,6878 0,6844 0,6820 0,6527 0,6438 0,6368 0,5998 0,5946 0,5646 0,5476 0,5210 0,5146 0,5112 0,5041

5 9 21 27 33 35 37 38 44 47 48 49 52 54 55 65 68 76 83 86 87 88 89

5 9 21 23 36 35 40 41 46 48 45 51 66 53 60 68 70 71 50 89 85 79 94

5 7 22 21 30 29 31 34 52 48 49 44 58 36 61 79 71 69 62 92 82 76 95

6 9 24 23 28 34 39 29 60 47 52 44 58 32 68 83 67 66 76 97 79 77 98

7 9 21 22 35 33 42 26 53 40 50 49 58 45 66 81 70 64 60 99 79 68 93

13 13 22 25 29 32 23 50 51 54 44 59 47 68 80 63 58 56 100 75 65 90

Dif. 2007/2012 8 4 1 -2 -4 -2 -5 -15 6 4 6 -5 7 -7 13 15 -5 -18 -27 14 -12 -23 1

Dif. 2011/2012 0 0 0 -4 3 0 3 3 2 1 -3 2 14 -1 5 3 2 -5 -33 3 -2 -9 5

Calidad Institucional en América País Guatemala República Dominicana Surinam Honduras Guyana Argentina Nicaragua Paraguay Bolivia Ecuador Haití Cuba Venezuela

ICI 2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,4142 0,4070 0,4005 0,3784 0,3677 0,3652 0,3613 0,3421 0,3063 0,2821 0,2126 0,1488 0,0870

106 109 111 118 121 122 124 131 140 145 163 173 181

103 100 109 124 122 125 127 134 143 148 152 175 185

102 101 99 108 129 120 121 140 145 148 153 163 180

109 102 101 106 130 114 116 136 133 143 164 162 174

102 101 113 120 110 112 111 137 125 143 169 174 172

109 114 97 113 111 93 95 128 118 133 165 164 161

El cuadro muestra pocas variantes respecto al año anterior destacándose el avance de Granada (+14), Panamá (+5), Brasil (+5) y Honduras (+6) como también el notable descenso de Belice (-33), El Salvador (-9), República Dominicana (-9) y Haití (-11). En cuanto a las variaciones respecto al año 2007, primero en que se publicara el ICI, los resultados positivos más notables han sido los de Canadá (+8), Uruguay (+6), Costa Rica (+6), Granada (+7), Panamá (+13), Perú (+15) y Colombia (+14). Los más negativos corresponden a Bahamas (-15), Jamaica (18), Belice (-27), El Salvador (-23), Argentina (-29). Nicaragua (-29), Bolivia (22) y Venezuela (-20).

En cuanto a estos últimos se refiere el cambio anual en 2012 parecería mostrar una modificación de tendencia ya que casi todos ellos han tenido leves mejoras, de 3 o 4 posiciones. Lamentablemente esto se debe a que el ICI de 2012 ha tenido tres bajas

Dif. 2007/2012 3 5 -14 -5 -10 -29 -29 -3 -22 -12 2 -9 -20

Dif. 2011/2012 -3 -9 -2 6 1 3 3 3 3 3 -11 2 4

(Bermuda, Mónaco y Niue) debido a que no alcanzaron a calificar en al menos cuatro de los indicadores considerados y en al menos uno de cada categoría, y los tres estaban en posiciones superiores a Argentina, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Cuba y Venezuela, lo que indica que su posición neta no se ha modificado respecto al año anterior.

Como en otros años se destacan las posiciones de Canadá y Estados Unidos, de Chile y los países angloparlantes del Caribe, de Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú, los que se ubican dentro del primer tercio de la totalidad de los países del planeta. Aunque no exentos de problemas, continúan mostrando las bondades del respeto y la igualdad ante la ley, el buen funcionamiento de la democracia, la libertad de prensa, la protección de los derechos de propiedad, una moneda estable, libertad contractual y de precios y, en general, los beneficios de la libertad política y económica que mide este indicador.

De los países latinoamericanos solamente tres se encuentran entre los 50 primeros (Chile, Uruguay y Costa Rica), hay seis del 50 al 100, ocho del 100 al 150 y tres entre los últimos 41 (Haití, Cuba y Venezuela).

En cuanto al desempeño específico de los países latinoamericanos en cada uno de los componentes del ICI:

Rule of Law

Voz y Rend.

Libertad Prensa

Corrupción

Haciendo Negocios

Comp.

Global 0,79

Libertad Econ Heritage 0,96

Libertad Econ Fraser 0,97

Chile

0,88

0,82

0,69

0,89

0,79

Uruguay

0,71

0,86

0,76

0,87

0,51

0,56

0,56

0,84

Costa Rica

0,65

0,81

0,89

0,73

0,34

0,58

0,72

0,76

Panamá

0,51

0,62

Perú

0,33

0,50

0,55

0,54

0,67

0,66

0,84

0,70

0,55

0,57

0,78

0,54

0,77

0,77

Colombia

0,45

0,41

0,39

0,57

0,78

0,53

0,29

0,75

México

0,34

0,52

0,30

0,46

0,72

0,60

0,48

0,70

El Salvador

0,23

0,50

0,56

0,57

0,39

0,37

0,69

0,78

Perú

0,33

0,50

0,55

0,57

0,78

0,54

0,77

0,77

Brasil

0,56

0,64

0,55

0,61

0,32

0,63

0,28

0,45

Guatemala

0,16

0,35

0,35

0,35

0,48

0,42

0,66

0,55

República Dominicana Honduras

0,25

0,51

0,58

0,30

0,42

0,23

0,45

0,51

0,24

0,33

0,32

0,30

0,31

0,40

0,65

0,49

Argentina

0,33

0,58

0,47

0,46

0,39

0,41

0,16

0,12

Nicaragua

0,25

0,33

0,52

0,27

0,36

0,20

0,52

0,44

Paraguay

0,20

0,45

0,33

0,16

0,45

0,15

0,44

0,56

Bolivia

0,14

0,48

0,53

0,36

0,17

0,28

0,30

0,19

Ecuador

0,12

0,38

0,46

0,35

0,30

0,30

0,21

0,13

Haití

0,06

0,29

0,49

0,05

0,05

0,01

0,53

0,21

Cuba

0,34

0,07

0,04

0,67

Venezuela

0,02

0,23

0,16

0,07

0,04

0,13

0,02

0,03

Promedio

0,34

0,48

0,47

0,46

0,45

0,42

0,51

0,50

El conjunto de países de América Latina obtiene la mejor calificación promedio en los dos índices de libertad económica, seguidos muy cerca por los de voz y rendición de cuentas, libertad de prensa y voz, corrupción y haciendo negocios. La peor posición relativa corresponde al Estado de Derecho, al igual que el año pasado.

0,02

Chile, que ocupa el primer lugar de América Latina, lidera en seis de los ocho componentes del ICI, salvo el de Voz y Rendición de Cuentas donde es superado por Uruguay y Libertad de Prensa donde es superado por Costa Rica. Venezuela ocupa la última posición en tres de ellos (Estado de Derecho, Haciendo Negocios y Libertad

Económica por Heritage). Los otros peores registros corresponden a Haití en Corrupción y Competitividad Global y Cuba en Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica dado por el índice del Fraser Institute. Es necesario tomar en cuenta que Cuba no es evaluada en tres indicadores.

En general, cuando un país no resulta calificado en alguno de los índices, ello indica una muy mala calificación, pues ni siquiera se cuenta con información disponible que permita una evaluación.

Chile consolida su primer lugar en la región latinoamericana, obteniendo sus mejores posiciones relativas en los índices de libertad económica y la más baja, aunque no es mala, en libertad de prensa (tercer lugar en la región).

Uruguay obtiene su mejor calificación relativa en percepción de la Corrupción aunque obtiene el primer lugar en Voz y Rendición de Cuentas y ocupa el segundo lugar general entre los países latinoamericanos. Costa Rica obtiene su mejor calificación en Libertad de Prensa y la peor en Haciendo Negocios. Las malas posiciones que obtienen los dos países en este indicador son una señal de una acentuada burocratización de las gestiones requeridas para realizar actividades productivas. Como siguen manteniendo una buena posición en el indicador sobre corrupción parece claro que estas regulaciones excesivas aún no los han afectado, pero corren un riesgo alto ya que el exceso de regulaciones no solamente desalientan las inversiones sino también promueven la corrupción.

Panamá y El Salvador son dos países centroamericanos que comparten ciertas

características, incluyendo ser las dos economías dolarizadas en la región centroamericana, pero éste último país ha deteriorado su posición al tiempo que Panamá la ha mejorado. Su principal posición relativa la obtienen en libertad económica, y la peor en Estado de Derecho.

México, sobre todo a partir de la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ha mejorado mucho en términos de libertad económica y competitividad, Los beneficios de dicha asociación son visibles, pero el país aún exhibe una baja calificación en Libertad de Prensa y Vigencia del Derecho. Lo mismo le ocurre a Perú en cuanto al Rule of Law, pero el país ha mejorado mucho en los indicadores económicos. .

Colombia presenta sus mejores resultados en Haciendo Negocios y Libertad Económica por Fraser. República Dominicana obtiene el mejor resultado en Libertad de Prensa y el peor, como tantos otros países de la región, en Vigencia del Derecho. Honduras califica mejor en Libertad Económica (Heritage) y peor en Rule of Law, al igual que Guatemala.

Argentina obtiene sus peores calificaciones en los indicadores económicas, en particular los de libertad económica y el mejor en Voz y Rendición de Cuentas. Nicaragua en Libertad de Prensa y Libertad Económica (Heritage) y los peores en Vigencia del Derecho y Corrupción. Lo mejor de Bolivia es Libertad de Prensa y lo peor Haciendo Negocios y Vigencia del Derecho. Para Paraguay lo mejor es libertad económica y lo peor la corrupción y la competitividad global. Cuba se destaca en corrupción y tiene muy bajas notas en Voz y Rendición de Cuentas,

Libertad de Prensa y Libertad Económica y Venezuela obtiene su mejor posición relativa en una, pobre, posición en Voz y Rendición de Cuentas y muy malas posiciones en todo lo demás. Haití ha mejorado en uno de los indicadores de Libertad Económica y en Libertad de Prensa.

Brasil, el país más grande y la principal economía de Latinoamérica presenta una posición estable levemente por sobre la mitad de la tabla. Sin embargo, ha generado enormes expectativas en los últimos años, tanto sea por la moderación de su gobierno de izquierda como por el impulso de sus empresas y el descubrimiento de nuevos recursos naturales. ¿Qué explica la posición en que se encuentra Brasil?

El indicador es resultado de un promedio para las instituciones políticas de 0,5865 y otro para las instituciones de mercado de 0,4217, es decir, claramente un mejor desempeño en las primeras que en las segundas. Veamos los indicadores que las componen.

En el Indicador sobre el Respeto del Derecho (Rule of Law) del Banco Mundial ocupa la

Clasificación de la Categoría Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos

DB 2012 Clasificación 120 127 51 114 98 79 150 121 118

posición 95º (de 212) y en el componente Voz y Rendición de Cuentas del mismo organismo internacional está en la posición 78º (de 212 países). Completan ese subcomponente Libertad de Prensa en la posición 90º (de 196) y Percepción de la Corrupción 73º (de 182). Claramente las ventajas de Brasil en este campo están dadas por el funcionamiento de su democracia, la participación de sus ciudadanos y una mejora sostenible en materia de percepción de la corrupción.

En cuanto a las instituciones de mercado, ocupa el puesto 53º en Competitividad Global (de 142 países), el indicador del World Economic Forum, el 99º (de 179) en el de Libertad Económica de Heritage Foundation y Wall Street Journal, el 102º (de 141) en el de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, Cato Institute y The Economist, y el 126º de 183 países en Haciendo Negocios del Banco Mundial.

Su peor resultado lo obtiene en el Indicador “Haciendo Negocios” del Banco Mundial (127/183). Veamos las razones:

DB 2011 Clasificación

Cambio

125 133 53 109 96 74 148 116 118

5 6 2 -5 -2 -5 -2 -5 No cambió

Los componentes de este indicador muestran un muy pobre resultado en “Pago de Impuestos”, “Manejo de permisos de construcción”, “Comercio transfronterizo”, “Cumplimiento de contratos”, “Apertura de un negocio” y “Registro de propiedades”.

En síntesis, tanto éste indicador como el anterior brindan una perspectiva de Brasil como un país con un importante mercado que genera oportunidades de negocios, con un buen ambiente de negocios que parecería favorecer a grandes empresas, pero con mercados altamente regulados y pesados trámites burocráticos que perjudican principalmente a pequeñas y medianos emprendedores.

En definitiva, los indicadores muestran que la Vigencia del Derecho (Rule of Law) es una materia pendiente para toda la región. Las principales categorías que analiza este indicador (nuevamente, entre muchas otras) son: • Independencia de la justicia • Protección del derecho de propiedad • Existencia de crimen organizado y violento • Pérdidas como resultado de crímenes • Cumplimiento de los contratos gubernamentales y privados • Efectividad de la ley (respeto) • Confianza en la Suprema Corte, los jueces y en la policía • Honestidad de los funcionarios judiciales, rapidez de sus decisiones

Este indicador también forma parte del conjunto “Governance Matters”, del Banco Mundial. Se refiere a la vigencia del derecho, pero en un sentido que va más allá del cumplimiento de la ley escrita y sancionada por los poderes legislativos. Tiene que ver con el respeto y la protección de derechos fundamentales del ser humano, su seguridad jurídica.

Más allá de esta debilidad común a la región, se destacan como tales la falta de democracia en Cuba, los problemas con la libertad de prensa en ese mismo país y Venezuela y los dos caminos que en materia de instituciones económicas que dividen a la región entre aquellos que han consolidado sus instituciones económicas para un mejor funcionamiento de los mercados (Chile, Panamá, Perú, Colombia) y aquellos que las han deteriorado (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina).

Todos los países tienen materias pendientes.

Las soluciones no son sencillas pero, al mismo tiempo, el ICI muestra que algunos han logrado alcanzar buenos niveles de calidad institucional. Se trata, pues, de aprender de ellos.

Desde hace unos cien mil años el hombre interactúa con la naturaleza, primero en grupos de cazadores-recolectores y luego como pueblos agro-alfareros y minerometalúrgicos.

Los primeros pobladores no dañaban mayormente los ecosistemas, la caza no conducía al exterminio de las especies y la recolección de frutos y vegetales no provocaba desequilibrios ecológicos.

Además, al ser nómadas, rotaban los lugares facilitando el proceso de autorregulación de los ecosistemas. Su número era muy pequeño como para tener algún impacto, salvo en los principales imperios del continente: aztecas e incas.

Con los primeros pueblos sedentarios aumenta la alteración de los ecosistemas.

Mediante la domesticación de algunos animales y la utilización de la quema de leña y los animales para energía, comenzaron a verse las primeras consecuencias sobre el medio ambiente. En la búsqueda de mejores tierras, los aborígenes dieron comienzo a las primeras quemazones y tala de árboles. Sin embargo, dada su escasa magnitud, no alcanzó para causar daños ecológicos notorios. Muchos campos y praderas originales eran remplazados por nuevos cultivos. También se comenzó a utilizar el regadío artificial, terrazas en los Andes y canales para facilitar la circulación del agua destinada a la producción agropecuaria.

Los primeros colonizadores encontraron un continente con mucha materia prima y mano

de obra para explotar. Los españoles, en particular, crearon un régimen de extracción de recursos basado en la propiedad estatal (real). Comenzaron a extraer metales preciosos destinados al mercado internacional, para lo que se fomentó la tala de árboles para las fundiciones, y las explotaciones agrarias de un solo producto que eran la base de la economía de exportación (cacao, trigo, azúcar, café) provocando los primeros cambios ecológicos.

El cambio más significativo, tal vez, por parte de los españoles, fue la introducción del ganado vacuno y equino. Estos animales encontraron en ciertas regiones un entorno apto para su reproducción, sin mayor amenaza de depredadores. En pocos años, las vacas, los caballos y las ovejas ya se habían multiplicado por miles, dando origen a su explotación, en el caso del ganado vacuno para obtener su cuero. Curtiembres y saladeros comenzaron ya a contaminar sus áreas circundantes, en particular ríos y arroyos. El ganado salvaje generó una situación de “tragedia de los comunes”; las vaquerías los cazaban para quitarle el cuero sin aprovechar el resto del animal. La ausencia de derechos de propiedad sobre el recurso generaba un incentivo a matar, no a criar. A fines del siglo XVIII el Virrey Arredondo, en Buenos Aires, llamaba la atención sobre la posible extinción de ese ganado llamado “cimarrón”1.

1 Krause, Martín (1996); “Crecimiento y protección

ambiental”, Libertas Nº 25, Buenos Aires: Octubre de 1996.

No obstante, fue ésta una notable historia de cambio institucional para proteger el recurso.

La introducción del alambrado en la segunda mitad del siglo XIX permitió el establecimiento de claros derechos de propiedad sobre la tierra y el ganado, y nunca más se habló ya de la posible extinción de la especie vacuna. De otras especies, lamentablemente, no puede decirse lo mismo, se acentúo su caza indiscriminada.

Pero el concepto no se extendió a otros recursos o áreas y los problemas ambientales, a medida que aumentaba la población y la producción, fueron creciendo. Las ciudades iban evolucionando, muchas formándose como ciudad-puerto o cerca de los centros mineros, comenzando a depender de flujos energéticos externos. Los países de Latinoamérica se insertaron en la división internacional del trabajo, acelerada por la revolución industrial, como países proveedores de materia prima, en general con una extensión del derecho de propiedad que generaba el incentivo a explotar el recurso racionalmente, excepto el subsuelo que, manteniendo la tradición hispana, siguió siendo propiedad estatal y accesible solamente a través de concesiones. La actividad agrícola-ganadera se extendió e, inevitablemente, modificó el ambiente. Esto suele ser condenado por ciertos grupos ecologistas como una tragedia, pero la modificación del entorno es lo que ocurre cuando utilizamos los recursos para producir y, con ello, satisfacer las necesidades de las personas.

No existe actividad sobre los recursos sin impacto. Lo importante es la existencia de un marco institucional, de normas, que motive un aprovechamiento racional, protegiendo al

recurso para que pueda seguir brindando servicios. Se puede “proteger” el ambiente no tocándolo, pero es necesario tener en cuenta que esto implicaría el retorno a una vida de “cazadores-recolectores” e incluso tan sólo para algunos.

Y no es solamente el hombre, los mismos fenómenos naturales tales como sismos, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y huracanes ocasionan drásticos cambios en el entorno. La capacidad para hacer frente a estas catástrofes está estrechamente relacionada con el crecimiento económico y el nivel de riqueza de un país. En un país pobre, cualquier fenómeno natural de ese tipo se vuelve una tragedia. No es el mismo impacto de un terremoto en Chile que en Haití.

Las tierras más fértiles fueron utilizadas para explotar los productos de exportación, se aceleró el remplazo de selvas y bosques con el propósito de habilitar tierras para el uso agropecuario, y se desconocieron derechos a los habitantes originarios. La propiedad territorial fue dedicada a la masiva cría de ganado y a cultivos, disminuyendo la diversificación. También se acentúo la caza indiscriminada de la fauna terrestre, como por ejemplo, perdices, vizcachas, chinchillas, o la langosta en el Caribe.

A mediados del siglo XIX, comenzó la explotación de combustibles fósiles, como el carbón, la madera y el petróleo. A partir de la década del 1930, con el inicio de la industrialización en Latinoamérica, muchas sociedades agrarias se transformaron en urbanas. Hubo una gran migración del campo a la ciudad, lo que favoreció su crecimiento.

En estas ciudades se incrementaron los

ruidos, la basura, la contaminación del aire y del agua, y el consumo de energía, si bien también es cierto que la concentración de las poblaciones en centros urbanos concentra el

impacto inevitable en una superficie relativamente pequeña y reduce los efectos per cápita.

Que hay problemas ambientales en América Latina no es una novedad, pero sí tal vez lo sea que éstos se deben en muchos casos al fracaso del Estado como propietario de recursos que no logra cuidar y sostener. El consenso “ecologista” presenta un panorama en el cual la raíz del problema es el afán de obtener desmedidas ganancias sin considerar los efectos destructivos sobre el medio ambiente. Las empresas capitalistas, sobre todo grandes e internacionales, aparecen como los principales villanos a quienes hay que combatir, con buenos o con malos argumentos. El Estado y la política son propuestos como el freno y la solución para esas ambiciones descontroladas.

Sin embargo, los principales problemas ambientales presentes en América Latina son el resultado de la falla de Estado, de la mala calidad institucional por la cual éste, que asumiera la propiedad de la mayoría de los recursos hoy degradados, no cumple su función de propietario “protector” y en muchos casos alienta y subsidia la depredación. Repasemos brevemente cuáles son esos problemas2: 1.

Cambio climático:

El principal tema ambiental del planeta encuentra a América Latina como un participante menor, teniendo en cuenta el 2 Será un repaso inevitablemente corto e incompleta dada la

magnituda y la complejidad de los problemas que abarca.

volumen de emisiones de CO2 que muestra el gráfico, aunque no exento de sus consecuencias, las que de verificarse pueden tener impacto en el núcleo de su producción agrícola y ganadera. En este sentido, si bien el actual período de crecimiento económico significa que la región aumentará sus emisiones, al mismo tiempo estará en mejores condiciones y con más recursos económicos como para hacer frente a sus problemas. Por ejemplo, el IPCC (International Panel for Climate Change) plantea escenarios en los que el calentamiento global genera un incremento de ciertas enfermedades, pero es mucho más robusta la relación existente entre el PBI per cápita y la expectativa de vida al nacer, ya que ese mayor crecimiento implica un mejor acceso a agua potable o servicios sanitarios. Una relación similar existe entre el nivel de PBI y el impacto de eventos climáticos catastróficos.

Fuente: International Energy Agency (2009). Disponible en www.lainformacion.com

América Latina ha encontrado ahora condiciones externas favorables para ese crecimiento, las que están siendo

aprovechadas en mayor grado por aquellos países que han logrado mayor calidad institucional.

2007 Emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe (del sector energético) País

Millones de ton. de CO2*

CO2 t/p.c.

Ranking Mundial #

México

453

4,2

13

Brasil

398

2,1

17

Venezuela

172

6,6

27

Argentina

166

4,1

29

Chile

65

4

50

Colombia

64

1,5

51

Trinidad y Tobago

47

38

62

Puerto Rico

37

9,3

71

Perú

32

1,1

74

Ecuador

28

1,9

76

País

Millones de ton. de CO2*

CO2 t/p.c.

Ranking Mundial #

Cuba

25

2,2

78

República Dominicana

19

2

85

Panamá

15

4,5

89

Bolivia

14

1,4

92

Jamaica

13

4,7

94

Guatemala

12

0,9

99

Honduras

7,9

1

109

Uruguay

7,5

2,2

110

Costa Rica

6,8

1,6

114

El Salvador

6,4

0,9

116

Bahamas

5,1

16.8

123

Nicaragua

4,9

0,9

124

Paraguay

3,8

0,6

133

Guyana

1,6

2,1

157

Barbados

1,4

4,9

159

Los que más emiten China

6.284

4,8

1

EE.UU.

6.007

19,9

2

Rusia

1.672

2,11

3

India

1.401

1,2

4

* Las cifras no incluyen emisiones debidas a cambios en el uso de la tierra (deforestación). Según el Instituto Mundial de Recursos (CAIT), éstas constituyen el 46% del total de las emisiones de gases con efecto invernadero. Si esas cifras se incluyeran, Brasil figuraría como el quinto en la lista de principales emisores. Además, varios países de la región además estarían entre los primeros 30 si se utilizara la medida de emisiones per cápita: Belice (1), Guyana (2), Panamá (14), Trinidad y Tobago (15), Venezuela (24), Nicaragua (27) y Bolivia (28). # Ranking global de acuerdo al total de emisiones Fuente: Administración de Información Energética (EIA); en Painter James “Emisiones en América Latina y el Caribe”, BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091125_copenhague_mapa_emisiones_jmp.shtml

La región, además, encuentra una oportunidad de ofrecer proyectos para la captura de CO2 dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU, en particular los asociados con forestación.

2.

Contaminación del agua y cambios en los glaciares: Muchos cuerpos de agua superficial se utilizan para depurar a los efluentes líquidos casi sin ningún tratamiento previo a la descarga. Cada vez se identifican más sitios en los cuales los vertidos desmesurados han convertido a los ríos y arroyos en canales cloacales que impiden otros usos complementarios. El Estado se ve enfrentado a demandas contrapuestas: de la fábrica que pretende eliminar así los desechos de su proceso de producción, de los habitantes pobres que viven en sus orillas y arrojan allí toda su basura, de la misma empresa estatal de cloacas que también arroja allí, de los que quieren navegar en un rio limpio, de los que quieren pescar peces no contaminados o de los que simplemente quieren disfrutar de su vista. Son demandas contrapuestas que muchas veces paralizan a una burocracia lenta e ineficiente, donde se presentan problemas por la presencia de distintas jurisdicciones, donde se tratan de evitar las responsabilidades.

Un ejemplo de esto es el Lago Atitlán en Guatemala. Aproximadamente un 38% de la superficie del lago, que no tiene salida natural, está afectado por algas, como consecuencia del desagüe de millones de litros de aguas residuales provenientes de

miles de hectáreas de áreas agrícolas. Esta situación se ha acelerado por la introducción de decenas de especies acuáticas invasivas.

Actualmente, el contenido de fosfatos es cinco veces mayor que en 1983, el de nitratos diez veces mayor que en 1968 y el fitoplancton lleva mil veces más organismos por litro que en 1968. En Guatemala, las enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas representan entre el 15% y el 20% de las causas de muerte y el 30% de las causas de mortalidad infantil en el país (PNUMA et al).

El consumo de agua se ve afectado además por erróneas políticas de precios por parte de las autoridades regulatorias, los que no reflejan su real escasez, y el ineficiente manejo de empresas públicas dedicadas a su provisión. Son limitados los casos en que se mide el consumo real de agua, lo que fomenta su despilfarro. América Latina muestra uno de los indicadores más altos de consumo de agua por habitante.

Se observan cambios en los glaciares. Se sostiene que habrían retrocedido 35 metros en los últimos 10 años y se atribuye esto directamente al cambio climático, al igual que las sequias e inundaciones. No obstante, poco se sabe del fenómeno, al igual que los efectos de “La Niña” o “El Niño” sobre sequías e inundaciones, aunque todo se atribuye a la misma causa. Cualquier turista puede apreciar el crecimiento periódico del glaciar Perito Moreno, ya que es un atractivo turístico sin par estar allí cuando colapsa en el Lago Argentino precisamente luego de unos años de crecimiento. Por otro lado, el Glaciar Upsala, segundo glaciar más largo de

Sudamérica (870 km² de extensión y 60 km de longitud), ha perdido el 3,7% de su superficie en sólo 19 años. Por su parte, el glaciar chileno O'Higgins, cuarto en extensión (785,4 km2 en el año 2000), se extendía en 1973 varios kilómetros dentro del lago y en 2007 prácticamente había retrocedido hasta su orilla. El frente de este glaciar se mantuvo en una posición estable hasta principios del siglo XX. A partir de entonces inició un retroceso que midió 14,6 km en 1995. El 79% de esta pérdida se produjo entre 1945 y 19803.

Comenta el Tercer Informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático en relación a “El Niño”: “Cuando se evalúan los cambios en El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), debe reconocerse que situaciones tipo “El Niño” pueden aparentemente ocurrir en una diversidad de escalas temporales desde interanuales hasta en décadas, tanto sea sin ningún cambio en fuerzas externas como una respuesta a fuerzas externa tal un aumento del CO2”. No obstante el tema se politiza con un sesgo inmediato de adjudicar toda responsabilidad a la actividad económica.

3. aire

La contaminación ambiental del

Ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año 3 PNUMA, CATHALAC & UNEP, “América Latina y el Caribe:

Atlas de un ambiente en transformación”: http://www.cathalac.org/lac_atlas/image_full/Top10_LACAtlas.pdf

(incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la

contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia4.

4.

Deforestación de bosques:

América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo.

Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobre todo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera.

Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población5.

El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no Rocha, Laura, “Buenos Aires hace honor a su nombre”, La Nación, 18/12/11: “Aunque el organismo internacional indica 4

que la media anual ideal de estas partículas debería ser de 20 microgramos por metro cúbico, los registros de la ciudad de Buenos Aires están entre los que no representan daños para la salud. De los 15 países de América latina analizados, Chile es el cuarto con mayor nivel de material particulado en la atmósfera con 62 microgramos por metro cúbico (Ug/m3), superado por Bolivia (82), Perú (74) y Colombia (71). Costa Rica cuenta con el nivel más bajo, con 28 ug/m3”.

5 Araujo Claudio, Catherine Araujo Bonjean, Jean-Louis Combes, Pascale Combes Motel, Eustaquio J. Reis (2008); “Property rights and deforestation in the Brazilian Amazon”; CERDI, Etudes et Documents, E 2008.20.

es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.

Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras públicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.

Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.

Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.

La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.

En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.

5.

Agricultura:

La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está

relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme6. Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.

En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.

Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro 6 R. Negri, F. Feiguin, M. Campos, M. Walter, F. Ferreira, E.

Satorre, “La Agricultura Argentina en Marcha: sus cambios e impactos con atención al uso de Glifosato y otros herbicidas”, CREA, Septiembre 2009.

categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I. El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.

Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.

6.

Los residuos sólidos

Se han incrementado en gran volumen como consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la producción per cápita (sobre todo plásticos y materia orgánica). Los gobiernos han dejado en manos de empresas privadas la recolección pero se han quedado con la responsabilidad de la disposición final y no han permitido que surjan incentivos para la generación de menor cantidad de residuos y de mejor calidad. En algunos casos colocan contenedores que permiten una calificación, pero como no hay mayores incentivos que la conciencia (no muy firme como se ve abajo), buena parte de la clasificación para el reciclado la realizan recolectores informales, quienes cumplen una gran función, aunque

con poco orden y organización. Los desechos orgánicos no se consideran materia prima de alto valor y no son recuperados por los recicladores informales. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en basureros ilegales.

El precio del servicio de recolección no refleja los costos de la disposición final de los distintos productos, ni discrimina por cantidad. Suele estar vinculado con el valor de la propiedad, pero éste no es un buen indicador de la cantidad y calidad de basura que se genera. De esta forma el consumidor no envía señales a los productores para que mejoren la capacidad de reciclado de los envases.

Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se lleva a depósitos abiertos o a rellenos sanitarios, no recubiertos, sin protección de aguas freáticas, ni sistemas de tratamiento.

7.

El crecimiento de asentamientos urbanos informales Con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas

sobre las que incluso no poseen título alguno.

Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.

8.

El impacto ambiental del consumo de energía Se debe al uso de la leña a nivel doméstico, al uso de combustibles fósiles a nivel urbano por parte de los vehículos de transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero, a nivel global. El desarrollo de energía hidroeléctrica, si bien es renovable, genera también impactos ecológicos, causando inundaciones de terrenos. El potencial solar, hidroeléctrico y eólico, o de biocombustibles no compite todavía en costos con los combustibles fósiles, los Estados subsidian a algunos en lugar de desregular, reducir cargas e impuestos para que estas nuevas tecnologías prosperen. Precios subsidiados generan un consumo mayor de energía, visibles particularmente en los países productores de petróleo como México, Venezuela y Ecuador.

En el caso del primero los subsidios a la gasolina alcanzan la cifra de 10.000 millones de dólares, al diesel unos 3.600 millones.

También se subsidia el precio de la electricidad con el mismo resultado de un mayor consumo.

El subsidio a energías renovables, como la producción de biocombustibles, no necesariamente reduce la emisión de CO2 ni genera un menor consumo de electricidad, sobre todo cuando sus tarifas también son subsidiadas por el Estado, y desplaza también la cobertura vegetal existente, bosques o la producción de cosechas con destino a la

producción de alimentos. No reduce el consumo de combustibles fósiles.

9.

La minería

Cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales.

Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.

El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.

La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.

La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no

utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.

Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator7, los estándares ambientales de la CFI8, o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals9, la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres10.

Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.

La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al 7 http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles.pdf 8

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_c orporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+frame work/sustainability+framework++2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsgui delines 9 http://www.icmm.com/ 10 http://www.ceres.org/

Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.

10.

La pesca marina

La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años.

En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).

11.

Conciencia ambiental.

Por último, los habitantes de América Latina tienen poca conciencia ambiental, la que es un gran motivador de acciones de ambientales. Las empresas responden a la demanda existente, sobre todo en países ricos, para que se reduzca el impacto ambiental en la producción de todo tipo de bienes y servicios. No obstante, muchas empresas en América Latina han introducido ya principios de sustentabilidad.

El nivel de preocupación y conocimiento sobre el medio ambiente se encuentra altamente relacionado con el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. En general, los países más ricos tienen mucha demanda de calidad medioambiental, lo que genera una correlación positiva entre la conciencia medioambiental y el ingreso. La disposición a cooperar en varios países de América Latina es bastante bajo. Una encuesta realizada por Latinobarómetro en el año 2008 reveló que es muy baja la proporción de ciudadanos de cada país que elige productos medioambientalmente responsables11. En promedio, menos del 20% de los latinoamericanos lo hace. Además, un poco menos de la mitad de los individuos de toda la muestra considera que la protección del medioambiente está garantizada en su totalidad o parcialmente. La probabilidad de que un individuo latinoamericano colabore, ya sea con trabajo, tiempo o dinero, para mejorar el medioambiente, es en promedio un 3% aproximadamente. En cuanto a la 11 Clark, Ana Carolina, Natalia Melgar, María Fernanda Milans

y Máximo Rossi (2011), “Percepción medioambiental de los ciudadanos latinoamericanos”, Documentos de Trabajo Nº 25/11, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

participación en organizaciones ecológicas, la encuesta demostró que sólo el 3% de la población de América latina participa en alguna.

A medida que aumentan los años de educación, mayor es la predisposición del individuo a colaborar a favor del cuidado del medio ambiente. Esto se debe a que a mayor educación, existe un mayor grado de conciencia respecto a las repercusiones de los problemas medioambientales. El acceso a Internet y otros medios de información también generan una actitud Proambientalista, ya que al estar más informados, los individuos tienden a lograr mayor conciencia ambiental.

Los problemas ambientales generan una mayor demanda de instituciones, en muchos casos interpretada como una demanda por más control por parte del Estado. Como vimos antes, sin embargo, los gobiernos han sido muchas veces parte del problema, más que de la solución. Además, cuestiones como el cambio climático tienen carácter global y los Estados son inevitablemente nacionales.

No existe un Estado global ni siquiera sería bueno que lo hubiera. Hay mayor demanda y también mayor escepticismo que el Estado pueda resolverlos12.

Los problemas mencionados antes encuentran su origen y persistencia en la mala calidad institucional, aunque en algunos casos son problemas que provienen de un pasado en que la cuestión ambiental no era parte de la agenda pública o son de cuestiones con impacto global. En la mayoría de los casos se trata de problemas ocasionados por el “acceso abierto”13, ya sea porque no existen derechos de propiedad claramente definidos o porque están en manos del Estado y éste no acierta con políticas que protejan los recursos y permitan un consumo sostenible. La débil calidad institucional significa un Estado que no canaliza las preferencias de la gente, que es fácil presa de intereses especiales. Es

Governance for the Environment: New Perspectives, (Cambridge, MA: 12 Delmas, Magali A. & Oran R. Young (2009),

Cambridge University Press).

13 Ostrom, Elinor (2008), “Institutions and the Environment”, Economic Affairs (Londres: Institute of Economic Affairs).

necesario enfatizar este punto, y en particular que esto puede ocurrir tanto sea por parte de una empresa que quiere aprovechar un recurso sin tener en cuenta el daño que pueda ocasionar como también de grupos que quieren avanzar un proyecto político a través de demandas ambientales. La definición de derechos de propiedad, en particular si están en manos de individuos o comunidades que puedan ser afectadas por externalidades negativas, pone en sus manos los incentivos y la capacidad de actuar en defensa de tales derechos. La institucionalidad en materia ambiental no se reduce a la política estatal, tiene que ver también con las acciones que realizan los propietarios (individuos y empresas), la comunidad y las organizaciones civiles14. Todo, en última instancia, depende del grado de importancia que los mismos habitantes le den a los problemas ambientales.

Existe una correlación entre calidad institucional y calidad ambiental. Para investigar esto, tomaremos un indicador comparativo de calidad ambiental en distintos países. Se trata del Índice de Desempeño Ambiental (Environmental Performance 14

Young Oran R., Heike Schroeder and Leslie A. King (2008),

Institutions and Environmental Change: Principal Findings, Applications, and Research Frontiers; Cambridge, MA: The MIT Press). También Young, Oran R. (2002). The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay, and Scale. Cambridge, MA: MIT Press.

Index), elaborado por las Universidades de Yale y Columbia15. El EPI califica a 132 países en base a 22 indicadores de desempeño ambiental clasificados en diez categorías reflejando cuestiones relacionadas con la salud pública ambiental y la vitalidad del ecosistema, con una metodología similar a la empleada en el ICI. Las diez categorías son las siguientes: 1. Impacto ambiental en enfermedades 2. Agua (efectos sobre la salud humana) 3. Contaminación del aire (efectos en la salud humana) 4. Contaminación del aire (efectos en el ecosistema) 5. Recursos acuáticos (efectos en el ecosistema) 6. Biodiversidad y hábitat 7. Silvicultura y bosques 8. Pesquerías 9. Agricultura 10. Cambio climático Cada una de estas categorías toma en cuenta distintos indicadores, como por ejemplo mortalidad infantil en la primera, acceso a sanidad y agua potable en la segunda, o la cantidad de SO2 per cápita o en relación al PBI en la cuarta; el crecimiento del stock forestal, cambios en la cobertura forestal y pérdida de bosques en la séptima; y para el cambio climático, CO2 per cápita, en relación al PBI y a cada KWH producido y un porcentaje de energía renovable.

15 Emerson, J.W., A. Hsu, M.A. Levy, A. de Sherbinin, V. Mara,

D.C. Esty, and M. Jaiteh (2012). “2012 Environmental Performance Index and Pilot Trend Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy: http://epi.yale.edu

Un primer punto a señalar respecto a este indicador es que muestra avances en la situación considerada, lo que contradice las visiones pesimistas y catastróficas de los problemas ambientales. En particular, concluye: “El último informe EPI revela una amplia gama de resultados sobre la sostenibilidad ambiental. Muchos países están progresando en, al menos, algunos de los desafíos que enfrentan. A nivel del indicador, nuestro análisis sugiere que algunos temas están siendo tratados exitosamente, aunque el desempeño en otros, principalmente el cambio climático, se ha reducido globalmente”.

Las primeras posiciones corresponden a los siguientes países:

Índice de Desempeño Ambiental - 2012 Posición

País

Calificación EPI

Posición ICI

1

Suiza

76.69

3

2

Letonia

70.37

45

3

Noruega

69.92

10

4

Luxemburgo

69.20

13

5

Costa Rica

69.03

48

6

Francia

69,00

24

7

Austria

68.92

15

8

Italia

68.90

63

9

Reino Unido

68.82

8

9

Suecia

68.82

6

11

Alemania

66.91

12

12

Eslovaquia

66.62

41

13

Islandia

66.28

19

14

Nueva Zelanda

66.05

4

15

Albania

65.85

80

15

Holanda

65.65

11

La observación a primera vista muestra países que también ocupan destacadas posiciones en el Índice de Calidad Institucional, aunque la correlación no es perfecta. Suiza ocupa el primer puesto debido a su desempeño en el control de la contaminación atmosférica ocupando los primeros lugares en Contaminación del Aire (efectos sobre la

salud humana, y sobre el ecosistema).

También obtiene altos niveles en acceso a agua potable y en los indicadores sobre biodiversidad y hábitat. Este país ocupa el tercer puesto en calidad institucional.

Existe una diferencia entre los dos índices sin embargo. El EPI relaciona a los países

respecto a un nivel “optimo” de calidad ambiental, el ICI, por el contrario, no define ningún “óptimo” en materia institucional y solamente registra las posiciones relativas.

Ambos indicadores buscan evaluar una situación que es de por sí compleja, por lo que no podemos esperar exactitud.

La presencia de países como Letonia, Eslovaquia y Albania, ¿podría explicarse porque no alcanzan altos grados de

En el caso de los países de América encontramos a Costa Rica en una muy destacada posición en el EPI, quinto lugar, y posiciones importantes también para Colombia, Brasil, Ecuador, Nicaragua y

industrialización? Por cierto que son países que han mejorado notablemente su calidad institucional en las últimas tres décadas, en las que también han mejorado notablemente su calidad ambiental. En cuanto a Costa Rica se refiere, siempre ha ocupado un lugar destacado en calidad institucional en América Latina. No obstante, el tema requiere mayor análisis, algo que excede los objetivos de este trabajo.

Panamá. Canadá y Estados Unidos se encuentran posiciones más bajas en relación a las que obtienen en calidad institucional, lo mismo que Chile.

Índice de Desempeño Ambiental 2012 - América Posición

País

Calificación

5

Costa Rica

69.03

27

Colombia

62.33

30

Brasil

60.90

31

Ecuador

60.55

35

Nicaragua

59.23

37

Canadá

58.41

39

Panamá

57.94

46

Uruguay

57.06

49

Estados Unidos

56.59

50

Argentina

56.48

50

Cuba

56.48

56

Venezuela

55.62

58

Chile

55.34

62

Bolivia

54.57

63

Jamaica

54.36

71

Honduras

52.54

72

República Dominicana

52.44

73

Paraguay

52.40

75

El Salvador

52.08

76

Guatemala

51.88

81

Perú

50.29

84

México

49.11

96

Trinidad y Tobago

47.04

118

Haití

41.15

Gráficamente, la relación entre los dos indicadores para América se observa en el siguiente gráfico, con una correlación menor

a la que resultara de comparar el panel general:

Es decir, en América la vinculación entre calidad ambiental y calidad institucional es más débil que en el mundo en su conjunto.

Comparando las posiciones que los países americanos ocupan en cada uno de los índices, y esto tiene que ser la posición porcentual porque el EPI clasifica a 132 países y el ICI a 191, los que tienen mejor posición en el EPI en relación al ICI son Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia; y los que la tienen peor son Canadá, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Perú, Uruguay.

en EPI. Eso puede explicarse tal vez por distintas razones: por un lado son países con mayor actividad económica, lo que afecta su nivel de emisiones, por otro presentan características especiales en algunos de los indicadores. Por ejemplo, EPI toma mortalidad infantil como un indicador indirecto de la “carga ambiental en las enfermedades”, pues no existe un indicador confiable de esto último; pero en los países desarrollados las causas de mortalidad infantil no son ya por razones ambientales, sino por accidentes o enfermedades congénitas, mientras que sí lo es en los países pobres (Emerston et al, 2012, p. 36). Es decir, en

Algunos países con muy buena calidad institucional aparecen en peores situaciones

países pobres casi toda la mortalidad infantil tiene origen ambiental, mientras que en países ricos casi nada de ella la tiene.

Emerson et al reconocen la enorme dificultad para conseguir indicadores confiables para la comparación global. Entre otras cosas, para analizar el impacto de la calidad del agua en la salud humana se mide el acceso a sistemas de distribución por redes, pero esto no garantiza la calidad del agua que por ellas se distribuye; en muchos países no hay estaciones de monitoreo de emisiones a la atmósfera de SO2 o CO2 u otras sustancias.

Por otra parte, el EPI solamente considera un buen manejo de ecosistemas a la designación de áreas protegidas, tanto sea terrestres como marítimas. Reconoce que esa designación no garantiza una buena gestión, pero en definitiva asume que esta decisión estatal favorece la conservación de especies. Y no toma en cuenta la gestión a través de asignación de derechos de propiedad, tal el caso de cuotas transferibles de pesca como existen en Chile, por ejemplo, degradando la calificación de este país en el indicador.

En definitiva, el análisis institucional es un análisis comparativo de distintas estructuras de normas tal como funcionan, no ya sus modelos ideales. La designación de un área protegida bajo supervisión estatal no garantiza protección de la misma forma que la asignación de cuotas transferibles no determina la depredación del ecosistema. Es más, existen sólidos argumentos en contrario.

Y en materia del impacto de la agricultura, en ausencia de indicadores, se toma el volumen de subsidios como un indicador indirecto de la sobrexplotación de recursos sin considerar

los incentivos que genera el derecho de propiedad a sostener la productividad a largo plazo, so pena de destruir el capital expresado en el valor de mercado de la tierra. El otro considerado es la existencia de legislación sobre pesticidas, no una medición sobre su uso o impacto. EPI consideró indicadores sobre la degradación del suelo o el uso del agua pero los dejó de lado por no resultarles confiables.

La principal diferencia que encontramos con el EPI es conceptual: asume el éxito del Estado, por ello toma como indicadores la simple designación de área protegida y la existencia de determinada legislación.

Nosotros, por el contrario, verificamos su fracaso en la mayoría de los problemas ambientales. Por eso, la calidad institucional promueve la calidad ambiental en tanto consideramos a la primera, como lo hace el ICI, no solamente como políticas públicas sino como la existencia de normas que generan incentivos para la protección del medio ambiente, tal como los derechos de propiedad claramente definidos, precios que reflejen las valoraciones de los consumidores y la real escasez del recurso y la libertad contractual.

La experiencia latinoamericana en cuestiones ambientales no estaría llamando a “más Estado”, sino tal vez a menos y mejores normas que permitan a sus habitantes proteger “sus” recursos.

Calidad Institucional 2012 País ICI 2012 Finlandia Dinamarca Suiza Nueva Zelanda Canadá Suecia Australia Reino Unido Estados Unidos Noruega Países Bajos Alemania Luxemburgo Irlanda Austria Hong Kong Japón Bélgica Islandia Estonia Chile Taiwán Chipre Francia Singapur Macao St. Lucia Corea del Sur Mauricio España

0,9654 0,9637 0,9630 0,9595 0,9397 0,9372 0,9324 0,9300 0,9277 0,9208 0,9189 0,9108 0,9073 0,9046 0,8887 0,8859 0,8815 0,8704 0,8628 0,8609 0,8478 0,8324 0,8241 0,8169 0,8137 0,8050 0,7997 0,7928 0,7896 0,7888

2012

2011

2010

2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 1 3 2 5 6 7 10 9 12 8 14 13 11 16 18 17 20 15 19 21 24 26 22 25 27 23 29 34 30

4 1 2 3 5 9 8 12 7 11 10 14 16 6 15 17 18 19 13 20 22 26 25 23 24 47 21 32 28 43

4 1 2 3 6 13 11 10 9 14 8 16 15 7 18 20 22 19 5 21 24 30 35 25 26

2008 3 1 2 4 7 10 11 8 9 13 6 14 15 12 16 18 19 17 5 20 21 27 29 24 23

2007 3 2 1 4 13 6 13 10 13 14 9 15 7 12 17 20 18 16 5 19 22 31 26 21 27

23 36 40 38

22 36 41 28

25 36 43 26

País Lituania Malta St. Vincent y las Granadinas

Portugal Puerto Rico República Checa Barbados Bahamas Hungría Israel Eslovaquia Polonia Eslovenia Uruguay Letonia Qatar Antigua y Barbuda Costa Rica Dominica Emiratos Árabes Unidos Bahréin Granada Botsuana St. Kitts y Nevis Panamá Sudáfrica Samoa Montenegro Bulgaria Palao Georgia Omán Italia Malasia Perú Macedonia Kuwait Trinidad y Tobago

ICI 2012 0,7862 0,7807 0,7790 0,7724 0,7617 0,7588 0,7575 0,7355 0,7349 0,7217 0,7203 0,7138 0,7118 0,7107 0,6976 0,6921 0,6878 0,6844 0,6820 0,6624 0,6576 0,6527 0,6488 0,6438 0,6368 0,6254 0,6250 0,6228 0,6188 0,6152 0,6144 0,6086 0,6075 0,6059 0,5998 0,5991 0,5948 0,5946

2012

2011

2010

2009

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

33 32 36 31 35 28 40 41 37 42 38 44 39 46 43 47 48 45 51 55 54 66 49 53 60 59 57 67 61 64 62 83 56 65 68 77 58 70

35 27 30 33 29 38 31 34 40 42 39 57 41 52 45 56 48 49 44 55 54 58 51 36 61 50 53 75 73 37 72 68 59 66 79 80 60 71

43 27 28 33 34 37 39 29 41 45 42 72 50 60 46 61 47 52 44 64 57 58 51 32 68 54 49 82 70 31 75 69 53 65 83 91 56 67

2008 34 31 35 25 33 37 42 26 32 30 39 57 43 53 38 62 40 50 49 69 73 58 51 45 66 48 46 95 75 44 78 63 47 61 81 92 52 70

2007 35 28 29 24 39 32 23 40 34 41 60 45 50 38 72 51 54 44 69 74 59 55 47 68 52 42 71 37 81 70 57 64 80 94 61 63

País Rumania Borneo Islas Marshall Arabia Saudita Namibia Vanuatu Tailandia Jamaica Tonga Ghana Cabo Verde Albania Turquía Croacia Belice Grecia Jordania Colombia México El Salvador Brasil Mongolia Serbia India Armenia Micronesia Túnez Ruanda Seychelles Zambia Indonesia Sri Lanka Kiribati Kazajstán Papúa Nueva Guinea Marruecos Bután Guatemala

ICI 2012 0,5923 0,5869 0,5847 0,5835 0,5795 0,5686 0,5672 0,5646 0,5570 0,5556 0,5515 0,5514 0,5499 0,5489 0,5476 0,5316 0,5312 0,5210 0,5146 0,5112 0,5041 0,5017 0,4792 0,4745 0,4725 0,4714 0,4579 0,4571 0,4551 0,4466 0,4324 0,4323 0,4305 0,4301 0,4237 0,4200 0,4168 0,4142

2012 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

2011 76 82 75 69 72 63 74 71 91 84 88 87 78 81 50 73 86 89 85 79 94 90 97 92 96 93 95 114 104 107 102 118 98 105 110 112 106 103

2010 74 87 46 81 67 64 70 69 84 85 65 89 83 86 62 63 77 92 82 76 95 96 94 90 93 78 97 128 100 103 106 116 88 104 107 110 98 102

2009

2008

2007

78 103 48 88 71 63 73 66 81 85 74 94 87 90 76 62 80 97 79 77 98 84 100 92 93 55 96 159 89 124 128 111 59 112 107 113 99 109

79 100 54 88 74 55 67 64 72 82 84 121 83 86 60 65 77 99 79 68 93 89 97 85 91 76 96 161 87 129 127 94 59 118 106 104 103 102

83 49 102 71 53 62 58 67 78 79 134 86 87 56 66 77 100 75 65 90 82 96 81 89 48 88 169 84 121 127 98 46 117 104 107 99 109

País Islas Salomón Bosnia-Herzegovina República Dominicana Moldavia Surinam Filipinas Líbano Maldivas Uganda China Kosovo Hondura Fiyi Mali Guyana Argentina Kenia Nicaragua Azerbaiyán Tanzania Egipto Burkina Faso Malaui Benín Paraguay Vietnam Lesoto Santo Tomé y Príncipe Bangladesh Gambia Mozambique Madagascar Senegal Bolivia Kirguistán Rusia Palestina Paquistán

ICI 2012 0,4108 0,4090 0,4070 0,4067 0,4005 0,3962 0,3941 0,3937 0,3898 0,3860 0,3835 0,3784 0,3722 0,3688 0,3677 0,3652 0,3625 0,3613 0,3599 0,3593 0,3566 0,3561 0,3556 0,3486 0,3421 0,3281 0,3247 0,3236 0,3225 0,3180 0,3174 0,3149 0,3078 0,3063 0,2947 0,2927 0,2876 0,2828

2012 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

2011 126 111 100 123 109 121 120 117 116 113 119 124 99 128 122 125 133 127 129 132 108 130 131 115 134 138 135 144 142 141 136 140 139 143 137 150 153 156

2010 111 113 101 114 99 119 125 122 109 112 132 108 91 123 129 120 124 121 117 118 105 130 133 131 140 139 126 127 146 136 138 115 134 145 135 143 164 142

2009

2008

2007

95 125 102 127 101 115 105 110 119 122

90 109 101 119 113 105 98 106 117 116

85 112 114 110 97 106 92 101 116 125

106 86 117 130 114 121 116 135 108 120 132 141 129 136 144 126 104 156 145 137 118 123 133 134 148

120 80 126 110 112 114 111 136 115 124 133 134 128 137 135 122 138 153 140 130 123 108 125 141 145 144 132

113 76 122 111 93 120 95 141 119 124 130 115 126 128 145 123 103 150 136 131 108 105 118 143 139

138

137

País Ecuador Suazilandia Gabón Camboya Liberia Ucrania Nigeria Argelia Bielorrusia Sierra Leona Etiopía Níger Yibutí Nepal Mauritania Irán Siria Timor del Este Haití Comoras Camerún Yemen Tayikistán Sudán Togo Costa de Marfil Guinea Guinea-Bissau Cuba Congo Laos República Centro Africana

Irak Burundi Angola Afganistán Venezuela Guinea Ecuatorial

ICI 2012 0,2821 0,2789 0,2683 0,2656 0,2614 0,2601 0,2590 0,2562 0,2556 0,2493 0,2405 0,2332 0,2290 0,2271 0,2266 0,2220 0,2195 0,2189 0,2126 0,2109 0,1994 0,1982 0,1938 0,1713 0,1669 0,1640 0,1520 0,1492 0,1488 0,1319 0,1314 0,1305 0,1155 0,1081 0,1053 0,1018 0,0870 0,0841

2012 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

2011 148 147 155 158 151 149 157 146 171 161 162 164 159 160 145 166 165 163 152 167 168 154 169 180 170 172 179 174 175 176 177 178 183 182 181 187 185 186

2010 148 132 147 158 149 144 137 141 159 152 157 150 151 156 160 172 161 166 153 155 165 154 169 182 162 168 177 171 163 173 175 176 178 179 174 181 180 185

2009

2008

2007

143 131 149 154 153 139 140 142 172 161 157 158 151 150 147 167 160 152 164 146 163 155 165 184 171 169 176 173 162 175 177 168 181 180 179 182 174 185

143 107 146 154 171 131 148 138 166 162 150 151 152 156 142 155 158 159 169 147 160 149 163 173 175 157 168 165 174 183 180 177 170 176 178 179 172 181

133 129 148 154 132 148 140 139 156 152 147 153 144 149 151 138 165 135 157 146 155 180 170 158 160 159 164 166 168 163 176 173 171 164 161 175

País Chad Zimbabue Uzbekistán Eritrea Rep. Dem. Congo Libia Turkmenistán Myanmar Corea del Norte Somalia Andorra Liechtenstein Bermuda Mónaco Niue

ICI 2012 0,0705 0,0684 0,0650 0,0622 0,0604 0,0525 0,0478 0,0264 0,0148

2012 183 184 185 186 187 188 189 190 191

2011 189 188 184 190 191 173 192 193 194

101 52 80

2010 186 187 184 183 188 167 189 191 190 170

2009

2008

2007

187 188 178 183 186 170 189 191 190 166 12 17

185 186 164 176 184 167 187 188 189 191

178 179 177 162 182 167 181 184 183