Red Solidaria Deé cada Contra la Impunidad AC con Status Consultivo ante la Organizacioé n de los Estados Americanos (OEA)
BOLETÍN DE PRENSA Doce años acompañando en la defensa de los derechos humanos en México, a víctimas, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y sobre todo en estos momentos en que se pretende aprobar la Ley de Seguridad Interior, misma que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), piden no aprobar, ya que es violatoria a los derechos humanos, y el contexto que estamos viviendo es de aumento en la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado. Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida. Así, las fuerzas armadas tuvieron y tienen decisión en la vida y seguridad pública del país, participando en acciones para contener el avance de movimientos sociales y de protesta. El estado de Guerrero fue uno de los más militarizados luego de la irrupción de movimientos sociales y armados ante la pobreza y la represión que vivían día a día. En las últimas décadas, hemos sido testigos de masacres como la de Aguas Blancas, El Charco, la detención y tortura de luchadores sociales y la ejecución de decenas que anhelaban un país democrático. La historia nos muestra que el papel de las fuerzas armadas genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que lejos de resolver los problemas sociales del país, lo agrava, ante la omisión del gobierno mexicano. El panorama se torna más grave por la inminente aprobación en la Cámara de Senadores de la Ley de Seguridad Interior (LSI), misma que pretende legalizar la militarización del país, bajo el argumento de que está en riesgo la Seguridad Interior, dándole a las fuerzas armadas la función de participar en actividades de seguridad pública y otorgándole el poder de investigación, detención y espionaje “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia…bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad interior…”. En los últimos diez años hemos visto el papel cada vez mayor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para el combate del crimen organizado, sin embargo, lejos de combatirlo, queda a la vista la ineficiencia, aquiescencia o participación de las fuerzas armadas en las estructuras del crimen organizado. Situación que ha agudizado las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y generando mayores niveles de impunidad en el país. Es claro que la 1