Investigadores, defensores de derechos y movimientos sociales exigen a las instituciones académicas y al gobierno electo un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad y rechazan la implementación de megaproyectos extractivos, turísticos y de infraestructura Desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018 se llevó a cabo el “Taller por la Defensa de los Territorios y del Patrimonio Biocultural” con la finalidad de intercambiar experiencias y coadyuvar en la articulación de investigadores de diversas disciplinas e instituciones, defensores de derechos y movimientos sociales. El Taller es una iniciativa de investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social, preocupados por el despojo y la violencia hacia los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios y sus culturas frente a los proyectos extractivos en sus distintas formas, ya sea a partir de la concesión de mineras, gasoductos, presas hidroeléctrica, o bien, enajenación de bienes comunes, proyectos ecoturísticos, patrimonialización y comercialización de la cultura en todo el territorio del país. Posteriormente se llevó a cabo, del 24 al 26 de septiembre, el Encuentro Nacional “La defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: desafíos a la antropología”, donde participaron cerca de 100 personas y 15 organizaciones. El Pronunciamiento que emanó del Encuentro expresa una postura crítica y comprometida en la Antropología. Entre los resultados que destacan se encuentra la necesidad de que los trabajadores y las instituciones académicas mantengan un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad, lo cual implica vincularse a los movimientos sociales, democratizar nuestras instituciones y colocarlas al servicio del bien común. Con base en este posicionamiento se derivaron las siguientes recomendaciones a las instituciones y líneas de acción: 1) Ante los procesos de patrimonialización de los bienes comunes y la mercantilización de los saberes, las cosmovisiones y las formas de vida, respaldamos el impulso a proyectos autogestivos endógenos, basados en la valoración de la identidad, la memoria y las culturas propias de los pueblos, así como en los atributos naturales y ecológicos de los territorios.
2) Ante mecanismos de evaluación exógenos y parciales, a cargo de los operadores de los proyectos extractivos (como es el caso de las manifestaciones de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto social), exigimos procesos participativos de diagnóstico, generados a partir de acuerdos de asambleas y protocolos integrales a cargo de instancias imparciales y autónomas. 3) Ante procesos de consulta amañados y corruptos que legitiman la imposición de proyectos de despojo, reivindicamos el derecho a la libre determinación de los pueblos, quienes a través de sus usos y costumbres y formas de organización comunitaria reivindican su existencia misma y ejercen su posición ante cualquier proyecto que no surja desde su propia cosmovisión, necesidad y realidad. 4) Ante la lógica racista y colonial, según la cual expertos externos son llamados a certificar la existencia o no del “ser indígena” en los juicios relativos a las afectaciones ambientales (como los peritajes antropológicos, fácilmente manipulados por las empresas), reivindicamos la autoadscripción y la autonomía como criterios fundamentales para el sustento de la identidad indígena y campesina, y los derechos colectivos que ésta ampara.