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Boletín de Prensa:
Posicionamiento de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de cara al próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador 29 de agosto del 2018
En el marco del 30 de agosto, día internacional del detenido desaparecido o de las víctimas de desaparición forzada, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, iniciativa formada en el año 2010 y conformada por víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas, nuevamente denunciamos enérgicamente al gobierno de Enrique Peña Nieto por lo siguiente: 1. El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) profundizó la política de desaparición forzada en contra del movimiento popular y de derechos humanos iniciada por su antecesor Felipe Calderón. Del año 2006 al 30 de agosto del 2018, 166 personas luchadoras sociales han sido víctimas de desaparición forzada por su manera de pensar y de luchar, de las cuales 111 corresponden al periodo de la actual administración federal. 2. El gobierno de EPN también profundizó la política de desaparición forzada contra la población en general con el objetivo del control y disciplinamiento social para intentar paralizar al pueblo mediante el terror. A la fecha, 38 mil son las personas víctimas de desaparición reconocidas por el gobierno federal, sin embargo, diferentes organizaciones, han denunciado que las víctimas de desaparición forzada podrían llegar hasta las 300 mil personas. 3. Denunciamos que la desaparición forzada en México es sistemática, puesto que es planificada y ejecutada desde los organismos del Estado y desde particulares con el consentimiento, la autorización o la aquiescencia del Estado, es generalizada, puesto que en la mayoría de los estados de la República existen víctimas de desaparición forzada y también es transexenal, puesto que no ha habido gobierno que no haya sido señalado de cometer desapariciones forzadas. 4. La política de desaparición forzada es uno de los componentes (el más grave) de la política de terrorismo de Estado que incluye miles de ejecuciones extrajudiciales, tortura, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y hostigamientos en contra del pueblo organizado y no organizado. 5. Denunciamos que la falta de acceso a la justicia para las víctimas de desaparición forzada también es una política planificada desde la estructura estatal, lo cual se traduce en un manto de impunidad hacia los autores materiales e intelectuales y con ello la garantía de cometer las desapariciones forzadas sin ninguna consecuencia legal.
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6. Respecto a la iniciativa de Ley general contra la desaparición forzada promulgada por la actual administración, ante la creciente exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, recordamos que como Campaña Nacional Contra la desaparición Forzada no la avalamos, puesto que si bien, en lo particular, contiene aspectos positivos, en lo general es insuficiente para erradicar la política de desaparición forzada, para conocer el paradero real de las víctimas de este crimen contra la humanidad y para sancionar a los responsables material e intelectuales, muestra de lo anterior es que a casi 8 meses de que la Ley General entró en vigor, no sólo existe un retraso en cuanto a su implementación sino que hasta la fecha, el Estado mexicano no ha abandonado la política de desaparición forzada y mucho menos ha dado a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada. Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también es importante pronunciarnos ante el gobierno electo respecto al tema de las desapariciones forzadas y por este medio dar a conocer públicamente nuestras exigencias, las cuales abanderamos desde hace 8 años, pero como parte del movimiento popular desde hace 40 años. Para poder iniciar un proceso de paz en México, desde el marco de los derechos humanos, se debe primero garantizar los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que ha padecido el pueblo, lo que significa garantizar el derecho a la verdad, justicia, memoria, reparación integral y garantías de no repetición. 1. Garantizar el derecho a la verdad lo cual se traduce en conocer el paradero real de todos los detenidos desaparecidos por el Estado mexicano, es decir, de los detenidos desaparecidos del periodo conocido como “guerra sucia”, (por lo menos desde 1969 que se tiene documentado el primer detenido desaparecido), y por supuesto incluyendo también a los detenidos desaparecidos del periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” hasta el día de hoy. Garantizar el derecho a la verdad también significa conocer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas, quiénes fueron los facilitadores y los beneficiarios, así como develar las políticas económicas, políticas y sociales que permitieron o fomentaron la política de desaparición forzada. Garantizar el derecho a la verdad también significa dignificar a las personas víctimas de desaparición forzada, reconocer sus luchas y su aporte histórico en la construcción de un país mejor. 2. Garantizar el derecho a la justicia, significa la investigación y la sanción a los responsables intelectuales y materiales que cometieron las desapariciones forzadas, a quienes mandataron a agentes del Estado o
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a particulares para cometer este crimen contra la humanidad y sanción a los que facilitaron y a los que protegen a los perpetradores. Garantizar el derecho a la justicia también significa sancionar a los que desde el poder judicial, cubrieron con un manto de impunidad a los perpetradores y a las autoridades que fueron omisos ante las denuncias de desaparición forzada. 3. Garantizar el derecho a la memoria significa no olvidar quiénes fueron las víctimas de desaparición forzada, así como quiénes fueron los perpetradores, tener presente las causas y los objetivos que buscaron quienes cometieron las desapariciones forzadas así como mantener viva la lucha de familiares y organizaciones que no renunciaron a la lucha contra las desapariciones forzadas. 4. Para poder garantizar el derecho a la reparación integral es indispensable que se garanticen los derechos de verdad, justicia y memoria. Sin verdad, justicia ni memoria no se puede iniciar un proceso real de reparación integral puesto que la verdad y la justicia es la primera medida real y concreta de la reparación integral. 5. Así mismo, dentro del derecho a la reparación integral, se deben garantizar las medidas de no repetición, las cuales apuntan al cambio de las estructuras estatales que cometieron, facilitaron o toleraron la política de desaparición forzada, así como el cambio de las políticas económicas, políticas y sociales que fomentaron o facilitaron las desapariciones forzadas. Recordar que los derechos de las víctimas son irrenunciables e interdependientes, que son producto de la lucha histórica de los familiares y las víctimas y que están plenamente reconocidos por el Sistema Universal de los Derechos Humanos y suscritos por el Estado mexicano. Si la voluntad política de erradicar la desaparición forzada es real debe necesariamente que garantizar mínimamente verdad y justicia a las víctimas. La creación de una comisión de la verdad para un solo caso o para algunos casos no resuelve de fondo la amplia necesidad en el pueblo de justicia, la exigencia es la creación de una Comisión de la Verdad para TODAS las víctimas de desaparición forzada en el país, la cual tenga como objetivo principal conocer el paradero real de todos los detenidos desaparecidos y los responsables materiales e intelectuales de este crimen contra la humanidad. Asimismo exigimos también una Comisión de la Verdad específica para los casos de graves violaciones a los derechos humanos en contra de las y los luchadores sociales, que por luchar por un país mejor, han sido víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte. Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también exigimos Justicia para TODAS las víctimas de desaparición forzada lo que implica la
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sanción en correspondencia con el grado de participación y responsabilidad en las desapariciones forzadas de los agentes del Estado. También nos sumamos a la exigencia de una Ley federal de Amnistía para los presos políticos, de conciencia e injustamente presos asociados a motivos políticos y por la promulgación de una Ley General de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los legisladores electos tiene la oportunidad histórica de que la cuarta transformación que han prometido al pueblo de México garantice también los derechos de las víctimas y termine con el terrorismo de Estado en el país, legalizado ahora con la Ley de Seguridad Interior y desarrollado mediante las políticas de militarización, paramilitarización y criminalización. ¡Porque vivos se los llevaron: vivos los queremos! ¡Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: castigo a los responsables de las desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos! ¡Alto al terrorismo de Estado!
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C (TADECO), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, “Ajusco Radio”, Red de Antropologías Populares del Sur, K’inal Antzetik, A.C. Consejo Supremo Indígena de Michoacán y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.