Boletín de prensa “Modelo de desarrollo extractivista en México y política internacional en materia indígena” México-Tenochtitlan a 23 de abril de 2019
La voluntad del pueblo mexicano manifestada en las elecciones de julio del año pasado, en que se eligió al titular del Poder Ejecutivo Federal y se renovó el Congreso de la Unión, abrió una ventana de oportunidades para los pueblos originarios. De hecho, el voto indígena favoreció al único candidato oficial que prometió frenar el modelo neoliberal. Sin embargo, en los 5 meses de transición y en los casi 5 meses en funciones, la nueva Administración Pública Federal ha cambiado de opinión en cuanto a dicho modelo económico y ha anunciado una serie de megaproyectos en territorios indígenas como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, las inversiones en la región del Istmo de Tehuantepec, el impulso de monocultivos a favor de empresas transnacionales como Nestlé, la consolidación de las Zonas Económicas Especiales, que entre muchos otros profundizan el neoliberalismo en México. El nuevo gobierno le sigue apostando al modelo de desarrollo basado en el extractivismo al igual que lo hicieron las administraciones anteriores. El pasado noviembre, el Congreso de la Unión en un ejercicio inédito realizó una serie de foros con el objetivo de consultar el carácter y las nuevas atribuciones que tendría la nueva dependencia federal encargada de la política pública en materia indígena. No obstante, a pesar de que en su gran mayoría de los asistentes se inclinaron por una secretaría de estado, el poder legislativo aprobó solo un instituto, regresando así al rango que tenía el antiguo Instituto Nacional Indigenista, también conocido como el “Ministerio de Colonias Internas”. Según la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y que fue publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2018, en la fracción XXIII del artículo 4º señala como una de sus atribuciones la siguiente: “Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos”. A pesar de esta obligación señalada en la ley INPI, en la realidad los pueblos originarios estamos en una indefensión jurídica, ya que: por un lado; en nuestro país no se cuenta con una ley general de consulta indígena, y por el otro; el gobierno federal de manera dolosa pretende avasallarnos con sus consultas ciudadanas, las cuales tampoco son acordes a lo estipulado en la Carta Magna. Es tal la omisión del Estado mexicano en cuanto al derecho a la consulta indígena que a 30 años de haber sido adoptado el Convenio 169 de la OIT y a 28 de estar vigente en nuestro país, este tratado internacional vinculante aún no se armoniza plenamente en la legislación mexicana. En lugar de eso tenemos un protocolo del INPI, el cual no es más que producto de un acto administrativo, es decir un reglamento interno, mientras que por otro lado la 1 Calle Arteaga No. 49, Col. Guerrero; Alcaldía Cuauhtémoc; C.P. 06300, México Tenochtitlán. Teléfono: +52-01-55-6821-4212; correo: anipa.mx@gmail.com