Carta abierta al Frente Ciudadano por México
Noviembre, 2017
Las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado al Frente Ciudadano por México para tomar una posición inequívoca en contra de los continuados esfuerzos del gobierno y sus aliados por aprobar legislación en materia de “seguridad interior” y con ello perpetuar la militarización de la seguridad pública. México necesita un cambio, no sólo en la forma de hacer política, sino también en la estrategia y modelo de seguridad; uno encaminado al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad. El concepto de “seguridad interior” fue utilizado durante el siglo XIX para referirse fundamentalmente a dos situaciones: los levantamientos políticos y las incursiones de tribus indígenas nómadas o semi-nómadas en el Norte del país. Al desaparecer, gradualmente ambas situaciones, la cláusula constitucional que permitía al Ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas quedó en desuso y pasó a ser letra muerta. El intento actual por revitalizar esta letra muerta sólo puede entenderse en el contexto de la militarización de la seguridad pública que hemos vivido desde el gobierno de Felipe Calderón. En específico, cuando la reforma constitucional de 2008 explícitamente limitó las tareas de seguridad pública a corporaciones civiles, excluyendo de ellas a las castrenses (artículo 21), y el entonces presidente, Felipe Calderón, propuso al Congreso injertar un capítulo de “seguridad interior” a la Ley de Seguridad Nacional, dándole enormes facultades para militarizar unilateralmente al país. La iniciativa pretendía instrumentar una especie de fraude a la constitución etiquetando las funciones de seguridad pública bajo la cláusula de “seguridad interior” para así esquivar la prohibición constitucional adoptada en el artículo 21 meses antes. Ese intento fue detenido cuando ciudadanos y legisladores de oposición se negaron a validar una norma inconstitucional. A lo largo del último año hemos visto numerosas iniciativas que pretenden nuevamente usar la etiqueta “seguridad interior” con el objetivo de utilizarla para violentar la prohibición constitucional a la militarización de la seguridad pública. Algunas propuestas se proponen como una ley independiente mientras que otras, tal como lo hizo Felipe Calderón originalmente, buscan insertar un capítulo nuevo en la Ley de Seguridad Nacional. En esencia, estas iniciativas son lo mismo: una violación a la constitución y la renuncia del gobierno civil a asumir su responsabilidad constitucional de proveer seguridad pública, cargando sobre las Fuerzas Armadas una responsabilidad para la que no están entrenadas ni facultadas. Hoy, las organizaciones e individuos firmantes exigimos al Frente Ciudadano que diga no a la legislación en materia de seguridad interior y sí a la revisión seria y basada en evidencia del sistema de seguridad pública nacional a través de cuerpos civiles. Entendemos que existe una resistencia importante a esta postura de parte de los gobernadores, incluidos algunos provenientes de los partidos que conforman el Frente. Para muchos gobiernos locales, es más fácil descargar su obligación constitucional en el Ejército que cumplir con sus responsabilidades. Pero si el Frente ha de ser realmente Ciudadano, debe de responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía y no a los de la clase política. Si en cambio cede ante las presiones y suscribe, propone o aprueba alguna iniciativa que -usando el subterfugio de “seguridad interior” o cualquier otro- tenga como resultado burlar el mandato constitucional consistente en que la seguridad pública quede exclusivamente en manos de cuerpos civiles, estará decantándose como una herramienta más de la clase política para