Informe para la audiencia ante la CIDH - La Segurtidad Ciudadana y los Derechos Humanos en México.

"Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México" Audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. CENCOS & SERAPAZ, #MPJD

A) Introducción al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Movimiento

B) Contexto de Seguridad Ciudadana en México,

PorLaPaz.mx

Situacion General

twitter: @MxHastalaMadre @MXLaPazMX @MPJDdoc @TerminalMX

mail: Documentacion@ movimientoporla paz.mx mail: Documentacion@ documentacionpo rlapaz.mx

Desaparecidos / Asesinados Desplazados Comunidades Indígenas C) Derechos de las Víctimas y reparación Integral.

D) Las Caravanas del Consuelo y la Situación de Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos I) #CaravanaNorte II) #CaravanaSur E) Petitorios !

Al Poder Ejecutivo

!

Al Poder Judicial

!

Al Poder Legislativo

F) Anexos Fichas de Casos del Movimiento Por la Paz

“...miren a sus hijos y piensen, ¿si fueran asesinados o desaparecidos, mutilados, decapitados, destrozados, esclavizados, como lo han sido nuestros hijos. ¿Qué serían ustedes capaces de hacer para recuperarlos y buscar justicia? Y esas respuestas conviértanlas en acciones.” Araceli Rodriguez Dialogos Por la Paz II, Castillo de Chapultepec

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A) Introducción: El Movimiento por la Paz Con Justicia y Dignidad y la Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nace el 28 de Marzo del 2011 después del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, y sus siete amigos Julio, Luis, Gabriel, Jesús, Alvaro y Socorro el 27 de marzo de 2011, en Temixco, Morelos. Este crimen desbordó la indignación acumulada en miles de ciudadanos, que decidieron movilizarse a nivel nacional cansados de la violencia generalizada en el país. La cohesión de este movimiento reside en la innegable situación de emergencia nacional que atraviesa México, evidenciada por la sistemática violación a los derechos humanos, y en el nivel de impunidad de los victimarios, calculada en 98.5%. Esta grave situación ha sido señalada de manera reiterada por el poeta y los representantes del Movimiento en diversas ocasiones, incluyendo los Diálogos por la Paz, reuniones sin precedente histórico entre el Ejecutivo y la sociedad civil, además de un encuentro con el poder Legislativo. En estos eventos, la exigencia del Movimiento ha sido que el Estado cambie su estrategia de seguridad por una con visión de Seguridad Humana y Ciudadana, además de cumplir los seis puntos del Pacto Nacional expuestos como plataforma del Movimiento el 8 de Mayo en la Marcha Nacional en contra de la violencia.

“El objetivo de la Seguridad Humana es salvaguardar el centro vital de todos los seres humanos de amenazas críticas que escapan a su control, entendiendo por ‘centros vitales’ los derechos humanos, capacidades básicas y necesidades absolutas, que todas las personas e instituciones tienen la obligación de proporcionar, proteger y respetar, porque están relacionadas con la supervivencia, el sustento y la dignidad”. Así pues, “un concepto de seguridad centrado en las personas y las comunidades y no en los Estados

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha realizado dos Caravanas; una al norte en el mes de junio 2011 y otra al Sur en septiembre, con el objetivo de recorrer el territorio y hacer contacto con las víctimas. A raíz de ello, se ha convertido en un movimiento de movimientos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todo el país que buscamos unir nuestras fuerzas con el fin de detener esta masacre en contra de la población civil, y de exigir al Estado Mexicano la justicia que nos ha sido negada por las autoridades así como la reparación de los daños a las familias cuya vida ha sido trastornada. La fortaleza de este movimiento radica en que las y los integrantes son en su mayoría víctimas, que a partir de su encuentro se han empoderado y se han unido en torno a una causa común: verdad y justicia con dignidad.

- Programa de las Naciones Unidos Para el Desarrollo http://www.undp.org.ar/

El objetivo de este documento es presentar una visión sistémica del panorama de Derechos Humanos en México generada por las políticas de Estado y la falta de capacidad de este para atender las denominadas “bajas colaterales”, las víctimas y familiares que forman parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En referencia a la situación desesperante que cada día debilita más las instituciones sociales de la nación, este ha declarado que es probablemente el último movimiento por la paz de México y busca activamente abrir canales de atención integral para las víctimas que contemple justicia en todas sus vertientes, no sólo a nivel individual, sino colectivo. En particular el contexto nacional e internacional Seis Puntos del Pacto Nacional por la Paz del 2011 está demostrando fallas y rupturas en el sistema democrático capitalista Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas que ha llevado a la generación del fenómeno de Indignados a nivel global, aquellos que sienten que sus instituciones y Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de segugobiernos no representan sus intereses. ridad ciudadana Esta crisis del modelo se ha visto exacerbado en México por las presiones que Exigimos combatir la corrupción y la impunidad las políticas de seguridad están generando sobre el mismo, al desgastar cada Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen vez más las instituciones civiles y de Estado a todos los niveles. El sacar el Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de ejército a las calles ha vulnerado, por recuperación del tejido social ejemplo, a las fuerzas armadas, instituciones que han sido tradicionalmente Exigimos democracia participativa respetada por su lealtad a la patria y por su labor en respuestas a catástrofes naturales bajo el plan DN3. Las estadísticas

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no sólo señalan un incremento alarmante en violaciones a Derechos Humanos por estas fuerzas del Estado, sino que también ha habido un altísimo número de deserciones entre ellos, 44,200 elementos del 2007 al 2011. Paralelamente con este fenómeno, se ha presenciado el surgimiento de nuevos grupos paramilitares que atentan contra la seguridad de la ciudadanía.

Preocupados por la situación que está viviendo nuestro país en materia de violencia en contra de la población por parte de la delincuencia organizada y de las fuerzas estatales que la combaten, nos dirigimos a ustedes para presentar algunos de los aspectos que constituyen violaciones a los derechos humanos de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

A raíz de esta guerra, en México se han registrado más de 50 mil personas muertas y 10 mil desaparecidas a lo largo y ancho del país. A estas cifras, se deben sumar aquellos casos que no son registrados por los medios de comunicación, ni tampoco por la autoridad, debido a que no todas las personas denuncian por temor o por estar amenazadas. Las muertes y desapariciones, lejos de disminuir como lo pensaba el Gobierno Federal, está creciendo día con día velozmente a ritmos exponenciales y alarmantes.

Si bien el mayor número de muertes y desapariciones se deben a la acción del crimen organizado, también se han documentado un número importante de casos donde ha habido la acción directa del Estado principalmente por responsabilidad de los cuerpos policiales y militares. Por otro lado, el Estado Mexicano ha incurrido también en violaciones a los derechos humanos de las víctimas que denuncian los hechos ante las instancias de procuración de justicia, sobre lo cual tratarán los párrafos subsiguientes.

Es importante señalar que las personas más vulnerables son las víctimas de escasos recursos, particularmente las niñas y niños, jóvenes, mujeres, y personas de comunidades indígenas. Sus derechos son violados al momento de querer ejercer acceso a la justicia y exigir la investigación seria al Estado de los hechos, así como la sanción a los responsables.

B) Contexto de Seguridad Ciudadana en México 1. Seguridad con énfasis en el fortalecimiento del tejido social.

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes, pueblos indígenas.

Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas de acción al Estado-Nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando, a la vez, “territorios-sin-gobierno”, en donde las bandas se disputan el dominio del trasiego de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta aquí para enviarlas a Estados Unidos.

Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y ex-

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tensivo de la seguridad pública. Esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, desapariciones; asesinatos; personas y familias desplazadas; y reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos violentos.

No podemos dejar a un lado que además, tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos: el 98.5% de los delitos quedan impunes. Esta impunidad se explica por la enorme corrupción e infiltración por el narcotráfico en todos los niveles del Estado: federal, estatal y municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza, o por corrupción de los funcionarios.

Todo ello ha provocado en la vida cotidiana de las personas y las colectividades, un profundo proceso de fragmentación del tejido social.

Para el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el tema de seguridad ciudadana conlleva a revisar tres problemáticas que están íntimamente relacionadas: 1) una estrategia oficial centrada en sus componentes militares y policíacos, que viola y pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mexicanos y mexicanas; 2) la impunidad y corrupción de instituciones del Estado y muchos de sus actores políticos.

3) la ruptura del tejido social que están padeciendo amplios sectores de la población mexicana, particularmente las juventudes, como consecuencia de la delincuencia organizada; Hemos constatado la gravedad de las situaciones violentas y el incremento de la vulnerabilidad que ha producido en muchos lugares donde la “estrategia de seguridad” del gobierno federal se ha venido implementado con mayor fuerza, colocando en una alarmante situación de riesgo a la población mexicana, particularmente a algunos grupos sociales, como juventudes, infancia, mujeres, familias, migrantes, pueblos y comunidades indias.

El Movimiento ha planteado desde el 8 de mayo la urgencia de cambiar la estrategia actual de seguridad por una estrategia de seguridad humana y ciudadana, que desde una visión integral permita no sólo la contención de la violencia, sino la lucha contra las condiciones económicas, sociales y políticas que la generan.

El Movimiento considera que la Seguridad debe tener como objetivo la Seguridad Humana, es decir, la seguridad centrada en las personas y las comunidades, y no en los Estados, que salvaguarda el centro vital de todos los seres humanos de amenazas críticas que escapan a su control, entendiendo por ‘centros vitales’ los derechos humanos, capacidades básicas y necesidades absolutas, que todas las personas e instituciones tienen la obligación de proporcionar, proteger y respetar, porque están relacionadas con la supervivencia, el sustento y la dignidad”.

Al hablar del engarce entre seguridad humana y ciudadana, el Movimiento plantea la necesidad de apuntalar por un lado el desarrollo social sostenible, y fortalecer por otro, la gobernabilidad democrática y la vigencia plena de los derechos humanos”. Por ello a través de un decálogo propuso una serie de medidas, normas y acciones para avanzar desde ahora hacia la desmilitarización de la seguridad pública, fortalecer el marco de derechos humanos y la protección debida a defensores y periodistas, reformar el sistema de procuración e impartición de justicia para eliminar la impunidad, detener el feminicidio y la violencia contra las mujeres, y transparentar a la sociedad la información sobre los compromisos que ha contraído el país en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, mediante la Iniciativa Mérida.

Nos preocupa que el gobierno federal no haya retomado el diálogo con las defensoras y defensores de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, para concretar por fin un Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Se trata en suma de reorientar una estrategia de seguridad que ha propiciado un altísimo costo social, y que no ha demostrado avances reales para garantizar protección a la ciudadanía.

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Aunque pareciera que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que prioriza la seguridad del Estado en menoscabo de la seguridad de los ciudadanos, y pretende sentar la base para la regulación de la violación flagrante a la Constitución, está en un impasse legislativo, lo que se hace evidente hasta el momento es que con Ley o sin ella, el gobierno federal, con la complicidad de gobiernos estatales ineficientes y omisos, siguen mancillando los artículos 21 y 129 que establecen sin equívocos que la seguridad pública es una tarea de las autoridades civiles, y que en los tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por ello, exigimos nuevamente el respeto pleno de la constitucionalidad, y que no se sigan dando por la puerta trasera de los Operativos Conjuntos, de clara ilegalidad, más facultades a los militares, ya que sólo se demuestra con ello el fracaso de la autoridad civil, a quien le corresponde resguardar con eficiencia y honestidad la seguridad de las personas y las comunidades, ocasionando con ello una ruptura del histórico equilibro entre las autoridades civiles y las militares, en detrimento de las primeras.

Esta estrategia del gobierno federal a las fuerzas militares se evidencia con el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en ellas se establecen medidas de reparación en la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura, delitos de lesa humanidad cometidos en su contra por integrantes de las fuerzas armadas. Sin embargo, no ha habido ni medidas de reparación, ni avances en las políticas públicas para garantizar la no repetición.

El daño a este país de la estrategia que defienden a capa y espada, es acaso irreparable. Uno de los fenómenos que ha creado esta visión militarizante es la operación de grupos paramilitares de limpieza social, al menos tolerados cuando no directamente promovidos por autoridades federales, estatales y municipales. Por ello, insistimos en la urgente reconsideración del paradigma punitivo y en avanzar hacia la seguridad con una perspectiva de derechos humanos enfatizando el fortalecimiento del tejido social y el combate frontal a la corrupción e impunidad.

Un segundo punto entonces fundamental para el Movimiento es el de ataque a la Corrupción e Impunidad. De manera especial se propone la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, autónoma del poder ejecutivo y con los atributos necesarios para romper con la complicidad e impunidad que existe en las instituciones, que permita impulsar políticas para el desmantelamiento de las estructuras financieras de alto impacto, especialmente las que se dedican a la extorsión y al narco negocio, que permita igualmente el desmantelamiento de las estructuras, que desde los poderes formales y fácticos protegen y participan en actividades criminales.

Es necesaria la armonización del marco legal nacional con las convenciones internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero, así como una institucionalidad intergubernamental para garantizar transparencia, investigación y sanción efectiva a estos delitos. Refrendamos que combatir la corrupción e impunidad, base del deterioro y del colapso institucional, exige una reforma estructural al sistema de justicia, que incluya la autonomía y la independencia del Ministerio Público, así como la urgente implementación, desde una perspectiva derecho humanista, de la reforma penal oral y adversarial, así como la depuración de los cuerpos de seguridad, no sólo de las instancias policiacas sino también de las fuerzas armadas.

El tercer campo de propuestas del Movimiento se refiere a la reconstrucción del tejido social, con énfasis en las juventudes. Se requiere construir una propuesta de políticas públicas de carácter extraordinario para atender la profunda gravedad y multidimensionalidad de la problemática que viven, pues a partir de lo que acontece en la realidad del país, y del análisis de las políticas y programas gubernamentales actualmente existentes que hace el Movimiento, éstos no responden en su enfoque y diseño a esta condición de emergencia.

Por ello el Movimiento propone y defiende un Plan Nacional de Emergencia para la reconstrucción del tejido social. Dicho plan debe elaborarse desde una perspectiva integral que incluya a los diversos ámbitos de la vida económica, social y cultural, tales como la educación, el empleo, la salud, el acceso a la justicia y la participación social, así como una política particularmente dirigida a los grupos y comunidades en mayor riesgo: niñas y niños, mujeres, familias, jóvenes y migrantes.

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Este ejercicio requiere un diagnóstico que permita identificar con claridad amenazas y riesgos, así como las acciones necesarias para los diversos grupos poblacionales desde una visión integral y territorial, y un marco normativo que genere condiciones de respuesta en esta lógica, como puede ser una Ley para la situación de emergencia nacional que ahora vivimos.

Particularmente nos preocupa la situación de millones de jóvenes que encuentran múltiples obstáculos para educarse, desarrollarse y vivir dignamente, al desconocer sus derechos y hacerlos víctimas incluso de la criminalización y discriminación por parte del Estado, que son también víctimas de la delincuencia organizada. Un eje que ellos han colocado con firmeza, es la necesidad de impulsar un Acuerdo Nacional para la ampliación de la matrícula en la educación media superior y superior, así como el inmediato incremento del presupuesto para ello.

Otro sector especialmente vulnerable en este contexto son los pueblos y comunidades indígenas. Es necesario aplicar las medidas que garanticen el respeto a sus derechos colectivos, con el fin de salvaguardar su territorio e integridad comunitaria, tanto a nivel general, como en los casos específicos que en ella fueron presentados en este proceso: Ostula, Cherán, Wirikuta, Acteal y la “Voz del Amate”, Chiapas. La paz con justicia y dignidad no es una consigna hueca, para llenarla con políticas públicas, fundamentadas en planes de compensación social impuestos desde fuera, que no resuelven los problemas de inequidad social y pobreza, ya fracasados. Es una visión integral de reconstrucción del país, y por ello la lucha social y pacífica de este Movimiento, se refuerza y fortalece cada día.

2. Saldos de la política de la Seguridad Nacional contra el Narcotráfico.

El saldo que ha dejado la estrategia de seguridad nacional del gobierno federal es devastador: miles de personas asesinadas, secuestradas, desaparecidas y desplazadas, cuyas víctimas se han acercado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reclamando verdad y justicia.

Frente a este escenario y particularmente en lo que se refiere a las desapariciones y a los desplazamientos forzosos, el Estado Mexicano no ha sabido cómo actuar; y no ha adecuado estrategias, instituciones, o protocolos para garantizar que esto se detenga y se encuentren a las personas, lo cual deja en absoluta indefensión a las víctimas. El Estado Mexicano no investiga las desapariciones argumentando que no está tipificada como un delito, cuando se sabe que son secuestros y asesinatos; los casos de personas desplazadas por la violencia, son absolutamente invisibles para el Estado.

2a. Personas Desaparecidas Las desapariciones en nuestro país se han multiplicado en los últimos 5 años, siendo los Estados del norte los de mayor incidencia. En este contexto, en diciembre de 2009, familias de personas desaparecidas en Coahuila que habían empezado a agruparse, dieron origen a las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), que en el último mes decidieron ampliarse a todo el País debido a que este fenómeno se está presentando ya en todos los Estados.

Las familias que integran FUUNDEM sostienen que ninguna autoridad estuvo en condiciones de prevenir o auxiliar en el momento de la desaparición; que todas las familias han sufrido las omisiones de las autoridades policiales y del Ministerio Público, en las primeras horas posteriores a la desaparición (o no se integraron las averiguaciones previas, o no se hizo una búsqueda inmediata de las persona desaparecida); y que ninguna persona ha aparecido.

Este movimiento de familiares se ha caracterizado por lograr una interlocución constante y en ascenso desde los primeros momentos con las autoridades locales: el Fiscal General; el Gobernador; el Secretario de Gobierno; y a nivel federal con: el Presidente de la República; el Secretario de Gobernación; y la Procuradora General de la República.

El 29 de julio pasado, el Secretario de Gobernación tuvo un encuentro con alrededor de 300 familiares de personas desaparecidas, tanto de Coahuila como de otras partes del país. En ese encuentro FUUNDEM formalizó siete demandas:

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1. Programa nacional de búsqueda inmediata; 2. Elaboración de un registro nacional de víctimas; 3. Atracción federal de todos los casos de desaparición de personas; 4. Creación de una Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas; 5. Implementación de protocolos nacionales de investigación de las desapariciones; 6. Creación de un programa general de apoyo a familiares de personas desaparecidas; 7. Que el Gobierno de México asuma las recomendaciones del informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarios de la ONU. A pesar de los diálogos entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en los que FUUNDEM participó, ninguna de las siete demandas ha sido cumplida. De hecho, el pasado 15 de octubre del 2011 en un encuentro con la Procuradora General y sesenta representantes de FUUNDEM, la funcionaria declaró que ella desconocía sobre la demanda de la creación de una Fiscalía Especial, a pesar de los más de diez encuentros con la Secretaría de Gobernación, en donde nos aseguraron de que los canales de comunicación entre esas secretarías de Estado, eran constantes.

En todos los casos existen diversos grados de complicidad de autoridades con los grupos de la delincuencia organizada: desde la abierta colusión con la entrega a estos grupos de las personas que llegan a detener, hasta las omisiones estructurales en los primeros momentos tras las desapariciones.

FUUNDEM ha documentado casos de desaparición forzada, a manos de la Marina y Armada de México, del Ejército Mexicano y de corporaciones policiales de todos los niveles.

La reiterada justificación de las instituciones del gobierno mexicano, al señalar a las víctimas de la violencia como daños colaterales o criminalizarlos, pretendiendo con esto eximir su responsabilidad en materia de Derechos Humanos, solo ha implicado favorecer el incremento de la violencia y la impunidad.

La seguridad tiene que ver con la certeza del ejercicio y vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos, sin embargo el contexto en el que se están dando las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de personas, la recurrencia, patrones, los perfiles de la víctimas, y la aquiescencia de las autoridades, nos permite afirmar que el Estado mexicano está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos humanos, y está vulnerando los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la libre circulación y a la protección judicial.

2b. Personas Desplazadas Aunado a las miles de muertes y desapariciones provocadas por la guerra contra la delincuencia organizada, se ha presentado un fenómeno sobre el cual no existen datos oficiales y apenas algunos estudios realizados por organizaciones internacionales o de estimación estadística, para analizar el problema de las personas que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, huyendo de la violencia y muerte provocada por la llamada “guerra contra el narcotráfico” que hoy se libra en gran parte del territorio nacional.

Para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la definición de este fenómeno se describe claramente en el documento Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la siguiente manera: "personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida".

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A pesar de que ha sido documentado que muchos mexicanos han cruzado la frontera con Estados Unidos huyendo de la violencia relacionada con los cárteles de la droga, convirtiéndose de facto en refugiados 1, este apartado se enfoca exclusivamente en aquellas personas y comunidades que han sido desplazadas dentro del territorio mexicano a causa de esta ola de violencia.

Hay varias razones por las cuales el desplazamiento forzado interno de mexicanos ha sido casi invisible. Primero, existe un vacío legal e institucional con respecto al desplazamiento interno en México, a pesar de que el país experimentó desplazamiento en el Estado de Chiapas a raíz del levantamiento Zapatista de 1994. 2 México no ha sancionado una Ley de Desplazamiento Interno que incorpore los Principios Rectores del Desplazamiento Interno al sistema legal nacional, 3 ni tiene a nivel federal ninguna institución o punto focal que sea responsable de proteger a los desplazados internos. Por tanto, existe en México un desconocimiento generalizado acerca del marco legal internacional de protección a los desplazados internos y acerca de la condición de desplazamiento como una situación de especial vulnerabilidad legalmente definida. En otros términos, hay una barrera normativa y conceptual que ha impedido que el desplazamiento sea identificado y documentado. En otras palabras, en el Estado no existen instituciones capacitadas para responder a casos de desplazamiento forzado, y en la misma medida, las víctimas no se reconocen como tales.

Segundo, el desplazamiento interno a causa de esta violencia se ha producido en forma simultánea a varios patrones de movimientos migratorios. Esto, sumado a la laguna normativa y conceptual mencionada, ha hecho que simplemente se asimile al desplazamiento forzado con la migración voluntaria. Tercero, incluso si esta laguna normativa no existiese, metodológicamente es difícil distinguir la migración voluntaria del desplazamiento forzado.

Tercero, los medios de comunicación han brindado mayor atención a otros abusos y atrocidades cometidas por los cárteles de la droga, incluyendo los asesinatos en masa de transmigrantes centro y sudamericanos en el Estado de Tamaulipas. Quinto, las instituciones del Estado han tenido la tendencia a minimizar o ignorar el desplazamiento como una incómoda consecuencia de una situación de violencia que es por sí misma una gran piedra en el zapato para el actual régimen.

2b.1 Patrones de desplazamiento forzado interno Ha habido dos patrones principales de desplazamiento forzado interno en México como consecuencia de la violencia de los cárteles. El primer tipo es el desplazamiento de un grupo numeroso de personas—un desplazamiento masivo—causado por un incidente intenso de violencia o por una amenaza directa dirigida a un grupo de personas. Estos desplazamientos masivos han recibido atención mediática y alguna respuesta por parte de autoridades locales, 1

La cuestión del estatus legal de las personas que buscan asilo bajo la Convención de 1951 sobre el refugio como consecuencia de la violencia criminal no está completamente definida.

ACNUR ha indicado en su ‘Nota de Orientación sobre las Solicitudes de la Condición de Refugiado Relacionadas con las Víctimas de Pandillas Organizadas’ que “[…] la interpretación de los motivos de la Convención de 1951 debe ser global y lo suficientemente flexible como para abarcar a grupos emergentes y responder a nuevos riesgos de persecución.”

2

Este informe no abarca el desplazamiento interno causado por la rebelión Zapatista de 1994 en el Estado de Chiapas, donde todavía hay cerca de 8,000 personas desplazadas. Tampoco se ocupa del desplazamiento en los Estados sureños de Oaxaca y Guerrero, de donde recientemente han huido personas a raíz de la violencia entre comunidades divididas en facciones religiosas y de grupos políticos, así como la causada por la contienda de los grupos paramilitares por el control político y territorial. Para obtener información sobre estas situaciones, véase www.internal-displacement.org/countries/mexico. Sobre Chiapas, véase Zebadúa, Emilio, ‘El Desplazamiento Interno en México.’

3

En las Américas, Colombia, Guatemala, Perú, y los Estados Unidos han adoptado leyes para incorporar los Principios Rectores en la Legislación Nacional. En México hubo una iniciativa para adoptar una Ley sobre el Desplazamiento Interno en 1998, pero esta fracasó en el Senado.

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puesto que han derivado en pueblos “fantasma” en zonas de Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Veracruz. El segundo tipo es el desplazamiento de personas o familias en forma individual o ‘gota a gota’, en el cual las personas huyen del riesgo que la presencia de grupos armados en su lugar de residencia significa para ellos/as, o de una amenaza específica dirigida a una persona o a su familia. Estos desplazamientos han sido virtualmente invisibles en el debate nacional.

Desplazamientos masivos Desplazamiento masivo en Tamaulipas En 2010, la violencia de los cárteles de la droga golpeó con especial dureza al Estado de Tamaulipas, el cual confronta enormes problemas de seguridad a raíz del enfrentamiento de dos cárteles de la droga—el de los Zetas y el del Golfo—por el control de las rutas del narcotráfico. Según algunas fuentes, la violencia se ha extendido a 11 municipios de Tamaulipas así como a los Estados vecinos. 4 Los municipios más afectados son Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Según varias fuentes, los cárteles de la droga controlan más del 90 por ciento de Tamaulipas.5 Unas 1.800 viviendas construidas por el INFONAVIT, la agencia estatal de vivienda social, en tres municipios de Tamaulipas, han sido abandonadas. 6 Durante 2010, el control de los cárteles en Ciudad Mier aumentó significativamente: los grupos mantuvieron tiroteos abiertos en las calles, incendiaron viviendas, negocios y dependencias gubernamentales, incluida la comisaría de policía. Según los habitantes de esta localidad, antes de huir no salían de sus casas después de las cinco de la tarde y dormían en el suelo por temor a verse atrapados por el fuego cruzado. 7 Los cárteles también se han apropiado de viviendas y han instalado retenes en carreteras. 8 Como consecuencia de la violencia, las personas que contaban con los medios necesarios empezaron a abandonar Ciudad Mier a comienzos de 2010, ya sea cruzando la frontera entre México y Estados Unidos a las ciudades vecinas de Zapata, Roma y McAllen en Texas, o dirigiéndose a otros Estados dentro de México. El grado de conmoción aumentó a comienzos de noviembre de 2010 a raíz de una amenaza abierta contra todos los habitantes de Ciudad Mier emitida por los Zetas, que anunciaron que matarían a toda persona que permaneciera en la ciudad.

Esta amenaza causó la huida de unas 400 personas que no habían podido abandonar la ciudad durante el año, a la vecina Ciudad Miguel Alemán, donde buscaron refugio en el salón comunal. Diversas organizaciones benéficas y la administración local suministraron alimentos y atención sanitaria a los desplazados internos.

4

La Jornada, 12 de noviembre de 2010, ‘La guerra Golfo-zetas, en 11 municipios tamaulipecos; nueve son fronterizos con EU’, disponible en www.jornada.unam.mx/2010/11/12/index.php?section=politica&article=007n1pol and www.jornada.unam.mx/2010/11/12/index.php?section=politica&article=009n2pol 5

Wall Street Journal, 19 de noviembre de 2010, http://online.wsj.com/article/SB129021166074559235.html. Un estudio preparado para un Comité del Senado, titulado “Gobiernos Municipales y Crimen Organizado” mostró que 195 municipalidades en México están bajo el control absoluto de los cárteles de la droga, y otras 1,536 están ‘infiltradas’ por las organizaciones criminales. Citado en “Mexico’s Drug Trafficking Organizations: Source and Scope of the Rising Violence”, US Congressional Research Service, Enero, 2011.

6

El Mañana, 29 de octubre de 2010, disponible en http://www.elmananarey.com/diario/noticia/tamaulipas/noticias/abandonan_casas_del _infonavit_en_municipios_fronterizos/926390

7

Revista Proceso, 14 de noviembre de 2010, ‘Tamaulipas: Vientos de Barbarie’.

8

Reforma, 14 de noviembre de 2010, Envían 3 mil militares al norte de Tamaulipas.

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Según funcionarios estatales y otras fuentes, los desplazados ya habrían regresado a Ciudad Mier, 9 pero no se ha documentado si han podido reanudar sus vidas en su lugar de residencia.

De todas formas, la situación en Mier es precaria. Todos los niños que habitaban en una casa hogar para huérfanos en Ciudad Mier han sido trasladados indefinidamente al vecino municipio de Reynosa. 10 Se dice que el alcalde de Ciudad Mier vive al otro lado de la frontera, en Estados Unidos; las escuelas han cerrado y, según líderes comunitarios locales, hay una ausencia total de instituciones estatales en lo que actualmente se conoce como una ciudad fantasma. 11 Desplazamiento masivo en Michoacán El Estado de Michoacán también ha sido uno de los Estados más afectados por la violencia de los cárteles de la droga. Desde Diciembre de 2006, un total de 1751 personas han perdido la vida en relación con esta violencia en Michoacán. A fines de Mayo de este año, un violento enfrentamiento en la zona llamada “tierra caliente” de Michoacán, entre el Cártel de La Familia con una facción del mismo autodenominada “Caballeros Templarios,” provocó la muerte de varias decenas de personas y el desplazamiento de hasta 2,000 personas. 12 Familias residentes de las áreas rurales o rancherías donde los enfrentamientos armados tuvieron lugar (Pizándaro, Vicente Guerrero, Purépero y Paredes Dos) abandonaron sus lugares de residencia por miedo a ser alcanzados por la violencia. 13 Se reportó que los desplazados huyeron hacia los cascos urbanos de Buenavista, Tomatlán, y Apatzigán, donde fueron temporalmente alojados por las autoridades y por la Iglesia local en escuelas y en casas parroquiales. El Director de la Defensa Civil reportó que se proveyeron mantas, colchonetas, y algo de comida, pero no hubo una evaluación detallada de las necesidades de los desplazados y de las “brechas de protección.”

La entrada del ejército en la zona unos días después puso fin a los enfrentamientos. Se reportó que los desplazados fueron regresando a sus rancherías de origen conforme la violencia terminó.

Eventos de alta intensidad como este, y los desplazamientos masivos que siguen, evidencian la necesidad de crear sistemas de alerta temprana y sistemas de respuesta y protección a nivel federal. De lo contrario, como ocurrió tanto Tamaulipas como en Michoacán, la respuesta es improvisada por las autoridades locales y depende de la “buena voluntad” de éstas y de otras organizaciones, notablemente la Iglesia.

Desplazamientos individuales o invisibles El segundo patrón de desplazamiento es mucho menos visible pero mucho más significativo en términos de cifras totales (la cuestión de las cifras se aborda en la sección 3). Este desplazamiento se está produciendo en forma constante pero, como se dijo antes, es comúnmente confundido con la migración y es difícil de documentar. Para documentar esta forma de desplazamiento es necesario utilizar indicadores o fuentes alternas de información (proxies), o hacer seguimientos o estudios utilizando metodologías comúnmente aplicadas por demógra-

9

Milenio, 17 de noviembre de 2010, disponible en http://www.milenio.com/node/580005

10

El Universal, 23 de noviembre de 2010, www.eluniversal.com.mx/notas/725519.html

11

Jornada, 11 de noviembre de, 2010, disponible en www.jornada.unam.mx/2010/11/11/index.php?section=politica&article=005n1pol 12

AFP, ‘México: Combates de Narcos Provocan Éxodo de 2000 personas en Michoacán’, disponible en http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h18jAloEDKDFry6vohRuq3PqZaxw?do cId=CNG.c6798cc20bc910b68b5a96063d46bf4d.31 13

Zócalo, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/reportan-exodo-por-enfrentamientos-en-michoacan

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fos y sociólogos. Debido a la relativa complejidad para llevar a cabo estos estudios, (además del vacío conceptual antes mencionado), hasta el momento no se ha documentado esta forma de desplazamiento en forma sistemática en los estados más afectados por la violencia en la república.

Sin embargo, existen algunas fuentes de información alternas confiables que muestran la magnitud de esta forma de desplazamiento en algunos Estados y localidades. El censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quizá la fuente de información más sistemática y confiable. La edición de 2010 del censo incluyó una pregunta específica para identificar el número de viviendas abandonadas, y mostró que en los estados más afectados por la violencia existen miles de viviendas abandonadas. Por ejemplo, Tamaulipas y Chihuahua—estados fronterizos fuertemente afectados por el enfrentamiento continuo entre los Zetas y el Cártel del Golfo el primero, y el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez el segundo—registraron respectivamente 211,000 y 230,000 viviendas abandonadas.

A pesar de que el censo no provee información sobre la razón por la cual las personas han abandonado sus viviendas, el propio INEGI ha declarado que la violencia generalizada en los estados fronterizos del norte podría ser la causa. 14 Adicionalmente, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) —el único de este tipo—mostró la magnitud de esta forma de desplazamiento en la ciudad fronteriza del mismo nombre. A través de una encuesta administrada a una muestra estadísticamente representativa de familias en Ciudad Juárez y sus alrededores, el estudio de la UACJ mostró que unas 230,000 personas habrían abandonado esta zona huyendo de la violencia desde 2007. Los resultados indicaron que la mitad de los desplazados habrían permanecido en México como desplazados internos, y que la otra mitad habría cruzado a los Estados Unidos. Los encuestados también indicaron que sus parientes o amigos que abandonaron la ciudad se habrían ido sobre todo a los Estados de Coahuila, Durango, y Veracruz, o a otras localidades en el mismo estado de Chihuahua. Su situación y condiciones de vida en tanto desplazados internos son desconocidas pues ninguna agencia o institución ha hecho seguimiento al desplazamiento forzado dentro del país.

Otras fuentes locales en Juárez también muestran la evidencia de este éxodo. Según el Instituto Municipal de Planeación, en Juárez hay unos 116.000 hogares vacíos. 15 Según la Cámara de Comercio, durante los últimos tres años alrededor de 11.000 negocios han cerrado sus puertas. 16 El Secretario de Educación reveló que unos 11.000 alumnos no se han reincorporado a la escuela (en el Estado de Chihuahua).

2b.2 Cifras totales de desplazamiento Como se indicó antes, el desplazamiento forzado interno en México no ha sido documentado en forma sistemática. En consecuencia, es casi imposible obtener una cifra global del desplazamiento causado por la violencia de los cárteles de la droga en México. Sin embargo, si se agrega la cifra arrojada por el estudio de la UACJ del desplazamiento en Juárez y sus alrededores a las cifras de los desplazamientos masivos de Tamaulipas y Michoacán, se tiene que unas 117,000 personas habrían sido desplazadas internamente desde 2007. 17 Es evidente que el patrón de desplazamiento individual o invisible sería responsable de la gran mayoría 14

Proceso, ‘Por inseguridad, abandonadas 18.5% de viviendas en la frontera: INEGI’ disponible en http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/pdfExclusiva/88823 15

Instituto Municipal de Planeación, http://nortedigital.mx/noticias/local/3607/.

16

www.eluniversal.com.mx/notas/704901.html

17

En lo que concierne a las personas que atravesaron la frontera México-Estados Unidos huyendo de la violencia, no existen cifras consolidadas. 3,231 Mexicanos solicitaron asilo en Estados Unidos en 2010. Sin embargo, esta cifra total no especifica la causa de la solicitud, ni tampoco da cuenta, obviamente, de las personas que cruzaron la frontera en forma ilegal huyendo de la violencia. Para las cifras de solicitudes de asilo, ver “US Department of Justice, Immigration Courts Asylum Statistics”, disponibles en http://www.justice.gov/eoir/efoia/FY10AsyStats.pdf

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del desplazamiento total, mientras que eventos aislados de desplazamientos masivos—que son los más visibles—serían responsables de una porción mucho menor del desplazamiento total. Esto dicho, y a pesar de que es importante establecer la magnitud del fenómeno de desplazamiento, también hay que notar que la cuestión de las cifras no puede ni debe convertirse en el centro del debate. Lo fundamental es la protección de los desplazados; esto se aborda en la sección que sigue.

2b.3 Obligación de proteger derechos y acciones a futuro Debido a la falta de información sobre los desplazados internos por la violencia de los cárteles de las droga, no se sabe con exactitud qué problemas de protección 18 enfrenta esta población.

Es claro que no todas las personas que se han desplazado son personas vulnerables desde una perspectiva de protección humanitaria: muchos de los que se han ido de las zonas de violencia son dueños de negocios pequeños y medianos y profesionales independientes de clase media-alta que restablecieron sus medios de subsistencia, en muchos casos al otro lado de la frontera, en ocasiones obteniendo visas de inversionistas.

De hecho, se va visto que la gente que tiene alguna forma de capital – ya sea económico, social, o intelectual – ha abandonado su lugar de residencia como medida precautoria. La relación comúnmente observada en situaciones de violencia entre situación económica y resistencia a la violencia, según la cual la gente que puede huye de la violencia más temprano—tiene una menor resistencia a niveles de violencia que aquellos que no tienen los medios—ha sido claramente evidenciada en la zona de Juárez, donde existe información disponible.

Sin embargo, muchas de las personas que han sido forzadas a irse son personas vulnerables sin esas formas de capital—gente que vivía en zonas casi completamente controladas por el crimen, como El Porvenir y Práxedis G. Guerrero alrededor de Juárez. Se cree que estos desplazados se han mantenido a sí mismos o se han servido de la familia extendida como red de apoyo principal. 19 Pero no se sabe más sobre su situación. Recabar información sobre la situación de los desplazados es, por tanto, un área que debería ser prioritaria para el Estado.

Una cuestión de protección que sí es evidente tiene que ver con los derechos de propiedad.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de viviendas que han sido abandonadas por los desplazados, es claro que es necesario ejecutar programas para proteger la propiedad dejada atrás por ellos. 20 En El Porvenir y Práxedis G. Guerrero, en Valle de Juárez, poco queda ya de la mayoría de las viviendas, aparte de la estructura básica de cemento: todas las puertas, ventanas y aseos han sido destruidos o robados. Algunas personas dicen haber tenido que pagar a guardias de seguridad con su propio dinero para proteger sus hogares. 21 Pero más allá de Juárez, en el caso de los desplazamientos individuales, es fundamental mirar estos movimientos migratorios desde la perspectiva del desplazamiento forzado. Es obligación de las agencias estatales deben hacer todo lo posible para documentar la magnitud de este fenómeno.

18

El término protección se utiliza acá en el sentido de acceso a derechos en situaciones de conflicto armado que requieren una respuesta humanitaria, siguiendo la definición internacional de protección: ‘todas las actividades enderezadas a garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas conforme a la letra y el espíritu de las normas internacionales aplicables, i.e., el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y el derecho de refugio.’

19

Entrevistas con Rodolfo Rubio, Colegio de la Frontera Norte; Wilebaldo Martínez y Socorro Velásquez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 17 de noviembre de 2010.

20

Al respecto, ver los Principios de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y la Restitución de la Propiedad de los Refugiados y Desplazados Internos (The Pinheiro Principles), disponibles en http://www.unhcr.org.ua/img/uploads/docs/PinheiroPrinciples.pdf 21

Entrevista con Gustavo de la Rosa, Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ciudad Juárez, 18 de noviembre de 2010.

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En el caso de los desplazamientos masivos descritos en la sección 2, las autoridades estatales y federales deben asegurar que se brinde protección y apoyo humanitario a las personas desplazadas, de modo que puedan disfrutar de todos sus derechos, conforme establecen los Principios Rectores. Esto incluye la creación de sistemas de alerta temprana y de sistemas de respuesta a nivel Federal. Adicionalmente, es necesario trabajar activamente para buscar soluciones duraderas al desplazamiento, 22 ya sea a través de su retorno, integración en el lugar de desplazamiento, o reubicación en un tercer lugar. En el caso de desplazamientos prolongados, se debe garantizar, por ejemplo, la matriculación de los niños en las escuelas locales, la existencia de oportunidades laborales para los adultos, y el acceso a los servicios públicos.

En el marco normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la falta de actuación y omisión del Estado mexicano para atender esta violación a los derechos humanos, al igual que todos aquellos derechos sociales que de este fenómeno se desprenden, incrementa el agravio de la población desplazada al ver violentados sus derecho al goce y disfrute de los siguientes preceptos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; Derecho a la Integridad Personal; Protección de la Honra y de la Dignidad; Protección a la Familia; Derechos del Niño; y Derecho a la Propiedad Privada.

2c. La inseguridad y el abandono de comunidades indígenas.

A continuación exponemos la situación de tres comunidades indígenas que han tenido que recurrir a la autoprotección frente a la inseguridad en la que viven, provocada por la violencia del crimen organizado y la nula respuesta de las autoridades.

Ostula, Michoacán Manifiesto de Ostula y pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa indígena.

Nosotras y Nosotros del pueblo Nahua, Nosotras y Nosotros del pueblo Wixárika, Nosotras y Nosotros del pueblo de los Purhepechas, Nosotras y Nosotros del Pueblo Binnizá, Nosotras y Nosotros del pueblo Hñahñuu, Nosotras y Nosotros del pueblo Coca, Nosotras y Nosotros del pueblo Tzeltal, Nosotras y nosotros del pueblo Ñu Sabi, Nosotras y Nosotros del pueblo Rarámuri.

Reunidos en la XXV Asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro-Pacífico, realizada en el territorio indígena de la costa Nahua de Michoacán, hemos reflexionado durante estos días con relación al despojo y defensa de los territorios indígenas y la explotación de nuestros pueblos y comunidades, también hemos compartido la palabra sobre nuestras culturas, leyes autogobierno, y el ejercicio de la autonomía en los hechos.

Después de analizar la situación que hoy existe en la mayoría de nuestros pueblos, naciones, comunidades y tribus, hemos resuelto emitir al Congreso Nacional Indígena, a la Otra Campaña nacional e internacional y a la gente honesta, digna y rebelde de nuestra sociedad nacional e internacional el presente manifiesto: 1. Damos a conocer que actualmente nuestros pueblos somos víctimas de despojos violentos de nuestros territorios y recursos naturales, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas, tanto en nuestro país como en el continente. Los malos gobiernos capitalistas neoliberales han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación.

22

Al respecto, ver el “Marco de Soluciones Duraderas al Desplazamiento” adoptado por el Comité Inter-Agencial de Naciones Unidas, disponible en http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2007/09displacementends/2007_durablesol utions_Spanish.pdf

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2. En el marco de los tratados de libre comercio, las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de sus legisladores de todos los partidos políticos, han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el mercado nuestras tierras, territorios, recursos naturales, así como conocimientos y saberes indígenas. Desconocemos como pueblos indígenas este conjunto de reformas que ponen en riesgo la integridad de nuestros pueblos y la vida misma de los seres humanos. Reafirmamos nuestro reconocimiento a los Acuerdos de San Andrés, como la Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México.

3. La intromisión de los malos gobiernos y las empresas en nuestras comunidades y pueblos, se ha dado a través de sus programas gubernamentales que las dependencias, funcionarios, partidos políticos y empresarios a través de mentiras, corrupción engaños y traiciones han venido imponiendo sin consultar a nuestras comunidades. El PROCEDE, PROCECOM, la SEMARNAT, Secretaría de Turismo, SEDESOL, INEGI, Procuraduría Agraria, el CDI, La impuesta Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán, entre otras, han promovido y solapado la imposición y el engaño que los malos gobiernos y las empresas realizan en nuestros territorios y específicamente en la costa de Michoacán en donde se impulsan el proyecto de desarrollo integral turístico y el proyecto carretero Coahuayana Lázaro Cárdenas, que buscan desincorporar del régimen comunal y ejidal las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.4. Lo anterior es una manera en que los malos gobiernos cooptan, confunden, controlan y someten a muchas de nuestras comunidades, generando divisionismo y confrontaciones que han permitido a los malos gobiernos facilitar la represión, el asesinato y la cárcel.

5. Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la Autonomía y libre determinación.

Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE. 6. Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación por la vía de los hechos de las tierras que les pertenecen. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas Nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña, a estar alertas y en permanente comunicación.

7. Manifestamos nuestra disposición a continuar participando en la Jornada Nacional e Internacional por la libertad inmediata e incondicional de los 12 presos políticos de San Salvador, Atenco, Estado de México. Manifestamos nuestro extremo repudio al etnocidio expresado en la violencia y la represión de que han sido víctimas las hermanas y hermanos indígenas de la zona amazónica de Perú, implementado por el mal gobierno de Alan García. De la misma manera manifestamos nuestra indignación por la violenta represión en contra de los hermanos oaxaqueños que fueron desalojados del plantón que mantenían frente a las instalaciones de la empresa minera en San José del Progreso y La Magdalena, Ocotlán de Morelos en Oaxaca, manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de Bachajón Chiapas que actualmente enfrentan una lucha frontal contra el gobierno federal y del estado por mantener y cuidar sus territorios, recursos naturales y gobiernos autónomos. Denunciamos que los hermanos nahuas Pasiano Antonia Agustina, presidente del comisariado, José Antonio Dorantes, Ramón Navarro y Octaviano Martínez todos ellos de la comunidad de Chimalaco, quienes se dirigían a esta reunión y fueron detenidos de manera arbitraria en el municipio de Axtla, San Luis Potosí el viernes pasado.

8. En contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario de fecha 26 de Agosto del 2008, en la cual se niega la propiedad del territorio ancestral que desde tiempos inmemoriales han defendido los Wixaritari de Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquital Durango. Ya que significa una grave violación de los derechos fundamentales del pueblo Wixárika, por par-

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te del Estado mexicano. Apoyamos la decisión de Santa Catarina Cuexcomatitlán-Tuapurie, Municipio de Mezquitic Jalisco, de rechazar el proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla y emprender proyectos autónomos anticapitalistas educativas y el uso y disfrute de los recursos naturales. Asimismo exigimos cese el intento de imposición de un supuesto desarrollo que destruye el territorio. Apoyamos la decisión de San Sebastián Teponahuaxtlá n municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco de luchar en contra de la contaminación del río Camotlán y las concesiones del agua que se han hecho en las comunidades del sur de San Sebastián y Tuxpan, en los alrededores de Mesa de Tirador, realizados por el municipio de la Yesca Nayarit y particulares invasores. Saludamos el triunfo de la comunidad en la anulación de invasiones catastrales mediante recientes movilizaciones y exigimos respeto a su territorio por parte de invasores mestizos.

Saludamos el esfuerzo de nuestras hermanas y hermanos participantes del CNI región Noroeste, que se encuentran avanzando en la organización y lucha por la defensa de sus territorios en la V reunión plenaria que realizarán el 15 y 16 de agosto en la comunidad indígena rarámuri de San Ignacio Arareco, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.

Dado en la Comunidad de Santa María de Ostula, Aquila, Michoacán, México, a 14 de junio de 2009 Cherán Michoacán Además de la tala de árboles que ha afectado cerca de 20 mil hectáreas del territorio de la comunidad de Cherán, sus pobladores han sufrido desde 2008 secuestros, desapariciones y muertes por defender y denunciar este fenómeno ante las autoridades, las cuales no les han dado respuesta, ni en lo que se refiere a la tala, ni en lo relativo a la justicia.

Al no recibir apoyo de las autoridades, los indígenas purépechas decidieron rechazar las elecciones constitucionales; elegir a sus representantes por usos y costumbres; y expulsar a los talamontes, que ellos saben están encubiertos por el crimen organizado.

Para garantizar su seguridad, desde el 15 de abril de este año cerraron el pueblo con barricadas, controlaron los accesos a la comunidad e instituyeron rondas comunitarias de vigilancia, por lo que se permite la circulación de personas y vehículos por su territorio entre 8 de la mañana y 8 de la noche, pero se controla quién entra y sale. Los comuneros externan que tuvieron que autoprotegerse, que es una autodefensa ante el silencio del gobierno.

“Cherán no se doblega, no cierra sus ojos ante el tirano, y los hechos históricos que ha vivido lo confirman, a lo largo de cada uno de estos movimientos, se ha forjado un espíritu de lucha auténtico y que dibuja horizontes hacia la consolidación de una comunidad diferente”.

Wirikuta Wirikuta es nuestro templo, de ahí depende nuestra vida, nuestra cultura y cosmovisión, si Wirikuta es destruida por los trascabos, la contaminación y las explosiones mineras, nosotros morimos.

Asesinan de igual forma a nuestros hermanos purépechas de Cherán cuando talan sus bosques, así destruyen a nuestros hermanos nahuas de Santa María Ostula cuando los despojan de sus tierras y los asesinan por defender su hogar. Hoy Santa María Ostula esta rodeada y amanecieron amenazadas de muerte decenas de familias y hoy, nadie hace nada por ellos.

Los pueblos indígenas defendemos la vida como lo que es, algo sagrado y nos responden con violencia en nombre de los negocios. El crimen organizando también es un gran negocio que toma en cuenta en la economía mundial y también ha llegado hasta nuestros territorios, en todas partes se ha comprobado que su gran poder ha hecho crecer la corrupción de quienes debería cuidarnos, deben buscarse nuevas formas de terminar con esto, los pueblos indígenas somos capaces de mantener la paz y el orden de nuestras tierras como lo han demostrado nuestros hermanos de la montaña de Guerrero.

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Son muchas las amenazas a nuestros pueblos y a la sociedad mexicana toda, no pueden seguirse monopolizando desde el poder las soluciones todos podemos y debemos aportar, la democracia necesita más participación de todos. El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es constante violentado, así ha pasado en Wirikuta en donde a pesar ser reconocido por UNESCO como uno de los 14 sitios sagrados, en el mundo que debe protegerse que es un área natural y cultural protegida, de nada ha servido para detener las ambiciones de mineras trasnacionales y la entrega corrupta de nuestro gobierno a ellos.

No pueden seguir así las cosas, Wirikuta es un patrimonio ancestral de nuestro pueblo, pero también de la humanidad y de nuestro país, al ser uno de los pocos centros ceremoniales vivos de la herencia india de México, tal como lo reconocieron en el pacto Hauxa Manaká, el Ciudado Presidente, los gobernadores constitucionales de los Estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit y el Diputado Marcos Matias Alonso y el Senador Andres Galvan Rivas, el 28 de abril de 2008 en la localidad de Pueblo Nuevo, Durango.

Son 140 mil hectáreas que deben ser respetadas y su futuro debería de ser el de un ejemplo mundial de cuidado ecológico, restauración ambiental y respeto y no como pretenden, un campo minero muerto. 23

C) Derechos de las Víctimas El Movimiento hace suya la definición de víctima establecida en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la ONU, en la cual se señala que:

Se entiende por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder (víctimas del delito), y aquellas que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos (víctimas de abuso de poder).Como lo señala esta Declaración, las víctimas son también los familiares o personas a cargo que tienen una relación inmediata con la víctima directa, así como a las personas que han sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Cabe señalar que a partir de las reformas de 1993 y del año 2000 al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de las víctimas fueron elevados a rango constitucional.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos, las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

A partir de la comisión del delito, las víctimas tienen derecho a atención médica y psicológica de urgencia y a solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

El Estado debe adoptar medidas para proteger su intimidad, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia. En particular, para las víctimas de violencia, los estándares inter-

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nacionales señalan que el Estado debe velar por que gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación, no den lugar a un nuevo trauma.

En materia de garantías judiciales y debido proceso, las víctimas deben recibir asesoría jurídica y ser informadas de los derechos que en su favor establece la Constitución, así como del desarrollo del procedimiento penal cuando lo soliciten. Además, pueden coadyuvar con el ministerio público, intervenir en el juicio y presentar todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. Las víctimas podrán impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Respecto a la reparación del daño, el Estado debe establecer mecanismos judiciales y administrativos expeditos, justos, poco costosos y accesibles. De acuerdo a la Declaración anteriormente citada, tanto los delincuentes que cometan un delito, como los funcionarios públicos responsables de violaciones a los derechos humanos, deberán reparar los daños a las víctimas: Los delincuentes o terceros responsables resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

Asimismo, en el caso de las violaciones a los derechos humanos, el Estado deberá garantizar medidas de satisfacción y de no repetición de hechos similares.

1. Violaciones a los derechos de las víctimas de violencia.

De acuerdo a lo referido por parte de las víctimas de personas desaparecidas, asesinadas y secuestradas en relación con la actuación del Estado a partir del momento de denunciar los hechos ante las autoridades, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad considera que el Estado no ha cumplido con su Obligación de respetar los derechos humanos (art.1 CADH) y ha incurrido en violaciones a los siguientes derechos: Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (Artículo 3. CADH); Derecho a la Vida (Artículo 4.

CADH); Derecho a la Integridad Personal (Artículo 5. CADH); Derecho a la Honra y la Dignidad (Artículo 11. CADH); y Derecho a la Protección Judicial (Artículo 25. CADH).

Es de destacar que las denuncias de las víctimas van en absoluta coincidencia con lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación General 14 sobre los derechos de las víctimas de delitos (marzo 2007), la Recomendación General 16 sobre el plazo para resolver una averiguación previa (mayo 2009) y la Recomendación General 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente (agosto 2009), así como con las Recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos: González y otras (“Campo Algodonero”) y Radilla Pacheco.

A continuación analizaremos las violaciones a los derechos humanos denunciadas al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad por parte de las víctimas de personas asesinadas,

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desaparecidas, y secuestradas, en el momento de acudir ante las autoridades a denunciar los hechos.

1a. Obligación de Respetar los Derechos y Derecho a la Vida (Artículos 1 y 4, CADH) La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, bajo el principio de igualdad y no discriminación, implica entre otras cosas, que “el Estado debe investigar seriamen-

te con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación” 24 Asimismo, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la vida, la Corte Europea de Derechos Humanos ha desarrollado la teoría de la “obligación procesal” del Estado de efectuar una investigación oficial efectiva. En este sentido, ha establecido que el derecho a la vida se vulnera si la investigación sobre un homicidio no ha sido efectiva, imparcial ni profundizada 25. La Corte Interamericana también ha aplicado esta teoría en diversos casos. 26

En la totalidad de los casos presentados al Movimiento por parte de las víctimas, éstas refieren que las autoridades a las que han acudido a pedir justicia no están investigando sus denuncias y que son ellas las que realizan las búsquedas y aportan elementos de prueba que entregan al ministerio público a fin de que avance la indagatoria, con todo el

riesgo que esto implica.

En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, la Corte IDH estableció que, conforme al deber de garantía: el Estado está […] obligado a investi-

gar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. 27 El deber de garantizar los derechos humanos implica también organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En el caso de las personas desaparecidas que a la fecha se calcula en 10 mil personas (sin que ésta sea una cifra oficial), las diversas organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones que se cree una Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, y que desarrolle Protocolos específicos para investigar estos hechos que se han convertido en una práctica sistemática de la delincuencia organizada en nuestro país. La desa-

parición no está tipificada como un delito, y por ello las autoridades esperan 72 horas a partir de la presentación de la denuncia para iniciar una búsqueda y no una investigación, negando la realidad de que, como se ha visto a lo largo de estos últimos años, la mayoría de las personas desaparecidas han sido C6D?'@+%2)'EFGB'@"&+'H+.I4#)I'J'+2%"&'KL@",3+'D#5+(+.)%+MN'9&B'OPQ/*+'&).2).*/"'()'>R'()'.+S 9/),$%)'()';==T'K)Q*)3*/U.'3%)#/,/."%?'V+.(+?'%)3"%"*/+.)&'J'*+&2"&N' AW3XYYZZZB*+%2)/(AB+%B*%Y(+*&Y*"&+&Y"%8*-#+&Y&)%/)*[;=\[)&3B3(V 24

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asesinadas o secuestradas. Como lo ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las primeras horas son fundamentales para la investigación.

1b. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (Artículo 3. CADH) La Corte IDH ha establecido que este derecho “representa un parámetro para determinar si una persona es titular o no de los derechos de que se trate y si los puede ejercer, por lo que la violación de aquel reconocimiento hace al individuo vulnerable frente al Estado o particulares… Más allá de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos los derechos de los cuales también es titular, su desaparición implica no sólo una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado”28 La desaparición de personas asalariadas que tenían a su cargo la manutención de su familia y gozaban de los derechos al seguro social, a créditos para vivienda o a alguna otra ayuda gubernamental que beneficiaba a toda la familia, coloca en un estado grave de indefensión a las y los dependientes económicos que en la mayoría de los casos no pueden realizar estos pagos o bien no pueden hacerlo porque no tienen la personalidad jurídica para ello. En estos casos, el Estado no toma en cuenta que la persona no puede cubrir con sus obligaciones de pagar los seguros, la vivienda, u otros deberes a los cuales estaba sujeta, en virtud de que está desaparecida y que los familiares se encuentran en absoluta desprotección económica, en particular las niñas y los niños.

1c. Derecho a la Integridad Personal (Artículo 5. CADH) La Corte IDH señala que la falta de investigaciones tendientes a hallar la verdad, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables “agrava la experiencia de impotencia, desamparo e indefensión de las familias” 29 Además, en el caso de desapariciones, la Corte ha llegado a considerar que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. 30 En el caso del señor Rosendo Radilla, la Corte observa que, según el informe sobre la afectación psicosocial de los familiares, su desaparición ha tenido un impacto traumático y diferenciado en la familia como colectivo, debido a la obligada reestructuración de roles de cada una de los miembros, con las evidentes afectaciones al proyecto de vida de cada uno. 31 Además del estado de crisis emocional en que se encuentran los familiares de personas desaparecidas, asesinadas o secuestradas, éstas han señalado al Movimiento que su estado se ha agravado ante la negativa de las autoridades a proporcionarles información acerca de los avances en las investigaciones. Generalmente, las y los ministerios públicos piden a las víctimas no solicitar información y esperar a que éstas se la proporcionen, lo cual en la mayoría de los casos no sucede. De los cerca de 700 casos que el Movimiento ha documentado, las familias no saben quiénes son los responsables, y en el caso de las desapariciones, ni siquiera saben cuál es el paradero de su familiar.

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1d. Derecho de Garantías Judiciales y Protección Judicial (Artículos 8 y 25, CADH) La Corte IDH señala que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención; el Estado está en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas (artículo 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), dentro de la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos (artículo 1.1). La Corte IDH ha señalado que una demora prolongada en la investigación puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. 32 En su Recomendación General 16, la CNDH refiere que del análisis de las quejas recibidas por dicho organismo, se identificaron las siguientes acciones y omisiones en las áreas de procuración de justicia del país, que ocasionan una dilación en la procuración de justicia, un entorpecimiento en la investigación de los delitos, y son contrarias al respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito: 33 • Los periodos pronunciados de inactividad en las investigaciones; • La falta de acciones para garantizar la seguridad de las víctimas y testigos; • La práctica de diligencias que no son reportadas dentro de la indagatoria; • La emisión de citatorios que son notificados cuando ya han vencido… el extravío de constancias que integran el expediente; • Las deficiencias en la investigación realizada por la policía judicial, ministerial o científica, que la mayoría de las veces se concreta a consultar la indagatoria y no acuden al lugar de los hechos; • La falta de preservación de la escena del delito; y • El retraso injustificado en los dictámenes periciales.

El sistema de justicia es un tema muy ajeno para las personas, las cuales sólo tienen contacto con éste cuando son víctimas de un delito. Muchas de las personas víctimas que se han acercado al Movimiento no reconocen con claridad cuál es la institución ante la cual presentaron su denuncia, ni cuáles son sus derechos en materia de garantías judiciales.

De lo referido por las víctimas, se desprende además que las y los agentes del Ministerio Público que reciben las denuncias no les proporcionan asesoría jurídica, ni les informan sobre sus derechos de conocer del desarrollo del procedimiento penal, de coadyuvar en la investigación, de presentar datos o elementos de prueba con los que cuente, de intervenir en el juicio, de recibir atención médica y psicológica de urgencia, y de que les sea reparado el daño, como lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contrario a lo anterior, las víctimas refieren también que las autoridades ministeriales les dan un trato de tercero ajeno al problema, y las consideran una molestia cuando solicitan información sobre el desarrollo de la investigación. En los casos de personas desaparecidas, el Ministerio Público elabora un acta circunstanciada de hechos y no

32

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inicia una averiguación previa, sin informar de esto a las víctimas, las cuales creen que con su denuncia se iniciará no sólo la búsqueda de la persona, sino también la investigación.

Las víctimas han denunciado la dilación en el trámite de las averiguaciones previas, sobre lo cual la CNDH también se ha pronunciado y ha señalado que en un porcentaje superior al

90% las indagatorias se envían al archivo o a la reserva por no estar acreditados los elementos constitutivos del delito. 34 El derecho de las víctimas a recibir atención médica y psicológica de urgencia es vulnerado con frecuencia por parte de las autoridades debido a factores como la falta de capacita-

ción de los servidores públicos para atender situaciones específicas y saber cuál es el tratamiento que se debe brindar; la falta de infraestructura; la insuficiencia de recursos humanos; y la falta de coordinación entre instancias de seguridad social para brindar servicios terapéuticos. Señala la CNDH que no obs-

tante que la gama de reacciones físicas o emocionales de las víctimas es muy amplio, el ministerio público les brinda un trato similar sin que importe que hubieran sufrido menoscabo en su patrimonio, la pérdida de un ser querido o cualquier otro evento que altere su percepción de seguridad y bienestar. 35 Resulta muy grave la afirmación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la cual este Movimiento está en total acuerdo respecto a que “la atención que se otorga a las víctimas u ofendidos por el delito, cuando acuden al Ministerio Público a denunciar, suele ocasionar una victimización institucional considerada aún más negativa, porque es el propio sistema el que agravia a quién se dirige a él pidiendo justicia”. 36 En el tema de reparación del daño, es claro que si no existe una investigación seria y si ésta se prolonga indefinidamente en el tiempo, las víctimas no reciben la reparación del daño a la que tienen derecho.

1e. Protección de la Honra y de la Dignidad

(Artículo 11, CADH) Una de las principales denuncias de las personas víctimas de delitos ante el Movimiento es que en el momento de denunciar los hechos, la autoridad ministerial tienen una

actitud ofensiva, de desprecio y de burla hacia éstas, y en ocasiones les realizan preguntas y observaciones prejuiciosas de manera que las intimidan para seguir denunciando los hechos.

En el caso de las personas desaparecidas, respaldadas en que esta acción no configura un delito, las autoridades no llevan a cabo ninguna diligencia hasta que no transcurran 72 horas, tiempo en que éstas consideran, la persona puede regresar a su hogar. Las respuestas frecuentes de la autoridad para no iniciar la investigación son: “espere a que regrese, seguramente se fue con su novia” o “debe estar en algún lugar divirtiéndose, tenga paciencia”.

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D) Las Caravanas del Consuelo y la Situación de Seguridad Ciudadana y los Derechos Humanos

1. La Comisión de Documentación La Comisión de Documentación del MPJD nació de manera informal con grupo generoso de estudiantes caravaneros que se dedicó a recopilar en cuadernos las historias de las víctimas y familiares que se acercaban a denunciar entre lágrimas sus casos. Otro grupo intentó ordenarlas para dar a conocer una parte importante de la historia de México: aquello que les es común, lo que expresan. Ya consolidada, la Comisión comenzó a trabajar como tal a principios de la #CaravanaSur de Septiembre del 2011 y cuenta actualmente con 8 Defensores de Derechos Humanos. Lleva operando menos de un mes con oficinas y actualmente es la comisión encargada de sistematizar y monitorear las violaciones a derechos humanos causados por las políticas de Estado en la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico.

La Comisión tiene como objetivo recabar información de casos relacionados con el clima generalizado de violencia en el país, con el fin de plasmar y presentar la información jurídica de violaciones a derechos humanos y así facilitar la búsqueda de la justicia y la reparación del daño. Además, se busca conservar la memoria histórica y la verdad del suceso, al establecer

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un registro que permita demostrar que dichas violaciones a derechos humanos se han convertido en una política de Estado.

Misión Recibir y sistematizar la documentación de casos de violaciones a Derechos Humanos de manera humana bajo el compromiso de confidencialidad para encontrar e ilustrar patrones de violencia generados por políticas de Estado, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia.

Empoderar a las víctimas y generar redes de Defensores de Derechos Humanos.

Apoyar en la creación de una Memoria histórica respecto a la tragedia nacional y la espiral de violencia que sufre la nación mexicana.

Apoyar en el desarrollo de litigio estratégico en casos de Derechos Humanos

Visión Convertirnos en una forjadora de redes nacionales y trasnacionales de individuos, ONGs, instituciones académicas y de sociedad civil en general, que logren revertir las políticas de Estado que generan violaciones sistémicas y sistematizadas de Derechos Humanos.

Por ello, nos dimos a la tarea de crear una ficha de documentación para el movimiento, que cuenta con los datos básicos para presentar una denuncia penal, una queja ante Comisiones de derechos humanos o una denuncia pública del caso en cuestión. Cabe señalar en este último rubro, que por la naturaleza del movimiento por la paz, la información, aunque confidencial, ha sido requerida bajo la autorización expresa de las víctimas, tanto para actividades artísticas y culturales, protestas civiles pacíficas y actos de denuncia pública.

El objetivo primordial de las entrevistas que les realizamos a las víctimas tiene es que el denunciante narre de manera completa y detallada los hechos ocurridos, con apoyo y guía de un monitor capacitado y mediante un lenguaje de derechos humanos. La información de dicha relatoría se plasma en una ficha impresa o electrónica, que responda a los siguientes cuestionamientos: Hora, lugar y fecha de la entrevista.

Datos básicos de la víctima (confidenciales).

Descripción de los hechos. ¿Quién o quiénes? (no sólo referir al sujeto o sujetos sino dar datos concretos acerca de éstos: altura, vestimenta, rasgos físicos) ¿Cómo y qué pasó? (no hay que perder de vista que para explicar cómo, debemos ser sumamente descriptivos sin perder objetividad).

Datos básicos del denunciante y datos de contacto, con el objetivo de otorgarle acompañamiento.

Análisis jurídico del caso para su seguimiento.

El proceso para recabar la información en las caravanas y en los diversos eventos del movimiento, ha sido básicamente el mismo: una cantidad variada de monitores que cuentan con los materiales necesarios que se instalan cerca de los templetes o del grueso de los integrantes de la organización, nunca solos o separados del contingente, ya que por la naturaleza de la información que recabamos tenemos reglas básicas de seguridad para que no se vulnere nuestra integridad o la información confidencial que poseemos.

Ya recabada la información, un equipo capacitado en análisis de información jurídica y presentación estadística, se encarga de clasificar, graficar, encontrar constantes y compartir la infor-

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mación con las distintas comisiones de nuestro movimiento, siempre respetando la confidencialidad de los datos y documentos que se nos entregan, pidiendo los permisos necesarios a los denunciantes o a las víctimas en cada caso.

Las gráficas y datos que se presentan a continuación son los resultados de los casos registrados por el movimiento durante ambas Caravanas del Consuelo que recorrieron el país durante el 2011, un total de 512 que excluye otras denuncias que se han registrado durante otros eventos y cuya inclusión aproximaría a los 700 casos. Forman parte de un primer informe bimestral de la Comisión de Documentación.

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La Caravana del Consuelo Norte partió de Cuernavaca el 4 de junio hacia

Ciudad Juárez para firmar el Pacto Nacional Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, a partir de los 6 puntos propuestos por el Pacto Ciudadano del 8 de Mayo del 2001 que se leyó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esta Caravana partió de Morelos hacia el Distrito Federal, Morelia, Michoacán; San Luis Potosí, S.L.P.; Zacatecas, Zac.,; Durango, Dgo; Saltillo, Coah.; Monterrey, Nuevo León; Torreón, Coah.; Chihuahua y Ciudad Juárez, Chih.

A lo largo de esta Caravana del Consuelo, los participantes fueron narrando y denunciando las historias a partir de las cuales han perdido a algunos de sus seres queridos incluso cuando no han querido presentar una denuncia pública

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1) CaravanaNorte: Años en que se dieron las Bajas Humanas. El número de actos reportados comienzan a crecer de manera precipitada a partir del 2007, lo cual es congruente con las fechas en las cuales el ejército fue enviado a las calles por la presente administración.

Número de violaciones en Caravana Norte reportadas por año

80 60 40 20 0

1993 1998 2000 2002 2004 2007 2009 2011

Año 1993 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sin determinar

Total

Número de crímenes denunciados en Caravana del Consuelo Norte 1 0.30% 3 1% 3 1% 1 0.30% 1 0.30% 10 3% 3 1% 5 2% 2 0.70% 2 0.70% 13 4% 37 13% 58 20% 79 27% 49 17% 24 8% 291 100%

Años en que se dieron bajas denunciadas

Años en que se dieron las bajas humanas denunciadas Sin fecha declarada 1993-2006 2007-junio2011 Total

Distribución de las víctimas 8% 11% 81% 100%

8% 11%

24 31 238 291 81%

Sin fecha declarada

1993-2006

2007-junio2011

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2) CaravanaNorte: Edades y Sexo de las Víctimas Estas bajas humanas fueron realizadas desde 1993 hasta junio de 2011 y llama la atención que el 81% de las bajas humanas se efectuaron desde 2007 hasta junio de 2011, fecha del paso de la Caravana

Edades de las bajas humanas Distribución de las víctidenunciadas a la Caravana del mas denunciadas a la Consuelo Norte Caravana del Consuelo Norte De 24 días de nacido a 19 años 35% 40 De 20 a 29 años 40% 46 De 30 a 39 años 12% 14 De 40 a 49 años 6% 7 De 50 a 59 años 5% 6 De 60 a 76 años 2% 2 Total 100% (116)*

Distribución por Genero

33% 67%

*Nota: no se tuvo el dato de la edad en el caso de 175 víctimas

Hombres

0.4 0.3

Mujeres

De 24 días de nacido a 19 años De 20 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 años De 60 a 76 años

0.2 0.1 0

Edades de las bajas humanas denunciadas a la Caravana del Consuelo

3) CaravanaNorte: Ocupación De las Víctimas El grupo más numeroso está constituído por los estudiantes, seguido por trabajadores (empleados y trabajadores en maquila), profesionistas, policías, comerciantes, activistas sociales y finalmente, empresarios. La ocupación de las víctimas denunciadas es de una gran variedad e incluye a todos los sectores económicos.

Ocupación de las Víctimas

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Porcentaje

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Ocupación de las víctimas

Distribución de las víctimas Estudiantes (y dos menores en un albergue) 26% Empleados, trabajadores en maquilas y operadores de trai22% lers Policías (Federal, Agente Federal, Estatal, Municipal, Mi21% nisterial, Seguridad Pública, Teniente Infantería) Profesionistas (maestros, periodistas, ingenieros,civil, co13% mediantes, nutrióloga) Comerciantes (establecidos, comprador pedacería de oro, 8% cerrajero) Activistas sociales (también dirigente campesino) 7% Empresarios (dueño de supermercado, palenque, agricultor 3% y ganadero) Total 100%

27 23 22 13 8 7 4 (104)*

4) CaravanaNorte:Tipo de Bajas Casi la mitad de las víctimas denunciadas en la Caravana del consuelo fueron asesinadas y 42%, desaparecidas, algunas han sido secuestradas y las menos, detenidas de manera ilegal. Nota:No se tuvo el dato para cinco de las víctimas denunciadas.

Tipo de Violaciones a D.H. Tipo de bajas humanas 42% 11% 1% 1%

45%

Asesinato Otro (incendio, amenaza)

Asesinato Desaparición Secuestro Detención ilegal Otro (incendio, amenaza) Total

Desaparición

Distribución de las víctimas según la baja humana padecida 45% 42% 11% 1%

129 121 33 3

1% 100%

2 291

Secuestro

Detención ilegal

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5) CaravanaNorte: Victimarios Este rubro explica que los causantes de más del 67% de las bajas no han sido determinados. Esto puede estar relacionado con los altos grados de impunidad en el país y falta de capacidad o voluntad de investigar por parte del Estado. De los casos donde se sabe quienes fueron los victimarios, el 13 por ciento fueron militares y 8 por ciento fueron causadas por elementos de las fuerzas policiacas o de investigación.

Distribución de Víctimas Según Quien Ocasionó la Baja 13%

Desconocidos (no identificado, no disponible, no se sabe) Ejército Policía (Federal, Estatal, Municipal) Crimen Organizado (Narco, sicarios, h. armados, falso retén) Balacera Otros (empleados albergue, ex funcionarios) Conocidos y/o familiares Paramilitares

8% 67%

4% Sujeto que ocasionó la baja Distribución de las víctimas humana según quién le ocasionó la baja Desconocidos (no identifica67% 153 do, no disponible, no se sabe) Ejército 13% 29 Policía (Federal, Estatal, Mu8% 19 nicipal) Crimen Organizado (Narco4% 10 traficantes, sicarios, grupo de hombres armados, falso retén) Balacera 3% 6 Otros (empleados albergue, 3% 5 ex funcionarios, David Meza, Pepito 2) Conocidos y/o fa1% 4 miliares Paramilitares 1% 3 Total 100% (229)*

3% 3% 1% 1%

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La #CaravanaSur del Consuelo partió del DF el 9 de Septiembre del 2011 a

recorrer los Estados del Sur con el fin de comprender las dinámicas que afectan al país en esa región. Meses antes, al regreso de la CaravanaNorte, se constituyó la Comisión de Documentación y Atención a víctimas, la cual está compuesta por 7 miembros. Fue responsabilidad de la misma llevar a cabo varias tareas y objetivos de documentación tanto durante los preparativos como durante los transcursos de la Caravana al Sur. Una de las estrategias incluyó lanzar misiones piloto de capacitación en Monitoreo de Derechos Humanos a algunos puntos de la república con el fin de empoderar tanto a víctimas, como a los capítulos regionales del Movimiento. Esto ayudó no sólo a que ellos tuvieran casos documentados para cuando arribó la Caravana, sino que también se vio organización fuerte en lugares como Acapulco, por ejemplo.

Además, se implementó un programa piloto de iPads y Equipos Digitales Móviles de Monitoreo de Derechos Humanos. La idea fue comenzar a utilizar tecnología para mejorar y la recopilación de testimonios. Los cuales, por ejemplo, ahora fueron grabados y documentados fácilmente incluso en condiciones oscuras. La idea es crear herramientas que se puedan compartir. Las plantillas que se están probando serán repartidas gratuitamente en la red en un futuro, por ejemplo.

Los datos que se presentan a continuación son los datos preliminares de la CaravanaSur. Son, al igual que los datos del Norte, una imagen de las víctimas que se acercaron al convoy humanitario durante diez días y no son necesariamente representativos de las situaciones de cada estado del país.

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6) CaravanaSur: Estadísticas Preliminares Los siguientes datos fueron los números preliminares que se presentaron durante la Conferencia de Prensa de Xalapa de la CaravanaSur el 18 de Septiembre del 2011. Debido a la fecha, no incluyeron los datos que se levantaron en Puebla, ni los casos que se comenzaron a recibir por correo electrónico.

Datos Víctimas Caravana Sur 9-19 de Septiembre 2011

Estado

Desaparición Forzada

Guerrero

67

20

Desplazamiento

Falta de Debido Proceso

Injusta Reclusión

Trata de Personas

Secuestro

Amenaza

Violación Sexual

Omisión

Extorsión

TOTAL

0

1

0

1

0

0

2

0

0

1

92

Homicidio Tortura

Chiapas

2

0

3

9

4

13

2

1

1

0

2

0

37

Veracruz

8

2

1

3

2

6

0

0

1

0

0

0

23

Oaxaca

10

3

0

0

0

3

0

0

0

1

2

0

19

Tabasco

8

2

3

0

1

1

0

1

0

0

1

0

17

Tamaulipas

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Morelos

0

1

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

6

Nuevo León

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Zacatecas

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Distrito Federal

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Estado de Méxio

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

San Luis Potosi

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Michoacán

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sinaloa

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Sonora

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Durango

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Total

116

30

7

13

8

28

2

5

4

1

6

1

221

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7) CaravanaSur: Tipo de Bajas La recopilación en la CaravanaSur encontró y documentó una mayor variedad de violaciones. Esto se debió a que los Monitores recibieron capacitación que ayudó a detectar mejor los tipos de violaciones y también buscaron documentar casos específicos como Desplazamiento Interno, que apenas comienza a ser monitoreado a nivel nacional y lamentablemente no es manejado aún como una violación a derechos humanos.

Tipo de Violaciones en #CaravanaSur

13.6% 3.2%

Desaparición Forzada Homicidio Tortura Desplazamiento Falta de Debido Proceso Injusta Reclusión Trata de Personas Secuestro Amenaza Violación Sexual Omisión Extorsión

5.9%

52.5%

3.6%

0.5% 2.7%

0.9%

12.7%

2.3% 1.8% 0.5%

E) Exigencias del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al Estado Mexicano.

El panorama retrata la complejidad y naturaleza de la problemática. Cada caso es una historia de impunidad forjada con una cadena larga de diversos hechos en los que las instituciones no reaccionan y terminan por afectar a la sociedad mexicana en su conjunto. Los hechos muestran un claro escenario de emergencia nacional que lacera a la sociedad mexicana, sin seguridad no hay democracia.

Desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hemos observado en cada caso documentado la manera sistemática el fenómeno de las violaciones a los derechos humanos; con la claridad de plantear su complejidad y las limitaciones concretas de las instancias de gobierno por entender y atenderlo, así como la falta de voluntad política.

Nuevamente el llamado y las recomendaciones ante estos hechos presentados se ubican en la urgente necesidad de defender de defender, proteger y promover los derechos humanos en México, para ello es necesaria diversas acciones de cada actor en búsqueda de hacer responder al gobierno en sus distintas instancias que lo conforman, desde dos necesidad: a) cambio el enfoque de seguridad y b) la atención urgente a la población afectada por la política errónea actual: las víctimas.

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De acuerdo a lo anterior, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, exige al Estado Mexicano cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos de las víctimas y, en particular: El Estado mexicano debe, en armonización con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.

Esto incluye establecer medidas especiales y de emergencia para prevenir, investigar y castigar de manera particular, el Estado debe: 1.- Atender de manera puntual las observaciones y recomendaciones hechas por la comunidad internacional a través de los diversos mecanismos intergubernamentales a nivel regional e internacional, incluyendo: el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias entre otras.

2.- De igual forma, resulta urgente que sean atendidos los señalamientos, observaciones, denuncias y propuestas de política pública provenientes de las organizaciones de la sociedad civil internacional y nacional sobre la situación de violencia e inseguridad en el país, que su enfoque contemple el respeto a los derechos humanos.

Y de manera particular, cada una de las instancias e instituciones involucradas en la atención y contención de las víctimas frente al patrón constante de violencia se deben instrumentar todas las medidas políticas, administrativas y legales dentro de sus facultades para tal fin.

1. El Poder Ejecutivo Federal: 1a. Sobre el enfoque de seguridad - Cambiar el enfoque de la estrategia de seguridad hacia una de seguridad humana y ciudadana con arraigo en el tejido social, es decir que desde una visión integral permita no sólo la contención de la violencia, sino la lucha contra las condiciones estructurales como las económicas, sociales y políticas que la generan. 37 - El mapa de ruta de la desmilitarización del país, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la garantía de seguridad y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. 38 - La política de protección y prevención debe incluir medidas específicas para capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública en el respeto y promoción de los derechos humanos. 39 - Impulsar un Acuerdo Nacional para la ampliación de la matrícula en la educación media superior, así como el incremento del presupuesto.

- Crear un Plan Nacional de Emergencia para la reconstrucción del tejido social que incluya los ámbitos económico, social y cultural.

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Comisión de Documentación y Atención a Víctimas Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

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- Aplicar medidas que garanticen el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de salvaguardar su territorio e integridad comunitaria.

- Crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción , autónoma del poder ejecutivo que permita el desmantelamiento de las estructuras financiamiento ilícito.

- Implementar de manera inmediata los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos ya iniciados. 40

1b. Atención a víctimas - La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, debe contemplar las violaciones a los derechos humanos, debe de ampliar su marco jurídico así como presupuestal para poder atender a las víctimas de forma integral. 41 Para ello es necesario ampliar su nombre de “Víctimas de la Violencia y del Abuso del poder”.

- Construir las pautas las medidas necesarias para fortalecer los procesos de diseño, instrumentación y evaluación de las medidas cautelares otorgadas a nivel nacional y regional, para a la atención de las víctimas y sus familiares en los casos necesarios.

- Capacitar al personal responsable en las instituciones de la adminitración pública federal de la atención a las víctimas, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.

- Presentar ante el Congreso de la Unión la inciativa de Ley General de Atención a Víctimas, en la que se establezcan todos los derechos de éstas, los responsables de garantizarlos y los procedimientos, bajo un enfoque de derechos humanos; ello en colaboración de la sociedad civil. Una vez que esta Ley aprobada dotar de los recursos humanos, materiales y financieros para su operación.

- Creación de una Subprocuraduría Especial para Personas Desaparecidas. 42 - Protocolo de Investigación para Personas Desaparecidas para la homologación a nivel federal y en las entidades federativas. 43 - Programa Federal de Atención a los familiares de las personas desaparecidas, con base a cuatro derechos fundamentales: a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo. 44 - Atención integral de casos de personas desaparecidas, con un Programa Emergente de Búsqueda, en lo inmediato. 45 - Procuración e impartición de Justicia, en el ámbito de la Procuraduría General de la República, PGR.

40

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41

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45

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Comisión de Documentación y Atención a Víctimas Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

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- Garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito, mediante respeto a los derechos humanas.

- Brindar asesoría legal a las víctimas del delito en el momento de la denuncia.

- Informar a las víctimas en el momento de la denuncia sobre sus derechos a recibir información cuando éstas lo soliciten; a coadyuvar con éste a lo largo de la investigación; a recibir atención médica y psicológica; y a obtener una reparación del daño.

- Establecer protocolos de actuación del Ministerio Público, a fin de evitar dilaciones y omisiones en el trámite de la averiguación previa.

- Sancionar a los funcionarias y funcionarios que no cumplan con sus funciones de atención a las víctimas contemplando desde los bajos niveles hasta los altos.

2. Al poder Legislativo 2a. Sobre el enfoque de seguridad - Cambiar el enfoque de la estrategia de seguridad hacia una de seguridad humana y permita no sólo la contención de la violencia, sino la lucha contra las condiciones estructurales como las económicas, sociales y políticas que la generan, 46 para ello, legislar mediante una Ley de Seguridad con enfoque de seguridad humana en colaboración con la sociedad civil.

2b. Atención a víctimas - Dictaminar y aprobar favorablemente con un enfoque derechos la Ley General de Atención a Víctimas en la que se establezcan todos los derechos de éstas, los responsables de garantizarlos y los procedimientos; ello en consulta permanente de la sociedad civil.

- Asignar los recursos necesarios el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal correspondiente y de los estados, respectivamente, para la atención a víctimas, que se destine a la creación de áreas especializadas de atención , así como a fondos de reparación del daño y de asistencia social.

3. Al poder Judicial: - Que los Jueces y Magistrados se capaciten en el tema de atención a víctimas y derechos humanos.

- En caso que consideren al hacer un análisis de las determinaciones o sentencias que realizan valoren la pertinencia de actualizar el marco jurídico mexicano aplicable al tema de atención a vícitmas.

F) Anexos Casos recopilados por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, páginas 1-37 Anexo

México DF, Octubre 27 del 2011 Paz Con Justicia y Dignidad.

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Comisión de Documentación y Atención a Víctimas Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO CADHAC, MONTEREY DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Jehú Abraham Sepúlveda.

Edad: Sexo: M Originario del estado de/etnia: Nuevo león Ocupación: Escolaridad: Estado civil: N° de dependientes económicos: ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: No ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

Indígena

Si

No

Siglas de la Organización:

HECHOS: Fecha: 12/noviembre/2010 Hora exacta o aprox.

18:15 hrs.

Estado:Nuevo León Municipio o Delegación: San Pedro Garza García Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: En tránsito Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) El día 12 de noviembre de 2010 a las 18.15 hrs, cuando JEHÚ ABRAHAM SEPÚLVEDA GARZA salía de una tienda de conveniencia, fue detenido por elementos de la unidad 441 perteneciente a la Policía Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el pretexto de una inspección de rutina.

Al no portar consigo los documentos para acreditar la propiedad del vehículo, el ahora desaparecido fue

trasladado junto con el vehículo a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

Al llegar a los patios del local que ocupa la mencionada Secretaría, los oficiales municipales fueron abordados por el Agente de la Policía Ministerial MIGUEL ÁNGEL ESCOBEDO, quien dijo que ellos se harían cargo del ahora desaparecido y del vehículo por órdenes directas del C. Coordinador de la Policía Ministerial JAVIER RANGEL, y que el tercer grupo de homicidios, al mando del Comandante SERGIO MARTÍNEZ se haría cargo de la investigación, por lo que nuestro familiar JEHÚ ABRAHAM SEPÚLVEDA GARZA, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Ministerial de la Avenida Gonzalitos y Av. Adolfo Ruiz Cortinez, en el municipio de Monterrey.

Según el dicho de un Agente Ministerial perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, de nombre LIC. ROGELIO y cuyo apellido desconocemos por no haber querido proporcionarlo, nuestro familiar había sido puesto a disposición de elementos de la MARINA ARMADA DE MÉXICO. Con fecha 14 de noviembre, el Comandante JAVIER RANGEL nos informó que “el muchacho estaba bien, pero que lo había entregado a los elementos de la Marina Armada de México”. Negándose a dar mas información, por declarar que el único autorizado era el Lic. Adrian de la Garza, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Con fecha 17 de noviembre de 2010, interpusimos denuncia ante la Agencia Especializada del fuero común para delitos electorales y servidores públicos. Fue el 25 de noviembre del mismo año que los CC JOSÉ FRANCISCO MENESES GONZÁLEZ Y ARNULFO ALEJANDRO GARCÍA, elementos integrantes de la base de operaciones de la Marina Armada de México destacamentados en el municipio de San Nicolás, se apersonaron motu proprio, y sin mediar citatorio alguno, para declarar haber tenido bajo su custodia al C. JEHÚ ABRAHAM SEPÚLVEDA GARZA, haberlo investigado e interrogado, pero que al no haberle encontrado delito alguno lo liberaron; manifestando también que el hoy desaparecido abordó un taxi y se fue de las instalaciones, sin que hasta ahora obre documento de ingreso o egreso alguno.

DENUNCIA(S) Averiguación previa: N° Fuero estatal: AP 347/2010-III Denunció ante un MP SI Fuero federal AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/756/D/2011 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) CADHAC Relación con víctima: Representante legal.

Página 1 Anexos

Domicilio: Calle y N°: Padre Mier 617 Colonia Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) Monterrey,Nuevo León Tel: Celular Correo electrónico

CP juridico @cadhac.org

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO MEZQUITAL , DURANGO

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)Eudolio Carmona Luna, asesinado, Alejandro Galindo Venegas, asesinado y Amador Carmona Guzmán , desaparecido.

Edad: Sexo: M Originario del estado de/etnia: Durango Indígena Si Ocupación: Campesinos Escolaridad: No determinados HECHOS: Fecha: 21/Abril/2011 Hora exacta o aprox.

18:30 hrs.

Estado: Durango Municipio o Delegación: Mezquital de Durango Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Comunidad de San José del Ranchito, Mezquital de Durango Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) El 21 de Abril de 2011 aproximadamente a las 18:30 hrs., llegaron varios individuos vestidos con uniforme militar a nuestros domicilios, el mío, el de mis hijos y otras personas, con lujo de vilencia sometieron a niños y jóvenes que en ese momento se encontraban jugando en la cancha de la comunidad, cuando sin respeto por su dignidad los tiraron al suelo, los amedrentaron, los apuntaron con sus armas y los golpearon para posteriormente dirigirse a los domicilios de Eudolio, Alejandro y Amador, para sacarlos y asesinar arteramente frente a sus familias a los dos primeros y al tercero llevárselo sin saber hasta el momento su paradero , al mismo tiempo otros hombres se dirigían a las casas disparándoles , provocando el caos más terrible, después de deshacer las fachadas procedieron a incendiarlas , contando siete casas en total.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos No DENUNCIA(S) Denunció ante un MP No Averiguación previa: N° Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° No DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Movimiento por la paz Relación con víctima representante moral Domicilio: Calle y N°: Medellín 33, CENCOS Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F. CP Correo electrónico Tel:55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

Si hay violación de derechos humanos Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2051156.htm

Página 2 Anexos

DELITO

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO: VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LOS MILITARES Y FAMILIA, POR PARTE DEL FUERO DE GUERRA, OAXACA

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) CONTRERAS MAQUEDA MANUEL Edad: 35 Sexo: M Originario del estado de/etnia: OAXACA, OAXACA Indígena No Ocupación: MILITAR Escolaridad: BACHILLERATO Estado civil: CASADO N° de dependientes económicos: CUATRO ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: MPJD Siglas de la Organización: MPJD ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

HECHOS: Fecha: 23 / ABRIL /2010 Hora exacta o aprox. am - pm.

Estado: MÉXICO D.F. Municipio o Delegación: MIGUEL HIDALGO Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: PRISION MILITAR DE LA PRIMERA REGION MILITAR, CAMPO MILITAR 1-A., MÉXICO D.F. Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?)

A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2010, SE ME INICIO LA CAUSA PENAL 42/2010 EN EL JUZGADO SEXTO MILITAR, DEL FUERO DE GUERRA, POR EL PRESUNTO DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PUBLICO, Y POR ESE MOTIVO A PESAR DE QUE NO ES UN DELITO GRAVE POR LO CUAL ME ENCUENTRO LIBRE BAJO CAUCION, VIOLANDOSEME EL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA,SE ME RETIRO MAS DEL 90 % DE MI SALARIO NORMAL COMO MILITAR Y ADEMAS SE ME RETIRARON DIVERSOS BENEFICIOS SOCIALES QUE INCLUYEN UN CREDITO PARA COMPRA DE VIVIENDA POR EL QUE ESPERE TURNO MAS DE NUEVE AÑOS, SIN QUE HASTA EL MOMENTO SE ME HAYA ENCONTRADO CULPABLE DEL DELITO QUE SE ME IMPUTA, Y ASI MISMO POR ESTAR SUJETO A LEYES Y ACTIVIDADES MILITARES POR PERTENECER AL ACTIVO DEL EJERCITO MEXICANO SEGÚN LOS ARTICULOS 138 Y 178 DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS NO SE ME PERMITE TRABAJAR FORMALMENTE, POR LO QUE MI HIJA DE UN AÑO Y 6 MESES, MI HIJA DE 8 AÑOS, MIS ESPOSA AMA DE CASA Y MI MADRE DE 69 AÑOS DE EDAD HAN QUEDADO EN TOTAL ESTADO DE MARGINACION. Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Consecuencias físicas: MI FAMILIA NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA SATIRFACER LAS NECESIDADES BASICAS DEL SER HUMANO COMO :ALIMENTACION, RENTA DE VIVIENDA, VESTIDO, EDUCACION Y SE ENCUENTRAN A 200 KILOMETROS DE MÉXICO D.F. Consecuencias psicológicas: DAÑOS QUE SE INTENSIFICAN MAS CADA DIA QUE TARDA EL PROCESO PENAL, EL CUAL DISTA DE SER IMPARCIAL Y CONFORME A DERECHO. Consecuencias en los bienes: A LA FECHA DESPUES DE UN AÑO 6 MESES DE PROCESO MI FAMILIA NO CUENTA CON PATRIMONIO ALGUNO, NOS HEMOS DESECHO AUTO, MUEBLES Y HASTA DE APARATOS ELECTRICOS. DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: CNDH/2/2011/3495/OD DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Relación con víctima CONTRERAS MAQUEDA MANUEL Página 3 Anexos

ESPOSA Y TRES HIJAS

Domicilio: Calle y N°: AV. CONSCRIPTO S/N, CAMPO MILITAR 1-A. Colonia LOMAS DE SOTELO Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) DELEGACION MIGUEL HIDALGO CP Correo electrónico Tel: 53 89 31 12 Celular 55 17 78 96 49 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

macontmaq@yahoo.com.mx

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima: SE REVISE LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN ESPECIAL LA RELACION CON LOS DIVERSOS TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR EL ESTADO MEXICANO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO FAMILIA REYES AGRESIONES A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, CHIHUAHUA

Olga Reyes

• •

http://terratv.terra.com.mx/videos/Noticias/Actualidad/5177-296300/Olga-Reyes-se-suma-a-lacausa-de-Javier-Sicilia.htm http://mexico.cnn.com/nacional/2011/06/10/olga-reyes-victima-de-la-omision-del-estado DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Familia Reyes Aguilar Edad: Sexo: M F Originario del estado de/etnia: Chihuahua Ocupación: Defensores de Derechos Humanos Escolaridad: HECHOS: Fecha: 2009- hasta el día de hoy Estado:Chihuahua Municipio o Delegación: Cd. Juárez

Página 4 Anexos

Indígena

No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Desde hace años los cartel de las mafias se disputan las plazas, pero desde 2006 el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojoza declaro LA GUERRA CONTRA EL NARCO, guerra que solo ha traído mas y mas desgracias a nuestras Ciudad y particularmente a nuestra familia Ya que en ese contexto militarizo el Estado principalmente a ciudad Juárez Ante esta situación y la insuficiencia e incapacidad de los tres niveles del Estado Mexicano para garantizarnos la seguridad y la integridad de nuestras vidas, nos hemos visto en la necesidad de desplazarnos a diferentes lugares dentro y fuera del país Los asesinatos de Julio, Josefina, Rubén, Elías, Malena y Luisa continúan impunes.

Este es el motivo que nos unimos a la Caravana Paz con Justicia y Dignidad encabezada por el poeta Javier Sicilia Mi familia desde décadas atrás han participado en movimientos sociales, siempre se caracterizaron por defender a los mas débiles de los poderosos y caciques ,que bajo el amparo del dinero y poder han abusado de las personas humildes .

Josefina Reyes, luchadora social de la zona agrícola del Valle de Juárez que encabezó movimientos contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas federales.

Josefina Reyes había emprendido una campaña para denunciar los abusos y violación de los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía Federal en su combate contra el crimen organizado en el Valle de Juárez.

En el año del 2009 Julio Cesar Reyes Reyes de 26 años de edad hijo de Josefina Reyes fue asesinado, los hechos ocurrieron en el poblado de Guadalupe Distrito Bravo, en el Valle de Juárez, Chihuahua. México Josefina Reyes fue asesinada el 3 de enero de 2010 en el Valle de Juárez, en el poblado El Sauzal, Chihuahua, México.

El 18 de agosto del 2010 fue asesinado Rubén Reyes, hermano de Josefina. Meses antes de su asesinato declaró que él y sus hermanos tuvieron que cambiar de domicilio ante las amenazas de muerte que recibían.

El 7 de febrero del 2011 , Malena Reyes, Elías Reyes y Luisa Órnelas esposa de Elías, fueron víctimas de desaparición forzada ,ellos habían continuado con la lucha que la familia Reyes había emprendido , pronunciándose en contra de la violencia ejercida por el crimen organizado, y violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano.

LA familia hicimos una campaña en búsqueda de los tres miembros desaparecidos, la cual consistió en plantones permanentes ante la Fiscalía Estatal de Chihuahua así como ante el senado de la República Ante esa lucha radical por encontrar a nuestros familiares con vida, a finales del mismo mes se localizaron los cuerpos de Elías, Malena y Luisa sin vida, con visibles huellas de tortura, el dictamen de necropsia revela que los cuerpos ya habían sido enterrados y posteriormente los desenterraron para entregárnoslos, esto ante nuestra exigencia.

Ante esta situación y la insuficiencia e incapacidad de los tres niveles del Estado Mexicano para garantizarnos la seguridad y la integridad de nuestras vidas, nos hemos visto en la necesidad de desplazarnos a diferentes lugares dentro y fuera del país Los asesinatos de Julio, Josefina, Rubén, Elías, Malena y Luisa continúan impunes.

Este es el motivo que nos unimos a la Caravana Paz con Justicia y Dignidad encabezada por el poeta Javier Sicilia DENUNCIA(S) Denunció ante un MP Si Averiguación previa: N° Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Olga Reyes Relación con víctima Domicilio: Calle y N°: Medellín 33, CENCOS Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F CP Correo electrónico documentacion@movimientoporlapaz.mx Tel:55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si hay violación de derechos humanos Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

Página 5 Anexos

DELITO

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO JETHRO EJECUCIÓN EXTRA JUDICIAL, MORELOS

• •

http://movimientoporlapaz.mx/2011/06/23/testimonios-de-25-familias-victimas-integrantes-delmovimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad/ http://www.vanguardia.com.mx/ generaldelejercitoestariaimplicadoencasojethroramses-1059962.html DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Sánchez Santana Jethro Ramssés.

Edad: 26 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Morelos Ocupación: Estudiante Escolaridad: Universitario Estado civil: Soltero N° de dependientes económicos: HECHOS: Fecha: 1/Mayo/2011 Hora exacta o aprox.

Estado: Morelos Municipio o Delegación: Cuernavaca

Página 6 Anexos

Indígena

No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Jethro, Ernesto, Horacio, Efraín y Gerardo se reúnen a un partido de fut ball. Posteriormente van a convivir a un bar llamado “La Oficina” ubicado en Acapatzingo Cuernavaca, Mor. donde llega Abi (amiga de Ernesto) acompañada de su prima y el novio de la última mencionada.

Ernesto les insiste de ir a la feria de Cuernavaca a lo cual todos acceden. Llegando a esta se encuentran con Miguel y su primo, posteriormente se dirigen a un stand de cervezas donde trabajaba el hermano de Ernesto.

30 Minutos después se dirigen a un stand de cervezas el cual queda del lado opuesto a las taquerías.

Ernesto les comenta a todos los presentes en la mesa que el día anterior había tenido un conflicto con algunos meseros de una taquería y que quería ir a confrontarlos a lo que todos se negaron argumentando que estaban pasando un buen rato y que Jethro tenía una cita con una amiga en unos minutos.

En esos momentos JETHRO estaba teniendo una conversación via Black Berry con su amiga de nombre BLANCA AGUILAR donde quedaban de verse en unos minutos.

Aproximadamente 10 minutos después Ernesto y Horacio comentan que se dirigen al baño. Pero con la intención de confrontar a los meseros. Horacio ve que Ernesto empieza a hablar con los meseros y de pronto empiezan a golpearse por lo que Horacio interviene y se suman varios meseros a golpear a ambos.

Ernesto se dirige ya ensangrentado de lado izquierda de su cara (según versión de Efraín) a la mesa donde estaban miguel, amigo de miguel, Abi, prima de Abi, Efraín, Gerardo y Jethro. A lo cual solo Efraín y Gerardo acuden a apoyarlos (declaración de Efraín).

Posteriormente a este suceso (riña) llega el Cmte. Manrique González acosta (Elemento de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano del Mun. De Cuernavaca) y se dirige a detener directamente a Jethro el cual indica que lo detuvo solo él. Y testigos externos comentan que fueron 3 elementos de seguridad quienes lo llevaban y que Jethro no opuso resistencia pasándolo frente al público del teatro del pueblo. Y una vez ya detrás de este empezaron a discutir y los elementos de seguridad lo empezaron a golpear.

Posteriormente entregan a JETHRO a los elementos de la POLICIA FEDERAL. Y ellos a su vez a los militares según testigos civiles. Y en base también de un mensaje que JETHRO envió a su amiga BLANCA AGUILAR. Posteriormente el 18 de Julio es hallado muerto, por información dada por los militares que participaron en su asesinato extra judicial. Los soldados Ramsés Edwin Raziel Aguilar Guerrero y José Guadalupe Orizaga y Guerra, del 21 Batallón de Infantería, de la 24 Zona Militar son acusados de ejercer violencia, tortura, homicidio calificado e inhumación clandestina contra Jethro DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° SCO1/3782/2011 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Movimiento por la paz con justicia y dignidad.

Domicilio: Calle y N°: Medellín 33, CENCOS Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F. Tel: 55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si hay violación de derechos humanos Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

Página 7 Anexos

Relación con víctima, Representante moral Colonia Roma CP Correo electrónico documentacion@movimientoporlapaz.mx DELITO

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD XALAPA POR LA PAZ, VERACRUZ

DATOS DE LA VICTIMA: Gabriela Arlene Benítez Ybarra Edad: 17 Sexo: F Originario del estado de/etnia: Xalapa, Veracruz Ocupación: Estudiante Escolaridad: Bachillerato Estado civil: Soltera N° de dependientes económicos: No

Indígena

No

HECHOS: Fecha: 13 / 06 / 2011 Hora exacta o aprox. 7:30 am Estado: Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Reserva Lomas de san roque, presumiblemente en la Avenida José de Gálvez, Xalapa Veracruz ¿Cómo se dieron los hechos? La última vez que vi a mi hija fue el 13 de junio, 7:30 am, cuando me subí a despedir de ella porque todos los días entro a trabajar a las 8:30 , sin embargo a las 9:00 am regreso a casa por una medicina, cuándo me doy cuenta de que Gaby no está en casa, le llamo y ella no contesta, ella deja el chip en un teléfono de su hermano, supongo que porque va a hacer algo y ya nunca regreso, , hablo con el jardinero de la reserva a donde ella iba a correr de vez en cuando, la busca en la escuela, nadie sabe nada de ella , en la noche se espera nunca llega, al día siguiente fui a casa del novio, y se dice funcionario público, las investigaciones toman su curso pero nunca hicieron nada, no se investigó, se plantea la hipótesis de que los perpetradores eran una banda local, alguien de cerca de la casa , conforme las investigaciones se Suscitaron no hay ningún avance.

No supe nada de ella, hasta cuando el 23 de septiembre es encontrada asesinada, la encuentro con ropa deportiva, en un lugar donde la policía había buscado anteriormente y casualmente nunca la vieron, creo que el cuerpo fue plantado en ese lugar para cubrir al verdadero responsable.

DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Bárbara Ybarra Relación con víctima Madre Domicilio: Calle y N°: Medellín 33 Colonia: Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F. CP Correo electrónico documentacion@movimientoporlapaz.m Tel: 55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

x

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD XALAPA POR LA PAZ

DATOS DE LA VICTIMA: Joaquín Figueroa Vázquez Edad:54 Sexo: Página 8 Anexos

M

Originario del estado de/etnia:Tierra Blanca,

Indígena

Veracruz

No

Ocupación: Mecánico Diesel Escolaridad: Primaria Estado civil: Separado N° de dependientes económicos: 6 ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: No

Siglas de la Organización:

HECHOS: Fecha: 17 /Junio / 2011 Hora exacta o aprox. .

Estado: Veracruz Municipio o Delegación: El encero Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Barda perimetral del 63 batallón de infantería, el encero Hechos El laboraba de lunes a sábado, se comunicaba el sábado para verse, el sábado por la mañana nos comunicamos por radio, el radio lo responde una persona desconocida, después de cuestionarlos mucho tiempo, les dijo que a Joaquín estaba en la morgue, después de esa información , nos trasladamos al Puerto de Veracruz ,donde nos comunicamos con un familiar, nos siguieron dando información de que había sufrido un accidente, pero que teníamos que ir a servicios periciales, nos muestran unas fotos , cabe señalar que cuando mi papá viajaba por su trabajo era en una camioneta blanca propiedad de la empresa , Joaquín iba junto con Victor Raúl yTito Landa Arguelles, después nos muestran una fotografía en donde iban en otra camioneta de color negra con armas largas en las manos y los pantalones , después nos muestran 11 fotografías con sicarios asesinados un día antes en el “Encero”, a la 8º placa vemos la foto de mi papá (Joaquín) e inmediatamente nos entregan el cuerpo , y ahí acaba esta parte, cuando comenzamos a investigar por nuestra parte, porque no creímos el dicho de los agentes, porque mi papá no era delincuente, era un hombre trabajador, fuimos a ver a sus compañeros de trabajo y nos informan que el día viernes fueron a Xalapa a cobrar la nómina en la camioneta blanca, los ven salir a Xalapa. Más adelante encontramos muchas incongruencias de los documentos oficiales que nos dio el Estado, desde que el acta de defunción dicta las 7:30 como hora de fallecimiento de mi papá y las 5:30 la hora de fallecido del señor Tito Landa, y además de que no se menciona cuantos disparos tienen, no se especifica ni el calibre ni nada, por otro lado cuando nos entregaron el cuerpo tenía huellas de tortura, el lugar de muerte de la acta de defunción era un lugar y los medios de comunicación manifestaron otro. Las armas fueron plantadas, los cuerpos fueron removidos, según los estudios periciales según la sedeña se hace el 21 de junio para determinar que mi papá había disparado armas de fuego, donde sale positivo, pero pues para esa fecha nuestros familiares ya estaban enterrados.

A mi papá me lo entregaron desnudos, nos empezaron a amenazar, nos pusieron convoyes militares para amedrentarnos, nos pidieron que nos callaramos, para que no sacáramos el caso fuera de Veracruz, a nuestro abogado le hizo la propuesta de darnos $500,000 a tratar para no hacer más ruido, para que no continuáramos con el caso, nos han amenazado por teléfono, incluso el patrón de mi papá nos ha intentado comprar, como intermediario del gobierno del Estado, mi papá fue ejecutado extra judicialmente y no voy a dejar de pedir justicia.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos DENUNCIA(S)

Página 9 Anexos

Denunció ante un MP si No de denuncia1045/2011 averiguación por asesinato159e/2011 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° CNDH 13464 DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Janet Figueroa Relación con víctima Hija Domicilio: Calle y N°: Medellín 33 Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F. CP Correo electrónico documentacion@movimientoporlapaz.

Tel: Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

mx

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO XALAPA POR LA PAZ, VERACRUZ

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Tito Landa Arguelles Edad: 49 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Yecuatla, Veracruz Ocupación: Técnico laboratorista Escolaridad: Bachillerato Estado civil: Soltero N° de dependientes económicos: 3 ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes? NO HECHOS: Fecha: 17/Junio /2011 Hora exacta o aprox.

Estado: Veracruz Municipio o Delegación: El Encero Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Barda perimetral del 63 batallón de infantería, el encero

Página 10 Anexos

Indígena

No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) salió del lugar de su trabajo, cuando no llegó de su trabajo a las 8 de la noche, empezamos a localizarlo , no contesto en ninguno de los dos celulares que tenía, en un momento contestaron y no dijeron nada, mi mamá estaba muy preocupada por no comunicarse con nosotros, pero de igual manera pensamos que no llegaba porque tenía trabajo, a las 11:30 mandaron un mensaje del teléfono de mi padre, diciéndole a mi mamá que como estaba, por obvio es ilógico pensar que fue él, porque los hechos se dieron a las 7:30 aproximadamente, al día siguiente no tuvimos noticias de él, le preguntamos a su jefe Sergio Lara que si no tenía noticias de su personal , pero el dijo que tampoco él se había comunicado con ellos, como eso de la 1 pm , le dijo que el dueño de la constructora, que habían encontrado 8 cuerpos en la barda perimetral y que probablemente mi padre era uno de ellos, así que nos pidió ir a revisar los cuerpos para ver si era uno de ellos, me salí de trabajar y llegue a la morgue y me mostraron 11 fotografías, en la cual mi papá era el número 7, presentaba 3 impactos de bala, uno en el gluteo , uno en la frente y uno en el brazo, lastimado de su nariz, sus ojos morados y sus labios golpeados, tenía muchas raspaduras en el cuerpo como si hubiera sido arrastrado, me lo entregaron sin sus pertenencias y con tan solo su ropa interior y sus zapatos , supuestamente así lo habían encontrado, me dijeron que era un delincuente y que había sido abatido por salir de la camioneta disparando con un cuerno de chivo (AK-47), que traía drogas y granadas de fragmentación, y que habían atacado a los policías que los habían intentado detener, mi papá era un hombre trabajador, al igual que a otro de sus compañeros lo han criminalizado, me han amenazado por medio de seguirme después de presentar la denuncia.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos Si DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° 158E/2011 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 13464 DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Julio Cesar Landa Relación con víctima Hijo Domicilio: Calle y N°: Medellín 33, CENCOS Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F. CP Correo electrónico documentacion@movimientoporlapaz.

Tel:55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

mx

Si hay violación de derechos humanos Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

http://www.mialtos.com/profiles/blogs/sigue-desaparecido-miguel

Página 11 Anexos

DELITO

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO COMITÉ POTOSINO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD, SAN LUIS POTOSI

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s): Coronado Castillo Marco Antonio, 24 Años Coronado Noriega Julio César, 18 Años Medina Rodríguez Luis Francisco, 24 Años.

Gámez Almanza Moisés, 24 Años Edad: Sexo: M Originario del estado de/etnia: San Luis Potosí

Indígena

HECHOS: Fecha: 11 / octubre / 2011 Hora exacta o aprox.

00:30 a.m.

Estado: San Luis Potosí Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: presumiblemente en la Avenida José de Gálvez

Página 12 Anexos

No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Los afectados se reunieron, junto con otros integrantes que conformaban el equipo de trabajo de una página web de nombre “El Depa”, el 10 de octubre por la tarde en la casa de MOISÉS GÁMEZ ALMANZA, de donde salieron a una fiesta en la calle de Borgoña #380, colonia Jardines del Sur, en donde fueron vistos por última vez, hacia al 0:30 hrs. del día 11, por la hermana de LUIS FRANCISCO, Hiarumi Medina.

Los padres de LUIS FRANCISCO se comunicaron telefónicamente con él hacia las 0:30 hrs. del día 11.

Para la 1:30 a.m., familiares de MARCO ANTONIO CORONADO CASTILLO, intentaron comunicarse con él sin lograrlo ya. Familiares de los afectados mencionan que hacia esa misma hora, de acuerdo a declaraciones de Lic. Luis Gerardo Aldaco, hoy titular del Instituto Potosino de la Juventud con quien los jóvenes habían colaborado en las campañas políticas estatales de ese año, recibió una alarma por porte del teléfono nextel de MOISÉS GÁMEZ ALMANAZA, pero que debido a que iba manejando en carretera no pudo contestar.

De ahí que los familiares estimen que los afectados fueron desaparecidos entre las 0:30 y 1:30 horas del día 11 de octubre en un trayecto ubicado entre la calle de José de Gálvez y el domicilio de LUIS FRANCISCO MEDINA RODRÍGUEZ, en la calle de Luna del Fraccionamiento Capricornio, a donde MOISÉS GÁMEZ ALMANAZA informó a sus familiares se dirigiría para dejarlo al término de la fiesta, de acuerdo a conversación telefónica sostenida hacia las 23:30 hrs del día 10.

Por versiones de IVÁN MARTÍNEZ BLANCO, amigo de MOISES, éste le habría llamado hacia las 1:30 a.m. para solicitarle le vendiera una botella de vino, quien al parecer lo citó en la Avenida José de Gálvez. De acuerdo a versiones de Iván Martínez, un amigo suyo fue testigo de cómo una camioneta se le cerró a vehículos como los que tripulaban los afectados: marca Atos y Mazda, subiéndolos a bordo y llevándose ambos vehículos.

Luego de no tener comunicación con sus familiares y de no haber llegado a sus domicilios, sus familiares se comunicaron entre ellos e iniciaron su búsqueda en hospitales y delegaciones de la policía.

El 12 de octubre la familia GÁMEZ ALMANZA presentó denuncia de hechos ante el Ministerio Público. Saliendo del edificio de Seguridad Pública, hacia las 15:30, recibió una llamada del teléfono 8468990891, diciéndole que tenían a su hijo y le exigieron 500 mil pesos para entregarlo. Ella les solicitó hablar con su hijo, quien desesperado le pidió que les entregara la cantidad o le matarían. Los secuestradores la citaron en el kilómetro 425 de la carretera libre a Rioverde.

Por instrucciones del Sr. Andrés Velázquez del “Departamento de Violaciones y Abuso Sexual” (sic) no asistieron a la cita y fueron citados en Periférico con la carretera a la Ciudad de México, en una conocida agencia cervecera, a donde llegaron los policías ministeriales Rosa Linda Ávalos Andrade y el mencionado Sr. Velázquez quienes los trasladaron de nueva cuenta al edificio de Seguridad Pública. Hacia las 18:30 volvieron a recibir otra llamada del mismo número, ante lo cual los propios agentes del Ministerio Público y policías ahí presentes les indicaron que se fueran a su casa pues peligraban en el lugar. En la llamada le advertían a la señora María del Carmen Almaza que ya no querían su dinero y que iban a matar a su hijo, pues ya sabían que había levantado una denuncia ante la Procuraduría de Justicia.

Ese mismo día los familiares de las otras víctimas fueron abordados e interrogados por los mencionados Rosa Linda Ávalos Andrade y Andrés Velázquez ofreciéndoles versiones encontradas y culpabilizando a algunos de los afectados al vincularles a actos u organizaciones delictivas.

El día 13, la familia GÁMEZ ALMANZA volvió a recibir una llamada exigiéndole el pago con lo que tuviera de dinero, a lo que la señora Almanza dice tener solo 100 mil. Los extorsionadores la citaron en la gasolinera que está unos metros antes de la entrada al Aeropuerto Ponciano Arriaga, en la carretera a Matehuala y que para mayores señas tiene un avión. La señora comenta que fueron los propios Rosa Linda Ávalos Andrade y Andrés Velázquez, quienes la conminaron a realizar el pago exigido, pero que se negaron a acompañar a la señora a la entrega pactada.

La señora Carmen acompañada de su hijo Guillermo Gámez Almanza, se dirigieron al lugar, a donde llegó una camioneta color Arena, marca eco sport o extreme y placas VBG 6161, tripulada con cuatro personas que portaban armas largas, a quienes hizo entrega del dinero, y quienes le dijeron que se comunicarían con ella para que recogiera a MOISÉS. Hasta el momento los familiares no tienen noticia del paradero de sus hijos y nieto, ni tampoco del avance de las investigaciones.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos DENUNCIA(S) Averiguación previa: N° 71/XI/2009 Mesa de delitos de alto impacto Denunció ante un MP Si Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Movimiento por la paz Relación con víctima Representante moral Domicilio: Calle y N°: Medellín 33, en CENCOS Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) CP

Página 13 Anexos

Correo electrónico Tel:55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO MELCHOR FLORES HERNÁNDEZ DESAPARECCIDO, MONTEREY

Melchor Flores El vaquero galáctico

www.youtube.com/watch?v=AGC9qQtbF3k http://www.vanguardia.com.mx/ policiasdemonterreyconfiesansecuestrodelvaquerogalactico-498564.html http://info7.mx/a/noticia/84149

• • •

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Flores Hernández Melchor Edad: 28 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Estado de México Indígena No Ocupación: Artista callejero Escolaridad: Bachillerato Estado civil: Casa N° de dependientes económicos: ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: NO Siglas de la Organización: ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

Fue detenido por policías del Estado de Nuevo León, en el municipio de Monterrey por no contar con el permiso necesario para sus presentaciones artísticas en la vía pública.

HECHOS: Fecha:

Página 14 Anexos

10/ 03 /2009

Hora exacta o aprox.

13:00 pm.

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Siendo aproximadamente las 13:00 hrs. Del día 5 de marzo del año 2009 nos hablaron de Televisa Monterrey, informándonos del secuestro de mi hijo “EL VAQUERO GALACTICO” Yo Melchor Flores me traslade a Monterrey, donde me entere que mi hijo había sido secuestrado, desde el 25 de febrero del año ya citado. Mijo, el cual iba a bordo de su motocicleta triunfo fue interceptado por policías de la Regia de Monterrey Nuevo León, estando involucradas las patrullas 534-538-540. Junto con él fueron secuestrados Gustavo Castañeda Puentes y Andrés Batres; cada uno en respectiva patrulla. Se levanto la denuncia, de dicha desaparición de mi hijo. En esta denuncia me pidieron los datos personales de mis demás hijos y esposa, los cuales no sé el por qué y él para que. Desde entonces no hay respuesta; y siempre es lo mismo que todo está en investigaciones y hasta ahí. Ya se metieron escritos pidiendo ayuda a las siguientes dependencias gubernamentales: Presidencia de la República Seguridad Pública Federal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, T.V. Azteca, Cámara de Senadores, Secretaria de, Gobernación, PGR, Gobierno del Estado de México, En los primeros días del mes de septiembre se comunicaron con nosotros por parte de la SIEDO, informándome que acudiera yo a dicha Institución, esto por motivo del escrito que se metió a la Oficina de Atención Ciudadana de la Residencia Oficial de los Pinos. Me presente y me pidieron información de los hechos. En varias ocasiones acudí a pedir informes, pero nunca me dieron respuesta alguna. A mi esposa y a mí nos hicieron el ADN, por ultimo nos terminaron diciendo que mi problema se tenía que solucionar en Monterrey.

DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Melchor Flores Domicilio: Calle y N°: Medellin 33, organización CENCOS Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F.

Relación con víctima Padre Colonia Roma CP Correo electrónico

Tel: 55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO JULIO ALBERTO JOSUE LÓPEZ ALONSO DESAPARECIDO, ACAPULCO

• •

http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=187531 http://movimientoporlapaz.mx/2011/06/23/testimonios-de-25-familias-victimas-integrantes-delmovimiento-por-la-paz-con-justicia-y-dignidad/ DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) López Alonso Julio Alberto Josué Edad: 27 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Estado de México Ocupación: Empresario Escolaridad: Bachillerato Estado civil: Soltero N° de dependientes económicos: ninguno

Página 15 Anexos

Indígena

No

¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: NO Siglas de la Organización: ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

En la ciudad de Acapulco , Guerrero, Julio Alberto y Fabián López Alonso, conocieron a unos muchachos que venían de vacaciones procedentes de la ciudad de Monterrey , quienes pasaron unos días en el aeropuerto. Posteriormente Julio Alberto regresó con ellos a la ciudad de Monterrey para asistir a la fiesta de una amiga suya y ya no lo volvimoa a ver nunca a ver.

HECHOS: Fecha: 12/ Enero /2011 Hora exacta o aprox.

18:30 pm.

Estado :Nuevo León Municipio o Delegación: Monterrey Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: En la presa de la Boca, en Santiago, Municipio de Monterrey Nuevo León.

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Estando en monterrey Julio Alberto se comunicó con su hermano Fabián el día 12 de Enero del 2008, aproximadamente a las 3:00pm, y le comenta que va a reunirse con Leonardo Garza y Oscar Chavana, después de pasar a dejar una amiga que se quedo a dormir y quedaron de seguir en comunicación, hablándose en los lugares donde hubiera señal de teléfono, porque Fabián iba viajando hacia Monterrey para asistir a la fiesta de despedida de una amiga de ellos de nombre Cinthia, más tarde como a las 18:45hrs Fabián intentó comunicarse de nuevo con Julio Alberto, él ya nunca más volvió a responder. Después supimos que Julio Alberto, Oscar Chavana, Daniel Treviño y Leonardo Garza, estuvieron esquiando en la presa de la Garza en Santiago Nuevo León y que sacaron la lancha con la que estuvieron esquiando para después llevarla a una bodega que está en puntas cristalinas en la misma presa y de ahí salieron posiblemente con rumbo hacia Monterrey, pero en el trayecto desaparecieron y lo único que hemos sabido por una llamada anónima a unos de los familiares de Leonardo es que fueron vistos en el camino que va hacia monterrey, cuando un grupo de hombres fuertemente armados con uniformes aparentemente de policías los estaba bajando violentamente, golpeándolos en la camioneta donde viajaban para subirlos a otros, y desde ese momento no hemos vuelto a saber nada de nuestro hijo ni de ninguno de los otros tres muchachos. ¿Quiénes son los responsables? No lo sabemos con seguridad, lo que sí sabemos es que de acuerdo a la llamada que recibieron los familiares de Leonardo Garza los hombres que se llevaron a estos muchachos iban uniformados, portaban armas de uso exclusivo de la policía y de las fuerzas armadas, y es mucha coincidencia que en eses mismo municipio meses después se confirmo la colusión de la policía municipal y estatal con miembros del crimen organizado. Estos policías trabajaban para las bandas locales deteniendo a personas, no sabemos con qué criterio, pero las entregaban a dichas bandas de criminales para pedir rescate a las familias, para ponerlas a trabajar de manera forzada en actividades criminales bajo la amenaza de matar a su familia si no hacían lo que se les indicaba, y quien sabe que más cosas, una cosa es muy cierta desde ese 12 de enero del 2008 no hemos vuelto a saber nada, absolutamente nada de nuestro hijo Julio Alberto ni de ninguno de los demás muchachos desaparecidos a pesar de que los hemos buscado en los pueblos, en los alrededores, en los cerros, en los montes aledaños y nadie, y nadie absolutamente nadie los ha visto, ya levantamos las denuncia correspondientes ante las tres instancias de gobierno, la municipal, la estatal y la federal y seguimos sin tener resultado. Cada mes y acompañados por el movimiento por la paz con justicia y dignidad, nos desplazamos de la ciudad de México hasta la ciudad de Monterrey, para pedirle al gobierno estatal que nos informe sobre los avances de las investigaciones acerca de los muchachos desaparecidos y nos responden siempre con resultados y avances nulos, no hacen nada, no investigan sólo giran oficios y hasta ahora no hay una investigación de campo, todo es puro papel y nada de resultados.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos

Página 16 Anexos

Sospechamos que hay autoridades involucradas en las desapariciones de Julio Alberto, Oscar, Leonardo y Daniel, porque sabemos que está comprobado, que existen averiguaciones y policías detenidos a causa de otras desapariciones, donde consta que efectivos de las policías municipal y estatal, actúan conjuntamente para ejecutar, secuestrar, cobrar derecho de piso y torturar a personas, algunas probablemente con nexos de bandas criminales, pero la mayoría son ciudadanos comunes y corrientes que nada tienen que ver con el crimen organizado y es mucha la casualidad de que estos jóvenes desaparezcan en el sector que es el área de influencia en contubernio con policías, y así se ha manifestado debido a las detenciones que se han hecho en la zona, donde incluso un presidente municipal fue muerto a manos de sus propios agentes de seguridad, por ordenes de la delincuencia organizada, además que es inverosímil que desde hace 3 años y nueve meses no haya habido ningún avance en las investigaciones, a pesar de que se les ha insistido por todos los medios posibles a nuestro alcance , incluyendo visitas mensuales, incluyendo visitas mensuales por el movimiento por la paz con justicia y dignidad a la procuraduría de justicia del estado de Nuevo León, ni atreves de recomendaciones del poder ejecutivo.

Consecuencias físicas Las propias de una familia que pierde un ser querido, malestar general, cansancio, sensación de pesadez y una enorme tristeza.

Consecuencias psicológicas: Depresión severa, constantes cambios en los estados de ánimo y una gran sensación de vacío.

Consecuencias en los bienes: Nos ha afectado mucho la depresión en que ha entrado la familia a partir de la desaparición de Julio Alberto y eso se refleja en nuestra capacidad productiva, además de que hemos tenido que cambiar nuestro domicilio a otra ciudad debido a las constantes llamadas de extorción de las que fuimos objeto en Acapulco, que es el lugar donde nuestro negocio está establecido, es por esto que hemos sido desplazados de nuestro lugar de trabajo, donde esta nuestra casa, amigos, familia y relaciones de negocios, nos es mucho más difícil desempeñar nuestro oficio que es compra-venta y bienes y muebles. Ahora vivimos en una ciudad diferente donde no tenemos relaciones comerciales y no es muy fácil construirlas aquí, pero aun así preferimos estar aquí que correr el riesgo de ser secuestrados o desaparecidos a manos de personas que creen que las propiedades que vendemos y compramos son nuestras y no comprenden que sólo somos comisionistas. Nos ha afectado mas económicamente de haber sido desplazados de nuestra ciudad de origen que la misma desaparición de nuestro hijo Julio Alberto.

DENUNCIA(S) Denunció ante un MP SI Averiguación previa: N° 07/2008/IV-1 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° NO DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Alonso Carbajal Julia Relación con víctima Madre Domicilio: Calle y N°: Medellín 33 CENCOS Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México DF , Asociación CENCOS CP Tel:55330925 Celular Correo electrónico jac1204@yahoo.com VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima: QUEREMOS ENCONTRAR A NUESTRO HIJO ESTE DONDE ESTE Y COMO ESTE.

Página 17 Anexos

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO UNIDOS POR LOS DESAPARECIDOS BAJA CALIFORNIA

•

http://www.listin.com.do/las-mundiales/2011/10/14/207202/Escalofriante-confesion-sobredesaparecidos-en-Tijuana DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Ocegueda Ruedas Fernando Edad: Sexo: M Originario del estado de/etnia: Baja California Indígena No Ocupación: Estudiante Escolaridad: Universitario Estado civil: Soltero N° de dependientes económicos: ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: No Siglas de la Organización: No ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes? No HECHOS: Fecha: 10/ Febrero/2007 Hora exacta o aprox.

10:00 hrs.

Estado: Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: avenida Adolfo López Mateos 6418 fraccionamiento presidentes Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) el DIA 10 de febrero del 2007 a las 10 de mañana llego un comando armado de 20 hombres a mi domicilio armados con armas largas identificándose como agentes federales y se llevaron a mi hijo de nombre Fernando, yo no me encontraba en casa me llamo mi esposa, fui a poner mi denuncia y tarde 6 horas en hacerlo pero no contó por que no fui testigo de los hechos, después de 5 anos de investigación logre ubicar a el autor intelectual y materiales de la privación ilegal de la libertad de mi hijo, actualmente encarcelados en penales federales y estatales consignados únicamente por delincuencia organizada entre otros, pero no por el delito del secuestro en contra de mi hijo Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos Omisión y comisión por parte de policías estatales.

DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° pgr/siedo/ueis/328/2007 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° No DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Fernando Ocegueda Flores Relación con víctima Padre Domicilio: Calle y N°: avenida Adolfo López Mateos 6418 Colonia fraccionamiento presidentes Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) Tijuana, Baja California CP Correo electrónico

Tel: 664-6-25-51-17 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO COMITÉ POTOSINO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

Página 18 Anexos

Ricardo Zavala Esparsa http://www.agendamx.org/nota.php?id=14453 DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) ZAVALA ESPARZA RICARDO Y SILVA ALEMÁN ARMANDO Edad: 25 Sexo: M Originario del estado de/etnia: San Luis Potosí Indígena ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

NO HECHOS: Fecha: 18 / septiembre /2010 Hora exacta o aprox.

2:00 am.

Estado: San Luis Potosí Municipio o Delegación: San Luis Potosí Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: No determinado.

No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Ricardo acompañado de su hermano Aurelio salió de su domicilio , ubicado en la Zona Centro, quien lo llevó a casa de su amigo ARMANDO SILVA ALEMÁN, ubicada en el Barrio de San Sebastián, de donde salieron para ver una pelea de Box por televisión. Ambos volvieron al citado domicilio hacia las 2 de la mañana y abordaron una camioneta Chevrolet Cheyene, modelo 2001, color azul marino, placas TP 03-505 propiedad del medio hermano de Armando, de nombre Josué Salazar Alemán. Sin que hasta la fecha se conozca el paradero de ambos.

Luego de que Armando no volviera a su domicilio, ni asistiera a una reunión familiar programada, sus familiares estuvieron llamando al teléfono celular. El día 21, finalmente, alguien del sexo masculino contestó el teléfono, indicando que lo había encontrado en las afueras de un centro nocturno de nombre “Mandará” ubicado en la Carretera 57. Los familiares dieron de baja el número telefónico.

El 24 de septiembre del 2010, el padre de Ricardo, de nombre Aurelio Zavala Loredo, y un medio hermano de Armando, de nombre José Luis Salazar Alemán presentaron denuncia ante el Agente del Ministerio Público, Raúl González López, adscrito a la Mesa 1 de la Agencia Investigadora Central. Sin que hasta el momento haya avance o resultado alguno en la indagatoria.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos NO DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° C/H/PGJE/C/I/151/IX/2010 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Relación con víctima Domicilio: Calle y N°: Medellín 33 Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México D.F. CP Correo electrónico Tel:55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD MIGUEL ORLANDO MUÑOZ, PUEBLA

Página 19 Anexos

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Miguel Orlando Muñoz Guzmán Edad: 25 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Puebla, México.

Ocupación: Teniente del Ejército Mexicano Escolaridad: Estado civil: Casado N° de dependientes económicos: 2

Indígena

No

Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia Militar. Asimismo, los presuntos responsables son agentes del Estado.

HECHOS: Fecha: 08/ Mayo /1993 Hora exacta o aprox.

Estado: Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos:

pm.

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia Militar. Asimismo, los presuntos responsables son agentes del Estado. Militares de alto rango. Las diversas irregularidades que han rodeado a este caso han sido deliberadas, con la intención de encubrir a los responsables. Hechos: Miguel Orlando Muñoz Guzmán, Teniente del Ejército Mexicano, desapareció el 8 de mayo de 1993 a los 25 años de edad. Fue visto por última vez por oficiales del 26 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de las instalaciones del citado Batallón. La versión del Ejército es que Orlando ese día se encontraba franco y salió de las instalaciones del Batallón, que desertó y luego viajó a Estados Unidos. La familia descarta esa versión ya que Miguel Orlando tenía la ilusión de ingresar a la Escuela Superior de Guerra, a la cual ya había presentado documentación para su admisión. Sin embargo no se han realizado investigaciones serias encaminadas a establecer su paradero y sancionar a los responsables de la Desaparición forzada. Existen varias irregularidades en el caso, tales como la falsificación de la firma de Orlando Muñoz, en un documento utilizado para demostrar su presunto interés en desertar y la pérdida de su portafolio, mismo que según declaraciones de oficiales del 26 Batallón, fue confiscado por el propio Comandante del Batallón, quien diera instrucciones después de levantar un acta de inexistencia del mismo. Asimismo, existen en el expediente diversas declaraciones que apuntan a que Miguel Orlando Muñoz había enfrentado diversas dificultades con sus superiores, las cuales, al parecer, guardaban relación con la información que él tenía sobre operaciones de narcotráfico en la zona, motivo por el cual había sido amenazado. Destacando además que mes y medio antes de su desaparición, estando de vacaciones en Jalisco con su familia, Miguel Orlando traía una frase muy marcada “el enemigo del verde es el mismo verde”.En todos esos acontecimientos, los presuntos responsables han sido militares del 26º Batallón de Infantería, como el Comandante de la V Zona Militar, del Estado de Chihuahua. Para más información ver informe de fondo 2/06 de la CIDH DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Movimiento por Relación con víctima Representante la paz moral Domicilio: Calle y N°: Medellín 33 CENCOS Colonia Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México DF , Asociación CENCOS CP Correo electrónico Tel: 55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si hay violación de derechos humanos Qué tipo de apoyo solicita la víctima: Página 20 Anexos

@ DELITO

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO MARCIEL GARCÍA LÓPEZ DESAPARECIDO

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) García López Marciel Edad: 21 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Oaxaca Indígena No Ocupación: soldado razo SEDENA Bachillerato HECHOS: Fecha: 8/Marzo/2010 Hora exacta o aprox.

5:30 am Estado: Nuevo León Municipio o Delegación: Monterrey Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Terminal de autobuses de Monterrey Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Cuando el 8 de Marzo mi hijo desapareció , iba junto con otros dos compañeros a reportarse con sus superiores, cuando uno de los testigos fue al baño a limpiarse los dientes, cuando regresó ya no se encontraban otros dos militares, entre ellos estaba el joven Marcial García López.

DENUNCIA(S) Denunció ante un MP si Averiguación previa: N° No Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: No DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) movimiento por la paz con justicia y dignidad Relación con víctima representante moral Domicilio: Calle y N°:Medellín 33, CENCOS Colonia Roma Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) Monterrey, Nuevo León CP Tel: 55330925 Celular Correo electrónico @ VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO VICTOR VALENZUELA MONTES DESAPARECIDO

Víctor Valenzuela Montes desaparecido

•

http://ciudadtijuana.info/acci/2011/06/09/caso-victor-valenzuela-montes/

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s): Valenzuela Montes, Víctor Edad: 22 años Sexo: M Originario del estado de/etnia: No Ocupación: Estudiante Escolaridad Estado civil: Soltero Municipio o Delegación ¿Pertenece a alguna organización política o social?

Unidos por los Desaparecidos Baja California Página 21 Anexos

Indígena: No

Siglas de la Organización: No

¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

La persona denunciante (papá): Fui secuestrado y pagué cierta cantidad de dinero y el resto lo pagué en abonos. Cuando terminé de pagar, me siguieron extorsionando con pagos mensuales. Como ya no podía sostener la situación me negué a seguir pagando y creo que como consecuencia de eso privaron de la libertad a mi hijo y a sus amigos.

HECHOS: Fecha: 6 /enero /2006 Hora de los Hechos Estado Municipio o Delegación Lugar de los hechos Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?)

El 6 de enero del 2006, mi hijo salió en compañía de dos amigos de nombres Marco Antonio Valencia Chávez y Francisco Javier Reza, al Boulevard Insurgentes a comer unos tacos y hasta la fecha no hemos sabido nada de mi hijo ni de sus amigos.

Cabe mencionar que yo con anterioridad fui secuestrado. Pagué cierta cantidad de dinero y el resto lo pagué en abonos: Cuando terminé de pagar me siguieron extorsionando con pagos mensuales. Como ya no podía sostener la situación me negué a seguir pagando y creo que como consecuencia de eso privaron de la libertad a mi hijo y a sus amigos. Ellos son agentes ministeriales en activo de nombre Rafael Sánchez Angulo y Guillermo Pastrana Hay una denuncia en asuntos internos en la Procuraduría de Justicia de Baja California donde señalo a los agentes que me secuestraron y la autoridad no ha hecho nada y me han tratado de manera déspota y humillante.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos Agentes ministeriales en activo de la Procuraduría de Justicia de Baja California de nombres: Rafael Sánchez Angulo y Guillermo Pastrana

DENUNCIA(S) Denuncia ante el MP

Averiguación previa: N° 148/06/10 Procuraduría de Justicia de Baja California

Hay Queja ante DH. DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre: Víctor Valenzuela Soto Domicilio: Calle y N°: Lobo viejo oriente 6612 Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado): Baja California Tel: 6-50-53-53 Celular: 6646255117 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Por el secuestro y extorsión de los agentes ministeriales: • Obligación de Respetar los Derechos •

Derecho a la Integridad Personal

•

Derecho a la Libertad Personal

Por el Ministerio Público: • Obligación de Respetar los Derechos •

Garantías Judiciales

•

Derecho a la Protección Judicial

• Protección de la Honra y de la Dignidad APOYOS SOLICITADOS POR LAS VÍCTIMAS

Página 22 Anexos

Relación con víctima: Padre Colonia: Fraccionamiento Los lobos CP Correo

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD MIGUEL ORLANDO MUÑOZ

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Miguel Orlando Muñoz Guzmán Edad: 25 Sexo: M Originario del estado de/etnia: Puebla, México.

Ocupación: Teniente del Ejército Mexicano Escolaridad: Estado civil: Casado N° de dependientes económicos: 2

Indígena

No

Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia Militar. Asimismo, los presuntos responsables son agentes del Estado.

HECHOS: Fecha: 08/ Mayo /1993 Hora exacta o aprox.

Estado: Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos:

pm.

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?) Autoridad Responsable: Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia Militar. Asimismo, los presuntos responsables son agentes del Estado. Militares de alto rango. Las diversas irregularidades que han rodeado a este caso han sido deliberadas, con la intención de encubrir a los responsables. Hechos: Miguel Orlando Muñoz Guzmán, Teniente del Ejército Mexicano, desapareció el 8 de mayo de 1993 a los 25 años de edad. Fue visto por última vez por oficiales del 26 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de las instalaciones del citado Batallón. La versión del Ejército es que Orlando ese día se encontraba franco y salió de las instalaciones del Batallón, que desertó y luego viajó a Estados Unidos. La familia descarta esa versión ya que Miguel Orlando tenía la ilusión de ingresar a la Escuela Superior de Guerra, a la cual ya había presentado documentación para su admisión. Sin embargo no se han realizado investigaciones serias encaminadas a establecer su paradero y sancionar a los responsables de la Desaparición forzada. Existen varias irregularidades en el caso, tales como la falsificación de la firma de Orlando Muñoz, en un documento utilizado para demostrar su presunto interés en desertar y la pérdida de su portafolio, mismo que según declaraciones de oficiales del 26 Batallón, fue confiscado por el propio Comandante del Batallón, quien diera instrucciones después de levantar un acta de inexistencia del mismo. Asimismo, existen en el expediente diversas declaraciones que apuntan a que Miguel Orlando Muñoz había enfrentado diversas dificultades con sus superiores, las cuales, al parecer, guardaban relación con la información que él tenía sobre operaciones de narcotráfico en la zona, motivo por el cual había sido amenazado. Destacando además que mes y medio antes de su desaparición, estando de vacaciones en Jalisco con su familia, Miguel Orlando traía una frase muy marcada “el enemigo del verde es el mismo verde”.En todos esos acontecimientos, los presuntos responsables han sido militares del 26º Batallón de Infantería, como el Comandante de la V Zona Militar, del Estado de Chihuahua. Para más información ver informe de fondo 2/06 de la CIDH DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Movimiento por Relación con víctima Representante la paz Página 23 Anexos

moral

Domicilio: Calle y N°: Medellín 33 CENCOS Colonia Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) México DF , Asociación CENCOS CP Correo electrónico Tel: 55330925 Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

@

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO VICTOR VALENZUELA MONTES DESAPARECIDO

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s): Valenzuela Montes, Víctor Edad: 22 años Sexo: M Originario del estado de/etnia: No Ocupación: Estudiante Escolaridad: Estado civil: Soltero N° de dependientes económicos: ¿Pertenece a alguna organización política o social?

Unidos por los Desaparecidos Baja California ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

Indígena: No

Siglas de la Organización: No

La persona denunciante (papá): Fui secuestrado y pagué cierta cantidad de dinero y el resto lo pagué en abonos. Cuando terminé de pagar, me siguieron extorsionando con pagos mensuales. Como ya no podía sostener la situación me negué a seguir pagando y creo que como consecuencia de eso privaron de la libertad a mi hijo y a sus amigos.

HECHOS: Fecha: 6 /enero /2006 Hora exacta o aprox. pm.

Estado Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?)

El 6 de enero del 2006, mi hijo salió en compañía de dos amigos de nombres Marco Antonio Valencia Chávez y Francisco Javier Reza, al Boulevard Insurgentes a comer unos tacos y hasta la fecha no hemos sabido nada de mi hijo ni de sus amigos.

Cabe mencionar que yo con anterioridad fui secuestrado. Pagué cierta cantidad de dinero y el resto lo pagué en abonos: Cuando terminé de pagar me siguieron extorsionando con pagos mensuales. Como ya no podía sostener la situación me negué a seguir pagando y creo que como consecuencia de eso privaron de la libertad a mi hijo y a sus amigos. Ellos son agentes ministeriales en activo de nombre Rafael Sánchez Angulo y Guillermo Pastrana Hay una denuncia en asuntos internos en la Procuraduría de Justicia de Baja California donde señalo a los agentes que me secuestraron y la autoridad no ha hecho nada y me han tratado de manera déspota y humillante.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos Agentes ministeriales en activo de la Procuraduría de Justicia de Baja California de nombres: Rafael Sánchez Angulo y Guillermo Pastrana DENUNCIA(S) Denuncia ante el MP Averiguación previa: N° 148/06/10 Procuraduría de Justicia de Baja California DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre: Víctor Valenzuela Soto Relación con víctima: Padre Domicilio: Calle y N°: Lobo viejo oriente 6612 Colonia: Fraccionamiento Los lobos Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado): Baja California Página 24 Anexos

Correo electrónico Tel: 6-50-53-53 Celular: 6646255117 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

Por el secuestro y extorsión de los agentes ministeriales: • Obligación de Respetar los Derechos •

Derecho a la Integridad Personal

•

Derecho a la Libertad Personal

Por el Ministerio Público: • Obligación de Respetar los Derechos •

Garantías Judiciales

•

Derecho a la Protección Judicial

• Protección de la Honra y de la Dignidad APOYOS SOLICITADOS POR LAS VÍCTIMAS

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO JESÚS ISRAEL NAVARRETE CORONEL DESAPARECIDO

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s): Navarrete Coronel, Jesús Israel Edad: 25 años Sexo: M F Originario del estado de/etnia: No Ocupación: Empleado Escolaridad: No señala Estado civil: Soltero N° de dependientes económicos: ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: Unidos por los Desaparecidos Baja California ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes? No HECHOS: Fecha: Hora exacta o aprox. 10:30 pm.

Hora exacta o aprox.

Municipio o Delegación: Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos:

Indígena

Si

No

Siglas de la Organización: No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?)

A las 10.30 de la noche el día llegó un comando armado encapuchado y se identificaron como policías judiciales. Se llevaron a mi hijo Israel. Al día siguiente me llamaron pidiéndome medio millón de dólares. Como no pude conseguir el medio millón me rebajaron a 300.000 dólares. Presenté mi denuncia ante la SIEDO de la ciudad de México. Hubo la detención de las personas que se llevaron a mi hijo y ya están en cárceles federales y estatales. Por la declaración de un sicario, se tienen indicios.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos: 1. Policía Judicial durante la detención y retención ilegal 2. Agentes del Ministerio Público Federal durante la investigación de los hechos DENUNCIA(S) Denuncia ante el MP: PGR/ SIEDO Averiguación previa: N°: PGR/SIEDO/UEIS/178/2007 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: No DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Página 25 Anexos

Apellido Paterno, Materno y Nombre: Emiliano Navarrete Elizalde Relación con víctima: Padre Domicilio: Calle y N°: Chalma lote 586 manzana 33 Colonia: Planicie Tijuana Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado): Baja California Norte Correo electrónico Tel: 664-1613288 Celular: 6646255117 VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

documentacion@movimientoporlapaz.mx

1. Por la Policía Judicial: • Derecho a la Libertad Personal •

Derecho a la Integridad Personal

2. Por el Ministerio Público: •

Obligación de Respetar y Garantizar los derechos humanos

•

Garantías Judiciales

•

Derecho a la Protección Judicial

•

Derecho a la Vida

• Derecho a la Integridad Personal de los familiares APOYOS SOLICITADOS POR LA VÍCTIMA

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD CASO IZÚCAR DE MORELOS

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s): 90 afectados Edad: Sexo: M F Originario del estado de/etnia: Ocupación: Escolaridad: Estado civil: N° de dependientes económicos: ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

Indígena

Si

Siglas de la Organización:

HECHOS: Fecha: 23 /marzo /2010 Hora exacta o aprox. am - pm.

Estado: Puebla Municipio o Delegación: Izúcar de Matamoros Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: El siniestro ocurrido en las instalaciones de la razón social Agricultura Nacional S. A. de C. V

Página 26 Anexos

No

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?): Agricultura Nacional S.A. de C.V. “dragón” se dedica a la producción de herbicidas, plaguicidas, pesticidas en dicho de ellos también fertilizantes. Utiliza químicos que son señalados altamente tóxicos.

Existe el antecedente de que operó hace más de veinte años en la ciudad de Córdova, Ver. En donde inicialmente se declaró como envasadora de polvos y fertilizantes. El 3 de mayo de mil novecientos noventa y uno ocurrió una explosión -voces la señalan como incendio- que causó alarma, y a decir de los vecinos y habitantes de esta comunidad ocasionó contaminación que causa cáncer e influye en todo tipo de enfermedades, y deficiencias en la calidad de vida del ser humano y su entorno ecológico. A pesar de los reclamos ciudadanos no se fijó una postura oficial respecto al suceso, el inmueble continua “clausurado” y con la presunción de que persiste la contaminación.

El 23 de marzo de dos mil diez en Izúcar de Matamoros, Pue. ocurrió una explosión -la misma empresa reconoce de DIMETOATO- se observó una nube roja que se desplazó hacia el sur, en las horas siguientes resultaron más de 90 afectados – mencionados públicamente- con alteraciones en los ojos, la garganta, piel, vomito, nauseas, dolor de cabeza; la población evacuo en gran número rumbo a la ciudad de Atlixco, Pue., y otras comunidades.

El 24 del mismo mes y año ante el reclamo e indignación de los habitantes la autoridad municipal procedió a “CLAUSURA PROVISIONAL” de las instalaciones ubicadas en la comunidad de Mihuatlan.

El cabildo anterior trato el asunto, concluyendo entre otras consideraciones que atendía la petición y voluntad ciudadana, ratificando la “clausura provisional”.

Hasta la fecha NINGUNA AUTORIDAD HA INVESTIGADO EL SUCESO EN LAS INSTALACIONES de Agricultura Nacional S.A. de C.V. existe OMISION de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales – federal-, de su Delegación en el Estado de Puebla.

La razón social Agricultura Nacional S.A. de C.V. sostiene que se ha exagerado el “problema” que se trató de una “simple fuga” por un calentamiento de tres tambos de “DIMETOATO” que se le ha dado trato político, y que se debe reabrir a la operación para preservar la fuente de trabajo.

Ha emprendido una serie de acciones legales promoviendo Juicios de Amparo primero para impugnar la “CLAUSURA PROVISIONAL” originándose en expediente 484/2010 en el Juzgado Séptimo de Distrito en donde obtuvo la protección de la Justicia Federal, la autoridad municipal en turno interpuso RECURSO DE REVISIÓN que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa formándose el Toca 197/2010 que finalmente resolvió revocar la sentencia de amparo que favorecía al “dragón” y SOBRESER el Juicio de Garantías Constitucionales. Esta decisión lejos de resolver el asunto solo creo una serie de expectativas y confusiones que orientaron a una solución de fuerza.

El sobreseimiento solo dio las condiciones para que la razón social clausurada provisionalmente esté en condiciones de regularizarse como lo ha estado intentando. Esta actitud es impulsada por la administración saliente -2008/2011- al otorgarle una serie de facilidades desde el momento mismo del siniestro; permitiéndole retirar todo el material (químicos) (materia prima) sin que se haya tenido la precaución de tomar muestras, tampoco se tomaron muestras de suelo, agua, desechos y residuos, y últimamente en el mes de enero otorgándole sin ningún sustento legal un PLAZO DE SESENTA DÍAS que venció el día 15 de marzo de dos mil once, para que presente la documentación que se le REQUIRIO el 24 de marzo de dos mil diez, es decir toda la facilidad para que regularice su documentación ante las instancias federales y estatales.

Es prudente aclarar que la “CLAUSURA PROVISIONAL” es un acto de autoridad CONSENTIDO por la empresa Agricultura Nacional S. A. de C.V. porque NO interpuso el recurso de INCONFORMIDAD que se dispone en la Ley Orgánica Municipal, al acudir ante el Juzgado de Distrito este NO debió admitir la demanda de Amparo por no respetarse el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Siendo ésta una razón más de lo ilegal del acuerdo de fecha 13 de enero de dos mil once del Cabildo anterior de otorgarle el plazo de sesenta días para que exhibiera documentación que justifique que cuenta con las certificaciones de PROFEPA y SEMARNAT. Están por resolverse Juicios de Amparo radicados en los expedientes 1636/2010 cuya Audiencia Constitucional se fijó para el día 4 de enero de dos mil once, sin que se haya dictado sentencia, por acuerdo publicado en lista se le otorga plazo a la oficina de correos para que entregue informe sobre documentación que debe agregarse al expediente. Del juicio 1823/2010; el reclamo en estas promociones es por la omisión de la administración municipal anterior de dar respuesta respecto a la presentación de expedientes que justifican la expedición de “LICENCIA DE OPERACIÓN” Los socios y representantes legales de Agricultura Nacional S. A. de C. V. acudieron al Gobierno del Estado solicitando su intervención para que se levantar la “clausura provisional” argumentando que existe un dictamen de la Universidad de Chapingo favorable a la reapertura del “dragón” y que cuanta con resolución favorables del Poder Judicial Federal.

Es de mencionarse que la administración municipal anterior (2008-2011) recurrió a una serie de medidas y maniobras con la intención de maniatar a la actual gestión (2011-2014) para OBLIGAR A LA REAPERTURA DEL “DRAGÓN” propiciando un ambiente político en donde la responsabilidad de todo el conflicto la absorba este Cabildo; por ello el multicitado acuerdo de “sesenta días” la presentación de los informes justificados ante el Juzgado Quinto de Distrito de manera que se propicie el aplazamiento de las Audiencias Constitucionales.

A finales del año pasado la sociedad Agricultura Nacional, emprendió una campaña pública para evidenciar que es una empresa “amigable” que “contribuye al progreso de Izúcar de Matamoros” que “proporciona fuentes de trabajo” que “no contamina” y que se enfrenta a una autoridad municipal que utiliza políticamente su “clausura provisional” que ésta no tiene razón de prevalecer y que simplemente debe reabrir, expresando además que iniciara acciones legales en contra de la autoridad municipal y de sus opositores ciudadanos.

Página 27 Anexos

Públicamente se a señalado que la empresa Agricultura Nacional siempre ha operado en nuestro municipio de manera ilegal, que no cuenta con la LICENCIA DE OPERACIÓN ni con la AUTORIZACION DE USO DE SUELO. Incluso que no cuenta con las certificaciones que deben extender tanto la SEMARNAT como PROFEPA. Esta documentación la entrego el actual Presidente municipal Dr. Carlos Gordillo Ramírez a finales del mes de mayo del año en curso.

La Comisión Ciudadana Izucárense interviene en este tema como la voz de denuncia y demanda de la “CLAUSURA DEFINITIVA” su argumento el antecedente de la explosión de Córdova, Ver. La presunción de la contaminación causada en esa comunidad, y la presunción de la que causa en Izúcar de Matamoros.

En sus manifestaciones e intervenciones públicas define su movimiento de “defensa de la VIDA Y LA SALUD” y presentan lo que ellos llaman evidencias de la contaminación y afectaciones que causa la autodenominada razón social “dragón” denunciando que la sociedad “clausurada” ha funcionado ILEGALMENTE con el consentimiento de las anteriores administraciones municipales, por no contar con LICENCIA DE OPERACIÓN y AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO. Organizaron una CONSULTA PUBLICA el día 29 de agosto de dos mil diez, en la cual más de 19,000 votos se decidieron por el rechazo a las operaciones de la compañía “clausurada” 400 por la por su permanencia. Este ejercicio ciudadano lo adopto el cabildo anterior (2008-2011) en sesión extraordinaria ratificando su decisión de mantener la “clausura” impuesta.

OBJETIVO En pleno acatamiento y comprensión del concepto Constitucional de MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO, en ejercicio de las facultades que se le otorgan a este Cabildo se le propuso aborde el asunto abrazando el compromiso de solución con la premisa de que prevalezca el interés supremo del BIEN COMUN y el ORDEN PUBLICO. En sesión de cabildo celebrada el día 18 de mayo de 2011, se aprobó negarle el uso de suelo a la fábrica de agroquímicos; en días posteriores el síndico municipal encabeso “traición” alegando que fueron presionados por la Comisión Ciudadana, para acordar junto con el Presidente municipal, otorgar la licencia de uso de suelo y licencia de operación.

Para acabar con la incertidumbre, la manipulación, la desinformación pero sobre todo resolver el conflicto con criterios Humanistas en donde la comunidad, el ser humano, el medios ambiente, toda forma de vida sean el centro de nuestras deliberaciones, investigaciones y trabajos, para arribar a una SOLUCIÓN CIENTIFICA que integre, que estudie el aspecto social, el sustento Jurídico, la calidad de vida y/o su deterioro, la economía municipal y regional, la salud, la ecología, el uso y manejo de materiales químicos, el uso y aplicación de estos productos en el campo, el destino de desechos tóxicos, incidencia de enfermedades, etc.

No es un tema simple de “reabrir” ó “clausurar” es una SOLUCIÓN CIENTIFICA que defina la esencia del problema y sus implicaciones proporcionado los argumentos y solución.

En un ejercicio INEDITO de la función PUBLICA MUNICIPAL dar solución a este asunto, atendiendo antecedentes como el de los campesinos ecologistas de Guerrero que fueron encarcelados por defender los bosques; o el de la gasera de Baja California y otros que solo evidencian la ausencia de una POLITICA DE ESTADO para atender estas actividades de producción.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos Consecuencias físicas: daños a la salud por la contaminación Consecuencias psicológicas: Consecuencias en los bienes: DENUNCIA(S) Denunció ante un MP NO Averiguación previa: N° 484/2010 Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) Domicilio: Calle y N°: Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) Izucar de Morelos Tel: Celular VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Relación con víctima Colonia CP Correo electrónico

Si hay violación de derechos humanos

DELITO

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

CASO ALBERTO PATISHTÁN GÓMEZ

Página 28 Anexos

@

DATOS DE LA VICTIMA: Apellido Paterno, Materno y Nombre(s) PATISHTÁN GÓMEZ ALBERTO Edad: 40 Sexo: M Ocupación: profesor bilingüe Estado civil:

Divorciado

Originario del estado de/etnia: Chiapas, Tzotzil Escolaridad:

N° de dependientes económicos: ninguno ¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: La Voz del Amate ¿Algún hecho, antecedente o puntos relevantes que sucedieron antes?

Indígena

Si

Siglas de la Organización:

En la región predominaba el partido del PRI. El 10 de junio de 1998, se implementó un operativo policiaco para desmantelar el municipio autónomo “San Juan de La Libertad” en el municipio de El Bosque. En el lugar resultaron 7 zapatistas muertos, un priista y 2 policías. El gobierno utilizaba a los priistas para enfrentar y chocar con los zapatistas como política contrainsurgente. El 10 julio de 1998, la policía detuvo a Salvador López González, base de apoyo zapatista, a quien lo despojaron de su licencia, 2 días después se da la emboscada de la que culpan a ambos. Tanto a Alberto Patishtan como a Salvador López González.

Alberto Patishtan, había destacado en las manifestaciones realizadas en contra del presidente municipal por los malos manejos de los recursos así como la evidente vinculación con el gobierno de Chiapas para desarticular a las comunidades organizadas en la región.

El 11 de Junio del 2000, el comandante visito al Presidente Municipal del Bosque quien lo mando a llamar para informarle que un grupo civil quería tomar la presidencia y secuestrar al presidente. El comandante le informo a Belisario y a sus compañeros para permanecer pendientes. Esa noche realizaron recorridos por el pueblo, trascurriendo sin ninguna novedad. Como también tenían información que el municipio de Simojovel seria tomado, se dirigieron hacia ese pueblo el 12 de Junio a las 10:00 am, ya que no paso nada en el Bosque. Llegaron a Simojovel como a las 10:30pm y vieron que todo estaba en calma. (FUENTE: Exp. Penal, declaración de Belisario)

HECHOS: Fecha: 12 /Junio /2000 Hora exacta o aprox.

11:30 horas am Estado: Chiapas Municipio o Delegación: Las Limas, a 3 kilómetros del municipio de El Bosque Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: Las Limas, a 3 kilómetros del municipio de El Bosque Chiapas

Página 29 Anexos

Relato (¿qué y cómo sucedió? ¿Responsables?)

El día 12 de junio de 2000, aproximadamente las 11:30 horas de la mañana, en el lugar denominado Las Limas, a 3 kilómetros del municipio de El Bosque Chiapas, un grupo de personas encapuchadas y armadas con rifle calibre 22 automático, AR-15 y AK-47, emboscaron a una camioneta donde viajaban 9 personas, 7 de las cuales perdieron la vida y dos resultaron lesionados.

En el lugar resultaron lesionados dos personas (un elemento de PSP Belisario Gómez Pérez y Rosemberg Gómez Pérez hijo del presidente municipal quien conducía el vehículo). Según testimonio de los sobrevivientes, el grupo atacante aprovechando la ocasión se apoderaron de 7 armas de fuego propiedad del Gobierno. La Procuraduría General de la República por conducto de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados determino ejercer la facultad de atracción de las investigaciones.

Belisario perdió el conocimiento recuperándolo aproximadamente 20 minutos después, dándose cuenta que sus compañeros estaban muertos y que Rosemberg estaba herido e inconsciente dentro de la camioneta. Por temor a que lo descubrieran, Belisario se quedó sin moverse y escuchó a los agresores decir “Maten a esos hijos de su chingada madre, quítenles las armas.” Pudo ver a uno de los atacantes, quien vestía ropa civil y se cubría el rostro con pasamontaña.

Después de unos memento se dio cuenta que llego un grupo de apoyo y le dieron auxilio.

Según testimonio de Rosemberg, El 19 de Junio del 2000, cuatro hombres vestidos de civil se bajaron de una camioneta y detuvieron a Alberto Patishtan Gómez, cuando se dirigía a su trabajo como maestra bilingüe, sin decirle nada o mostrarle una orden de aprehensión. Su hija al ver esto no supo si su padre había sido detenido o secuestrado. Alberto Patishtan, estuvo arraigado por un mes en el hotel Safari y no tuvo auxilio jurídico durante las primeras etapas del proceso legal. Fue obligado a declarar sin la asistencia de un abogado y lo tuvieron con presión psicológica y desvelo por 2 o 3 días.

El 25 de febrero de 2008, 11 integrantes de La Voz del Amate del CERESO No. 14 El Amate, entre ellos el Profesor Alberto Patishtan y una mujer, iniciaron huelga de hambre indefinida, para exigir su libertad. En ella participaron 11 internos indígenas. Otros internos solidarios con La Voz del Amate iniciaron una jornada de ayuno y oración. En la madrugada del día 27 de mayo, elementos del Grupo Lobo, cuerpo especializado de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con los custodios del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), cumpliendo órdenes de las autoridades penitenciarias de Chiapas, ingresaron de manera violenta al espacio en donde el grupo de presos políticos de La Voz de El Amate y los presos zapatistas tenían su plantón, los huelguistas fueron sacados de manera violenta, entre ellos a Alberto Patishtan Gómez para ser trasladados a otros penales.

El gobierno del estado de Chiapas, inicio una mesa interinstitucional para la revisión de los expedientes penales de los huelguistas, en cuyo espacio, se encontró graves violaciones al proceso penal de Alberto Patishtan, a pesar de ello, el gobierno mexicano lo ha mantenido privado de su libertad.

Perpetrador: personas vestidas de civil, conocidos como Policía de Seguridad Pública en el momento de la detención y durante el proceso de investigación y penal: Autoridades Federales y Estatales.

Localidad: de su detención, Cabecera municipal de El Bosque, Chiapas; durante la PAL: CERSS No. 1 (antes CERESO No.1), CERSS No.2 (antes CERESO No.2); CERSS No.5 (CERESO No.5), CERSS No.14 (antes CERESO No. 14) Municipio: El Bosque, Chiapas (Detención); Tuxtla Gutiérrez (CERSS 1, SCLC, Cintalapa.

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Alberto Patishtan Gómez fue detenido el día 21 de julio del 2000 en el Bosque, Chiapas por elementos de la AFI por delitos que no cometió y que el propio mal gobierno acepta que no están fundados. Los policías no se identificaron y no mostraron ninguna orden de aprehensión. Tampoco se le comunicó el motivo por el cual lo detuvieron. Al detenerlo lo llevaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sufrió tortura psicológica, recibiendo insultos y amenazas. En el transcurso de su detención lo mantuvieron incomunicado. Estuvo arraigado durante 30 días y luego fue trasladado en el entonces penal de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente se le trasladó al Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados (CERSS) No.14 El Amate, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Nuevamente, el profesor Patishtan fue trasladado, esta vez al CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas Chiapas, donde actualmente se encuentra.

DECLARACIÓN En Tuxtla el Ministerio Publico le tomó su declaración, le obligaron a firmar aunque no estuvo de acuerdo. No tuvo acceso a un abogado defensor ni a un traductor que comprenda la lengua y la cultura tzotzil.

Está acusado de 8 homicidios.

PROCESO Fue sentenciado a 60 años de prisión. Se apeló y fue confirmada la sentencia.

CONDICIONES EN PRISIÓN El profesor Patishtan padece de un glaucoma el cual se desarrolló dentro de la cárcel. No está recibiendo atención médica al respecto y eso lo pone en riesgo de quedarse ciego, mismo riesgo que ha sido denunciado públicamente en varias ocasiones.

Sospecha o sabe que hay autoridades involucradas, porque lo ordenaron o no hacen nada: Indicar nombres y cargos

elementos del Grupo Lobo, cuerpo especializado de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con los custodios del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate) Consecuencias físicas:

permaneció 6 meses hospitalizado en Tuxtla Gutiérrez, a consecuencia de una enfermedad grave en los ojos, en este mes de julio, fue trasladado nuevamente al CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas. Su situación de salud es delicada, pues la enfermedad del glaucoma avanza cada día más. No hay atención médica adecuada dentro del CERSS. Consecuencias psicológicas:

El encarcelamiento de Alberto Patishtan ha provocado mucha enfermedad, un daño económico fuerte y tristeza. En el 2010, fue trasladado a un hospital en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde lo mantuvieron durante 6 meses esposado a una cama y aislado en una habitación, con el propósito de aislarlo de su organización. Después lo regresaron nuevamente al CERSS No.5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Consecuencias en los bienes:

DENUNCIA(S)

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Averiguación previa: N°

Averiguación Previa Ministerio Público Lic. Ernesto Vázquez Reyna. Adscrito a la

Denunció ante un MP

Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados. Ejercicio de la Acción Penal de fecha 17 de julio de 2000.

Causa Penal No. 126/200.- Juez Primero de Distrito en Chiapas. Lic. Roberto Ovando Pérez. Sentencia de fecha 18 de marzo de 2002.

Apelación 100/2002.- Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito. Magistrado Gerardo Torres García. Resolución de fecha 21 de agosto del 2002 Amparo Directo 58/203.- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Resolución de fecha 11 de junio de 2003.

Reconocimiento de Inocencia 1/2009.- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Magistrado Lic. Pablo Quiñones Rodríguez. Promovido el 20 de agosto de 2009 y resuelto del 3 de febrero de 2010.

Procesos Jurídicos: ! El 18 de marzo del 2002, en el expediente penal número 126/2000, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dicto sentencia condenatoria contra el Profesor Alberto Patishtan Gómez considerándolo penalmente responsable de los delitos de Lesiones y Homicidio Calificado, Robo calificado y Daños, Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, aplicándole una pena de 60 años de prisión y multa de 1745 días a razón de $57,061.00.

NO

! El 20 de agosto del 2002, se resuelve el Toca Penal número 100/2002 originado por la apelación, radicado en el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito en el cual se confirmo la sentencia del 18 de marzo 2002. ! El 11 de junio de 2003, se dicta resolución del Amparo Directo número 58/203 radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el sentido de dicha resolución fue negar el amparo en la mayor parte de los actos reclamados pero haciendo únicamente la reducción al pago de la multa de $20,437.50 por concepto de multa directa impuesta y si se “niega a cubrir esa cantidad sin causa justificada el estado la exigirá mediante el procedimiento económico colectivo”. ! Como último recurso interno se interpuso a trámite el de Reconocimiento de Inocencia número 1/2009, el cual se resolvió el día 3 de febrero del 2010 en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el sentido de la resolución fue que la alegación del reconocimiento estaba infundada.

Si Hay queja ante Derechos Humanos estatal o nacional: N° CIDH: se envió petición 3 de agosto de 2010.

Ya que se agotó todos los recursos internos, por lo que tenemos 6 meses, a partir del día 3 de febrero de 2010 para presentar una petición ante la Comisión Interamericana.

DATOS DE LA PERSONA QUE DENUNCIA Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)

Relación con víctima

Patishtan Gabriela

hija

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Domicilio: Calle y N°: Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) Celular

Colonia CP

9197043071 Tel: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Correo electrónico

Si hay violación de derechos humanos

@ DELITO

Violación: Privación Arbitraria de Libertad (Detención ilegal), Denegación de Justicia, Debido Proceso Legal.

Derecho Violado: Garantías Judiciales y Protección Judicial. Derecho a la Libertad Personal. Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión, Derecho de las personas privadas de la libertad a servicios médicos, Derecho de las personas privadas de la libertad a trato digno y humano.

Qué tipo de apoyo solicita la víctima:

! ! ! !

Se libere de inmediato al Profesor Alberto Patishtan Gómez.

Se tomen todas las medidas necesarias para su atención médica y psicológica.

Se investiguen y sancionen a los responsables de los delitos fabricados en su contra.

Se le pague una justa indemnización al Profesor Alberto Patishtan Gómez como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima.

Cherán

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http://micheran.com/?cat=15 www.youtube.com/watch?v=6BQ9pCQ3qHA