Comunicado de prensa ante Ley Nacional de Salud Mental y la Ley General del Sistema Nacional contra

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ante la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones Ciudad de México, a 15 de enero de 2018 Las personas y las organizaciones abajo firmantes nos oponemos a las iniciativas de la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones, presentadas ante la Cámara de Diputados en abril y septiembre del 2017 por las diputadas Amparano Gámez y Sánchez Arredondo, respectivamente. Dichas iniciativas no promueven un modelo de atención a la salud mental basado en el respeto a los derechos humanos y reproducen un paradigma médico que nuevamente invisibiliza y aísla a las personas con discapacidad y a los usuarios de sustancias psicoactivas al poner en entredicho sus derechos al consentimiento informado y a la capacidad jurídica. A ello hay que agregar que el modelo propuesto hace referencias indebidas al derecho penal, realizando alusiones a tipos penales y proponiendo plazos de privación de la libertad que no deben estar relacionados al ámbito de la salud. Como sociedad civil nos sumamos a las acciones que busquen promover el derecho de todas las personas a la atención integral en salud mental. Asimismo, celebramos los esfuerzos que visibilicen la vulneración de derechos de las personas con discapacidad psicosocial y usuarios de sustancias psicoactivas y que contribuyan a erradicar el estigma y los estereotipos que existen para lograr su inclusión plena y efectiva en la sociedad, por ello, preocupa enormemente el retroceso que se genera en los esfuerzos por transitar de un modelo basado en el derecho punitivo hacia uno de salud integral que promueva alternativas y estrategias de atención como los programas de reducción de daños o la creación de redes de apoyos, así como la creación de servicios basados en la comunidad. Las organizaciones aquí firmantes mantenemos la convicción de que los servicios de salud mental deben ser ofrecidos a la generalidad de la población y no restringirlos bajo un criterio patologizador y/o criminalizador. La aprobación de la Iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental y la Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones impediría la creación de un modelo adecuado y con enfoque de derechos humanos acorde con los estándares internacionales. Por todo lo expuesto, hacemos un llamado a la sociedad en general y a los tomadores de decisiones para promover la creación de espacios de análisis y discusión que cuenten con la participación de las personas con discapacidad, personas que usan drogas, sociedad civil, academia y expertos nacionales e internacionales.


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