Tlatlaya: tres años de impunidad -
La falta de justicia ha propiciado que se repliquen episodios de ejecuciones arbitrarias a manos de las Fuerzas Armadas. La PGR no ha hecho lo necesario para esclarecer el número real de víctimas, la alteración de la escena del crimen ni el encubrimiento. Se ha evitado llamar a rendir cuentas a los responsables de dar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad. La sobreviviente y testigo Clara Gómez presenta amparo por falta de debida diligencia.
Ciudad de México, 29 de junio de 2017. Hace ya tres años, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, tuvo lugar uno de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos que han marcado la historia reciente de México. Entre 8 y 12 personas fueron ejecutadas arbitrariamente a manos de elementos del Ejército, en un episodio que a pesar de su triste notoriedad no ha sido esclarecido. La impunidad con la que se ha cubierto la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le de mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública, una tarea reservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla. Es pertinente recordar que en el caso Tlatlaya, ocurrido en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, las autoridades sostuvieron la versión de que los civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los elementos del 102 Batallón de Infantería, hasta que el testimonio de una de las testigos y sobreviviente, aunado a pruebas recabadas por periodistas, reveló que la mayoría de los 22 fallecimientos se dio tras haberse rendido los civiles y que las autoridades encubrieron lo sucedido, además de coaccionar a las testigos para callar lo que presenciaron. A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy haya nadie rindiendo cuentas por este delito.
su de la no
Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la