Para abatir el hambre y la pobreza se requiere ir a las causas

Para abatir el hambre y la pobreza se requiere ir a las causas Propuestas de El Barz贸n para transformar los resultados

Alianza Nacional Agropecuaria Comercializadores y Consumidores A.C.

Enero-2013

México tiene mucha experiencia en el desarrollo de programas sociales Marco legal

Muchos programas

Artículo 1 de la Constitución garantiza los derechos humanos. Artículos 4 y 27 de la Constitución establece derecho a la alimentación La obligación de los estados de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación (art. 2 B) Leyes Generales de DesarrolloSocial y de Salud y Ley de Desarrollo Rural Sustentable Los artículos 2, párrafo 1, y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligan a México a dedicar el máximo de los recursos disponibles para asegurar el derecho a la alimentación.

Conasupo Pronasol DIF Progresa Oportunidades Programa de Apoyo Alimentario Dicona Liconsa

Gasto Devengado Presupuestario de la Sedesol (millones de pesos constantes de 2012) 100,000.0

92,030.7 83,555.5 81,461.3 84,859.9

80,000.0

Mucho dinero

72,576.1 63,957.5

60,000.0

49,685.7

40,000.0 25,471.8

20,000.0

31,591.2

31,264.4 30,805.6

36,443.0

29,093.7

24,082.8

0.0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaborado con cifras del CEFP, de la Cámara de Diputados.

2009

2010

2011

2012

2013

No obstante, eso no se refleja en la reducción sostenida de la pobreza

Baja la pobreza por circunstancias favorables: •Altos precios del petróleo •Remesas •Liquidez internacional •Oferta mundial •Importaciones de alimentos para frenar precios

Eso no es sostenible: •Aumenta de la demanda para consumo •Aumenta la demanda para combustibles •Hay reducción de la oferta por el cambio climático •Hay mayor especulación •Crecen los precios e impactan en los ingresos

El fracaso de la estrategia es evidente Se atacan los efectos y no las causas. No pueden lograrse resultados sostenibles cuando las políticas estructurales propician la concentración del ingreso, frenan el crecimiento económico y la generación de empleos productivos. En México, a pesar del petróleo, de las remesas y de la migración que reduce el crecimiento poblacional, encontramos que:  El PIB per cápita creció a una tasa promedio anual de apenas 1.9% entre 1994 y el 2000; de 1.05% entre 2000 y 2006 y de 1.1% del 2006 a 2012.  En los últimos doce años el número de trabajadores asegurados creció en sólo 3.4 millones, en un período en el que la población en edad de trabajar, entre 12 y 70 años, aumentó en 15.6 millones de personas.

El fracaso de la estrategia es evidente Crecimiento de los precios y salarios entre noviembre de 2006 y noviembre de 2012 (%) 50.00 40.00 30.00 20.00

46.90 33.70

28.96

35.70

10.00 0.00 Índice General

Alimentos, bebidas y tabaco

Salario Mínimo

Salario de cotización al IMSS

Fue nte : Elaborado con cifras del INEGI.

Adicional a la contención de los salario, los ingresos de los trabajadores van a la zaga de las alzas de precios, agravando el efecto de la concentración del ingreso. Eso se debe a factores que cada vez cobran más relevancia en el comportamiento del mercado de alimentos:  El aumento de la demanda mundial  El uso de los granos para producir energía  La incertidumbre generada por el cambio climático y el agotamiento por sobreexplotación de los recursos acuíferos y el suelo y,  La especulación, incentivadas por el capital financiero y los monopolios del sector, que tienen una gran responsabilidad en la situación en la que se encuentra el campo y el poder adquisitivo de la población.

La pobreza también crece en las zonas urbanas

En el diagnóstico que dio a conocer la Sedesol en diciembre, se destaca la importante participación de la población urbana que se caracteriza en condiciones de pobreza. La política económica impidió que la migración fuera un factor de mejora social. En pobreza extrema, 5.5 millones de personas en zonas urbanas y 6.3 millones en zonas rurales.

Pero, además, las evaluaciones advierten, entre otros problemas: •

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Falta coordinación entre la secretaría responsable y las otras secretarías y las entidades federativas. Existe una gran dispersión de programas sociales: 273 programas y acciones federales, 2,391 programas y acciones sociales estatales No es prioridad el combate a la pobreza, de modo que los programas de Sagarpa benefician desproporcionadamente a los productores más ricos.

Más del 95% del gasto de los programas sociales incluidos en el PEC está destinado a los pobres, pero reciben menos del 8% del gasto agrícola.

La liberalización irracional del comercio agrícola impactó y afectó la capacidad de los productores más vulnerables por importaciones dumping.

Se han abandonado elementos de evaluación rigurosa en entidades federativas y municipios –censos de talla y peso en niños-.

A pesar del hambre, México vive una emergencia respecto del sobrepeso y la obesidad, debido a la ausencia de políticas orientadas a la mejora de la dieta y a las políticas comerciales de los monopolios.

Una política contra el hambre y la pobreza debe: Es una prioridad nacional.

Se requiere adecuar la legislación vigente, e incluso construir la Ley reglamentaria del párrafo tercero del Artículo 4° Constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, todo esto, en concordancia con la Ley General de Desarrollo Social.

El objetivo es garantizar la coordinación de todas las dependencias, gobiernos estatales y municipales, para destinar recursos y esfuerzos al objetivo prioritario del país.

Una estrategia nacional de coordinación de las actividades de las diversas secretarías y de adaptación de las políticas sectoriales a la realización del derecho a la alimentación debería servir para evitar las incoherencias señaladas por las diferentes instancias de evaluación.

Una política contra el hambre y la pobreza debe: Se deben orientar las políticas de apoyo al sector agropecuario, reduciendo los beneficios a los agricultores ricos, para promover la producción de las pequeñas y medianas unidades productivas, con un uso eficiente de los recursos, en particular el agua y la energía. En ese sentido, hay que considerar la necesidad de fortalecer programas como el PESA, que ha demostrado capacidad de cambiar las condiciones de producción en zonas con alto rezago a agricultores con menos de 5 ha.

Es necesario destacar que esa reorientación de la política agropecuaria fortalecería a productores que por el rezago con el que se les ha obligado a trabajar hasta ahora, estarían en posibilidades de dar un fuerte impulso a la productividad y a la soberanía alimentaria, además de ofrecer mejores condiciones de sustentabilidad del uso de los recursos.

La política contra el hambre y la pobreza debe: Mediante políticas públicas y la aplicación de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica se debe acotar el poder de los monopolios en la proveeduría de insumos, pero también en la distribución de productos.

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Una estrategia sostenible basada en la sustentabilidad, requiere la promoción de la investigación, la producción de semillas mejoradas y fertilizantes. En este mismo propósito, es necesario mejorar y diversificar la propiedad de la infraestructura de almacenamiento, para impedir que los intermediarios puedan retener la mayor parte del ingreso agropecuario, a costa de los productores.

Se debe impedir que los grandes grupos monopólicos determinen las condiciones de acopio, comercialización y precios de venta.

Prohibir la publicidad que favorece el consumo de productos chatarra en los estratos de menores ingresos.

Fortalecer los instrumentos como desayunos escolares y garantizar la disponibilidad de agua potable en escuelas, hospitales y espacios públicos.

Una política contra el hambre y la pobreza debe: •

Utilizar el efecto multiplicador de la demanda generada por los programas sociales, como por ejemplo, la el DIF, Liconsa y Diconsa, para asegurar las ventas y el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios, para asegurar un ingreso que permita mejorar sus condiciones de vida.

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Fortalecer la producción nacional de alimentos, en lugar de buscar bajar los precios mediante importaciones. Como señala el relator de la ONU, de esta forma el Estado garantiza el cumplimiento de un objetivo de corto plazo – mantener los programas alimenticios para la población- y los de carácter estructural –mejorar el ingreso de los productores y crear las condiciones para capitalizar al campo-.

Sólo en la medida en que se fortalece la capacidad de producción nacional, se podrá garantizar el mantenimiento, en el largo plazo, de los logros del programa contra la pobreza y el hambre.

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Por lo anterior, consideramos que una polìtica contra el hambre y la pobreza debe: • Es necesario perfeccionar los esquemas de fiscalización de los recursos destinados a estos programas para evitar distorsiones y desviaciones indebidas, considerando la coordinación que debe haber entre las secretarías del gobierno federal y los estados y municipios.

• Para asegurar esta fiscalización y el logro de los objetivos propuestos es importante la participación social no corporativa, sino en un ambiente de democracia, rendición de cuentas y no impunidad.

Por lo anterior, consideramos que una polìtica contra el hambre y la pobreza debe: •

El Estado de manera democrática, no corporativa, deberá coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores, campesinos, trabajadores y empresarios, y la eficiencia de su propia participación, para alcanzar los objetivos propuestos.

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Es necesario advertir que la autoridad gubernamental no debe sucumbir a los intereses de los grandes monopolios, que han sido responsable de promover un uso intensivo de los recursos naturales, que fomentan el consumo de productos no nutritivos y con su poder de negociación, han propiciado momentos especulativos, cada vez más frecuentes, que les han producido importantes ganancias, en perjuicio del poder adquisitivo de los consumidores.

Por lo anterior, consideramos que una polìtica contra el hambre y la pobreza debe: •

En coordinación con el objetivo estratégico, las propuestas deben considerar la necesidad de mejorar los programas de las Secretarías de Educación, de Salud, y Medio Ambiente y Comunicaciones y Transportes, para adecuarlas a la necesidad de promover la convergencia de objetivos, dando lugar a un círculo virtuoso de crecimiento, generación de empleos, mayor eficiencia económica, y mejores niveles de bienestar para la mayoría de la población.

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Es indispensable reconocer que la atención estructural de la pobreza requiere el uso eficiente de los recursos y, sobre todo, la prevención. No se puede olvidar que, por la ausencia de políticas publicas adecuadas para propiciar la integración familiar y social y la cultura, entre otros, incluso las regiones que hasta hace algunos años eran las más prósperas del país se convirtieron en zonas de grave descomposición social, violencia y, en consecuencia, de deterioro económico y pobreza.