Declaración de PEN Internacional sobre Libertad de Expresión en México

DECLARACIÓN DE PEN INTERNACIONAL SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO FEBRERO, 2015

Tres delegaciones de PEN durante tres años consecutivos han apoyado a nuestros colegas y a la libertad de expresión en México.

Este compromiso, sin precedentes, expone la profundidad de la crisis de derechos humanos en el país.

En primer término, la corrupción, la violencia y la impunidad junto a un gran numero de formas de intimidación, continúa creando un clima de miedo en el cual es imposible que la libertad de expresión se ejerza. De acuerdo a La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), 103 periodistas han sido asesinados y 25 desaparecidos forzosamente en México desde 2000. La impunidad en estos casos se aproxima al 90 %. Estos ataques violentos contra la libertad de expresión no se limitan sólo a periodistas, así como lo evidencia la desaparición forzada y el posible asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se encontraban rumbo a una manifestación púbica en la Ciudad de México.

Además de estos antecedes trágicos de orden público, existe un gran numero de problemas estructurales que impiden la libertad de expresión. Entre ellos:

• Debilidad en La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que incluye una incapacidad de enjuiciamiento a casos relacionados con el crimen organizado, una falta de apoyo político y una falta de financiación adecuada y de otros recursos.

• La implementación de leyes difamatorias, incluyendo la ley de difamación criminal en 12 de los 32 estados, que obstaculizan el periodismo de investigación y la denuncia de la corrupción.

• Barreras a la entrada a medios de comunicación y una falta de diversificación dentro de los medios periodísticos.

• La relación cercana e incómoda entre muchos de los medios de comunicación y el gobierno mexicano.

• La manipulación de los medios de comunicación a través de la compra de espacios publicitarios para recompensar o castigar por coberturas mediáticas positivas o negativas.

Hace tres años hicimos un llamado al Estado mexicano para que implementara un mecanismo de protección a periodistas, investigara y enjuiciara a todos los perpetradores de crímenes contra la libertad de expresión y que reformara toda ley que restrinja la capacidad de trabajo de los periodistas. Algunas medidas se han tomado, incluyendo la reforma constitucional de Junio de 2012 que permite la federalización de la prosecución de los casos de crímenes contra la

Libertad de expresión y la promulgación de 2012 de la Ley Para La Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, ambos esfuerzos legales no son suficientes: la promulgación constitucional aún permite demasiada discreción a la policía local en determinar si un caso constituye una violación a la libertad de expresión, lo cual caería bajo la jurisdicción federal. Los mecanismos creados por la ley de protección son ineficaces e inaccesibles. La financiación es inadecuada. Existen largas demoras en la evaluación de casos individuales. No existe una difusión adecuada de la información relativa a los mecanismos de protección para personas en riesgo.

Cabe mencionar que estos mecanismos sólo pueden funcionar si son impulsados por el interés y el compromiso sostenido del liderazgo político.

Mientras tanto, el problema fundacional persiste: un triangulo de corrupción sistémica, violencia e impunidad que prevalece en todos los niveles del estado mexicano.

Por tanto, en su tercera delegación a México, PEN Internacional realiza las siguientes recomendaciones al gobierno mexicano:

1. Asegurar que las medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos funcionen. Mantener un adecuado nivel de financiamiento; hacer la investigación rápida y transparente de los casos individuales. Mantener a aquellos en riesgo completamente informados e involucrados en dicho proceso en todo momento.

2. Cuando se cometa un crimen en contra de cualquier persona que sea conocida por ser un escritor o periodista, la policía local debe reportar el caso directamente a La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, en lugar de calificar si el crimen es o no relacionado con un crimen contra la libertad de expresión.

3. Ampliar la jurisprudencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, para incluir casos donde se sospeche que el perpetrador puede estar involucrado en crimen organizado incluyendo al narcotráfico.

Asegurar que la Fiscalía cuente con apoyo político y suficientes recursos, incluyendo fondos y personal, para cumplir su mandato.

4. Promover de manera activa la descriminalización de la difamación en los 12 estados restantes donde prevalece.

5. Garantizar la pronta y completa investigación de todos los crímenes ocasionados contra periodistas y proveer al publico de actualizaciones frecuentes sobre las investigaciones de los casos. En particular, hacer públicos, de manera inmediata, los detalles del progreso de las investigaciones de los asesinatos del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, la activista de redes sociales, María del Rosario Fuentes Rubio y del periodista Moisés Sánchez.

PEN Internacional hace estas recomendaciones con el pleno entendimiento que el consumo ilegal de drogas y las políticas en contra del narcotráfico de los Estados Unidos y Canadá crean un mercado en el cual prevalece el crimen organizado, una realidad que resulta central en esta crisis.