¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Daño Reiterado A La Libertad De Expresión En México 2012.
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Daño Reiterado A La Libertad De Expresión En México 2012.
Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
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ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN
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2. INTRODUCCIÓN: La libertad de expresión en el contexto nacional 7 3. REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN EN 2012
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4. ROSTROS DE LA MEMORIA: Asesinatos y desapariciones
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Regina Martínez Pérez Ana Irasema, Gabriel, Guillermo y Esteban Marco Antonio Ávila García Víctor Manuel Báez Chino Adrián Silva Moreno Cecilio Rodríguez Domínguez Federico Manuel García Contreras Zane Alejandro Plemmons Rosales Miguel Morales Estrada
21 23 27 29 31 33 35 37 39
5. TIPOLOGÍA GENERAL DE LAS AGRESIONES
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Asesinatos Desapariciónes Agresiones físicas o materiales Amenazas Detenciones Intimidación presión Difamación injuria y calumnia Secuestros
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45 49 53 59 65 71 77 81
6. LAS CIFRAS Y SUS DISTINTAS LECTURAS
I. Las agresiones a la libertad de expresión en el contexto de violencia Jorge Luis Sierra II. Veracruz, el miedo que silencia Daniela Pastrana III. En Coahuila no pasa nada Juan Noé Fernández Andrade VI. Hacer periodismo con el viento en contra Jade Ramírez
7. RESPUESTA DEL ESTADO
La constante impunidad La atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión ¿Ante la impunidad medidas de protección?
8. RECOMENDACIONES
Sergio Aguayo María Idalia Gómez Luis Raúl González José Antonio Guevara Raúl Benítez Manaut
85 87 99 115 121
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139 143 145
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151 153 163 167 169
9. GLOSARIO
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10. BIBLIOGRAFÍA
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Los derechos a la libertad de expresión, a la información y la libertad de prensa han sido derechos vulnerados de manera constante y profunda en México en los últimos años. Frente a ello el Centro Nacional de Comunicación Social, ha desarrollado la tarea de monitorear y registrar las agresiones a periodistas y medios de comunicación desde los años 80 y con ello observado cómo ha cambiado y profundizado la problemática. El presente informe: ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la libertad de expresión en México 2012, es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación desde un enfoque de derechos humanos, desarrollado de enero a diciembre. Éste es una herramienta para la construcción de análisis de la situación y también para la recuperación de hechos, datos, características e historias. Este informe parte de los retos actuales del Registro y documentación en 2012, a manera de acercamiento al trabajo realizado en la documentación de los casos. Esto permite ubicar las nuevas problemáticas y características de lo que ha sucedido en 2012 con el derecho a la libertad de expresión. En la segunda parte Rostros de la memoria: asesinatos y desapariciones, se hace una recuperación de doce historias de agresiones graves que se aproximan al proceso 3
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de memoria que debe ser impulsado, resguardado y recordado desde la sociedad civil. En el apartado Tipología general de las agresiones, se presenta un universo de 258 casos de agresiones registradas en el país, agrupadas en 8 tipologías desarrolladas por Cencos, sus características geográficas, alcances y presuntos responsables. Las cifras son contundentes y retratan un entorno evidentemente adverso. Este mismo apartado se apoya también de la descripción de trece casos que destacan la diversidad de formas en las que se han dado las agresiones, así como las nuevas preocupaciones. Con el objetivo de generar reflexiones en torno al tema se desarrolla Las cifras y sus distintas lecturas, con la participación de cuatro destacados periodistas que han desarrollado diversas acciones frente a la problemática de la violencia contra la prensa; su acercamiento toma en cuenta las cifras. La Respuesta del Estado es abordada en el quinto apartado bajo tres ejes: el primero sobre las acciones realizadas a través de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; el segundo sobre el proceso de atracción de los casos de agresiones y finalmente, la 4
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creación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Finalmente se desarrolla un apartado de Recomendaciones que recoge puntos de vista de expertos en el tema, provenientes del derecho, la academia, los derechos humanos y el periodismo con la intensión de contribuir a la discusión y la solución del grave problema que enfrentamos. Frente al daño reiterado tanto del gremio como de la sociedad mexicana, Cencos espera con este esfuerzo, contribuir con elementos para el análisis, la defensa y protección del derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de prensa y con ello a la democracia.
Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos
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2.- INTRODUCCIÓN
En los últimos 6 años, la sociedad mexicana ha enfrentado un contexto de violencia desmedida y un agravio sistemático de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libre expresión. Es necesario reiterar que la libertad de expresión es un derecho fundamental y un eje para el desarrollo de los Estados democráticos, en su carácter individual pero también colectivo y tangencial a otros derechos. Una sociedad informada de manera plural y amplia, puede ser capaz de tomar decisiones de manera incluyente respecto a los rumbos que considere para alcanzar un bien colectivo. Desde inicios del sexenio de Felipe Calderón (20062012) quienes han ejercido el periodismo directamente o se encuentran vinculados al ciclo de la información han sido una población altamente vulnerada. Enfrentados a los constantes abusos de las propias autoridades como agresor directo; envueltos en la cobertura de la violencia en el terreno; y a la violencia institucional de un Estado incapaz de garantizar seguridad y justicia. Es importante resaltar que en México, uno de los principales perpetradores de las agresiones en contra de periodistas, 7
medios de comunicación y personas trabajadoras de los medios, son los propios agentes del Estado. Pero ha sido el crimen organizado uno de los agresores más contundentes para inhibir el ejercicio periodístico por medio de la violencia, generando un ambiente de temor y nuevos riesgos para el ciclo informativo. No obstante, es el Estado en quien recae la responsabilidad de garantizar las condiciones del pleno ejercicio de este derecho a través del acceso a la justicia, el derecho a la vida, a la seguridad, al trabajo y a la salud. El Estado ha contribuido a mantener la violencia contra la prensa tras una reiterada ineficacia para atender la problemática a través de planes de protección, políticas públicas integrales y sobre todo en el combate a la impunidad en la que permanecen los casos, desde los más graves hasta aquellos que ya forman parte de la cotidianidad del gremio periodístico en la cobertura. Ejemplo de lo anterior es la constante repetición de las agresiones graves como se presenta en la siguiente gráfica: 8
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Agresiones graves a la libertad de expresión 2006-2012
Fuente: Base de datos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación (2007– 2012) del Centro Nacional de Comunicación Social.
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3.- REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN EN 2012 Registrar y documentar los casos de agresiones en el país son una forma de contribuir a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de prensa, desde la ciudadanía y con ello mostrar el panorama general en estadísticas que nos ayudan a comprender la magnitud del problema y representan cientos de historias de vida enfrentadas al delito y a la violación de los derechos humanos. Esta tarea la hemos desarrollado desde los años ochenta, y a partir del 2007 con una metodología, que permite sistematizar el registro y la documentación de casos. El 2012, último año de la administración de Felipe Calderón, fue el más violento del sexenio, registrando 258 casos de agresiones contra la libertad de expresión en el marco del ejercicio del periodismo. Uno de los retos más importantes en la tarea del registro y documentación es el acceso y corroboración de la información, ya que el temor prolonga el silencio. ante el riesgo y la falta de medidas de protección. En el contexto de inseguridad, resulta un nuevo reto en su valoración la visibilidad de los casos, ya que también pueden representar un riesgo. Lo que deja claro la necesidad de trabajar en redes y colaboraciones permanentes entre el propio gremio periodístico, los medios de comunicación y las personas u organizaciones que trabajan en el tema. 11
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Mediante el registro y documentación en 2012 observamos que las agresiones graves como: asesinatos, desapariciones, secuestros y ataques a instalaciones de los medios fueron un fenómeno constante a lo largo del sexenio y no varió. Además, aunque en apariencia resulten de menor gravedad, abundan los actos de intimidación, amenazas, agresiones físicas y materiales, acoso judicial, entre otros tipos de agresión, como prácticas comunes en varias regiones del país que no son perseguidas y castigadas adecuadamente generando un daño permanente. Este se extiende incluso a personas cuya profesión no es la de informar pero que de manera circunstancial registran y/o difunden información de interés público. Otro elemento frente al universo de las agresiones registradas es el vinculado al tema de género. En años anteriores se identificó que las mujeres eran agredidas de una manera diferenciada a los hombres, a pesar de esto, no se registraban números elevados de agresiones graves contra ellas. Sin embargo en 2012, la diferenciación en las formas de agresión continúo y además ahora figuraron en las agresiones graves. Esta “distinción” continúa en los procesos de las investigaciones, las periodistas o trabajadoras de medios sufren una doble victimización, pues sus muertes son relacionadas a su vida privada antes que al vínculo con el ejercicio periodístico. Los múltiples métodos de censura no podían ser detectados en la amplitud de las categorías por lo que se desglosan para entender mejor las características de las agresiones. Ante este escenario, fue necesario renovar la metodología con la que se registraban los casos años atrás. Surgieron nuevas afectaciones como el desplazamiento o el retiro forzado de la profesión, así como daños emocionales y psicológicos que demuestran la agudización del contexto que no debemos dejar de observar. 12
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El trabajo de registro y documentación sólo nos acerca al ambiente de silencio y miedo que se están viviendo en diversas zonas del país, lo cual sigue demostrando la vulnerabilidad y nos hace un llamado como sociedad a defender el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de prensa. El siguiente mapa muestra la geografía de la violencia y las siguientes gráficas son un complemento para comprender el panorama nacional en 2012.
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quienes han sido víctimas de la violencia, del delito y de las violaciones a los derechos humanos. Es así que el balance general del año 2012 se presenta como uno de los más hostiles, por el elevado número de agresiones, la repetición de agresiones graves y el surgimiento de nuevas afectaciones y con ello el crecimiento de la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes participan en el ciclo de la información.
Atendiendo a la tarea permanente de visibilización que realiza Cencos, presentamos los siguientes casos de manera cronológica y que por sus características permiten mostrar la situación generalizada de daño estructural que atraviesa la sociedad mexicana. La documentación de cada caso se realizó consultando fuentes directas e indirectas, haciendo evidente los obstáculos como la violencia y la impunidad, la falta de información suficiente dado el constante silencio del gremio -ya sea por temor o desinterés-, y por la poca visibilidad que dan los propios medios de comunicación a los casos. Es necesario no olvidar la responsabilidad del Estado en el tema de la memoria, la cual es un proceso que se construye en distintos ámbitos que van desde los registros oficiales hasta la verdad de los sucesos de cada uno de los casos, para con ello avanzar hacia la justicia y generar condiciones para la no repetición.
El registro de los casos nos ofrece cifras, elementos para el análisis y diagnóstico de los contextos en los que se ejerce el periodismo, pero es en la documentación donde se recuperan las historias de quienes han dejado de informar, 19
Reconocemos que a pesar del corto alcance que tenemos como organismo de la sociedad civil ante una problemática tan compleja, el ejercicio de documentación es solo un esfuerzo que contribuye a la memoria y la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y a la libertad de prensa en México.
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Regina Martínez Pérez Asesinada el 28 de Abril de 2012 49 Años La periodista y corresponsal del Semanario Proceso fue asesinada en su domicilio, ubicado en el municipio de Xalapa, Veracruz (zona golfo). Regina desarrolló una larga trayectoria en medios de la entidad y se especializaba en temas relacionados con información Política, Seguridad y Crimen organizado. Sus últimas notas en Proceso contenían información sobre aprehensiones de alcaldes ligados al crimen organizado, infiltración en gobiernos locales1 y corrupción. En el mes de noviembre, elementos de la procuraduría local detuvieron a Sergio Hernández Martínez, quien poseía el reloj de pulso color café que pertenecía a Regina (reconocido por sus familiares), quien declara haberlo comprado a los detenidos: Jorge Antonio Hernández Silva, presunto homicida, y José Adrián Hernández Domínguez, presunto cómplice del homicidio, aún prófugo. A raíz de las detenciones, las autoridades aseguraron que el único
móvil del homicidio fue el robo, sin agotar antes la línea de investigación vinculada a su labor periodística. Proceso demandó indagatorias exhaustivas para dar con los responsables y anunció su escepticismo respecto a las averiguaciones llevadas por la Procuraduría del Estado; con el objetivo de supervisar las investigaciones, designó un representante como coadyuvante para dar seguimiento a la causa penal2. La labor del Semanario Proceso por el apoyo y la responsabilidad asumida frente al asesinato de su corresponsal, ha permitido visibilizar el caso y el deficiente proceso de investigación de las autoridades. Este caso demuestra lo que pasa con otros, denotando la grave situación del ejercicio periodístico en el país. El gremio periodístico ha mostrado su solidaridad manifestándose públicamente3 para exigir justicia y frenar la violencia en contra de las agresiones a periodistas. El caso de Regina ha tenido cobertura por distintos periodistas y medios de comunicación.
El País, Internacional. Últimos artículos publicados por Regina Martínez en la agencia Apro de ‘Proceso’. 29 de Abril de 2012. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335677098_676619.html.
1
Además de coadyuvar en las investigaciones, es importante rescatar el acompañamiento que ha brindado el medio a la memoria y obtención de justicia de su corresponsal, que ha permitido conocer los detalles que surgen en las investigaciones al denunciar los lastres y obstáculos por los cuales ha atravesado su caso.
2
Plumas Libres. Marchan en Xalapa en repudio de asesinato de Regina Martínez. 29 de Abril de 2012. http://plumaslibres.com.mx/2012/04/29/marchan-en-xalapa-en-repudio-de-asesinato-de-regina-martinez/
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Ana Irasema, Gabriel, Guillermo y Esteban.
Gabriel Huge y Guillermo Luna Varela
Asesinados el 2 de mayo de 2012, sus cuerpos fueron encontrados sin vida al día siguiente, 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa.
37 y 21 Años
Tan sólo 4 días después del asesinato de Regina Martínez, en un canal de desagüe del municipio de Boca del Río, Veracruz (zona golfo), fueron encontrados los cuerpos con signos de tortura y envueltos en bolsas de plástico de los reporteros: Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez, junto con el de Ana Irasema Becerra Jiménez, trabajadora del área administrativa del periódico El Dictamen en la entidad.
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En 2011, después del asesinato de la periodista Yolanda Ordaz4, Gabriel Huge (en ese momento fotógrafo de Notiver) y su sobrino Guillermo Luna Varela (que colaboró para el periódico Notiver, así como para Veracruznews y el Diario de Cardel), dejaron de ejercer el periodismo y se autoexiliaron tras recibir amenazas y por el alto riesgo que implica cubrir la fuente policiaca en Veracruz. Sin embargo, meses antes de sus asesinatos habían vuelto a ejercer su profesión como freelance5. Yolanda Ordaz y Gabriel Huge fueron colegas en Notiver cubriendo la fuente policiaca, en el año 2008 Huge denunció ser secuestrado y torturado por elementos de la policía federal. Luna recién iniciaba su carrera en el periodismo al momento de su exilio, a su regreso a Veracruz fue asesinado. 24
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Esteban Rodíguez 30 Años
Ana Irasema Becerra Jiménez 33 Años
De igual modo que Huge y Luna, el reportero Esteban Rodríguez Rodríguez dejó de trabajar cubriendo la fuente policiaca en el municipio de Boca del Río, Veracruz, cuando en agosto de 2011 renunció al Diario Az donde fue fotógrafo durante cinco años, antes trabajó para Notiver y TV Azteca Veracruz. Al momento de su asesinato trabajaba en un taller mecánico como soldador.
Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad veracruzana y realizó sus prácticas profesionales en la estación de radio FM Globo de la misma entidad, en el momento de su asesinato trabajaba como publicista. A pesar de no ejercer labor periodística, el caso de Irasema Becerra es una agresión grave a la libertad de expresión, ya que por laborar en el área administrativa del diario El Dictamen, formaba parte de la cadena que permite el flujo informativo. El 26 de julio de 2011, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, el cuerpo decapitado de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, quién cubría la fuente policiaca en el diario Notiver. Alerta LE: Asesinan a Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver. 26 de Julio de 2011. http://cencos.org/node/27308.
4
Para la Fundación Rory Peck Trust, en su trabajo en América Latina, el término periodista independiente freelance se define como: Un periodista de medio escrito y/o electrónico, camarógrafo o fotógrafo, que no pertenece a la plantilla laboral de una empresa de comunicación, no tiene un contrato fijo ni recibe los beneficios que estipula la ley (aguinaldo, vacaciones, seguro social, etcétera.). Elabora sus trabajos (notas, reportajes, investigaciones, fotografías o filmaciones) por su cuenta y costo, de manera independiente; material que entrega para su publicación a uno o más medios de comunicación a cambio de una remuneración. Es un profesional que no mantiene relación de dependencia económica con oficinas gubernamentales ni con empresas privadas ligadas a sus fuentes de información.
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Marco Antonio Ávila García Asesinado entre el 17 y el 18 de mayo 39 Años El 17 de mayo de 2012, el reportero se encontraba en un lavado de autos en el municipio de Cajeme, Sonora (zona norte), en espera del auto que portaba los logos del Regional de Sonora, diario donde laboraba, cuando varios sujetos armados y encapuchados lo subieron a otro automóvil después de que le preguntaran si era periodista. Su cuerpo mostró señales de tortura, fue asesinado y envuelto en una bolsa de plástico. Fue encontrado en un camino de terracería que conduce a la comunidad de San José, en el municipio de Guaymas, Sonora. Junto a su cuerpo fue colocado un mensaje del grupo del crimen organizado que lo asesinó, hasta la fecha se desconoce su contenido El reportero tenía una trayectoria de más de 15 años en la profesión, era especialista en temas de seguridad y justicia. También trabajó en el Diario Sonora de la Tarde.
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Victor Manuel Báez Chino Asesinado entre el 13 y el 14 de junio del 2012 46 Años La noche del 13 de junio de 2012, al salir de las oficinas del medio digital reporterospoliciacos. com, ubicado en el municipio de Xalapa, Veracruz (zona golfo) y donde laboraba como editor, el reportero Víctor Manuel Báez Chino fue interceptado por tres sujetos armados que lo subieron a una camioneta gris. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida cerca del Ayuntamiento de Xalapa, frente a los diarios Oye Veracruz y los talleres del Diario de Xalapa. El reportero contaba con 25 años de experiencia en medios locales y cubría la fuente de seguridad. Se desempeñaba también como editor de la sección policiaca de El Portal Milenio editada en la misma ciudad.
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Llama la atención que en el mes de agosto el procurador de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza declaró que los dos supuestos responsables del asesinato -identificados por testigos del secuestro- murieron en junio en un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano cuando evadían un alto del operativo Veracruz Seguro. Diversas voces se sumaron para exigir justicia para Víctor, entre ellas destaca la exigencia que hizo Grupo Milenio a las autoridades del Estado de Veracruz para encontrar y castigar a los culpables del asesinato. Meses después del homicidio, el portal ReporterosPoliciacos. com dejó de existir y su cuenta de Twitter se encuentra inactiva desde el mes de noviembre de 2012.
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Adrián Silva Moreno Asesinado el 14 de Noviembre de 2012 35 años
El reportero originario del municipio de Córdoba, Veracruz, fue asesinado junto con Misrael López González (ex-policía municipal de Tehuacán, Puebla), cuando se trasladaban en automóvil, tras cubrir la nota de un operativo efectuado por el ejército vinculado al robo de combustible.
Adrián y su acompañante fueron interceptados en el libramiento Tecnológico-San Marcos, ubicado en el municipio de Tehuacán, Puebla (zona centro), por dos camionetas donde viajaban hombres armados, los cuales abrieron fuego contra ellos. El reportero perdió la vida al instante al recibir un impacto de bala en el rostro, mientras que su acompañante logró salir del auto ileso, sin embargo, fue asesinado una calle adelante al recibir un disparo en la nuca. La camioneta donde viajaban los asesinos de Adrián, tenía reporte de robo y fue encontrada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (zona centro), donde fue abandonada. De acuerdo a la empresa editorial MGM S. A. de R. L. dueños del portal en internet www.global-mexico.com, el reportero contaba con 14 años de experiencia en medios del estado de Puebla y reportaba para ellos la fuente policiaca. En marzo de 2013, el medio denunció que no había avances en el esclarecimiento de su homicidio6.
6 Glob@l México. Puebla: no hay avances en el esclarecimiento del homicidio de nuestro colaborador y reportero Adrián Silva Moreno. 8 de Marzo de 2013.
http://www.global-mexico.com/home/editorial/2768-puebla-no-hay-avances-en-el-esclarecimiento-del-homicidio-de-nuestro-colaborador-y-reportero-adrian-silva-moreno
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Cecilio Rodríguez Domínguez Desaparecido el 14 de Mayo de 2012 Edad Desconocida De acuerdo a información publicada en La Jornada Veracruz7, el reportero gráfico de la Revista Proyectos, fue capturado por un comando armado a bordo de una camioneta sin placas cuando salía de una gasolinera ubicada en el municipio de Chinameca, estado de Veracruz (zona golfo). Su desaparición se dio en el contexto de una oleada de desapariciones en el municipio luego de la detención del alcalde Martín Padua acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta la fecha no se tiene información acerca de su paradero y ningún medio ha seguido la cobertura del caso. Días después de la agresión, sus familiares repartieron volantes donde indicaban: “No queremos justicia porque en este país y en este estado no hay. Sus padres sólo quieren saber donde está. Si sabe salgo, llámanos al 044 922 1360138”.
La Jornada Veracruz. Levanta un comando a otro periodista; publicó ligas del narcoalcalde.http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120517_111021_507. 7
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Federico Manuel García Contreras Desaparecido el 16 de mayo de 2012 57 años Días antes de su desaparición, el periodista se trasladó del Distrito Federal al municipio de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí (zona norte), para realizar una investigación periodística acerca de una reciente ola de asaltos y secuestros dirigidos a personas foráneas que transitaban por la región. Para ello, Federico Manuel acudió a las oficinas del municipio para solicitar un permiso provisional como vendedor ambulante, con el objetivo de obtener la confianza de las personas a las que entrevistaría. García Contreras fue visto por última vez el 16 de mayo de 2012, cuando fue detenido por agentes de la policía municipal de Tanquián de Escobedo. Los agentes se contradijeron durante la integración de la averiguación previa en diversas ocasiones respecto al motivo de la detención y de las circunstancias en las cuales lo
pusieron en libertad esa misma tarde. Por ello, su caso es considerado como una posible desaparición forzada8. El 23 de mayo, la encargada de la casa de huéspedes en la que estuvo hospedado, dio la noticia de su desaparición a familiares y amigos. Durante el desarrollo de las investigaciones sus familiares encontraron versiones contradictorias del comandante José Alberto Troas Andrade y de la secretaria del municipio de Tanquián, quienes aseguraron en un inicio que el periodista fue remitido por alterar el orden público, posteriormente declararon que se encontraba en estado de ebriedad, finalmente indicaron no haber sido responsables del traslado que le dieron algunos policías municipales hasta el hotel donde se hospedaba, a donde nunca llegó. El director del diario El Punto Crítico, medio al que per-tenece Federico, ha buscado encontrarse con el gobernador de la entidad Fernando Toranzo Fernández, pero solo ha recibido a las y los familiares del periodista, con quienes se comprometió a dar seguimiento al caso. La investigación es llevada en paralelo por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y por la Procuraduría General de Justicia del Estado, no existen avances que permitan conocer su paradero, ni a los responsables de su desaparición. Todos los días El Punto Crítico imprime en su primera plana el contador de días que lleva desaparecido Federico Manuel al lado de su fotografía9. Desaparición forzada es aquella “cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes” de acuerdo a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Persona ratificada por el Estado mexicano en 2002. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
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Diario El Punto Crítico, disponible en: http://www.elpuntocritico.com.
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Zane Alejandro Plemmons Rosales Desaparecido el 21 de mayo de 2012 30 años
Un año antes de su desaparición el periodista independiente de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, había recibido amenazas cuando colaboraba para el periódico La I, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa (zona norte). Cubría la fuente policiaca y sucesos relacionados con el Cartel de Sinaloa, por lo que se trasladó junto con su familia a San Antonio, Texas, en Estados Unidos.
Zanne desapareció en las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas (frontera norte) alrededor de las 22:00 horas, cuando acudió a la cobertura de un enfrentamiento entre grupos armados cerca del Hotel Alameda donde se hospedaría esa noche, ya que al día siguiente partiría a Mazatlán, Sinaloa, donde visitaría a su familia. No se sabe con exactitud cuánto tiempo pasó hasta que, según versiones de los familiares del periodista, un grupo de personas encapuchadas y armadas acudieron a su hotel y pidieron en la recepción las pertenencias de Zane Plemmons. Al momento de su desaparición trabajaba como periodista independiente, no existe medio alguno que haya hecho un pronunciamiento público respaldando su trabajo, de la misma forma, el acompañamiento y seguimiento de su búsqueda ha quedado en manos de familiares y organizaciones solidarias,10 que en reiteradas ocasiones han demandado a las autoridades de ambos lados de la frontera dar con su paradero y el de los responsables de la desaparición.
10 Redacción de Proceso. Autoridades de EU y México buscan a periodista desaparecido en Nuevo Laredo. 29 de junio de 2012, http://www.proceso.com.mx/?p=312578
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Miguel Morales Estrada Desaparecido el 19 de Julio de 2012 35 años Tras avisar a los directores del Diario de Poza Rica que necesitaba salir de la ciudad por problemas personales, el reportero y fotógrafo Miguel Morales Estrada fue desaparecido. La última vez que se le vio fue el 19 de julio cuando acudió a las oficinas de su medio ubicado en el municipio de Poza Rica, Veracruz (zona golfo) donde encargó su equipo fotográfico en la recepción. También colabora con el diario Tribuna Papanteca. Hasta el momento no hay datos sobre de su paradero. Si bien ante su desaparición varios medios informaron sobre el hecho, no hay seguimiento sobre el caso.
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11 Article XIX y Cencos “Protocolo para el registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas”, México, 2008, http://www.libertad-expresion.org.mx/presentacion-y-metodologia/
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La Desaparición es una agresión grave que no está tipificada como delito en México. No existe un marco claro de actuación para las autoridades, por lo que no se emprenden acciones inmediatas para la búsqueda y sanción de los responsables. La Desaparición es un fenómeno surgido en el marco de la violencia en años recientes en el país. Se puede caracterizar como el desconocimiento del paradero del Sujeto agredido cuando no existen motivos para considerar una desaparición voluntaria o existen evidencias de violencia. Existe también la desaparición forzada, figura internacionalmente reconocida en la que se presume la participación directa o indirecta del Estado*. *Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo periodo ordinario de sesiones
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Adoptada en Belém do de la Asamblea General.
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Alerta LE • Del total de las agresiones Físicas -que muchas veces incluyen insultos y/o robo de material periodístico-, son Presuntos responsables en un 58% Funcionarios públicos, principalmente Policías municipales (42%) y Policía estatal (32%). También destacan Funcionarios municipales (12%) y Funcionarios estatales (7%). En segundo lugar Particulares con un 21%. Señalando que la mayoría de éstas agresiones ocurrieron durante la cobertura de movilizaciones sociales en espacios públicos, resaltando la entidad de Oaxaca (56%) y Michoacán (16%). • De las agresiones contra las instalaciones de los Medios de comunicación el 91% fueron: Explosivos (7), Incendio (2) y Balaceras (1). • El 50% de las agresiones a Medios de comunicación se registra como Presunto responsable al Crimen organizado, principalmente en las entidades de Nuevo León y Tamaulipas.
Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
Casos • El 6 de marzo fueron golpeados y agredidos con gas lacrimógeno los periodistas: Alejandro Villafañe Tepox, Arturo Pérez Alfonso, José de Jesús Cortés, Othon García Díaz, Esteban Marcial y Jesús Cruz Porras, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Esto ocurrió cuando realizaban la cobertura del desalojo de un grupo de campesinos que bloqueaban calles al sur del municipio. En enero de 2013 la Procuraduría General de Justicia del Estado consignó como Presunto responsable de esta agresión a seis policías municipales, uno de ellos director de la policía municipal. • El periódico El Norte, ubicado en Monterrey, Nuevo León, sufrió tres atentados a sus instalaciones en el mes de julio, todas atribuidas al Crimen organizado, que tiene fuerte presencia en la entidad. El periódico El Mañana de Nuevo Laredo a su vez, sufrió dos agresiones con explosivos en el año. Ambas situaciones refuerzan el clima de inseguridad en el que se encuentran los medios en el norte del país.
• El total de los Ataques cibernéticos (7), fueron dirigidos a Medios de comunicación, registrando como posible motivo de la agresión los Contenidos. 55
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¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Nuevas preocupaciones • Un fenómeno que se observa de manera repetida y que no está tipificado como un delito, es la Compra masiva de revistas por contenido político y de seguridad en algunas entidades con presencia del Crimen organizado. Este año se registraron tres compras masivas al semanario Proceso en Tampico, Tamaulipas, Coatzacoalcos, Veracruz y Monterrey, Nuevo León y al Semanario Zeta en Tijuana, Baja California. Este tipo de agresión preocupa porque si bien no es una agresión directa al medio de comunicación y no le representa una pédida económica, es una agresión directa a la sociedad a la cual no llega la información. Dejando en evidencia que el Presunto Responsable no quiere que sean conocidas informaciones muy concretas. •Los atentados dirigidos a la infraestructura de los medios son un tipo de agresión directa que pretende influir de forma contundente en la línea editorial del medio. De especial preocupación resultan aquellos que de manera repetitiva se lanzan hacia el mismo medio pues dejan al descubierto la facilidad con la que se perpetran y la impunidad con la que actúa el Presunto agresor.
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Municipios y entidades en alerta Los municipios que preocupan por las violaciones a derechos humanos cometidas por corporaciones policiacas en contra de Periodistas y Reporteras y reporteros ciudadanos, durante movilizaciones sociales son: Ensenada, Baja California; Totolapan, Morelos y Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Así como Policías estatales en entidades como Coahuila, Puebla y Distrito Federal. La preocupación se mantiene constante y la situación no varió en comparación con años anteriores en entidades como Nuevo León y Tamaulipas, esto en el marco de la violencia vinculada al Crimen organizado, ya que se han registrado ataques armados a Medios de comunicación de alto impacto.
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Alerta LE
Casos
• El 56% de este tipo de agresiones se dieron de manera verbal y directa. El 13% de estas fueron a través de llamadas telefónicas y el resto por diversas herramientas de comunicación, entre los que destacan amenazas por correo electrónico, a través de la red social Twitter y por mensajes de telefonía celular. • En Baja California, se registraron 3 casos de Amenazas en las que se ubica como Presunto responsable en 2 ocasiones al Crimen organizado y en 1 a la Policía estatal, todas fueron dirigidas a Medios de comunicación. En la entidad de Oaxaca en el 100% de las amenazas recibidas (3) se ubicó como Presunto responsable a Funcionarios públicos desglosados de la siguiente manera: Funcionario Estatal, Funcionario Municipal y Policía Municipal respectivamente. • Se registran como Presuntos responsables a: Funcionarios públicos como los que más amenazaron a la prensa, destacando: Funcionarios municipales (18%) y Funcionarios estatales (15%). • La Cobertura de los medios que recibieron amenazas o donde laboran periodistas amenazados registraron una cobertura local de 46% y en segundo lugar la cobertura estatal de 31%.
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• En el mes de julio Armando Ramírez director del blog NotiDF recibió en su teléfono celular el siguiente mensaje: “O quitas el reportaje contra los patrulleros de Tlahuac los tengo ubicados a ustedes pendejos y a toda su familia no supieron con quien se metieron otro reportaje como el q sacaron se muere toda su familia pendejos”. Esto después de haber publicado un reportaje donde destaca las diversas formas de extorción de la policía en la delegación Tláhuac del Distrito Federal. Después de levantar la denuncia, el periodista recibió la visita de un elemento de la policía de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien en tono molesto le indicó: “a mí me vale madre lo que usted publique. Yo vengo a garantizar su seguridad como ciudadano y no como periodista. Si me necesita, llámeme”. Estos dichos dejan de manifiesto la falta de capacitación de los mandos policiacos para identificar los posibles casos relacionados al derecho a la libertad de expresión. • Gabriel Bauducco, director de la revista Playboy México, que incluye entre sus contenidos reportajes sobre temas políticos, denunció en agosto a través de un video difundido en internet la amenaza que recibió por medio de un correo electrónico. Él mismo la atribuye a los recientes reportajes publicados en la revista, sin tener la certeza de cuál de ellos originó la amenaza, en los que se abordaron los siguientes temas: burocracia en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), “acarreo” en mítines durante las campañas electorales y sobre dificultades que enfrentan familiares de personas presas en cárceles durante los tiempos de visita. 62
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
• En Tancítaro, Michoacán, se registró un caso donde fueron colocados cinco cuerpos de personas sin vida -no relacionadas con la actividad periodística-. Junto a los cuales fue dejada una amenaza dirigida al gremio periodístico de la región en el mes de mayo. Dicha amenaza registró como Presunto responsable al Crimen organizado.
Nuevas preocupaciones • Una característica que preocupa por su gravedad son las amenazas que ubican al Crimen organizado como Presunto responsable. Esto por la utilización de “mensajes” violentos que tratan de demostrar el control que tiene sobre el territorio. Este tipo de amenazas van desde la colocación de mantas en el espacio público, hasta en los cuerpos de personas asesinadas como en el caso de Tancítaro. Las amenazas van dirigidas a la comunidad periodistica en general, provocando un ambiente de temor y propiciando la censura o autocensura.
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Municipios y entidades en alerta Las entidades que tienen una mayor repetición de amenazas son:
Distrito Federal (6) Veracruz (4) Guerrero (4)
• Otro elemento de preocupación son los mensajes de amenaza a través de redes sociales y correos electrónicos. Conforme se amplía el uso de herramientas de comunicación, se amplían las vías para hacer llegar amenazas a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. • Como en otros años se registra que los Presuntos responsables con mayor frecuencia en este tipo de agresión son Funcionarios Públicos que agreden a Periodistas o Trabajadores de Medios de comunicación. 63
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La Detención ocurre cuando el Sujeto agredido es privado de su libertad por motivo del ejercicio de su labor por autoridades gubernamentales. La Detención arbitraria de acuerdo con organismos especializados en materia de derechos humanos tiene lugar en los siguientes escenarios: a) Casos en los que la privación de la libertad es arbitraria porque no puede vincularse con una base jurídica (como la detención prolongada después de cumplirse la pena o a pesar de una ley de amnistía). b) Casos de privación ilegal de la libertad en la que los hechos que son el motivo del enjuiciamiento o condena tienen que ver con el ejercicio de determinadas libertades fundamentales protegidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (para los estados parte), como es la libertad de expresión. c) Casos en los que la no observancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es tal que confiere a la privación de la libertad, cualquiera que sea, con carácter arbitrario.
Alerta LE • El 85% de las Detenciones registradas ocurrieron durante la Cobertura de la fuente noticiosa. • El 39% de los detenidos trabajan para medios de circulación local, y sólo uno de los detenidos colabora para un medio internacional. • Las personas detenidas colaboran en Medios de comunicación escritos e impresos en un 64% de los casos. 67
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• 9% de los detenidos son Periodistas ciudadanos que no cuentan con un medio fijo para publicar sus informaciones. • 9% de las personas detenidas son periodistas ciudadanos que no cuentan con un medio fijo para publicar sus informaciones.
Casos • El 1° de diciembre de 2012, en el marco de las protestas por el cambio de gobierno del Poder Ejecutivo a las que asistieron diversos grupos sociales y manifestantes, Mircea Ioan Topoleanu, periodista independiente de origen rumano fue detenido. Mientras fotografiaba la marcha, policías del Distrito Federal lo golpearon y lo despojaron de su equipo fotográfico. El ex procurador Jesús Rodríguez Almeida confirmó su detención en declaraciones en las que responsabilizó al periodista de atacar “la paz de la ciudad”. • En Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron 5 casos en los que Policías municipales incurrIeron en arrestos de periodistas, obligándolos a borrar sus fotografías, alegando la interferencia en su trabajo y haciendo un uso excesivo de la fuerza. Uno de estos casos ocurrió en el mes de febrero, con la Detención de Joel Edgardo González, -reportero de El Diarioquien después de cubrir la revisión del automóvil de una ciudadana y regresar a las instalaciones de su medio de comunicación, fue detenido por alrededor de 3 horas por los dos Policías municipales que realizaban la revisión. Para la obtención de su libertad pagó una multa. Posteriormente denunció los hechos ante el Ministerio Público de la entidad, por lo que los policías enfrentan su proceso penal en libertad. 68
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Nuevas preocupaciones • Con el creciente acceso que la ciudadanía ha tenido a herramientas de comunicación es cada vez más común que la ciudadanía reporte diversos acontecimientos que ocurren en el espacio público. Esta es una labor que se ha desarrollado a manera de denuncia ciudadana en temas que representan un riesgo al ser cubiertos, ya sea por encontrarse en el lugar de los hechos o bien por abordar temas que afectan intereses de otros al hacerse visibles.
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• Como parte fundamental del ciclo de la información las Personas trabajadoras de los medios de comunicación, en especial las personas que laboran en las áreas de distribución, desarrollan una labor que permite la circulación de contenidos de los medios impresos a la sociedad. Se ubica que también ha habido casos de detención por la labor que realizan, lo cual abre la necesidad de observar qué riesgos están enfrentando.
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Entidad en alerta En 2012 el Distrito Federal registró dos Detenciones arbitrarias antes de las manifestaciones del 1° de diciembre, la primera durante la cobertura de un abuso policiaco y otra ordenada por un Funcionario público. Sin embargo, frente a las protestas derivadas del cambio de administración esta cifra se elevó a 9 Detenciones. Estos 7 casos involucran a: 4 Periodistas, 2 Reporteros ciudadanos y un grupo universitario de teatro (12 integrantes), todos desarrollaban actividades en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Se ubica como responsables de las Detenciones a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
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¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Alerta LE • El 27% de estas agresiones son dirigidas hacia las mujeres, mostrando un incremento porcentual respecto a los otros tipos de agresión. • El 19% de las agresiones de Intimidación/Presión registradas, destaca como Presunto responsable a: Funcionarios municipales, concentrándose en los municipios de Monclova, Coahuila; Motul, Yucatán; San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Cuajimalpa, Distrito Federal; San Martín Texmelucan, Puebla y Kantunilkin, Quintana Roo. De las cuales el 66% de las agresiones ocurrieron en el momento de la cobertura. • En otro 19% se ubica como Presunto responsable a Policías Estatales en las siguientes entidades: Michoacán, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Nayarit. • 50% de los Medios de comunicación que sufrieron algún tipo de Intimidación/Presión fueron Radiodifusoras.
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Casos • En febrero la periodista Mary Jose Gamboa fue víctima de allanamiento a su domicilio, ubicado en el municipio de Xalapa, Veracruz. En junio fue despedida de la cadena Radiorama y de la cadena Megacable, en esta última era conductora del noticiero televisivo Meganoticias. De acuerdo al registro el motivo de su despido se debió a no estar dispuesta a cambiar su línea editorial. • En los meses de junio y julio, la radio libre Ké Huelga, ubicada al sur del Distrito Federal, denunció actos de Intimidación/ Presión dado el Acoso político y/o policial generado por visitas a personas cercanas al medio de comunicación y a través de llamadas telefónicas que provenían de uno de los conmutadores de la policía federal. • En julio el periodista Edgardo Morales recibió una agresión del tipo Intimidación/Presión por parte de Militares debido a los contenidos de su libro “Palabra de Caballero. Los Caballeros Templarios, un movimiento insurgente” en el municipio de Apatzingán, Michoacán. “Un tal teniente González pide, exige y demanda que me presente en el cuartel de la 43 Zona Militar de Apatzingán, con el general de brigada diplomado Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Chanchola, para interrogarme sobre cómo y dónde hice el libro”, informó Morales.
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¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Nuevas preocupaciones • La Presión de Funcionarios públicos a periodistas para revelar sus fuentes sigue estando presente, pese a sus garantías como derecho en diversos ámbitos del marco jurídico. La protección de fuentes genera condiciones para la recepción de informaciones que permiten un mejor ejercicio del periodismo y una sociedad mejor informada. • Frente a la falta de garantías que prevalecen en contextos de violencia, el fenómeno del Retiro forzado del periodismo ha tenido un incremento respecto a años anteriores, teniendo como polo extremo el Desplazamiento forzado de periodistas fuera de sus entidades o incluso fuera del país. En ambos casos, la existencia previa de amenazas e intimidaciones es lo que los motiva, aunque por razones de seguridad estas no siempre se hacen públicas en el momento que ocurren. En ocasiones este fenómeno es propiciado por el temor creado a partir de ciertos hechos intimidantes, como lo han sido amenazas de agresión o muerte por medio de listas con nombres de periodistas que circulan entre los mismos, o por el ambiente de agresiones contra el gremio que les provoca temor.
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Entidad en alerta Los 7 casos de Intimidación/Presión ocurridos en el Distrito Federal contrastan con la imagen que se tiene de la ciudad como la entidad de mayor avance en el respeto y promoción de los derechos humanos en el ámbito nacional. El Distrito Federal no solo destaca en este tipo de agresión, también en: Amenazas, Agresiones Físicas/Materiales, Detenciones y Difamación/Injuria/Calumnia, cuya gravedad radica en la constante repetición. Es preocupante la falta de garantías para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
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Alerta LE • Este año, 4 Periodistas fueron acusados ante instancias civiles locales.
Casos • En años anteriores la periodista Anabel Hernández fue víctima de Amenazas por parte de Funcionarios públicos federales. En marzo de 2012 fue demandada por Jorge Carpizo, por supuesto daño moral hacia su persona, debido a los Contenidos de su libro “Los Señores del Narco”, acción que constituye una agresión por Difamación/Injuria/Calumnia. A causa del fallecimiento del denunciante concluyó la disputa legal.
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Nuevas preocupaciones La existencia de los delitos por caluminia y difamación como figura legal, constituyen una amenaza latente para toda persona que exprese alguna idea u opinión referente a la administración pública o a algún tema sobre Particulares en los que se afecten intereses. Su existencia en el marco jurídico no abona a la construcción de una sociedad crítica, abierta y plural capaz de someter a su escrutinio el desempeño de la actividad administrativa.
Entidades en alerta Puebla y Distrito Federal son las entidades que destacaron en 2012 por este tipo de agresión, lo cual está relacionado con los cambios pendientes en las legislaciones que mantienen vigente este delito en el ámbito civil.
• En octubre los periodistas Fabián Gómez y Adrián Ruíz fueron denunciados ante el juzgado civil del estado de Puebla, por Sergio Ramírez Robles, director de Comunicación Social del gobierno estatal encabezado por Rafael Moreno Valle. La denuncia fue por “abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios”. Junto con esta agresión se dio a conocer que existía una lista de periodistas que posiblemente serían demandados. La denuncia se generó por las críticas al gobierno, contenidas en la línea editorial de los periodistas. 79
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Casos • En medio de un conflicto agrario entre las comunidades Nunkiní y Santa Cruz, del municipio de Calkiní, Campeche, el reportero del Grupo Milenio Édgar Icte Villafañe, junto con el reportero Oliver Pacheco y el camarógrafo Eric Hernández, estos últimos de la televisora local Mayavisión, fueron privados de su libertad por pobladores de las comunidades.
Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
Nuevas preocupaciones A pesar de que el Secuestro no se registra como una agresión constante, el caso presentado muestra que es parte de los riesgos de la cobertura periodística. Es necesario seguir pendiente de este tipo de agresión, ya que se reconoce lo difícil que es acceder a la documentación para el registro de estos casos.
Luego de 13 horas de permanecer retenidos, fueron intercambiados por un convenio entre pobladores y autoridades. Los reporteros y el camarógrafo interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche por el agravio.
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6.- LAS CIFRAS Y SUS DISTINTAS LECTURAS Los números reflejan una parte del fenómeno de la violencia contra la libertad de expresión y permiten diversos análisis de lo que sucede en las distintas zonas del país. Los datos son una herramienta que puede ser utilizada por periodistas y medios de comunicación, tanto para el diagnóstico como para la promoción y exigencia de respeto a este derecho. Ante un contexto como el nuestro es necesario que los actores involucrados tomen su parte en el análisis del problema y completen la visión con sus experiencias. Por ello, en este capítulo se ofrecen las aportaciones de periodistas que se han acercado a los datos y que conocen los matices de la situación como profesionales inmersos en el terreno, destacando la centralidad de la violencia por la que atraviesa el país, en particular la generada por el crimen organizado.
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I. Las agresiones a la libertad de expresión en el contexto de violencia
Jorge Luis Sierra Knight International Journalism Fellow, Centro Internacional para Periodistas
El reto más grave de los periodistas en 2012 fue el simple ejercicio de su profesión en entidades afectadas por el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada y de éstos contra las fuerzas federales, principalmente el Ejército y la Armada de México. Tratando de silenciar a los medios o convertirlos en su caja de resonancia durante los enfrentamientos entre sí o con las fuerzas federales, las bandas de la delincuencia organizada mantuvieron una presión 87
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exacerbada contra periodistas que incluía la amenaza de muerte, el secuestro, los golpes, la desaparición forzada y el asesinato. En algunos casos documentados en este informe, los grupos delictivos también recurrieron al uso de explosivos y granadas contra instalaciones de medios de comunicación.
sólo reporteros y editores estaban en riesgo, sino que también personal administrativo y de producción. Las amenazas provenientes de la delincuencia organizada se extendieron a todos los medios de comunicación de ciudades como Torreón.
Esa violencia contra periodistas fue más intensa en los estados de Veracruz y Coahuila, lugares donde se ha extendido una serie de enfrentamientos armados entre la Nueva Federación, una coalición de grupos criminales que incluye al Cartel del Golfo, al Cartel Sinaloa, La Familia Michoacana, además de otros de reciente creación como Jalisco Nueva Generación, contra Los Zetas, un grupo que fue formado originalmente por ex soldados del ejército mexicano.
Los periodistas, particularmente los que cubren la fuente policiaca, han tenido que aprender el modo y ejercicio particular de las agresiones de cada organización delictiva hacia los medios de comunicación.
En 2012 ocurrieron 8 asesinatos de periodistas, 6 de ellos del estado de Veracruz, y 4 casos de desaparición, 2 en Veracruz, uno en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas. Esas agresiones extremas han contribuido a crear un clima de angustia y zozobra permanente que ha llegado a provocar el abandono de la profesión o el éxodo masivo de periodistas que abandonan sus empleos y se desplazan a localidades de menor riesgo. Algunas organizaciones periodísticas han preferido no publicar más información de violencia relacionada con la delincuencia organizada, aunque eso no les ha protegido de las agresiones provenientes de grupos criminales y funcionarios públicos corruptos. Los grupos criminales han impuesto distintos niveles de agresión a periodistas y medios que no siguen sus instrucciones al pie de la letra. En el caso de Coahuila, los grupos criminales empezaron a realizar secuestros al azar de empleados de los medios locales para presionar a éstos a cubrir incidentes a su conveniencia y satisfacción. Esto puso en evidencia que no 89
Periodistas de Tamaulipas, por ejemplo, reportan que el Cartel del Golfo no permite la publicación del nombre de sus integrantes que mueren asesinados o en enfrentamientos, ni tampoco el nombre de las personas que sus miembros asesinan. Para este grupo lo importante es mantener la noción pública de que en sus zonas de control hay paz relativa. La colusión de este cartel con funcionarios públicos se hace evidente cuando sus integrantes prohíben a los medios la difusión de noticias sobre la corrupción de ciertos funcionarios. Según reporteros de la zona, las prácticas de este grupo hacia los medios son siempre agresivas, con amenazas, y sus miembros suelen citar y golpear a los reporteros que no obedecieron las órdenes para cubrir eventos de su interés. El contacto directo y amenazante entre grupos criminales y periodistas se ha multiplicado en el país. Los grupos criminales mantienen presión sistemática a periodistas locales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes electrónicos. En algunos estados del país, los grupos delictivos obligan a los periodistas a asistir a reuniones de control. Periodistas de Tamaulipas reportan que, en otro ejemplo de esa tendencia, Los Zetas llamaron a reuniones a periodistas de Nuevo 90
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Laredo que cubren la fuente policiaca para convocarlos a la colaboración a cambio de prebendas. Aquellos colegas que rehúsan colaborar con el grupo criminal se ven obligados a dejar la fuente policiaca, cambiar de medio y, en ocasiones, salir de la ciudad.
de agresión, aunque persiste ahí la práctica de los grupos criminales de dejar mensajes o mantas con el objeto de que su contenido sea divulgado en los medios de comunicación.
La intimidación a periodistas se ha vuelto una práctica extendida a todo el país. Según testimonios de reporteros de Michoacán, el grupo Los Caballeros Templarios, presentándose como un grupo de empresarios del aguacate, convocaron a una reunión a reporteros, editores y productores de los medios de comunicación del estado para informarles sobre sus planes de inversión. En la reunión, los integrantes de esa organización criminal amenazaron de muerte a todos los periodistas reunidos y les exigieron que no perjudicaran la imagen de Michoacán y sólo publicaran notas aprobadas previamente por el grupo criminal. El secuestro intimidatorio de periodistas se ha vuelto otra tendencia en el país, junto con el silencio de las víctimas y de sus propios medios de comunicación. Ese parece ser el caso de los medios de comunicación de Torreón, Coahuila, donde las amenazas de la delincuencia organizada se han concretado en el secuestro de periodistas o de empleados que salen o entran de las instalaciones de los medios. Los grupos criminales secuestran periodistas con el fin de que sus medios publiquen noticias a modo del grupo de interés. Los grupos rivales responden con el secuestro y golpes contra los periodistas que firmaron las notas y publicaron la información conveniente al grupo rival. No todas las entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico presentan las mismas tendencias de agresión hacia periodistas. Algunos estados como Nayarit, Baja California Norte y Jalisco no han presentado los mismos niveles 91
Las agresiones extremas ocurrieron en el contexto de varios factores como: las elecciones federales, estatales y locales; el uso predominante de la fuerza militar en la ofensiva gubernamental en contra de la delincuencia organizada; el reacomodo de las organizaciones criminales en algunas regiones del país y los niveles de impunidad en la investigación de los crímenes contra periodistas; que contribuyeron a incrementar el nivel de riesgo general y tuvieron como resultado un número muy elevado de ataques contra periodistas en el país.
Análisis de las estadísticas disponibles Por lo general, no existen en el país estadísticas completas sobre ataques contra periodistas debido, entre otras cosas a la dificultad de obtener información sobre esos crímenes y al silencio de las víctimas de la agresión. A eso se agregan las diferencias de criterios entre las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas para reconocer casos de agresión originados por motivos profesionales. Algunas organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social, Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York y la organización Article19, están trabajando de manera permanente para registrar y documentar casos de agresión contra periodistas. Éstas son algunas aproximaciones al análisis de los datos presentados por Cencos en el registro de casos ocurridos en 92
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2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón, y uno de los peores que haya registrado la historia reciente del periodismo en México:
A esa situación podemos agregar dos factores más: la aplicación de la fuerza naval y/o militar para controlar la situación de violencia, así como la posible existencia de fuerzas criminales interesadas en provocar desestabilización política a través de agresiones a periodistas. Esos crímenes ocurrieron antes de las elecciones federales y estatales del 1° de julio, lo que lleva a pensar en la posible existencia de elementos de política local o federal en la decisión de asesinar a los periodistas.
Durante 2012, los reporteros que trabajan para medios estatales y locales son los de mayor riesgo y sufren las agresiones más graves. Todos los casos de agresión grave que resultaron en muerte, desaparición o atentados contra periodistas ocurrieron en poblaciones del país donde existe una presencia importante de la delincuencia organizada y donde ocurren enfrentamientos frecuentes con las fuerzas federales. Ninguno de ellos ocurrió en el Distrito Federal o en alguna de las grandes zonas metropolitanas. Esa situación podría implicar que la mayoría de las agresiones graves ocurrieron en poblaciones relativamente pequeñas con uno o dos medios locales donde el periodista está muy reconocido o identificado. Las condiciones de vulnerabilidad en estas poblaciones se agravan cuando los medios locales están sujetos a la presión de funcionarios públicos o de grupos criminales. Veracruz fue la entidad donde ocurrió el mayor número de agresiones graves a periodistas (seis de ocho asesinatos y dos de cuatro desapariciones). Sin lugar a dudas, esas agresiones tuvieron lugar en medio de una lucha armada entre grupos criminales que se disputan el control de la ruta del tráfico de drogas por el Golfo de México, así como de las ciudades donde existen facilidades relativas para las industrias del secuestro, la extorsión y la trata de personas. Durante 2011 y 2012, la entidad estuvo afectada por manifestaciones de violencia inusitada que incluyeron la matanza masiva de presuntos narcotraficantes a manos de grupos delictivos de otras partes del país en una aparente disputa territorial con organizaciones criminales antagónicas. 93
Los periodistas de la Fuente policiaca siguen siendo los que están en mayor riesgo y sufren los ataques más graves. Según el recuento de Cencos, los periodistas de la fuente Policiaca experimentaron el 42% del total de agresiones graves en 2012. Lo que se eleva a 67% si incluimos en la misma categoría a periodistas de la fuente de Seguridad. Esa condición de vulnerabilidad expresa la encrucijada que viven muchos periodistas del país que reciben órdenes, a menudo encontradas, para publicar información de policía que beneficia a un grupo criminal y perjudica a otro. Algunos reporteros de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se quejan de que un cártel les da instrucciones para guardar silencio sobre un incidente, mientras que el grupo rival fuerza a los editores a publicar información sobre el mismo incidente. La agresión Física/Material fue la categoría más numerosa en el registro de casos (poco más de 51% del total de 258 agresiones registradas en el país durante 2012), seguida por la Amenaza(15.9%) y la Detención (12.8%). Es posible que en estos casos exista una cifra negra de periodistas que no denuncian la agresión sufrida con tal de conservar su seguridad. De acuerdo con la investigación de Cencos, los cinco municipios con más agresiones físicas registradas son Ensenada, Baja California; Saltillo, Coahuila; Morelia, Michoacán; Totolapan, Morelos; 94
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San Pablo Huixtepec y Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca.
Los funcionarios públicos son los supuestos responsables de la mayor parte de los 258 casos de agresión registrados. Es posible que esa cifra esté determinada por el hecho de que los periodistas estén más inclinados a reportar agresiones provenientes de funcionarios públicos que a reportar agresiones cometidas por grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, el hecho de que el 55.04% de las agresiones registradas sean atribuidas a funcionarios públicos es una evidencia de la necesidad de monitorear a las autoridades que muestran rechazo al escrutinio público a través de los medios de comunicación y están inclinadas a reprimirlo.
El mayor número de agresiones Físicas/Materiales con armas de fuego o explosivos contra instalaciones y oficinas de medios de comunicación ocurrió en Tamaulipas y Nuevo León, ambos estados donde ocurre una confrontación aún no resuelta entre el Cartel del Golfo, Los Zetas y células de otras organizaciones de narcotraficantes provenientes de otras partes del país, y en donde el gobierno federal ha ocupado principalmente la fuerza militar y naval en contra del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada. En 2012, las instalaciones de Televisa Matamoros y El Mañana de Nuevo Laredo sufrieron dos ataques cada uno. Las instalaciones del Expreso de Matamoros y Hora Cero también fueron víctimas de ataques semejantes. El Norte de Monterrey experimentó tres agresiones y la distribuidora Dipsa sufrió un incendio provocado. Un total de 37 medios de comunicación del país sufrieron ataques en 2012. La Amenaza de daño a la integridad física o psicológica fue el segundo tipo de agresión contra periodistas con 41 casos registrados en el país. Aunque la mayor parte de las amenazas de daño ocurren de manera verbal, los grupos criminales lanzaron una amenaza contra periodistas a través de un mensaje abandonado cerca del cadáver de personas asesinadas. También ocurrieron cuatro amenazas vía electrónica, dos por Twitter y otras dos por correo electrónico. En el caso de Coahuila, Durango y Michoacán, las amenazas son lanzadas contra el gremio periodístico en general con el objeto de silenciarlo o forzar su anuencia para publicar datos que beneficien los intereses del grupo criminal. 95
Algunas aproximaciones generales Los periodistas están siendo sujetos de agresión principalmente en contextos locales donde podríamos presumir que existe contubernio entre autoridades civiles y policiales con organizaciones criminales, o bien existe negligencia y desinterés de las autoridades para investigar los casos de agresión y propiciar su impunidad. Los asesinatos de periodistas en Veracruz nos permiten establecer la hipótesis de que grupos criminales y grupos políticos han estado interesados en la muerte de periodistas como una forma de ejercer presión ante la proximidad de las elecciones estatales y federales en la entidad. Esto cambiaría por completo los parámetros futuros de cobertura electoral en el país, pues los procesos políticos podrían estar contaminados 96
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de una mezcla de intereses políticos, económicos y criminales que actúan con relativa impunidad y constituyen un factor de riesgo para los periodistas.
específicamente para prevenirlos a través de sus sistemas de inteligencia o la coordinación con los medios de comunicación.
Es necesario resaltar que los periodistas que trabajan para medios del Distrito Federal no están exentos de riesgo. Aunque ninguno ha experimentado un ataque grave como los ocurridos en otras entidades del país, algunas experiencias recientes nos indican que esos periodistas aumentan su nivel de riesgo cuando salen a los estados a cubrir incidentes sin conocimiento del terreno, del contexto, y sin fuentes confiables que puedan facilitar su labor. Por otra parte, en la ciudad de México y su zona metropolitana está ocurriendo un proceso de control criminal por parte de grupos delictivos que tienen su sede en otras entidades del país, pero mantienen operaciones importantes en la capital. Esa condición es indudablemente una situación de riesgo para periodistas que debe tomarse en su magnitud adecuada. A pesar de que tienen la intención de recuperar territorio controlado por la delincuencia organizada, las operaciones militares han resultado irrelevantes para evitar o prevenir los atentados contra periodistas. Esto es particularmente grave, porque a pesar de los esfuerzos federales, los indicios de contaminación criminal en las filas policiales a nivel municipal o estatal siguen constituyendo un factor de alto riesgo para el gremio. Los grupos responsables de ataques contra periodistas están utilizando explosivos o secuestros aleatorios en operaciones de intimidación y control de medios de comunicación. Este uso de explosivos, aunque no ha resultado en la muerte o daño masivo de empleados de los medios atacados, podría ser el preámbulo de ataques terroristas de una magnitud mucho mayor, si no se define una política gubernamental diseñada 97
El predominio de agresiones hacia reporteros y editores que trabajan para medios locales en poblaciones relativamente pequeñas, donde está registrada una alta actividad de grupos criminales, hace pensar en la necesidad de que autoridades federales, estatales, municipales trabajen con una intensidad y niveles de cooperación no observados hasta el momento para proteger a comunicadores, prevenir futuros ataques en su contra y sancionar a los responsables. Es importante también observar que un número significativo de reporteros de la fuente política o de la fuente general sufrió ataques en el ejercicio de su labor. Los asesinatos y ataques contra candidatos en procesos electorales hacen visible que la política y el crimen pueden coincidir en momentos determinados, lo que podría ser un elemento desfavorable para la seguridad de los reporteros de dichas fuentes que no están capacitados para cubrir crímenes y carecen de información del contexto de criminalidad. Sigue siendo una prioridad la inversión de recursos para capacitación de los periodistas que cubren la fuente policiaca y de seguridad. En la medida en que las organizaciones criminales buscan de manera activa y planificada controlar mediante el terror a los equipos de reporteros y editores de esa fuente, las organizaciones periodísticas deben reforzar sus esfuerzos de entrenamiento, cuidado y prevención hacia estos periodistas. Dado que en 2012 hubieron varios casos registrados de agresión contra reporteros ciudadanos que carecen del mínimo de infraestructura empresarial o de redes de apoyo profesional a su labor, la protección gubernamental debe extenderse a ellos. 98
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Il. Veracruz, el miedo que silencia
Daniela Pastrana Periodista independiente especializada en temas de derechos humanos y directora de Periodistas de a Pie
El 6 de diciembre de 2012, a las 7:36 p.m. el portal de noticias plumaslibres.com publicó en la red social Twitter unos mensajes de alerta: “Por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Veracruz y el respeto a la integridad de sus miembros… “Plumas libres retirará la información sobre los hechos en Antigua “Esperamos la comprensión de la sociedad ante un escenario de descomposición creciente para el periodismo en Ver” 99
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Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
Los tuits se referían a una nota sobre la localización de 8 cuerpos en el paraje de la Ceiba, que había sido subida a la página dos horas antes. “Reportan masacre en Cardel”, titulaba la nota. Cardel es la cabecera municipal de La Antigua, municipio que está a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.
de control sobre los medios a través de las pautas publicitarias, y en varios casos ha solicitado a los directivos el cambio de asignatura de reporteros críticos.
Plumas Libres era el último reducto de resistencia al silencio forzado de periodistas y medios de comunicación de ese estado suroriental, impuesto por los grupos criminales y avalado por autoridades de todos los niveles de gobierno. Fundado en mayo de 2009, rápidamente se convirtió en un medio de refeerencia, en el que algunos periodistas se atrevían a publicar sin firma la información que no cabía en ningún otro medio. Desde que nació, hizo público un código de ética12 que establece un compromiso con el derecho a la información y a la libertad de expresión, y pautas claras en las relaciones comerciales con sus clientes. Así aguantó los dos primeros años del gobierno de Javier Duarte, en los que Veracruz se convirtió en uno de los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo. Duarte tomó posesión del cargo como gobernador del estado el 1° de diciembre de 2010, en sustitución de Fidel Herrera Beltrán. De esa fecha a diciembre de 2012 fueron asesinados 9 periodistas, al menos otros 4 están desaparecidos, una veintena se vio forzada a abandonar el estado y/o a dejar el periodismo por amenazas a su vida y un diario fue incendiado. El gobierno de Veracruz ha intentado por todos los medios mejorar su imagen. La franquicia del Hay Festival Xalapa tuvo en 2012 a famosos periodistas como invitados especiales. La oficina de Comunicación Social mantiene una dura política 12
Plumas Libres “Código de ética”, s.a, http://plumaslibres.com.mx/codigo-de-etica/
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En septiembre de 2011, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de ataques en escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso del Estado aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como “Ley Duarte” que sancionaba con 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden público”13. Finalmente, en junio de 2012, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, que se formalizó el 18 de diciembre con un presupuesto anual de 15 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad serían para salarios de 37 personas que forman la estructura operativa. La Comisión está integrada por Rocío Ojeda Callado, directora de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, como presidenta, y la académica Namiko Matzumoto Benítez, como secretaria ejecutiva, además de ocho comisionados: Baltazar Pazos Gómez, dueño de uno de los medios más influyentes en la zona conurbada; Norma Gibb Guerrero, propietaria de La Opinión de Poza Rica; Rogerio Pano Rebolledo, director de Telever; Jorge García Morato, coordinador de MVS Radio en Poza La presión de organizaciones de la sociedad civil forzó al gobernador a realizar una enmienda que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2012, que incluye un elemento de intencionalidad en el delito.
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Rica; Benita González Morales, directora de Notisur; Gerardo Enríquez Aburto, presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos; Martín Jesús García Pérez, presidente del Frente de Comunicadores del Norte de Veracruz y Jorge Morales Vázquez, reportero reconocido en el gremio y uno de los socios de Plumas Libres, cuyo nombramiento fracturó al equipo y lo obligó a separarse de su actividad en el portal.
sin nombre en el gobierno del presidente Felipe Calderón, 5 mil están en Veracruz. La información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando que “invadiría la privacidad” de los cadáveres desconocidos.
Pero los reporteros ven al organismo “autónomo” como un instrumento más de control estatal y la mínima confianza que le tenían se esfumó a principios de 2013, cuando Morales fue apercibido por hacer públicos los gastos de la Comisión.
El mapa de la agresiones en Veracruz Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, con 7,6 millones de habitantes, y uno de los nueve que no han conocido la alternancia política. Tiene 720 kilómetros de costas y fronteras con otras siete entidades. En la última década se convirtió en la zona más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Es también una de las regiones más asoladas por la violencia que ha producido la extensión de Los Zetas -el más cruel de los grupos criminales que operan en México- en la franja oriente del país14. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de 2012 y basada en registros forenses, reveló que de 24 mil cuerpos enterrados Los Zetas diversificaron las modalidades del crimen, del narcotráfico y la trata o el tráfico de personas, hasta el contrabando de gasolina. El 21 de septiembre de 2011, 35 cadáveres fueron abandonados en un puente en el puerto, donde había una reunión de todos los procuradores del país; la acción fue atribuida a un grupo contrario a Los Zetas. 14
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El escenario político también es complejo. En las elecciones presidenciales de julio de 2012, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió todas las casillas de la zona urbana de la capital, pero ganó en el resto del estado con el voto de las áreas rurales, donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera, controlada por el senador priísta Carlos Romero Deschamps. En ese contexto, Veracruz saltó en 2011 y 2012 a los primeros lugares de todas las listas negras de libertad de expresión. Registró todas las formas graves de ataques a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. En el mapa de las agresiones a periodistas destaca el puerto, con seis periodistas y una trabajadora del área de publicidad asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la corresponsal del Semanario Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría de los periodistas desplazados. Hay otra zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca, donde desaparecieron tres periodistas -uno de ellos, Noé López Olguín, fue asesinado-. En esa región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, se encuentra Ciudad Isla,una comunidad que es foco rojo por desapariciones y asesinatos de mujeres. Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera montañosa colindante con la Zongolica y Río Blanco, una parada importante en la ruta de 104
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los migrantes centroamericanos. Los reporteros de la región confirman que, desde hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con indicaciones de lo que deben o no publicar.
En diciembre de ese año, la Red de Periodistas de a Pie recopiló los testimonios anónimos de cinco reporteros16 –tres del puerto, uno de Xalapa y otro de Acayucan- sobre lo que habían vivido ese año. Este es parte de uno de ellos:
Pero la gran zona de silencio está en el norte del estado, en la región del Pánuco que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es el único medio para tener información de las constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre la capital y esta zona.
La psicosis se ha apoderado del periodismo en Veracruz (…) Ante el éxodo masivo de reporteros policiacos, las mesas de redacción se quedaron con el problema de cómo llenar esa sección (…) el nuevo gobierno estableció la política de censura ‘sutil’, la cual significa que, casi inmediatamente de subir una nota que hable sobre la violencia en el estado, los medios reciben una llamada de parte de Comunicación Social pidiendo que la eliminen o que sólo dejen el boletín de prensa publicado. Nadie sale a informar desde aquel 26 de julio, día en que se encontró el cuerpo decapitado de Yolanda Ordaz. De por sí el compromiso por buscar un buen reportaje en Veracruz se mantenía de bajo perfil. La investigación y el quehacer periodístico han quedado en segundo plano.
Impunidad, miedo y exilio La prensa de Veracruz captó la atención del mundo con los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz, veteranos periodistas de Notiver, el diario de mayor circulación del puerto, en junio y julio de 201115. Entre finales de julio y mediados de septiembre, al menos 13 reporteros huyeron del estado, entre ellos, Miguel Ángel López Solana (hijo de López Velasco), Hugo Gallardo, corresponsal de Televisa, y Rafael Pineda Rapé, corresponsal de Milenio y Chamuco.
El 20 de junio, hombres armados asesinaron en su casa a Miguel Ángel López Velasco, editor de la sección policiaca de Notiver que escribía bajo el pseudónimo de Milo Vela. Fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solana y su hijo menor, Misael López Solana, fotorreportero en el mismo diario. Su lugar fue ocupado por Yolanda Ordaz. El 24 de julio, sus compañeros reportaron su desaparición y dos días después, fue localizado su cuerpo con señales de tortura. 15
Periodistas de a Pie, “Los riesgos de informar en Veracruz”, Nuestra Aparente Rendición, http://www.nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=795%3Alos-riesgos-de-informar-enveracruz%2Ftestimonios-de-5-periodistas*&Itemid=108
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La inacción de las autoridades para esclarecer los crímenes y garantizar el libre ejercicio del periodismo provocó una escalada en las agresiones graves a periodistas. En 2012, Veracruz concentró 6 de 8 asesinatos y trabajadores de medios y 2 de las 4 desapariciones que se documentaron en todo el país. El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, quien el 28 de abril de 2012 fue estrangulada en el baño de su casa en Xalapa, elevó al máximo la alerta en el gremio. Martínez era una periodista reconocida que trabajaba en un medio de circulación nacional, vivía en la capital -que hasta entonces parecía intocable- y no cubría la fuente policíaca, sino temas de política y corrupción. Su asesinato fue noticia en la prensa mundial y en la ciudad de México hubo protestas. 106
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En Xalapa, los periodistas vivieron una crisis de terror que se agravó con el asesinato del profesor universitario José Luis Blanco, un académico cercano a la periodista.
en El Dictamen, fue despedida con el argumento de que su presencia ponía en riesgo a la empresa. Las condiciones en las que encontraron los cuerpos provocaron el segundo éxodo de reporteros del estado.
En el testimonio que había escrito apenas cuatro meses antes, y que es uno de los cinco recopilados por Periodistas de a Pie, dejó claro el terror con el que vivía: La prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión, desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura. La autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas (…) A los fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. Otros reporteros tienen amenazas de secuestro. Ahora vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro... Cinco días después del asesinato de Martínez, Veracruz volvió a ser nota mundial. El 3 de mayo, mientras el mundo celebraba la Libertad de Prensa, fueron localizados en un canal de drenaje del puerto -y adentro de bolsas de plásticolos cuerpos mutilados de tres fotógrafos: Gabriel Huge, de Notiver, Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews y Esteban Rodríguez, ex colaborador del diario AZ, así como de Irasema Becerra, trabajadora del área de publicidad del diario El Dictamen. Los fotorreporteros habían huido de Veracruz en julio de 2011, pero regresaron ante la imposibilidad de conseguir trabajo en otro lado. Esteban Rodríguez ni siquiera regresó al periodismo; estaba trabajando en un taller mecánico. Sus compañeros de trabajo recibieron la orden expresa de los directivos de sus diarios de no asistir a los funerales. El diario AZ se deslindó públicamente de cualquier relación laboral con su ex empleado y la hermana de uno de ellos, que trabajaba 107
Uno de ellos, Miguel Ángel López, decidió buscar asilo en Estados Unidos y el 22 de mayo, en el Foro de Austin del Periodismo de las Américas, presentó un conmovedor testimonio de la soledad de los periodistas veracruzanos17. Otro reportero que tuvo que dejar el país fue Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada. Un periodista veterano en medios locales confesó en una reunión que para soportar la tensión de esos días había aumentado su consumo de alcohol. Otro, ante la pregunta de “¿qué necesitan?”, pidió una pistola. Pero aclaró: “no es para defenderme, sino para que no me agarren vivo”. El 11 de mayo, Cecilio Rodríguez Domínguez, reportero de la revista Proyectos de Chinameca, desapareció, de la misma forma y en la misma región que un año antes desaparecieron Noé López y Manuel Fonseca. Pero su ausencia pasó desapercibida, en medio del escándalo por los asesinatos de sus colegas. El 7 de junio, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobierno estatal anunció la creación de la Comisión para protección de periodistas y en una fiesta rifó, entre otros regalos, 5 automóviles último modelo y 10 becas para un curso de una semana en España, con gastos pagados18. Víctor Manuel Báez Chino, editor de la sección policiaca de Milenio Xalapa y de la página web Reporteros Policiacos, 17
Knight Center, “Miguel Ángel López Solana”, http://vimeo.com/42842545
Plumas Libres, “Agasajan a prensa con vehículos, becas y comisión”, México, 2012, http://plumaslibres.com. mx/2012/06/07/agasajan-a-prensa-con-vehiculos-becas-y-comision/
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ganó uno de los automóviles rifados. Pero no tuvo tiempo de estrenarlo. El 13 de junio fue secuestrado al salir de su oficina y al día siguiente su cuerpo fue localizado con un mensaje del grupo criminal. Era el segundo periodista asesinado en la capital.
fórmula de su antecesor para “aclarar” los asesinatos de 2012. En agosto, anunció la detención de siete integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que, según su versión, confesaron haber participado en el homicidio de los fotorreporteros en el puerto. “[El testigo] sostuvo que la razón de ello fue que estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados”, dijo el funcionario, que no ofreció más detalles y no respondió a preguntas.
El 25 de julio, Miguel Morales Estrada, fotógrafo policiaco del Diario de Poza Rica fue desaparecido. El 19 de julio avisó a los directores que necesitaba salir de la ciudad por “problemas personales” desde entonces nadie, ni su esposa, volvió a saber de él.
Para el gobierno de Veracruz, todos los casos están resueltos. Días después del asesinato de Milo Vela y su familia, el entonces Procurador de Justicia Estatal, Reynaldo Escobar, señaló como responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra, un ex oficial de tránsito municipal relacionado con la mafia, y ofreció una recompensa por su captura. Pero un mes después ligó el asesinato de Yolanda Ordaz con presuntas “ligas” con grupos criminales y como prueba exhibió unas grabaciones y el video de un interrogatorio extrajudicial en el que se mencionan los nombres de los periodistas de Notiver. El diario respondió el 27 de julio con un duro editorial donde rechaza el señalamiento “por injusto, irresponsable y majadero”, exige una disculpa pública y la renuncia del funcionario. Escobar dejó el cargo en octubre de ese año y su lugar fue ocupado por Amadeo Flores Espinosa, quien repitió la 109
La Procuraduría no consideró ninguna otra línea de investigación, a pesar de que en febrero de 2008, Huge denunció ante la fiscalía federal que fue privado de su libertad, amenazado y atormentado física y psicológicamente por agentes de la Policía Federal Preventiva19. El perito médico de la Procuraduría General de la República certificó las lesiones y el fiscal Arturo Cruz, ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca hizo. En la misma conferencia en la que dio por concluida la investigación del cuádruple homicidio del 3 de mayo, Amadeo Flores dijo que también resolvió el asesinato de Báez Chino. En ese caso, la PGJE culpó a dos personas muertas que, según su versión, eran una célula de Los Zetas. Los acusados no pudieron confesar porque fueron asesinados el 19 de junio, cinco días después que el periodista. Finalmente, el 30 de octubre, la Procuraduría de Justicia Estatal presentó a los medios a uno de los presuntos asesinos de Regina Martínez, que resultó ser un hombre de 34 años, seropositivo y analfabeto. Según las autoridades, el hombre confesó haber matado a Martínez para robarla. Sin embargo,
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Su declaración quedó asentada en la investigación con la Averiguación Previa AP/PGR/VER/VER/IV/105/08
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ante el juez declaró que había sido torturado y su madre amenazada de muerte, si él no confesaba. Proceso no aceptó el resultado de la investigación. “En ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por el medio para seguir las indagatorias.
críticas al gobierno. Antes, le habían roto los vidrios y las llantas de su automóvil estacionado y había recibido amenazas vía Twitter, en las que le hacían evidente que estaba vigilada: “Te conozco más de lo que crees. Ten cuidado. Un mundo nos vigila” (22 de abril). “Qué lindo verte ayer en familia por plaza. Saludos a Polin” (2 de mayo). Días antes de su despido, Gamboa encontró la puerta de su casa abierta y los juguetes de su hija regados por su cuarto y la escalera, uno de ellos con un machete enterrado.
La inconsistente acusación en contra del único detenido no es el principal motivo de desconfianza hacia la investigación. Desde el asesinato, funcionarios estatales comenzaron a filtrar rumores de que Martínez había sido asesinada por un amante y presionaron a sus cercanos con interrogatorios sobre los hábitos personales de la periodista. Sus amigos fueron hostigados por las autoridades judiciales. El caso extremo es el de Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, quien recibió el citatorio judicial en plena calle, en una protesta por el asesinato de Regina20.
Los más vulnerables Mary Jose Gamboa era la conductora del noticiero de televisión por cable que se transmitía a las 8:00 de la noche por el Canal 6 y que estaba posicionado en primer lugar de auditorio. Fue despedida el 5 de junio de 2012 por negarse a cambiar la línea editorial. Su salida de Megacable fue el último eslabón de una serie de advertencias que Gamboa recibió durante el primer semestre de ese año y que ella atribuye a sus
Editorial, “Del compromiso político a los hechos”, La Jornada Veracruz, 2012, http://www.jornadaveracruz. com.mx/Noticia.aspx?ID=120608_053847_355
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El 5 de junio Notiver anunció su incorporación como columnista, con una editorial titulada “¡Ginochetazo a Marijose!”, en referencia a la coordinadora de comunicación social del estado, Gina Domínguez, con quien la conductora había tenido varios enfrentamientos y a quien se atribuyó la presión para despedirla. Otro caso es el de Hugo Gallardo, quien era el corresponsal de Televisa y por órdenes de la empresa salió del estado después del asesinato de Yolanda Ordaz. Estuvo fuera más de seis meses y regresó sin trabajo. El 1° de mayo inauguró el portal mirevista. com con una columna que tituló: “Así es ¡Estoy Vivo!”21 en la que narró detalladamente los meses en el exilio, la soledad, el encuentro en diciembre de 2011 en la ciudad de México con el director de Televisa Veracruz, Ignacio Reyna Carrera, quien le informó que la empresa no podía seguir pagando sus gastos y sería liquidado. También contó su infructuosa búsqueda de trabajo: “hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.
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Hugo Gallardo, “Así es ¡Estoy vivo!, Mi Revista Veracruz, México, 2012, http://mirevistaveracruz.com/?p=11
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Gamboa y Gallardo ejemplifican una realidad generalizada en la entidad: las acciones contra la prensa tienen un patrón de relación entre autoridades (estatales y municipales) y el crimen organizado, que no permite identificar claramente al agresor. Entre mayo y junio de 2012, con la segunda oleada de periodistas desplazados, el gobierno del estado ofreció, al menos a tres reporteros, mantener los gastos de su estancia fuera de Veracruz “hasta después de las elecciones”. El día de la jornada electoral, los principales medios nacionales -Proceso, La Jornada, Reforma, Televisano tenían corresponsales activos.
5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital, los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna institución oficial. Los directivos de los medios han hecho oídos sordos a situaciones bien conocidas en el gremio: llamadas telefónicas de parte de criminales para ordenar la agenda, citas a reporteros, “castigos” –generalmente con tablazos- a los que no cumplen, y una suerte de compensación salarial forzada. En la capital, la principal presión para los reporteros proviene del gobierno estatal.
Otros actores, como las fuerzas de seguridad federales que llegaron con el operativo Veracruz Seguro, y los dueños de las empresas, completan el cuadro de vulnerabilidad de periodistas. El 24 de marzo de 2012, Manuel Monroy, fotógrafo del diario Imagen de Veracruz, y Eduardo Guevara, de Notiver, fueron detenidos por la policía naval cuando cubrían un accidente vial. Les quitaron sus equipos, pero ellos lograron conservar imágenes de su detención ilegal. La denuncia no prosperó y meses después, Monroy se separó de Imagen y del periodismo.
La mínima organización gremial, el miedo y la desconfianza, complican el escenario. Sin embargo, las y los periodistas han mostrado gran disposición a participar en cursos de actualización, desde redacción y fotografía hasta programas de seguridad, autocuidado emocional y derechos humanos. Esperan de las organizaciones de libertad de expresión una presión política sobre las autoridades locales y dueños de medios. “No nos dejen solos”, pide uno de ellos.
El 1° de junio, después del testimonio de Miguel Ángel López en Austin, Notiver respondió con una furibunda editorial en la que no sólo lo descalifica y desconoce su relación laboral, sino que incluso lo pone en un riesgo mayor, al sugerir una relación del reportero con los asesinos de su familia: “Ahora que está en Estados Unidos puede entrevistarse con la DEA y el FBI -decirles todo lo que sabe-, que usted sabe bastante. Estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia, y por qué, es usted. Tal vez hasta lo contraten como testigo protegido”. En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios impresos de mayor circulación es de 113
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III. En Coahuila no pasa nada
Juan Noé Fernández Andrade Columnista de Milenio Laguna y la agencia de noticias Infonor y director del mensuario EntreTodos.
La violencia en la región lagunera de Coahuila y Durango pareciera algo inherente a este pedazo de suelo mexicano. En la historia de la Laguna los hechos de sangre, muchas veces producidos por verdaderas masacres, son numerosos. Una de las más sangrientas y bestiales fue la matanza de chinos por gente de a pie que, al calor de la barbarie desatada por y empujada por la lucha revolucionaria, en 1911 victimó a más de 300 ciudadanos de origen chino que habían llegado a 115
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Torreón a trabajar y promover un desarrollo que, pese al hoy de violencia generalizada, aún notoria.
reporteros de televisión fueron capturados por un grupo armado y posteriormente liberados, cuando cubrían un hecho noticioso: Javier Canales Fernández (camarógrafo de Multimedios Laguna), Alejandro Hernández Pacheco (camarógrafo de Televisa Laguna), Héctor Gordoa Márquez (reportero de Televisa México que esa mañana había llegado a Torreón), y Oscar Solís (reportero del periódico Vespertino). El segundo pidió asilo político en los Estados Unidos y lo obtuvo tras verse asediado.
Los periodistas, en territorio coahuilteca, no han escapado a esta expresión ancestral. Según datos, Salvador Guerrero Álvarez fue el primer periodista asesinado en Coahuila (1942). Su familia sigue creyendo que su crimen lo decidió, el entonces gobernador general Benecio López Padilla (1941-1942). Es en la Laguna, principalmente, donde las agresiones contra los comunicadores se acentúan y diferencian respecto al resto del estado. Pocos lo recuerdan, pero Cuauhtémoc Ornelas Campos inició el registro de periodistas desaparecidos. Desde el 3 de octubre de 1995 nadie volvió a saber de él. Era director de la revista Adelante, de circulación en Sinaloa, Durango y la Laguna. Comunicadores de Torreón y Gómez Palacio “tomaron” la subdelegación de la Procuraduría de Justicia del Estado (gobernaba Rogelio Montemayor Seguy) para presionar y exigir su presentación. No pasó nada. Jamás ha sido reportado nada sobre él. Se apuntaba como presunto responsable del hecho a un hermano del entonces alcalde, Mariano López Mercado. La impunidad se lo tragó. La noche del 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero policíaco de La Opinión Milenio, de Torreón, fue asesinado en el conurbado municipio de Gómez Palacio. En Saltillo, el 8 de enero de 2010, el joven reportero del diario Zócalo, Valentín Valdés Espinoza murió acribillado. Dos periodistas abatidos por las balas, por la descomposición social y la aparición fortísima del crimen organizado en Coahuila y la comarca. El 29 de julio de 2010, en las cercanías del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, tres 117
Nacido en Francisco I. Madero (Laguna de Coahuila), también de Zócalo, pero en Monclova, desde el 8 de julio de 2006 ya no se volvió a ver ni a saber del reportero Rafael Ortiz Martínez. Luis Emmanuel Ruiz Carrillo, joven periodista coahuilense, también fue asesinado, aunque éste cayó en Monterrey el 25 de marzo de 2011. Trabajaba para La Prensa de Saltillo. Pero la violencia continuó contra los comunicadores y los medios, las noticias de más agresiones corren de Ciudad Acuña a Saltillo, y de Piedras Negras a Torreón. Las amenazas a reporteros y directivos se sucedieron: advertencias telefónicas, mantas, ataques a las instalaciones de, por ejemplo, El Siglo de Torreón, que en agosto de 2009 y hasta marzo de este 2013, sufrió cinco atentados, con daños materiales producidos por armas de alto poder a su edificio de la avenida Matamoros entre Acuña y Rodríguez, en pleno centro de la ciudad. Un civil que deambulaba por ahí, murió. La noche del 8 de febrero pasado, y por varias horas, cinco trabajadores de la empresa -ninguno reportero- se vieron privados de su libertad en las inmediaciones del periódico, y golpeados y amenazados por los 21presuntos delincuentes que, días después acabaron siendo detenidos en la región y en otras entidades a donde habían huido. 118
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El 9 de febrero de 2011, un técnico operario del Grupo Milenio Laguna, perdió la vida ante el ataque y robo que perpetró un grupo armado. La madrugada de esa fecha Rodolfo Ochoa Moreno cayó abatido ante una intensa ráfaga de balas. Una víctima inocente. Nada tenía que ver con cuestiones periodísticas.
Protección y Garantía de la Libertad de Expresión de las y los Periodistas del Estado de Coahuila, que consta de 26 artículos.
Narcomantas contra Televisa Laguna y TV Azteca Laguna, que han quedado, afortunadamente, en meras bravatas. Sin embargo, el listado de los reporteros levantados, golpeados y amenazados es largo. Algunos han optado por retirarse de la actividad, dejando atrás sus carreras en este ambiente laboral de zozobra, miedo y necesidad. En Saltillo la reportera policíaca Estephanía Rodríguez Cardoso, del periódico Zócalo, quien estuvo en peligro junto con su hijo, desapareció del 8 de junio de 2012 al día 15 de ese mes en que se reportó viva. Una llamada telefónica al noticiero de la periodista Denisse Maerker, sin dar detalles, hizo saber que estaba bien, con miedo, pero de pie. Otro periodista muerto es José Valdez, asesinado el 6 de enero de 2006 en Sabinas. Se presumió que el narco lo victimó.
Buenas intenciones legales, pero la impunidad manda Cabe agregar que el 19 de marzo pasado, el diputado local Samuel Acevedo Flores, del Partido Social Demócrata (PSD), llevó al Congreso de Coahuila una iniciativa. La Ley para la 119
Antes, el 20 de octubre de 2010, hubo otra intentona legal: la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Constaba de 7 artículos. Aquí, no pasa nada, en términos reales, a favor de los periodistas. Más allá de las agresiones físicas, amenazas y atentados, el clima es de incertidumbre laboral. Los despidos, sean o no por argumentos válidos, no cesan. Reporteros como Reginaldo Luna y Javier Casio, ambos de Milenio Laguna, por citar dos casos ejemplares, se vieron despedidos por la intolerancia prevaleciente. El primero, por haber criticado -al parecer sin fundamento- a Rubén Moreira Valdez, siendo éste secretario de Gobierno con su hermano Humberto como gobernador; el segundo, al atreverse a poner el nombre de Ricardo Martín Bringas, de la familia lagunera fundadora y dueña de la cadena de supermercados Soriana. En este sentido, se podría hacer todo un libro con nombres y apellidos de reporteros de diferentes medios en todo Coahuila, pero más en Saltillo y Torreón. El conocido columnista Ricardo Alemán, el domingo 3 de julio de 2011, en una mesa de debate por televisión nacional (Foro TV), a propósito de la elección de Rubén Moreira ese día como nuevo gobernador del estado, afirmó que en Coahuila “no pasa nada. Tienen 30 años sin periodismo”. En el remate de toda esta caótica situación, el 11 de marzo de 2013 el periódico Zócalo editorializó: “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”. 120
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
Esta empresa cuenta con ediciones diarias en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuña. Su propietario, Francisco Juaristi, alguna vez secretario de gobierno con Rogelio Montemayor, recientemente fue amenazado a través de medio centenar de mantas por grupos criminales. En 2010 un artefacto explotó en el estacionamiento del periódico en Piedras Negras. Lo único cierto es que por la falta de una organización grupal sólida, los comunicadores coahuilenses atraviesan una etapa de profunda vulnerabilidad. El polémico obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) que ya trabaje, que no finja que investiga, “porque no se han visto resultados”.
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¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
VI. Hacer periodismo con el viento en contra
Jade Ramírez Periodista e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
A l@s colegas que han desaparecido, muerto, callado o declinaron. A l@s que no conocemos sus nombres ni las claras razones por las que renunciaron al oficio, pero que sembraron una migaja de verdad para la cruda realidad
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Primera parte: El género en la encrucijada de la violencia Evasión. Evasión suele ser la sensación secundaria al miedo, la duda, la fragilidad por la que transita una víctima de ataque físico y psicológico. Evades porque la frustración de que poco tienes por hacer te invade. Porque sabes que no hay para dónde correr, que tus cercanos se alejan o les pides involuntariamente que se alejen, porque no hay muchas estructuras a las cuales confiar si eres periodista y mujer. Evadir es lo que hace un jefe ante la noticia de que una de sus periodistas está bajo amenaza, sobrevivió a un ataque o está siendo origen de acoso en general al medio de comunicación para el que trabaja. Si no hay regaño, por lo menos se le neutraliza momentáneamente y, en el peor escenario, la destituye de sus labores periodísticas. Evasión con silencio y poca atención física, financiera, psicológica, es lo que hacen las instituciones de seguridad, procuradoras de justicia, cuando sin distinción de género, se da un ataque a periodistas por motivos de la labor e investigación que ha realizado o está llevando a cabo, en la que se evidencian prácticas políticas injustas, ilegales, impunes desde el gobierno, desde un grupo del crimen organizado o redes delictivas.
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Las cifras no mienten, nos dicen cosas, pero tampoco son exactas debido a que al evadir lo que le sucede a una reportera, se ocultan incidentes de seguridad por desconfianza y entonces no aparece el reporte en ninguna cifra. Desde luego es vital detenernos en el incremento que año con año, sobre la estadística de atentados, agresiones, hostigamiento, asesinatos y desapariciones de periodistas, personas trabajadoras de los medios de comunicación, blogueros o activos usuarios de las redes sociales incrementa, pero que las formas, los modus operandi y el rasgo de ataque de género es lo que sitúa en alarmante el contexto nacional: según reportes de ONG’s en el 2008 fueron 5 casos de violencia contra mujeres periodistas, en el 2009 se reflejan 13, en 2010 son 94 casos, en 2011 y 2012, 31 y 37 respectivamente. Pero lejos de los números, queda otra lista de acontecimientos e incidentes de seguridad entre reporteras, presentadoras de noticias, redactoras, fotógrafas, encargadas de publicidad, relaciones públicas o áreas administrativas de medios de comunicación, que difícilmente se reportarán, por lo que el sub-registro de este tipo de acciones violentas continúa; se auto asume la condición de desventaja por ser mujer y por tanto la vulneración se vuelve rasgo cotidiano, no hay sorpresa o sobresalto por ser acosada, hostigada, amenazada o violentada en los derechos como mujer y periodista. Y es que se trata de que el periodismo que se hace en México brincó de un estatus alarmante a francamente un oficio tenebroso en el que orilla a muchas de las mujeres que lo ejercen, a caer en prácticas no éticas, no seguras, no las propicias para garantizar la equidad y la protección de la libertad de expresión por no perder un empleo, un contrato, una exclusividad, un espacio en la redacción, una fuente de información institucional que facilita el trabajo. 126
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Consternación. Consternación y rabia es lo que brota cuando se narra la noticia que nunca se desea dar: asesinaron a una periodista, una reportera ha desparecido, hubo un nuevo ataque violento a la redacción de un diario, ultrajaron la casa de una colega o llegaron amenazas electrónicas. Inexplicable se vuelven ese tipo de pésimas noticias para algunos círculos y pequeñas redes de periodistas que autogestivamente se han configurado para pugnar por la libertad de expresión, el derecho a la información y la imperante garantía que debe existir en un país corrupto como México donde para los periodistas responsables y comprometidos con el oficio, no se les de trabajo, se les persigue, coarta, asecha, mata. El informe más reciente de AMARC-México detalla que de 2008 a 2010, se recrudeció la persecución gubernamental que históricamente se ha ejercido contra las radio comunitarias que transmiten sin permiso, clasificándolas de ilegales y por tanto, ejecutando operativos sin diplomacia, con extrema violencia y desapego a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la COFETEL, SEGOB y PGR, contra radio que emiten señal con menos de 5 watts y cuyos realizadores radiofónicos, agentes comunicadores, son precisamente mujeres y niños. Pero son pocos los casos que de consternación exaltan al repudio colectivo, aunque gradualmente se ha ido transformando la visión de que no sólo ciertos expedientes de colegas como Lydia Cacho, Anabel Hernández o Sanjuana Martínez son los que ameritan radicalizar la consternación.
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Segunda parte: El contexto y sus actores Indignación. Al 31 de diciembre de 2012, el Centro Nacional de Comunicación Social, revela en su informe anual, que ocho personas fueron asesinadas a causa de su labor periodística o por laborar dentro de un medio de comunicación. Distrito Federal, Oaxaca y Veracruz son las entidades que arrojan la más alta cifra. Las ocho personas asesinadas por ejercer el periodismo de manera cotidiana o laborar dentro de un medio de comunicación, sin duda, sabían que antes de ellos, había otros más que también habían sido asesinados, muchos otros que vivían desplazados, hostigados, perseguidos, despedidos, “halconeados”, señalados dentro de su redacción. Un egresado de cualquier escuela de periodismo, un recién acogido en algún medio, un longevo periodista, sabe que hoy en día, a la profesión poco se le respeta dentro y fuera de las redacciones, se ejerce en constante acotamiento y con peligro, a menos de que se labore dentro de las intocables franquicias de información que sostienen el duopolio mediático en nuestro país. Es común que a las personas trabajadores de la información las estadísticas y su realidad cotidiana, transiten de la consternación, a la evasión para llegar a la indignación y entonces se continúe investigando y trabajando, desde el filo desgastado de la prudencia, clasificada también como 128
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autocensura, para continuar dentro del universo del periodismo desde dos vías: con alternativas de auto protección adheridas a redes autogestivas que en pocas ocasiones se crean dentro del mismo medio, o con displicencia ante el escenario adverso y por lo tanto, risueño con los poderes que oprimen la libertad de expresión.
agresiones, porque 69 casos se clasifican como Presuntos responsables a Particulares o No identificados, por tanto, la etiqueta de no identificados o no asociados con alguien, no sólo no nos sirve para entender el fenómeno, sino que nos abre la tenebrosa puerta para imaginar el escenario de cuántos en realidad responden a intereses afines, de los 157 Funcionarios y partidos políticos que sí se han logrado identificar como los autores intelectuales y materiales de agresiones a periodistas durante 2012.
Las agresiones registradas en 2012 por Cencos, refieren a 182 hombres y 37mujeres, que han sido víctimas de agresión verbal y física, una balacera o incendio, robo de artículos personales y casa habitación, obstrucción a la circulación, ataque cibernético; en los casos de calumnia, intimidación, presión y detención temporal, las mujeres periodistas sufren además agresiones de género. Los atacantes construyen un perfil y desde redes sociales virtuales, durante ruedas de prensa, eventos públicos, llamadas telefónicas, comentarios de pasillo en recintos públicos y círculos de convivencia operan, desprestigian y utilizan la información personal mezclada con trabajo periodístico para asechar. Cuando de ataque físico y asesinato se trata, ensucian la escena del crimen para desviar la cifra del ataque a una periodista responde a un “asunto personal, pasional” o derivado de la violencia cotidiana en que está envuelto el país y por ende desplazarlo a la zona de asuntos no relevantes para los procuradores estatales de justicia.
¿Quién está al otro lado del espejo? Las agresiones al gremio periodístico, según el registro de Cencos donde se sistematizan los casos del 2012, al conjugar las formas y los estilos, es difícil separar las fuentes de las 129
En el momento por el que atraviesa México y que arrastramos desde hace más de cinco años, donde la línea es sumamente delgada entre las relaciones perversas que el poder institucionalizado mantiene con grupos del crimen organizado, se abren tres variantes o tres grandes fuentes desde donde se originan los atentados contra periodistas: a) Grupos delictivos del crimen organizado. b) Entes y funcionarios del poder institucionalizado. c) La mezcla de los dos anteriores. Por ello el factor desconfianza que prevalece entre periodistas respecto a las respuestas que el gobierno mexicano ha dado ante el escenario violento en que se ejerce el oficio, es difícil desmantelarlo, sin mencionar que las trayectorias de formación y construcción de identidad del gremio, son débiles, a diferencia de la organización que tienen los defensores de derechos humanos que promueven entre otras cosas, la libertad de expresión. En agosto de 2010 salimos a las calles de la Ciudad de México, a gritar “Los Queremos Vivos” expresión que encerró la desesperación que envolvía a quienes sobrevivimos a ataques y agresiones sistemáticas y a quienes sin un incidente 130
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de violencia en su haber sabían la vulnerabilidad en la que se estaba ejerciendo desde sus ciudades. Entonces aún con vida Miguel Ángel Granados Chapa dirigió un sencillo pensamiento sobre la violencia dirigida a representantes de los medios y periodistas: “no requerimos inventar nada nuevo, sino que sencillamente, las averiguaciones previas se elaboren de conformidad con la ley y que los ministerios públicos de este país entiendan lo que atañe a un atentado contra reporteros”.
principalmente idearon y financian para el seguimiento de la violencia de Estado en México y la vulneración de derechos humanos, desde la narración de historias, de identidades, de comunidades, de los oprimidos y no privilegiados por el sistema.
¿Ya vas a dejar de cubrir causas perdidas? Es una pregunta cotidiana que proviene de colegas que poco entienden la sensibilidad e indignación desarrollada a lo largo de los años, por periodistas que permanecen abiertamente comprometidos en el seguimiento informativo de denuncia social, motivo que fecunda la amenaza y la persecución porque finalmente todas las historias ya trastocan la impunidad con que el crimen organizado dentro y fuera de las instituciones se eterniza. La única respuesta que los periodistas hemos encontramos ante el escenario de violencia e impunidad que continúa recrudeciendo, ha sido la auto protección y la profesionalización del oficio no necesariamente jubilándose para radicar dentro de la academia, sino consolidando las investigaciones, trabajando en red, compartiendo los datos y fuentes de información antes del manejo exclusivo. El periodismo de investigación encontró un espacio privilegiado y asechado por quienes incluso dentro de sus redacciones base no encontraron eco: coautorías de publicación impresa, creación de sitios web producción de radio, arte o cinedocumentales, han sido la respuesta que mujeres periodistas 131
Tercera parte: La necesidad de protección El camino sinuoso de la ley Se promulgó la Ley de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas luego de más de tres años que se dio batalla por parte de organismos no gubernamentales ante autoridades federales. Al cierre del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se construyó el mínimo andamiaje para operar el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con la conformación de un Consejo Consultivo que representa los intereses y la preocupación de la sociedad civil. Si bien un mecanismo derivado de la ley es el canal más tangible desde las política públicas para preservar la vida de periodistas y defensores de derechos humanos en México, lo que le antecedió, un mecanismo incierto en la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de PGR, dejó el escenario minado por la desconfianza que genera la falta de consignaciones y averiguaciones previas que por falta de elementos se terminan desechando y así dejan impune el asesinato, acoso, amenaza y agravios contra periodistas. 132
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Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha sobrevivido a la transición de color, más no de paradigma en el país. El despeje de complejidad lo permea, por ello el andamiaje de la robusta arquitectura que requiere continúa en construcción mientras los atentados no cesan y lejos del bullicio citadino, continúan las condiciones desfavorables, la falta de garantían que den seguridad al ejercer la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos y el periodismo como oficio. Si la apuesta es que opere cabalmente, habrá que continuar en los próximos meses consolidándolo, monitoreándolo y pugnando porque además de salvar vidas, incida en las estructuras del poder institucionalizado.
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7.- RESPUESTA DEL ESTADO
sin una construcción de política pública integral resultando ser respuestas mediáticas y discursivas más que de atención profunda al problema.
Las denuncias realizadas por organismos civiles nacionales e internacionales especializados en libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa así como las recomendaciones de instancias de derechos humanos (Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) han generado un presión en el gobierno mexicano que ha tenido que construir diversos mecanismos de atención a la grave problemática de periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, estas respuestas se han dado de manera aislada,
Por una lado la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE)22 en la Procuraduría General de la República (PGR) que generó la posibilidad de que los casos de medios y periodistas fueran investigados tomando en cuenta su ejercicio como causa de la agresión, en este apartado presentamos información sobre el seguimiento de los casos a 2012 de dicha Fiscalía. Sobre la federalización de los delitos cometidos contra periodistas23 han sido casi once años de debate y es hasta 2008
En 2001, Jesús Blancornelas (fallecido en noviembre de 2006), director del Semanario Zeta, planteó que la federalización de los delitos contra periodistas era necesaria porque “trata de disipar cualquier influencia, política o particular que pueda haber en las investigaciones de los crímenes contra periodistas ya que el traslado de las indagaciones al ámbito federal, “podría beneficiar en la conclusión de las investigaciones y el procesamiento de los culpables”. propuso “tipificar como delito federal todo agravio o asesinato de periodistas”. tiempo en el que fueron asesinados al menos 80 periodistas.
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Por Acuerdo del Procurador General de la República, el 15 de febrero del 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, única en su género a nivel internacional. Según el Acuerdo A/031/06, la FEADP se planteo como competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.
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que se dan avances en la materia, las cuales retomamos en el apartado siguiente, donde se ha pasado a la atracción de los casos a nivel federal solo como opción para la investigación de los casos. La más reciente respuesta del estado fue desde el poder legislativo con la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, como resultado de un trabajo intenso de organismos de la sociedad civil nacional e internacional. A espera de su implementación, abordamos dicha Ley desde un enfoque cronológico y pendientes para su operatividad. Otra de las respuestas del estado ha sido la creación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio de una Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación24 desde 2002. Sin embargo su participación en el debate de lo que sucede en la materia ha sido cauteloso y tímido. La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación25 en la cámara de diputados existió hasta 2012. Estos dos casos no serán abordados.
Programa Especial de Periodistas de la CNDH en 1991, y adquirió el carácter permanente en 1993, en 1995 el Consejo de la CNDH considero necesario ampliar el Programa para conocer casos de defensores de derechos humanos. Posteriormente en mayo de 1997, fue creada la coordinación General del Programa de Agravios y Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. La Dirección General de dicho Programa fue creada y adscrita a la 5ta Visitaduría General de la CNDH, fue publicada en el DOF el 3 de enero de 2005.
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25 Creada el 19 de diciembre de 2006, durante la legislatura LX con el objetivo de dotar de un marco legal que institucionalice y garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.
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La constante impunidad La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (FEADLE) -antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)- fue creada en el año 2006 como respuesta ante la presión de la sociedad civil, nacional e internacional frente al incremento de agresiones contra periodistas. Su objetivo desde entonces es la investigación de los casos, sin embargo esta instancia presentó múltiples vacíos desde el inicio, tanto en su estructura administrativa como en la falta de presupuesto adecuado,
además de limitaciones para conocer delitos que no fueran del ámbito federal o relacionados con delincuencia organizada. El fortalecimiento de la Fiscalía ha sido una de las demandas de la sociedad civil, ya que no se reflejan avances en las investigaciones de los casos dada su debilidad institucional. Sin entrar en una análisis profundo sobre su labor en 2012 Cencos constató a través de una solicitud de acceso a la información26 que el desempeño de la FEADLE no abonó al combate contra la impunidad. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2012, recibió 131 denuncias de las cuales abrió 99 averiguaciones previas, en 2 de éstas se negó el ejercicio de la Acción Penal. A su vez, dictó 69 medidas cautelares a favor de las víctimas de estos delitos, y no giró ninguna orden de aprehensión, ni citatorios para llamar a comparecer a los presuntos agresores. De estas denuncias, 12 fueron consignadas a la autoridad judicial encargada de dictar condena, sin especificar cuales.
Procuraduría General de la República, PGR respuesta a solicitud de información pública con folio 0001700212012 presentada el 23 de octubre de 2012. 26
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La atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión La federalización de las agresiones a periodistas ha sido un debate y demanda de muchos años atrás generado por las organizaciones especializadas en la materia así como por organismos de derechos humanos internacionales, ello con base a la urgente necesidad de contar con un marco jurídico adecuado e integral para investigar. Fundamentado en que las agresiones se concentran en la entidades federativas y existe un vínculo entre responsables y autoridades locales, lo cual disminuye la posibilidad de una investigación imparcial. Desde la federalización se plantea que la investigación sea asumida en la PGR como institución responsable, ello por medio de la FEADLE.
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Federación para perseguir delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo que permitiría a la PGR y por lo tanto, a la FEADLE atraer casos de agresiones de las entidades federativas. El 6 de junio de 2012 la Cámara Baja después de su aprobación, remitió la reforma al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Y fue el 25 de junio de 2012, cuando el Ejecutivo Federal promulgó el Decreto de Reforma constitucional según el cual adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73. Con esta aprobación quedaron pendientes las reformas de los siguientes ordenamientos jurídicos: Código Penal Fedeeral, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, El plazo para los ajustes según el marco normativo para realizar venció 26 de diciembre de 2012.
Entre 2008 y 2010 se generaron diversos foros así como propuestas de iniciativas de ley para crear un marco normativo en torno a la federalización. Sin embargo esto no logro concretarse hasta 2012, ya no desde la federalización sino desde la atracción, es decir que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. El 13 de marzo de 2012, el Senado de la República, aprobó la Reforma al Artículo 73 constitucional, misma que faculta a la 143
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¿Ante la impunidad medidas de protección?
Es por ello que ante la situación de riesgo para periodistas y medios de comunicación en el país, dada la importante labor que desarrollan para que la sociedad este informada, se ha requerido la búsqueda de instrumentos especializados que obliguen al Estado a garantizar su protección.
En México el clima de violencia sistemática ha generado afectaciones a la población en distintas regiones del país, proporcionalmente a ello se agudizo la violencia dirigida a grupos que por su labor fortalecen a la ciudadanía informando la realidad o defendiendo derechos, como las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Desde la sociedad civil se ha dado impulso al debate de la necesidad de un mecanismo especializado en protección, subsidiario y complementario a las obligaciones del Estado, tanto para periodistas como para personas defensoras de derechos humanos, que permita salvar su vida y su integridad ante las amenazas.
Hay que reconocer que el ejercicio de esta tarea siempre ha supuesto un riesgo pero en el contexto actual, incrementó su vulnerabilidad, entre la violencia generada por el crimen organizado y los abusos por parte de las autoridades.
En febrero de 2010 se construyó un espacio de diálogo entre el gobierno, sociedad civil e instancias internacionales para impulsar dicha iniciativa de dicho mecanismo. A lo largo de 3 años un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa, promoción y protección de derechos humanos y libertad de expresión28 han participado en diferentes espacios de diálogo con autoridades federales así como embajadas y organismos internacionales como: la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), estos últimos recomendaron que:
Las instituciones encargadas de la impartición de justicia han quedado rebasadas o involucradas en los círculos de impunidad, generando condiciones para la repetición de delitos y violaciones a derechos humanos. Los mecanismos del Estado encargados de proteger y garantizar la seguridad ante situaciones de riesgo por medio de medidas cautelares27 han tenido una falta de respuesta tanto en su prontitud como en su operatividad generando un escalón más de vulnerabilidad.
Las instancias que dictan medidas de protección son: la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos. Las instancias que implementan son el Poder Ejecutivo por medio de la SEGOB; la PGR con averiguación previa y/o a solicitud de la CNDH; la SSP a solicitud de la CNDH. Así como en las entidades federativas en sus respectivas comisiones estatales de derechos humanos y sus procuradurías y secretarias de seguridad pública. Por otro lado, en el Poder Judicial son expedidas como medidas de protección por los jueces. También existen las medidas dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la CIDH llamadas medidas cautelares y en la CoIDH, medidas precautorias a las que da seguimiento la SRE y facilita su implementación SEGOB. 27
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“Dicho mecanismo debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; tener
Asociación Mundial de Radio Comunitarias- México, Amnistía Internacional México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Casa de los Derechos de Periodistas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Medio Ambiente, Brigadas Internacionales de Paz, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” y Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz. 28
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recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación”29.
mecanismo sea una realidad, como por ejemplo, la certeza presupuestal y la generación de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis para el monitoreo y el diagnóstico de la situación así como el seguimiento a la implementación de medidas de protección y prevención.
Después de varios intentos por convencer al poder ejecutivo de la importancia de este mecanismo30, en 2011 el poder legislativo por medio del diálogo con organizaciones de la sociedad civil construyó la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas31. Finalmente, la Ley fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal32 el 25 de junio de 2012. Actualmente, la Ley se encuentra en proceso de implementación. Después de un largo proceso se instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo, órgano superior para la implementación de las medidas de protección en conjunto con la Junta de Gobierno, órgano superior en la estructura. La elección de consejeros, se dio a partir de una Convocatoria Pública Nacional emitida por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la sociedad civil. Ante el cambio de administración en el poder ejecutivo y el reacomodo en la administración pública, faltan algunos elementos para la operatividad de la Ley y para que el Ver: Visita Oficial Conjunta a México: Observaciones Preliminares http://www.libertad-expresion.org.mx/wpcontent/uploads/2010/08/Informe-preliminarOEA-ONU.pdf
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Análisis sobre los Acuerdos de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Cencos, Julio de 2011. Ver: http://dl.dropboxusercontent.com/u/21215461/10%20Elementos.pdf
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En alrededor de 21 reuniones de trabajo entre las organizaciones participantes, asesores legislativos y secretarios de diversos Senadores se elaboró la iniciativa de la Ley que contiene todos los insumos y observaciones que la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos han aportado sobre el tema.
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Asimismo, está pendiente que los enlaces con los gobiernos de las entidades, queden claramente establecidos para que ningún gobierno local quede exento de brindar protección en su jurisdicción. Esta Ley no resuelve el problema de la violencia ni de la impunidad que enfrentan quienes ejercen la libertad de expresión, sin embargo genera una respuesta inmediata del Estado para disminuir la vulnerabilidad por medio de un análisis de riesgo con instrumentos y acciones de protección. El reto está en la implementación y en la operatividad de la Ley, otro reto es generar la credibilidad del mecanismo, mediante la implementación de planes integrales de protección que generen resultados eficaces.
DOF: 25/06/2012, “Decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” México, 2012. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256053&fecha=25/06/2012
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vital para asegurar la gobernabilidad democrática y, sobre todo, para la seguridad de las personas y la sociedad. Sin libertad de expresión y sin derecho a la información no puede haber paz. En México, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son problemas endémicos e interdependientes. En los últimos años, su impacto en la sociedad ha sido sumamente grave, pues además de atentar contra la vida e integridad de las personas y destruir el tejido social, socavan la legitimidad del Estado y de sus instituciones, a la par de constituir un enorme obstáculo para la construcción de un Estado democrático de derecho, fundamento de la paz y la estabilidad política de una nación. La situación de violencia ha tenido un impacto especialmente negativo para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Las agresiones a periodistas; comunicadores, comunicadoras; editores, editoras; directivos, directivas; reporteros y reporteras ciudadanas; medios de comunicación y personas trabajadoras de los mismos, se han incrementado desde el año 2000 de manera proporcional a la violencia registrada en las calles de este país. La situación ha llevado a que se califique a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Frente a las cifras avasalladoras de víctimas de homicidio y desaparición en vastas regiones del país en los últimos seis años, la cantidad de periodistas e informadores asesinados o desaparecidos podría parecer, a primera vista, de poca importancia. Sin embargo, no es así. Pues además de tratarse de vidas segadas y familias destruidas, la violencia contra periodistas e informadores tiene el efecto pernicioso de atentar contra la libertad de expresión, fundamental para la convivencia civilizada y contra el derecho a la información, 149
El acceso de la ciudadanía al derecho a la información resulta fundamental para contrarrestar la espiral de impunidad y violencia. La defensa del ejercicio de la libertad de expresión es una obligación irrenunciable para el Estado y sus autoridades. Una ciudadanía que no está informada es una ciudadanía débil y, por lo tanto, vulnerable e imposibilitada para ejercer sus derechos y tomar decisiones. Desde la sociedad civil debemos involucrarnos y participar para que la impunidad y la falta de justicia, así como todo atentado a la libertad de expresión, no acaben con la construcción de la democracia. Nos corresponde aportar ideas y conocimientos a los diversos actores del Estado y la sociedad involucrados en el tema. Informes como el que da a conocer Cencos demuestran una situación grave para la libertad de expresión que el Estado mexicano debe atender y resolver. Por eso hemos sumado a este informe recomendaciones de expertos en el tema, provenientes del derecho, la academia, los derechos humanos y el periodismo, a la discusión y la resolución de un problema que nos implica a todas y todos. Freedom House México
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Sergio Aguayo Académico de El Colegio de México
El informe preparado por Cencos llega cuando empieza a operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De este y otros documentos elaborados por organismos civiles se desprende una agenda de investigación para una dependencia del Mecanismo en proceso de creación: la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo. Parto de un principio muy elemental: para defender a un grupo vulnerable es indispensable comprender la naturaleza del riesgo y en México tenemos un déficit en el entendimiento de los riesgos enfrentados por periodistas. El primer asunto que podría abordar dicha Unidad es dar mayor certidumbre al número de muertos, desaparecidos y amenazados. El Comité para la Protección de Periodistas asegura que entre diciembre del 2006 y diciembre del 2012 hubo “al menos 14 muertos”.
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Según la investigación divulgada por Cencos sólo en el 2012 hubo ocho. Otro ejemplo de disparidades estaría en el origen de las amenazas a los periodistas. Artículo XIX revisó 565 agravios contra periodistas y encontró que sólo en 77 casos (13.63%) los agresores fueron integrantes de la delincuencia organizada. El informe Cencos responsabilizó al crimen organizado del 12.40% de los casos. Es también urgente profundizar en el significado de las cifras. Por ejemplo, según los registros del informe Cencos en el Distrito Federal se registraron 41 agresiones y en Tamaulipas solamente 10. ¿Estamos acaso minimizando lo que pasa en la capital?, ¿será que en Tamaulipas los medios ya están tan amedrentados que quienes los amenazan requieren menos esfuerzo? Con estos comentarios no pongo en duda el trabajo realizado por los organismos de la sociedad civil que levantaron el tema de las amenazas a la libertad de expresión cuando el Estado mexicano evadía sus responsabilidades. Ahora que hay instituciones oficiales decididas a enfrentar en serio el problema es tiempo que el Estado contribuya a entender mejor la magnitud de la amenaza en México. La Ley les da el marco jurídico: tienen la autoridad y la información.
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María Idalia Gómez Periodista de Investigación
Tras leer el informe, me pareció necesario pensar en medidas que puedan atender de forma mediata la problemática que enfrentamos hoy día, pero que también faciliten la construcción de un nuevo modelo de ejercicio periodístico. Sin duda, esto último, se trata de un cambio de fondo que llevaría décadas, pero al implementar algunas medidas se abonaría un poco más, de lo que ya se ha aportado en los últimos años, para continuar o avanzar en ese cambio. Es sabido que las prácticas corruptas en el ejercicio informativo que involucra a dueños y todos los niveles de empleados de un medio de comunicación, la falta de preparación para ejercer la tarea informativa, las malas condiciones laborales de los periodistas, la falta de valores periodísticos y de autorregulación, los monopolios, las leyes no actualizadas y, por supuesto, la ausencia de un Estado que asuma la responsabilidad de garantizar el
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derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, han facilitado y acelerado los embates y favorecido las condiciones de impunidad y censura que se viven en el país. Es por ello, que se hace necesario atender estos elementos que fomentan e impiden que se frene y revierta esta realidad que vivimos de forma diferenciada en el país. A continuación las propuestas de recomendación:
Desde el Estado: En varios estados del país se han emitido legislaciones y acuerdos que se supone protegen la tarea del periodista, además de que se han creado fiscalías especiales para la investigación de los casos de ataques a los informadores y medios de comunicación. Sin embargo, ninguna de las dos medidas ha mostrado resultados efectivos y, sobre todo, confiables, por lo que resulta un gasto presupuestal innecesario y letra muerta en el caso de la normatividad. Para provechar estos recursos se propone que el gobierno federal, en el marco de los recientemente anunciados programas nacionales de Prevención del Delito y el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, convoque a los representantes de los tres Poderes de la Unión, de los niveles federal y estatal,para incluir un capítulo específico sobre la protección y defensa de la libertad de expresión, para que desde el Estado se asuma una estrategia integral que proteja a periodistas y el derecho social de acceder a información de forma libre y veraz.
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Algunas propuestas específicas para integrarse a esa estrategia, podrían ser:
5) Emitir un acuerdo conjunto entre las procuradurías General de la República y de Justicia de los estados para que en los casos de amenazas, extorsiones, secuestros, tortura y homicidio cometidos contra periodistas y personal de los medios de comunicación, se permita de forma inmediata la participación de la autoridad federal, para conocer de las investigaciones. En caso de tener la sospecha del involucramiento de funcionarios públicos o de grupos del crimen organizado la procuraduría local se declare incompetente y envíe el expediente a la PGR o, en su caso, esta última dependencia atraiga el caso como le ordena la reforma constitucional.
1) Elaborar un diagnóstico serio a partir del análisis sistemático de los casos de ataques a la libertad de expresión que se han dado en el pasado y los que surjan, poniendo especial énfasis en las causas, los posibles responsables, las consecuencias que se han tenido en cada región y cuáles son los factores de riesgo presente y futuro. Este diagnóstico se llevaría a cabo por parte de la autoridad, pero también deberá incluir la participación de comunicadores, para comprender el fenómeno en toda su dimensión. Sería este el punto de partida para el diseño de una estrategia de prevención y protección. 2) También se utilizaría para definir patrones de conducta, tipos de grupos criminales que participan en los ataques, sus vínculos y móviles. 3) Establecer un programa serio, consistente y obligatorio de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos dedicados a la prevención, investigación y procuración de justicia, para que el trato con comunicadores sea respetuoso y dentro del marco legal, para también atender e indagar de forma eficiente y eficaz los casos de ataques a la libertad de expresión. 4) Firmar un compromiso entre los gobiernos estatales y federal para asumir las obligaciones y responsabilidades que plantea el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Incluyendo un apartado que señale que, de incumplirlo, será obligación de las autoridades hacerlo público para exhibir a la autoridad que no cumple con las acciones de prevención y atención a informadores y defensores en riesgo. 155
6) Dentro de la propuesta que pretende implementar el gobierno federal de crear un Código Penal único, o de no llevarse a cabo plantear las modificaciones legales estatales en materia penal; así como otras leyes para que: a. se incremente de entre 10 a 15 años de prisión y multa de por lo menos 10 mil días de salario mínimo, por lo menos, la penalidad del delito de amenazas, cuando éstas se emitan para tratar de impedir el ejercicio de la libertad de expresión; b. incrementar en por lo menos de 10 a 15 años de prisión y multa de por lo menos 10 mil días de salario mínimo a las autoridades que, habiendo tenido bajo su responsabilidad la prevención, investigación, persecución y/o juzgamiento de un caso que involucre un ataque a la libertad de expresión, obstruya, omita o lleve a cabo cualquier acción tendiente a impedir el pronto esclarecimiento de agresiones cometidas contra periodistas;
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c. que sea investigado y/o auditado de oficio (como medida de supervisión) el expediente que sea integrado por el Ministerio Público sobre un caso que involucre un ataque a la libertad de expresión, cuando éste sea consignado, enviado a reserva, al archivo o pasen más de tres años sin que hubiese arrojado resultados, para determinar si la autoridad ministerial, pericial y/o policiaca está cumpliendo con su responsabilidad y obligación legal, para impedir que la impunidad prevalezca y que, por el transcurrir del tiempo, se amplifique la violación a derechos fundamentales. En caso de que la revisión arroje inconsistencias, irregularidades o faltas, se procederá administrativa y/o penalmente contra los responsables; d. se considere como agravante al imponer la sanción punitiva al agresor del periodista cuando éste sea, al momento de la misma, un servidor público de cualquier nivel de gobierno; e. que se considere como agravante el hecho de que el móvil de la agresión contra el periodista sea impedir la difusión de acciones u omisiones cometidas por el agresor; f. en el caso de la desaparición u homicidio del periodista o que éste quede impedido para realizar su labor periodística en consecuencia por el ataque sufrido, la autoridad ministerial, jurisdiccional y/o administrativa estén impedidas para ofrecer cualquier beneficio que permita al o los acusados dejar la prisión, sea la libertad bajo fianza, el perdón judicial, la conmutación de la pena o los beneficios preliberacionales;
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g. cuando el periodista sea detenido por alguna autoridad y se demuestre que ésta fue injustificada o con la intención de intimidar, estará obligada la institución a la que pertenecen las autoridades involucradas, a indemnizar al periodista por concepto de reparación de daño y, a la par, la autoridad ministerial y el órgano interno de control deberán iniciar un expediente para investigar a los involucrados y sancionarlos, sin que exista la posibilidad de que el periodista se desista u otorgue el perdón, y h. sea obligatorio para el Ministerio Público trasparentar las averiguaciones previas sin que esto dañe las investigaciones, esto en dos escenarios: la autoridad ministerial queda obligada a rendir cuentas a través de un informe público y permitir acceso al expediente, si en 10 años (o menos, habría que buscar un estándar internacional) la averiguación previa no ha sido consignada ante un juez, y el segundo escenario cuando ya ha sido consignada y sometido a juicio las personas para explicar qué pruebas se tienen y cuál fue el móvil que se logró demostrar. Esto con base en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitidas en cuanto a la máxima publicidad y la violación grave de los derechos humanos.
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De las condiciones de trabajo Partiendo de la premisa de que se debe profesionalizar el trabajo periodístico, dotarlo de mayor preparación, ética, dignidad, reconocimiento y compromiso social, entre muchos otros valores, se hace indispensable comenzar, por regiones del país, con una campaña que involucre a la sociedad y medios de comunicación y que abarque los mayores aspectos posibles, en especial: • la autorregulación y el compromiso social; • la libertad de expresión y los valores periodísticos; • la profesionalización y actualización; • la corresponsabilidad laboral al interior de los medios, y • la seguridad en el ejercicio periodístico. En este apartado se hace indispensable que el gobierno federal impulse un acuerdo con los propietarios de medios de comunicación y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que: 1) Los trabajadores de los medios de comunicación, tras demostrar que su principal ingreso proviene de ese trabajo, puedan inscribirse y pagar seguro voluntario, colocándolo en un rango de alto riesgo, para que puedan tener acceso él o ella y su familia a los servicios de salud. 2) Que las empresas periodísticas que tengan la capacidad de registrar a su personal en el IMSS lo hagan bajo la premisa de empleo de alto riesgo, para que los beneficios médicos y de pensión sean de los mejores. 159
3) Encontrar una manera para que legalmente se permita a las personas trabajadoras de los medios de comunicación la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias que les permitan recibir una pensión en caso de fallecimiento, desaparición o incapacidad médica si ésta es producto o está vinculada al ejercicio informativo de su empresa. 4) Que el gobierno federal favorezca una campaña con las aseguradoras para construir una cultura social respecto a la importancia de estar protegidos, pero que de forma paralela impulse un acuerdo con la asociación de las aseguradoras para que sus agremiados ofrezcan productos de fácil acceso para los medios de comunicación que permitan ofrecer a su personal o las asociaciones de periodistas y/o los periodistas de forma personal puedan acceder a: • seguros de vida; • seguros contra demandas judiciales; • seguros para equipo de trabajo; • seguros para instalaciones, y/o • seguros de gastos médicos mayores. Por otra parte, se propone: A) Promover que el gobierno federal proporcione beneficios fiscales a medios de comunicación para que específicamente doten a su personal del equipo necesario y suficiente para su trabajo cotidiano, tal es el caso de radios, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, computadoras personales o tabletas, antivirus, automóviles, pago de gasolina, etc. Esto porque sus implementos son una herramienta de trabajo cotidiano, pero también pueden proporcionarle mayor seguridad personal. 160
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En caso de que lo anterior no pueda llevarse a cabo, promover entre las empresas de telefonía, de computación y tecnología, convenios con los medios de comunicación o periodistas de forma personal, puedan adquirir a precios favorables su equipo de trabajo.
3. Una vez declarada la desaparición legal, la familia reciba una pensión y los servicios de salud además de becas de estudio para hijas e hijos.
B) Promover, también por regiones, un programa de formación para periodistas en: periodismo de investigación, construcción de bases de datos, las nuevas formas del periodismo digital y cómo ejercerlo de forma segura, la ética como forma de protección esencial, el periodismo ciudadano, la especialización de la cobertura en periodismo se seguridad y judicial, acceso a información en México y otros países, entre otros.
El caso específico de la desaparición Promover las reformas legales necesarias y administrativas en los estados y a nivel federal para que, en caso de tratarse de periodistas y/o empleados de medios de comunicación que sean secuestrados o sufran desaparición forzada y que ello esté vinculada con el trabajo informativo de la empresa:
4. Que el gobierno garantice asesoramiento legal gratuito para que todos los trámites sobre propiedades y bienes se regulen, en caso de estar a nombre del trabajador o trabajadora desaparecida. 5. El gobierno, junto con su medio de comunicación tendrían la obligación de realizar una evaluación de riesgos para la familia tras la desaparición y en caso de que el riesgo sea alto deberá recibir la protección necesaria, sea en su ciudad, en otra o fuera del territorio nacional. 6. En caso que el periodista tras una desaparición forzada aparezca con vida pero impedido para trabajar, ya sea por mutilación de partes funcionales o porque su estado emocional e intelectual esté tan vulnerado que le impida realizar su labor periodística, que exista un mecanismo para que el gobierno y los medios de comunicación, de forma corresponsable, doten de atención psicológica y médica, y en caso extremo de una pensión digna y suficiente.
1. Las empresas periodísticas y el gobierno, de forma corresponsable, estén obligados a proporcionar apoyo económico y legal a las familias, además de que no pierda los beneficios de salud que tenía el empleado. 2. Se acorten los plazos para que la se declare la desaparición legal del desaparecido y que para realizar dicho trámite judicial se exente de todo costo a las familias, incluyendo el pago de la publicación de los edictos. 161
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Luis Raúl González Abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México
Es recomendable tomar medidas de prevención y sanción en las siguientes vertientes: 1. En materia de las agresiones más graves en contra de comunicadores y medios, es preciso insistir en la debida implementación y ejecución del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contemplado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012 y, como ya lo ha expresado Cencos, monitorear su desempeño y darle seguimiento. 2. Demandar que a la brevedad se expida la legislación secundaria derivada de la reforma al artículo 73, fracción XXI, Constitucional, del 25 de junio de 2012, por la que se faculta a las
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autoridades federales para conocer de los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, a fin de poder enfrentar, en una primera instancia, los embates del crimen organizado y particulares no identificados en las agresiones perpetradas contra comunicadores y medios. 3. De igual manera, impulsar ante el Congreso de la Unión la aprobación de la adición al Código Penal Federal, para que se incorpore el delito contra la libertad de expresión y acceso a la información, que se propuso junto con la regulación de la facultad de las autoridades federales para conocer los delitos contra periodistas, a que se refiere el punto anterior. 4. Una vez que se logre lo anterior a nivel federal, impulsar ante las correspondientes autoridades de las entidades federativas para que repliquen en sus respectivas leyes el tipo penal contra la libertad de expresión y acceso a la información, en cuyo caso el delito así creado podría atraerse al fuero federal. 3. Urgir a los órganos encargados de la procuración de justicia en el ámbito estatal, a dar curso oportuno y resolución legal a las denuncias por presuntos delitos del orden común relacionados en contra de comunicadores y medios, especialmente aquellos que se relacionan con servidores públicos del orden municipal y estatal. 4. Poner fin a la cultura de la impunidad que impera en todo el sistema de justicia penal y que ha propiciado el libre actuar de la delincuencia en todo los ámbitos, incluido el de las afectaciones contra comunicadores y medios de comunicación. 164
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5.Preparación y actualización de los jueces y magistrados del país sobre los estándares internacionales derivados de los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fortaleciendo la aplicación del control difuso en la materia. 6. Ante la evidencia de alto número de agresiones cometidas por servidores públicos estatales y municipales, es preciso exhortar a los organismos estatales de defensa de los derechos humanos, a fortalecer, crear o impulsar los programas de protección y agravios a periodistas y a los gobiernos estatales y municipales a promover una cultura de respeto a la democracia y a los derechos humanos. 7. Impulsar la derogación de los tipos penales difamación y calumnias en los códigos penales del fuero común que no lo han hecho y, en su caso, que el resarcimiento por exceso de la libertad de expresión sea a través de la vía civil. 8. Que el Estado desarrolle programas de concientización y educación hacia la libertad de expresión, teniendo como destinatarios especialmente a los funcionarios públicos, tendientes a crear una cultura en donde haya una mayor tolerancia a la crítica, entendiendo que cuando una persona está en la función pública, por elección o por designación, está sujeto a un nivel mucho mayor de escrutinio de su vida, incluso la vida privada.
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José Antonio Guevara Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF
1. Establecer una reunión con las organizaciones dedicadas a la protección de la libertad de expresión, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y comisiones públicas de derechos humanos para intercambiar experiencias en la documentación de casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión, con miras a emplear una misma metodología. 2. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración para que las organizaciones que representan víctimas de violaciones a la libertad de expresión cuenten con el respaldo de las instituciones públicas encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos.
entidades de la República en las que se encuentran la mayoría de los casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión para intercambiar buenas prácticas e identificar retos comunes. 4. Fomentar el intercambio de buenas prácticas y facilitar el diálogo para la homologación de criterios, así como métodos de trabajo de los diferentes mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en México como en América Latina. 5. Solicitar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a la Federación Mexicana de Ombudsman, así como al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la elaboración de sus respectivos diagnósticos sobre la situación de la libertad de expresión en el país, que contenga en particular, información sobre los casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como propuestas para enfrentar los problemas identificados, particularmente los estructurales.
3. Organizar reuniones periódicas entre las instituciones públicas encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos en los estados y 167
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Daño Reiterado A La Libertad De Expresión En México, CENCOS, 2012.
RAUL BENITEZ MANAUT Presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES AL INFORME: Informe sobre la situación de la libertad de expresión en México 2012.
CONSIDERACIONES GENERALES 1. A pesar de múltiples esfuerzos realizados por el gobierno mexicano que, por voluntad propia o por presión proveniente del gremio de los periodistas, organizaciones de derechos humanos, la opinión pública y sociedad civil, organismos internacionales u otros gobiernos, continúan dándose impunemente las agresiones contra periodistas y medios recomunicación. 2. El gobierno federal ha tenido éxito en transmitir la idea de que ha hecho todos los esfuerzos para la defensa del periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión.
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Sobre todo con la creación de la FEADLE, a pesar de sus limitaciones. 3. Es evidente que: • Las agresiones no sólo provienen de organizaciones criminales. • Los responsables frecuentes son en muchos casos autoridades del Estado, del nivel estatal y municipal; también hay casos de agresión del gobierno federal (como se observó el 1 de diciembre de 2012). • No hay ningún tipo de “presión política” a dichas autoridades responsables. • En el caso cuando son autoridades las responsables (caso Oaxaca), se oculta hasta donde sea posible el hecho, y si se denuncia cae la denuncia en un “agujero vacío”. • En el caso del crimen organizado, las autoridades o tienen miedo de realizar investigación profesional del crimen, o, si se da la judicialización, el no “debido proceso” deriva en la ausencia de justicia, lo que de hecho provoca la casi total impunidad. • La judicialización de los casos es extremadamente deficiente, a pesar de los esfuerzos de la FEADLE. 4. Esto deriva en una casi total impunidad, como lo demuestra el informe. 5. Esto tiene como consecuencia que la práctica de “autodefensa” más extendida entre el gremio de la prensa es la de autocensura, y NO el de la organización colectiva en defensa de su integridad y el derecho al ejercicio de la profesión y de la libertad de expresión. Esto es claro si se 170
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
observa el bajo grado de agresiones en dos estados de altos índices de violencia criminal: Baja California y Chihuahua. 6. La “disuación”, como mecanismo de presión al gremio, por parte de autoridades y organizaciones criminales, ha resultado exitosa. 7. Las deficiencias en dos procesos: investigación criminal e impartición de justicia, que afectan a todos los ciudadanos mexicanos, no importa su actividad profesional, ubicación de residencia, género o nivel socioeconómico, provocan elevados índices de impunidad. Esto es aprovechado, en relación con la elevada vulnerabilidad de los medios y los periodistas, como una deficiencia total del Estado para servir con su función de otorgar seguridad y justicia. Por ejemplo, si hubiera una investigación criminal profesional, probablemente la ausencia de “debido proceso” favorecería a los responsables, y afectaría a las víctimas. En caso de que los responsables sean funcionarios del Estado, entonces sería una violación de derechos humanos. En caso de que los responsables sean agentes privados (por ejemplo individuos o grupos criminales) entonces sería un acto delincuencial que deriva en no aclaración ni castigo.
RECOMENDACIONES El gremio del periodismo y los dueños de los medios de comunicación deben pasar de la autodefensa individual (autocensura) a la defensa colectiva. La autocensura es una forma de sobrevivencia (perversa y autolimitativa) y la autonegación de un derecho, para evitar ser agredido. Si no se pasa a la autoorganización y defensa colectiva, la situación va a continuar siendo la misma. 171
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1) Es un error pensar que la solución está sólo en el Estado. El poder ejecutivo federal ha creado comisiones, subsecretarias vinculadas a las áreas de derechos humanos y fiscalías. El poder legislativo ha emitido gran cantidad de leyes. Se han creado fiscalías estatales (por ejemplo la de Veracruz, entre otras), y la situación prevalece y se agrava (como sucedió en 2012 y se observa la misma tendencia los primeros cuatro meses de 2013). Se han otorgado medidas de protección (cautelares) a determinados periodistas y comunicadores, y sin embargo la situación prevalece. Todos los actores involucrados en el tema (dueños de medios, periodistas, organizaciones de la sociedad civil) deben aportar a las autoridades en sus distintos niveles (principalmente federal y estatales, pero en el caso de ciudades grandes también a nivel local que cuentan con medios propios), proyectos y recomendaciones para la mejor salvaguarda del derecho y ejercicio de la libertad de expresión, para evitar las agresiones y la autocensura. 2) Debe haber coordinación de las demandas presentadas al Estado. Tanto los propietarios de medios (sector muy difícil de que colabore debido a su estrecha relación con grupos de poder nacionales y estatales,y en algunos casos municipales), como los periodistas, deben de coordinarse para que la suma de esfuerzos individuales (demandas judiciales, por ejemplo) tengan desenlaces positivos. En otras palabras, debe existir PRESION POLITICA, y esta sólo se logra con la unión de esfuerzos entre el gremio amenazado. 3) Se debe asesorar el gremio de los comunicadores, con sectores de juristas y abogados. Se debe luchar de forma organizada para que la PGR y las procuradurías estatales profesionalicen la “investigación criminal” y ofrezcan resultados efectivos que permitan aclarar los casos y que la justicia condene a los autores materiales e intelectuales. 172
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
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4) Se debe fortalecer la conciencia en el gremio del nivel de riesgo, por ejemplo, con conferencias en las universidades que imparten las especialidades de periodismo u afines, entre estudiantes de nivel terminal. Los estudiantes próximos a ejercer la profesión deben conocer los problemas y riesgos inherentes a la profesión en un país como México.
9) Es recomendable que se de la creación de una asociación de defensa de los derechos humanos de los periodistas, que concentre denuncias, haga registros informativos e incluso pueda tener capacidad de tener equipos jurídicos. Esta es una tarea muy difícil de lograr, sobre todo por el nivel de desconfianza que existe entre los miembros del gremio.
5) Los dueños y directivos de las empresas de comunicación deben emprender medidas concretas de seguridad, por ejemplo, dotar de asesoría jurídica inmediata a periodistas agredidos o amenazados, y sistemas de protección y comunicación.
10) Para lo anterior, se deben construir “mecanismos de confianza” entre: • Propietarios y comunicadores • Gobierno y medios
6) Se debe estrechar el vínculo, que ya existe en algunos estados, entre los grupos de periodistas que crecientemente han asumido conciencia del riesgo, y las comisiones de derechos humanos, al igual que con organismos civiles (nacionales o internacionales) defensores de derechos humanos.
• Periodistas y gobierno
7) Se debe continuar estrechando relaciones con dirigentes políticos y legisladores sensibles a la prevalencia de violaciones a los derechos humanos, para que el tema de las agresiones a periodistas y medios de comunicación esté constantemente en la agenda de trabajo de los mismos
• Grupos de defensa nacionales e internacionales, sean organismos internacionales, organismos no gubernamentales de alcance trasnacional y gobiernos con sensibilidad positiva hacia el problema.
8) Se deben conocer las “mejores prácticas” que han emprendido algunos grupos de comunicadores en ciertos estados para expandir su conocimiento. O sea, en aquellos estados donde los periodistas han alcanzado niveles de organización positivo, y que logran tener una voz coordinada para mantener sus demandas sin que se restrinjan sólo a la protesta cuando aparece una situación de crisis, se deben transmitir esas experiencias. 173
• Entre periodistas • Académicos y periodistas • Grupos defensores de derechos humanos y periodistas
12) Se deben conocer experiencias de defensa de periodistas y medios de comunicación agredidos en otros países del mundo.
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Medio De Comunicación Alerta De Libertad De Expresión O Alerta Le. Es la herramienta a través de la cual se hace público un caso de agresión a la libertad de expresión a manera de denuncia pública, sintetizando los datos y los hechos. En este informe Alerta LE, resalta las características de preocupación en algunos casos de agresiones.
Violación A La Libertad De Expresión Toda agresión física, psicológica, o de cualquier otra índole, sin importar su origen en contra de una persona o medio de comunicación, debido a las opiniones o información que se ha publicado o planea publicar.
SUJETO AGREDIDO Sujeto Agredido El o la periodista; comunicador, comunicadora; editor, editora; directivo, directiva; trabajador, trabajadora del medio; reportero, reportera ciudadana; o medio de comunicación, que recibe la agresión a la libertad de expresión.
Periodista Es aquella persona, nacional o extranjera, que dedica parte de su tiempo a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información ya sea como profesión, de manera comunitaria, comercial, independiente o de cualquier otra índole en un medio de comunicación que puede ser impreso, radiofónico, digital, fotográfico o audiovisual. 175
Canal destinado a la información pública, puede ser impreso, de telecomunicación, digital, imagen, público, comercial, independiente o comunitario.
Personas Trabajadoras De Los Medios Toda persona o grupo de personas que pertenezcan a la estructura administrativa de un medio de comunicación que lleven a cabo actividades y/o que brinden un servicio dentro del proceso de la comunicación y difusión de información.
Reportero/a ciudadano/a Son aquellas personas que no se dedican de manera profesional al periodismo, que no tienen un medio ni fuente asignada, sin embargo, registran por medio de material audiovisual, fotográfico o testimonial con el fin de documentar hechos que presencian.
Otros Persona no vinculada al ejercicio del periodismo que sufrió una agresión con motivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información o a la libertad de prensa.
PRESUNTO RESPONSABLE Presunto responsable. Persona o grupo de quienes existen datos que permiten suponer que ha sido el autor de la agresión. 176
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Funcionario Público Toda persona que forma parte de la estructura administrativa del Estado en cualquiera de sus distintos niveles y poderes.
Militante de partido político Aquella persona que se identifica con los valores de un partido político y que puede o no estar afiliada al mismo. Particular Persona que responde a intereses privados y propios.
Desconocido No existen datos suficientes para presumir o determinar al presunto responsable.
Crimen organizado Grupo organizado que comete delitos en forma permanente o reiterada con fines de lucro.
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MEDIO DE COMUNICACIÓN Alcance del medio Nivel de cobertura geográfica que tiene un medio de comunicación, puede ser local, estatal, nacional o internacional.
Tipo de medio Es el canal por el cual la información se hace pública, puede ser impreso, digital, televisivo, radial y agencia.
No aplica Aquellas personas cuyo canal de información no está contemplado en las anteriores, pero su agresión está vinculada a los derechos de la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de prensa.
MOTIVO DE LA AGRESIÓN Contenidos
FUENTE Fuente Tema noticioso de la cobertura.
General Cobertura a diversos temas.
Sin Fuente
Motivada por opinar, generar, investigar, difundir, proveer, procesar o editar información de cualquier índole, a través de cualquier tipo de medio de comunicación.
Cobertura Motivada por cubrir el hecho noticioso en el lugar donde ocurrió.
Incluye a personas trabajadoras de los medios que no realizan cobertura informativa y a la ciudadanía que no labora en un medio de comunicación. 177
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DESGLOSE DE TIPOLOGÍAS DE AGRESIÓN Impedimento Informativo Obstáculos por los cuales se impide al Sujeto agredido la cobertura de la información.
Presión De Funcionarios Públicos Para Revelar Fuentes Cuando el Sujeto agredido es requerido en un proceso judicial o extrajudicial para revelar sus fuentes.
Presión editorial
GENERALES Desplazamiento forzado Personas que ante las agresiones, persecución o el clima de violencia dejan el lugar donde residen y/o trabajan.
Retiro forzado Cuando el Sujeto agredido decide retirarse de su profesión por no contar con las condiciones de seguridad para continuar con su labor, generalmente va sucedida de otro tipo de agresiones.
Toda acción que busca influir el sentido editorial de una publicación y que no necesariamente implica una agresión violenta contra el Sujeto agredido.
Acoso político y/o judicial Son actos de hostigamiento, vigilancia y seguimiento de manera extrajudicial por parte de funcionarios públicos contra el Sujeto agredido por motivo de su labor informativa.
Censura previa Restricción previa para evitar la divulgación de contenidos.
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10.- BIBLIOGRAFÍA • Article XIX-Centro Nacional de Comunicación Social. Protocolo para el registro, Documentación y Seguimiento de Agresiones a Periodistas. México, 2008. http://www.libertad-expresion.org.mx/presentacion-y-metodologia/
• Article XIX-Centro Nacional de Comunicación Social. La violencia en México y el derecho a la información. México, 2011. http://dl.dropboxusercontent.com/u/21215461/ARTICLE19-Cencos%20Informe%202010.pdf
• Committee to Protect Journalist. Ataques a la Prensa. Periodismo bajo fuego cruzado en 2012: México. http://cpj.org/es/2013/02/ataques-a-la-prensa-en-2012-mexico.php
• Comunicación e Información de la Mujer. Informe Diagnóstico: violencia contra mujeres periodistas México 20102011. México, 2012. http://www.cimac.org.mx/cedoc/publicaciones_cimac/informe_diagnostico_final.pdf
• Fundación Rory Peck Trust. Freelancers en México. Resultados de una encuesta: carencias y aspiraciones. Londres, 2008.
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• Nuestra Aparente Rendición. Tú y yo coincidimos en la noche terrible. México, 2012. • Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010. Washington, 2011,
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/ paises/2010%20FINAL%20CIDH%20Relator%C3%ADa%20 Informe%20Mexico%20Libex_esp-1.pdf
• Procuraduría General de la República. Sexto Informe de labores 2012. México, 2012. http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/2012/Sexto%20Informe%20de%20Labores%20de%20la%20PGR.pdf
¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
Leyes nacionales y tratados internacionales • Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
• Diario Oficial de la Federación, 15 de febrero de 2006, Acuerdo A/031/06 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2121102&fecha=15/02/2006
• Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2012, Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256052&fecha=25/06/2012
• Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2012. Decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. México, 2012. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256053&fecha=25/06/201
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¿POR QUÉ TANTO SILENCIO?
Daño reiterado a la libertad de expresión en México, Cencos, 2012.
Este Informe se terminó en mayo del 2013. Impreso en México 200 ejemplares Las tipografías usadas para su composición fueron: Century Gothic y Futura Las imágenes pertenecen a:www.sxc.hu El cuidado de la edición estuvo a cargo de: Cencos. Esta publicación fue financiada por:
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Centro Nacional de Comunicaci贸n Social A.C.