Revista Temática 2015 by Centro de Altos Estudios Nacionales

REVISTA TEMÁTICA DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES ESCUELA DE POST GRADO. No 01-2015 La Revista Temática es un órgano oficial de difusión del Centro de Altos Estudios Nacionales de Perú y se publica semestralmente. Esta revista publica artículos e informaciones referidas a temas de desarrollo, seguridad y defensa nacional. Su objetivo es difundir la producción académica de sus docentes, participantes y egresados, así como de las instituciones de las Fuerzas Armadas, instituciones académicas y comunidad en general. Busca además internalizar en nuestra sociedad una cultura de Defensa y Seguridad Nacional, acorde a la situación nacional y mundial.

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COMITÉ EDITORIAL Presidente :

Gral. Brlg. EP. Walter Astudillo Chávez Director General del CAEN-EPG

Director :

Dr. Carlos Castilla Bendayán Director de Investigaciones Académicas

Vocal : Mg. Darina Castro Rentería Jefe del Departamento de Doctrina Vocal : Crl Edwin Cruz Aspajo Director Académico

Editor responsable: Dr. Carlos Castilla Bendayán La Revista Temática se publica semestralmente. Dirección Postal: Av. Alejandro Iglesias, Cuadra 7, Chorrillos Telefax: 467-1304 Central Telefónica: 251-0692 / 467-1188 Anexo 132 web: www.caen.edu.pe / e-mail: informes@caen.edu.pe Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores y no Reflejan necesariamente la opinión de esta casa de estudios. El Comité Editorial se reserva el derecho de publicar o rechazar los artículos que no estén bajo la norma editorial de esta revista. Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2015-13530 Impreso en los talleres gráficos de: PRINLEY S.R.L. Dirección : Av. Militar N° 2473 - Lince Teléfono : 467-4033 2

Sumario CAEN: Rumbo al Bicentenario Gral Brig Walter Astudillo Chávez............................................................................................ 5 Derecho Ambiental y el Tribunal Constitucional del Perú Dr. Fernando Calle Hayen........................................................................................................... 15 Perú y su proyección hacia Centroamérica, México y EE. UU. Como puente del Pacífico Dr. Luis F. Popa Casasaya .......................................................................................................... 27 La ética del soldado en el Siglo XXI, la visión del Perú Dr. Roberto Vizcardo Benavides................................................................................................ 35 Método para elaboración de una Política de Seguridad y Defensa Nacional Mg. Yuri Núñez del Prado Guevara.......................................................................................... 47 Situación actual de la Educación Superior Universitaria en el Perú Dr. Antonio Pasquel Ruiz............................................................................................................. 57 Ciberseguridad vs. Ciberdelito Coronel EP Freddy Anthony López Vega Mercadante........................................................ 67 Los Derechos Humanos que el Estado debe reconocer a los miembros de las FF. AA. y PNP Mg. Angélica María Peña Hospinal.......................................................................................... 91 Aproximación de los métodos del Planeamiento estratégico Crl FAP Mirlko Báscones Arroyo............................................................................................... 103

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CAEN: Rumbo al Bicentenario Desde su creación en 1950, el Centro de Altos Estudios Nacionales, institución que nació en el seno del Ejército del Perú, fue una casa de estudios encargada de capacitar a oficiales del grado de coronel de esta Institución, sucesivamente fue abarcando mayores y más importantes responsabilidades, al incluir dentro de sus participantes a miembros de otras instituciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, así como también a destacados profesionales de los ámbitos de la actividad privada y del aparato estatal a quienes impartía aspectos del desarrollo y la seguridad nacional.

Actualmente, el CAEN ocupa un espacio importante en la vida del país, el que ha sido ganado en base al arduo trabajo y esfuerzo de todos sus componentes, quienes han logrado posicionar a este centro tanto a nivel nacional como internacional; hablar del CAEN es hablar de una institución que ha realizado importantes aportes al país y que ha formado a ilustres peruanos en todas las disciplinas y ciencias que han destacado con su trabajo. El CAEN de hoy no es el mismo al que fundase el ilustre José del Carmen Marín Arista, actualmente nuestra institución se muestra orgullosa ante la sociedad peruana como el centro de más alto nivel en la formación de profesionales en aspectos relativos a la seguridad y el desarrollo nacional, su proceso de modernización implica un cambio permanente en busca de la excelencia académica y abarca una serie de hitos, entre los cuales mencionaremos los siguientes: La Ley N° 28830, del 23 de julio de 2006, reconoció al Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN-EPG como un centro de capacitación a nivel de postgrado académico, facultado para organizar y desarrollar programas de Maestría y Doctorado, con mención en Desarrollo, Seguridad y Defensa Nacional y, en razón de ello, a conferir los grados académicos respectivos. A partir de la promulgación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 09 de julio de 2014, el CAEN-EPG pasó a ser una institución adscrita a la Presidencia del Consejo de 5

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Ministros, puntualizándose que su objeto es el perfeccionamiento a nivel de postgrado académico en las áreas de seguridad, desarrollo, defensa nacional, así como en las áreas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico aplicables a los temas antes mencionados. El Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Postgrado, CAEN-EPG, ofrece diversos programas de postgrado entre diplomados, maestrías y doctorados de primer nivel, y cuenta, además, con docentes graduados en las más prestigiosas universidades nacionales y extranjeras, con destacada trayectoria académica y presencia en la investigación, encargados de garantizar la alta calidad de nuestros programas, tal como lo visionó su fundador y primer director, el General José del Carmen Marín. Durante sus 65 años de vida institucional, el CAEN-EPG ha perfeccionado una metodología basada en el conocimiento profundo de la realidad nacional, la formulación de objetivos nacionales, la preparación de un proyecto nacional y de gobierno, entre otros aspectos, que sirven de base para realizar el planeamiento estratégico del desarrollo y la seguridad nacional; y ha renovado permanentemente su organización adaptándose a los cambios que demanda la educación superior a nivel de postgrado, con excelencia académica, para formar líderes en un mundo globalizado. El 2015 ha sido un año trascendental para la Institución, pues el proceso de reorganización que desarrolla le ha permitido efectuar importantes ajustes estructurales en el plano organizacional académico, orientados a hacer del CAEN-EPG un elemento decisivo en la educación a niveles de alta especialización, con visión y misión a la eficiencia que demanda la sociedad peruana y la comunidad internacional, que responda a las necesidades de desarrollo de nuestro país y de inserción en el mundo globalizado. El referido proceso de reorganización dejará asentados, sin duda, los cimientos que le permitan al CAEN-EPG alcanzar los objetivos, políticas y estrategias institucionales trazados y significará, asimismo, posicionarlo con consistencia en un escenario sumamente competitivo, donde el conocimiento y la modernidad constituyen verdaderos retos por superar para seguir siendo la institución líder del pensamiento estratégico del Estado y líder también en la capacitación e investigación en aspectos de seguridad, desarrollo y defensa nacional. Los miembros de la Comisión Reorganizadora, designados como consecuencia de la dación de la nueva Ley Universitaria, asumieron plenas funciones de gobierno, dirección, gestión y administración del CAEN, incluyendo, entre otras, la facultad de reformar su estatuto, así como normar y ejecutar las acciones correctivas que requieran los procesos de administración, reforma y modernización académica.

CAEN: Rumbo al Bicentenario

El CAEN viene adecuándose y modernizándose en los aspectos normativos, organizacionales, funcionales, administrativos, presupuestales y financieros, operando como Unidad Ejecutora en el Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, con capacidad de recaudar ingresos, ejecutar gastos, registrar y presentar los estados financieros, entre otros procedimientos autorizados por los sistemas administrativos del Estado, contando con el apoyo de los sistemas informáticos del Sector Público como: SIAF-SP-MEF, SIGA-MEF, SEACE-OSCE, SISPER-MEF y SIMI-SNB; cabe precisar que estas herramientas están permitiendo que el CAEN-EPG pueda desenvolverse con una mayor autonomía e independencia como institución, posicionándose en mejores condiciones para brindar un servicio público eficiente y de calidad, capacitando en el área de desarrollo, seguridad y defensa nacional dirigido a los oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y profesionales civiles. Como consecuencia de la independencia y autonomía organizacional, funcional y administrativa obtenida, el CAEN-EPG ha formulado, entre sus diferentes instrumentos, con el fin de desarrollar una cultura de planificación prospectiva, su Plan Estratégico 2015-2020, el que tiene por finalidad, dentro del proceso de modernización de la gestión del Estado, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El Plan Estratégico del Centro de Altos Estudios Nacionales constituye el primer pilar de la gestión pública por resultados, donde orienta y brinda información para la programación presupuestal multianual. Dicho documento normativo plantea un CAEN que disponga de programas académicos acreditados, procesos de gestión certificados mediante la herramienta ISO 9001-2008, donde se cuente con tecnología educativa de punta, procedimientos administrativos estructurados y estandarizados, personal docente y administrativo con capacidades competitivas, todo ello sobre el segmento de clientes donde vamos a ofertar nuestros servicios, como son los profesionales y el personal militar que labora en la administración pública.

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Plan Estratégico CAEN-EPG 2015-2020

Visión Ser un centro académico referente a nivel hemisférico, que aporte soluciones, con sustento cien fico, en el nivel polí co-estratégico para la seguridad y desarrollo nacional.

Misión Crear y difundir conocimientos en desarrollo, seguridad y defensa, forjando líderes iden ficados con la realidad nacional, con capacidad de propuestas de cambios, que coadyuven al bienestar general y al fortalecimiento de la iden dad nacional.

Esto se centra en una estrategia de liderazgo en costos y en diferenciación con respecto a nuestra competencia en temas de calidad, tiempo y costo, para lo cual buscamos alcanzar una organización excelente que esté alineada con el Plan Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, para así, en un corto plazo, establecer un programa presupuestal de capacitación que busque, entre otras cosas, mejorar la calidad del gasto de la institución y tener un sistema de gestión de indicadores que nos permita mejorar la evaluación, seguimiento y monitoreo de nuestro Plan Estratégico y Planes Funcionales. La desconcentración del CAEN, conceptualizada en un primer momento en la formación de cuatro Macrorregiones que serían la Región de Piura - Provincia de Piura, la Región Junín - Provincia de Huancayo, la Región Arequipa - Provincia de Arequipa y la Región Loreto - Provincia de Maynas, para lo cual se plantea el convenio con instituciones de prestigio regional, tales como las Cámaras de Comercio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, entre otros, que nos permita contar con un soporte en infraestructura, logística y profesional, respectivamente. Planteamos una alianza estratégica con los Gobiernos Regionales, Locales y las Fuerzas Armadas, MIDIS, MIMP, Devida, entre otros, para participar de una manera activa en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad mediante la Plataforma de Gestión Local y Plataforma Itinerante - PIAS dentro del marco de la implementación del PNAIA 2021, a través de un programa académico de inclusión social que se pueda llevar cabo 8

CAEN: Rumbo al Bicentenario

mediante una modalidad de programa itinerante, utilizando las embarcaciones fluviales de la Marina en el ámbito de la Amazonía y del lago Titicaca con la finalidad de capacitar a la población vulnerable del Perú y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida del poblador nacional.

MARCO ESTRATEGICO - CAEN EPG VISIÓN / MISIÓN PERSPECTIVAS/OBJETIVOS ESTRATEGICOS Mercado e Imagen Institucional Mejorar la participación del CAEN en el ámbito académico

Académico Investigación

Forjar líderes y profesionales que generen y difundan conocimiento innovador en desarrollo, seguridad y defensa nacional

Generar Recursos Financieras para sustentar el crecimiento institucional

ACCIONES ESTRATEGICAS

RECURSOS FINANCIEROS EQUILIBRADOS AMPLIACIÓN DE COBERTURA

Aprendizaje Organizacional y cultural Promover una cultura organizacional orientada a resultados

INCLUSIÓN SOCIAL

DESCENTRALIZACIÓN

INDICADORES Y METAS

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

EJE DE LA REFORMA

EJE ESTRATEGICO

EDUCACIÓN CON CALIDAD

Financiera

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Como consecuencia de la nueva visión y misión del CAEN-EPG, se ha adoptado un conjunto de acciones desde el punto de vista académico y de la investigación, orientado al logro de los objetivos y metas del planeamiento estratégico de la Institución, a fin de lograr su fortalecimiento y modernización, contratándose especialistas en acreditación, investigadores, planes curriculares, tecnología de información y personal de apoyo, entre otros. Para ello, se han actualizado y estandarizado los planes curriculares para los programas de Doctorado, Maestría y Diplomado, lo mismo se realizó con los sílabos, los que están elaborados por competencias y adaptados sobre la base de modelos internacionalmente aceptados. Una tarea muy importante ha sido la definición y planteamiento de nuevos programas académicos, se ha asumido el firme compromiso de desarrollar programas de Maestrías y Diplomados en convenio con instituciones públicas para fortalecer las capacidades de sus colaboradores y directivos. 9

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Estos programas están orientados a fortalecer las capacidades de funcionarios y profesionales en diferentes materias públicas dentro de los temas estratégicos del CAEN que son: seguridad, desarrollo y defensa nacional.

Los nuevos programas de maestrías son en desarrollo estratégico e inclusión social, la de ciencia, tecnología e innovación con mención en desarrollo estratégico nacional, la desconcentrada en gerencia pública y resolución de conflictos sociales, y la de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura; en el caso de los diplomados, el de seguridad ciudadana, el de gestión y prevención de conflictos sociales, el diplomado internacional en ciberseguridad y el del modelo peruano de desarrollo alternativo y el enfoque multidimensional contra el tráfico ilícito de drogas. En esta nueva etapa, el CAEN-EPG tiene presente el prestigio alcanzado por la institución y también la calidad que se debe brindar en la enseñanza a los participantes, es así que se toma especial cuidado al momento de seleccionar catedráticos para los módulos, cursos o asignaturas, evaluando el currículum vitae, metodología y experiencia académica, que tenga ética, respeto hacia los participantes y, sobre todo, que se enseñe de manera objetiva, evitando influencias políticas e intereses relativos. Igualmente, se ha iniciado el camino hacia la acreditación inicial con el proceso de autoevaluación de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional y la Maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional, con autorización del Sineace, organismo reconocido para la acreditación de programas de postgrado a nivel nacional. Con la finalidad de fortalecer el proceso de internacionalización del CAEN, se están desarrollando recientemente convenios marco y memorándums de entendimiento con destacadas universidades e instituciones académicas internacionales como el Korea Internet & Security Agency, organismo del Ministerio de la Ciencia de Corea, así como el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, entre los más destacados, los que permitirán contar con docentes globales con gran experiencia en temas de desarrollo, seguridad y defensa nacional. En el campo de la investigación, que constituye otro importante pilar de la labor que realiza esta casa de estudios, se han dado pasos muy importantes al definir claramente la líneas de investigación a desarrollar, se ha incorporado a la institución a investigadores de alto nivel y lo más importante es el hecho de haber establecido una alianza estratégica con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con la implementación de convenios marco y específicos entre nuestras instituciones que nos permitirán el desarrollo de 14 10

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proyectos de investigación sobre temas muy importantes para el quehacer nacional, los que no solo terminarán con la publicación de un texto académico, sino con una propuesta técnica para que el gobierno pueda tomar una decisión al respecto. Estos proyectos deberán ser concluidos el presente año y están referidos a los siguientes temas:



El impacto de la minería ilegal en el desarrollo y la seguridad nacional.



La tala ilegal y su impacto en la seguridad nacional.



El narcotráfico en el Perú.



Los recursos hídricos y energéticos como factores generadores de conflictos.



La protección de la Amazonía como prioridad de seguridad nacional.



La proyección geopolítica del Perú en la Antártida.



Visión de futuro de la seguridad ciudadana en el Perú.



El crimen organizado transnacional.



Factibilidad de creación de fuerzas intermedias en el Perú.



Los conflictos sociales y sus efectos en el desarrollo.



El ciberdelito como amenaza a la seguridad nacional.

 Los corredores bioceánicos y sus efectos en la seguridad nacional y en el desarrollo.



La reafirmación de la identidad nacional.



El empleo de la energía nuclear y la seguridad nacional

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Todas estas actividades no serían posibles sin el apoyo administrativo con el cual ahora ya se cuenta, nos encontramos en pleno proceso de fortalecimiento de nuestras capacidades en lo referente a la infraestructura, mobiliario, equipos técnicos, de proyección y sonido, de teleconferencias, informáticos, suficiente ancho de banda y el consiguiente apoyo técnico para que esto funcione adecuadamente. Somos conscientes del reto que esto significa, pero también somos conscientes que contamos con los valores, principios, doctrina y lo más importante, con nuestro capital humano que hará posible consolidar a nuestra institución como una de las más importantes en el ámbito académico nacional e internacional. Estamos seguros que si el General Marín pudiese ver al CAEN que él creó y la forma como se ha desarrollado y consolidado en el tiempo, estaría feliz de ver que su esfuerzo y dedicación no fue en vano, que su obra continúa vigente, que otras generaciones de peruanos de gran capacidad profesional y moral aún están en la brega, y que el lema que el acuñó para nuestra Institución “LAS IDEAS SE EXPONEN, NO SE IMPONEN” aún resplandece en nuestras mentes y en nuestros corazones.

GRAL BRIG EP WALTER ASTUDILLO CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DEL CAEN

“Nosotros los de cultura, podremos saber lo que es la Defensa Nacional, pero ¿podrá entender lo que es la Defensa Nacional un hombre pobre, sin trabajo que vive en una casa de esteras, sin techo, sin piso, con los hijos enfermos y él sin trabajo?...no, él no podrá entender la Defensa Nacional porque no tiene nada que defender. El bienestar condiciona la seguridad y por eso los planes de desarrollo y defensa deben ser concebidos y realizados simultáneamente y coordinadamente, de ninguna manera ni separados ni sucesivamente”. Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN

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El Derecho Ambiental y el Tribunal Constitucional del Perú Dr. Fernando Calle Hayen

Resumen En el presente artículo se analiza el papel del Tribunal Constitucional del Perú, dentro del marco Constitucional y el propio estado vela por que las leyes se den y apliquen dentro del ordenamiento Jurídico Constitucional. Por ello, los Derechos fundamentales vinculan tanto al estado como a los particulares; mayor aun cuando se trata de actividades que dañan o pueden dañar el medio ambiente. La protección del medio ambiente tiene que ver con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales a su vez el desarrollo sostenible de la calidad de vida del hombre en condiciones dignas, para ello debe tener presente la protección de la diversidad biológica y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica. Somos conscientes que el estado puede afectar también de alguna forma el medio ambiente equilibrado y adecuado, si las normas que expide o las prácticas administrativas en vez de colaborar con la conservación del medio ambiente o fomentarla genera su deterioro o reducción y desatiende la obligación de prevenir o la prevención contra el daño ambiental. De este modo, en el Estado Democrático y Social de Derecho no sólo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle normalmente en condiciones ambientales aceptables. En este contexto el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado debe considerarse como un componente esencial e indispensable para el goce efectivo de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Palabras clave: Tribunal Constitucional, medio ambiente, derechos, estado de derecho

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Abstrac In this article the role of the Constitutional Court of Peru, within the framework of the Constitution and the state itself ensures that laws be applied within the legal and constitutional system is analyzed. Therefore, fundamental rights bind both the state and private individuals; even greater when it comes to activities that harm or may harm the environment. Protecting the environment has to do with the handling, use, development and conservation of natural resources in turn sustainable development of the quality of human life in dignity, for it must bear in mind the protection of biological diversity and conservation areas of special ecological importance. We are aware that the state can somehow affect the balanced and adequate environment, if the rules or administrative practices issued instead of collaborating with the conservation of the environment or promote it generates its deterioration or reduction and disregard the obligation to prevent or prevention against environmental damage. Thus, in the democratic and social state of law it is not only about ensuring the existence of the person or any of the other rights in the human condition you are recognized, but also to protect it from environmental damage in existence that unfolds in order to allow life to develop normally acceptable environmental conditions. In this context, the right to a balanced and adequate environment should be considered an essential and indispensable for the effective enjoyment of other fundamental rights recognized by the Constitution and international treaties on human rights component. Keywords: Constitutional Court, the environment, rights, rule of law

1.- El Medio ambiente y la Constitución Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son efectivamente derechos subjetivos pero también constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión de los derechos fundamentales se traduce, por un lado, en exigir que las leyes se apliquen conforme a los derechos fundamentales (Efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, por otro, en imponer sobre todos los organismos públicos un deber de tutelar dichos derechos.

Ello no significa que tales derechos sólo puedan oponerse a los organismos públicos.

El Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que, en nuestro

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sistema constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a los particulares. En el caso de autos, la responsabilidad del Estado la comparte, entre otros, con los particulares que promueven actividades que dañan o pueden dañar el medio ambiente. Es sabido que, a través de nuestra historia constitucional (constitución de 1979 y de 1993) se ha puesto énfasis en el cuidado del medio ambiente, tal es así que las citadas normas fundamentales dedican capítulos exclusivos para tutelar dichos derechos. En el artículo Nº 119 del Capítulo II de la Constitución Política de 1979, se señala que “El Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para impulsar el desarrollo económico.” Asimismo el numeral 22º del artículo Nº 1 del Capítulo I de la Constitución de 1993, que toda persona tiene derecho a “A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”, así también el artículo 67º del Capítulo II señala que el Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, además de estar obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Dichas normas constitucionales no hacen sino respaldar el desarrollo constitucional de protección al medio ambiente en nuestro país; establecido por los convenios y tratados internacionales los cuales el Perú ha ratificado. El derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, reconocido en el artículo 2°, inciso 22) de la Constitución, supone, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad. De lo contrario su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. En ese sentido; el derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado se encuentra ligado a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas, pues por intermedio de él las personas humanas desarrollan su vida en condiciones dignas. De otra parte este derecho también se concretiza en el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado, que entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute, y para los particulares de proceder de modo similar cuando sus actividades económicas incidan, directa o indirectamente, en el medio ambiente. De este modo, en el Estado Democrático y Social de Derecho no sólo se trata de garantizar la existencia de la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir que su vida se desarrolle normalmente en condiciones ambientales aceptables. En este contexto el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado debe considerarse como un componente esencial e indispensable 17

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para el goce efectivo de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. De ahí que este derecho, en su dimensión prestacional, imponga al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el medio ambiente sano y equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención de daños de ese ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una vida digna. Dentro de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar tiene especial relevancia la tarea de prevención y, desde luego, la realización de accione destinadas a ese fin. Así, la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan. De este modo, la protección del medio ambiente puede hacerse efectiva desde la previsión de medidas reactivas que hagan frente a los daños que ya se han producido, pasando por medidas que hagan frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan (prevención), hasta medidas que prevean y eviten amenazas de daños desconocidos o inciertos (precaución). El Estado también debe velar por la utilización racional de todos lo recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las personas y defender y restaurar el medio ambiente dañado, puesto que el desarrollo sostenible involucra un conjunto de instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con un desarrollo armónico del medio ambiente. Por tanto, el Estado puede afectar el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado si es que, como consecuencia de decisiones normativas o prácticas administrativas que, por acción u omisión, en vez de fomentar la conservación del medio ambiente, contribuye a su deterioro o reducción y, en lugar de auspiciar la prevención contra el daño ambiental, descuida y desatiende dicha obligación. En buena cuenta el Estado está obligado a velar por la conservación y debida protección del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales y el medio ambiente de la Nación. Y es que la protección del medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica, el desarrollo sostenible y la calidad de vida del hombre en condiciones dignas. 18

El Derecho Ambiental y el Tribunal Constitucional del Perú

El derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado como límite a los derechos fundamentales. En este punto conviene recordar nuestra asentada doctrina sobre la limitación de los derechos fundamentales. En ella se ha afirmado que no existen derechos fundamentales ilimitados y que, por el contrario, tienen sus límites que en relación a los derechos fundamentales establece la Constitución por sí misma en algunos derechos, mientras que en otros derechos el limite deriva de manera mediata o indirecta de tal norma, en cuantos ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos fundamentales, sino también otros bienes constitucionales protegidos. Pues bien, teniendo presente que los derechos fundamentales no son ilimitados, corresponde determinar si la protección de los derechos a un medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud constituyen límites legítimos al ejercicio de los derechos al trabajo, a la libertad de empresa y a la libertad de contratación. Ello debido a que la realización de ciertas actividades como la importación de vehículos usados, motores, partes, piezas y repuestos usados para vehículos de transporte terrestre, el transporte público, la emanación de gases tóxicos por parte de las fábricas, todas estas constituyen actividades económica que está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos para que pueda realizarse. La libertad de empresa consagrada por el artículo 59.° de la Constitución se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Consecuentemente, dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley, siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan de la seguridad, la salud, la moralidad o la preservación del medio ambiente. Con relación a la libertad de trabajo consagrada por el artículo 2.°, inciso 15) de la Constitución, debe subrayarse que ésta debe ser ejercida con sujeción a la ley, siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan de la seguridad, la higiene, la salud, la moralidad o la preservación del medio ambiente. En tal línea, el artículo 59.° de la Constitución establece que el ejercicio de las libertades de trabajo y de empresa “no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas, ni al medio ambiente”. La protección del medio ambiente tiene entonces una doble dimensión; por un lado, constituye un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger los recursos naturales de la Nación; y por otro, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida en condiciones dignas.

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2.- La Constitución Ecológica Tomando en cuenta doctrina y jurisprudencia constitucional comparada se ha denominado al conjunto de disposiciones de la Carta fundamental, referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, Constitución Ecológica (STC 3610-2008PA/TC, fundamento 33). Así, el artículo 66 de la Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por su parte, el artículo 67º de la Constitución dispone que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. De otro lado, el artículo 68º de la Constitución prescribe: “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”; en esa línea, el artículo 69 señala: “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía”. El Tribunal Constitucional ha señalado en la STC Nº 3610-2008-AA, la importancia de la Constitución Ecológica, Sobre en particular, el Tribunal entiende que la tutela del medio ambiente se encuentra regulada en nuestra “Constitución Ecológica”, que no es otra cosa que el conjunto de disposiciones de nuestra Constitución que fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, tema que ocupa un lugar medular en nuestra Ley Fundamental. Tal como en su momento fue desarrollado por la Corte Constitucional Colombiana, en criterio que es compartido por este Tribunal, la Constitución Ecológica tiene una triple dimensión:

Como principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. - Como derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. - Como conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares, “en su calidad de contribuyentes sociales”.

De ahí que se derive un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar y promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia. Desarrollando los alcances de los artículos constitucionales referidos, el artículo 9º de la Ley General del Ambiente, Ley N.º 28611, establece: “La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 20

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ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”. El enunciado legal materializa lo determinado en la llamada Constitución Ecológica. Así, en primer lugar, al ser los recursos naturales, in totum, patrimonio de la Nación, su explotación no puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de las generaciones presentes y futuras. En segundo lugar, los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce. Una perspectiva que no debe ser soslayada es la relativa a la consideración de los servicios ambientales que prestan ciertas áreas del territorio de la Nación. Recursos que, en algunos casos, benefician no sólo al país, sino también a la región e inclusive a todo el planeta; por ejemplo, la captura de carbono realizada por la selva amazónica. Por ello, la relevancia de que el Estado asuma la protección de esta riqueza mediante la exhaustiva fiscalización de la explotación de las riquezas ubicada en estas zonas. Una de las formas de protegen estas riquezas, que además suelen ser ecosistemas frágiles, es la implantación de áreas especialmente protegidas. Con ello se deberá evitar la afectación o disminución de la calidad de los servicios ambientales, como puede ser el caso captación y almacenamiento de agua.

Desarrollo sostenible y generaciones futuras

El uso sostenible de los recursos naturales comporta la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de dicha diversidad, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. De igual modo, cuando se explotan recursos no renovables, como los hidrocarburíferos, debe cuidarse en no comprometer aquella diversidad biológica. Al respecto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, conocida también como la Comisión Brundtland, emitió un informe en el que definió el desarrollo sostenible como aquel proceso en donde se asegura la satisfacción de las necesidades humanas del presente sin que se ponga en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades y que, por ende, involucre la utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales que acrecienten el potencial actual y futuro de los recursos naturales en aras de atender las necesidades y aspiraciones humanas (véase STC 0048-2004AI/TC). 21

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En dicho informe también se expresa que el “desarrollo sostenible no es un estado concreto, sino un proceso de cambio en donde la explotación de recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de los desarrollos tecnológicos y los cambios institucionales, deben ser consistentes con el futuro así como con el presente”. Como se aprecia, la perspectiva del desarrollo sostenible busca equilibrar el esquema de la economía social de mercado con el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. Es una maximización de las ganancias o utilidad frente a la calidad del entorno que sufre el desgaste de la actividad económica. En tal sentido, con el principio sostenibilidad (artículo V de la Ley General del Ambiente) se pretende modular esta actividad económica a la preservación del ambiente, el mismo que tendrá que servir de soporte vital también para las generaciones venideras. Así, los derechos de las actuales generaciones no deben ser la ruina de las aspiraciones de las generaciones futuras. Cabría advertir, no obstante, que no se trata de preservar exclusivamente el legado ambiental, sino también aspectos relativos al ámbito cultural. Es decir, que nuestra deuda con las generaciones futuras no se agota en aspectos ambientales, que si bien forman parte esencial del concepto desarrollo sostenible, no se agota en él. En suma, de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 22), y de los artículos 66º, 67º, 68º y 69º de la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia es el reconocimiento de que los recursos naturales -especialmente los no renovables-, en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y que los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto.

3.- Política Nacional del Ambiente (STC Nº 0053-2004-AI/TC) El artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2º, inciso 22) de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”. 22

El Derecho Ambiental y el Tribunal Constitucional del Perú

Dicha política debe promover el uso sostenible de los recursos naturales; ergo, debe auspiciar el goce de sus beneficios resguardando el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico de la Nación y la protección y conservación de un disfrute permanente. El uso sostenible obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y, específicamente, de sus recursos naturales. Por ende, el Estado se encuentra obligado a promover y aceptar únicamente la utilización de tecnologías que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos, evitando que su uso no sostenido los extinga o deprede. Es dentro de ese contexto que el Estado se encuentra obligado a auspiciar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales objeto de protección. En consecuencia, de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66º y 67º de la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los recursos naturales -especialmente los no renovables- en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto.

4.- El Bloque de constitucionalidad para una mejor Tutela del Derecho de un ambiente equilibrado El Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia la importancia del bloque de constitucionalidad para un mejor desarrollo interpretativo de los derechos fundamentales, es así que en nuestro ordenamiento jurídico, la referencia al parámetro de constitucionalidad o Bloque de la Constitucionalidad, tiene como antecedente inmediato el artículo 22° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que hoy se incorporó en el artículo 79° del Código Procesal Constitucional como principio de interpretación, cuyo tenor es: “(...) para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”. En estos casos, las infracciones directas a las normas que conforman el parámetro de constitucionalidad determinarán, por consiguiente, afectaciones indirectas a la jerarquía normativa de la Constitución, como lo prevé el artículo 75° del Código Procesal Constitucional. En el caso concreto de los derechos fundamentales concernientes al medio ambiente equilibrado y adecuado existen una serie de normas que, aunque no gozan de rango constitucional, ayudan una mejor interpretación. 23

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Es importante destacar que desde la reunión de Estocolmo – inclusive antes-, Johannesburgo (Sudáfrica), la reunión mundial de Asociaciones de Derecho ambiental en Limoges, La Cumbre de la Tierra, entre otros; muchos estados viables sin incorporar el tema en el marco constitucional de sus países, fueron desarrollando, vía jurisprudencial y normas locales, la preservación del medio ambiente y lo que es más importante, una conciencia ambiental en sus naciones; situación que es hacia donde deberíamos orientarnos fundamentalmente; es decir, la utilización del desarrollo de la ciencia para el cuidado de la vida, orientada más que a la norma, al cumplimiento de la misma, fortaleciendo la convicción consciente de su necesidad, algo como ciencia con conciencia.

Dr. Fernando Calle Hayen

bogado, Doctor en Derecho, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Magíster en Derecho Constitucional, Universidad Nacional Federico Villarreal, Curso “Internacional Business Transactions” (Derecho Empresarial Internacional) de Washington College of Law American University, en convenio con la Universidad de San Martín de Porres Ex Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, Diplomado en Metodología, didáctica y valoración del enseñamiento de Derecho. Profesor Universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Profesor Distinguido del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Doctor Honoris Causa de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

“No hay Defensa sin Desarrollo, ni Desarrollo sin Defensa” Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN

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Perú y su proyección hacia Centroamérica, México y EE. UU. Como puente del Pacífico Dr. Luis F. Popa Casasaya

Resumen En el nuevo Orden Internacional, el eje geopolítico se ha desplazado del Atlántico norte hacia todo el océano Pacífico, en donde concurren viejas potencias mundiales, como Estados Unidos, Rusia y Japón, y nuevas como China, Canadá y Australia, sin dejar de lado el potencial de la India y Sudáfrica, cercanas al eje, teniendo en cuenta las nuevas y vibrantes economías de Corea del Sur, Singapur, Malasia y Taiwán. En el mismo eje están los cuatro países de Latinoamérica que han tenido un crecimiento sostenible en la última década, nos referimos a México, Colombia, Chile y Perú. De ahí la importancia peruana de potenciar sus puertos como vía y punto de dos salidas y entradas artificiales del Atlántico hacia el Pacífico, el canal de Panamá y el próximo canal de Nicaragua, unido al enlace de los mismos con el puerto de aguas profundas del Mariel, Cuba. Por otro lado, la creciente inserción peruana necesita de una diplomacia más proactiva, que vaya desde lo político-comercial a una mayor capacidad cooperativa con la seguridad internacional en temas vitales como el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos. Palabras clave Perú, Alianza del Pacífico, Chile, terrorismo, narcotráfico, canal de Panamá, país puente, Estados Unidos, economía de mercado.

Abstract In the new international order, the geopolitical axis has shifted the entire North Atlantic to the Pacific Ocean, where concur old world powers like the United States, Russia and Japan, and new as China, Canada and Australia, without neglecting the potential of India and South Africa, close to the axis, taking into account new and vibrant economies of South Korea, Singapore, Malaysia and Taiwan. On the same axis are the four Latin American countries that have sustainable growth in the last decade, we refer to Mexico, Colombia, Chile and Peru.

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Hence the importance of promoting Peruvian ports as a way point and two outputs and artificial entries from the Atlantic to the Pacific, the Panama Canal and Nicaragua next channel, attached to link them with the deepwater port of Mariel , Cuba. On the other hand, the growing Peruvian insertion requires a more proactive diplomacy, going from the political-commercial cooperative capacity to greater international security at vital issues such as terrorism, drug trafficking and money laundering. Keywords: Peru, Pacific Alliance, Chile, terrorism, drug trafficking, Panama Canal, bridge country, the United States, market economy.

Introducción En el nuevo escenario internacional que surgió después de la caída de la Unión Soviética y el inicio del proceso de globalización, el eje de la geopolítica mundial cambió, se desplazó del Atlántico hacia el Pacífico. Era algo que en la práctica se estaba produciendo, fundamentalmente a partir del llamado “milagro japonés” en la década del sesenta y el ulterior desarrollo de países de la zona asiática como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, entre otros, así también el descomunal surgimiento y poderío de China; incluyendo, además, el despegue de economías como Tailandia y Vietnam. Sin olvidar los dos países anglosajones, Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte, en la otra orilla del Pacífico se unían las economías canadiense y norteamericana, respectivamente. Es así que durante la década de los noventa, países de Latinoamérica, con el nuevo resurgimiento de regímenes democráticos y la búsqueda de la estabilidad económica, comienzan a rediseñar un nuevo perfil de integración. Chile, que venía llevando con éxito el modelo de economía de mercado, va encaminando su desafío político hacia un camino de unidad de las fuerzas políticas internas y la idea de que es la vía de bienestar para la nación. México, por su parte, entiende que es en la alternancia del poder político lo que puede procurar una de las bases sólidas para un gran impulso económico. Colombia, apostando a que la solución del conflicto armado es la clave para que sus esfuerzos y desarrollo económico den resultados. A esto se une el Perú, que desde finales de la década de los sesenta venía buscando distintas vías para un despegue y desarrollo económico y que después de ensayar alternativas desde el Estado se encuentra en los ochenta y principios de los noventa en la encrucijada de su historia, reuniendo todas las características para ir por la senda de convertirse en un estado fallido o estado paria: terrorismo, hiperinflación (como ejemplo tenemos que la inflación acumulada durante los cinco años del primer gobierno de Alan García fue de más de 2’000.000%), narcotráfico, con más de la mitad de la población marginada en la pobreza, con un Estado elefantiásico y la corrupción instalada en todos los niveles del gobierno de turno.

Perú y su proyección hacia Centroamérica, México, EE.UU. como puente del pacífico

En el Perú del nuevo milenio, comienzan a enrumbarse no solo el nuevo modelo económico basado en la economía de mercado, sino que se respeta la alternancia del poder a través de elecciones libres, la plena libertad de expresión y la garantía de los entes electorales nacionales y veedores internacionales que posibilitan el proceso democrático, produciéndose por vez primera en su historia republicana un largo período de estabilidad democrática, piedra angular de su actual desarrollo económico, lo que ha posibilitado su inserción e integración regional y global. Dentro de este nuevo eje geopolítico faltaba la nueva ubicación y redefinición de la Rusia postsoviética, que había caído en un “agujero negro” (Brzezinski, 94), que a partir de la llegada de Vladimir Putin al poder comenzó a posesionarse en el escenario internacional. De esta manera queda conformado el eje geopolítico del Pacífico, las economías asiáticas encabezadas por China y Japón, los cuatros países anglosajones con Estados Unidos a la cabeza, y las cuatros economías de mercado del Pacífico latinoamericano (Chile, Perú, Colombia y México). A la poderosa Europa occidental, es decir, la Unión Europea, solo le queda como alternativa buscar la alianza con los países del nuevo eje geopolítico.

Perú, la Alianza del Pacífico y Norteamérica

Perú, con una economía con crecimiento sostenible entre el 5% y 4% anual durante varios años, con varios TLC concertados, principalmente con las mayores economías del planeta y fundamentalmente su vocación integracionista como sentido fundamental de su política exterior, principalmente durante la administración del presidente Ollanta Humala, tiene las mejores condiciones e intenciones de potenciar la Alianza del Pacífico como integrador y puente con otras economías de la región y el mundo.

Perú-Chile. Nunca antes las relaciones entre los dos países han estado en mejores condiciones y expectativas de desarrollo, por lo cual los líderes de ambos países procuran que en la integración de las economías está no solamente el bienestar de sus pueblos, sino el mejor dialogo político. El diferendo marítimo resuelto en la Corte Internacional de La Haya es un ejemplo de buena voluntad entre ambas naciones, independientemente de las interpretaciones que se puedan dar.

Perú-Colombia, una relación beneficiosa, al ser la economía colombiana un ejemplo en cuanto a la diversificación de su producción. Integradas ambas es un potencial sudamericano. Los puertos peruanos y colombianos, lejos de ser competencias, son complementarios. La paz en Colombia contribuirá no solamente a su estabilidad política, sino también a un mayor desarrollo económico en beneficio también de la Alianza del Pacífico. 29

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3. Perú-México. La nación azteca representa para Perú, no un obstáculo, sino más bien su socio de América del Norte, primero por compartir intereses comunes y además por ser el socio norteamericano de la Alianza del Pacífico. Hoy, México representa para el Perú el país estratégico que nos vincula dentro de la nueva estrategia marítima que se diseña en Centroamérica y el Caribe con la ampliación del canal de Panamá, la construcción de un canal en Nicaragua y el megapuerto cubano-brasileño de Mariel. Las economías de ambas naciones también son complementarias, solo faltaría mayor colaboración desde el orden estatal y de la empresa privada. Sin olvidar la colaboración sistemática en la lucha contra el narcotráfico, a través de su incremento e intercambio de experiencias en la información y la capacitación. De gran significado en esta relación es el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado por los presidentes Enrique Peña Nieto y Ollanta Humala el 17 de julio del presente año, que establece compromisos y beneficios en los rubros de comercio de bienes, servicios y capitales, protección de inversiones, mecanismos de solución de controversias y asuntos institucionales.

Entre las cuatro naciones, con el beneficio de la entrada de la hermana República de Panamá, la Alianza del Pacífico es el interlocutor válido con los dos países restantes de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y con el resto de las potentes economías asiáticas.

Perú, país puente del Pacífico

Perú fue un país que por su ubicación geográfica estaba lejos de los centros de poder y como se decía, “en un rincón obscuro del planeta”. Hoy día está situación ha cambiado, nuestro país es un actor ubicado en la tabla media del escenario mundial, pero con su política integracionista está potenciando aún más su ubicación. No solamente por su integración a la Alianza del Pacífico, sino como puente integracionista de algunos países sudamericanos. Tales son los casos: 1. Bolivia y su potencial energético y su no salida al mar. Perú es una vía del hermano país hacia el mercado del Pacífico sur y norte.

3. Sin embargo, el de mayor presencia y de gran beneficio es Brasil, el gigante sudamericano, que en un estrecho vínculo con Perú se estaría aprovechando la Amazonía que ambos comparten para que Brasil pueda, por qué no, ser un socio de la Alianza del Pacífico, y de ese modo sería Perú la vía brasileña no solamente asiática, sino también para la costa oeste de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá). Pero, además, Perú podría contribuir como puente de Brasil para ser

Caso similar al anterior es Paraguay y sus exportaciones a dicho mercado.

Perú y su proyección hacia Centroamérica, México, EE.UU. como puente del pacífico

puente de dos miembros del BRICS, que no están vinculados al eje del Pacífico, como son la India y Sudáfrica.

4. Y, finalmente, Perú como país de la Alianza del Pacífico, al igual que México, que además es parte del Nafta, por lo cual ambos son puentes entre ambas organizaciones regionales. Destacando que tanto el Perú como México están vinculados al Mercosur, como asociado y observador, respectivamente.

5. Con la construcción del megapuerto de aguas profundas del Mariel, Cuba, la construcción del canal de Nicaragua y la ampliación del canal de Panamá, Perú quedaría como un punto de enlace entre las tres bases y vías marítimas como enlace del Pacífico sur, de ahí la importancia de ampliar los puertos peruanos, en especial los del norte y el Callao.

Conclusiones Aunque nuestra ponencia se ha centrado en factores de integración económica y comercial, en lo cual se basa el mundo actual, un mundo de desarrollo y paz, queremos hacer patente que los vínculos del Perú con la comunidad internacional, en especial dentro de la Alianza del Pacífico y su proyección con países como México, está también sustentados en las preocupaciones y problemas que nos aquejan como parte del sistema de naciones, es decir:

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El combate y la colaboración internacional contra el fenómeno del terrorismo internacional y cualesquiera que sean sus variantes, religiosas, ideológicas y políticas. De ahí, la visión y proyección estratégica de nuestro Estado en este sentido, particularmente dada nuestra condición de país productor de coca. El combate al flagelo del narcotráfico y sus consecuencias, así como la lucha sistemática contra el crimen organizado del llamado G9 de las mafias. La lucha contra la eliminación de la pobreza a partir de la integración y colaboración con todos los países. La búsqueda y mantenimiento del cuidado de nuestro ecosistema y medio ambiente. Perú, como país responsable que es, de ese pulmón y zona biodiversa del planeta, que es la Amazonía, está consciente de esa responsabilidad y que comparte con otros países hermanos de la región. Y, finalmente, Perú como país pacifista y colaborador de los arreglos de los diferendos y conflictos internacionales por la vía del dialogo y el derecho internacional.

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(1) Ponencia presentada en el VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) celebrado en julio de 2015 en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Dr. Luis F. Popa Casasaya Diplomático cubano (r), Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, Cuba. Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México D.F., Magíster en Sociología por la PUCP y Doctor en Ciencias Sociales por la UNMSM. Tiene estudios de inglés en la Academia Berlitz de Londres. Ha servido como diplomático en el Reino Unido, México, Guinea-Conakry, Ginebra, Surinam y Perú. Es analista y consultor internacional. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del CAEN. Actualmente tiene a su cargo en la PUCP, la investigación “La influencia de los grupos económicos del Perú en la toma de decisión de la política exterior peruana”.

“El Estado como organismo representativo de la sociedad, tiene por finalidad suprema alcanzar y mantener el bienestar de todos los miembros de aquella; esa es su razón de ser y el objetivo último de su acción o sea de su política”. Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN

PENSAMIENTO

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La ética del soldado en el siglo XXI, la visión del Perú Dr. Roberto Vizcardo Benavides

Resumen La Constitución Política del Estado peruano, sancionada en 1993, en su artículo 1º establece con claridad que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. De ahí se origina la conceptualización del Bien Común, planteado por el CAEN, como fin supremo del Estado. En esa misma línea, la inspiración fundacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Postgrado, CAEN-EPG (antiguamente CAEM, por lo de Militares), subyace en la teoría filosófica del humanismo, es decir, en el respeto profundo por la dignidad del ser humano, la libertad y la igualdad, considerando al hombre como el fin, antes que como medio. Como toda sociedad conformada por seres humanos sujetos a normas, muchas veces contra su voluntad y en oposición a sus legítimos y naturales deseos, el rigor histórico, en el caso peruano, tiene un rico ancestro en el Imperio de los Incas, cuyas máximas virtudes se refieren a la honestidad, laboriosidad y veracidad; esta trilogía virtuosa configura una característica especial y diferenciadora de cualquier otro grupo humano. No hay registros de alguna conexión entre la cultura inca y la cultura griega, pero es evidente que en aquella la ética estaba presente en todos los actos de la vida, desde el soberano hasta el último súbdito, pues el quebrantamiento a tal trilogía suponía grave falta y, consecuentemente, drástica sanción.

Palabras Clave: Humanismo, ética, persona humana.

Abstract As any society formed by human beings subject to rules, often against their will and in opposition to its legitimate and natural desires, the historical accuracy, in the Peruvian case, has a rich ancestor in the Empire of the Incas, whose highest virtues relate to honesty, industriousness 35

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and veracity, trilogy applicable to the whole of the society of the Inca, including to the Imperial Army. It is true that modern, globalized world, technology and other factors provide an important part in the attitude of the soldier of these times; However, the Peruvian case, are additional variables that outline their behavior in the heir and representative of a culture forged in adversity. Peruvian soldier, therefore, is custodian of a great cultural legacy. In this way, one of the most important standards that guide its actions, it constitutes the “Manual of ethics professional of the staff military of the forces armed of the Peru”, instrument of consultation mandatory for all military personnel. Both the Manual and the code of ethics of the forces armed of Peru, constitute the basis on which rests the doctrine and the practice in carrying out the mission that the fundamental Charter of the nation allocates to the institutions responsible for ensuring internal and external security and the sovereignty of the country. Keywords: Humanism , ethics, human person.

Como toda sociedad conformada por seres humanos sujetos a normas, muchas veces contra su voluntad y en oposición a sus legítimos y naturales deseos, el rigor histórico, en el caso peruano, tiene un rico ancestro en el Imperio de los Incas cuyas máximas virtudes se refieren a la honestidad, laboriosidad y veracidad, trilogía aplicable al conjunto de la sociedad incaica, incluyendo al Ejército Imperial. Es cierto que la era moderna, el mundo globalizado, la tecnología y otros factores aportan una parte importante en el actuar, en la actitud del soldado de estos tiempos; sin embargo, para el caso peruano, son variables adicionales que perfilan su comportamiento en cuanto heredero y representante de una cultura forjada en la adversidad. El Soldado peruano, por tanto, es depositario de un magnífico legado cultural. De esta manera, en el Perú una de las más importantes normas que orientan su actuación, constituye el “Manual de Ética Profesional del Personal Militar de las Fuerzas Armadas del Perú”, instrumento de consulta obligatorio para todo el personal militar. Tanto el Manual como el Código de Ética de las Fuerzas Armadas de Perú, constituyen la base sobre las cuales se asienta la doctrina y la praxis en el cumplimiento de la misión que la carta fundamental de la nación asigna a las instituciones encargadas de velar por la seguridad interna y externa y la soberanía del país.

La ética del soldado en el Siglo XXI, la visión del Perú

Ethos, ética y moral Conviene realizar una breve conceptualización sobre la etimología de la ética, para abordar con claridad el objeto del tema que estamos tratando. Se considera que el “ethos” (el carácter –aquella actitud adquirida por hábito– en su sentido filosófico) es la raíz a partir de la cual brotan todos los actos humanos, teniendo este vocablo una acepción mucho más amplia a la que se da a la palabra “ética”. En tal sentido, el hombre a través de su existencia va realizando actos, los que a fuerza de repetición configuran hábitos que determinan las actitudes. De esta manera el carácter como personalidad es obra del hombre, es su tarea moral, es el cómo “resultará” su carácter moral para toda la vida. Entonces, podríamos preguntarnos si este carácter moral, este modo de ser del ser humano es inherente a las actitudes frente a los demás, es decir, frente a la sociedad, o en su sentido más amplio, frente al Estado o la comunidad. Por cierto, la historia de la humanidad así lo demuestra, porque toda acción es ejecutada por la persona en una actitud que contiene un componente biológico heredado y otro componente cultural, adquirido para actuar de un modo determinado frente a situaciones de legalidad, de valores o simplemente de afectividad o disquisición entre lo bueno y lo malo. Una aproximación a la conceptualización de la palabra “moral” (del latín) nos lleva a interrelacionar los vocablos ethos y ética de manera similar; el resultado vendría a ser la adquisición del “modo de ser logrado por apropiación”, o por niveles de apropiación, donde se encuentran los sentimientos, las costumbres y el carácter. Alrededor de estos conceptos y otros no menos importantes, pero íntimamente relacionados, como la justicia, la virtud y la bondad, se estructura la ética, vocablo latino (aethica) que etimológicamente puede definirse como “ciencia de la recta configuración del carácter del hombre” o como “ciencia de las costumbres”, según la interpretación que se haga de los originales griegos. Por otro lado, en línea con lo hasta aquí tratado, es necesario distinguir el término “profesional”. En primer lugar, la “profesión”, “en cuanto representa un servicio para los demás y en cuanto que originariamente no es otra cosa que el empleo de las propias facultades, de las aptitudes congénitas o adquiridas en provecho del prójimo…” (Lazo Acosta, 1989). En este contexto, la profesión resulta siendo una necesidad para el bien común. Lo profesional se aproxima a la exigencia de la profesión en cuanto a las realidades humanas, morales o jurídicas. Consecuentemente, nos referimos a los derechos, deberes y actitudes profesionales, es decir, a su vida profesional.

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Derivado de ello, “el profesional”, aplicado al hombre, sería todo aquel que tiene encomendada, de manera habitual, una misión especial que cumplir en beneficio de los demás, con la contrapartida del derecho a la justa compensación por su trabajo. De acuerdo con el pensador peruano Jesús Lazo Acosta (Arequipa, 1938-2013), los fines primordiales a los que atienden las profesiones son tres, agrupados como derechos: en un primer grupo están aquellos que se identifican con los derechos fundamentales o primarios del hombre (cocinero, zapatero, labrador, artesanos en general); en un nivel superior, los ingenieros, arquitectos, médicos, farmacéuticos, enfermeros, etc. Están en un segundo grupo aquellos que optan por el derecho al cultivo progresivo e ilimitado de la inteligencia (el científico, el filósofo, el artista, el pedagogo, etc.). Finalmente, un tercer grupo identificado con el derecho a vivir, en cuanto personas y miembros de la sociedad: las profesiones liberales (abogados, sociólogos, notarios), el militar, el clérigo, el religioso, el novelista, etc., todos ellos artífices, en menor o mayor grado, del orden jurídico y del orden moral. Es en este último grupo de derechos donde ubicamos a la profesión militar, en tanto soldado, generalidad aplicable a todo integrante de las Fuerzas Armadas del país; ayer, hoy y siempre.

El soldado inca

El Imperio de los Incas, que en tiempos de Huayna Cápac llegó a alcanzar su esplendor extendiéndose a territorios que hoy corresponden a la soberanía de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, constituyó un formidable Ejército Imperial de conquista, que en su mejor momento alcanzó los 200,000 soldados. Para tales emprendimientos, el soberano inca procuró una organización militar perfectamente disciplinada y eficiente, pues así lo requería el Estado inca. Sin embargo, es probable que algo de soberbia definiera muchas de sus acciones, especialmente cuando de someter pueblos o naciones de menor desarrollo cultural se trataba. No obstante ello, el recto proceder de los generales y altos mandos del Ejército inca los hacía ofrecer la vía pacífica para integrarse al Imperio del Tahuantinsuyo; cuando un pueblo mostraba una actitud positiva a tal requerimiento, los hacía acreedores a un trato generoso y una serie de beneficios en alimentos, obras, respeto a su propia cultura, religión y otras prebendas. Lo contrario sucedía cuando los afanes conquistadores encontraban resistencia, entonces se usaba la fuerza y se les imponía la cultura inca.

Desde luego que pertenecer al Ejército Imperial Inca ciertamente era un privilegio, pues 38

La ética del soldado en el Siglo XXI, la visión del Perú

el mismo soberano lo comandaba y seleccionaba los cuadros; de esta manera, los jóvenes de las etnias sometidas, una vez consolidadas, podían aspirar a unirse a la milicia, lo cual constituía un honor. La ética del soldado inca podía claramente discriminar los valores de su propia cultura y los de aquellos pueblos que se sumaban a la soberanía del imperio mediante la persuasión, pues los jefes incaicos lo consideraban justo; esta actitud denota todo un comportamiento moral del ejército vencedor para con el pueblo o nación que pasaba a formar parte del imperio.

El soldado en el virreinato

Poco es lo que se puede decir sobre la milicia de la época, respecto del tema que nos ocupa. Desde que Francisco Pizarro, convertido en soldado por obra y gracia de la Corona de España, pisó tierras del Imperio del Tahuantinsuyo al mando de un pequeño grupo de hombres armados, solo los guiaba una idea, cual única fijación: encontrar los tesoros incas. Al Perú no llegaron pioneros, como aquellos desplazados europeos con cierta preparación y nivel cultural que desembarcaron en Norteamérica. Más bien, fue todo lo contrario. Los ejércitos virreinales de los inicios de la presencia europea en estas tierras estuvieron conformados por una suerte de aventureros de oscuros antecedentes, que por cierto, con el correr de los años de dominación, la corona trató de enmendar. La ética venía de la mano del otro “ejército” que vino con la conquista: la religión. Es admirable el laborioso trabajo que desarrollaron las llamadas “misiones” en el nuevo mundo, probablemente el aspecto más sobresaliente de la cultura que España introdujo con la conquista.

El soldado republicano

El enorme y agreste territorio del Perú heredado de los incas, una vasta extensión que en su apogeo superaba el millón ochocientos mil kilómetros cuadrados, conformado por una columna vertebral representada por la cordillera de los Andes, el bosque amazónico, la costa desértica y el mar adyacente, probablemente sea el factor que ha modelado al poblador del Perú, pues el grado de resiliencia del hombre de estas tierras es digno de resaltar. Es en este contexto que la formación de las milicias se alimentaba de soldados hechos para vencer la adversidad, con un acendrado sentido de lealtad, arrojo y valores adquiridos al calor de la desigual lucha diaria contra la naturaleza. No sorprende por ello los incontables actos de entrega, de heroísmo, de respeto al vencido, protagonizados por el soldado peruano a través de la historia. 39

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Cabe preguntarse entonces si la ética del soldado en el siglo XXI es diferente, si el pasar la línea que separa al siglo pasado del presente hace que varíe la condición cultural que el soldado trae como bagaje del pasado, especialmente cuando este pasado está cargado de tan valiosos antecedentes. Es cierto que la era moderna, el mundo globalizado, la tecnología y otros factores aportan una parte importante en el actuar, en la actitud del soldado de estos tiempos; sin embargo, para el caso peruano, son variables adicionales que perfilan el comportamiento del soldado en cuanto heredero y representante de una cultura forjada en la adversidad.

El soldado y la sociedad

Conviene, además, para efectos del presente artículo, hacer una breve referencia a la organización social de una colectividad o mancomunidad de individuos. Esta sociedad humana, entendida como colectividad que convive dentro de un determinado territorio, que comparte historia, valores, cultura, necesidades, aspiraciones y una determinación de continuidad en el futuro, es la que conocemos como Nación, que jurídicamente organizada constituye el Estado. En efecto, la sociedad organizada tiene dentro de sus necesidades básicas a la seguridad, bien intangible que los individuos han delegado al Estado, responsable último de la provisión de ese estado de tranquilidad, confianza y paz que solo se puede asegurar al haberse adoptado las previsiones necesarias que garanticen tal situación. Pues bien, para ello los estados han creado sus respectivos Sistemas de Defensa Nacional, cuyo componente fundamental son las Fuerzas Armadas en la mayoría de países o Fuerzas de Seguridad en algunos otros. Las Fuerzas Armadas, en esencia, la sociedad organizada en uniforme, y de una manera general los ejércitos, conformados por ciudadanos hombres y mujeres, basan su funcionamiento orgánico enmarcados dentro de un conjunto de dispositivos legales, tales como la Carta Magna o Constitución, leyes orgánicas, reglamentos, etc.; no obstante, y sobre todo las Fuerzas Armadas, en el caso peruano, cuentan con abundante normatividad sobre el comportamiento y actitudes a adoptarse ante cualquier eventualidad y situación que se encuentre enmarcada dentro de su misión y funciones. Claro está, como en toda organización, existen “filtraciones”, ergo, excepciones a la regla. De esta manera, en el Perú, una de las más importantes normas que orientan la actuación del soldado lo constituye el “Manual de ética profesional del personal militar de las Fuerzas Armadas del Perú”, instrumento de consulta obligatorio para todo el personal militar. Dicho Manual sirve de guía en el cultivo de los valores éticos y su basamento deriva de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley del Estado peruano. 40

La ética del soldado en el Siglo XXI, la visión del Perú

El documento parte de la premisa fundamental que las exigencias éticas reconocen primero al integrante de las Fuerzas Armadas como persona, y luego como el profesional que sirve a su institución, y que ambos están al servicio del país.

Resulta necesario enfatizar los criterios rectores del mencionado Manual:

(1) Superar la tendencia de considerar al código de ética como un simple listado o enumeración de principios, valores o exigencias ético-morales, sin responder a una estructura coherente que le sirva de fundamento teórico o doctrinario.

(2) Considerar al código de ética de rigor histórico, que se inspire en el crecimiento, desarrollo y apogeo del Imperio Incaico y que sus tres máximas expresiones en forma positiva o de afirmación, formen parte de nuestra cultura occidental (honestidad, veracidad, laboriosidad).

(3) Considerar a la disciplina como el eje central que caracteriza al profesional militar y que se constituye en esencia de todas las Fuerzas Armadas.

(4) Generar en cada uno de sus integrantes una actitud moral permanente que se convierta en un modo de ser o estilo de vida, consciente, voluntario, que le permita actuar por convicción y no por obligación.

Como se puede apreciar, el documento expresa meridianamente la importancia de la práctica de los valores éticos en la Institución Militar, el cual debe guiar la conducta y el comportamiento del soldado dentro y fuera del servicio, con estricta observancia de los Derechos Humanos. Como una expresión acorde con la vigésimo quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional (Acuerdo Nacional, 2002), referente a la cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia, se señala que “el Estado promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficaces, eficientes y de accionar conjunto, regidas por valores éticos y morales propios de la democracia”. En concordancia con la mencionada política de Estado, el 25 de octubre de 2005, mediante un dispositivo legal del Ministerio de Defensa, se resuelve aprobar el “Código de ética de las Fuerzas Armadas del Perú”, así como el “Manual de ética profesional del personal militar de las Fuerzas Armadas del Perú”. En los siete enunciados del código se conceptualiza la expresión de los principios y valores que deben orientar el accionar de todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como del quehacer de las Instituciones Armadas en el Perú. Busca cultivar los 41

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valores éticos de todos sus miembros, procurando cumplir la exigencia militar de lograr unidad de doctrina o pensamiento, unidad de lenguaje y unidad de acción, resaltando la calidad humana. Sus características se basan en la entrega y sacrificio al servicio del país, una actitud permanente para dar lo mejor de sí, con abnegación y renuncia personal y tener una presencia innegable en la vida del país.

Su enunciado reza así:

“Soy un peruano, ciudadano de un estado democrático, con vocación militar. Soy un guerrero, vistiendo el uniforme de las Fuerzas Armadas del Perú. He escogido dedicar mi vida para defender la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Tengo derechos y deberes, por lo tanto, mi accionar lo haré en estricta observancia de la Constitución Política del Perú, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

He sido formado y educado militarmente para servir a mi patria con honestidad, veracidad, disciplina y lealtad. Por mi honor, prometo cumplir los deberes y obligaciones de mi profesión militar con laboriosidad, integridad y responsabilidad.

Me instruiré, entrenaré y prepararé profesionalmente, con dedicación y voluntad para alcanzar el dominio y lograr eficiencia y capacidad en el empleo de mis armas. Cuidaré de ellas. Demostraré coraje y seré valiente en el combate, llegando hasta el sacrificio de mi vida si es necesario.

Es mi compromiso y responsabilidad contribuir al desarrollo de mi institución militar, por lo que actuaré con integridad, rectitud y honradez en la administración y empleo de las personas, los recursos y bienes que se me confíen.

Solamente emplearé la fuerza militar para defender a mi nación, la libertad, la vida de mis conciudadanos y la paz. No emplearé las armas contra o fuera del orden constitucional.

Respetaré a mis superiores y seré educador y líder. Mi principal método de liderazgo será la conducción por el ejemplo. En el trato con mis subordinados actuaré con rectitud y justicia. No impartiré ni obedeceré órdenes que contravengan las leyes y reglamentos, ni permitiré actos contrarios a la disciplina, el orden y la integridad de mi institución.

La ética del soldado en el Siglo XXI, la visión del Perú

Honraré la memoria de los héroes nacionales Bolognesi, Grau y Quiñones, y demás héroes que sacrificaron su vida por mi patria, así como de todos mis compañeros de armas caídos en el cumplimiento del deber, puesto que ellos, con su ejemplo y virtudes militares, nos trazaron el camino de gloria que todo soldado, marino y aviador peruano debe seguir.”

Tanto el Manual como el Código de Ética de las Fuerzas Armadas del Perú constituyen la base sobre la cual se asienta la doctrina y la praxis en el cumplimiento de la misión que la carta fundamental de la nación asigna a las instituciones encargadas de velar por la seguridad interna y externa y la soberanía del país. Consecuentemente, el soldado peruano del siglo XXI está premunido de una valiosa herramienta que cual arma de guerra la esgrime en toda circunstancia y guía su accionar, pues aquellos convocados a abrazar el ideal de la carrera de las armas, los soldados de la patria, solo serán merecedores de tal honor procurando ser el arquetipo que trasciende la sociedad para convertirse en la salvaguarda de la dignidad, la rectitud, los valores, deberes y virtudes a que todo hombre de bien aspira.

Referencias bibliográficas

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Dr. Roberto Vizcardo Benavides

oronel del Ejército (r) del arma de Artillería, Magíster en Economía con mención en Comercio y Finanzas Internacionales, por la Universidad San Martín de Porres. Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Ricardo Palma. Graduado del L Curso de Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Ha seguido cursos de inteligencia en Argentina; Curso de Administración de Recursos para la Defensa en la Escuela Naval de Postgrado en Monterrey – California – EE.UU.; Curso de Planeamiento Estratégico en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú; Curso de Desarrollo Nacional en la República China de Taiwán; Curso de Ciberseguridad en la República de Corea del Sur. Catedrático universitario y actual Secretario General del CAEN-EPG.

“El bienestar no solo origina y condiciona la seguridad, sino que ambas son absolutamente interdependientes lo cual implica que para comprender la génesis, fines y objetivos de la Defensa Nacional, precisa analizar la política de bienestar del Estado”. Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN 45

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Método para elaboración de una Política de Seguridad y Defensa Nacional Mg. Yuri Núñez del Prado Guevara

Resumen El artículo destaca la falta de un método para la elaboración de políticas públicas en nuestro país, basado científicamente en metodologías existentes, lo que justifica el desarrollo de un método general de ayuda para quienes participan en los procesos de formulación de políticas y que necesitan comprender el potencial y las limitaciones de las políticas públicas, dotándolos de una poderosa herramienta de elaboración que a continuación se desarrolla, partiendo de la identificación de una problemática de seguridad nacional, en donde los elementos son individualmente analizados como parte de un todo y donde se pondera el valor de sus elementos, pero más aún, se valora las relaciones que existen entre ellos, las cuales caracterizan a los problemas adaptativos complejos que, insertos en el tejido social, van mutando constantemente.

Palabras clave

Política, políticas públicas, política de seguridad y defensa.

Abstract The article highlights the lack of a method for the preparation of public policy in our country, scientifically based on existing methodologies. This justifies the development of a general method of help for those who participate in the formulation of policies and who need to understand the potential and limitations of public policies, providing them with a powerful tool, been developed based on the identification of a problem of national security, where the elements are individually analyzed as part of a whole. In addition ponders the value of its elements but further relations between them is valued, which characterizes complex adaptive problems, inserted in the social fabric, are constantly mutating.

Keywords Policy, Public Policy, Security and Defense Policy. 47

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Introducción Hace un año aproximadamente, cuando me propusieron integrar un equipo de profesionales para el desarrollo de una política de seguridad y defensa, no podía vislumbrar que este hecho me ubicaría en el umbral de un mundo hasta el momento desconocido y que me haría entender los motivos por los cuales muchas de las acciones que comúnmente se toman en la administración de un estado, en nuestra realidad, no llegan a funcionar adecuadamente. Y esto se debe principalmente a la falta de conocimientos adecuados de aquellas personas que se encuentran a cargo de proponer soluciones idóneas a la problemática de nuestro país, la cual se encuentra insertada en el tejido social, y tiene características especiales de complejidad y adaptabilidad que le permiten mutar en la mayoría de las veces tan rápidamente y con tanta influencia en otros problemas relacionados, que si estos factores no se han tenido en cuenta, hacen que las medidas correctivas tomadas resulten ser totalmente inocuas o en un extremo agraven el problema. Y esta disfunción empieza desde la conceptualización del término “política” que tiene varias acepciones: desde la manera estable en que una nación organiza estructuralmente sus actividades generales (estructura), o como secuencia interconectada de conductas individuales y colectivas (proceso) identificando el campo de la actividad de los poderes públicos que definen su carácter decisional, o como expresión de un propósito determinado que se propone para atender los requerimientos sociales a la problemática ciudadana y que resultan como producto de la interactuación entre estructura y proceso (resultado) 1. Atendiendo a estas acepciones, se puede entender de que existe una gran posibilidad que en el proceso político de la gestión democrática de un estado, el conductor tenga una política para su gestión sin políticas públicas formalmente aprobadas, que lo hace concentrar el poder de manera demagógica o por el contrario, este puede establecer políticas públicas sin tener una política de gestión, lo que afecta la gobernabilidad del estado al no tener un lineamiento político macro que lo unifique y oriente. Pero este hecho no solo descubre su importancia, sino que desborda los límites establecidos de la gestión, debido a que la materialización de su carácter transformacional trae consecuencias vitales para los ciudadanos de un estado que en muchos casos han pagado injusta y radicalmente las consecuencias nefastas de una equivocada decisión política

1 Para mejor comprensión de la acepción del término “política” léase: Anduiza, E. “Comportamiento político y electoral”, Capitulo 3: “LAS TRES DIMENSIONES DE LA POLÍTICA. La Política: estructura, proceso y resultado”. Barcelona, Ed. Ariel, pp. 45-52

Método para elaboración de una Política de Seguridad y Defensa Nacional

a costa de su propia existencia 2. Muchas veces se ha subestimado esta importancia, ya que a pesar que el hecho de elaborar una política pública es un proceso complejo, delicado y requiere alta especialización, en nuestro país pasa desapercibido y a tal punto que resulta ser incierto, pues no existe un documento oficial que siquiera nos oriente cómo se formula o que coadyuve a gestionar el conocimiento sobre este tema. Y aunque existe un Decreto Supremo que dispone el “cumplimiento obligatorio” de algunas de ellas 3, este documento no hace más que desnudar las serias limitaciones de los promotores y formuladores de políticas públicas.

Las políticas públicas

Las políticas públicas establecen cuál es el límite que deben observar el objeto y el alcance de las decisiones que como consecuencia de los lineamientos que se den, sean realizadas por aquellas entidades a cargo de su ejecución a través de procesos interinstitucionales e intergubernamentales, estableciendo la formulación de criterios de inclusión o exclusión de alternativas válidas o no válidas que deben de gozar de características de estabilidad y efectividad (con eficacia sostenida en el tiempo), las cuales deben dar respuesta a la problemática identificada, teniendo en cuenta que esta problemática es un sector identificado dentro de un sistema complejo de problemas interconectados. Todo ello implica que las políticas públicas que se decreten deben ser capaces de disponer la mejor orientación para las decisiones que se den en niveles subsecuentes, bajo un análisis exhaustivo de prerrogativas, y de valoración de costos de oportunidad 4 versus beneficios competitivos, para asegurar que los lineamientos que ellas especifican, produzcan soluciones estables de gobernanza pública, ejercida por medio de planes, programas y proyectos ejecutados a través de una estrategia de acción política 5.

La Política de Seguridad Nacional

La Política de Seguridad y Defensa Nacional, al enfrentar los problemas de seguridad nacional, tiene como objeto el generar decisiones que previamente han sido valoradas ponderadamente y priorizadas teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas, y que finalmente configuren las condiciones de seguridad y defensa nacional necesarias para el desarrollo sostenido del país, permitiéndole hacer frente a las amenazas, preocupaciones y

2 Más de 36 millones de chinos murieron en la Gran Hambruna China como consecuencia de la política de colectivización decretada por Mao Tse Tung entre 1958-1961, para más detalles véase “A hunger for the truth: A new book, banned on the mainland, is becoming the definitive account of the Great Famine” en chinaelections.org. 3 Decreto Supremo N° 027-2007-PCM del 25 de marzo del 2007: “Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional”. 4 Se refiere a aquello de lo que un inversor se priva o renuncia cuando hace una elección o toma una decisión. Case, Karl y Fair, Ray. Principios de microeconomía. Bogotá, editorial Prentice Hall, 1997. 5 Adaptado y condensado del “MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL”, del autor.

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desafíos, identificados desde la perspectiva multidimensional de la seguridad 6 que integra una visión antropocéntrica cuyo eje es la persona humana. En la consecución de estos propósitos, bajo los alcances funcionales que son definidos inicialmente para el logro del objetivo de la política, (que es el de alcanzar un estado de seguridad), sus lineamientos orientan la generación de actos con efectos moldeadores que van a desarrollarse y circunscribirse al ámbito de la seguridad a partir de acciones pragmáticas que se disponen desde el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encadenando sistémicamente planes, programas y proyectos que se plasmarán en resultados de impacto que se materializarán en las diferentes dimensiones de la seguridad, los que en su conjunto abarcan todos y cada uno de los ámbitos de la realidad nacional. Asimismo, se constituye en la herramienta que sirve para hacer conocer a todas las instituciones del Estado qué objetivos específicos se deberán alcanzar, y disponer qué directrices seguir a través de los lineamientos de acción política y las condiciones orientadas a establecer un proceso de planeamiento, programación, ejecución y control que construyen cadenas de resultados armónicos, consecuentes y articulados para un mismo propósito que el país demanda y la ciudadanía exige en el ambiente de seguridad y defensa.

Justificación y objetivo del método

Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas anteriormente, se justifica la necesidad de desarrollar un método que cubra las deficiencias existentes integrando un sólido modelo conceptual que se caracterice por su robustez epistemológica, que nos ayude a entender la complicada arquitectura de la problemática de seguridad que se encuentra inserta en el tejido social, y sus complejas variables e interacciones que se crean desde el momento que se decide elaborar la política, pasando por la socialización, aprobación y ejecución de los lineamientos que esta dispone y que nos demuestran que si bien es cierto las respuestas estructurales son necesarias, no todas son política o institucionalmente factibles. No me cabe la menor duda que este trabajo de integración metódica resultará útil para quienes participan en los procesos de formulación de políticas que necesitan comprender el potencial y las limitaciones de las políticas públicas; sin embargo, su sola aplicación está lejos de solucionar cualquier problema, ya que necesita fundamentalmente de un equipo de formuladores con pensamiento crítico e innovador, a quienes les apasione la investigación, y que no tengan reparos en adentrarse en otros ámbitos y dimensiones de la ciencia para poder aplicar esos conocimientos contextualmente en una determinada realidad, considerando

6 Conferencia Especial sobre Seguridad, Organización de Estados Americanos, Declaración sobre Seguridad en las Américas (Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 28 de octubre de 2003 en Ciudad de México).

Método para elaboración de una Política de Seguridad y Defensa Nacional

además la orientación política, el tiempo político y la capacidad de consensuar y aprobar el producto final con los diversos actores involucrados.

Descripción del método7

El proceso del método para la elaboración de la Política de Seguridad y Defensa Nacional empieza por una propuesta para descomponer la realidad nacional en dominios analíticos con sus respectivos ejes de propagación donde se desarrollarán las acciones de seguridad, para luego instruir las consideraciones que se requerirán para la construcción de un marco referencial acorde con las necesidades de seguridad. La importancia del marco referencial es fundamental para el desarrollo del método, pues describe la base metodológica que nos orienta ordenada y secuencialmente para el producto final; integra el sistema de conceptos, que se constituye en el fundamento epistemológico y proporciona la base teórica del método para la formulación de la política pública; define la matriz de seguridad y defensa conceptualizando su alcance multidimensional; instruye las consideraciones generales para identificar la problemática a través de un diagnóstico diferencial, definiendo así el alcance requerido a las soluciones planteadas por el método; para, por último, definir las características de los eventos susceptibles a ser tratados por medio de una política pública de seguridad. Una vez definidas las dimensiones de la realidad y desarrollado el marco referencial se identifican dentro de la realidad los posibles “eventos portadores de políticas” (EPP), desarrollándose en esta parte la definición, taxonomía 8, abordaje y análisis de los problemas (utilizando herramientas metodológicas del marco referencial que permitirán el moldeo de los EPP) para descubrir su estructura y composición, y a continuación sintetizarlos gráficamente con ayuda del modelaje del constructo de casualidades 9. Este ejercicio nos conduce a resultados importantísimos para el proceso de formulación, los cuales son integrados descriptivamente a través de una lógica que los articula en forma única destacando su dinámica crítica, a la vez que nos otorga la capacidad para establecer las primeras propuestas de respuesta estructural a la problemática identificada que deberán ser alineadas en la etapa siguiente.

7 Ibídem 5 8 Que incorporan los problemas complejos y adaptativos complejos (wicked problems). 9 Todo ello con la ayuda de la Teoría de los Grafos, aplicada por primera vez por Leonhard Euler en 1736 para resolver el problema de los puentes de Königsberg y desarrollada recién en 1970 por Kenneth Appel y Wolfgang Haken al sustentar el teorema de la minimalidad cromática.

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El avance del proceso hasta este punto nos deja hábiles para la elaboración del primer borrador de la política, por lo que el siguiente paso será el desarrollo de la estructura del documento de la política que integra el objeto y justificación de la política; la narrativa que incluye las premisas estructurales que le darán el horizonte de coherencia 10, las métricas que evitan malinterpretaciones y posibles desvíos en su implementación 11; y los lineamientos generales de la política que agrupados en concordancia correspondiente a cada objetivo identificado, propugnarán alcanzar dichos objetivos en cada una de las dimensiones establecidas por la definición operacional de la seguridad. Una vez concluido el trabajo de elaboración del documento, se procede a su socialización con las diferentes instituciones involucradas, sectores y niveles de gobierno, quienes necesariamente deberán conocer el método desarrollado para poder comprender que las sugerencias que se presenten para su modificación no permiten la variación directa del documento de la política, sino que sus aportes contribuirán a enriquecer el marco referencial, y esta modificación nos permitirá empezar a correr un nuevo proceso y con esto, ver cómo la sugerencia propuesta afecta al sistema (ya que el método prioriza la relación entre las variables de la realidad seleccionadas) y establecer de esta manera la necesidad de hacer modificaciones adicionales como producto de los cambios que puedan afectar la interdependencia de sus relaciones. Después de haber socializado el documento de política, se procede a realizar una integración, verificación y validación, dejándolo expedito para su promulgación, teniendo en cuenta que el proceso previo de socialización que implica la participación de los actores involucrados, ayuda a la aprobación del mismo.

Consideraciones finales

La descripción de este proceso de elaboración nos da la posibilidad de inferir que a pesar de que el tratamiento de una política pública puede hacerse desde muchas perspectivas, sin embargo, en este trabajo se presenta el desarrollo de un método de formulación que ayuda a entender, dentro de una realidad problemática, las complejas y complicadas variables, sus relaciones e inclusive las relaciones entre relaciones que deben considerarse cuando se formule un documento de política. La propuesta propugna el uso del conocimiento profundo que la ciencia pone en nuestras manos para ser utilizado como herramienta que ayuda a dar el mejor sustento académico a las propuestas de soluciones coherentes y consistentes que se presenten.

10 Bajo determinadas premisas se determina hasta qué momento la política es válida, ya que establece el horizonte de tiempo donde la respuesta a la problemática es coherente en su función de respuesta al problema político. 11 Las métricas nos permiten identificar el estado del objeto analítico (solución) a través de los elementos sensibles que lo pueden definir y evaluar, y que nos da la capacidad de conocer su grado de coherencia con la concepción del formulador para evitar tergiversación o malinterpretación de los ejecutores.

Método para elaboración de una Política de Seguridad y Defensa Nacional

Pero esta propuesta necesita de la capacidad de los actores políticos y formuladores para completar todo el proceso, ya que después de la formulación necesariamente se requiere la implementación, la evaluación y el control (apoyados en las métricas descritas) que nos libere de la demagogia de una política meramente enunciativa como las que hemos tenido hasta el momento, sin acciones que puedan materializar la política para que ejerza su verdadera naturaleza transformadora para bien de nuestra sociedad y el Estado. Otra consideración importante exige que para que existan políticas públicas efectivas se requieren procesos políticos con las mismas características y para ello se requiere de una organización política institucionalizada, con gran capacidad de planeamiento y legítimamente constituida (más allá de su legalidad) debido a que estas características permitirán integrar el apoyo popular al proceso político fundamental para el logro de óptimos resultados. Estas consideraciones permiten destacar la importancia de aplicación de un método adaptado a nuestra realidad que nos sirve principalmente para la gestión del conocimiento e implica el desarrollo de competencias, para no empezar cada vez desde el principio, teniendo en cuenta la alta rotación que tienen los servidores públicos y la nociva tendencia egocentrista a eliminar todo lo avanzado para demostrar que todo lo que se hizo anteriormente estuvo mal y lo que se haga a partir de “ahora” será fruto de una sola administración (“la mía”), y cuya práctica común ha causado mucho daño a la administración del Estado, y aún más, ha ocasionado ingentes gastos a los ciudadanos, como lo demuestra el triste ejemplo de la gestión de los dos últimos de nuestros alcaldes metropolitanos. Este aporte académico definitivamente no es una mágica panacea para dar solución al problema de la falta de conocimiento para la elaboración de políticas públicas; sin embargo, es necesario aventurarse a proponer un prototipo que nos sirva como modelo y que solo adquirirá legitimidad en tanto sea criticado, completado, reestructurado, perfeccionado, evaluado, etc., ya que estas acciones permitirán amalgamar integralmente a través de su ejecución pragmática en el tiempo, el conocimiento y la experiencia necesarios de aquellos quienes consideran que su aporte puede ser importante y necesario para contribuir a una mejor sociedad del conocimiento y que ulteriormente fortalecerán la gobernabilidad democrática del Estado.

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Mg. Yuri Núñez del Prado Guevara

icenciado en Ciencias Aeronáuticas, Diplomado en Gestión Pública, Desarrollo de Capacidades Empresariales (ESAN) e Innovaciones en la Calidad de la Educación Superior (UPCH); Grado Académico de Magíster en Gobernabilidad, Defensa Nacional y Desarrollo Aeroespacial (USMP), maestrías en Administración (UNFV), y en Doctrina y Administración Aeroespacial (ESFAP); Curso de “Análisis, Desarrollo y Gestión de Metodologías para la Formulación de Políticas de Seguridad y Defensa” en el Centro de Tecnología, Relações Internacionais e Segurança de Brasil (CeTRIS). Curso Internacional “Diseño de Políticas Públicas de Seguridad y Defensa Nacional 2014” y realizado por la OEA. “Cyber Incident Response Course” y “2015 National Cybersecurity Policy”.

“El bienestar es uno de los factores esenciales de la Defensa, puesto que la satisfacción adecuada, oportuna y justa de las necesidades de la población suscitará en ella la alegría de vivir en la propia tierra y la consecuente decisión de mantener y perfeccionar las estructuras, instituciones y sistemas de relaciones que le han permitido alcanzar tal grado de bienestar”. Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN

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Situación actual de la Educación Superior Universitaria en el Perú Dr. Antonio Pasquel Ruiz

Resumen El presente artículo hace un rápido recorrido sobre las características más saltantes de la educación universitaria en el Perú durante los últimos 50 años, centradas fundamentalmente en cuestiones de calidad y autonomía, para lo cual se toma como referencia la Ley 17437 de 1969 que rige la legislación universitaria durante el régimen militar creando un sistema centralizado, la Ley 23733 de 1983 al retorno de la democracia que deshace el sistema universitario y maximiza el autocontrol y la autorregulación, y la Ley actual, la 30220, que conservando y en algunos casos hasta incrementando la autonomía, instituye un ente regulador externo de la calidad del servicio universitario, de modo tal que el Estado asume la responsabilidad para que todas las universidades tengan un mismo punto de partida en términos de calidad.

Palabras clave: Educación superior, educación universitaria, universidad, Sunedu, ley universitaria.

Abstract This article makes a quick tour of the most salient features of university education in Peru during the past 50 years , focusing primarily on issues of quality and autonomy, which is taken as reference 17437 1969 Act governing legislation university during the military regime by creating a centralized system , Law 23733 of 1983 the return of democracy to rid the university system and maximizes self-control and self-regulation, and the current law , the 30220 , which preserve and in some cases increasing autonomy , establishes an external regulator university service quality , so that the State is responsible for all universities have the same starting point in terms of quality.

Keywords : Higher Education, College , University, Sunedu , University Law .

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Introducción El artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece que la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Dicho artículo también establece que la universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados; que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; y que las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. La Ley 30220, en su artículo 3°, define la universidad como una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. En la década del cincuenta existían ocho universidades; en los años sesenta, 30 universidades; y en los años setenta, 35 universidades; hasta 1995, 56 universidades; hasta el 2008, 91 universidades, y a la fecha, 2015, existen 142 universidades (51 públicas y 91 privadas, 76 autorizadas y 86 con autorización en trámite) más 47 instituciones con rango universitario. De conformidad con la Ley 17437, las universidades peruanas constituyeron un sistema bajo el gobierno del Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), pero a partir de 1983, con la Ley 23733, las universidades se convierten en organizaciones autónomas en atención a un mandato constitucional, con capacidad para ordenar sus regímenes académico, normativo, económico y administrativo, y si bien existe la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), esta tiene funciones solo de coordinación. Lamentablemente, en términos generales, la mayoría de las universidades peruanas se han desarrollado ajenas a enfoques de calidad, debido entre otras causas a la ausencia de un marco legal para promover la calidad, tal como sucede en casi el setenta por ciento de los países del mundo que cuentan con sistemas de aseguramiento que incluyen estándares para las carreras o instituciones, procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación. En las universidades del país falta capacidad de gestión universitaria por parte de los directivos, jefes, decanos, vicerrectores y rectores. Los estatutos, reglamentos y otros documentos normativos de las universidades no cumplen su función organizadora y son relegados por los criterios personales (Aguirre, Cuadros, Rodríguez, Ramos, & Paredes, 2008). Indudablemente, la universidad contemporánea plantea una problemática y un desafío: está en crisis. Es una situación que no dispensa a universidades dentro de los más 58

Situación actual de la Educación Superior Universitaria en el Perú

variados contextos: problemas de desintegración, especialización, participación o explosión “demográfico-académica” constituyen manifestaciones precisas de ese fenómeno (Rosas, 2009).

Antecedentes No se puede hablar de origen de la universidad señalando nombre y fechas, así como no se debe entender que desde su aparición fue un estadio superior en el desarrollo de una nueva organización educativa en la que previamente se contemplará un florecimiento de escuelas elementales o de enseñanza secundaria. Tal secuencia de estudios no sucede en tanto que los tres elementos se van desarrollando con cierta independencia. Se presupone, por cierto, que para formar parte de la corporación era necesario un mínimo de conocimientos, sin que por ello tenga que aceptarse la figura de una prueba de admisión. Es así como una pequeña comunidad de gente reunida en un recinto y en torno a unos cuantos maestros, va a desarrollar una actividad cada vez más fecunda y crítica. Se descubre que el término universidad tiene origen latino, universitas, que inicialmente designaba cualquier corporación considerada colectivamente y que debía añadir los “magistrorum et scholarium” para referirse a la institución universitaria, caracterizada por el conocimiento y la participación universal, sin distingos ni dogmatismos. Por eso, otro de sus nombres es studium generalia (Ibid.). Desde el primer momento se advierte un espíritu de cuerpo en estas pequeñas comunidades. Espíritu que se nutre no solo de intereses comunes, sino también de la lucha contra las oposiciones externas y las críticas. Uno de los elementos que impulsaron a la constitución de la universidad fue la necesidad de sistematizar conocimientos, viéndose que desde un principio la corporación se organiza determinando áreas de trabajo llamadas Facultades (Ibid.). En marzo de 1991, con ocasión del Foro Educativo, un importante y conocido educador, refiriéndose a la educación peruana en general, decía que el Estado tenía incapacidades insalvables para “administrar, gerenciar, financiar, normar, capacitar profesores, remunerar adecuadamente, etc…” (Trahtemberg, 1993) . Poco tiempo después, con ocasión de los 30 años de un diario limeño, el mismo autor decía: “Escribir sobre los últimos 30 años de la educación en el Perú es una tarea muy dolorosa, porque exige hacer conciencia de lo poco que se ha avanzado, y cuán irreversible parece el proceso de deterioro en caso de mantenerse los modelos educativos y las políticas de acción formuladas y ejecutadas durante estas tres décadas”, añadía además que de cada mil alumnos que inician el primer grado solo cinco ingresan a la universidad y de estos solo uno se titula, y puntualizaba que “cada año hay más estudiantes universitarios y se crean más universidades, sin embargo, habría que cuidar que esa aparente democratización del acceso no sea a costa del estancamiento y la pérdida de la calidad, que puede llevar a formar miles de profesionales ineptos” (Trahtemberg, 1993) .

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El sistema de gobernanza en la educación superior en América Latina es una seria restricción a cualquier mejora en la eficiencia interna. Su naturaleza mayormente política influye en los objetivos de la universidad y en la asignación de recursos, por ello es fundamental desarrollar estrategias que mejoren la eficiencia al interior de la estructura actual de gobernanza. En comparación con la importancia del papel que en Europa juega asignar recursos, el gobierno en América Latina tiene un rol menor en el manejo de la educación superior. La debilidad del gobierno en lidiar con las universidades públicas ha dado lugar a la introducción de consejos interuniversitarios, compuestos básicamente de rectores (Winkler, 1994). Los administradores universitarios tienen mayor poder en relación al gobierno que en Europa, pero menor que el que se da en la mayor parte de la educación superior pública en los Estados Unidos. El hecho de que los rectores sean elegidos por la comunidad universitaria significa que responden más a las presiones políticas internas que a la presión externa o a los objetivos de calidad académica. El cambio frecuente de rectores, como resultado de la naturaleza política del cargo, socava la autoridad del rector, así como para planificar la universidad. El consejo universitario es el principal cuerpo legislativo de la universidad, con la participación activa de los estudiantes, teniendo como esfera de atención todo el panorama de cuestiones académicas: la contratación y promoción de docentes, cambios curriculares, la asignación de recursos económicos, y las líneas de investigación a seguirse, es decir, se espera que estudiantes que aún no han finalizado su programa de grado voten sobre temas curriculares especializados, evalúen la calidad docente y decidan las prioridades de la investigación universitaria. El rol de los estudiantes en la fijación de políticas y en la asignación de recursos es único en relación a otras regiones del mundo (Ibid.). Aparte de los temas de gobernanza respecto a quien tiene el poder de determinar los objetivos y las políticas de la universidad, hay temas administrativos relativos a cómo se implementan los objetivos y las políticas, lo que incluye incentivos, información y personal. Las universidades carecen de incentivos fuertes para mejorar la eficiencia interna o la calidad del desempeño académico; los presupuestos institucionales no se hallan ligados a medidas de costo o calidad y, por ello, no se considera a las universidades responsables en ese sentido. En la mayoría de esas instituciones hay una carencia de destrezas en áreas especializadas de la administración universitaria y esta no es aún vista, por lo general, como una carrera o una especialidad; más aún, la naturaleza política de algunos cargos administrativos lleva a que sean ocupados por individuos de gran destreza política, antes que por quienes tienen experiencia y destreza para la administración universitaria (Ibid.). Hace más de 20 años Winkler (1994) se preguntaba cuán productiva era la educación superior en América Latina. O cuál era la calidad de la instrucción de pregrado en la educación superior latinoamericana, ¿está mejorando o empeorando? Y basado en un estudio de 1985 indicaba que la educación superior en el Perú era de poca calidad y que la calidad de los graduados de la universidad pública pudo haber disminuido con el tiempo . 60

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Análisis situacional

En 1969 se promulga la Ley 17437 que creaba un sistema universitario unitario constituido por el conjunto de todas las universidades del país, regido por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) al amparo del estatuto general de la universidad peruana. Este Consejo era el organismo máximo representativo y de dirección del sistema, conformado por los rectores de las siete universidades más antiguas del país, los presidentes de los Consejos Regionales y dos rectores de las universidades particulares. Desaparecen las facultades y se crearon los programas académicos y el sistema departamentalista con un Consejo Ejecutivo integrado por autoridades propuestas por el rector, sin el tercio estudiantil. La autonomía universitaria era muy relativa y cada universidad pasó a convertirse en una especie de subsidiaria de un gran eje central, al punto que las estructuras curriculares a nivel de estudios generales fueron las mismas para todo el país (Ureña, Dueñas, Ortiz, Bojorquez, & Paredes, 2008). El 17 de diciembre de 1983 se promulga la Ley 23733 que vuelve al sistema facultativo y desaparece el sistema universitario peruano y cada universidad se convierte en entidad autónoma en el marco de la Constitución de 1979, entrando en vigencia un mecanismo autorregulador (Ibid.). Estas dos leyes representan dos momentos extremos de la organización universitaria peruana, pasando de la dependencia directa ante un organismo central nacional al ejercicio de una autonomía sin mayores controles, tanto es así que la Asamblea Nacional de Rectores se convierte solo en un ente de coordinación y no en una instancia de gobierno. Se pasa de la dependencia total a la autorregulación universitaria. Esta autorregulación en el servicio educativo y de investigación científica y tecnológica, por ejemplo, derivó en muchos casos en una cultura de libertinaje que llevó a extremos de convertir a muchas universidades en simples repartidoras de grados y de títulos con validez legal, pero de muy dudosa validez académica y técnica. Un solo ejemplo ilustra este estado de cosas: la Ley 23733 establecía como esquema medular de mejorar la calidad del servicio universitario la evaluación periódica de los profesores universitarios, los profesores auxiliares serían evaluados cada 3 años, los profesores asociados cada 5 años y los profesores principales cada 7 años, y producto de tales evaluaciones los profesores podrían ser ratificados, promovidos o separados. Para muchas universidades eso fue letra muerta y en muchas otras tales evaluaciones fueron realizadas con reglamentos que eran una verdadera burla a un mínimo de seriedad académica. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), con sede principal en Iquitos, se tomó 27 años para realizar tal evaluación por primera vez y el autor de este artículo, rector de la UNAP en ese entonces, aún responde a procesos judiciales iniciados por docentes que no aceptaban ser evaluados. Los consejos universitarios aprobaban estos reglamentos sui generis para evaluarse a sí mismos y a los 61

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demás, especificándose cosas tan descabelladas como por ejemplo, establecer puntajes por separado tanto para un grado académico como para los certificados de estudios que permitieron obtener los referidos grados, o desconocer el doctorado de un adversario político si no había hecho antes una maestría. Cualquier absurdo era posible en este mundo surreal de la autorregulación universitaria. Se crearon universidades por doquier, públicas y privadas, con un Estado ausente e indiferente, como si la educación universitaria fuera un servicio prescindible e innecesario para los destinos del país. No fuimos capaces de tomar conciencia que la educación universitaria es una herramienta fundamental para minimizar la dependencia científica y tecnológica como parte de un modelo de desarrollo nacional sostenible que garantice la seguridad nacional en el sentido más amplio de la expresión. Todo este entramado ética y moralmente cuestionable en perjuicio de la calidad académica y la calidad del servicio universitario en general llevó hace ya casi un lustro al inicio del debate de una nueva legislación universitaria que cambiara este lamentable estado de cosas. Luego de muchos años de manifiesto desinterés del Estado por la educación universitaria, la Ley 30220 marca un antes y un después sobre este particular, creando un organismo regulador de la calidad del servicio que brinden las universidades en el país. El 10 de julio de 2014 se promulga la Ley 30220, nuestra actual Ley Universitaria, que norma la creación, el funcionamiento, la supervisión y el cierre de las universidades; promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura; y designa al Ministerio de Educación como el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa. Si la diferencia más notoria en el quehacer universitario entre la Ley 17437 de 1969 y la Ley 23733 de 1983 se resumía principalmente a la existencia de un sistema semicentralizado en el primer caso y la cultura de una autorregulación semicaótica en el segundo caso, la nueva Ley marca un hito histórico creando un término medio entre estas dos realidades con el establecimiento de una instancia reguladora que vela por la calidad del servicio universitario, basado en el cumplimiento de requisitos mínimos de calidad como condición sine qua non para el licenciamiento y para el mantenimiento de la referida licencia que deja de ser indefinida y se vuelve temporal. La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como 62

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objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. La SUNEDU ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación con los organismos competentes en materia tributaria, de propiedad y competencia, de control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre otros. La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 (seis) años. El artículo 3° de la Ley 30220 define a la educación universitaria como un derecho fundamental y un servicio público esencial, y el artículo 12° crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones. La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. Ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación con los organismos competentes en materia tributaria, de propiedad y competencia, de control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre otros. La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 (seis) años. La preocupación del Estado por establecer las condiciones mínimas para el funcionamiento de una universidad en el Perú, esto es el licenciamiento, es nueva, pues hasta antes de la actual ley los esfuerzos por mejorar la calidad universitaria estaban centrados en los procesos de acreditación no obligatoria. Hoy en día, las mejoras en el servicio educativo universitario continúan siendo voluntarias en términos legales, como debe ser en un estado no intervencionista, pero a diferencia del pasado, todas las universidades deben satisfacer determinados criterios y estándares mínimos de calidad, los cuales garantizan la condición de servicio educativo esencial de la educación superior universitaria para el desarrollo nacional.

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Una reflexión final: en instituciones universitarias como las nuestras, donde entre el profesorado no abunda el capital humano de primer nivel, a pesar de los invalorables esfuerzos individuales de muchos docentes, y donde en las últimas décadas se ha instaurado la preeminencia de otros intereses, que poco o nada tienen que ver con las mejoras en la calidad del quehacer universitario, debería considerarse que los cargos de rector, vicerrectores, directores de posgrado, decanos y directores de departamentos sean cubiertos mediante concursos de méritos.

Referencias

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Aguirre, V., Cuadros, J., Rodríguez, L., Ramos, G., & Paredes, C. (2008). Estrategias para el desarrollo de las universidades del Perú. Lima: Asamblea Nacional de Rectores. Rosas, M. F. (2009). Los orígenes de la universidad: una explicación del presente. En R. B. Jaime, La universidad en el Perú: historia, presente y futuro (Vol. Volumen I: La universidad en la etapa colonial, pág. 472). Lima: ANR. Trahtemberg, L. (1993). Educación peruana: Un drama en ocho actos. Lima: IPAE. Ureña, M., Dueñas, A., Ortiz, J., Bojorquez, R., & Paredes, C. (2008). Propuestas para mejorar la competitividad de la universidad peruana. Lima: asamblea Nacional de Rectores. Winkler, D. R. (1994). La educación superior en américa latina: Cuestiones sobre eficiencia y equidad (Vol. Documentos para discusión). Washington: Banco Mundial.

p.13 p.33, 24 y 38 p.20

Dr. Antonio Pasquel Ruiz  Integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación superior-SUNEDU  Ex Rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, IquitosPerú  Dr. En Ingeniería de Alimentos por UNICAMP, Campinas, Sao Paolo, Brasil  Msc Ingeniería de Alimentos por la UNICAMP  Ingeniero en Industrias Alimentarias.  Especialista en Desarrollo de Áreas Amazónicas por la Universidad Federa del Pará, Belém, Brasil  Egresado del Doctorado de “Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales-CAEN  Profesor universitario.

“Analizar profundamente nuestro pasado y nuestro presente, no para buscar responsabilidades, sino la causa de nuestros desastres y males, y evitar que se repitan los primeros y se vuelvan crónicos los segundos”. Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN 65

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Ciberseguridad vs. Ciberdelito Coronel EP Freddy Anthony López Vega Mercadante

Resumen El ensayo “Ciberseguridad” es un artículo que se elaboró con el propósito de conocer la problemática sobre la ciberdelincuencia y su grado de afectación en la ciudadanía y el Estado. Es un estudio cuantitativo y cualitativo que se realizó en base a la información obtenida de la estadística que se tiene respecto de estas ciberamenazas y su efecto a través de Internet. El propósito fundamental es informar al ciudadano y a los empleados del Estado sobre este problema, a fin de que tomen conciencia y se involucren en la adopción de medidas preventivas. La contribución principal de este escrito es proponer las opciones o alternativas que tienen los ciudadanos en torno a las crecientes actividades de ciberdelincuencia en contra de los mismos y también del Estado.

Palabras clave: Ciberseguridad, Ciberdelincuencia, Ciberamenazas, Hackers, Internet.

Abstract This essay about “Cyber Security” is an article that was developed with the purpose to know othe problem on cyber crime and its degree of involvement in the public and the state. It is a quantitative and qualitative study was made on the basis of the information obtained of the statistics about of these Ciber you threaten and his effect across Internet. The fundamental intention is to inform the citizen and the county employees about this problem; so that they are aware and interfere in the adoption of preventive measures. The main contribution of this paper is to propose options or alternatives that citizens about the increasing activities of cyber crime against them and the state.

Keywords: Ciber safety, Ciber delinquency, Ciber threaten, Hackers, Internet. 67

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Introducción El crimen es un término común que siempre hemos escuchado en esta era de la globalización y se refiere a cualquier violación de la ley o a la comisión de un acto prohibido por dicha ley. Desde los albores de las pequeñas comunidades hasta la conformación de las grandes sociedades, el ser humano ha venido implementando diferentes estrategias con la finalidad de lidiar contra el crimen; sin embargo, desde aquellos tiempos y mucho más en la actualidad, la criminalidad se ha asociado con el hombre. Esta amenaza está en función de su alcance y su naturaleza. En consecuencia, se puede afirmar que una nación con alto índice de casos de delincuencia no puede crecer o desarrollarse. Esto debido a que la delincuencia impacta negativamente contra el desarrollo social y económico de un estado. La ciberdelincuencia es un nuevo tipo de delito que se potencia con la evolución de la ciencia y tecnología. Existe una gran cantidad de definiciones sobre la delincuencia cibernética. En este sentido, los delitos informáticos se refieren a cualquier crimen que involucre computadoras y la red de redes (Internet). La ciberdelincuencia también puede definirse como los crímenes cometidos a través de Internet utilizando una computadora o cualquier dispositivo electrónico que cuente con capacidad para tal fin (tablets, smartphones u otros). Ya sea como herramienta o como una víctima específica, la computadora puede ser considerada como una herramienta en la ciberdelincuencia cuando el individuo es el principal objetivo del delincuente cibernético (robar cuentas de banco, datos personales, robo de identidad, etc.), pero a su vez, esta computadora puede ser considerada como objetivo cuando el delito se dirige hacia ella misma (robo de información de bancos de datos, modificación maliciosa de la información, etc.). Además, la delincuencia cibernética también incluye delitos tradicionales que se llevan a cabo con el acceso a Internet, por ejemplo, el fraude por Internet, el robo de identidad, el robo de cuentas de tarjetas de crédito, etc. En palabras simples, la ciberdelincuencia se puede definir como cualquier acción de violencia que se lleva a cabo mediante el uso de una computadora u otros dispositivos con la misma posibilidad de acceso. Esta acción puede generar efectos nocivos en la computadora contraria y principalmente al usuario, que normalmente se encuentra desprevenido porque desconoce de estas amenazas. El cibercrimen en el mundo es una de las modalidades delictivas que cada vez ha tomado más fuerza, y particularmente en el Perú, puesto que en esta modalidad de delito no existen fronteras. Es decir, si alguien por ejemplo, desde China se dedicara a robar tarjetas de crédito, probablemente no sepa ni le interese que las tarjetas robadas sean del Perú o de cualquier otro país, simplemente obtiene la información y la vende. Una encuesta realizada por el grupo internacional “Kaspersky Lab”, dedicado a la seguridad informática desde 1997, demuestra que en el primer semestre del 2014, Perú se convirtió en el segundo país en Latinoamérica que recibió más ataques del cibercrimen 68

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con un 39,8 % de usuarios afectados, detrás de Brasil que cuenta con un 43 % de afectados por este flagelo, con 32 millones de ataques efectuados. En el mundo, según una encuesta realizada por “Ponemon Institute”, organización matriz de gestión de la información que realiza investigaciones independientes sobre privacidad, protección de datos y políticas de seguridad de la información, los crímenes cibernéticos en el mundo crecieron en el 2014 un 10,4 % con respecto al 2013, que le representó a las organizaciones un costo de US$ 7,6 millones de dólares. Asimismo, dicha encuesta muestra de manera porcentual, las ciudades peruanas que cuentan con mayor incidencia en delitos cibernéticos, empezando con Lima con un 58,5 %, seguida por Amazonas con un 9,9 %, Huaura con el 7 %, Callao con un 2,5 %, Cusco con un 2,3 %, y Arequipa y La Libertad con un 2,1 %; cifras que se convierten en un campanazo de alerta para el Gobierno peruano y las organizaciones privadas, que deben ser más conscientes en sus soluciones y sistemas de seguridad, tanto internos como externos. Debemos tener presente que el ciberdelincuente pocas veces fija un objetivo preciso para el ataque, normalmente escanea computadoras con debilidades en todo Internet y luego las ataca; por lo general, muchos ciberdelincuentes no saben dónde están ubicadas físicamente las computadoras atacadas, lo que les interesa es robar información valiosa que luego la subastan por Internet. Perú y algunos países de Latinoamérica son blancos fáciles porque no existe conciencia de ciberseguridad y, además, porque los sistemas de protección informática son caros y pareciera que es un gasto insulso, pues la protección que brindan no es tangible como comprar una nueva impresora u otro dispositivo. Los ciberataques no se ven, por tanto, se debe contar con una buena preparación para detectarlos y en la mayoría de los casos los blancos ni se enteran que están siendo víctimas de ciberataques, por eso los hackers entran en sus sistemas, roban información e incluso esperan que la víctima ingrese más información para actuar nuevamente. Cabe indicar que existen herramientas informáticas que monitorean los archivos permitiendo tener visibilidad de lo que ocurre con ellos en función de la hora, fecha, persona que genera o descarga y tipo de archivo, obteniendo la trazabilidad de cada uno de ellos cuando se transfieren dentro y fuera de una red, minimizando así posibles vulnerabilidades y fugas de información sensible. Sin embargo, para el encargado de tecnologías de la información, en la mayoría de los casos y debido a la falta de conciencia de ciberseguridad, como se explicó anteriormente, es más rentable comprar una nueva impresora de alto rendimiento que gastar en un programa de protección, simplemente porque la primera opción es visible y la segunda pasa desapercibida para el común de las personas. Asimismo, se conocen muchos factores que no permiten que la estadística de los delitos cibernéticos sea precisa y en consecuencia no se dispone de la información necesaria para realizar un análisis adecuado. En primer lugar, el desarrollo agresivo de la tecnología actual 69

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hace que este crimen sea muy difícil de detectar; en segundo lugar, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley carecen de los conocimientos técnicos necesarios para hacer frente a la actividad criminal; y, en tercer lugar, una vez que se ha detectado la actividad criminal, muchos empresarios son renuentes a presentar un informe, ya que tienen miedo de la publicidad adversa, la vergüenza, la pérdida de confianza del público, de los directivos de una empresa, de los inversores y particularmente de los clientes, con las respectivas repercusiones económicas. Adicionalmente, en el 80 % de los casos la víctima no se entera que ha sido atacada, pues no cuenta con las herramientas ni la conciencia de este nuevo tipo de delito, por lo que es susceptible de ser atacada una y otra vez. Debido a estos factores, el número real de casos de delitos cibernéticos y la estadística de los mismos en nuestro país, no se puede precisar.

Análisis Existen tres grandes categorías de delitos cibernéticos: La primera categoría se manifiesta contra las personas, estando incluido el acoso a través del correo electrónico o el ciberacoso que puede ser de tipo sexual, racial, religioso o de cualquier otra índole; asimismo, el ciberacecho significa seguir los movimientos de la actividad de un individuo a través de Internet; de otro lado, la actividad conocida como “grooming” es aquella mediante la cual un adulto engaña a una persona joven para que se reúna con él; también esta considerado el robo de identidad, pero las razones pueden ser de carácter personal o puramente aleatorias; además, la distribución de la pornografía, especialmente la infantil, que es uno de los crímenes cibernéticos más graves; del mismo modo, la trata de adultos o niños a través de Internet, que es otro cibercrimen personal. La segunda categoría de delitos cibernéticos comprende lo realizado contra todas las formas de propiedad (bienes). Esta categoría incluye el vandalismo informático a través de Internet, por medio de la transmisión de programas nocivos (ataques de malware y virus) contra redes informáticas de hardware y software; así como el robo de la propiedad o del bien que se produce en el espacio cibernético, al acceder al contenido de una cuenta bancaria individual o empresarial; también está considerada la piratería en páginas web de empresas, que representa una forma de transgresión de la propiedad; de igual forma, está considerado el robo de información de las empresas y de la propiedad personal; además, contempla el robo de tiempo de Internet, que consiste en el empleo de las horas de Internet que en realidad le pertenecen a una tercera persona, a quien se le carga el consumo en su cuenta, pero no solamente eso. Un hacker podría estacionar su carro junto a la casa de una pareja de mayores de edad, hackear su red Wifi y utilizarla para realizar ataques a terceros, de tal manera que cuando la policía proceda con las investigaciones de un robo de identidad, por ejemplo, podrían considerar que uno de ellos es el ciberdelincuente. La tercera categoría se refiere a los delitos cibernéticos contra los gobiernos, que constituyen otro nivel de delincuencia. El terrorismo cibernético es el tipo más grave de 70

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delincuencia en esta categoría y puede provenir de grupos terroristas o de gobiernos legítimos. Hackear un sitio web del gobierno, en particular los sitios militares, es una manifestación de terrorismo cibernético. Un ejemplo de delito cibernético contra el gobierno es el hacking web. Mediante este ciberdelito los hackers tendrían acceso y control sobre la página web de un determinado gobierno o de sus instituciones tutelares, pudiendo bloquearlas, cambiar su contenido para el cumplimiento de sus objetivos políticos o militares, o también hacer circular propaganda subversiva para crear zozobra entre la población e infundir el pánico. Pero más peligroso que ello podría ser modificar las planillas de pago de empleados del gobierno, borrar o cambiar datos de los DNI o cortar los suministros de agua o electricidad de una ciudad, todo esto es posible pues los servicios públicos esenciales están conectados a Internet y aunque tal vez esos servicios sean privados, las consecuencias que repercutirían en la población sí constituyen una responsabilidad del Estado. Los delitos cibernéticos están en todas partes; en tal sentido, en cualquier momento una determinada persona puede ser objeto del ciberdelito. Entre los delitos cibernéticos más comunes tenemos el robo de identidad, el almacenamiento de información ilegal, los virus informáticos y el fraude a través de Internet. Primeramente, se tratará del robo de identidad. Mediante este o suplantación de identidad (phishing), el delincuente obtiene piezas claves de información personal, como por ejemplo, contraseñas, nombres de usuario, información bancaria, números de tarjetas de crédito, entre otros datos, con el fin de hacerse pasar por la otra persona. Esta información puede ser empleada por el ciberdelincuente para acceder a las cuentas de banco y tarjetas de crédito y dejarlas vacías. Existen tres tipos de robo de identidad, los cuales se denominan “adquisición de venta”, “fraude solicitante” y “alias”. El robo de identidad “adquisición de venta” se refiere al tipo de situación en la que el delincuente utiliza la información personal robada para acceder a las cuentas de otra persona; de otro lado, el robo de identidad “fraude solicitante” significa que el delincuente emplea la información de una tercera persona para abrir cuentas nuevas. El delincuente podría abrir una nueva cuenta de tarjeta de crédito y establecer un servicio de telefonía celular. La víctima se daría cuenta un par de meses después, cuando el banco le reclame por cientos de gastos que no realizó; el robo de identidad “alias” es aquel que consiste en que el delincuente asume la identidad de otra persona, con el propósito de evadir la ley. Para evitar este tipo de ciberdelitos, no debe mantenerse la totalidad de la identificación y la información financiera en un solo lugar y nunca escribir su PIN (número de identificación personal) en cualquier lugar. Además, no responder a aquellos mensajes de correo electrónico o correo postal que solicitan información personal como contraseñas o números PIN. El robo de identidad no es nuevo, los delincuentes han encontrado siempre distintos modos de apropiarse ilegalmente de información personal, particularmente mediante el engaño, robando el correo de los buzones e incluso revisando los cubos de basura. Ahora 71

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que el robo de identidad se ha trasladado a Internet, los ciberdelincuentes pueden engañar a una mayor cantidad de personas y muchas veces sin poder ser detectados, lo que lo hace mucho más atractivo y rentable para estos. El almacenamiento de información ilegal, también considerado como delito cibernético, consiste en que los delincuentes a menudo emplean el Internet para obtener y transferir imágenes ilegales. ¿Qué entendemos por informaciones ilegales en la web? Son aquellas imágenes, datos y, en algunos casos, el texto que usted ve o puede ser inadvertidamente expuesto en un sitio web, que podría contener lo siguiente:

• •

Imágenes de abuso infantil (también conocidos como “pornografía infantil”). Contenido obsceno criminal representado por imágenes y datos, en la que se ofrecen actos de la actividad sexual extrema y violenta.

Por otro lado, un virus informático es un programa de software que se extiende de una computadora a otra y que interfiere con el funcionamiento de las mismas. Un virus informático puede corromper o borrar datos del disco duro de una computadora, almacenar datos de sus cuentas o cualquier otra cosa que el creador haya planeado. Se propagan fácilmente a través de los archivos adjuntos en mensajes de correo electrónico o en mensajería instantánea. Por lo tanto, nunca se debe abrir un archivo adjunto de correo electrónico a menos que se sepa quién envió el mensaje o cuando menos se espera un archivo de ese tipo. Los virus informáticos pueden ser disfrazados como archivos adjuntos de imágenes divertidas, tarjetas de felicitación o archivos de audio y vídeo; también se extienden a través de descargas en Internet o se pueden ocultar en software pirata o en otros archivos o programas que usted puede descargar. En el Perú, el 99 % del software de escritorio está constituido por programas no originales (piratas). Los hackers toman un programa conocido (por ejemplo, Microsoft Office) que vale unos 250 dolares americanos, luego le añaden virus y los venden en diversas galerías, los dueños de estos negocios sacan miles y miles de copias que venden a un bajo precio y en cada una de ellas se va el virus. Es por eso que en nuestro país es muy facil distribuir un virus. Finalmente, y no menos importante, es el fraude a través de Internet. Este delito es una tergiversación deliberada que hace que otra persona sufra daños. El fraude a través de Internet puede ser cometido empleando muchos medios de comunicación (el correo, el teléfono, etc.). Entre algunos de los tipos de fraude a través de Internet se puede incluir la publicidad engañosa, el fraude anticipado de honorarios, el fraude de quiebra, etc. La mejor manera de prevenir este tipo de fraude a través de Internet, tanto en las finanzas personales como en las organizaciones, es el desarrollo de procesos que protegen la información sensible, mediante el cumplimiento de las rendiciones de cuentas y revisando constantemente los registros financieros. Las libertades digitales de las personas y la Internet abierta están bajo amenaza. Esta es una tendencia verdaderamente global, aunque sus manifestaciones difieren. La violación 72

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de derechos humanos tiene un factor tecnológico cada vez mayor. No solo enfrentamos la ciberdelincuencia como una amenaza concreta, en muchos países el deseo de los gobiernos por controlar y reprimir el acceso a Internet los ha movilizado en línea. En otros lugares es más bien la inacción y la privatización desenfrenada de la web y de las funciones críticas esenciales o el empleo relacionado con Internet, así como las tecnologías de la información y comunicación. Además, también existe el riesgo de que ciertas medidas de seguridad cibernética bien intencionadas puedan tener un impacto desproporcionado en contra de nuestras propias libertades digitales.

Incidencia de ciberdelitos en empresas a nivel internacional

La compañía aseguradora Allianz Global ha presentado su Barómetro del Riesgo 2015, siendo esta la cuarta edición de la encuesta internacional sobre riesgos que dicha compañía realiza anualmente. Cabe indicar que de sus resultados se desprende que las empresas se enfrentan a nuevos desafíos derivados de la creciente interconexión del mundo empresarial. La ciberdelincuencia y los fallos informáticos siguen ascendiendo con fuerza en el Barómetro del Riesgo que elabora Allianz Global y se sitúan por primera vez en 2015 entre las cinco amenazas empresariales más importantes en todo el mundo; cabe precisar que en 2013 los ciberriesgos estaban en la decimoquinta posición y en 2014 se situaron en la octava ubicación. En Alemania, el Reino Unido y EE. UU. los ciberriesgos son ya uno de los tres riesgos empresariales más importantes. Los daños a la reputación (61 %) y la interrupción del negocio (49 %) se consideran como las causas principales de perjuicios económicos tras un incidente cibernético. Aunque la toma de conciencia sobre los ciberriesgos viene en aumento, muchos todavía subestiman las diferentes consecuencias; según un elevado porcentaje de los encuestados, la falta de presupuesto y los conocimientos aislados dificultan la tarea de protegerse frente a los ciberriesgos, lo que explica por qué las empresas no se encuentran preparadas para combatirlos (Los ciberriesgos son muy complejos). “Los diferentes actores dentro de las empresas, como los responsables de la seguridad informática y los encargados de garantizar la continuidad del negocio, necesitan compartir sus conocimientos para identificar y evaluar las amenazas potenciales”, explica Jens Krickhahn, responsable para Alemania y Europa Central del área de ciberriesgos y fidelidad de la aseguradora corporativa especialista “AGCS Financial Lines”. Los conocimientos que hasta ahora han estado aislados deben incorporarse a un “laboratorio de ideas” que pueda enfocar los riesgos de una forma integral. El “factor humano” tampoco se debe subestimar, ya que los empleados también pueden provocar incidentes de seguridad informática, involuntariamente o de forma deliberada.

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En defensa de la libertad digital

Es imposible seguir las noticias sin ser confrontado con cuestiones conexas al término “ciber”. Ciberdelincuencia, policía cibernética, ciberataque, guerra cibernética, terrorismo cibernético, cyber lunes, fiesta cibernética y ciberespacio son solo algunas de las palabras que se han unido a nuestro vocabulario en los últimos años. Aunque hasta el momento los ciberataques no han conducido a muertes inmediatas o destrucción a gran escala, cuando se habla de la seguridad cibernética es importante saber qué es lo que tratamos de defender: Las libertades digitales y la sociedad abierta. Tenemos que defender los principios democráticos no solo contra ataques externos, sino también contra la erosión desde dentro. Muy a menudo la libertad se ve restringida por una supuesta seguridad que parte del enfoque de una amenaza malinterpretada. Las libertades digitales y los derechos fundamentales deben ser respetados en el estado de derecho, debiendo ser abordados estos temas en el contexto de un mundo globalmente conectado. Este es un asunto del Estado como actor nacional y global, pero también debe involucrar a toda la sociedad. La libertad en el ciberespacio, como en cualquier otra dimensión, debe entenderse con algunas limitaciones innatas (como la seguridad), porque si no fuera así, estaríamos hablando de libertinaje. En este sentido, el catedrático español de Filosofía, Fernando Fernández-Savater Martín, señala que “entre los valores que las instituciones deben de proteger y equilibrar se destacan la libertad y la seguridad”. En primera instancia, ganar libertad en detrimento de la seguridad se podría considerar reaccionario y, sin embargo, ganar seguridad en detrimento de la libertad podría ser catalogado de dictatorial. El conflicto existe y es ahí hacia donde hay que dirigirse para tratar de resolver el problema, con la intención de encontrar un equilibrio. La buena noticia es que no necesitamos de una “democracia cibernética” para garantizar la ciberseguridad. En la mayoría de los casos, las bases de la capacidad de recuperación ya están en nuestras leyes y reglamentos existentes. Las tecnologías son una parte esencial de nuestra vida cotidiana, los negocios, la educación, las experiencias culturales y la participación política. En tal sentido, la capacidad de recuperación y defensa debe integrarse e incorporarse a fortalecer tanto la libertad como la seguridad. Para evitar el miedo a la publicidad negativa en razón de políticas impulsadas por incidentes y malas prácticas es imprescindible el conocimiento necesario para la transparencia y la rendición de cuentas. En tal sentido, debemos centrarnos en la integración de desarrollos tecnológicos que aseguren una adecuada supervisión democrática, de manera 74

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que permitan preservar nuestros principios constitucionales y nuestras libertades digitales, como elementos esenciales de una sociedad abierta.

Esta no es la tendencia en el momento

El exsecretario de Defensa estadounidense y exjefe de la CIA, Leon Edward Panetta, expresó el peligro de un “Ciber Pearl Harbor” y defendió la Ley de Ciberseguridad; Panetta cree que EEUU. puede sufrir varios ataques cibernéticos simultáneos que podrían dañar los activos críticos, energía, agua, etc., importantes sistemas militares y redes de comunicaciones; ataques que causarían destrucción física y pérdida de vidas. De darse este hecho, paralizaría y conmocionaría a EE. UU. y crearía un nuevo sentido profundo de la vulnerabilidad. Asimismo, una de las tantas señales de alarma la lanzó la firma de seguridad estadounidense Mandiant a inicios de 2013, en un informe en el que detalló la “amplia campaña de espionaje cibernético a largo plazo” en la que está embarcada China a través de la Unidad 61398 del Ejército de Liberación Popular (ELP), algunos llaman a esta campaña “Cool War”, otros, la “Guerra Fría Cibernética”. Debemos recalcar que, según estadísticas, la mayor cantidad de ataques cibernéticos en el mundo se realizan desde China, Europa del Este y Rusia. Esto no se debe a que “sean más expertos que nosotros” sino a que dichos países no respetan las reglas internacionales y no es posible hacer el seguimiento de los ataques dentro de ellos, es decir, se puede conocer que el ataque proviene de China, pero no se puede determinar exactamente de qué lugar de ese país, esto debido a que China no informa al mundo sus direcciones IP internas; por ejemplo, si alguien realiza un ciberataque a la Casa Blanca desde una cabina de Internet en la avenida Wilson (Perú), los servicios de seguridad estadounidenses podrían rápidamente detectar con exactitud desde dónde se produjo el ataque… Eso no sucede con los países antes mencionados porque ocultan dicha información; en el caso de China está claro que su Ejército es el principal causante de ciberataques, con el fin de robar información, por ejemplo, de la fabricación de los nuevos modelos de iPhone o de motores de automoviles o aviones o cualquer otra de utilidad, para luego copiarlas.

Multisectorial y multidisciplinario

Estas metáforas se utilizan para justificar los esfuerzos en curso en el Pentágono y en la Agencia Central de Información de EE.UU. (CIA), para adaptar las doctrinas existentes sobre la definición de “actos de guerra” a los ataques cibernéticos. Este discurso puede también emplearse para legitimar el medio más fuerte para responder. Asimismo, el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN (CCD COE) presentó en Londres el 15 de marzo del 2013, el “Manual de Tallín” (Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare), documento que examina cómo poder aplicar las normas existentes de derecho internacional a la nueva ciberguerra, sugiriendo docenas de aplicaciones muy concretas de internacionalización tradicional y la ley marcial en línea. 75

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La percepción actual es que se avecina una carrera de armas cibernéticas. En una espiral tal que tanto los medios como los fines se confunden rápidamente y las perspectivas se pierden. Los agresores y defensores pueden llegar a ser lo mismo. En línea, esto es más complicado que en el mundo real. Incluso una organización como la OTAN se ha centrado en la defensa de su propia infraestructura, lo que también se aplica para los ciberataques o actos de guerra cibernética. En definitiva, estamos en un nuevo entorno, con nuevos actores, nuevas armas y nuevas formas de conflicto. El presidente de los Estados Unidos, ante los últimos ataques a la infraestructura de gobierno, la Casa Blanca y otros estamentos, ha dicho en uno de sus últimos discursos que está solicitando al Congreso de su país que cualquier ataque a la estructura cibernética de los EE.UU. o a las empresas dentro de su territorio sean considerados un acto de guerra; por lo cual, las fuerzas armadas pueden actuar militarmente contra el agresor. Sin embargo, tampoco quedan dudas de que tanto el ciberespacio como el mundo real interactúan continuamente, porque se han generado ciberataques que podrían terminar en una respuesta militar. En setiembre de 2014, durante la clausura de la Cumbre de la OTAN en Cardiff (Gales), el secretario general de la Alianza anunció que un ataque cibernético contra cualquiera de sus miembros podría tener una respuesta colectiva de carácter bélico. En este sentido, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento estratégico clave.

Público y privado

No cabe duda que los gobiernos se basan cada vez más en los actores privados para asegurar, gestionar y desarrollar las infraestructuras y servicios de las TIC críticas; sin embargo, los incentivos y responsabilidades deben ser cuidadosamente pensados desde una perspectiva de largo plazo. Aunque los actores son interdependientes, los gobiernos y los actores privados tienen cada uno un papel diferente. Las prioridades deben establecerse, y la claridad sobre la responsabilidad final tiene que ser transparente y sin ambigüedades. Las empresas tienen el deber de desempeñar un rol muy importante en la sociedad, particularmente respecto de garantizar la seguridad. Y ahora también se enfrentan a desafíos que tradicionalmente fueron abordados por diplomáticos o políticos. El revuelo en torno al tráiler denominado la “Inocencia de los musulmanes”, vídeo que fuera publicado en YouTube, donde se hace una imagen caricaturesca de Mahoma, en el que lo retratan como a un inepto, defensor de la pedofilia y la homosexualidad, de quien se duda incluso que fuese portador de la palabra de Alá, es un ejemplo de ello. Las empresas también se enfrentan a peticiones de los gobiernos para eliminar contenidos, bloquear el acceso o proporcionar datos personales del usuario. Cabe precisar que esta presión, incluso, es probable que aumente.

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Visto desde nuestra óptica, los iraníes acceden a la información desde la perspectiva de su gobierno; la disponibilidad de su acceso a Internet ha sido el incentivo para erigir una web a nivel nacional que sirve como una intranet, altamente censurada y controlada centralmente, algo parecido a lo que sucede en la China continental. Es decir, en esos países la Internet no es abierta, las personas solo ven lo que el gobierno quiere que vean. Está claro que los intereses de los gobiernos y las empresas no siempre se superponen. Las empresas son responsables ante sus accionistas y tratan de obtener beneficios. Esto puede ser, en contraste con el interés público, lo que los gobiernos deben tener en cuenta y salvaguardar. Algunas compañías dedicadas a elaborar software tienen una reputación que perder, por lo tanto, la presentación de informes de vulnerabilidades en dichos programas o fallos de seguridad no les es nada atractivo. En el interés público, las obligaciones de notificación o de información de las empresas tienen sentido, pero para evitar titulares negativos cada vez que un incumplimiento se informa, estas firmas consideran la presentación de informes en un entorno confidencial; sin embargo, en un mundo globalmente interconectado (propiedad privada, activos de las TIC críticas y el software empleado por millones de personas), estas compañías tienen la responsabilidad moral de informar cuando nuestras sociedades se encuentran en riesgo.

Armas digitales

Existen empresas europeas y estadounidenses que venden este tipo de software a los gobiernos de terceros países, quienes pueden tener intereses comerciales que van directamente en contra de los nuestros. Uno de los temas más destacados, que debe ser abordado por el bien de la preservación de las libertades digitales, así como de nuestro interés estratégico, es la exportación de armas digitales. La censura masiva, los sistemas de seguimiento y rastreo, así como las herramientas de hacking y vulnerabilidades pueden ser utilizados para dañar a la gente y a nuestra propia seguridad. Aunque el exceso de regulación de Internet nunca debe ser un objetivo en sí mismo, la regulación de este sector oscuro es muy necesaria para alinear nuestros valores e intereses en un mundo digital hiperconectado. El software denominado “FinFisher” (programa de vigilancia elaborado por Gamma Group del Reino Unido y Alemania) se utilizó en Egipto, mientras que la Unión Europea condenó violaciónes de los derechos humanos por parte del régimen del expresidente Hosni Mubarak. En este sentido, su extensión a 25 países es un recordatorio de que la proliferación de armas digitales es inevitable. La empresa de seguridad francesa Vupen es especializada en descubrir las vulnerabilidades “día cero” en el software empleado por diversos gobiernos o por particulares; sin embargo, 77

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las vende al mejor postor, que con dicha información podría elaborar un software malicioso con la finalidad de atacar aplicaciones y sistemas de gobierno o particulares, gracias a las vulnerabilidades que por lo general son desconocidas para el operador del equipo y el fabricante del producto, lo que les permitiría la infiltración, a través de computadoras, tanto de particulares como de empleados o funcionarios de un determinado gobierno, mediante el empleo de Internet. A un ataque de “día cero” se le considera como uno de los más peligrosos instrumentos de la guerra informática. Otras empresas, como la compañía “zona SPA” de Italia, diseñaron un centro de monitoreo y tenían gente en el terreno en Siria ayudando al gobierno de Assad a tener éxito en la conducta antidemocrática o incluso penal, ayudando a la represión contra disidentes y manifestantes pacíficos. Estas compañías pueden también ser cómplices de graves violaciones de los derechos humanos. Un caso penal contra una empresa francesa, precisamente por este comportamiento empresarial, está ahora bajo consideración de un tribunal de París y podría sentar un precedente importante para otras empresas. ¿Podemos sostener que diversas empresas y sus ejecutivos son responsables de complicidad en violaciónes a los derechos humanos y en la creación de amenazas de seguridad, con la venta de armas digitales a regímenes represivos? Empresas europeas y estadounidenses se encuentran entre aquellas que más venden las tecnologías que se utilizan para vigilancia, seguimiento y censura de Irán a Siria, así como desde China a Bahrein. Si los gobiernos están condenando los abusos de derechos humanos en el plano político al tiempo que permiten a las empresas vender tecnologías represivas a los mismos regímenes, esto perjudica la credibilidad y almacena todo tipo de problemas para el futuro. Se tiene que llevar un control adecuado y lograr un acuerdo internacional para detener este comercio de armas digitales. Esa discusión no solo debe tratarse en relación con los derechos humanos, sino también para garantizar nuestros intereses estratégicos.

Contexto Para entender cómo las tecnologías pueden impactar en la gente, la evaluación de diferentes contextos es cada vez más importante. Conceptos legales y técnicos no se aplican necesariamente por igual en un contexto diferente: ¿Es legítimo vender tecnologías diseñadas para la interceptación legal a países donde no existe el estado de derecho? La reglamentación de la Unión Europea y de EE.UU. contempla las llamadas puertas traseras en infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de permitir a las autoridades del orden público acceder a la información y las comunicaciones, sujeta a la aprobación previa de un tribunal independiente (idealmente), si fuera necesario para resolver crímenes. Imagínese si países como Irán o Siria tuvieran estas habilidades tecnológicas. ¿Cómo podría la interceptación legal ser empleada en países donde no impera la ley? 78

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Las evaluaciones de los posibles daños a los derechos humanos de particulares y a los activos críticos nacionales de un estado, se deben de hacer en la fase de investigación y desarrollo (I + D). Se tiene que trabajar en concordancia con los derechos humanos y la seguridad de los principios de diseño, para asegurar los intereses públicos y estratégicos.

Credibilidad En las discusiones sobre ciberseguridad, los gobiernos se arriesgan a perder credibilidad, ya sea por inadecuada protección del público, o por extralimitación en las acciones ofensivas. Para evitar una pendiente resbaladiza se necesitan distinciones claras entre diversos delitos y amenazas. Los daños generados a la economía o a la propiedad intelectual a consecuencia de la actividad cibercriminal, deben rendir una respuesta diferente a la generada por el Estado que presenta amenazas a su seguridad nacional. Sin embargo, por el momento, al menos en el debate público, la distinción entre diversas amenazas informáticas no es muy clara. La incertidumbre puede hacer que la gente se sienta vulnerable mientras emplea el Internet, porque los ciudadanos necesitan ser informados y capacitados. Necesitamos construir sociedades resistentes y educadas en lugar de implantar el miedo. En tal sentido, los estados deben otorgar prioridad a la cooperación internacional y buscar la coherencia de las acciones de los diferentes departamentos gubernamentales. Estados Unidos optó por firmar un acuerdo bilateral con Rusia en la lucha contra las infracciones de derechos de propiedad intelectual. La cooperación acordada parece estar en contradicción directa con los objetivos del Departamento de Estado en el ámbito de la libertad en Internet. Cabe señalar que en Rusia, una ley recientemente aprobada da al Estado la autoridad para emplear el acto de inspección denominado “Deep Packet” (Inspecciones en el tráfico de Internet).

Impacto extraterritorial

El impacto extraterritorial de las leyes, en relación con la world wide web (www), será cada vez más sensible en los próximos años. Con la creciente disponibilidad de servicios en la nube, las cuestiones de responsabilidad y de seguridad son complejas. La “Patriot Act”, una ley estadounidense de largo alcance y controvertida adoptada después del 9/11, se aplicaría a todos los datos en la nube. Sobre el particular, existen constantemente sobre la mesa, nuevas propuestas controvertidas provenientes de muchos lugares del mundo. En el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que actualmente se encuentra en negociaciones y podría concluir para finales de 2015, sin duda, se va a plantear de nuevo la cooperación en el campo de la economía digital y la seguridad cibernética estándar, las que causarán controversias.

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La gobernanza en un mundo sin fronteras En un mundo globalmente conectado, las fronteras tradicionales de las tierras y la jurisdicción han perdido su capacidad exclusiva para gobernar y estructurar las relaciones internacionales. Existe una creciente tensión entre nuestras estructuras jurídicas y políticas. Mientras que las fronteras juegan un papel de poca importancia en línea, nuestros mandatarios, políticos y legisladores están consagrados en la ley y legitimados por elecciones democráticas, quienes creando jurisdicciones siguen inexplicablemente conectados con el estado-nación. Confederaciones, organizaciones internacionales o uniones políticas, con sus respectivos cuerpos de leyes y reglamentos, se rigen o establecen por tratados o convenios internacionales. Su fundación fue un acto político. La esfera digital de frontera mundial carece de este tipo de fundaciones y evoluciona día a día, orgánicamente y a veces en confrontación. Los gobiernos, expertos legales y políticos están solo al comienzo del proceso de redefinir su posición en relación con las leyes de base territorial y el Internet sin fronteras, lo que está en su mayoría en manos privadas. Ciertos estados aprueban leyes nacionales a fin de tener el internet bajo su control. La Unión Europea tiene que desempeñar un papel importante en los foros de Internet del gobierno, donde se esgrimen argumentos de incremento de la seguridad cibernética; o sea, que se pretende nacionalizar el Internet, perjudicando su carácter abierto, así como los derechos y libertades de las personas que lo emplean.

Medidas proporcionadas

En un entorno en constante dinámica se debería potenciar el análisis, ya que son las instantáneas o radiografías de los aspectos de nuestra ecología de las TIC o el ciberespacio global. De esa manera las diversas capas y los actores pueden ser identificados. En un contexto geopolítico más amplio, deberían de evaluarse las amenazas cibernéticas y las respuestas proporcionadas. Las infracciones de certificados SSL, por ejemplo, requieren un conjunto diferente de actores y soluciones de ataques masivos (DDoS) o abordar el mercado de los exploits de “día cero” o los riesgos a los datos de consumo en la nube en línea. Estudios de diversos escenarios nos deben ayudar a identificar las amenazas e implementar las respuestas adecuadas. En tal sentido, debería elaborarse una trama de amenazas indexado por su importancia o su posible impacto, coincidente con las agrupaciones flexibles de las empresas, científicos y funcionarios para garantizar la oportuna máxima seguridad, la libertad y la eficacia en nuestras respuestas en las cadenas de mando, así como en la rendición de cuentas. 80

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Dada la naturaleza y la multiplicidad de actores en el ciberecosistema es necesario un enfoque integral y civil. Necesitamos una estrategia integrada e incorporada. La ciberseguridad debería incrementarse, tanto en los parlamentos como en los hogares, en lugar de exclusivamente sedes militares o unidades especializadas. Los legisladores deben participar en diálogos transfronterizos para evaluar el impacto de una mayor divergencia entre la jurisdicción territorial y los servicios en línea, el comportamiento y la rendición de cuentas. Se deberá establecer una comunidad de valores, con la intención de liderar el impulso para la confianza, la seguridad y las libertades digitales.

La seguridad digital es una tarea seria

En 2010, se creó el Cibercomando de los Estados Unidos de Norteamerica, también conocido por sus siglas USCC (del inglés “United States Cyber Command”), es un comando subunificado de las Fuerzas Armadas bajo el mando del Comando Estratégico de Estados Unidos. Su misión es el empleo de técnicas informáticas con el objetivo de velar por sus intereses y los de sus aliados. Esto incluye la protección directa de sistemas informáticos, actuaciones de respuesta rápida frente a ataques o incluso ejecutar ataques para proteger sus intereses. El cibercomando trabaja en estrecha colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (Del inglés “National Security Agency”, también conocida como NSA). Ambos tienen su sede en el mismo lugar: Fort Meade - Maryland. Desde su fundación, el director del cibercomando ha sido a la vez director de la NSA. En marzo de 2014, el Departamento de Defensa de los EEUU, anunció el retiro de la Certificación de Aseguramiento y Proceso de Acreditación (DIACAP), a favor de un enfoque de seguridad de la información basado en el marco común de seguridad diseñado para ayudar a las organizaciones federales de EEUU. a mejorar la seguridad y fortalecer los procesos de gestión de riesgos de la información del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST - RMF). Esta transición había sido anticipada por un cierto tiempo, y era un hecho positivo conseguir todos los elementos del gobierno federal alineados en el mismo enfoque. Pero uno de los aspectos de este cambio es que se han dibujado pequeños comentarios del Departamento de Defensa de los EE.UU. - Comunidad de la Información (CI): La Directiva revisada de dicho Departamento (DoDi 8.500,01) que acompaña a este cambio ahora rige que el término “ciberseguridad” se utiliza en el Departamento en lugar del término “seguridad de la información”. Asegurar el ciberespacio no garantiza ni asegura toda la información en todos los medios. Tanto el Instituto Nacional de Estandares y Normas Técnicas de los Estados Unidos (NIST), como la CI, reconocen estas distinciones en sus propias instrucciones, publicaciones especiales y glosarios. En primer lugar, el NIST y la CI definen “ciberespacio” como: un dominio 81

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global dentro del entorno de la información, consistente en la red interdependiente de los activos críticos nacionales y los sistemas de información, incluyendo Internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, procesadores integrados y controladores. En los mismos documentos, tanto el NIST como la CI definen “ciberseguridad” como “la capacidad de proteger o defender el empleo adecuado del ciberespacio de los ataques cibernéticos”, es decir, un ataque a través del ciberespacio, apuntando al empleo de una empresa del ciberespacio con el propósito de interrumpir, deshabilitar, destruir o controlar malintencionadamente un entorno informático/infraestructura, destruir la integridad de los datos o el robo de información controlada. En otras palabras, el término “ciberseguridad” se centra principalmente en la defensa de la infraestructura de sistemas de información (computadoras, redes y comunicaciones) y en segundo lugar, en la protección de datos y la información en el dominio cibernético. “Ciberseguridad” no incluye la defensa y protección de la información fuera del dominio cibernético, lo que constituye una gran cantidad de documentos y registros dentro del Departamento de Defensa de los EE.UU. La distinción entre “ciberseguridad” y “seguridad de la información” se refleja tanto en las definiciones del NIST como de la CI, en el siguiente aspecto: Son medidas que protegen y defienden los sistemas de información garantizando su disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad y no repudio. Estas medidas incluyen la prestación para la restauración de los sistemas de información mediante la incorporación de capacidades de protección, detección y reacción. Esta definición no hace ninguna referencia a la infraestructura del ciberespacio y abarca toda la información, tanto en forma digital como analógica. Irónicamente, el Departamento de Defensa ha definido tradicionalmente “aseguramiento de la información” de la misma manera como “asegurar la confidencialidad, integridad, autenticación, no repudio y disponibilidad de la información”. Sin embargo, a partir de marzo de 2014, el Departamento de Defensa de los EE.UU. viene aplicando esa definición al término “ciberseguridad” y también se ha ampliado la definición de modo que dicha instancia ahora precisa el término como la “garantía de la información”, teniendo en cuenta lo siguiente: La prevención de daños, la protección y la restauración de los ordenadores, sistemas de comunicaciones electrónicos, servicios de comunicaciones, comunicación por cable y la comunicación electrónica, incluida la información contenida en el mismo, para asegurar su disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad y no repudio.

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Y si “ciberseguridad” ahora incluye “restauración de la infraestructura y comunicaciones por computadora”, entonces, no a cualquier técnico de servicios de tecnologías de la información se le considera “personal de seguridad cibernética”.

Problemas en torno a la cooperación internacional

Es indispensable resaltar que las soluciones puramente nacionales serán insuficientes frente a la dimensión internacional que caracteriza este problema. En consecuencia, es necesario que, para solucionar los problemas derivados del incremento del uso de la informática, se desarrolle un régimen jurídico internacional donde se establezcan las normas que garanticen su compatibilidad y aplicación adecuada. Durante la elaboración de dicho régimen se deberán considerar los diferentes niveles de desarrollo tecnológico que caracterizan a los miembros de la comunidad internacional. Al respecto, se debe considerar lo que dice el Manual de la Naciones Unidas para la “Prevención y el Control de Delitos Informáticos”, el cual señala que cuando el problema se eleva a la escena internacional, se magnifican los inconvenientes y las insuficiencias; por cuanto, los ciberdelitos constituyen una nueva forma de crimen transnacional y su combate requiere de una eficaz cooperación internacional concertada.

Perspectivas futuras

Una sociedad tan cambiante como en la que vivimos, especialmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías, nos hace difícil predecir con exactitud qué ocurrirá en el futuro. Sin embargo, hay algo que sí podemos aventurar, dada la tendencia irrefrenable que muestra la tecnología y el gran acogimiento por parte de la población de las nuevas TIC’s. La aparición de nuevos dispositivos con acceso a la red, la reducción de la brecha digital y el imparable crecimiento de Internet son hechos irrebatibles, y el aumento del número de delitos informáticos, como se dijo al principio, también. En este contexto y aún más teniendo en cuenta la capitalización de la cooperación internacional, no es atrevido pronosticar la tendencia a la inclusión de nuevos estados en el Convenio sobre Ciberdelincuencia firmado en 2001 en Budapest como única solución viable por la naturaleza misma del ciberdelito, la cual puede afectar simultáneamente a diversas jurisdicciones. La propensión a la cooperación no es ilusoria, cada vez existen más países interesados en formar parte del convenio, mayor cantidad de estados reforman su Código Penal introduciendo las infracciones informáticas, progresivamente desaparecen los “paraísos ciberdelictuales” y, en definitiva, sucesivamente más gobiernos se dan cuenta de la verdadera necesidad de actuar en esta materia. Es, pues, no solo necesario sino gradualmente perceptible el aumento de la participación en el citado convenio; así se observa en los numerosos esfuerzos a nivel internacional, por parte de diversas organizaciones internacionales y estados, a favorecer la adhesión al Tratado. 83

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La Sexta Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia de Interpol recomienda “se utilice el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa como referencia en materia de normas internacionales procedimentales y legales mínimas para la lucha contra la ciberdelincuencia…”, instando posteriormente a los estados a suscribirlo. Del mismo modo, observamos la conferencia titulada “La Cibercriminalidad: un desafío global, una respuesta mundial”, la cual tenía por objeto promover entre los estados americanos…a considerar la posibilidad de adhesión al convenio, a fin de utilizar estas leyes e instrumentos eficaces y compatibles, para luchar contra la cibercriminalidad…” Todas estas manifestaciones, que contribuyen indudablemente a garantizar la “internacionalidad” del Tratado, debemos observarlas con buenos ojos. Por otro lado, también podemos prever posteriores modificaciones del Convenio sobre Ciberdelincuencia, conforme al transcurso de la tecnología y la evolución de los delitos, especialmente en lo que respecta a la inclusión de nuevas infracciones, como ya ocurrió con los actos de naturaleza racista y xenófoba. Resumiendo, movidos por la apremiante necesidad de cooperación internacional en materia ciberdelictual, cada vez más estados apuestan por refrendar una concurrencia homogénea de normas en esta materia, mediante el convenio del Consejo de Europa. En definitiva, el futuro pasa por una mayor cooperación e integración normativa, que en la Unión Europea puede alcanzar una nueva dimensión con la reciente propuesta del Parlamento en la creación de un Tribunal Europeo de Asuntos Informáticos, especializado en cuestiones relacionadas con los delitos informáticos.

Conclusiones

2. Existe un desfase entre las medidas necesarias a implementar y lo efectivamente concretado: se debe de administrar, supervisar, asesorar, controlar y auditar los patrimonios públicos y privados, los que están cada vez más expuestos a contingencias que afectan la existencia de las empresas u organizaciones, en tanto no se adopten las medidas correctas.

La implementación de las TIC dedicadas a la transferencia de datos e información, siempre tendrá una tendencia de vulneración a la intimidad de las comunicaciones, por lo cual, los datos informáticos se convierten en el objetivo principal de realización de conductas delictivas de forma involuntaria, mediante la utilización de mecanismos tecnológicos informáticos tipo software.

No se dispone de desarrollos robustos de seguridad, donde la trazabilidad sea un objetivo primordial dentro de las soluciones implementadas, estas permitirían que las fugas de información o ataques de la ciberdelincuencia sean menores y a su vez detectables a tiempo.

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4. Las soluciones de transferencia automatizada y segura de archivos permiten optimizar, centralizar y organizar los procesos de intercambio de archivos entre sucursales, clientes y socios de negocios; esto mediante el empleo de estándares de cifrado y firmas digitales mundialmente aceptadas.

La seguridad en el área informática es sumamente trascendente en virtud de que cada vez más los sistemas de información son vitales para las organizaciones; en tal sentido, se debe acelerar el cumplimiento de reglamentaciones gubernamentales para la protección de la información.

Debemos contar con soluciones que permitan la disminución de la carga operativa relacionada con el monitoreo y control de los procesos de intercambio de archivos, así como una administración centralizada y organizada de estos, lo cual permitirá la reducción de costos en los procesos de intercambio de información.

7. Se tiene que especializar a los agentes y demás elementos que conforman las entidades encargadas de detectar, capturar y procesar a los ciberdelincuentes (policía, fiscalía, entre otros funcionarios judiciales).

Se debe estandarizar y armonizar las difusas normas procesales nacionales acerca de la investigación de los delitos informáticos, mediante la cooperación internacional, dado el carácter transnacional de los ciberdelitos.

Es conveniente potenciar los acuerdos globales a fin de estandarizar conocimientos, así como los tipos de conductas que se constituyen en delitos informáticos y en la definición legal de dichas conductas delictivas, debiéndose desarrollar una amplia legislación relacionada con la ciberseguridad y la protección de los activos críticos nacionales.

10. Sería pertinente que el Perú se adhiera al Convenio sobre Ciberdelincuencia firmado en 2001 en Budapest, respecto de la propensión a la cooperación internacional, como única solución viable para enfrentar adecuadamente al cibercrimen.

11. Se debe establecer una “Estrategia de Seguridad Nacional en el Ciberespacio”, asignando la responsabilidad de la protección a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, la cual deberá de aplicarse mediante un esfuerzo coordinado del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales, así como del sector privado y de los ciudadanos, mediante el establecimiento de cinco líneas estratégicas prioritarias, siendo estas las siguientes:

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a. Un sistema de respuesta nacional de seguridad en el ciberespacio; mediante la mejora de la gestión de incidentes, ampliando el sistema de alerta ante ciberataques, realizando ejercicios de coordinación o mejorando el intercambio de información público-privado.

b. Un programa de reducción de amenazas y vulnerabilidades; que contemple la mejora de las capacidades de las fuerzas de seguridad (FF.AA. y FF.PP.), la mejora del control de los sistemas SCADA, profundizando en el conocimiento sobre amenazas y vulnerabilidades.

c. Un programa de formación y concienciación en el ciberespacio; preparado para cinco tipos de audiencias; ciudadanos y pequeñas empresas, empresas consideradas estratégicas (especialmente las que gestionan activos críticos), universidades y centros de investigación (especialmente los que dispongan de gran capacidad de cálculo), sector privado (especialmente el que disponga de sistemas SCADA) y los gobiernos regionales y locales.

d. Aseguramiento del ciberespacio gubernamental desde el gobierno central, mediante un seguimiento de la evolución de las amenazas y vulnerabilidades y la implementación de las mejoras de seguridad adaptadas a estas, asegurando la información, mejorando la seguridad de las redes sin cables, mejorando los requisitos de seguridad en la subcontratación y en las adquisiciones, mejorando la realización de los procesos de auditoría o inspección, así como impulsando la seguridad en los gobiernos locales.

e. La cooperación en el ámbito nacional, mediante el incremento de las actividades de contrainteligencia, la mejora de las capacidades de prevención y atribución de un ataque, y la coordinación entre diferentes instituciones de las FF.AA. y FF.PP. Internacionalmente, a través del mejoramiento de los canales de comunicación y adoptando en la legislación nacional los acuerdos de ayuda mutua y los mecanismos sincronizados que permitan la puesta en vigor de la cooperación en contra del ciberdelito.

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Coronel EP Freddy Anthony López Vega Mercadante

oronel de Comunicaciones. Licenciado en Educación con mención en Ciencias y Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería, ha realizado diversos cursos de postgrado como el Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional (CAEN), Diplomado en Humanidades y Ciencias Sociales (PUCP), Diplomado en Relaciones Internacionales y Política Exterior (ADP), Diplomado en Administración de Seguridad Integral (USMP), Diplomado en Alta Dirección y Gerencia (UIGV), Diplomado en Inteligencia, Seguridad y Desarrollo (UAP) y el Curso Especial de Relaciones Internacionales y Política Exterior (ADP); ha participado en el “Seminario de Análisis de Inteligencia en el Contexto de las Amenazas Asimétricas” (Fte. Sam Houston-Texas/EE.UU.) ostenta las condecoraciones y reconocimientos siguientes: Cruz Peruana al Mérito Militar en los grados de Caballero, Oficial y Comendador, la Medalla del Combatiente Mariscal Andrés A. Cáceres en el grado de “Al Mérito” por acción distinguida en operaciones.

“La victoria o la derrota se preparan en la paz. Los fracasos, que a veces cuestan tanto, son hijos legítimos de la improvisación, tanto en lo individual, como en la vida de los pueblos.” Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN

PENSAMIENTO PENSAMIENTO

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Los Derechos Humanos que el Estado debe reconocer a los miembros de las FF. AA. y PNP Mg. Angélica María Peña Hospinal

Resumen El ensayo “Los Derechos Humanos que el Estado debe reconocer a los miembros de las FF. AA. Y PNP”, es un artículo que he elaborado con mucho cariño para las instituciones para la cual guardo un profundo aprecio, admiración y sé que a través de estas palabras entenderán mi sentir y sobre todo mis anhelos de contribución hacia el cambio por el verdadero concepto de Derechos Humanos en los que también se encuentran inmersos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El propósito fundamental es sensibilizar a la sociedad civil, a los empleados del Estado y a nuestras autoridades sobre los Derechos Humanos que son inherentes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, a fin de que tomen conciencia y se involucren en la adopción de las medidas necesarias para mejorar, proponer opciones y alternativas de posibles cambios. Palabras clave: Derechos Humanos, reivindicaciones, seguridad interna, externa y la tranquilidad pública.

Abstract The essay “Human Rights that the state must recognize members of the armed forces. And the Peruvian police “, is an article that I had made with love for the institutions which I keep a deep appreciation and admiration and I know that through these words will understand my feelings and all my contribution towards the change by the true concept of Human Rights that are also involved members of our Armed Forces and National Police of Peru. The fundamental purpose is to sensitize civil society, state employees and our authorities on Human Rights also inherent to the members of the Armed Forces and the National Police of Peru, to become aware and involved in the adoption of measures needed to improve and propose options or alternatives of possible changes. 91

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Key words: Human Rights, claims, internal, external security and public order.

Introducción Antes de intentar explicar sobre los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en la introducción a este artículo, es beneficioso repasar brevemente el proceso real por medio del cual la teoría de los derechos humanos se ha venido fortaleciendo en los últimos siglos, desde los albores de la modernidad, es decir, a partir del Humanismo y del Renacimiento (siglos XV y XVI) hasta nuestros días. Resulta de hecho difícil entender la dinámica de los derechos por fuera de una mirada histórica que nos permita apreciar el contexto en el que han surgido, las necesidades humanas que han intentado satisfacer quienes los han utilizado como arma de lucha, las razones morales e ideológicas que han orientado las declaraciones de derechos y las dificultades con las que se ha desafiado su incorporación progresiva en los diferentes ordenamientos jurídicos. Este breve recorrido a través de la historia servirá también para mostrar el contenido dinámico y abierto de la teoría de los derechos, y contribuirá a superar la tendencia a identificarlos con un conjunto de principios y realidades dadas de una vez por todas, o con un catecismo que solo necesita de fervorosos misioneros para su divulgación. No hay que olvidar que lo que hoy en día nos parece natural y obvio, constituye un logro relativamente reciente en la historia de la humanidad, fruto de esfuerzos y luchas, y en un proceso constante de transformación. Los derechos humanos son piezas de una sociedad moderna y su arraigo en la cultura occidental resultaría impensable por fuera de algunos fenómenos que definen la modernidad en el plano ético-político: la separación entre la moral, el derecho y la religión; la consolidación de un estado no confesional y laico; el derrumbe del ordenamiento social feudal por estamentos y el surgimiento de una sociedad de individuos que se presumían, al menos formalmente, libres e iguales. En este sentido, el origen cercano de los derechos humanos corresponde al período de transición del absolutismo monárquico hacia la modernidad, es decir, al período denominado Humanismo (finales del siglo XV y siglo XVI). En esa época, caracterizada, entre otras cosas, por una confianza inusitada en las capacidades humanas, un florecimiento sin precedentes de la creatividad estética y por el descubrimiento de la imprenta, empieza a gestarse un nuevo tipo de individuos inconformes con el orden social existente y decididos a forjar una proyecto vital novedoso tanto en la esfera pública como en la vida privada. Fiel espejo de esta nueva cultura es el discurso Oración por la Dignidad del hombre, de Giovanni Pico Della Mirándola (1463-1494), que destaca el lugar extraordinario del ser humano en el conjunto de los demás seres vivientes y su destinación privilegiada hacia la libertad. A diferencia de los animales, atados al instinto, el hombre está llamado a moldear por sí mismo su naturaleza y destino, así como el sistema de relaciones sociales en el que se encuentra inserto. Solo que esta semejanza adquiere un sentido distinto: 92

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el hombre comparte con la divinidad el atributo más elevado, es decir, la misma capacidad creadora. Hay que tener en cuenta que en el surgimiento de la idea de derechos humanos juega un papel significativo la lucha por la tolerancia religiosa, que se va gestando en el contexto de las guerras de religión de los siglos XVI y XVII. La intransigencia se acentúa en los albores de la modernidad a raíz de la Reforma, que rompe la unidad religiosa de Europa y produce un recrudecimiento del fanatismo, con fenómenos espeluznantes de barbarie: procesos y ejecuciones de individuos por sus ideas heterodoxas, quema de libros considerados peligrosos para la religión dominante, tortura, destierro, etc.

Jhon Locke (1632-1704) sintetiza muy bien los dos principios básicos de la tolerancia: a) Cada cual es autónomo en sus creencias y prácticas religiosas, y no debe ser molestado si con su conducta no perjudica la libertad de los demás; b) Las diferencias en materia religiosa deben ser toleradas tanto por el Estado, que no tiene injerencia directa en asuntos de fe, como por las Iglesias, autorizadas a hacer proselitismo, pero por medio de la persuasión y no de la violencia.

Por consiguiente, nadie debe ser perseguido ni discriminado por sus opiniones religiosas. La tolerancia abre así el camino a la libertad de conciencia y a la autonomía moral. En efecto, si bien surge en el terreno religioso, el ideal de tolerancia se va desplazando hacia otras esferas y es utilizado para cuestionar formas de intolerancia relacionadas con el rechazo de determinadas opiniones políticas, la discriminación racial o social, o la actitud despectiva hacia algunas formas de vida. Para el jurista y escritor holandés Hugo Grocio (1538-1645), el Estado es la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. ¡Entonces! Qué entendemos por “Derechos Humanos”, son aquellos derechos que hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el solo hecho de ser seres humanos y tienen la característica de ser inalienables (ya que nadie, de ninguna manera, puede quitarle estos derechos a otro sujeto más allá del orden jurídico que esté establecido) y de perfil independiente frente a cualquier factor particular (raza, nacionalidad, religión, sexo, etc.). Asimismo, los derechos humanos también se caracterizan por ser irrevocables (no pueden ser abolidos), intransferibles (un individuo no puede “ceder” sus derechos a otro sujeto) e irrenunciables (nadie tiene el permiso para rechazar sus derechos básicos). Aun cuando se encuentran amparados y contemplados por la mayoría de las legislaciones internacionales, los derechos humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera necesario respetar para proteger la dignidad de las personas. Finalmente, al término del ensayo podremos comprender mejor la Ley Nº 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 93

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Los derechos humanos que el Estado debe reconocer a los miembros de las FF. AA. y de la PNP

Es innegable que cada vez que fallece un militar o un policía en cumplimiento de su función, la población exige “mano dura” frente a la inseguridad, siendo los familiares de las víctimas quienes reclaman justicia, sin embargo, existen diversas entidades cubiertas bajo la fachada de ONG, que defienden los derechos humanos de aquellos que atentan contra la seguridad interna, externa y la tranquilidad pública, pues “solo victimizan al delincuente” y dónde quedan entonces los derechos humanos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Soy de la opinión que quienes protegen y defienden la seguridad y defensa nacional también tienen derechos. Me pregunto y respondo ¿Qué es vivir en democracia? Esto implica el respeto a la ley y a los derechos humanos de todos, sin distinción de aquellos que visten el uniforme de la patria. Frente a estos casos se requiere aplicar una estrategia que encuentre un razonable equilibrio entre el uso legítimo de la fuerza, el respeto de las personas y la seguridad de los defensores de la democracia; este uso legítimo de la fuerza tiene límites y esto es particularmente relevante cuando se presentan actos de violencia, sin que con ello se transgreda la Ley Nº 29131 en su artículo 9º en cuanto a la regulación en el ejercicio de algunos derechos constitucionales: La condición militar conlleva, para el desempeño de sus funciones militares, la regulación del ejercicio de determinados derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución Política del Perú.

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Debemos recordar que cada vez que acontece un hecho que pone en riesgo nuestra integridad, rápidamente recurrimos a las fuerzas del orden en busca de ayuda y protección, y qué pasa cuando se vulneran los derechos de quienes nos defienden de aquellas amenazas contra nuestra seguridad o es que acaso ellos no tienen derechos. Lo acaecido evidencia que las autoridades judiciales siguen encargando a las fuerzas de orden “resolver” estos problemas sin el amparo legal necesario. A raíz de tales hechos me pregunto qué piensa la población por el significado de ¿qué es vivir en democracia? A nuestro entender ello implica el respeto a la Carta Magna que es la Ley de Leyes, el reconocimiento a nuestras autoridades y el respeto por los derechos humanos de todos, sin dejar de lado el reconocimiento de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando se exteriorizan actos terroristas, delincuenciales, etc., que afectan a los miembros de la sociedad a los cuales protegen nuestras FF. AA. y PNP por mandato constitucional? En tales acontecimientos se requiere emplear un adecuado planeamiento estratégico (análisis FODA) que encuentre un razonable equilibrio entre el empleo legítimo de la fuerza, el respeto de los derechos de las FF. AA. y PNP, dotándolos de las herramientas legales y recursos logísticos adecuados. Asimismo, la ciudadanía reconoce que las FF. AA. y PNP son las instituciones públicas que están más cerca de la sociedad civil, pues velan por su seguridad y la integridad territorial. Por eso, el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar sus derechos. Sin su presencia no existiría la seguridad, muy a pesar de los problemas por los cuales se encuentran atravesando. En definitiva, seguimos viendo que no los respetan. Una adecuada implementación y dotación de armas legales necesarias para el cumplimiento de su misión y la defensa de sus derechos constituyen una prioridad. Haría bien el Ejecutivo en reconocerlo y adoptar medidas efectivas para ello. Siendo la esencia de este artículo difundir los derechos fundamentales, beneficios concretos que les corresponde al personal militar y policial en estado de invalidez, por actos relativos a su función (actos de servicio como consecuencia de este o acción de armas), los derechos y beneficios inherentes que les corresponde a sus familiares (en caso de muerte en actos de servicio); por ello resulta imperioso empezar a incidir en la protección general desde el ordenamiento nacional e internacional. Nuestra Constitución Política establece en su artículo 44º: Tiene como deber primordial del Estado defender la Soberanía Nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general, que se fundamenta en importantes funciones a las FF. AA. y PNP, como resguardar la seguridad nacional y el orden público para lograr así la paz social. Entonces, 95

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¿cuál es la visión de la Policía Nacional del Perú? Es ser reconocida como una Institución MODERNA, DISCIPLINADA Y EFICIENTE al servicio de la sociedad, con un prestigio a nivel nacional e internacional: Por su muestra de vocación al servicio, honestidad, capacidad, profesionalismo, liderazgo de cada uno de sus integrantes; por su respeto y defensa de los DERECHOS HUMANOS, a la Constitución y a las leyes y su gran compromiso para fomentar una cultura de paz. Sin embargo, coexisten ciertos grupos interesados que se aprovechan de las malas interpretaciones, pretendiendo explicar que el respeto de los derechos humanos representa un obstáculo en el ejercicio de las funciones de las FF. AA. y PNP. Tal aseveración es ineludible en una democracia, y más aún, exceder en su desprotección, pues ejercen sus funciones exponiendo su propia vida e integridad. a) El amparo en el Derecho Internacional de los derechos humanos de los militares y policías Las elementales funciones declaradas en el marco constitucional, que fueron delegadas a los militares y policías, no debe hacernos perder de vista que, antes que miembros de las fuerzas del orden, son seres humanos que se encuentran amparados en general por todos los tratados de derechos humanos de conformidad al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1.

Estos son compromisos jurídicamente ineludibles para los Estados, los cuales asumen obligaciones de respetar, preservar y ejecutar los DD. HH. en aplicación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; estas son las siguientes obligaciones: 1. La primera de las obligaciones exige que los Estados no obstaculicen en el disfrute de los derechos humanos. 2. La segunda obligación es que los Estados frenen abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos.

1 El PIDCP. Parte II. Artículo 2º: a) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. b) Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. Artículo 3º: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

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3. Por último, que los Estados acojan las medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Además de ello, los tratados de derechos humanos sirven de guía en el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Por ello, es primordial avanzar en el RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS FF. AA. Y PNP, inspeccionando el cumplimiento de los principales beneficios que la ley le otorga ante las situaciones de contingencia que afectan su vida e integridad y con ello buscar mejoras para su bienestar. b) La protección del Derecho Constitucional de los policías y miembros de las FF. AA.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 2º, establece en los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, los mismos derechos fundamentales garantizados para todos los ciudadanos, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2.

También señala que la Policía Nacional del Perú tiene como funciones: mantener, garantizar y restablecer el orden público interno; proteger y ayudar a las personas; garantizar el cumplimiento de las leyes; garantizar el patrimonio público y privado; resguardar las fronteras; y prevenir, investigar y combatir la delincuencia. En relación a las Fuerzas Armadas, la Constitución señala que se constituyen por:

Ejército

Marina de Guerra

Fuerza Aérea

Fuerzas Armadas del Perú

Su función principal:

Garantizar La Independencia La soberanía

La integridad Territorial 2 PIDESC. Artículo 7º: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.

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No obstante, un reducido número de derechos fundamentales le son limitados debido a la naturaleza de las propias funciones de las Fuerzas Armadas y de la PNP; de conformidad con la Ley N° 29131, Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y de la Ley N° 1150, Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

¿Qué podemos señalar en cuanto al Régimen de la Seguridad Social de los policías y miembros de las FF. AA.?

En razón a los artículos pertinentes sobre seguridad social, el art. 10º de la Constitución establece que “el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su resguardo frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. De la misma forma, en la segunda disposición final y transitoria de la misma Carta Política se establece que “el Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que este destine para tales efectos, y a la posibilidad de la economía nacional” 3.

Los beneficios sociales son derechos que competen por ley o por otro instrumento jurídico. Por lo tanto, un beneficiario es la persona que resulte favorecido por dicha medida de manera gratuita. En razón de las delicadas funciones que le encomienda la Constitución, el legislador ha otorgado diversos beneficios sociales para las FF. AA. y PNP, tendientes a paliar las terribles situaciones que les afecten.

c) La protección en las normas internacionales para los miembros de las FF. AA. y PNP

Como la OIT señala, los militares y policías son trabajadores comprendidos dentro de los servicios públicos de urgencia. Por tales prestaciones se entiende que “han de ocuparse de situaciones excepcionales que se producen en la sociedad y suponen una amenaza para la vida, por lo tanto, los trabajadores de estos servicios deben hacer frente a acontecimientos y circunstancias que se salen de la rutina de la vida diaria”. 4

Las normas internacionales de trabajo protegen derechos humanos específicos como los derechos laborales y la seguridad social. Por ello, se encuentran directamente relacionadas con las situaciones de los miembros de las FF. AA. y PNP. En líneas generales, podemos

3 PIDESC. Artículo 7º. ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 4 Organización Internacional del Trabajo. Servicios públicos de urgencias: el dialogo social en un medio de constante evolución. Ginebra (OIT., 2003, pág. 11).

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señalar que ellos y sus familiares se encuentran protegidos por Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por Normas Internacionales del Trabajo.

Dentro de los convenios internacionales de la OIT aprobados por nuestro país, podemos indicar en forma general al convenio 102, sobre seguridad social; este convenio instituye cuáles son las prestaciones previsionales básicas en las que un estado debe resguardar para sus ciudadanos, tales como la asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedades, prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones de invalidez, prestaciones de sobrevivencia, entre otros convenios 5.

En el caso específico de los policías y miembros de las FF. AA., la OIT los comprende dentro de los Servicios Públicos de Emergencia 6.

¿Que son los servicios públicos de urgencia? “Son aquellos que se ocupan de situaciones excepcionales que se producen en la sociedad y suponen una amenaza para la vida y, por lo tanto, los trabajadores de estos servicios deben hacer frente a acontecimientos y circunstancias que se salen de la rutina de la vida diaria”. 7

En cuestión a los miembros de las FF. AA. y PNP, la OIT ha determinado que, paradójicamente a lo que se piensa, las precarias condiciones laborales y de seguridad social causan más estrés que los riesgos que afrontan en el trabajo. Así se ha señalado que: “Sorprendentemente, los trabajadores de los SPE tienden a citar factores administrativos u organizativos (sueldos insuficientes, opciones de promoción profesional limitada, excesos de trámites administrativos o la falta de apoyo) como fuentes de estrés superiores a factores relacionados de manera específica con sus tareas, como el trabajo en turnos rotativos, la interferencia en la vida familiar o el miedo a la enfermedad o a la violencia.”

Finalmente, acercar a la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas a la comunidad, demostrándoles así la calidad de efectivos policiales y militares preparados para satisfacer a cabalidad sus requerimientos y mejorar permanentemente la imagen institucional ante la población; para así finalmente acabar con el terrible cáncer de la corrupción que está llegando a los sectores de las FF. AA. y PNP.

5 Organización Internacional de Trabajo. Revista de Trabajo. N° 46, marzo de 2006. 6 Si bien es cierto que el informe Servicios Públicos de Urgencia: el dialogo social en medio de una constante evolución. Solo se analiza la situación de policías, bomberos y sin entrar a analizar la situación de los miembros de las FF. AA. si se hace una expresa mención de los miembros de las FF. AA. como pertenecientes a los servicios públicos de emergencia. Ver OIT. Servicios públicos de urgencias: el dialogo social en un medio de constante evolución. Ginebra 2003, pág. 2 y 3). 7 Organización Internacional del Trabajo. Loc.cit, pág. 11

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Recomendaciones Me hago la pregunta ¿Cuáles serían aquellos derechos humanos que el Estado debería mejorar y reconocer a los miembros de las FF. AA. y PNP?  Mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal militar y policial.  Mejorar la calidad de los servicios de salud y convenios con clínicas de prestigio acorde a sus necesidades.  Supervisar los sistemas de adquisición y distribución de las medicinas para la familia militar y policial.  Creación de un organismo de la Defensoría Militar para ejercer su real y efectiva defensa ante posibles vulneraciones, así como la implementación del asesoramiento legal, en caso de denuncias como consecuencias del ejercicio de sus funciones. Con ello se logrará la protección a los miembros de las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus labores.  Seguro de vida al personal policial y militar.  Organización de ferias de vivienda y convenios para la adquisición de las mismas.  Convenios con universidades de prestigio a nivel nacional e internacional a fin de brindar una preparación y capacitación idónea a sus miembros, así como a sus familiares.  Buscar la integración con la ciudadanía y la colaboración en la solución de algunas de sus necesidades inmediatas, para así eliminar paulatinamente su apoyo a los agentes generadores de violencia interna, los cuales se constituyen en una amenaza permanente contra la estabilidad constitucional, las instituciones legalmente constituidas, el orden nacional, la sociedad, la infraestructura y los recursos del país.

Mg. Angélica María Peña Hospinal

bogada, Magíster en Administración y Gestión Pública con Mención en Defensa Nacional, con Maestría en Derecho Internacional Humanitario y DIDH del Centro de Altos Estudios Nacionales, Catedrática de la Escuela Militar de Chorrillos, Escuela Naval del Perú, Escuela de Oficiales de la PNP, Universidad Inca Garcilaso de La Vega y de la Universidad Cesar Vallejo, Con estudios en ESAN - Especialista en Derecho Sectorial. Miembro del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Miembro de la Comisión Especial de Derecho contra la Tortura u otros tratos de crueldad contra la Humanidad. Email.44914@cal.org.pe

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“El Bienestar es el fin último que se persigue; el desarrollo de la potencialidad del País, el medio de alcanzarlo; la planificación el método técnico para realizar, no sólo ese desarrollo sino el conjunto de la política del Estado” Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN 101

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Aproximación de los métodos del Planeamiento estratégico Crl FAP Mirlko Báscones Arroyo,

Resumen El presente ensayo explora brevemente los enfoques de planificación estratégica militar y de planificación estratégica del desarrollo, a veces abordados desde perspectivas diferentes, siendo tan similares, no excluyentes uno del otro, más complementarios. Además, propone un acercamiento e integración entre ambos modelos, en tanto se traslapan no solo en la metodología de su elaboración, sino que son parte de la gran estrategia política para alcanzar los objetivos que esta persigue en distintos contextos.

Palabras clave: enfoque, planificación estratégica, perspectivas, desarrollo, militar, integración, contexto.

Abstrac This paper briefly explores the approaches of military strategic planning and strategic development planning, sometimes approached from different perspectives, being so similar, non-exclusive, but complementary to each other. It also proposes an approach and integration between the two models, while not only overlap in the methodology of preparation, but are part of the great political strategy for achieving the objectives that pursues in different contexts. Keywords: approach, strategic planning, military, development, perspective, context, integration.

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Introducción Planificar estratégicamente significa analizar y formular de manera previsora y sistemática, comportamientos, objetivos y alternativas de acción, seleccionarlos de una manera óptima y fijar instrucciones para su realización racional. A través del tiempo se han desarrollado diferentes métodos en torno al planeamiento estratégico, considerados óptimos según sus diversos objetivos. Se debe tener claro que tanto el proceso como el entorno de la planificación pueden ser tan diversos que aferrarse a un método omnipotente sería un error capital de planificación. Los métodos se diferencian, si bien a veces solo marginalmente, porque los objetivos perseguidos y las tareas a cumplir difieren, los procesos de planificación y de comunicación varían, el grado de participación es distinto y las estructuras de mando y obediencia pueden divergir mucho 1. Henry Mintzberg2 describe diez diversas escuelas de pensamiento sobre la elaboración de estrategias, de las cuales tres son prescriptivas, pues intentan describir el camino “correcto” para elaborar una estrategia: • Una de ellas es la llamada “escuela de diseño”, que considera la planificación estratégica como un proceso conceptual informal, típico para el tipo de dirigentes con cierto nivel de dominio del entorno; el modelo de esta escuela se llama también SWOT 3, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA, en español). • La “escuela de planificación” recoge este modelo y señala que el proceso es informal, pero que quien preside la conducción juega el papel clave. Si bien estas diferencias parecieran ínfimas, son importantes en el proceso práctico de planificación. • La tercera escuela de pensamiento es la de “posición”. Ella se centra más en el contenido (diferenciación, diversificación, etc.) de la estrategia y menos en el proceso en el que la misma surge. Recoge partes esenciales de la escuela de planificación y simplemente extrapola sus métodos al campo del contenido actual de la estrategia. Las otras siete escuelas son más bien descriptivas y no prescriptivas:

• La “escuela cognitiva” (cognitive school) considera lo que ocurre en la mente cuando una persona se ocupa de una estrategia; esta escuela ve el proceso como uno “mental”. • La “escuela del emprendedor” (entrepreneurial school) describe la planificación estratégica como un proceso visionario de una fuerte personalidad dirigente. • La “escuela de aprendizaje” (learning school) supone que la estrategia surge de un proceso de aprendizaje colectivo.

1 Peter Schröder, Estratégias políticas, 1ª Edición en español, 2004, © Fundación Friedrich Naumann / OEA 2 Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994, pág. 2 y siguientes, Maxwell Macmillan. Canada, Toronto 1994. 3 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

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Aproximación de los Métodos del Planeamiento Estratégico

• La “escuela política” (political school) se concentra en el conflicto y en la explotación del poder en el proceso. • La “escuela cultural” (cultural school) considera la dimensión colectiva, cooperativa del proceso. • La “escuela ambiental” (environmental school) percibe la definición estratégica como una respuesta pasiva a fuerzas externas. • La “escuela configuracional” (configurational school) intenta reunir todas las demás escuelas en el contexto de episodios diversos dentro del proceso.

Como es evidente, existe una gran variedad de métodos para planear una estrategia, y en ese sentido hay naturalmente, modelos de planificación militar como el amplio modelo estratégico de Sun Tzu. Este modelo militar, de más de 2000 años de antigüedad, que constituye hoy en día, combinado con los métodos de planificación SWOT (FODA), una base importante para los procesos políticos de planificación estratégica, dando lugar al “planeamiento conceptual”. Mientras que, por ejemplo, el FODA se limita principalmente a evaluar situaciones y a formular estrategias, como hasta ahora se ha planteado en el proceso de planificación del CAEN; el “planeamiento conceptual” profundiza en la evaluación de las estrategias y, sobre todo, en la ejecución y culmina con ayuda de la planificación táctica en los cronogramas y planes de medidas o programas; así, este método resulta sobre todo apropiado para los procesos políticos sociales. Tal y como sucede con el modelo de Sun Tzu, el “planeamiento conceptual” valora mucho la evaluación de las estrategias, la ejecución de las mismas y el control estratégico. Y aquí la primera gran aproximación de modelos de planificación del desarrollo basados en modelos militares.

Analisis

Enfoque metodológico: militar y de desarrollo

Seguidamente se explora un breve panorama de los enfoques de planificación estratégica, diferentes, pero también similares, que se aplican en los ámbitos militar y de desarrollo. Estos enfoques se traslapan no solo en la metodología de su elaboración: a veces integran también otra estrategia. Así, una estrategia militar puede, o debería, ser parte de una estrategia política: la guerra como continuación de la política por otros medios 4, pero también a la inversa como cuando se realiza el planeamiento de desarrollo de fuerzas militares. Todo esto significa que es difícil hacer delimitaciones precisas.

4 v. Clausewitz.

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Modelos de planificación militar

Para poder valorar mejor el empleo de estrategias militares en otras estrategias como la gran estrategia política, es necesario tener conocimientos básicos acerca de los conceptos y los principios de la guerra. Según el almirante J.C. Wylie 5, el primer objetivo de un planificador estratégico en la conducción bélica es controlar al enemigo en una dimensión elegida. Ese control se realiza mediante un modelo de guerra concebido de tal modo, que el centro de gravedad se mueva a favor del planificador de la estrategia y en contra del enemigo; de ahí que existan diferentes enfoques sobre la guerra que definen su diferente naturaleza. Como el centro de gravedad de la guerra decide su desenlace, una tarea estratégica central es lograr que cambie a favor de uno. Eso depende de cuatro factores: la naturaleza, el lugar, el ‘timing’ y el peso del centro de gravedad de la guerra.

La naturaleza de la guerra

La naturaleza de la guerra ha cambiado mucho desde el final de la Guerra Fría, desplazándose desde la regularidad a la irregularidad 6. En la actualidad, los cambios en el entorno internacional, la rapidez en las comunicaciones, la gran y casi permanente cobertura informativa del mundo, la interdependencia comercial mundial, la proliferación explosiva de las tecnologías de comunicación y el comercio ilegal de armas, facilitan la acción de adversarios del Estado, que limitados en su intento de enfrentarlo de forma abierta y tradicional, recurren a diferentes modelos estratégicos, desarrollando nuevas capacidades, tácticas y técnicas para ejercer sus acciones ilícitas y atentar contra la estabilidad de los gobiernos dentro de un marco irregular de conflicto, alejándose la posibilidad de conflictos interestatales, mayormente de naturaleza territorial con ejércitos convencionales o regulares.

En la guerra clásica, se distinguen tres dominios con sus respectivos objetivos:

En el dominio naval, fijar y utilizar controles de rutas marítimas y estrechos suele ser decisivo para ganar poder en tierra y aire, razón por la cual se mantienen las flotas a la mar. La vigilancia y el control de rutas marítimas también son importantes para proteger y brindar sostenibilidad, tanto en tiempos de paz como de guerra. De otro lado, en el dominio aéreo, el control es importante para la vigilancia terrestre y para evitar que el enemigo ataque las fuerzas propias; la vía más práctica es destruir su aviación antes de que ella pueda golpear; tener la supremacía aérea significa poder disuadir al enemigo de volar, mientras que a su

5 Wylie, J. C. (1967): Military Strategy: A General Theory of Power Control. Rutgers University Press, USA. 6 Las nuevas formas de la guerra, sus doctrinas y su impacto en los derechos humanos. Bonavena Pablo y Nievas Fabián. Fermentum, Mérida – Venezuela. Año 16 - Nº 46 - Mayo - Agosto 2006. págs. 355-371

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Aproximación de los Métodos del Planeamiento Estratégico

vez uno tiene la posibilidad de hacerlo. Incluso el programa norteamericano de la guerra de las galaxias se orientó hacia el dominio del espacio para tener ventajas estratégicas en tierra. El tercer domino lo constituye la lucha terrestre, el terreno dicta el tipo de batalla que puede librarse, los tipos de armas que pueden emplearse, los tipos de tropas y el modo de avanzar. Hoy se pueden encontrar con más frecuencia sistemas de armas que incluso ayudan a superar las limitaciones del terreno. En un contexto de Guerra Irregular se busca, en cambio, hacer la transformación desde adentro, tratando de deslegitimar las instituciones y la ideología del Estado objetivo, y, finalmente, ganar el apoyo de la población o al menos el consentimiento de su causa. Esto deriva en que la naturaleza de la Guerra Irregular sea aún más compleja, que no se presta fácilmente a una definición universal concisa. Sin embargo, existen algunas aproximaciones como la de ser “una lucha violenta entre el Estado y actores no estatales por lograr la legitimidad e influencia sobre poblaciones afectadas” 7. La Guerra Irregular se distingue de la tradicional principalmente por la aproximación estratégica utilizada y los efectos deseados, prefiriéndose la aproximación indirecta y asimétrica, se emplea un amplio rango de capacidades, con el fin de erosionar el poder del adversario, su influencia y su voluntad. La Guerra Irregular busca minar a un grupo, gobierno o ideología, influyendo en la población, que es a menudo el centro de gravedad, y por ello, su enfoque principal no está en las fuerzas armadas o la capacidad de destrucción del adversario (estatal o no estatal), sino en la población de referencia. El problema en la guerra irregular se define de manera general, de la siguiente forma: los adversarios mutan de forma adaptativa y permanente ante la imposibilidad de enfrentarse de forma directa contra al Estado; suelen iniciarse como movimientos insurgentes, que luego emplean la subversión, la guerrilla, el terrorismo, y finalmente, redes criminales. Los avances en la tecnología y otras tendencias en el entorno hacen que esas amenazas irregulares sean cada vez más letales, capaces de producir un caos generalizado, y otros efectos difíciles de contrarrestar. Estas amenazas están inmersas en la población y están cada vez más empoderadas por el uso astuto de las comunicaciones, el ciberespacio y la tecnología, de manera que su impacto se extiende de forma regional y mundial. Muchos de estos conflictos son esencialmente una pugna por la influencia y legitimidad sobre las poblaciones de referencia.

7 Diccionario de términos militares y asociados, Departamento de Defensa (USA) 2010.

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x GUERRA TRADICIONAL

ESTADO

Efecto deseado: influir en el gobierno

Efecto deseado: aislarla del conflicto

FF.AA.

Efecto deseado: derrota militar

CEN T CO N

N CIÓ TRA EN NC CO

POBLACIÓN

RA CIÓ

Efecto deseado: influir en el gobierno

x GUERRA IRREGULAR

POBLACIÓN

Efecto deseado: Ganar o erosionar su apoyo

FF.AA.

Efecto deseado: Mejorarla o hacerla irrelevante

Diferentes enfoques de la guerra La diferencia entre la conducción de la guerra clásica y la guerra irregular resulta clara si se comparan las definiciones de von Clausewitz y de Mao Tse-Tung. Según el primero, “la guerra es un acto de violencia para forzar al adversario a cumplir nuestra voluntad”; el segundo, en cambio, señala que “la raíz de todo pensamiento sobre la guerra es la idea fundamental de la autopreservación y el aniquilamiento del enemigo”. Según von Clausewitz, el adversario no debe ser aniquilado, solo vencido, pues a un adversario aniquilado ya no se le puede imponer voluntad alguna. La guerra irregular muestra cuán afines son la estrategia militar y la estrategia para el desarrollo, cuando se llega a entender las causas que originan el conflicto o a quienes lo promueven, que por lo general utilizan la fachada de movimientos “reivindicatorios” de alto contenido ideológico que pasan de simples protestantes a terroristas, si no son neutralizados a tiempo. En ese sentido, cuando se plantea una planificación estratégica de desarrollo basada en modelos militares como el planeamiento conceptual, debe entenderse primeramente cuál es el contexto, la situación, a qué “guerra” se aproxima, es decir, comprender la naturaleza de la situación, y luego tomar decisiones adaptativas.

El lugar de la guerra

Los “principios para elegir el campo de batalla”, de Sun Tzu, dicen que un componente clave para la victoria es garantizar que el campo de batalla del ejército propio provea más ventajas que al adversario. Esto encierra dos elementos: la necesidad de crear ventajas especiales, como la ocupación de los puntos clave o críticos, y la necesidad de seleccionar campos de batalla descuidados por el enemigo. 108

Aproximación de los Métodos del Planeamiento Estratégico

En la Guerra de Vietnam, los vietcong raras veces atacaban en campo abierto, sino más bien, mediante sabotajes y pequeños asaltos en el contexto de guerra de guerrillas (uno de los elementos esenciales de la Guerra Irregular), obligando a las tropas norteamericanas a perseguirlos en la selva, donde eran emboscadas y engañadas, sufriendo así pérdidas muy graves. De esta manera, los vietcong atacaban en terreno conocido y podían así obtener victorias decisivas, pese a su inferioridad en armamento. En el marco de la Guerra Irregular, podemos ver asimismo como Vietnam, logró crear ventajas especiales, y seleccionar áreas o dominios descuidados por el enemigo para su explotación, como fue el campo psicosocial con publicaciones que deslegitimaron a nivel internacional la intervención norteamericana; en ese sentido, cada uno de los factores de análisis del entorno o dimensiones en un contexto de conflicto irregular, constituye un campo de batalla distinto. Trasladando conceptos, en el análisis de los factores propios del contexto político nacional encontraremos que algunos son susceptibles de tratar de una manera particular.

El ‘timing’ de la guerra

El ‘timing’ de la guerra se refiere a la decisión de ‘cuándo’ deben ocurrir ‘qué’ acontecimientos. Son las situaciones de guerra, sobre todo cuando se trata de vida o muerte, las que mejor ilustran su importancia. Tal y como sucede en la guerra tradicional, con la sincronización de relojes, ejercicio obligatorio en cada fuerza militar que se realiza antes de ejecutar un plan de batalla y que es de suma importancia: cada movimiento, cada avance de tropas y de armas debe ser bien planeado y ejecutado de conformidad. En la conquista de una colina enemiga, por ejemplo, la fuerza aérea debe saber cuándo empezar el bombardeo, la artillería debe saber cuándo y por cuánto tiempo debe continuar el cañoneo y la infantería debe saber con exactitud cuándo llegar al objetivo y tomar la colina. Un mal ‘timing’ puede poner en peligro la vida de las tropas propias. Del mismo modo, en un contexto de conflicto irregular, un mal ‘timing’ en la atención de un conflicto de corte social o cultural en ciernes, puede poner en peligro la estabilidad de un gobierno, la vigencia de un modelo político-económico, un enorme costo social o la pérdida de cuantiosas cantidades de dinero. Los elementos “lugar de la lucha” y “timing” dependen en gran medida de la evaluación subjetiva de la situación de conflicto, de la fuerza relativa de los atacantes frente a los instrumentos del poder nacional defensores y de muchos otros factores. Resulta claro que tales decisiones dependen de la capacidad y del sentido de seguridad del planificador 109

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estratégico o, del planificador táctico dentro de cada campo de acción, entendido como cada uno de los factores de análisis del entorno del conflicto.

Peso del centro de gravedad

Como ya se apuntó previamente, el centro de gravedad, como lo expresa Wylie, es el punto crítico que decide el resultado de la batalla. Para que su peso sea ventajoso, él sugiere dos modelos de estrategia: el secuencial y el acumulativo, que tienen un efecto sinérgico si se emplean juntos. El modelo secuencial de estrategia trata el proceso de la guerra como una cadena: cada eslabón es una acción separada que crece naturalmente y que se basa en lo obtenido por la acción anterior, dicho de otra manera se refiere al modelo de acciones sucesivas. Por otro lado, el modelo acumulativo percibe la guerra como una conjunción de pequeñas acciones que no dependen secuencialmente unas de otras: cada acción individual es solo un más o un menos en la pizarra de la conducción bélica, que se suma para dar un resultado que decide la victoria o la derrota. Este modelo resulta más adaptable a un contexto de conflicto irregular donde las situaciones se deben afrontar en varios dominios íntimamente relacionados con la población de referencia. Un error frecuente es creer que la única vía para librar una guerra es la de aniquilar al enemigo, malentendido que surge porque se confunde la guerra con una batalla. La guerra tradicional es un conflicto militar en el que participan dos o más países, mientras que las batallas son los actuales combates armados en los que se enfrentan fuerzas militares. Pese a que en una guerra hay muchas batallas, ganar todas ellas no garantiza ganar la guerra. La victoria en una guerra debería implicar el control adecuado sobre el enemigo. Si ese no es el objetivo, la victoria no será definitiva. Una situación similar se da en un contexto de conflicto irregular, donde las batallas las constituyen las luchas, sean sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales, etc. Si se logra que un sector minoritario contrario guíe las actividades del gobierno a través de acciones en diferentes frentes, a través del medio psicosocial, y que este se deje guiar en temas y acciones, será muy probable que con ello también se obtenga la deslegitimación del Gobierno, en tanto la población es el centro de gravedad.

Modelos de planificación de desarrollo

El modelo empleado en el proceso de planificación para el desarrollo en el Perú, llevado a cabo por el Ceplan, tiene un enfoque predominantemente econométrico y quizá en ello radica uno de los aspectos a observar, considerando la actual situación del país en relación a la seguridad nacional. 110

Aproximación de los Métodos del Planeamiento Estratégico

De acuerdo al FODA y a otros modelos aplicables, la buena planificación estratégica opera en dos campos. En el primero, el planificador estratégico expone claramente adónde hay que ir (visión) y cuál es la intención y la razón de ser de la existencia de la organización (definición de la misión o mission statement). Partiendo de la visión y de la misión, el planificador estratégico desarrolla objetivos estratégicos, que son resultados finales mensurables y que reflejan si la organización se acerca o se aleja de la visión o del objetivo principal. Las estrategias deben definir cuáles son las áreas de resultados clave (key result areas, o ejes estratégicos) que se esperan y hacia los cuales deben dirigirse todos los esfuerzos, y cuáles son los indicadores especiales de eficiencia que deben ser vigilados y evaluados. En el segundo campo, el planificador estratégico intenta cimentar la organización según las realidades del entorno en el que opera. Hay dos entornos: el externo, que es la zona en la que otros influyen en la organización o en que otros son influidos por la organización, y el interno que consta de los recursos, de las fortalezas y de las limitaciones de la propia organización. El planificador estratégico debe ser capaz de advertir y evaluar las oportunidades y los riesgos del entorno externo, así como las fortalezas y las debilidades de la organización con respecto a la visión, a la misión y a los objetivos.

Visión, misión, objetivos, áreas clave e indicadores de eficiencia

Una visión es un estado o una condición que una organización quiere alcanzar pero que no debería idealizarse demasiado para no perder todo vínculo con la realidad. Una visión es un escenario final que puede alcanzarse tras haber dado algunos pasos sucesivos en escenarios intermedios. Para ello hay que describir y dibujar el escenario con radiantes y vívidos conceptos que motiven a los intervinientes a alcanzar ese estado. Una visión para un proyecto de desarrollo regional puede ejemplificarse así:

“La región Loreto está constituida por una comunidad capaz de cubrir sus necesidades básicas y utilizar los recursos necesarios para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible; vive en paz, feliz y con justicia”.

Los planteamientos metodológicos sobre planeamiento estratégico del CAEN proponen exactamente lo mismo, pero basados en modelos a partir del análisis factorial de la realidad nacional y del contexto internacional (actual e ideal) ante la carencia de herramientas como la prospectiva, que facilitan una mayor aproximación a la visión futura a partir del establecimiento de escenarios futuros (tendencial y óptimo). La prospectiva no es un componente de este proceso de planificación, pero es perfectamente adaptable a este, sin afectarlo. La definición de la misión (mission statement), es la principal línea de ataque de una organización. Está vinculada a la visión y es la motivación primigenia, el motivo real, para la existencia de la organización. 111

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Una sencilla definición de la misión de una organización no gubernamental podría decir:

“Mejorar la calidad de vida de los pobres en ...”.

La misión debe ser lo bastante amplia como para inspirar a quienes estén en ella, pero lo bastante estrecha para concentrarse en su empeño. ESCENARIO ACTUAL

ANALISIS RN:

FACTORES: - HISTORICO CULTURAL ESTRUCTURAL • • POLÍTICO • ECONÓMICO • SOCIAL • SEGURIDAD Y DEFENSA • TECNOLÓGICO • AMBIENTAL

DIAGNOSTICO

MODELO REAL

NECESIDADES INTERESES Y ASPIRACIONES CPP

VISIÓN

OO.NN.

EE.JJ.

MODELO POSIBLE

ANALISIS CI

TENDENCIAS: HISTORICO CULTURAL ESTRUCTURAL • • POLÍTICO • ECONÓMICO • SOCIAL • SEGURIDAD Y DEFENSA • TECNOLÓGICO • AMBIENTAL

ESCENARIO APUESTA

TENDENCIA IDEOLÓGICA INTERNACIONAL DE ÉXITO

MODELO IDEAL

ESCENARIO OPTIMO.

El proceso de planeamiento estratégico del CAEN evidencia la necesidad de la prospectiva como herramienta orientadora. Dado el carácter del Estado peruano como organización, en el proceso de planificación del Ceplan, esta definición de misión se encuentra sintetiza en los objetivos nacionales; de ahí que calcen a cualquier país o estado medianamente organizado, como motivación primigenia y motivo real de su existencia; lo paradójico es que siendo así se haya dejado un tanto de lado en el Planeamiento Estratégico del Desarrollo Nacional, aspectos tan relevantes como la aplicación del concepto de defensa, como medio para alcanzar la seguridad, condición indispensable para lograr el desarrollo. En el caso del Ceplan, los objetivos nacionales son aquellos tomados del Acuerdo Nacional de 2002, producto lógico del análisis factorial y del diagnóstico que se desprende de este; es decir, en concordancia con el proceso que propone el CAEN para llegar a los objetivos nacionales, que a su vez, sintetizan la misión del Estado como organización. 112

Aproximación de los Métodos del Planeamiento Estratégico

Luego, los objetivos estratégicos nacionales son resultados finales mensurables que se derivan de esta misión sintetizada. A partir de la misión, los objetivos deben trasladarse a las áreas clave (Key Result Areas [KRA]), también llamados factores críticos de éxito o ejes estratégicos, que para efectos del proceso de planeamiento estratégico del CAEN, son los ‘elementos de juicio’, según la propia definición de sus planteamientos metodológicos. Luego, los indicadores específicos de rendimiento deberán provenir de cada área clave (ejes estratégicos o elementos de juicio). El gran avance en el documento preliminar actualizado del Plan de Desarrollo Nacional, es el hecho de emplear indicadores universalizados, provenientes de organismos internacionales no influenciados por el contexto nacional, lo que permite contar con un efectivo sistema de “comando y control”.

Factores de análisis del entorno

La apreciación y el análisis del entorno deberían considerar estas áreas principales: los factores políticos, sociales, económicos, psicosociales, tecnológicos y ecológicos o ambientales. Para el CAEN, este análisis se relaciona con un análisis factorial de la realidad nacional y del contexto internacional, lo cual puede llevarnos a pensar que en su momento lo que se pretendió fue realizar un análisis interno y externo del Estado. De cualquier modo, en cada uno de estos factores se tejen una red de protagonistas y antagonistas, un espectro que va desde la cooperación a los conflictos, que se fundan en marcos supranacionales, nacionales, sectoriales, regionales, locales, con su correspondiente marco jurídico, que algunos obedecen, pero que otros quieren obviar o hasta destruir; estos tienen que ver con el control y el manejo de recursos vitales, incluyendo la población, la naturaleza y el dinero. Los factores políticos, sociales, económicos, psicosociales, tecnológicos y ecológicos o ambientales son los parámetros mediante los cuales puede evaluarse la eficiencia pasada, presente y futura del entorno. Estos factores pueden verse desde distintas perspectivas que dependen de los propios criterios y convicciones de los planificadores.

Apreciación interna (Valoración)

En la apreciación interna de una misión a desarrollar, la primera tarea es determinar el desempeño a la luz del mandato impartido o aceptado (visión, misión, objetivos). Sin embargo, el mandato debe haberse convertido en indicadores de desempeño orientados a resultados, que definen el impacto de la organización sobre el beneficiario. Para un desempeño orientado al resultado no importa cuán buena sea la organización al prestar algún servicio: si los servicios prestados no conducen a resultados o a beneficios perceptibles y mensurables, serán irrelevantes. 113

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Es posible que en este aspecto el proceso de planificación política que propone el CAEN no haya logrado una evolución coherente con los tiempos, al no considerar la evaluación y valoración del desempeño frente a los objetivos por lograr, lo cual imposibilita el establecimiento de brechas entre lo propuesto hasta hoy y lo que se quiere lograr, que otorgan el carácter mensurable de cada objetivo estratégico; situación que posiblemente obedece a la naturaleza del CAEN y la influencia, tendencia y decisiones de las que ha sido objeto en el tiempo.

Análisis FODA

Tras elaborar la visión, fijar los objetivos y analizar el entorno, la organización debe desarrollar opciones estratégicas o vías alternativas para lograr el objetivo final. Comparar las fortalezas y debilidades de la organización, por un lado, así como las oportunidades y amenazas del entorno, por el otro, puede servir para desarrollar esas opciones 8. Lo que conocemos como análisis FODA, por medio del cual pueden hacerse cuatro combinaciones:

1ER - 2DO - 3ER

- 4TO EVENTO

ANALISIS RN:

FACTORES: - HISTORICO CULTURAL ESTRUCTURAL • • POLÍTICO • ECONÓMICO • SOCIAL • SEGURIDAD Y DEFENSA • TECNOLÓGICO • AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO

ANALISIS CI: TENDENCIAS: • • • • • • •

HISTORICO CULTURAL ESTRUCTURAL POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL SEGURIDAD Y DEFENSA TECNOLÓGICO AMBIENTAL

OO.NN.

VISIÓN

EE.JJ.

FODA

BRECHAS

OBJETIVOS PROYECTO NACIONAL ESTRATEGIAS

5TO EVENTO INDICADORES Y METAS PLANES SECTORIALES

El proceso de planeamiento estratégico del CAEN evidencia la necesidad de herramientas de evaluación, que serían propias del último paso de su diseño. 1) Estrategias de fortalezas y oportunidades: pregunta: ¿cómo pueden emplearse las fortalezas para aprovechar las oportunidades de desarrollo? 8 Peter Schröder, Estratégias políticas, 1ª Edición en español, 2004, © Fundación Friedrich Naumann / OEA

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2) Estrategias de fortalezas y amenazas: pregunta: ¿cómo pueden emplearse las fortalezas para combatir las amenazas que, de lo contrario, podrían impedir que se logren los objetivos y se aprovechen las oportunidades? 3) Estrategias de debilidades y oportunidades: pregunta: ¿cómo pueden superarse las debilidades para aprovechar las oportunidades de desarrollo? 4) Estrategias de debilidades y amenazas: pregunta: ¿cómo pueden superarse las debilidades para combatir las amenazas que podrían impedir que se logren los objetivos y se aprovechen las oportunidades?

Elección de la estrategia y ejecución

Finalmente, las opciones estratégicas son evaluadas posteriormente según los criterios fijados por la organización, que derivan de la visión, de la misión, de los objetivos, de las áreas clave y de los indicadores de rendimiento. De esta evaluación se obtendrán resultados que indiquen la necesidad de mantener las acciones hasta el momento realizadas o tomar otra decisión; esta debe someterse a la crítica, planteando la interrogante acerca de lo que podría salir mal, considerando el contexto actual pero también el futuro posible, para estar preparado ante sucesos imprevistos o para modificar la decisión. Luego de haber hecho la elección estratégica y haber planeado lo imprevisible, es necesario convertir la estrategia en una estructura organizativa adecuada, en un sistema y en procedimientos para la ejecución, es decir, establecer los lineamientos de la política. Se elabora una lista de actividades a realizar dentro de ciertos plazos y se le asignan tareas a grupos específicos o a individuos, conocidas también como acciones estratégicas, fijando con claridad el plazo para un rendimiento previsto. Es aquí donde se encuentra un nuevo punto de aproximación o coincidencia entre el Ceplan y el CAEN y que en la práctica se evidencia, pero que podrían estar distanciados en teoría, debido a la divergencia en los conceptos o definiciones utilizados. Finalmente, para que el desarrollo sea alcanzado, la estrategia debe ser supervisada y evaluada según los indicadores de desempeño y las áreas clave establecidos para el control.

Conclusiones Los puntos de aproximación Como hemos visto, existen muchos puntos de aproximación y coincidencia entre el proceso de planificación propuesto por el CAEN con relación al del Ceplan. Sin embargo, se deben realizar ciertos ajustes metodológicos que hagan de ambas herramientas un instrumento efectivo de la planificación estratégica con un carácter integrador de defensa y desarrollo.

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Los factores políticos, sociales, económicos, psicosociales, tecnológicos y ecológicos o ambientales son los parámetros mediante los cuales puede evaluarse la eficiencia pasada, presente y futura del Estado, pero son a su vez, dimensiones en las cuales el Estado se desempeña y donde hace uso y empleo de los instrumentos de poder nacional, pudiendo verse desde distintas perspectivas que dependen de los propios criterios y convicciones de los planificadores, pero sobre todo de los conductores. Es importante señalar en este punto que al momento del desarrollo del proceso de planeamiento o planificación política, sea para el desarrollo o la defensa, existen amenazas propiamente dichas y ‘vectores’ que han hecho manifiesta su acción en contra de los intereses del Estado, es decir, conflictos en curso, que incluso pueden alcanzar niveles considerables de violencia que atenten contra la estabilidad del Estado en sus diferentes factores o dimensiones, que se evidencian con la ejecución de la apreciación político-estratégica que propone el CAEN en el desarrollo del Proyecto de Gobierno. Es aquí donde cobra una renovada importancia el proceso de planeamiento propuesto por el CAEN y el modelo militar de planificación antes descrito, pues su aplicación en cada dimensión permitirá al proceso político-estratégico en ejecución, contar con la ‘libertad de acción’ que lo haga realmente eficiente. Esto plantea la necesidad de generar una base mayor sobre el análisis de cada factor, donde se incluya el concepto de defensa de forma transversal, no como concepto militar, sino como un aspecto contenido en cada factor de análisis, motivado e influenciado principalmente por el factor político, para hacer frente a los conflictos con los instrumentos y medios de cada factor o dimensión. Esta es una posibilidad viable, en tanto, los conceptos de planificación estratégica vinculados al desarrollo son coincidentes con los conceptos de planificación estratégica vinculados a la defensa, desde la perspectiva de la seguridad multidimensional, la cual no es nueva, sino más bien renombrada, bajo un renovado concepto de Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. La propuesta del CAEN sigue teniendo vigencia, en tanto motiva con carácter integrador la aproximación del proceso de planificación para el desarrollo con el de planificación para la defensa, justo en el punto más importante del desarrollo del planeamiento estratégico conceptual, en el cual se valora y evalúa las estrategias, la ejecución de las mismas y el control estratégico como preconiza Sun Tzu, es decir, en las acciones que se desarrollan en la ejecución del Proyecto de Gobierno. Ahora bien, la capacidad de entender y razonar sobre determinado conflicto, hace al Estado más o menos hábil para enfrentarlo; la necesidad de esta capacidad es mayor aun cuando los conflictos involucran a la población de forma directa, y nuestro país ha sufrido

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conflictos dentro de un contexto irregular desde hace más de 50 años y buena parte del siglo XX, que imposibilitaron su desarrollo. En cada uno de los factores o dimensiones del poder nacional (político, social, económico, psicosocial, tecnológico y ambiental) se debe tener en cuenta estos criterios como parte de la estrategia.

DESARROLLO

DEFENSA

PREVENCIÓN

DESAFIOS

PREOCUPACIONES

AMENAZAS

CONFLICTO

ALCANZAR

ATENDER

NEUTRALIZAR

GANAR

En consecuencia, el enfoque estratégico general para enfrentar una situación que se aproxima a un contexto de conflicto irregular, debe servir para prevenir, desalentar, interrumpir y derrotar las amenazas irregulares con el empleo de los medios adecuados para la defensa, presentes en todas las dimensiones del poder nacional, abordados como factores de análisis. En ese contexto, las Fuerzas Armadas deben trabajar en conjunto e integradas con otras entidades gubernamentales y socios multinacionales, y, donde sea apropiado, trabajar directamente con la población local referida para comprender la situación en profundidad, planificar y actuar de forma integrada, en un marco de armonía, donde el poder político, democrático y constitucional marque el ‘timing’ de las acciones. Finalmente, se debe evaluar y adaptar continuamente los sistemas en cada factor o dimensión y su empleo, en respuesta a la naturaleza compleja y dinámica del conflicto existente, con un enfoque sostenido y equilibrado dirigido a ganar o superar el conflicto y neutralizar las amenazas, atender a la población, las causas y las condiciones que dan cabida a las amenazas, es decir, las preocupaciones; siendo el objetivo primordial mejorar la legitimidad y la influencia sobre la población, al abordar las causas del conflicto, y la construcción de la capacidad para garantizar la seguridad, el buen gobierno, el crecimiento económico y el desarrollo humano como el gran desafío del Perú.

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Coronel FAP Mirlko Báscones Arroyo,

ficial superior graduado en Ciencias de la Administración Aeronáutica, calificado en Operaciones Especiales; Diplomado en Defensa y Desarrollo Aeronáutico, Diplomado en Control Interno Gubernamental, Diplomado en Marketing Estratégico; Diplomado en Formulación de Proyectos de Inversión Pública; Graduado como Instructor en Operaciones de Paz en Caecopaz - Argentina, Diplomado en Seguridad de la Aviación (AVSEC); Catedrático en el Centro de Entrenamiento de Operaciones de Paz en Kingston - Canadá; oficial graduado del Segundo Programa Académico del Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto.

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“Nadie

omite un sacrificio si al consentirlo tiene la

evidencia de que con él ha de lograr días mejores, sino para sí, cuando menos para sus hijos”. Gral. Div. José del Carmen Marín Arista Fundador del CAEN

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