Sobre la dejación de las armas Gabriela López investigaciones@seguridadypaz.org 28 de Junio de 2017
A
lo largo de los años la historia política colombiana ha propendido por situar el concepto de democracia como elemento de central relevancia para el futuro y desarrollo del país. Ayer, 27 de junio de 2017 tras 53 años de conflicto armado y en un clima de total apatía, el pueblo colombiano atestiguó lo que podría constituir la primera aproximación real a la consolidación de un régimen pluralista en el país. Con la dejación de 7132 armas individuales, abandonando los uniformes y fusiles que abanderaban la causa, las palabras de Iván Márquez tomaron particular fuerza y sentido para la sociedad colombiana: “Díganle a Mauricio Babilonia que ya pueden soltar las mariposas amarillas”. Es indudable que lo ocurrido ayer se presenta como un acontecimiento de gran importancia simbólica y efectiva para el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, a este punto y en pro de velar por la salud misma de este gran esfuerzo de paz, no se puede ignorar que incluso el edén tiene un árbol prohibido. El acuerdo estipulaba que las FARC debían concentrarse en las zonas veredales y allí proceder al desarme seis meses después de la firma del acuerdo y su refrendación en el congreso. En los primeros 90 días debían entregar el 30% de las armas y destruir el armamento inestable, a los 120 días debían entregar el siguiente 30%, y a los 150 días (es decir, el 31 de
mayo del presente año) se entregaría el 40% de las armas restante. Pese a que lo anterior expone que la dejación (y la implementación en sí misma) avanza con los obstáculos propios de estos procesos, a este respecto es importante resaltar que fue debido a las demoras en la construcción de los campamentos, y no a la ausencia de una voluntad efectiva, que se dificultó el cumplimiento de lo pactado. En teoría las FARC debían iniciar el inventario de las armas y las caletas cinco días después de su llegada a las zonas veredales, sin embargo, en la práctica este proceso tardó cuatro meses. Por esto mismo, no es de extrañar que hacia el día D+157 solo se hubiera avanzado en un 15% de la dejación (lo que significaba que solamente se habían entregado 1.000 fusiles de los 7.000 que registraba la ONU) y adicionalmente se había descubierto la existencia de más armamento en las caletas del que se tenía contemplado. Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las FARC, declaró que el inventario (no realizado con anterioridad) arrojó la existencia de 949 caletas algunas de ellas ubicadas en sitios de difícil acceso. Tal como lo expresó Ariel Ávila en su momento, el proceso de dejación de armas presentó fundamentalmente tres problemas técnicos: 1) De las 26 zonas veredales solo había presencia de
contenedores en 12 de las mismas y en el resto habían cajas, es decir, no había dónde depositar las armas; 2) Las zonas veredales no estaban totalmente listas, los guerrilleros se encontraban en zonas de pre agrupamiento lo que derivó en problemas de inseguridad jurídica y demás; y 3) La dificultad en el proceso de dejación se encontraba dada por el armamento en caletas (la dotación individual si fue entregada a tiempo). Posterior al conocimiento de las dificultades para la culminación del proceso de dejación de armas, se hizo público el comunicado conjunto No 19 del 29 de mayo de 2017 mediante el cual se establecía una hoja de ruta que tenía como propósito asegurar el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. En dicho documento se estableció que a partir del primero de junio y hasta el veinte del mismo mes la totalidad de los integrantes de las FARC (incluyendo las milicias) habrían entregado las armas y realizado el tránsito hacia la legalidad, como en efecto ocurrió. En este mismo sentido el gobierno se comprometió a garantizar la seguridad física, jurídica y socio-económica que no se habría brindado a cabalidad hasta el día D+150. Hay que señalar, sin embargo, que esto no impidió que los discursos de ayer reflejaran la latente preocupación por la falta de garantías en la implementación de los acuerdos. Una vez más no se pudo ocultar que Colombia es un país con muy poco Estado para tan vasto territorio. El proceso (nuestro proceso, porque a este punto ya deberíamos sentirlo propio la totalidad de los colombianos) avanza dando traspiés de vez en vez. La ley de amnistía e indulto aún no cumple con las demandas sobre la liberación de ex combatientes presos, el asesinato de líderes sociales refleja la falta de garantías para una participación efectiva, las trabas burocráticas por
parte del Estado entorpecen el cumplimiento de las nuevas obligaciones y necesidades de los ex militantes, la jurisdicción especial para la paz aún está lejos de ser efectiva, las FARC-EP aún no liberan a los menores de edad ni entregan rutas de narcotráfico. Pero podemos decir, llenos de júbilo que ayer 7132 fúsiles (abandonados en relación de un arma por cada hombre como no ha ocurrido en ningún otro proceso) dejaron de pesar sobre los hombros de ciudadanos, como usted y como yo, que cargaron a cuestas esta guerra. Ahora solo nos queda esperar y velar por que, como lo dijo Victor de Currea Lugo, se cumpla la palabra empeñada.