La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, ha provocado una exigencia nacional e internacional no solamente de verdad y justicia, sino para que el caso sea un punto de inflexión en la situación de derechos humanos en México, al entenderlo como la expresión más cruenta de una crisis de graves violaciones, corrupción e impunidad que prevalece en el país.
De igual manera, la muerte de 22 civiles a manos de elementos militares en Tlatlaya, Estado de México –la mayoría, comprobadas como ejecuciones extrajudiciales–, da cuenta de prácticas denunciadas desde hace años en relación al modo de actuar de las Fuerzas Armadas, las cuales desempeñan funciones policiales en México.
