Acuerdo de país anticorrupción

ACUERDO DE PAÍS CONTRA LA CORRUPCIÓN

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

ACUERDO DE PAÍS CONTRA LA CORRUPCIÓN San Salvador, 29 de noviembre de 2018

I. Las personas abajo firmantes reconocemos y hacemos presente que: a)

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La corrupción en El Salvador es un problema cultural de profundas raíces, y que los agentes de la corrupción están en todos los niveles sociales, económicos, políticos, públicos y privados.

El país muestra señales actuales y serias de gran corrupción, y que, en las últimas décadas de ejercicio democrático del poder, el Estado ha sido afectado por la corrupción pública y política, sin que los avances en democracia, transparencia y justicia permitan esperar el fin o límite a estas prácticas que afectan a la gran mayoría de sus habitantes.

Una causa de este estado de situación es la ausencia de conocimiento sobre lo que es correcto e incorrecto, a la vez que una actitud de permisividad que alienta la discrecionalidad. Más aún, no existe el temor a la sanción, abriéndose amplios espacios para la tolerancia social a la vulneración de normas, a la corrupción y a la impunidad.

A esto se suma una debilidad de principios morales y cívicos, cuando no su total ausencia. La familia salvadoreña, uno de los pilares de la moral social y cívica, se encuentra en gran proporción fragmentada y fracturada, dificultando la internalización y socialización temprana de los principios y valores para la vida en comunidad. El sistema educativo ha hecho esfuerzos en la formación de principios morales y cívicos, aunque sin los recursos y medios necesarios para impactar en la mayoría de la población. Las empresas por otra parte, no adoptan iniciativas para colaborar en la formación de principios morales y cívicos de sus empleados y colaboradores, como tampoco propiciando liderazgos éticos.

Contribuye a esta situación la insuficiente participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que facilita la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Las reformas legales en pro de la transparencia pública han generado valiosos pero aún insuficientes esfuerzos por cambiar la manera en la que se relacionan las personas y el Estado. Las prácticas cotidianas de transparencia pública aún son un desafío para las entidades de nivel nacional y local, a lo que se suma un alto temor de la ciudadanía a la represalia política por el ejercicio del derecho de acceso a la información. La ciudadanía se siente desprotegida al participar, ejercer sus derechos, y aún más a denunciar actos de corrupción.

Las leyes en general, y las normas contra la corrupción particularmente, son débiles e inefectivas. Su debilidad se basa en un diseño inadecuado e incompleto de las leyes, atribuido muchas veces a la intención deliberada de que no cumplan su propósito. Además, la aplicación de las leyes es baja, lo que muestran los indicadores internacionales, pero además la experiencia cotidiana que deja en evidencia que quien puede burlarla lo hace, sea cual sea su nivel social, económico o político.

g)

Existe una desvinculación entre el sistema nacional y el sistema internacional de normas en el combate a la corrupción. Los acuerdos internacionales anticorrupción son obligaciones reguladas por el derecho internacional, y generan compromisos vinculantes para el Estado salvadoreño, pero que no se implementan suficiente y oportunamente. A pesar de tratarse de normas que se integran al sistema jurídico nacional y son vinculantes, carecen en muchos casos de aplicación práctica, y las entidades públicas no rinden cuentas periódica y activamente de ellos ante la ciudadanía. h) Se suma a lo anterior la debilidad institucional del Estado y la politización de las entidades de denuncia, investigación y castigo. Las entidades públicas encuentran dificultades para servir los intereses generales, y muchas veces se convierten en medios para alcanzar intereses personales o políticos en un ambiente de opacidad, dificultando la participación y el escrutinio público. Las entidades de control, como la Corte de Cuentas de la República, y los organismos del sistema de justicia no han dado muestras permanentes de imparcialidad y voluntad de investigación, propiciando una baja detección y sanción a la corrupción. i) Otra importante causa de la situación de corrupción pública y política son las malas prácticas políticas, que han sido llevadas a cabo por dirigentes y partidos políticos.

El sector político ha sido señalado recurrentemente como responsable de los actos de pequeña y gran corrupción, sea directamente o a través de dirigentes y empleados. Muchas veces se constata su falta de voluntad para enfrentar actos de corrupción, con omisiones y actitudes de encubrimiento. El clientelismo, los sobresueldos y el enriquecimiento ilícito son malas prácticas que forman parte del modo de hacer política. j) Este estado de situación caracterizado por la corrupción amplia y profundamente presente en la vida del país ha afectado gravemente la adhesión a las leyes, la relación con las entidades del Estado, la credibilidad del sistema judicial y la confianza en la democracia. k) Los salvadoreños y salvadoreñas deben actuar ahora para detener esta situación crítica, y evitar el desarrollo de males mayores que pueden perjudicar no sólo su presente sino su futuro y el de sus hijos e hijas. l) Esta acción debe basarse en un acuerdo imperioso de protección del interés general, de valorización de lo público, de promoción del imperio de la ley, la transparencia, la sana gestión pública y la democracia. m) Este acuerdo parte de la base que todos los involucrados en él deben decidir ir más allá de las imperfectas leyes existentes y de las actuales capacidades personales e institucionales, propiciando el diálogo, la participación y la colaboración desde sus respectivas áreas de interés y competencia, de manera de lograr mediante un proceso gradual pero decidido un cambio sustancial en la manera de gestionar el poder estatal y político, para la obtención de mayores beneficios para nuestra comunidad nacional.

II. Igualmente, adquirimos el compromiso de impulsar, respaldar, promover y colaborar activamente en la implementación, desarrollo y control permanente de medidas para superar nuestros problemas de corrupción, de acuerdo con los siguientes principios: a) Máxima publicidad: consistente en demandar y facilitar un acceso irrestricto a la información y participación sobre iniciativas, proyectos, reformas y estados de implementación de las políticas y proyectos de ley emanados de este Acuerdo, y sobre las políticas gubernamentales e institucionales relacionadas con cada uno de los siete pilares del mismo, en el entendido que las leyes que facilitan el acceso a la información son un estándar mínimo, que debe superarse para una participación y monitoreo efectivo de tales iniciativas. b) Participación: que implica reconocer que toda persona y organización tiene el deber y derecho de opinar, efectuar propuestas y ser parte de iniciativas para resolver problemas comunes, y específicamente para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. La contraloría social es un pilar de la participación ciudadana efectiva. c) Buena fe: consistente en el supuesto de que toda información sobre iniciativas contenidas en este Acuerdo o en las políticas estatales emanadas de las entidades públicas y las organizaciones de la sociedad civil, va a ser utilizada para apoyar el debate y el desarrollo progresivo de las iniciativas contenidas en el Acuerdo. d) Legalidad: consistente en que cada entidad pública, privada y política ayudará a la implementación y desarrollo de medidas de acuerdo con el marco de funciones, competencias y atribuciones que el sistema jurídico le hubiere reconocido o asignado. e) Diligencia: consistente en que cada entidad pública, privada y política impulsará, respaldará, promoverá y colaborará en la implementación, desarrollo y control permanente de las iniciativas, aun cuando no cuente con personal o recursos, buscando alternativas para superar sus limitaciones.

III. Las medidas de corto, mediano y largo plazo que nos comprometemos a impulsar para superar nuestros problemas de corrupción, son las siguientes: 1. Una nueva cultura, que valorice lo público y el respeto a la ley Existe consenso de que la corrupción en El Salvador es un problema cultural de profundas raíces, y que los agentes de la corrupción están en todos los niveles sociales, económicos, políticos, públicos y privados. Además, se advierte que en los espacios de poder y de decisión existe arbitrariedad, corrupción e impunidad, tanto en autoridades como en funcionarios y empleados públicos, lo cual también se manifiesta en personas naturales, empresas y empresarios, incluso en universidades y diversas instancias de la sociedad.

Este es un país donde la complicidad es de todos, eso preocupa y en la base de esto se encuentra la corrupción. Ya no basta que los liderazgos políticos o sociales aparenten honestidad, se requiere más que eso, porque el Estado y la sociedad son más complejos y es necesario que haya mejores controles sociales, institucionales y políticos.

La baja aplicación de la ley también es un factor que propicia la corrupción, observación que está respaldada por indicadores internacionales que muestran que en El Salvador hay un bajo nivel de imperio de la ley, y la experiencia cotidiana deja en evidencia que quien puede burlarla lo hace, sea cual sea su nivel social, económico o político.

Para enfrentar este problema que afecta a la sociedad salvadoreña, los participantes de las mesas consideran necesario trabajar para generar un cambio de cultura, que valorice lo público y el respeto a la ley. Esta tarea necesariamente ha de tomar un largo periodo de tiempo para ir concretándose, aunque las medidas se deben comenzar a tomar desde ahora. También consideran que este esfuerzo debe ser nacional, donde las instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones de la sociedad civil y el sector político participen activa y concertadamente para lograr este cambio.

Otra causa que potencia la presencia de actos corruptos, según las mesas de diálogo, es la debilidad y, en muchos casos, la ausencia de principios y valores morales y cívicos en la población. Lamentablemente, la familia salvadoreña, en una alta proporción, se encuentra fragmentada y fracturada, lo cual puede dificultar la socialización e internalización temprana de los principios y valores que debe tener y aplicar todo ser humano en su interacción social a través de toda su vida.

Por otra parte, se evidencia que, en muchos casos, los padres y madres delegan en las escuelas la esencial misión de la educación en valores básicos para la vida. Ante esta situación, se plantea que el sistema educativo, desde su inicio hasta la educación superior, tome un papel protagónico en inculcar principios y valores desde la niñez hasta la juventud.

En este desafío le corresponde un rol particular a los medios de comunicación, ya que tienen la capacidad de llegar masiva y cotidianamente a la población. Las iglesias también están llamadas a jugar un papel protagónico para lograr un cambio cultural positivo, porque las enseñanzas fundamentales de las iglesias tienen en su origen el ayudar a discernir a sus fieles aquello que es correcto e incorrecto. Y sin lugar a duda, el Estado debe realizar un papel activo y determinante para lograr que se complementen e integren esfuerzos de cambio desde las familias, las iglesias y el sector educativo.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 1.1. Identificar a los agentes de cambio cultural más importantes, y convocarlos a un diálogo sostenido sobre las actitudes que se desean promover, fijando valores asociados a lo público, a la participación y al cumplimiento de la ley.

1.2. Llevar adelante una política de Estado cuya finalidad sea el fortalecimiento de valores y prácticas que destaquen el valor de lo público, el interés general y el civismo. Esta política de Estado debe convocar especialmente a aquellas entidades que fomentan el desarrollo del conocimiento, la formación y la investigación, como las universidades y otras instituciones educativas. También debe apoyarse en los gobiernos municipales, y en entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros, coadyuvantes en la protección del interés general, la promoción de la integridad pública y la transparencia.

1.3. Desarrollar extensas campañas masivas y sostenidas para sensibilizar a la población sobre las perniciosas consecuencias del fraude social y la corrupción, estimulando el ejercicio de valores salvadoreños ligados al interés general, lo público, el cumplimiento de las leyes y la honestidad personal. Estas campañas deben ser responsabilidad de iniciativas público-privadas de amplia convocatoria y pluralismo que cuenten con la

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mayor legitimidad posible y con recursos dispuestos en la ley de presupuesto y en iniciativas con la cooperación internacional.

Que las autoridades de las instituciones de gobierno estimulen la participación ciudadana y el diálogo con la ciudadanía, que brinden información para que la ciudadanía se forme una opinión fundamentada, y abra espacios para consultas y participación de calidad, lo cual se logra mediante la retroalimentación que mejore las propuestas que surjan y eviten conflictos que generan incertidumbre.

El Estado debe promover planes y políticas para el desarrollo y la capacitación del talento humano, asignando recursos administrativos y financieros para mejorar el desarrollo de las competencias de las funcionarias y funcionarios públicos. Las normas técnicas y la formación también son factores promotores de la conducta debida en el Estado.

Implementar códigos de ética en las instituciones, reglamentos disciplinarios, y claras medidas sancionatorias y disuasivas, para que las personas que integran la Administración Pública sirvan bajo un marco normativo bien definido, garantizando el pleno cumplimiento de la ley y cerrando así los espacios a la impunidad. Esto debe complementarse con una formación de la ciudadanía orientada al pleno conocimiento de sus derechos y deberes frente a la Administración Pública.

Romper con la apreciación cultural de que la corrupción es normal y aceptable. Para ello, se plantea la necesidad de buscar casos simbólicos que muestren ese cambio de valores, refundando el repudio a las conductas corruptas y promoviendo la honestidad y la transparencia. Una manera de hacerlo es reconociendo las buenas prácticas éticas y de transparencia en el sector público y privado, identificando y premiando aquellas personas o entidades que son ejemplo del manejo transparente de los recursos.

Crear programas gubernamentales disociados del clientelismo político, orientados a las familias, con el objeto de protegerlas sostenidamente e impulsar el desarrollo de sus miembros. Debe generarse de forma sostenible más oportunidades para que las familias no sean fracturadas por la ausencia de oportunidades laborales o por causa de la inseguridad ciudadana.

Educación centrada en la construcción de valores y ética de ciudadanos y ciudadanas

Se considera que la educación debe ser un reto mayor, un esfuerzo de país, brindando apoyo a las familias, en la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas de bien. La socialización de valores y actuaciones éticas en la familia es fundamental para que la socialización en la escuela tenga impacto.

La educación debe reorientarse para generar una nueva cultura de ética y de responsabilidad social, la cual debe ser construida desde la parvularia hasta la educación superior, para fomentar y promover los valores y la ética en estudiantes y futuros profesionales, así como inculcar sus derechos, deberes y responsabilidades.

Algunos participantes en las mesas de diálogo consideran que un aspecto importante a considerar en una educación centrada en valores y en la formación de ciudadanos y ciudadanas éticos es el desafío de que la juventud salvadoreña no muestre interés y carezca de motivación para participar, denunciar y hacer contraloría social para combatir la corrupción o señalar los casos de impunidad. Por ello, los esfuerzos para la educación deben tomar en cuenta el

contexto, condiciones y motivaciones de la juventud, así como las oportunidades que pueden aprovecharse para su formación en valores.

Durante el diálogo, se consideró que la educación se debe ver más allá del contexto tradicional, porque esta función formadora también debe aplicar a todas las instancias gubernamentales y organismos sociales, para crear una cultura de lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 2.1. Reformar el sistema educativo a partir de buenas prácticas y la formación de las competencias requeridas para ello. Se estima necesario hacer un cambio en los programas educativos del sistema nacional, complementándolos con la debida capacitación de los maestros y maestras en la formación en valores, principios, deberes y derechos, primero como personas, para luego aplicarlos en el ejercicio de su ciudadanía. Para desmontar el andamiaje de la corrupción, es preciso retirar los conceptos educativos erróneos, que incluyen antivalores que se han transmitido por generaciones, como son el egoísmo, la avaricia, las necesidades personales y el bien únicamente personal.

2.2. Establecer un modelo educativo transversal, tanto en el sistema público como en el privado, mediante dos grandes ejes de formación: 1) dirigido a docentes responsables de la formación de estudiantes; y, 2) dirigido a padres y madres de familia responsables de la formación en el hogar, para que incidan en la sociedad eliminado las malas prácticas y los actos de corrupción.

2.3. Dar a conocer mediante el programa de educación transversal a los niños y niñas en particular y a la ciudadanía en general, las leyes y normas sobre sus deberes y derechos.

En este contexto, se considera indispensable hacer énfasis en las consecuencias y sanciones a que se enfrenta la persona por violar la ley, para que haya temor a delinquir.

2.4. Divulgar lo que se enseña en los programas de educación a través de los medios de comunicación, para que estos valores y normas lleguen a todos los habitantes en El Salvador de manera coincidente.

2.5. Introducir conceptos de educación temprana dirigidos a implantar la enseñanza de urbanidad, moral y cívica, identidad cultural y sentido de pertenencia, para tener un mayor impacto en un proceso de cambio cultural. La escuela está llamada a jugar un papel determinante y trascendente, porque allí se brindan conocimientos y prácticas, y se va formando a la persona desde su niñez. Por ello, dicha formación debe iniciar desde la educación parvularia.

2.6. Crear programas de difusión e internalización conceptual para padres y madres, debido a que desconocen los valores y principios, así como los deberes y derechos de los que son sujetos tanto ellos como sus hijos e hijas. El trabajo que desarrolla el personal docente en las escuelas se debe ver como una extensión y complemento de las enseñanzas en el hogar.

2.7. Devolver el control a los maestros y maestras en las aulas de clase, debido a que en reformas educativas anteriores se le entregó poder al estudiante para tener control sobre los primeros. Es imperativo desideologizar el magisterio, ya que responde a

lineamientos políticos. Los sindicatos tienen mayor poder e influencia en las decisiones por encima de la autoridad del Ministerio de Educación.

2.8. Fomentar la participación a través de un programa de formación integral en valores, participación y ética, desde la niñez hasta los adultos de mayor edad, en el cual se promueva la participación ciudadana en las decisiones del Estado. El derecho a preguntar y la curiosidad deben ser promovidos desde la más temprana edad, y los adultos deben aprender a aceptarlas y respetarlas.

3.

Participación ciudadana activa

En general, existe una insuficiente participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que da espacios para que haya arbitrariedad en la gestión del Estado. La falta de apertura de espacios para la participación ciudadana no sólo afecta a las personas que no tienen posibilidad de ejercer sus derechos, sino también al Estado, el cual deja de percibir insumos relevantes que podrían dotar de mayor eficacia sus acciones.

Una razón de la baja participación y escrutinio ciudadano se debe, en gran parte, a que el mayor protagonismo lo tienen instituciones que representan a grupos minoritarios de presión y/o sensibles que actúan bajo dominio político. Esto constituye un factor de desincentivo, por lo que las grandes mayorías no participan.

Otro factor es el hecho de que, en estos tiempos de comunicación abierta y masiva a través de medios digitales, la participación se ve alterada por la amplia diseminación de información falsa que ha contaminado ampliamente a las redes sociales. Esto se ve agravado porque, en general, hay poca información veraz y comprobable, existe un bajo nivel de educación y una baja capacidad de análisis, todo lo cual contribuye a que no haya motivación ni estímulos para una mayor participación ciudadana.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 3.1. Fomentar y promover la libre asociatividad de la ciudadanía, propiciando el ejercicio de sus derechos, contando con instituciones que velen y garanticen la seguridad y la libre participación, sin temor a represalias a sus familias o en sus puestos de trabajo. Junto con esto, la formalización de los grupos de la sociedad civil interesados en participar y ejercer contraloría social, sin que ésta se encuentre limitada por decisiones discrecionales de las servidoras y servidores públicos.

3.2. Promover la participación ciudadana en las decisiones del Estado y fomentar que la sociedad civil ejerza una contraloría social de manera independiente. Esto incluye fomentar la participación a través de programas educativos de formación y práctica de participación desde la niñez hasta la adultez. Asimismo, establecer medidas gubernamentales que faciliten y refuercen la participación en las entidades públicas.

3.3. Crear una instancia ciudadana que promueva y vigile la Agenda de País Anticorrupción.

Se trata de una instancia que incida en reformas, promueva el debate y evalúe el avance de la agenda nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta podría tratarse de un centro de monitoreo, un observatorio para las reformas u otro similar, que haga seguimiento al acuerdo de país contra la corrupción, de manera independiente, con participación de universidades y organizaciones, garantizando su independencia mediante fondos de cooperación internacional públicos, privados o

multilaterales. Esta instancia debería elaborar reportes públicos dirigidos a la ciudadanía, a las entidades públicas y a los organismos internacionales y multilaterales.

3.4. Promover las contralorías independientes, desde la sociedad civil y con posibilidades de participación de diversos actores. En ese marco, resulta valioso reforzar el rol de las universidades. En ese sentido, se planteó la conveniencia de crear en todo el territorio nacional, a través de las universidades, mecanismos de contraloría social que también incluya a organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ONG, entre otros, para tutelar el cumplimiento de las promesas que hacen los actores políticos, mediante mesas de evaluación, cuyos resultados deben ser dados a conocer por los medios de comunicación.

3.5. Que las universidades acreditadas sean facultadas por ley para que puedan auditar a las instituciones públicas, las que deben estar obligadas a publicar documentos de rendición de cuentas cada trimestre. A las instituciones se les debe poner un tiempo definido por la ley, para subsanar cualquier observación o discrepancia; y, de no hacerlo, que las universidades tengan la facultad de ley para enviar estos casos a las instancias respectivas para que sean judicializados.

3.6. Garantizar una total independencia de las universidades para no ser capturadas por el sistema político, ya que en este contexto están llamadas a convertirse en tanques de pensamiento, generando opinión, discusión y promoviendo las buenas prácticas contra la corrupción.

3.7. Promover con mayor énfasis las asociaciones de desarrollo comunal y la participación a nivel municipal, dando a conocer la importancia de la participación local. Este es el mejor método para que la ciudadanía se involucre en las actividades de monitoreo, control y presentación de propuestas, viéndose fortalecida la participación y contraloría ciudadana.

3.8. Promover el uso de las tecnologías de la información, el desarrollo de aplicaciones y el uso de datos abiertos, para que la población reciba información, la pueda usar para sus decisiones y exigir sus derechos, y pueda denunciar problemas e irregularidades.

3.9. Crear un sistema en el ámbito de la Asamblea Legislativa, que facilite la participación ciudadana mediante sistemas y aplicaciones tecnológicas, y que permita el diálogo y la retroalimentación en una relación directa con los diputados y diputadas. Este podría constituir la base de un programa que ayude a mover al país hacia dinámicas poliárquicas, que garanticen la pluralidad y amplia participación.

3.10. Crear condiciones para estimular y proteger la denuncia ciudadana de cara a una nueva cultura de combate de la corrupción, lo cual requiere que el Estado garantice la confidencialidad y la seguridad de las personas y sus familias; así como la participación ciudadana en todos los procesos de investigación de actos de corrupción, para que actúen como agentes de contraloría social.

4.

Estado al servicio de la ciudadanía

Se percibe la incapacidad de las entidades públicas para servir en función de los intereses del país. Muchas veces, las entidades públicas se convierten en medios para lograr los intereses personales del funcionario o funcionaria de turno, apropiándose corruptamente de recursos, incluso mediante acuerdos políticos. Por otro lado, se constata un contexto inexplicable de diferencias en las condiciones y remuneración de servidoras y servidores públicos, favoreciendo

un Estado disfuncional. En estas circunstancias, la ciudadanía percibe que no es eje central de las decisiones públicas, y que el Estado no la protege.

En las mesas de diálogo se señaló reiteradamente la debilidad institucional y la politización de las entidades públicas de El Salvador, lo cual se convierte en un factor determinante de estímulo a la corrupción, porque no se teme ser investigado ni castigado, o porque se sabe que hay amplios espacios para quedar impunes. El clientelismo y el favorecimiento político se vuelven moneda corriente que socava la confianza en las entidades públicas.

Esta situación se exacerba por la opacidad del funcionamiento del Estado, lo cual impide que la ciudadanía y las entidades de control puedan advertir oportunamente los riesgos de corrupción, ejercer una contraloría y una denuncia ciudadana de las malas prácticas. A pesar de los avances de los últimos años, la transparencia es aún un desafío en el ejercicio del poder público.

También se observa que el poco compromiso del sistema judicial en la investigación y persecución de los delitos de corrupción se refuerza negativamente cuando las entidades de control, como la Corte de Cuentas de la República, no cumplen cabalmente su función, restan importancia a la corrupción e incluso llegan a justificarla.

Las mesas consideran que el Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, priorizando los intereses del país, y sus actuaciones deben ser legales, legítimas y transparentes, expuestas al escrutinio ciudadano.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 4.1. Adoptar y aplicar por parte del Gobierno Central, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, las leyes para la prevención, detección y sanción de la corrupción teniendo como base mínima los estándares y normativas definidos por la OEA y la ONU en los tratados internacionales anticorrupción.

4.2. Para esto deberá hacerse un examen del estado de adhesión de El Salvador a dichos tratados y evaluar las recomendaciones efectuadas por los entes internacionales, con miras a una agenda de reformas jurídicas anticorrupción.

4.3. Aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción desde el Estado y las diversas entidades responsables de la prevención, detección y sanción a la corrupción.

Estas políticas deben promover la participación de la sociedad civil, y convocar a diversos actores que colaboren con la superación de los desafíos de integridad pública, mediante el diálogo, la crítica democrática y la colaboración. El desafío de mantener políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción es su inclusividad y continuidad, por lo que deben alentarse el diálogo y los métodos democráticos para su diseño, implementación y evaluación.

4.4. Valorar en su real dimensión la jerarquía e importancia de los denominados funcionarios y funcionarias de segundo grado. Se trata de personas de la más alta jerarquía, garantes del Estado de Derecho y de los límites del ejercicio del poder político en el país. Debe definirse un nuevo modo de selección de estos funcionarios y funcionarias, revisando los mecanismos existentes para ajustarse a las buenas prácticas reconocidas, mejorando el nivel de trasparencia del proceso, y evitando que sean única y exclusivamente elegidos por el sistema político.

4.5. Tener una nueva ley de Servicio Civil, que garantice a la ciudadanía que quienes trabajan en las entidades públicas cuentan con la preparación, experiencia y actitud adecuadas para el cargo. Esta nueva ley debe asegurar que ingresen servidoras y servidores públicos idóneos a la administración, y donde los ascensos se basen en méritos y desempeño, suprimiendo así el clientelismo y el favorecimiento político como medio para acceder a cargos públicos. El servicio civil debe traducirse en una carrera administrativa, basada en procesos transparentes y eficientes, al servicio de la ciudadanía, como lo disponen los compromisos internacionales del Estado salvadoreño.

4.6. Reformar leyes para regular los límites de la discrecionalidad de las personas que se desempeñan en la Administración Pública. Junto con leyes que regulen las decisiones de éstos, deben implementarse códigos de conducta en las entidades públicas, con reglas clara dirigidas a que sus actuaciones u omisiones estén apegadas a derecho. Esto debe ir acompañado con programas permanentes de sensibilización y capacitación que les facilite conocer sus deberes, derechos, obligaciones y las sanciones a que se exponen por delinquir.

4.7. Fortalecer el rol y la independencia de la Corte de Cuentas de la República, para que pueda prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas, en sus ámbitos de actuación.

Una medida posible es que la Corte de Cuentas de la República ejerza de manera imparcial y transparente una labor de control previo de aquellos actos administrativos más importantes del Ejecutivo, y que sus acciones de control ex post sean oportunas, imparciales y enfocadas en auditorías de desempeño. De esa manera, esta institución contribuiría a fortalecer la integridad pública y a generar información valiosa sobre el desempeño de las entidades públicas, de modo de ayudar a la ciudadanía a evaluar el funcionamiento de un Estado al servicio de ésta.

4.8. Promover planes y políticas para el desarrollo y la capacitación del talento humano, asignando recursos administrativos y financieros para mejorar el desarrollo de las competencias de las funcionarias y funcionarios públicos. Esto incluye capacitar para generar competencias relativas al desempeño de sus funciones técnicas y administrativas, y en la aplicación de los valores coincidentes con la organización estatal y el interés general.

4.9. Fortalecer la integridad estatal mediante la creación de contralorías internas dentro de las instituciones, con normativas y condiciones que permitan un seguimiento y control interno efectivos, generando cambios sustanciales para una sana administración pública. Otra medida es el fortalecimiento del control interno estatal y de las auditorías externas e internas, mediante la adhesión a las normas internacionales generalmente aceptadas y a estándares actualizados para el control interno y externo en las entidades públicas.

4.10. Hacer más eficaces y eficientes los procesos judiciales para brindar una justicia pronta y debida. Para esto el sistema de justicia debe lograr una reingeniería en sus operaciones. La mora judicial plantea la necesidad de establecer un análisis de la demanda y la capacidad instalada, para cumplir los tiempos establecidos en la ley y respetando las garantías procesales. Una justicia lenta es lo más parecido a la injusticia, pero una justicia sin garantías tampoco es justicia. En ese difícil equilibrio debe perseguirse una justicia al servicio de la ciudadanía.

4.11. Fomentar aún más la transparencia en las instituciones públicas, encaminándose a entregar cada vez mayor y mejor información, apta para la comprensión y uso de la ciudadanía. Para esto pueden implementarse iniciativas más ambiciosas de gobierno abierto, que desafíen a las entidades públicas a brindar mejores servicios a través de información de calidad y herramientas tecnológicas más eficaces para servir a la ciudadanía. El Instituto de Acceso a la Información Pública debería ser parte de un esfuerzo sostenido, apoyado por recursos del presupuesto de la nación, para ampliar el horizonte informacional en el Estado, y para promover agendas que pongan al país en altos niveles de desarrollo en la materia.

4.12. Ir más allá del gobierno abierto y favorecer el Estado abierto, llevando la información, la participación y el diálogo constructivo al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, mediante iniciativas impulsadas por las entidades respectivas o por la sociedad civil demandando cambios sustantivos en la manera de ejercer sus funciones de cara a la ciudadanía.

4.13. Promover la generación y uso de datos abiertos. El Estado es el mayor poseedor de datos del país y puede mejorar su relación con la ciudadanía y prevenir la corrupción, mediante iniciativas para ofrecer y promover el uso de datos abiertos, así como métodos y tecnologías destinadas para tal fin.

4.14. Dotar de mayor independencia y estabilidad en sus funciones a los y las Oficiales de Información Pública, de manera de garantizar un trato imparcial a los y las ciudadanas que solicita información y la aplicación efectiva del principio de transparencia.

4.15. Exigir a las funcionarias y funcionarios públicos de mayor rango una declaración de interés previo a su elección o designación, durante el ejercicio de sus funciones y al cierre de estas. Asimismo, sancionar a quien no declare un interés o que altere los hechos en su declaración.

4.16. Que se rinda, a través de los medios digitales y de manera obligatoria, la declaración patrimonial de las y los servidores públicos, sean por nombramiento o elección popular, desde el inicio de sus funciones, y cada año, hasta el cese de sus labores, cuando debe entregar su último informe.

4.17. Mejorar la elaboración de leyes mediante un mejor diseño de la gestión en la Asamblea Legislativa, comisiones y cuerpo técnico que presentan y discuten los proyectos de ley.

Una medida que podría contribuir a eso es dotar a este órgano del Estado de un cuerpo de asesoras y asesores especializados y compartidos, suprimiendo los de índole personal o por partido político, los cuales son financiados con recursos públicos.

4.18. Contar con un sistema de justicia íntegro y apto durante el proceso, desde el inicio de la investigación, la recopilación de pruebas, la judicialización del caso y la condena. En los procesos judiciales se vuelve necesario contar con el mejor perfil profesional posible de las personas que desempeñan sus funciones policiales, fiscales y como jueces o juezas. La profesionalización de las y los encargados de la administración del sistema de justicia es una obligación del Estado con miras a contar con los mejores cuadros de profesionales sirviendo a la promoción de la transparencia y lucha anticorrupción.

5.

Sector privado comprometido con la integridad

En el país, el 99.5% de las empresas son pequeñas o microempresas, y de estas últimas, el 72.0% son de carácter informal, donde los programas de responsabilidad social empresarial son escasos o inexistentes, y la presencia del Estado es débil o ausente.

Las empresas desarrollan sus actividades de negocios entre sí; algunas son proveedoras del Estado y la mayoría de ellas se relaciona con éste a través de sus contribuciones tributarias o como receptoras de algunos de los beneficios estatales. En todos esos planos, el establecimiento de un ambiente de integridad organizacional, buenas prácticas éticas en los negocios y la prevención del fraude y la corrupción son un desafío.

Se considera que las empresas pueden aportar insumos, desde sus propias actividades e intereses, para crear ambientes sanos de negocios y prevenir la corrupción. Asimismo, pueden establecer relaciones de confianza con el Estado en la medida que promueven sus objetivos con el compromiso de cumplir y hacer respetar las leyes y contratos.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 5.1. Promover entre las empresas el Pacto Global de las Naciones Unidas, que establece valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. El principio 10 establece que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. Las empresas deben ser llamadas a suscribir compromisos públicos para el cumplimiento de este principio, especialmente aquellas que son proveedoras del Estado.

5.2. Generar incentivos desde el Estado para la promoción entre las empresas, especialmente grandes y medianas, de programas de cumplimiento para la prevención del fraude y la corrupción. Estos incentivos pueden ser tributarios, penales o administrativos, y deben ayudar a que las empresas puedan implementar más fácilmente políticas corporativas, códigos de ética, sistemas de denuncia de fraude y corrupción, entre otras medidas. La discusión y diseño de incentivos puede apoyarse en la cooperación con organismos que las promueven, como son la OCDE, UNODC y el Banco Mundial.

5.3. Establecer mecanismos confiables de denuncia de corrupción en el Estado, con garantías de protección a las empresas denunciantes. Estos mecanismos deben evitar todo tipo de represalias de una autoridad pública sobre la empresa, tales como retrasos injustificados en permisos, trámites y licencias, o la discriminación arbitraria en el otorgamiento de beneficios o sanciones legales.

5.4. Promover las buenas prácticas en las empresas, mediante proyectos que inculquen principios y valores en sus trabajadores y trabajadoras, en todos los niveles, para contribuir de manera determinante en el cambio cultural que necesita la sociedad salvadoreña. Es importante masificar el fomento de valores y ética en el trabajo, la familia y la sociedad, por lo cual es necesario crear un marco normativo privado para que toda empresa formal tenga un código de ética y programas para tutelar su cumplimiento, de acuerdo con las buenas prácticas internacionalmente reconocidas.

5.5. Generar proyectos formativos en el sector público y privado a través de programas específicos de valores y ética, derechos, deberes y obligaciones de las y los ciudadanos, con el apoyo del INSAFORP. 5.6. Apoyar los esfuerzos del sector privado para que las empresas adopten la normativa ISO 26000, que define ampliamente los estándares en pro de la transparencia en la gestión empresarial. El estándar 26000 requiere el apoyo mediante esquemas de incentivos y acciones concertadas entre entidades públicas y empresas privadas.

5.7. Involucrar a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad a través de iniciativas enfocadas en premiar los liderazgos positivos y la integridad en el sector público y privado, así como crear campañas informativas que promuevan principios y valores, con el objetivo de cambiar la cultura de permisividad hacia la corrupción que impera en la sociedad salvadoreña.

5.8. Estudiar un marco integrado de propuestas de ética en los negocios y prevención del fraude, que integre a las empresas, a los usuarios y consumidores, a los entes reguladores y a las universidades, con miras a elaborar una agenda de reformas y cambio, que incluya también la discusión sobre una política de formalización de empresas en el país.

6.

Sistema de justicia independiente y contra la impunidad

Los participantes de todas las mesas de trabajo tienden a tener un consenso en cuanto a considerar que el sistema de justicia es débil y no trabaja adecuadamente, estando sometido a influencias indebidas. Por otra parte, respecto de las leyes, hay desconocimiento sobre quién regula, quién las debe aplicar y quién debe dar la debida y pronta respuesta ante denuncias y juicios relativos a actos de corrupción. Agregan que el sistema de justicia se rige por un buen número de leyes que conceptualmente están obsoletas y otras que incluso se contradicen, dando espacio a prácticas indebidas.

Se señala que hay personas que cometen actos de corrupción, aunque conocen de la ley. Ante esta situación, es necesario crear mecanismos y reformas para desmontar y castigar con fuertes sanciones y condenas a quienes han usado espacios y resquicios para burlar las leyes y cometer delitos, estableciendo un modus operandi de corrupción que se ha llegado a ver como algo normal. Frente a las malas prácticas, se demanda la creación o el fortalecimiento de sistemas de denuncias institucionales accesibles para la sociedad civil, y establecer condiciones que protejan a las y los denunciantes.

Se requiere un sistema legal que permita sancionar, perseguir y castigar los casos de corrupción con penas duras, sentando precedentes que reafirmen la importancia de la honestidad y del cumplimiento de las leyes. Es imperativo dar pasos firmes para cerrar los espacios a la impunidad sin importar que tipo de personas cometan los actos de corrupción, ya que ante la ley todos somos iguales. Es importante que El Salvador sea parte activa de todas las instancias internacionales que buscan combatir y castigar el flagelo de la corrupción.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 6.1. Reformar el Estado, fortaleciendo las instituciones y el balance democrático de poderes, actualizando la normativa de leyes para la prevención, detección y sanción de

6.2.

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6.8.

la corrupción de acuerdo con las normas contenidas en las convenciones internacionales contra la corrupción de la OEA y de la ONU. Frenar la impunidad estableciendo casos ejemplarizantes que sienten un precedente.

Se demanda que en los casos que son llevados a juicio, existan condenados y encarcelados, con penas y sanciones fuertes, pero respetando en todo momento el debido proceso y las garantías constitucionales.

Fortalecer a la Corte Suprema de Justicia en su independencia, mediante un sistema adecuado de elección o selección de sus magistrados y magistradas, que asegure la alta preparación jurídica de las y los titulares del cargo, mediante un proceso transparente que disminuya la intervención o aplicación indebida de criterios político-partidistas en su designación.

Mejorar sustancialmente la pertinencia y eficiencia de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, para que sea parte activa y eficaz en la lucha contra la corrupción, rindiendo cuenta permanentemente a la ciudadanía y a otros órganos públicos de su celeridad, imparcialidad y efectividad.

Fortalecer la Fiscalía General de la República, mediante un sistema adecuado de elección o selección de su autoridad máxima, que asegure la alta preparación profesional del Fiscal General, y de un proceso transparente que disminuya la intervención y aplicación indebida de criterios político-partidistas en su designación.

Incrementar la disposición de recursos administrativos y financieros orientados al fortalecimiento de las actividades de investigación, contando con un presupuesto asignado en base a un porcentaje proporcional del presupuesto general de la nación.

Además, la especialización del personal y de sus unidades debe ser asegurada mediante recursos propios o mediante mecanismos de cooperación con organismos internacionales especializados en la persecución penal de la corrupción y en la recuperación de activos.

Fortalecer la Policía Nacional Civil mediante más recursos, depuración y tecnificación para mejorar sustancialmente su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República y el cumplimiento de las medidas judiciales, especialmente en casos de gran corrupción. Una medida en ese sentido es asegurar que se cuenta con unidades especializadas en este tipo de delitos, con códigos de conducta y procedimientos internos rigurosos, que sean un apoyo efectivo a las investigaciones, contribuyendo al fomento del Estado de Derecho. La cadena de la justicia debe ser tan fuerte como el más débil de sus eslabones y la Policía Nacional Civil es una parte esencial de dicha cadena.

Revisar las leyes sobre justicia, garantías procesales, inmunidades y persecución penal de los casos de corrupción para ajustarlas a los estándares internacionales y buenas prácticas. Este trabajo, que debe ser liderado por un equipo de notables que conformen una comisión de revisoría, tendrá por objetivo actualizar, depurar y mejorar el cuerpo de leyes del país en el combate a la corrupción y la impunidad, en el marco de un debate abierto con participación de sociedad civil y expertos nacionales e internacionales. Los departamentos jurídicos de los organismos internacionales (OEA, ONU) y la cooperación internacional podrán apoyar esta revisión.

Reformar las leyes de tal forma que establezcan claramente el deber de denunciar los actos de corrupción en el Estado. Este deber tendrá que aplicarse en toda entidad pública, incluidas las empresas en las que el Estado tenga participación. Las y los

servidores públicos son testigos clave de prácticas de corrupción, son quienes conocen los mecanismos internos, fallas del sistema y vacíos en las normas que facilitan las operaciones corruptas. Por eso, deben establecerse sistemas de denuncia de corrupción en cada entidad pública, que faciliten el reporte a las autoridades competentes, y que además protejan al denunciante, por ejemplo, mediante el uso de buzones especiales, líneas telefónicas anónimas, oficinas de denuncia especializadas y procesos eficaces de gestión de denuncias. En este sentido, El Salvador debe dar aplicación a las recomendaciones recibidas de la OEA y a las guías de la ONU sobre la materia.

6.9. Crear condiciones para estimular y proteger la denuncia ciudadana de cara a una nueva cultura de combate a la corrupción. Esto requiere que el Estado garantice la confidencialidad y la seguridad de la persona denunciante y sus familias, tomando medidas preventivas y de detección de malas prácticas de represalias contra particulares que hayan denunciado irregularidades en entidades públicas y gobiernos municipales. También deben establecerse medidas y políticas claras para respetar y proteger a solicitantes de información pública, y a personas que ejerzan su derecho a participar en la gestión de los recursos y en las decisiones públicas, de acuerdo con la ley.

6.10. Normar para que, en casos de funcionarias o funcionarios investigados por algún caso de corrupción, se les separe del cargo mientras se lleva a cabo el proceso de investigación, y si es encontrado culpable, que la pena no sea sólo económica, sino que lleve a la destitución de su cargo. Para casos de corrupción, la declaración de reserva en el proceso judicial no debe aplicarse.

6.11. Establecer y aplicar sanciones disuasivas a los actos de corrupción, tanto de tipo administrativo, disciplinario como penal, castigando con fuerza e incentivando que las instituciones del Estado cumplan sus funciones aplicando a cabalidad las leyes. Fijar las sanciones a los actos de corrupción, sin tratos preferenciales, no importando la posición en el gobierno, orientación política, situación económica o social del individuo, para garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la ley.

6.12. Incorporar en una sola ley anticorrupción todas las formas de corrupción y sus castigos, incluyendo mecanismos de sanción a las empresas públicas y privadas involucradas en este tipo de delitos. Esta legislación única debe además detectar y castigar el uso de prestanombres, y asegurar la confiabilidad y trazabilidad de los registros de propiedad y activos, de acuerdo con las nuevas prácticas internacionales.

6.13. Reformar el ordenamiento jurídico para que el delito de corrupción no prescriba, o al menos su prescripción sea después de 20 o 30 años de cometidos los hechos.

6.14. Revisar el ordenamiento jurídico para favorecer la extradición de extranjeros y nacionales acusados de participar en actos de corrupción, y fortalecer la cooperación y la asistencia técnica internacional anticorrupción. Dar pronto cumplimiento a las recomendaciones que ha recibido el Estado desde la OEA y la ONU para mejorar su marco jurídico y la aplicación de leyes contra la corrupción.

7.

Sistema político moderno con prácticas democráticas

En las mesas de diálogo se identificó como una causa importante de la corrupción a los partidos políticos, porque no han evolucionado y no se han comprometido en la lucha contra ese mal social.

Los partidos políticos están llamados a jugar un papel determinante en el correcto funcionamiento del sistema político salvadoreño, pero también en la formulación de las leyes, normas, políticas y medidas que gobiernen la relación del Estado y las personas de manera democrática y en el marco de un Estado de Derecho. Sin embargo, la ciudadanía percibe una realidad muy diferente.

El sector político es señalado recurrentemente como responsable de los actos de gran y pequeña corrupción en el país, sea directamente o a través de funcionarios y funcionarias. En otros casos, se le percibe como cómplice de los actos de corrupción por no tomar las medidas pertinentes para combatirla y castigarla. A esto se suma que las prácticas internas de los partidos políticos democracia interna, financiamiento y sus procesos de toma de decisiones- en general son obsoletos y opacos, por lo que se perciben como actores socialmente deslegitimados y fuente de corrupción en las entidades estatales, lo cual también tiende a estar asociado con el clientelismo político.

Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones: 7.1. Reforzar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, mediante el establecimiento de sanciones de tipo electoral efectivas, por ejemplo: revirtiendo la victoria, suspendiendo el acceso a la deuda política o cancelando su existencia por no cumplir con la obligación de informar las fuentes de financiamiento, el cual debe estar sometido al escrutinio público.

7.2. Exigir al Tribunal Supremo Electoral cumplir con las leyes que lo facultan para ejercer control y fiscalización de los partidos políticos, sancionando a aquellos que las incumplan.

7.3. Se percibe demasiada permisividad por parte de los partidos políticos con sus correligionarios ya que ellos guardan silencio ante cualquier incumplimiento de la ley por alguno de sus miembros. Esta actitud debe ser sujeta a la sanción correspondiente, no solo por el mismo instituto político, sino también por las leyes correspondientes.

7.4. Reformar la normativa de la Corte de Cuentas de la República estableciendo mecanismos regulatorios para auditar el financiamiento de los partidos políticos.

7.5. Establecer mecanismos para que los sujetos obligados a rendir cuentas sean los candidatos y candidatas a cargos públicos, tanto en materia de ingresos como de gastos. Es recomendable que cada candidato o candidata elabore un reporte contable de los ingresos y gastos de su campaña, y que estos sean reportados al partido político y al Tribunal Supremo Electoral, de tal forma que esta responsabilidad no recaiga únicamente en la agrupación política sino también en cada persona que participe en una elección popular.

7.6. Establecer sanciones penales, administrativas y económicas sobre anomalías en esta materia, promoviendo una coordinación conjunta del Tribunal Supremo Electoral y la

Fiscalía General de la República para dar seguimiento a los casos de corrupción en la administración de los fondos de partidos políticos.

7.7. Evaluar la reforma a la Constitución de la República dirigida a garantizar la posibilidad de candidaturas no partidarias a la Presidencia de la República. En este punto existen consensos y disensos, especialmente acerca de cómo equilibrar la apertura a más opciones y madurez del sistema político.

7.8. Permitir la fiscalización independiente de los partidos políticos, y fiscalizar las componendas políticas en la Asamblea Legislativa. La ciudadanía debe contar con un comité que nos informe de las actividades y actos que desarrollan los partidos políticos.

7.9. Prohibir acceder a cargos, o destituir, a los diputados, diputadas, funcionarios y funcionarias que cometan actos de corrupción.

7.10. Exigir requisitos de notoriedad, ética y valores a las personas que seleccionan los partidos políticos como candidatos o candidatas a cargos de elección popular, para que respondan a los intereses del país y no a los de los partidos políticos.

7.11. Establecer condiciones que regulen el nombramiento de los puestos de confianza en el Gobierno Central y en los gobiernos locales, mediante la definición de requisitos a cumplir y los mecanismos de selección, y que estos sean auditados por la sociedad civil.

7.12. Revisar las sanciones económicas a los partidos políticos ante el incumplimiento de las leyes, ya que son bajas. Deben ser sustancialmente más altas para forzarlos a cumplir la ley.

7.13. Invitar a los grupos sociales a que se avoquen a la Asamblea Legislativa para que se aprueben las leyes para combatir y castigar la corrupción. La Asamblea Legislativa es la casa del pueblo, cualquier ciudadano o ciudadana debería poder acercarse al parlamento para promover piezas de correspondencia.

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, 29 de noviembre de 2018.

IV. Junto con lo anterior, las autoridades del Estado de El Salvador, dirigentes de partidos políticos, y candidatos y candidatas a Presidente y Vicepresidente de la República abajo firmantes, nos comprometemos a incorporar en nuestras agendas de trabajo, medidas para el fortalecimiento de la transparencia, la ética, la participación, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, bajo los mismos principios señalados en el numeral II, de la siguiente manera: a) Dentro del plazo de 120 días contados desde el 1 de junio de 2019, desarrollaremos un proceso de diálogo abierto entre entidades públicas de los diferentes poderes del Estado, organizaciones de sociedad civil y universidades, sobre las medidas de este Acuerdo con el fin de identificar prioridades, responsables, recursos y resultados esperados. b) Dentro de los 200 días contados desde la misma fecha anterior, el gobierno de la República dará a conocer una política coordinada y eficaz de combate a la corrupción, en los términos del artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Esta política será presentada, en acto público y de convocatoria abierta, e incorporará las medidas prioritarias del Acuerdo. Las medidas prioritarias consisten en reformas y políticas públicas sobre al menos las siguientes materias: 1. Política pública para la promoción del cambio cultural en el combate a la corrupción.

2. Política pública para la promoción de una educación centrada en valores.

3. Propuesta de ley para la participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión pública.

4. Propuesta de ley para promover la denuncia de actos de corrupción y la protección de los denunciantes.

5. Propuesta de ley de la función pública.

6. Política pública para el manejo de gastos reservados en la Presidencia de la República.

7. Propuesta de reformas para el fomento de la transparencia fiscal y presupuestaria de la hacienda pública.

8. Política pública para un sector privado comprometido con la integridad y la transparencia.

9. Propuesta de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

10. Propuestas de reforma a la legislación penal para ampliar la prescripción de la acción penal para los delitos de corrupción.

11. Propuesta de reformas a la Ley de Partidos Políticos.

12. Propuesta de reformas al Código Electoral.

13. Propuesta para el fortalecimiento del control interno y externo de los fondos públicos.

Para facilitar la más pronta ejecución de las medidas prioritarias, el gobierno de la República tomará en cuenta los proyectos de ley y de políticas públicas ya elaborados, y que se encuentran anexados a este Acuerdo. c) Dentro del mismo plazo de 200 días, los demás poderes del Estado y entidades públicas firmantes daremos a conocer nuestras políticas institucionales de combate a la corrupción, y las medidas adoptadas para prevenir y sancionar al interior de nuestras

organizaciones, así como en el ejercicio de nuestras funciones propias, los actos de corrupción. d) Asignaremos responsabilidades, personal y recursos financieros en nuestros planes y presupuestos anuales para el análisis, debate e implementación de las medidas de la política de combate a la corrupción del gobierno, y de las medidas que fueran de competencia de las demás entidades de los poderes del Estado. e) Favoreceremos el monitoreo, discusión abierta y evaluación periódica de los avances de la política contra la corrupción y de las políticas institucionales asociadas al Acuerdo, mediante la entrega a las organizaciones de sociedad civil de información actualizada y en formato procesable sobre las medidas incluidas en tales políticas. f) Favoreceremos, mediante acuerdos y acciones concretas, la recepción de apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional a las entidades públicas, organizaciones de sociedad civil y universidades, para el diseño, discusión, implementación y desarrollo de las medidas gubernamentales e institucionales contra la corrupción; así como en el intercambio de información, la asistencia técnica, la cooperación jurídica y la repatriación de activos productos de la corrupción, con los diversos órganos del sistema de justicia salvadoreño, la sociedad civil y las universidades.

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, 18 de enero de 2019.