Informativo CUT Bogotá Cundinamarca, edición 141 by Cesar Tovar

Nº 141 Valor $500

Bogotá, Colombia Junio de 2016

El último día de la guerra con las Farc Ver pág. 3

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente Juan Manuel Santos, el comandante de las Farc-EP, Timoleón Jiménez y el Canciller de Noruega, Børge Brende, en la ceremonia de firma del acuerdo de dejación de armas en La Habana.

Sí a la paz, no a masacre laboral en la ETB

oy que el país se despierta con la buena noticia de un acuerdo entre las Farc EP y el Gobierno Nacional, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el presidente de la ETB, Jorge Castellanos, violentan los derechos de los trabajadores y empiezan una masacre laboral en la ETB. Desde Sintrateléfonos le damos un Sí rotundo a la paz y confirmamos nuestra disposición a apoyar el mecanismo que sea designado por la refrendación de estos acuerdos. / 7

EN MÉXICO. Oaxaca: Crónica de la insurrección

e manera coordinada y a la vez dispersa sectores populares convocados por el magisterio disidente, hace poco menos de un mes, tomaron el control de las carreteras en cuando menos cinco estados de la República: Puebla, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. Pocos días después el gobierno federal encaminó las fuerzas policíacas y militares rumbo al sur del país pero los pueblos les cerraron el paso. Los autobuses de los federales se quedaron atascados durante días. / 22-23

ascontrol

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En defensa del control fiscal territorial Carlos Saavedra Zafra Presidente Nacional Ascontrol

a Constitución Política precisa en su artículo 272 que “la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas...”. “La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales...” y asimismo preceptúo que le corresponde a Asambleas y Concejos organizar las “contralorías como entidades dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.” Y que ejercerán “en el ámbito de su jurisdicción”, las funciones atribuidas al Contralor General de la República”. Sin embargo, como parte integral del proceso de desmonte del arreglo constitucional del 91, la tecnocracia neoliberal incrustada en el aparato del Estado impulsó la denominada Ley 617 del 2000 que preceptuaba “normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. Uno de los aspectos cruciales de la fementida Ley es que desconoció de manera abrupta el mandato constitucional de dotar a las contralorías departamentales y municipales de la “autonomía administrativa y presupuestal” requeridas para su cabal funcionamiento y desempeño. Es decir, somete a las contralorías departamentales y municipales a un paulatino pero efectivo estrangulamiento presupuestal y, por ende, a su ya debilitada, autonomía administrativa, si no olvidamos el origen político y politiquero de la elección de los contralores territoriales de turno. Y como corolario de su estratagema en el artículo 21 de la precitada Ley se procede a modificar el artículo 156 de la Ley 136 de 1994 precisando que: Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. El artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así: Artículo 156. Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. Únicamente los municipios y distritos clasificados en categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan más de cien mil (100.000) habitantes, podrán crear y organizar sus propias Contralorías. Las contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso anterior deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control fiscal, refrendada por la Contaduría General de la Nación. Parágrafo. En los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría departamental...”

Parágrafo transitorio. El 31 de diciembre del año 2000 las Contralorías que funcionan en los municipios o distritos de categoría 2a., distintas a las autorizadas en el presente artículo 3o., 4o., 5o. y 6o. quedarán suprimidas.

El camino hacia el mundo ideal de los corruptos estaba servido en bandeja de plata. Una gestión pública ineficiente, ineficaz, en medio del descontrol y un control fiscal lánguido, debilitado. Sin embargo, la labor de los entes territoriales de control, así sometidos, permitió que su incipiente y limitada labor funcional y misional en algo reluciera, lo que les permitió superar el peligro del referendo uribista de 2003. En los últimos años las contralorías territoriales han seguido sometidas a la “dictadura” de una ley de “racionalización del gasto público” que modificó la Constitución y le asestó un golpe de gracia a las ya debilitadas entidades territoriales de control.

General; ahora, surge la novísima propuesta de eliminar las contralorías departamentales y municipales y crear la Contraloría General de la Nación. Es decir, en vez de modificar las normas que debilitan o limitan la gestión de los órganos de control; se les responsabiliza de sus resultados, según ellos, pírricos y preñados de ineficiencia e inoportunidad¸ sin atender que para mejorar la eficiencia y los resultados de los entes de control (Nacional y Territoriales) es necesario garantizar su autonomía e independencia, dotarlos de los recursos técnicos, administrativos, legales y presupuestales y ante todo garantizarle al Estado y a la sociedad que los corruptos, otorgándoles el debido proceso, deberían asumir la carga de la prueba. Eliminar los entes territoriales de control y “crear” la Contraloría General de la Nación

por sí mismas no son una medida en la lucha contra la corrupción. Pero lo que sí logra de manera inmediata es eliminar de un tajo el sistema especial de carrera administrativa de la Contraloría General de la República y la luchada carrera administrativa de las contralorías territoriales. Es decir, se castiga a quienes de manera tesonera han asumido el control, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de una mejor gestión fiscal como su forma de vida laboral y profesional. No busquemos la causa de la fiebre en las sabanas, sino en el enfermo; reza el sabio adagio popular. Y en ese sentido se debe luchar contra la corrupción NO debilitando los órganos de control sino empoderándolos, fortaleciéndolos, profesionalizándolos, respetando su autonomía e independencia, despolitizándolos. Lo demás es asestar un golpe a la transparencia, a la democracia.

Hoy, con el desprestigio de años de ver la ineficiente labor de unos contralores territoriales presas de la clase política regional y con el debilitamiento estructural, funcional, administrativo, presupuestal, resultante de la aplicación de normas cicateras con aquellos organismos claves en el ejercicio de la democracia, de la real descentralización, las contralorías departamentales, distritales y municipales se encuentran, nuevamente, junto con la Contraloría General de la República, en el centro del debate. Y lejos de modificar las normas que le garantizan “el debido proceso” a aquellos que esquilman el erario, ahora, se pretende buscar los responsables de la creciente y galopante corrupción, no en la ineficiente, inadecuada e inoportuna gestión fiscal, sino en la gestión de los órganos de control sometidos a normas como la Ley 617 de 2000, en normas que debilitan su autonomía, en normas como La ley 1474 de 2011 –estatuto anticorrupción–que politizaron y burocratizaron la gestión de la Contraloría

ASCONTROL

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Sí a la Paz

EDITORIAL

El último día de la guerra con las Farc

l anuncio del Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, contenido en el Comunicado Conjunto #75 del día de ayer, 22 de junio, entre el Gobierno Nacional y las Farc, es un hito en la historia patria desde inicios del siglo pasado hasta ahora. El logro de un acuerdo para poner fin a la lucha armada de los actores en disputa militar, representa un espacio que oxigena el espectro político para las organizaciones sociales que hemos buscado la transformación de Colombia en la vía de la lucha civilista y democrática, y que nunca hemos compartido la conjugación de la lucha armada con la lucha de las organizaciones legítimamente constituidas dentro del marco de nuestra legislación, ni menos hemos prohijado las formas degradantes de este conflicto como el

También se luchaba en esa montaña, pero sin resultado… Adiós a las armas, Ernest Hemingway secuestro, el asesinato, la extorsión, en fin, el terror sobre la población civil, que ha llevado a que Colombia sea el primer país del mundo en desplazamiento interno. Casi siete millones de compatriotas han tenido que huir, víctimas de esta horripilante violencia. En adelante, sin el enfrentamiento bélico con las Farc y su reincorporación a la vida civil y la lucha política, que es en el fondo el verdadero sentido de esta paz, se abre un espacio que debe ser copado por las organizaciones sociales y en especial por la actividad del sindicalismo como actor y factor de poder en Colombia.

Comité Ejecutivo CUT Bogotá Cundinamarca Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Alfonso Ahumada B. (Secretario General), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Celmira Herrera Urrea (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Martha Pineda Guío (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Néstor Ramírez Moreno (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo Editorial Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente) Carlos Arturo Rico Godoy (Tesorero), Jorge E. Charry (asesor editorial). Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432 Bogotá D.C. Colombia Email: cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.co ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Dreamstime Manuel A. Mora y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Diego Urrea Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Se hace necesario ahondar la capacidad de acción y movilización social que debe tener el sindicalismo en el nuevo escenario del posacuerdo. El sindicalismo debe profundizar, por ejemplo, en el proceso de reparación colectiva del movimiento sindical, pues en el drama del conflicto armado, es el sindicalismo quien ha cargado con más de 3.000 muertes de sus integrantes por cuenta de la estigmatización de su actividad en la sociedad a manos del ejercicio ilegal de la violencia por parte de algunas fracciones de las fuerzas militares que han obrado como aparato de represión del Estado, el paramilitarismo (la expresión macabra de la violencia exacerbada) y demás formas de estructuras armadas irregulares. Falta aún completar el desarrollo de un proceso integral que incluya al ELN y al EPL, frente al cual llamamos a los actores de esas estructuras y al gobierno, para avanzar en el desarrollo de negociaciones que hagan cesar completamente la violencia con todas las guerrillas. Muchos reclaman que en desarrollo del proceso que ha tenido lugar hasta hoy, se materialicen las grandes transformaciones que suponen conseguiría la guerrilla en este acuerdo. Evidentemente el acuerdo es para el fin de la violencia armada, lo que implica garantías de seguridad y condiciones favorables de reintegración de las Farc a la vida social y política. Nunca estuvo pensado para cambiar las estructuras económicas del país. Este acuerdo es para dar solución negociada a dos partes que no se derrotaban militarmente, con unos avances colaterales sobre el problema agrario y los cultivos ilícitos. Debemos entender entonces el enorme valor que para la apertura democrática del país tienen los acuerdos de paz de La Habana, al poder adelantar las organizaciones populares su lucha política sin el peso exorbitante de la violencia y la estigmatización de ser partícipes de ella. La concluyente repercusión positiva en la vida de los millones de víctimas del conflicto armado. El influjo sobre la recuperación económica que subiría el PIB en 3% según los más optimistas. Nada menos que el cese del horror, la muerte y la desolación.

También se anuncia el acuerdo sobre refrendación entre gobierno y Farc. El movimiento sindical que ha jugado un activo papel en defensa de la paz no debe más sino sentir alborozo por estos anuncios. La luz al final del túnel. Por eso definimos en nuestro VI Congreso que la CUT participará de manera activa en la refrendación popular de los acuerdos, votando sí a la paz. Enfrentaremos en esta decisiva y primera batalla democrática a las fuerzas oscuras de la guerra y la ultraderecha colombianas en cabeza del llamado Centro Democrático, los conservadores ultras, los grandes terratenientes y ganaderos, los despojadores de tierras, los paramilitares ocultos, los viudos del militarismo, todos a uno encarnados en el expresidente Uribe. Esta batalla crucial por la paz y las garantías es definitiva para el futuro y el progreso del país, como bien lo señala el comunicado conjunto gobierno-Farc del pasado 22 de junio: “las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.” Y para no confundir a los incautos ni alentar a los protervos, el sindicalismo CUT tendrá, legítimamente, que intensificar su lucha contra el modelo neoliberal y las medidas que apuntalan este sistema del gobierno de Santos. Ya se dijo con claridad: necesitamos de la simple paz para adelantar con profundidad nuestra lucha por la mejora sustancial de las condiciones de vida del pueblo colombiano, por la soberanía nacional y por la transformación social, mediante la movilización de masas, el crecimiento del índice de sindicalización, la educación sobre el sentido de clase de los trabajadores, la más férrea unidad de nuestras filas, la alianza con las demás organizaciones sociales y fuerzas políticas democráticas y progresistas. Con estos criterios arrancamos la campaña por el sí a la paz, con la seguridad que obtendremos un amplio respaldo del pueblo y los trabajadores colombianos, el fin de la guerra es el principio del camino por la conquista de un mejor futuro para nuestro pueblo. 23 de junio de 2016.

salud

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Regreso al pasado, Peñalosa alcalde

Y sigue el drama de los contratistas por orden de prestacion de servicios Pedro Yepes Fiscal CUT Bogotá Cundinamarca

on bastante preocupación los trabajadores de salud y otras dependencias observan las decisiones neoliberales y antipopulares de la derecha que retoma el poder para acabar con lo poco que queda de patrimonio público en perjuicio no solo de los trabajadores sino de todos los bogotanos. Los trabajadores de la Secretaría Distrital y la red pública se han visto obligados a salir a las calles a protestar para que la administración distrital les cancele los salarios u honorarios como se llaman ahora, pues la arrogancia, la intransigencia y el abuso de la administración Peñalosa ha inventado toda una maraña de mentiras para retener los salarios de estos humildes trabajadores explotados.

Dijo el secretario de Salud que el problema es que los trabajadores no habían entregado el formato de pago de la seguridad social, ¡mentira! pues las cuentas estaban radicadas y para radicarlas era necesario adjuntar el recibo de pago de la planilla de salud y pensión, y en algunos hospitales el recibo de riesgos laborales. Después adujo que la cuenta de cobro estaba elaborada con el antiguo nombre de las empresas sociales del Estado. Lo único cierto es que después del cierre de la Carrera Séptima en el hospital Simón Bolívar, la avenida Primero de Mayo en Kennedy y posteriormente en Bosa, en menos de cuatro horas pagaron las nómina de contratistas. Después, la gerencia de la subred Norte retrasó el pago de la nómina de los trabajadores de planta del Hospital Simón Bolívar, se bloquearon las vías e inmediatamente se movilizó la administración a pagar; el problema entonces no era de plata, es la

voluntad política corrupta de una administración cobarde que se burla del Estado y ultraja a sus trabajadores. El personero y el procurador Ordoñez no se han pronunciado, lamentable su silencio cómplice. Lamentables también las medidas para desacreditar los hospitales públicos y justificar el cierre de los mismos después de la fusión en beneficio de la empresa privada, las deudas de las EPS con los hospitales públicos de la red quedaron sin cobrar, esa platica se la robaron; nada ha dicho el señor alcalde extranjero mentiroso al respecto, qué va a decir si todo el mundo sabe que las EPS privadas financian campañas. Lamentamos igualmente la campaña de la gobernadora del Valle contra el Hospital Universitario de Cali donde denuncia la corrupción al encontrar cajas de facturas al parecer de servicios prestados a usuarios de las EPS que no han sido cobrados y pedimos desde este órgano de opinión que se adelante una investigación pues esas facturas son plata que el Estado colombiano ha despojado a los trabajadores, especialmente contratistas; en beneficio de la empresa privada corrupta como son las EPS que han saqueado sin control el erario público.

Jueza obliga a Peñalosa a “concertar” con vendedores ambulantes

esde la llegada al Palacio Liévano el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con la Policía Metropolitana inició desalojos en los andenes de las calles 72 y 19. Los vendedores entablaron acciones legales y organizaron protestas para evitar que la administración los saque de los andenes sin que medie una concertación. Para los líderes de este gremio existe una vulneración de los derechos fundamentales, entre ellos el del trabajo.

Una demanda fue resuelta el 17 de junio por la jueza 50 administrativa de Bogotá, Zaida Martínez y se ordena que en el término de tres meses, “tome decisiones administrativas necesarias con el fin de conformar y convocar una mesa de trabajo” con los vendedores. El fallo señala que la administración Peñalosa ha incumplido lo dispuesto en el Decreto 098 del 2004, el cual estableció disposiciones para “la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales”.

La movilización de los trabajadores del hospital Simón Bolívar.

La protesta llegó a ocupar la carrera Séptima.

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opinión

La propuesta de la Comisión para la reforma tributaria y su incidencia sobre los trabajadores* Consuelo Ahumada Ph.D. en Ciencia Política de New York University. Profesora universitaria

y consultora independiente

on el argumento de que se necesita recaudar los recursos que se han dejado de percibir en los últimos dos años como consecuencia del derrumbe de los precios del petróleo, el Ministerio de Hacienda anunció la presentación de una reforma tributaria al Congreso durante el segundo semestre del presente año. Se trata de una reforma en la cual vienen insistiendo mucho la Ocde y el FMI, entre otras instituciones. La muy poderosa agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P), después de cambiarle la calificación de riesgo soberano a la economía colombiana, de estable a negativa, señaló también que dicha reforma era urgente e inaplazable. En tono perentorio, le advirtió a la administración Santos que, de no hacer con prontitud los ajustes que se requieren, el siguiente paso que adoptará será anunciar una baja de calificación de la economía del país1. Para cumplir con dicha orientación, el Gobierno Nacional conformó la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, con el objetivo de estudiar el sistema tributario y presentar propuestas para hacerlo más equitativo y eficiente. En diciembre de 2015, después de diez meses de trabajo, esta presentó su informe final. Desde la introducción, el informe aclara que la Comisión tuvo un carácter independiente frente al Gobierno Nacional (a pesar de ser presidida por el director de la Dian), propició la participación de distintos sectores y fue receptiva a sus propuestas. Sin embargo, debe decirse de entrada que dicha Comisión resultó bastante homogénea en cuanto al origen y trayectoria académica y/o empresarial y política de sus nueve integrantes. La gran mayoría de ellos han desempeñado cargos importantes en el plano internacional y nacional, en el sector público y privado, y han expresado su compromiso con el orden económico internacional y con el afianzamiento del modelo de desarrollo vigente en el país. Es necesario destacar que la política tributaria es un mecanismo fundamental para mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y la desigualdad, y sacar adelante las tareas del desarrollo y la construcción de la sociedad del posconflicto. Si se parte de una concepción que privilegie dichos objetivos, una reforma tributaria estructural es indispensable para obtener los recursos financieros con el fin de adelantar las políticas públicas que se requieren.

Por el contrario si, más allá de la retórica, el punto de partida y de llegada de la reforma tributaria es el afianzamiento del modelo económico neoliberal, esta se convierte más bien en un ejercicio tecnocrático, pretendidamente apolítico, cuyo objetivo es alcanzar eficiencia en la recaudación de los ingresos fiscales para que el Estado siga cumpliendo con la función primordial que se le ha asignado en las últimas décadas: garantizar las mejores condiciones para la inversión extranjera, en beneficio del gran capital internacional y nacional. Este ha sido el carácter de las doce reformas tributarias adelantadas en Colombia a partir de la década del 90 y es el caso de la iniciativa presentada ahora por la Comisión. Aunque en el texto se insiste en que es una reforma estructural, no se busca ningún cambio de fondo en cuanto a la recaudación. El informe no cuestiona el orden económico vigente, los mandatos de las agencias internacionales, el modelo de desarrollo ni el modelo de tributación que predomina en el país. Por ello, las propuestas que se hacen en los distintos capítulos quieren ante todo garantizar las mejores condiciones para la inversión privada, en especial extranjera, a partir de dos supuestos. El primero, que esta genera empleo, favorece la competitividad y el crecimiento económico del país. El segundo supuesto es que los recursos adicionales recaudados se destinarán de manera automática a la inversión social. De hecho, en el informe se acogen los criterios defendidos en las diversas propuestas tributarias esbozadas para Colombia por los organismos internacionales, cuyos principios básicos se sintetizan en los siguientes: a. Los impuestos no pueden desestimular la inversión privada, considerada como la base del crecimiento económico. Por tanto, hay que reducirles los impuestos a los sectores del capital e incrementárselos a los trabajadores. En el informe se propone bajar el umbral de tributación, para que las personas empiecen a pagar impuestos a partir de un salario de $1.500.000 mensuales.

b. La inversión privada en el sector mineroenergético debe mantenerse con todas las exenciones y beneficios tributarios, sin tener en cuenta las controversias y conflictos que se han generado debido a su bajísima tributación, a su reducido impacto en cuanto a generación de empleo y al deterioro medioambiental que produce esta actividad. c. Los impuestos indirectos, en especial el IVA, considerados de carácter regresivo, deben incrementarse para el grueso de la población. La propuesta de la Comisión es recaudar alrededor de 16 billones de pesos adicionales con la nueva reforma tributaria. El documento plantea la intención de preservar la misma proporción de la tributación frente al PIB, por parte del impuesto a la renta, con lo que se abandona cualquier intención de redistribución, por cuenta de este impuesto, que es el único que brindaría las posibilidades reales de adelantar esta tarea por parte del Estado. El recaudo adicional de impuestos a las personas naturales llegaría a 5,5 billones de pesos. De ese monto, se espera que los trabajadores asalariados paguen 1,9 billones de pesos y 1,6 billones irían por cuenta de las personas que desarrollan actividades económicas en su conjunto. Los pensionados deberán aportar 1,04 billones, mientras que los rentistas del capital 972.000 millones de pesos. El impuesto a los dividendos proporcionaría 63.000 millones de pesos. En síntesis, el mayor recaudo debe provenir del

aporte de los asalariados y los pensionados (2,8 billones de pesos entre los dos). La Comisión propone que los impuestos indirectos aporten el 80% del nuevo recaudo. Se calcula que el 90% de los productos y servicios que usan las familias están gravados con la tarifa más alta del IVA. Hoy el IVA representa el 26,7% del recaudo total, lo que equivale a 14 puntos del PIB (112 billones de pesos). Tales son las bases de la reforma tributaria propuesta por la Comisión de expertos. Señalemos que si el objetivo de la reforma fuera contribuir de manera significativa a la redistribución del ingreso, con el objeto de consolidar una sociedad más justa e incluyente con miras al posconflicto, debe partirse de unas premisas distintas a las que se plantean en dicha propuesta. Es prioritario incrementar la presión tributaria, con el fin de que esta se acerque a la capacidad real del país en materia de tributación. Adicionalmente, debe dársele prelación a la tributación directa y proporcional, de carácter progresivo, frente a la tributación indirecta, que es altamente regresiva.

Notas Este artículo es una síntesis del trabajo: La propuesta de la Comisión para la Reforma Tributaria y su incidencia sobre los trabajadores: un análisis desde la Economía Política Internacional, publicado por Fescol en junio de 2016. 2 “Crédito costoso y más impuestos, los efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 21 de febrero de 2016, p.17. *

# E T B n o S e Ve n d e

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Por qué

no se debe vender la ETB Gustavo Petro

Exalcalde de Bogotá

omo era previsible, y lo era para un electorado medianamente informado, Peñalosa, si ganaba, intentaría vender la empresa ETB para financiar sus troncales de buses rápidos, BRT, o Transmilenio como se les conoce en Bogotá. He visto a los áulicos de Peñalosa mostrar cifras de pérdidas de ETB, con los nuevos métodos contables norteamericanos, que aún no están vigentes, o decir que es mejor vender la empresa para construir infraestructura. Fui el presidente de la junta directiva de ETB desde el 2012 hasta el 2015, allí escogí como gerente a Saul Kattán, experto gerente, que sin ser progresista, se comprometió a demostrar que una empresa pública podía avanzar en contextos de tecnologías cambiantes. En la junta de la ETB éramos conscientes que la empresa había sido destinada desde hacía más de una década a la venta a precio de huevo. Tanto Mockus, como Peñalosa, como Samuel Moreno la querían vender y no la gerenciaban. Samuel Moreno quiso privatizarla para congraciarse con los dueños del poder ya caído en su desgracia delincuencial. Esa década de vacío gerencial afectó duramente a la empresa. Amarrada a la fibra de cobre y la telefonía fija, moría lentamente. Sus ingresos caían año tras año, anunciando su fin. Nosotros decidimos construir un plan de acción gerencial. Apostamos a llevarla mediante una fuerte inversión propia a ser vanguardia tecnológica del país, para ello implementamos las condiciones para la venta de servicios 4 play como se le denomina en el argot de las telecomunicaciones: la venta de telefonía móvil, fija, internet y televisión en un solo paquete. Y para ello apostamos a la fibra óptica y a participar en la licitación de la 4G, la telefonía móvil de banda ancha.

El plan se cumplió completamente ETB realizó una operación de crédito en la bolsa de Nueva York, y consiguió los créditos más baratos de la historia de Colombia. Fuimos por 600 millones de dólares, ofrecieron 4.000 millones. Tal la confianza en el plan que desarrollábamos.

Con los dineros del crédito a ETB, y no con el presupuesto del Distrito como malintencionadamente se informa, compramos la fibra óptica y comenzó su instalación en Bogotá. Hoy pasa al frente del 60% de los hogares bogotanos cuando en el 2012 ese indicador era cero. Compramos licencias para vender televisión y ganamos en la licitación de la telefonía celular 4G o de banda ancha. El precio de las acciones empezó a crecer. El cambio se sintió casi de inmediato, mientras se perdían, durante años, clientes de telefonía fija, en apenas dos años recuperamos 400.000 usuarios de telefonía móvil. Los usuarios de televisión iban creciendo rápidamente y alcanzaban la cifra de 150.000, los ingresos después de muchos años comenzaron a crecer. Ahora mentirosamente comparan los ingresos crecientes con los gastos que incluyen los gastos de inversión en esta nueva tecnología y que son por una sola vez, para mostrar pérdidas y legitimar su venta a precio de huevo. Es una manipulación a la ciudadanía, la verdadera dueña de la empresa. Por la infraestructura de última tecnología en telecomunicaciones desplegada en Bogotá y expandida a Colombia, la empresa dejó de ser bogotana y pasó a cubrir servicios en las principales ciudades de Colombia, tiene no solo una función comercial, sino una función social fundamental: el saber. A veces es irritante observar la manera ignorante que personas como Carlos Fernando Galán o Miguel Uribe o el mismo Peñalosa tratan la infraestructura de comunicacio-

nes. Por todas partes dicen que la venta de ETB es para financiar infraestructura en la ciudad, como si la ETB no fuese infraestructura. Cambian la infraestructura de las telecomunicaciones: fibra óptica, antenas, redes, por infraestructura para los buses. ¿Es este cambio positivo para Bogotá? La fibra óptica y la telefonía celular de banda ancha no solo permiten distraerse mirando televisión o hablando con los amigos. Hoy el saber de la humanidad va por la fibra óptica. Cuando hablamos del metro, hablamos de fibra óptica, cuando hablamos de salud y hospitalización en la casa, esta no es posible sin la fibra óptica, cuando hablamos de seguridad, cámaras, 123 de última generación, hablamos de fibra óptica. Cuando hablamos de educación superior, innovación, educación secundaria de calidad, emprendimiento popular y juvenil, hablamos de fibra óptica. Con banda ancha de hasta 150 megas no solo la televisión del mundo llega al hogar, sino que cada hogar se transforma en una universidad. La movilidad que no solo mejoraría con el metro, que suspenden, sino con el trabajo en casa, solo es posible si hay fibra óptica. La fibra óptica es la velocidad de la luz en el saber, es la infraestructura del siglo XXI

y es eso, lo que una dirigencia bogotana ciega, quiere cambiar por infraestructura de cemento para un incómodo, atrasado y contaminante sistema de buses, que es en realidad un negocio particular. Lo que propone Peñalosa es cambiar el saber y el futuro emprendedor de sus hijos por rojos buses de Volvo. Y por tanto la venta de ETB no es para obtener infraestructura, es para cambiar una infraestructura por otra, solo que como pasó con la privatización de la EEB se cambian infraestructuras con amplio desarrollo en el siglo XXI y de altísima rentabilidad social como la generación de energía y la autopista del saber: la fibra óptica, por losas de concreto para un negocio particular desueto: el bus. El daño a Bogotá, de producirse la privatización definitiva, es inmenso. Alguien diría que la misma infraestructura de la hoy ETB se pondrá al servicio en manos de un privado más eficiente. La realidad del mercado de las telecomunicaciones es que este tiende a concentrarse en manos de unos cuantos, en Bogotá en manos de Claro: Slim o Telefónica, hoy en problemas mundiales. ETB permite regular el mercado, al dejar de existir, un cuasi monopolio privado actuará en función de maximizar su ganancia, es decir de elevar los precios de la telecomunicación a todos los bogotanos.

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#ETBnoSeVende

Audiencia pública

La enajenación de bienes públicos en Bogotá y la venta de ETB

odo parte del exabrupto y las irregularidades cometidas desde el Concejo de Bogotá al ser cómplice por aprobar el nefasto Plan Distrital de Desarrollo.

En este extraordinario evento convocado por los representantes a la Cámara Ángela María Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe, y las organizaciones sindicales Atelca y Sintrateléfonos, no hicieron presencia ni el alcalde de Bogotá ni el presidente de ETB a pesar de ser un control político a su gestión. En un primer panel participaron el exalcalde Gustavo Petro, académicos como Diego Fernando Otero de Justicia tributaria, el concejal Manuel Sarmiento, el investigador y escritor de varios libros del sector TIC Eduardo Sarmiento, que arrojaron resultados de análisis tan importantes como la comparación entre la falta de estudios para la venta de Isagén y el parecido con la falta de estudio para la venta de ETB, pues lo que presenta Castellanos como estudio es superficial, según la Contraloría y varios banqueros, además de la Silla Vacía, quienes consideran que no hay elementos que justifiquen su venta. Se define también lo perjudicial que son las normas implementadas por esta administración, como las NII,F las cuales realizan depreciación anticipada del valor de nuestras empresas distritales conllevando a que de forma súbita en menos de tres meses ETB arroje pérdidas. Mediante la manipulación de estas cifras que esgrime el presidente Castellanos, están presentando una empresa quebrada. En el segundo panel participaron el analista económico Aurelio Suarez, el presidente de Sintrateléfonos William Sierra, el asesor de medios tecnológicos de Atelca Farid Amed, y el presidente de Sindiredes Luis Piñeros. Este panel tuvo la característica de mirar prospectivamente el desempeño de las empresas, de tal suerte que sería un error entregar la ETB, pues forma parte de la seguridad nacional, pensando en cómo se manejarían las bases de datos y toda la información conexa a ello. Se expone el

error que ha sido para la ciudad haber vendido nuestra Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá actual dueña en un 100% de TGI (Trasportadora de Gas Internacional), cuyo valor es el doble del valor asignado irresponsablemente a ETB y cuyas ganancias son tres veces las de ETB. Se visibiliza la ignorancia y el afán por parte de esta administración de vender la ETB con el argumento de ser tecnológicamente inferior a los otros operadores, lo que no es cierto, pues las líneas móviles alcanzan un ancho de banda de 7 Mbits mientras que las líneas de fibra óptica fijas alcanzan velocidades de 50 Mbits lo que logra más calidad y posibilidades de desarrollar muchas más tareas que la línea móvil. En el último panel intervinieron César Giraldo, investigador económico de la Universidad Nacional, Sebastián Caballero, investigador, y el concejal de Bogotá Nelson Castro, allí se toca lo delicado del Plan ya que se plantea la venta de nuestra empresa de acueducto, la improvisación por no tener en cuenta las nuevas tecnologías posibles a desarrollar sobre una red de última generación, como es la que poseemos los bogotanos en nuestra ETB. Realizan la denuncia por los despidos sin justa causa, que adelanta la administración como represalia contra las organizaciones sindicales. En el mismo momento en que se desarrollaba este evento despidieron a 12 compañeros sindicalizados de ETB, algunos de ellos con estabilidad reforzada. La conclusión es que a pesar de haber sido aprobado el Plan Distrital de Desarrollo, la movilización de la ciudadanía es la única que logrará frenar la irresponsabilidad de los concejales que votaron a favor del mismo. Las acciones de la ciudadanía consiente del valor que promueven la participación en política, como el Cabildo Abierto promovido por Sintrateléfonos, la Consulta Popular que promueve que el pueblo decida lo que se debe hacer con su patrimonio y la Revocatoria del Mandato de este alcalde cuyo fin es que realmente Bogotá sea para todos y no para pocos.

Gustavo Petro, como exalcalde participó en la Audiencia Pública.

Sí a la paz, no a masacre laboral en la ETB

oy que el país se despierta con la buena noticia de un acuerdo entre las Farc EP y el Gobierno Nacional, el alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el presidente de la ETB, Jorge Castellanos, violentan los derechos de los trabajadores y empiezan una masacre laboral en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Desde Sintrateléfonos le damos un Sí rotundo a la paz y confirmamos nuestra disposición a apoyar el mecanismo que sea designado por la refrendación de estos acuerdos. Sin embargo, no podemos quedarnos callados y sumisos mientras arremeten de forma perversa contra los derechos de los trabajadores. El alcalde Peñalosa viene desarrollando una política de despidos en el Distrito, la cual ha convertido en una verdadera masacre. En la mañana de hoy, ha comenzado con los despidos selectivos en la ETB y amenaza con arrasar con numerosos puestos de trabajo. Sintrateléfonos adelanta una campaña por la defensa de la ETB como pública, a pesar de la traición al pueblo bogotano por parte del Concejo de Bogotá al autorizar su enajenación. Muchos ciudadanos ya han firmado y otros más se vienen sumando por la realización de un Cabildo

La presidenta de Atelca, Alejandra Wilches, en su exposición en la Audiencia Pública.

Luz Mary Soto, despedida de la ETB después de 20 años de servicio.

Abierto, donde el Alcalde Peñalosa deba aceptar la voluntad del pueblo y reversar la venta de nuestra empresa. Como organización sindical, confirmamos nuestra voluntad de diálogo y de negociación. Sin embargo, no desistiremos en nuestro objetivo de la ETB como empresa pública y, mucho menos, permitiremos una masacre laboral en la empresa. Llamamos al Gobierno nacional a ser consecuente con su compromiso por la paz y ejercer políticas laborales y sociales acordes. Así mismo, al alcalde Peñalosa a tomar una posición conciliatoria y de respeto por los derechos de la población. No se puede hablar de Paz mientras se violenta al Pueblo. Junta Directiva y Comisión de Reclamos Sintrateléfonos Bogotá D.C., 23 de junio de 2016

paro cívico nacional

Nº 141, junio de 2016

Convocatoria Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas Bogotá, D.C., 8 y 9 de julio de 2016 Motivaciones del Encuentro Nacional

ado el fracaso en las negociaciones del Salario Mínimo Legal, la absurda y arbitraria venta de Isagén, las anunciadas ventas de Ecopetrol, ETB y TGI, entre otras; el escándalo de Reficar, el anuncio de la reforma tributaria y pensional, lesivas para la mayoría de los colombianos, la liquidación de Caprecom y de Saludcoop, el incumplimiento con los pensionados y los trabajadores sobre un acuerdo suscrito con el gobierno nacional para reducir los aportes en salud del 12 al 4%, y el restablecimiento del valor del recargo nocturno y los dominicales y festivos, constatados los incumplimientos de los acuerdos suscritos con Dignidad Agropecuaria, Cumbre Agraria, así como con la cruzada camionera, taxistas y otros sectores; sumando a lo anterior la nociva agenda legislativa, el alto grado de empobrecimiento de nuestros campesinos y la mayoría de la población, el alto costo de la canasta familiar y el transporte público, el desempleo, la informalidad, la impagable deuda externa, todo ello producto de un modelo económico neoliberal regresivo. Adicionalmente, nos duele la tragedia que vive nuestra niñez en muchos lugares de Colombia donde, en una macabra danza de la muerte miles de niños fallecen de hambre, sed y toda clase de enfermedades, por el abandono del gobierno del presidente Santos y de una clase dirigente arrogante y mezquina. El paramilitarismo, lejos de desmontarse, sigue rampante en el territorio nacional sembrando muerte y terror, constituyéndose en un obstáculo y una amenaza para las garantías que deben gozar las ciudadanías para el pleno ejercicio de sus derechos y pervivencia en el territorio. Desde este espacio de organizaciones sindicales, sociales y políticas reiteramos nuestro apoyo a las negociaciones del gobierno nacional con las guerrillas para poner fin al conflicto interno, impulsaremos el mecanismo de refrendación que acuerden las partes y pedimos total compromiso en el cumplimiento de lo acordado. El momento exige el máximo de responsabilidad para evitar más frustraciones para nuestro pueblo y poder concretar el anhelado acuerdo de paz. Insistimos al gobierno nacional que de la misma manera que se negocia en La

Habana, se atiendan los reclamos y la participación de los sectores gremiales y sociales, y se respete la protesta ciudadana.

Objetivo: Con base en el documento de los 15 puntos del Pliego de Peticiones y los pliegos y planes regionales, el Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas, definirá un plan de acción nacional y regional, encaminado a realizar un gran paro cívico nacional en el segundo semestre de este año.

Actividades Realización de encuentros departamentales y sectoriales antes del 3 de julio. Se recomienda se informe de la programación de cada uno de los eventos. La actividad de estos encuentros estará encaminada a preparar o insistir en pliegos regionales, así como a fortalecer las organizaciones comprometidas con el pliego de peticiones y las que puedan vincularse en todo este periodo. Cada encuentro departamental y sectorial debe preparar un plan de acción y unas propuestas hacia el Encuentro Nacional, para la realización del paro cívico nacional en cada región. En dicho encuentro deberán designarse los delegados departamentales y sectoriales en la proporción que más abajo se señala. El criterio principal para la definición y nombramiento de los delegados es determinarlo todo al máximo por consenso.

Composición del Encuentro Nacional El Encuentro estará compuesto por las siguientes delegaciones: Comando Nacional Unitario 100. Coordinación Nacional Organizaciones Sociales (agrarios, transportadores y estudiantiles) 120. Delegados departamentales: Bogotá y Cundinamarca 15; Valle del Cauca 15; Antioquia 15; Santander 15; Atlántico 15; Guajira 10; Magdalena 10; Bolívar 10; Cesar 10; Córdoba 10; Sucre 10; Chocó 10; Norte de Santander 10; Arauca 10; Boyacá 10; Caldas 10; Risaralda 10; Quindío 10; Cauca 10; Nariño 10; Caquetá 10; Tolima 10; Huila 10; Meta 10; Casanare 10; Amazonas 3; Guainía 3; Guaviare 3; Putumayo 3; Vichada 3; San Andrés 3; Vaupés 3. Organizaciones políticas 30. Sectoriales: Minería 10; ambientalistas 10; comunales 10; servicios públicos 10. Se reitera la política de inclusión encaminada a que en las delegaciones sean designadas mujeres y jóvenes.

La financiación de la participación de los delegados estará determinada por cada organización sindical, social o política que represente. Nota: la sede del evento en plenarias es la ADE Sur (carrera 8C No. 1 A-35 Sur).

Programa Viernes 8 de julio 8:00 a.m. Acreditación 9:00 a.m. Saludos del CNU y de la Coordinación de Organizaciones Sociales e invitados especiales. 1. Socialización del Pliego de Peticiones,2. Panel sobre paz y coyuntura política. 12:30 p.m. Almuerzo 2:00 p.m. Trabajo por Comisiones: Sindicatos, Pensionados, Agrario, Transporte, Minería, Estudiantes, Ambientalistas, Comunales y problemática urbana, Servicios públicos, Sistema general de participaciones (educación, salud, agua potable y saneamiento básico), Planes de acción nacional y regionales.

Sábado 9 de julio 8:00 a.m. Trabajo en plenaria: 1. Informe de las comisiones, 2. Aprobación del plan de acción, 3. Aprobación de la declaración política y llamamiento al paro cívico nacional. 1:30 p.m. clausura

Convocantes Luis Alejandro Pedraza Becerra, Fabio Arias Giraldo (Presidente y Secretario General CUT), J ulio R oberto G ómez , E sguerra Myriam Luz Triana (Presidente y Secretaria General CGT), Miguel Morantes Alfonso, Rosa Elena Flerez (Presidente y Secretaria G eneral CTC), J hon J airo D íaz G aviria , A l s e l m o G ó m e z E lg u e d o (P r e s i d e n t e y S ecretario G eneral CDP), O rlando R estrepo P., G uillermo P ortocarrero

(Presidente y Secretario General CPC), Óscar Gutiérrez Reyes, Richard Fuelantala (D ignidad A gropecuaria ), L uis G rubert Ibarra, Rafael Cuello Sánchez (Presidente y Secretario General Fecode), César Loza A renas , E dwin P alma E gea (P residente y V icepresidente USO), C arlos A rturo G arcía , O mar F ernández (C omosopol ), C arolina C orcho , J ulián R obledo (M esa N a c i o n al d e S al u d ) , L u i s F e r n a n d o A rias , A lberto Y ace (O niconic ), R afael D uque , G uillermo C ardona (M ovimiento Comunal), Ricardo Herrera, Ernesto Roa (C oordinador N acional A grario ), P edro A g u i la r (P r e s i d e n t e ACC),, O r la n d o R a m í r e z (P r e s i d e n t e ATC), G u s t a v o B e t a n c o u r t (P r e s i d e n t e ANT), J o r g e García (Presidente CCT), Fredy Contreras O spina , Á ngel M anuel G il R uiz (S ector Taxis), Sebastián Quiroga, Carlos Alberto B enavides (C ongreso de los P ueblos ), Rodolfo Adán Vega, Luquez Rosa Iguarán (Mais), Gustavo Triana Suárez, Senén Niño Avendaño (Polo Democrático Alternativo), Y ezid G arcía , A lberto H errera (P artido del Trabajo de Colombia), Alfonso Conde, A lfonso V elásquez (P artido C omunista C olombiano ), M oisés B arón , D aniel R ico S erpa (P oder y U nidad P opular ), A ida Avella Esquivel, Gabriel Becerra (Unión Patriótica), Andrés Agudelo, Fabio Agudelo (M archa P atriótica ), S ara S ofía A bril , Angélica Riaño (Organización Colombiana d e E s t u d i a n t e s ), D e i s y A pa r i c i o , J u a n S ebastián M artínez (A sociación N acional E s t u d i a n t e s d e S e c u n d a r i a ), O m a r A. G ómez O rdaz , D iego F ernando A costa (A sociación C olombiana de E studiantes U n i v e r s i t a r i o s A c e u ), F r a n k M o la n o , Y aqueline R odríguez (M odep ), A lonso Tobón, Yuri Rene Rosero Herrera (ASI), L u z P e r l y C ó r d o ba , J i m m y A l e x a n d e r

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Nº 141, junio de 2016

sindicales

Reforma al sistema laboral colombiano en trámite legislativo Redjurista Viernes, 17 de junio de 2016

n el año 2002 con la expedición de la Ley 789 se reformó el sistema laboral colombiano con el fin de estimular e incentivar a las empresas para contratar más empleados y mejorar las cifras de desempleo que se manejaban en Colombia para esa época. Sin embargo, sindicatos y facciones políticas consideran que, mediante esta ley se afectó gravemente a los trabajadores y no fue representativa en las bajas cifras de desempleo que se manejan para este año. Es por esto que un grupo de senadores presentan, por tercera vez, un proyecto de ley para modificar los aspectos de la ley que resultan más lesivos para los empleados y de esta forma equilibrar las cargas en materia laboral. Antes de la Ley 789 de 2002, Colombia manejaba un esquema laboral que contemplaba los siguientes horarios: •• T rabajo diurno: Se realizaba entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. •• T rabajo nocturno: Se realizaba entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. •• T rabajo ordinario: Se realizaba entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Ascontrol Siempre Contigo

¡VAMOS POR LA PAZ! POR LA PURA Y SIMPLE PAZ

•• T rabajo nocturno: Se realizaba entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. Pero con la expedición de la ley antes mencionada se modificó este esquema fijando como trabajo diurno aquel que se realiza entre las 6 am y las 10 pm evitando que los trabajadores puedan cobrar por recargo nocturno. Otro de los beneficios que otorgaba el régimen laboral antes del 2002 era la remuneración del trabajo dominical y festivo con un recargo del 100% sobre el salario ordinario, que después del 2002 se redujo a un 75%. Con el Proyecto de Ley 172 de 2015 se pretende volver al régimen anterior, es decir, se busca establecer nuevamente la remuneración por trabajo nocturno o suplementario y en aras de recompensar al trabajador por ejercer funciones en horarios de descanso, revivir la remuneración dominical y festiva con recargo del 100% Al proyecto mencionado aún le queda camino en el Congreso para ser aprobado, pero se espera que en aras de la equidad y del debido equilibro que debe existir entre el empleador y el empleado, estas disposiciones lleguen a buen término y permitan avanzar en reconocimiento de derechos y sobre todo que mejore la calidad de vida de los trabajadores colombianos mediante una remuneración justa por su trabajo.

nte los anuncios del Gobierno Nacional de que se ha llegado a acuerdo con la guerrilla de las Farc-EP para poner fin al conflicto armado que, hasta hoy, ha signado el pasado y presente de Colombia con una estela de violencia y terror, de asesinatos selectivos, de masacres, de desplazamiento forzado, de desapariciones, de mutilados, de viudas, de huérfanos, de secuestros, de chantaje, de amedrentamiento, de amenazas, es necesario decir que Colombia es una sociedad preñada de sangre, de dolor; pero así mismo, marcada por el inconformismo y el rechazo a una sociedad y un régimen de exclusión, de intolerancia, de injusticia social, de antidemocracia. Décadas de violencia y terror significaron que los mejores hombres y mujeres del pueblo; de derecha, de centro o de izquierda democrática, fueran asesinados por las balas de la violencia ciega. Violencia que nos ha dejado solamente más sangre, dolor, exclusión, odio, intolerancia, menos derechos, menos garantías. Hoy, es un día histórico para Colombia. Hoy empezamos a caminar la senda de la paz. Y se equivocan aquellos que pretenden colo-

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Moreno (Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular), Luis Ernesto Martínez, Leonor A cuña (M ovimiento por la C onstituyente P opular ), J uan I sidro S anguino , M arly Torres (Asonalcamp), Christian Orlando M antilla M onsalve , D agoberto B edoya Gallo (Comosoc), Miguel Ángel Cassiani, C h i c o E m i g d i o P e r t u z B u e n d í a (PCNA n af r o p c n -A n af r o ), C a r m e n z a G ó m e z

Ortega, Arnovis Zapata Martínez (Anzorc), Enrique Daza, Mario Alejandro Valencia (R ed de J usticia T ributaria ), O lga L ucía Q uintero , H éctor A rredondo (M esa de Interlocución Agraria), Franklin Cortes, José Santos Caicedo (Miapcn-Anafro), Luis Ernesto Martínez, Leonor Ochoa (MCP), R oberto D aza G uevara , T eofilo A cuña (C oordinador N acional A grario ), J osé Murillo Tobón (Congreso de los Pueblos).

carle adjetivos o añadiduras condicionantes que siendo justas colocarían un palo en la rueda de la carreta de la paz. Los reclamos por más democracia, más derechos, inclusión y justicia social son válidos y necesarios pero seremos los fogoneros de la paz los que, en un ambiente sin miedo y sin terror, impulsaremos la movilización social para alcanzar la verdadera paz, la paz con justicia social, con democracia, con inclusión. Por ahora celebramos el fin del conflicto. Por ahora, acompañaremos el plebiscito o cualquier mecanismo refrendatorio de los Acuerdos de La Habana. Hoy celebramos el anuncio del último día del conflicto. Esperanzados en que con él resurgirá la Colombia de la paz y la democracia, la Colombia de Gaitán, Uribe Uribe, Pardo Leal, Pizarro, Quintín Lame, Jaramillo Ossa, Eduardo Rolón, Fernando Gil, Francisco Mosquera. La Colombia que todos soñamos, la Colombia de nuestros hijos y nietos. Bogotá, D. C. Junio 23 de 2016. Ascontrol Siempre Contigo Junta Directiva Nacional

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COMUNICADOS CUT En defensa de los derechos de los trabajadores del Distrito

l Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca, como responsable de las relaciones laborales de la central en la región, luego de conocer el comunicado de la Alcaldía Mayor de Bogotá difundido ampliamente en el que anuncia un acuerdo con 15 organizaciones sindicales, aclara ante la opinión pública:

2. Desde el pasado 25 de febrero, en conjunto con varias de las organizaciones sindicales y sociales del Distrito, y en especial con las centrales CTC y CGT, presentamos conjuntamente un pliego social y político al alcalde mayor, del cual no ha habido discusión alguna, y sobre el cual mantenemos la firme intención de reiterar la exigencia de su negociación de manera conjunta. 3. Que durante la reunión convocada el 9 de marzo de 2016 en la Alcaldía Mayor, la administración distrital intentó mezclar el proceso político-social enunciado, con la negociación para empleados públicos regulada por el decreto 160 de 2014; frente a lo cual precisamos que son escenarios y propósitos concordantes pero diferentes entre sí. La administración distrital representada por la secretaria general de la Alcaldía Mayor, doctora Dalila Astrid Hernández, se comprometió ese día a citar para la discusión del pliego social y político a más tardar en la semana siguiente, cosa que hasta la fecha no ha tenido lugar, con lo que se vulnera nuestro derecho a participar de las decisiones políticas que se debatirían y que ahora van a implementar con la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo, frente al cual tenemos una clara postura crítica y de rechazo por considerarlo regresivo al dejar de promover nuevos derechos y cercenar otros que ya se habían superado en acuerdos anteriores, entre los que se destacan: ampliación de plantas de personal, redefinición de manual de funciones, procedimientos para suplir vacantes, implementación de política de trabajo decente; mecanismos de concursos para incorporar a OPS, plantas provisionales, etc. 4. Rechazamos la actitud represiva y el empleo del Esmad en lugar del diálogo; alenta-

Saludamos y celebramos los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc

a Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, considera histórico el día de hoy, 23 de junio de 2016, por la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Hemos respaldado este proceso y respaldamos estos acuerdos y en consecuencia con ello, estaremos en la campaña política por el SÍ a la Paz en el plebiscito que se convocará oportunamente. Así mismo, esperamos que muy prontamente este proceso se repita con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-. Consideramos que este acuerdo es un buen ejemplo de lo que se debe realizar en Colombia en materia de diálogo social. No puede ser que en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales sigamos en un diálogo de sordos; el país debe cambiar, el gobierno, los empresarios y también los trabajadores, debemos cambiar, para hacer real la posibilidad de construir un nuevo país.

1. A pesar de que no participamos este año del pliego reivindicativo de condiciones económicas y laborales para los funcionarios del Distrito, respetamos y saludamos el acuerdo suscrito, sin dejar de señalar la actitud intransigente y claramente tercerizadora y precarizadora del trabajo de la administración distrital en relación con una salida distinta al despido de los empleados de plantas temporales y miles de contratistas, frente a la cual se negó a encontrar una salida negociada.

La CUT estará vigilante para que el gobierno nacional y las FARC cumplan con los acuerdos firmados. La CUT entiende que estos mos la lucha por unas condiciones sociales y laborales justas en general, incluyendo sin duda la lucha de los funcionarios directos e indirectos del Distrito Capital por la estabilidad y la formalización laboral.

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acuerdos y la refrendación de ellos será una posibilidad para aislar a los señores de la guerra y, de esta manera convertirse en la mejor oportunidad que tenemos las organizaciones sociales, políticas, democráticas y progresistas, para poner al centro del debate nuestra agenda socioeconómica y democrática en el país; además que las más sentidas reivindicaciones económicas y sociales tengan realmente un camino que será de movilización y lucha, por eso reiteramos la invitación al Encuentro nacional de organizaciones sindicales, sociales y políticas, para el 8 y 9 de julio en Bogotá. La CUT honrará sus compromisos de respaldar el proceso de paz con su refrendación, pero así mismo cumplirá el compromiso de seguir reivindicando los derechos económicos y sociales de la nación entera, pero especialmente de los trabajadores colombianos. Luis Alejandro Pedraza Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General Bogotá, 23 de junio de 2016

ETB es Colombia, defendámosla

5. En el escenario del Comando Regional Unitario, espacio en el cual convergen las tres centrales CUT, CGT y CTC, nos encontramos adelantando los preparativos para un encuentro de organizaciones sindicales, sociales y políticas de la ciudad el próximo 25 de junio, en el que pretendemos, entre otros temas, dinamizar la movilización social nacional y regional para impulsar la negociación del pliego distrital político y social con un carácter más amplio, que aquel que se firmó por distintas organizaciones sindicales en días pasados. 6. Expresamos nuestra determinación para ganar capacidad de convocatoria y movilización, mucho más allá de las relaciones laborales de la Alcaldía con sus funcionarios, de las que seguiremos estando al tanto y frente a las cuales seguiremos orientando el qué hacer. Bogotá D.C., 22 de junio de 2016 Fraternalmente, Comité Ejecutivo Cut Bogotá Cundinamarca Carlos Ernesto Castañeda R. Presidente Manuel Téllez González Director Departamento Relaciones Laborales y Negociación Colectiva Miguel Ángel Delgado Rivera Director Departamento de Comunicaciones

a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, a través de Skynet acaba de ganar una licitación en Perú, en el mercado de banda ancha de alta velocidad. La ETB es dueña del 75% de las acciones de Skynet. La ETB presta servicios en la mayoría de los departamentos y del país, especialmente en los de la amazonia a donde no va el sector privado de las comunicaciones. Ganar esta licitación demuestra que la ETB es competitiva, en la tecnología y precios, contrario a lo que pretende mostrar el gobierno distrital. El Concejo de Bogotá se equivocó al tomar la decisión de enajenar (vender) la acciones, posiblemente engaña-

do por la falta de información por parte de la Gerencia de la ETB. La CUT respalda todas las acciones jurídicas y sociales que vienen desarrollando Atelca y Sintrateléfonos en defensa del patrimonio distrital; apoya irrestrictamente el Cabildo Abierto y llama a sindicatos y ciudadanos a respaldar con su firma la convocatoria al mismo. Bogotá, 21 de enero de 2016 Luis Alejandro Pedraza Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General Francisco Maltés Tello Director Dpto. de Investigación y Proyectos

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sindicales

COMUNICADOS CUT Realizado con éxito el Encuentro Regional preparatorio del Encuentro Nacional del 8 y 9 de julio

l cierre de esta edición, el sábado 25 de junio, con la asistencia de 152 representantes de organizaciones sindicales, sociales, políticas y populares se desarrolló en las instalaciones de la CGT el encuentro de Bogotá Cundinamarca, como antesala y preparación en esta región del país del gran encuentro nacional, que deberá definir la realización en este segundo semestre del paro cívico. Presidido por el Comando Regional Unitario que conforman las subdirectivas de CTC, CGT y CUT y la Coordinadora Distrital Sindical y Social, contó con la asistencia de delegados sindicales y federales de las tres centrales, organizaciones del estudiantado como el Consec, la OCE, Aceu, CPC y estudiantes de la Universidad Distrital; organizaciones sociales como Indignados de Usme, Corpoalfuturo, Comuna, Fedemac, Octava Papeleta, Cenaprov, Mesa Nacional de Salud, Fundación Fica, Junta de Acción Comunal Santa Mónica, Escuela de Paz Colombia, Suba Somos Todos, CPL, organizaciones de vendedores ambulantes UGTI y Asovip, de movimiento de víctimas, viviendistas y de negritudes; también asistieron representantes de las fuerzas políticas como Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Juco, Polo, Polo Joven, Mais, PTC, Jupa, Congreso de los Pueblos, MCP, PST, Progresismo, MEP, MRP y muchos dirigentes populares independientes. Cabe destacar la presencia de las organizaciones sindicales de la ETB (Sintrateléfonos y Atelca) quienes denunciaron los despidos de madres cabeza de familia, trabajadores enfermos y la militarización de las instalaciones de la empresa, lo que tiene a estos compañeros en un movimiento de no abandono de sus sitios de trabajo.

Luego de la instalación por parte de la Mesa Directiva y representantes nacionales del Comando Nacional Unitario, hicieron uso de la palabra representantes de las organizaciones presentes, quienes describieron el contexto nacional y regional, coincidiendo todos en cuatro puntos esenciales: 1) La defensa de los acuerdos de La Habana, participando en el proceso refrendatorio con un “Sí a la paz”, de manera independiente de los firmantes. 2) La lucha contra la política neoliberal del gobierno de Santos. 3) La oposición vertical contra el Plan de Desarrollo y la masacre laboral de la alcaldía de Peñalosa, que atina a la privatización de la salud, la educación, el servicio de aseo y la venta a menos precio de empresas claves como TGI (Transportadora de Gas Internacional), la ETB, Aguas Bogotá y la empresa de Acueducto y Alcantarillado; además el Plan va a producir el despido de más de diez mil trabajadores por orden de prestación de servicios y temporales, y adicionalmente será un atentado contra el medio ambiente con la urbanización de la reserva forestal Thomas van der Hammen y de los cerros orientales. 4) El impulso y realización del Paro Cívico Nacional. El evento terminó con la lectura de una declaración, que quedó de perfeccionarse en los próximos días de acuerdo a las observaciones de la plenaria, y de un plan de acción y de tareas, entre las que se destaca la realización de 20 encuentros en cada una de las localidades bogotanas, para comunicar a las barriadas los argumentos y las reivindicaciones contenidas en la declaración y en el pliego de peticiones presentado a la administración distrital y la decicisón de realizar el paro cívico en la capital.

Los trabajadores nos oponemos a la pérdida de la estabilidad laboral reforzada

l sistema de seguridad social en salud laboral ha incumplido las promesas ofrecidas de universalización, solidaridad, calidad, y el mejoramiento de la salud y vida de la población trabajadora colombiana. Lo que se materializa en la falta de políticas de salud y seguridad en el trabajo lo cual ha llevado al incremento de las enfermedades de origen laboral por la falta de prevención, de promoción y exceso de trabajo, de ahí que en Colombia se mueren dos trabajadores diarios en promedio por accidente de trabajo, muertes que pueden ser prevenidas, mil ochocientos ochenta y tres (1.883) accidentes de trabajo no letales diarios de los cuales las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) solo reconocieron nueve mil setecientos setenta y un casos (9.771), el sesenta por ciento (60%) de los trabajadores están en un alto nivel de exclusión y desprotección, con las barreras de acceso en el sistema de salud los trabajadores no logran hacer la rehabilitación completa. Los empresarios son los responsables directos del control de riesgo derivado del trabajo y de la salud de sus trabajadores, de elaborar e implementar en las empresas el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, además procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo, son quienes asumen el riesgo en el trabajo, y los llamados a evitar la enfermedad, el accidente y la muerte de los trabajadores, por lo tanto, es su obligación hacer la suficiente prevención y promoción en salud y seguridad en el trabajo. En nuestro país se ha desarrollo una normativa para proteger a los trabajadores que han adquirido enfermedades en el trabajo entre ellas están la Constitución Política, Ley 361 de 1997, Sentencia C 531 de 2000, el Código Sustantivo del Trabajo, Sentencia T 691 2013, Sentencias de la Corte Constitucional T 041 de 2014, los Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Convención Naciones Unidas sobre personas en discapacidad Artículo 27, mediante los cuales se le garantiza a las y los trabajadores la estabilidad reforzada, la cual es una protección constitucional que no se garantiza simplemente con la imposibilidad que tiene el empleador de terminar el contrato del titular del derecho: “el empleador

está obligado a intentar la reubicación de la persona en un cargo de acuerdo a su estado de salud... por lo tanto el trabajador tiene derecho a conservar el empleo, a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad a permanecer en el empleo hasta que requiera y siempre que no configure una causal objetiva que conlleve a la desvinculación del mismo”. El gobierno del presidente Santos pretende con el proyecto de ley 018 de 2015 de Senado, modificar el Código Sustantivo del Trabajo, terminar con la estabilidad reforzada, eliminar la autorización por parte del Ministerio de Trabajo para despedir un trabajador en estado de discapacidad, exonera a la empresa de reubicar al trabajador, se suprime la indemnización del trabajador en estado discapacidad. Además se pretende continuar con la tercerización en funciones de carácter permanente, pérdida de la pensión parcial frente a la indemnización por parte de las ARL. Se hace necesario solicitar el retiro del proyecto de ley 018 de 2015 Senado, “por el medio de la cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones”, y lo pertinente es dar un debate y discusión nacional sobre la situación de las enfermedades de los trabajadores, el número de discapacitados ha aumentado por causa del trabajo, llevando a estas personas a no tener acceso a otros trabajos, sin seguridad social como es pensión, derecho a la salud, y a terminar la rehabilitación y recomendaciones médicas para integrarse nuevamente a la vida productiva y laboral, se hace necesario en la negociación colectiva en Colombia el desarrollo del tema de salud laboral, y fortalecer la Inspección del Trabajo, y en el caso de riesgos laborales formar a inspectores especialistas que son casi inexistentes. Por todo lo anterior hacemos un llamado a las y los trabajadores a estar atentos del desarrollo del proyecto de ley, a participar en las discusiones parlamentarias, a continuar con la movilización para exigir el derecho al trabajo y la salud y la construcción de un nuevo modelo de seguridad social. Bogotá, 17 de junio de 2016 Luis Alejandro Pedraza Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General

por paz, soberanía, democracia y derechos laborales

La historia de la CUT en siete crónicas Obregón, Gustavo Osorio, Aída Avella, Angelino Garzón, Hernando Velásquez, entre otros.

Felipe Pineda Ruiz Investigador y analista político

El contexto histórico-político en el cual nace la Central Unitaria de Trabajadores es bastante convulso: el proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc; la etapa final de la guerra fría; el auge de los carteles del narcotráfico y el paramilitarismo, que por vías de hecho sembraron la semilla de la cultura patronal antisindical que hoy conocemos, cobrando la vida, en aquel entonces, de centenares de miembros del movimiento obrero.

Los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero transitorio siempre. El verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera.

Manifiesto comunista

l sindicalismo colombiano ha labrado un ciclo histórico imborrable en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores en el ámbito nacional. Aquellos albores de este significativo movimiento en el país, datan de mediados del siglo XIX cuando emergió la sociedad de artesanos de Bogotá en defensa de los intereses de este gremio afectado, en aquel entonces, por la importación de productos manufacturados procedentes del exterior. Desde la actividad precursora de Raúl Eduardo Mahecha entre los obreros petroleros con la fundación de la Unión Sindical Obrera, USO, en 1923, pasando por el genocidio perpetrado por la United Fruit Company denominado “la masacre de las bananeras” (1928), que se saldó con la muerte de centenares de obreros, hasta la creación de la Confederación de Trabajadores de Colombia en 1935 y la Unión de Trabajadores de Colombia UTC en 1946, se inauguró un ciclo ininterrumpido de conformación de confederaciones obreras más sólidas y de carácter verdaderamente masivo y organizado en el país. Sin embargo, a pesar de la apremiante lucha de los trabajadores colombianos por consolidar un movimiento obrero acorde al desarrollado en otras latitudes, incluidos el existente en otros países latinoamericanos, no fue sino hasta 1986 que emerge, en el panorama nacional, una central sindical fuerte y con mayor autonomía de los intereses de los gobiernos de turno y del bloque de poder dominante: la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Bajo la consigna “Central Unitaria de Trabajadores CUT: democrática, clasista y progresista” la CUT es conformada originariamente por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, un bloque mayoritario de la UTC y fuertes federaciones y sindicatos independientes, la CUT se convirtió en el paso más significativo de la historia del movimiento obrero colombiano hacia la convergencia sindical al reunir, en el momento de su creación, a casi el 80% del sindicalismo nacional, otrora dividido por el sectarismo, la inacción y la sumisión ante las patronales y gobiernos de turno.

años

Primer Congreso (fundacional). Foto Manuel Mora (QEPD).

La crisis previa del sindicalismo colombiano, el proceso de confrontación a la destrucción de las conquistas laborales y los derechos civiles amenazados en el país, que inicia con el paro de 1977 se convierte, en aquel entonces, en la ventana de oportunidad para unir a los sindicatos de distintos enfoques conceptuales y prácticos y cristalizar así el anhelo de unidad del sindicalismo nacional por medio de la creación de la CUT. La conformación de la Coordinadora de Unidad Sindical, en febrero de 1986, precipita aquel suceso crucial: los días 15, 16 y 17 de noviembre de ese mismo año tiene lugar el congreso de conformación de la CUT.

Rodríguez (Abel) y conformado por sindicalistas de procedencia liberal y conservadora, de influencia socialdemócrata o socialista latinoamericana, o de izquierda democrática, o cristianos demócratas, va cohesionándose alrededor de tesis y de comportamientos que tienen que ver con la democracia sindical y la democracia política”3. En esa fase de creación de la CUT, emerge una figura que materializa el consenso interno: Jorge Carrillo, punto nodal de aquel

proceso de unidad sindical. Previamente, como ministro de Trabajo, Carrillo se había convertido desde su desempeño en dicha cartera, asumida durante el gobierno de Belisario Betancur, en uno de los promotores de la convergencia obrera y del desarrollo político del sindicalismo.

El neoliberalismo fue implantado como experimento piloto por primera vez en 1973 en el Chile de Augusto Pinochet. Sin embargo no es sino hasta los años ochenta cuando se consolida como proyecto durante los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

Por su papel desde el ministerio para alentar esta unidad, Carrillo se convirtió en el primer presidente de la naciente CUT. Otros líderes destacados, en aquella génesis, fueron Abel Rodríguez, Luis Alejandro Pedraza, Isaías Tristancho, Orlando

En el contexto colombiano, el proceso de implantación del neoliberalismo fue gradual, los gobiernos de Alfonso López Michelsen, Virgilio Barco y Cesar Gaviria, pusieron paulatinamente en práctica sus principales postulados: el desmantelamiento del papel social del Estado mediante recortes presupuestales a la seguridad social; la venta de los activos públicos a manos privadas; reducción de impuestos a las grandes empresas; desregulación del sector financiero; despidos masivos y aumento del desempleo; flexibilización laboral y reducción general del poder adquisitivo y los salarios de los trabajadores.

Con la asistencia de 1.800 delegados, pertenecientes a 600 sindicatos de 45 federaciones, el congreso inaugural delibera, aprueba sus estatutos, la declaración de principios fundacionales y elige su primer Comité Ejecutivo1. Algunos de los ejes principales de aquella plataforma de lucha fundacional de la central obrera más importante de la historia del país, en lo que atañe al mundo del trabajo, fueron los siguientes: defensa de las conquistas y derechos actuales de los trabajadores colombianos, mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo; solidaridad con los conflictos de los trabajadores y las luchas populares; reforma laboral; defensa de los derechos de la mujer y la exigencia de una reforma laboral democrática2. La CUT, resultado de una transición exitosa hacia la unidad y la confluencia, dio origen a un inédito conglomerado democrático deliberante y sobre todo plural, cuya conformación y dinámica interna es descrita apropiadamente por Luis Sandoval en su libro “Sindicalismo y democracia: cambios en el movimiento. Nuevo enfoque de la acción sindical” de la siguiente manera “todo el mundo es progresista en la nueva central; tendencia general dentro de la cual el sector democrático, liderado por Carrillo y

Paralelamente a esta serie de acontecimientos, la CUT emerge en pleno auge del neoliberalismo, tesis políticaeconómica que tuvo en Friedrich Hayek (escuela austriaca de los años 20) y en Milton Friedman (escuela de Chicago, años 70) a sus principales referentes teóricos.

Han pasado 30 años desde aquella coyuntura tumultuosa en la cual la principal central obrera de Colombia surgió. Sin embargo la turbulencia social, durante este periodo, en lugar de amainar arreció aún más. La agudización del modelo económico, la desigualdad y la destrucción del empleo pleno han llegado a índices históricos. Ejemplo de lo anterior es la cifra decreciente de afiliados de la misma CUT que pasó de 1.200.000 en 1986 a 550.000 en 2016. El Tercer Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

El Quinto Congreso presidido por el Comité Ejecutivo en las instalaciones del IDRD en Bogotá. Foto Manuel Mora (QEPD).

Cundinamarca durante los próximos meses, será parte de la celebración que tendrá lugar en el mes de noviembre del presente año. Cada texto de la serie recapitulará, mediante entrevistas y archivos históricos, la cronología de la central involucrando a expresi-

dentes; exdirectivos; teóricos sindicales y actores fundamentales en la formación y consolidación del conglomerado sindical de tercer grado más cardinal de Colombia. Algunos de los tópicos principales, que esta serie de entregas mensuales incluirá, son

los siguientes: el rol que las mujeres han desempeñado en el crecimiento y consolidación histórica de la CUT; el cometido de los jóvenes en el devenir de la central; el análisis y las conclusiones de los congresos que la CUT ha realizado en estas tres décadas; el papel que han desempeñado los sindicatos en el mejoramiento del buen vivir de los colombianos y los 16 años de historia de la CUT Bogotá Cundinamarca. Larga vida al proceso de convergencia sindical unitaria más exitoso de la historia nacional. ¡Viva la CUT!

Notas

En Santa Marta se realizó el Sexto Congreso.

1 Breve reseña histórica de la constitución de la CUT. Portal de la Central Unitaria de Trabajadores. Fuente: http://bit.ly/21pLhfu 2 Federación Colombiana de Educadores (1987), congreso constitutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Bogotá. 3 Sandoval M, Luis I. (1988): Sindicalismo y democracia: cambios en el movimiento. Nuevo enfoque de la acción sindical. Fescol, Bogotá, p. 108.

A pesar de su composición heterogénea la CUT, durante sus 30 años de vida, se ha consolidado como el núcleo articulador principal de la disputa entre los intereses del trabajo confrontados a los del capital que tiene como eje central la lucha por el pleno empleo antepuesta a la precarización del mismo. Como investigador del panorama de la lucha social, ambiental y económica, nacional y global, recibí con profundo agrado la propuesta que la dirección de la CUT Bogotá Cundinamarca me extendió para narrar, por medio de crónicas y reportajes, para ser editados en las ediciones de junio a diciembre del presente año, la historia de la agrupación obrera más significativa del país.

El Comité Ejecutivo elejido en el Segundo Congreso. Foto Manuel Mora (QEPD).

La serie “CUT: 30 años de lucha por la paz, la soberanía y la democracia en Colombia”, que aparecerá en las páginas centrales del informativo CUT Bogotá

Las mujeres esenciales en la contrucción de la CUT. Primer Congreso de la Mujer Trabajadora. Foto Manuel Mora (QEPD).

CSICSICSICSI sindicalismo internacional

Nº 141, junio de 2016

Confederación Sindical Internacional (CSI) En línea

Nueva encuesta mundial: Los trabajadores de la economía digital merecen tener los mismos derechos que los trabajadores en la economía real

a tecnología no constituye en sí misma una amenaza al trabajo decente, lo que importa es la manera en que se gestione y en función de qué intereses, indicó el movimiento sindical internacional en vísperas de la reunión Ministerial de la Ocde sobre la Economía Digital, en México. “La revolución digital supone oportunidades para obtener puestos de trabajo decentes y servicios de calidad, si los gobiernos regulan el comportamiento empresarial tal como se espera que lo hagan en las industrias tradicionales. La próxima ola de tecnología puede tener un papel enorme en la transformación hacia un mundo con cero carbono/ cero pobreza, pero los gobiernos deben aceptar sus responsabilidades para asegurarse de que la transición sea justa, y que el diálogo social, los derechos sindicales, la protección social y una regulación efectiva sean elementos centrales del proceso”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional. La Encuesta Nuevos Frentes de la CSI 2016 revela que el 82% de la población está de acuerdo en que las empresas que suministran servicios utilizando plataformas de internet deberían proporcionar a sus trabajadores/as los mismos derechos y protecciones –licencia de enfermedad, vacaciones remuneradas, pensiones y representación sindical– de que disfruta cualquier otro trabajador. Los sindicatos establecen una licencia social de tres puntos para que puedan operar todas las empresas registradas que dependan de plataformas digitales. Deberían: •• Pagar impuestos en el país en el que obtienen beneficios. •• Contribuir a la protección social, cuando exista un sistema nacional de protección social que prevea dichas contribuciones. •• Ser responsables ante la ley por sus relaciones de empleo y otras regulaciones relevantes. La Encuesta Nuevos Frentes de la CSI 2016, que cubre nueve países que representan el 55% del PIB global y el 45% de la población mundial, muestra un fuerte apoyo de la opinión pública a que los Gobiernos

garanticen el respeto a la legalidad en la economía digital. La proporción de respuestas que estaban de acuerdo fue superior en los países de Asia: China (91%), Corea del Sur (87%) e India (86%). Una amplia mayoría de la población estuvo de acuerdo con la afirmación: 84% en Argentina, 81% en Alemania y el Reino Unido, 78% en Francia y Canadá, y 70% en EE. UU. “El futuro del trabajo empieza ahora. Los derechos de los trabajadores deben ser respetados, es necesario garantizar unos salarios mínimos con los que los trabajadores puedan vivir dignamente, así como derechos de negociación colectiva y protección social para todos los trabajadores y trabajadoras. El trabajo decente requiere que se respete el Estado de derecho”, señaló Sharan Burrow. “Los peligros y riesgos que acompañan el auge del trabajo en plataformas de la economía digital no son algo nuevo, puesto que hay ya numerosos empleados de mantenimiento, trabajadores del sector minoristas o del sector manufacturero subcontratados en la ‘economía tradicional’ que pueden explicar lo que significa ‘a la demanda’ en términos de empleos mal pagados e inseguros con un acceso restringido a la seguridad social”, indicó John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva ante la Ocde (Tuac). “Se necesitan derechos de negociación colectiva para todos los trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos aspiran a garantizar que la tecnología del Siglo XXI no derive en condiciones de trabajo del Siglo XIX para los trabajadores/as de la economía digital. Permitir que los trabajadores se organicen en sindicatos y negocien colectivamente debe formar parte de la ‘nueva oferta’. Los trabajadores y cada vez más reguladores reconocen que es importante que los empleadores de la ‘nueva economía’ también lo hagan”.

Tuac celebrará un foro especial con representantes de la sociedad civil, del sector privado y del sector público, y participantes sindicales, en vísperas de la Ministerial de la Ocde, para examinar los aspectos específicos ligados a garantizar que la economía digital tenga un impacto global positivo sobre la igualdad económica y en el empleo (http://www.tuac.org/en/public/edocs/00/00/12/30/document_doc.phtml). Bruselas, 21 de junio de 2016.

Poner fin al trabajo infantil en las cadenas mundiales de suministro

n vísperas del Día mundial contra el trabajo infantil, que se celebra el 12 de junio, los sindicatos sacan a relucir la explotación de los niños en las cadenas mundiales de suministro de las empresas multinacionales. De los 168 millones de niños que trabajan en lugar de acudir a la escuela, varios millones están empleados en la agricultura, la manufactura, la minería y otros sectores, y los productos que fabrican forman parte integral de la realidad de las cadenas mundiales de suministro. Al menos la mitad de los niños que trabajan realizan trabajos peligrosos. Philip Jennings, Secretario General de UNI Global Union y Copresidente de la Plataforma sobre el Trabajo Infantil de la OIT, reclamó que las empresas mundiales se sumen a los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil en las cadenas de suministro, durante una mesa redonda que tuvo lugar el 8 de junio en el marco de la Conferencia anual de la OIT en Ginebra. Haciendo referencia al Acuerdo de Bangladesh http://bangladeshaccord. org/, legalmente vinculante, como ejemplo sobre cómo las empresas pueden formar parte de soluciones efectivas para combatir las violaciones de los derechos de los trabajadores, añadió: “No cederemos en nuestro empeño hasta haber eliminado el trabajo infantil del planeta”. El Director General de la OIT, Guy Ryder, pidió “tolerancia cero” y expuso a los miembros del panel los tres ingredientes clave para terminar con el trabajo infantil: •• Una educación básica gratuita, obligatoria y de calidad, al menos hasta la edad mínima legal de acceso al empleo; •• Adopción y aplicación de leyes y políticas adecuadas, contando con cooperación entre la inspección del trabajo, el sistema educativo y otros servicios públicos; y

•• Protección social, que ha sido el principal impulsor de la reducción en un tercio del trabajo infantil entre 2000 y 2012. Ryder habló también sobre la necesidad de trabajos decentes para los padres, como un medio para mantener a los niños en la escuela y fuera del trabajo, punto corroborado por Andrews Tagoe de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil y Katherine Stewart de la empresa minorista Primark. Tras la mesa redonda, Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI declaró: “No debería ser difícil purgar del trabajo infantil a las cadenas mundiales de suministro y la producción local, y de asegurar que los niños acudan a la escuela. Es una cuestión de responsabilidad empresarial y voluntad política. Es por ello que acogemos con beneplácito que Canadá anunciase, durante la mesa redonda de la OIT, que finalmente ratificará el Convenio 139 de la OIT sobre edad mínima, tras años de dilación por parte del anterior Gobierno conservador. Instamos a los pocos países que aún no han ratificado este Convenio, o el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, a hacerlo cuanto antes”. Los sindicatos reclaman mayor urgencia, dado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU establecieron como meta 2025 para la eliminación del trabajo infantil. Cambiar el modelo de las cadenas mundiales de suministro resulta crucial para lograrlo, teniendo en cuenta que el informe “Escándalo” publicado por la CSI en 2016 http://www.ituc-csi.org/new-itucreport-exposes-hidden reveló que el 94 por ciento de la mano de obra de 50 de las mayores multinacionales está oculta en arreglos de subcontratación que permiten que las multinacionales eludan su responsabilidad. “Constituye una conspiración de las cadenas de suministro contra el trabajo decente”, indicó Jennings. Bruselas, 10 de junio de 2016.

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crónica

EN EL CAL BOGOTÁ LA SOLIDARIDAD DE CLASE, SE VISTE DE ESPERANZA Elaborado por el Equipo (CAL) Centro de atención laboral

compartir con su familia, cubrir los gastos y hacer realidad su gran sueño, poder comprar un apartamento.

Bogotá, 9 de junio de 2016

Y como la necesidad no puede esperar, Ómar al día siguiente se levantó muy temprano y llevo su hoja de vida, con la esperanza de obtener el empleo, la idea de trabajar conduciendo un biarticulado no era para nada un sacrificio teniendo en cuenta que le apasionaban los carros y especialmente los grandes, fue de esa manera como finalmente le ofrecieron el cargo de conductor, no del biarticulado como él lo esperaba... pero sí de un articulado, eso sí, prometiéndole que si su desempeño era óptimo en unos pocos meses, no solo sería conductor de esas grandes maquinas sobre ruedas, además ganaría más dinero; entonces desde ese momento Ómar empezó a tejer lo que para él se había convertido en una gran oportunidad, sin pensar que la vida le jugaría una mala pasada.

Un proyecto de vida por realizar

sta es la historia de Ómar Henry Cruz Rodríguez, un hombre joven de 38 años, hijo, esposo y padre de un niño de 5 años y otro que viene en camino, Ómar nos relata que su gran sueño como padre es poder tener un espacio propio para su familia, donde pueda con su guitarra cantar y enseñar a sus hijos notas que permitan entender que la vida con música es más hermosa. Este gran ser humano, además de ser músico, es amante de los autos y especialmente de las tractomulas, lo que heredó de su padre desde muy pequeño cuando lo acompañaba a los viajes por Colombia, quizá estas aventuras le permitieron tener una gran admiración por los carros y especialmente por las carreras, es por esta razón que su amigos lo apodan en el mundo de las carreras como ‘Schumacher’, lo que le encanta y que recuerda con gran cariño. Haciendo alarde a su apodo y durante muchos años como forma de sustento, Ómar se subió a una tractomula y recorrió durante años diferentes municipios y regiones, sin descanso, motivo por el cual no compartía mucho tiempo con su familia y sentía que la estaba perdiendo. Entonces, un buen día, cansado de la rutinaria vida de carretera decidió regresar a Bogotá y emprender un nuevo proyecto de vida junto a sus seres queridos, al principio no fue nada fácil ya que Ómar tenía que enfrentar un gran reto, que en general enfrenta cualquier habitante promedio de la ciudad, que era “buscar un empleo de conductor” que le permitiera cubrir las necesidades de su familia y las propias, teniendo en cuenta que con su tractomula no le iba nada mal, pero él no estaba dispuesto a cambiar familia por plata.

En busca de una nueva oportunidad Para Ómar no fue nada fácil encontrar trabajo, le recomendó a sus amigos y conocidos, llevó hojas de vida donde escuchaba que estaban necesitando conductores, pero nada de nada, mientras tanto las deudas no se hacían esperar y el desespero se empezaba a manifestar; un día recibió una llamada de un amigo quien le dijo que llevara la hoja de vida a Transmilenio-Consorcio Express pues estaban necesitando conductores para los biarticulados y que pagaban muy bien. Para Ómar esta oferta laboral se convertiría en una nueva oportunidad que le permitiría

Trabajando por las calles de Bogotá Desde el momento en que Ómar recibió el cargo de conductor del Transmilenio llevó en la mente como principal reto manejar un biarticulado, motivo por el cual cada día daba lo mejor de sí mismo para conseguirlo, sin imaginar que sus compañeros también tenían el mismo deseo, y es que en este contexto de falta de oportunidades y precarias condiciones laborales que sufren en el día a día los bogotanos, ¿quién no desea un trabajo con todas las prestaciones de ley? Claramente todos, y más cuando te generan esperanzas de ascenso y de mejores condiciones laborales, hay sí como lo diría el proverbio popular “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”; en esta lógica hay que portarse bien y cuidar el trabajito, eso lo pensaba Ómar y el resto de borreguitos que sin importar trancones, tumultos y malos tratos se enfrentan todos los días al tráfico que es un espanto, van por las calles, carreras y autopistas contando con la imprudencia de la gente y el afán de todos los días; aguantar esta situación no es nada alentador, tarde o temprano se manifiesta una complicación, y esto fue lo que lamentablemente a Ómar le ocurrió, se enfermó por el estrés y TransmilenioConsorcio Express sin importar su dignidad lo despidió. Este es el desenlace de un sueño de un hombre con grandes capacidades y potencialidades que durante dos años dio lo mejor de sí mismo para una empresa, sin pensar que este sueño se convertiría en su mayor pesadilla, pues fue precisamente su benefactor el que se convirtió en el verdugo y en el acosador que lo dejó sin sustento, porque aquí quien manda es el patrón.

Don Omar Cruz recibiendo la asesoría jurídica en el Centro de Atención Laboral (CAL) Bogotá.

En busca de justicia y solidaridad Partiendo de la historia anterior es como llega a nuestro Centro de Atención Laboral (CAL) Bogotá, Ómar Cruz, en busca de justicia y solidaridad, en términos generales quería encontrar una mano amiga que lo pudiera ayudar y en quien pudiera confiar; de esta manera, Ómar recibió el apoyo jurídico y psicosocial que necesitaba y estaba buscando, frente a la vulneración que Consorcio Express estaba realizando a sus derechos fundamentales de manera sistemática y que concluyó con el despedido sin justa casa. Sin embargo el trasfondo de ese despido fue su diagnóstico de enfermedad debido al estrés que le produjo su trabajo. Muchas inquietudes rondaban en su cabeza, las cuales fueron aclaradas a través de la asesoría jurídica con base en la cual se realizó una querella por acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta que era víctima de hechos reprochables como la realización de un proceso disciplinario por el solo hecho de ir al baño, la omisión de variar su lugar de trabajo para subsanar las consecuencias de su enfermedad y multas impuestas por supervisores de Transmilenio que no contaban con fundamento. Se esperaba que esta acción jurídica le diera estabilidad laboral, sin embargo Transmilenio no dudó en despedirlo sin tener en cuenta que se encontraba muy enfermo, de esta forma inventó una justa causa alegando que faltaba a trabajar a pesar de que tenía incapacidades médicas que sustentaban tal actuar. Muy preocupado don Ómar acudió nuevamente al Centro de Atención Laboral, en

esta ocasión se realizó una Acción de Tutela con el fin de obtener su reintegro teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, al ser un padre cabeza de familia que cuenta con estabilidad laboral reforzada por su condición de salud. Frente a la intervención psicosocial se generó una atención individual y activación de redes primarias (familia) lo cual le permitirá a don Ómar gozar de tranquilidad y apoyo en los momentos difíciles que sobrelleva, además se genera un acompañamiento integral de terapias fomentando en él la confianza, fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento de capacidades y potencialidades que le permita asumirse como sujeto de derechos, productivo y productor de conocimiento para la sociedad. Así trabaja nuestro Centro de Atención Laboral Bogotá, que desde una intervención y acompañamiento integral fomenta en las y los usuarios el reconocimiento de sus derechos y la exigibilidad de los mismos, desde la solidaridad de clase, la restitución y la esperanza por un país mejor.

sindical

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Informe de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) al Director General de la OIT IInforme General de la situación de derechos laborales en Colombia presentado al señor Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, en mayo de 2016. (1)

Diálogos de paz sin diálogo social

ientras el Gobierno colombiano avanza en las negociaciones de paz, profundiza sus políticas de deterioro de la producción nacional, el empleo y los derechos laborales. Colombia, es un país que se encuentra en dos procesos de negociación de acuerdos de paz con dos grupos al margen de la ley, negociaciones que cuentan con el respaldo del movimiento sindical, que confía en su éxito y que estaría comprometido además con el proceso de refrendación que se acuerde entre las partes; sin embargo el positivismo reinante frente a la posibilidad de la firma de acuerdos de paz se ve empañado por políticas gubernamentales regresivas, que profundizan la desigualdad social y la precariedad laboral de la población colombiana. Deben conocer los diversos actores del mundo del trabajo, presentes en la 105º CIT de OIT que, contrario al panorama que pretende hacer ver favorables los indicadores del mercado laboral en Colombia, estos continúan siendo muy precarios: En 2015 la tasa de desempleo del país se ubicó en 8,9%, representado a 2.156.000 desocupados, de los cuales el 57% eran mujeres; de la población “ocupada”, sólo el 48,7% es asalariada, mientras que el 51,3% restante es no asalariada; el desempleo juvenil se ubicó en 19%; el desempleo femenino en 13,7%; sólo el 40,8% de los trabajadores ocupados están afiliados como contribuyentes-aportantes a la salud y el 38,1 afiliado como cotizante a pensiones; el 43,9% estaba afiliado al sistema de riesgos laborales y alrededor del 36,4% se encontraba afiliado a cesantías; el 48,6% (10.450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes, encontrándose sujetas a condiciones de pobreza; esto, necesariamente incide en que Colombia siga siendo uno de los países más desiguales del mundo con un índice de Gini de 0.538.

1. El desempleo en Colombia es de los más altos de la región Este año la CUT ha solicitado la inclusión de Colombia en la lista de países a ser llamados en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, por el grave incumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo relativas al empleo, por la mayoría de Convenios ratificados o incluso no ratificados Colombia merecería un lugar.

El pleno empleo productivo que debe ser prioridad de todo el mundo del trabajo hoy en Colombia parece un sueño irrealizable. La empleabilidad en Colombia preocupa gravemente a la CUT si se tiene en cuenta que es el primer elemento reconocido por la OIT para la obtención del anhelado trabajo decente y considerado también por la última Asamblea General de las Nacional Unidas, realizada en septiembre de 2015, como elemento central de la nueva agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entre 2011 y 2015, la economía colombiana creció en promedio 4% por año, un crecimiento muy superior al promedio que presentaron la mayoría de los países de América Latina. En el 2014, por ejemplo, la economía colombiana creció 4%, 2 puntos por encima de la tasa promedio de AL y el Caribe. Sin embargo, el crecimiento de estos años impactó muy poco en la tasa de desempleo, que apenas disminuyó en 0,4 %, 1,7 puntos porcentuales (pp) en los cuatro años, la tasa de desempleo terminó por encima del 8,9%, que fue la meta que se había propuesto el gobierno en el plan de desarrollo, y aun con estos niveles de crecimiento, Colombia presenta una tasa de desempleo superior al promedio de América Latina: 9,1% frente al 6,0% en el que se ubica la región, lo que quiere decir que el crecimiento de la economía en Colombia no es generador de empleo y menos de trabajo decente que asegure protección social. Y la razón es que tal crecimiento ha estado sustentado principalmente en actividades como la minería y el sector financiero que juntas generan menos de 3 puestos de trabajo por cada 100 que hay en la economía.

Aunque se han tomado medidas para limitar la tercerización que ejercían las Cooperativas de Trabajo Asociado, estas han mutado en otro tipo de figuras: muestra de ello es que de forma coincidente, mientras las CTA que venían desarrollando intermediación laboral ilegal fueron prohibidas por el Decreto 2025 de junio de 2011 y son forzadas a su liquidación, los intermediadores optaron por convertirlas en Contratos Sindicales (2); prueba de ello es que mientras en los años 2010 y 2011 se celebraron 114 Contratos Sindicales, luego de las supuestas liquidaciones de las CTA se registraron para los años 2012 y 2013, 791 nuevos “sindicatos” y se celebraron 1.582 contratos sindicales, esto es un aumento exorbitante de casi 1.400%. Entre 2011 y 2015 se han suscrito 4.303 Contratos Sindicales.

La situación se resume en el hecho de que pese al aumento del crecimiento económico, el desempleo tiene una reducción marginal y se da en un contexto de continuidad de la informalidad laboral y persistencia del trabajo precario, el mínimo empleo creado no se genera en con condiciones de salario digno, ni garantiza el ejercicio del derecho de asociación sindical y negociación colectiva.

Otro tipo de contratación para flexibilizar el contrato laboral es el Contrato de Prestación de Servicios, figura jurídica del Contrato Civil o Comercial mediante la cual se vinculan trabajadores subordinados pero sin protección real de seguridad social, sin prestaciones sociales, sin garantías laborales y a partir del cual, en la práctica, impiden la afiliación sindical y negociación colectiva.

2. Informalidad laboral por medio de la tercerización

Sea cual fuere el tipo de figura por la que opten los empleadores, (privados y públicos) la realidad es que se trata de fachadas legales para ocultar las verdaderas relaciones de trabajo, evidenciando el terrible panorama que vive Colombia en términos de relaciones laborales; la informalidad e ilegalidad cubre al 68% de la población económicamente activa, lo que se traduce en una imposibilidad en la práctica, de: sindicalización y negociación colectiva para más de la mitad de los trabajadores en Colombia, el 32% restante se enfrenta a los demás obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical.

En Colombia se continúan ocultando las verdaderas relaciones laborales, las cuales se desarrollan por medio de la tercerización laboral, implementadas a través de todo tipo de figuras jurídicas y recientemente legalizadas; las Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Comerciales de diferentes tipos y últimamente los Contratos Sindicales son las figuras predilectas por los empleadores (tanto públicos como privados) para evadir derechos laborales y principalmente para

obstaculizar la organización sindical y la negociación colectiva.

3. La sindicalización y cobertura de la negociación colectiva son lamentables De la población económicamente activa en Colombia, 22.017.000 trabajadores, apenas un 4,6% se encuentra afiliado a una organización sindical, es decir, cerca de 1.002.555 trabajadores y trabajadoras, que lamentablemente no se encuentran en su mayoría representados por organizaciones sindicales fuertes y con poder de incidencia y negociación sino distribuidos en más de 5.000 sindicatos de diferentes tipos, se trata entonces de una mínima sindicalización dispersa en una atomización sindical producto de prácticas antisindicales y del limitado nivel de la negociación colectiva que en Colombia sólo se puede llevar a cabo por empresa. Vale la pena destacar que aunque la tasa de sindicalización venía mostrando un aumento leve en los últimos años, se observa que en el último año ha sufrido un estancamiento. Otro factor que determina la baja sindicalización en Colombia es la existencia legal y proliferación real de la figura de los Pactos Colectivos, por medio de los cuales los empleadores ocultan en una supuesta negociación colectiva con los trabajadores no sindicalizados, el verdadero otorgamiento unilateral de derechos extralegales para: a) evitar el surgimiento de sindicatos; b) contener el desarrollo de los sindicatos o perjudicar sus conquistas incitando su extinción y; c) debilitar sindicatos mayoritarios de forma tal que dejen de tener capacidad de negociación y huelga con la que cuentan. En Colombia se permite la coexistencia en una misma empresa de Contratos colectivos de trabajo con trabajadores no sindicalizados –Pactos Colectivos–, con Contratos colectivos con sindicatos –Convenciones Colectivas– lo que implica en la realidad el

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⇒ uso de los primeros para evitar la sindicalización, para impedir la negociación colectiva sindical o para impedirla del todo. La cobertura de la Negociación Colectiva en cifras sugiere un aumento que, aunque sigue siendo de las más bajas de países con similitud de desarrollo económico. Según cifras aproximadas, cerca de un 6,5% de la población económicamente activa está cubierta por la negociación colectiva, de la cual debe aclararse que casi el 60% corresponde a empleados beneficiados por la negociación colectiva del sector público (aunque no corresponda con la sindicalización en dicho sector); otro tanto a contratos sindicales que, según ha denunciado la CUT son en su mayoría figuras fraudulentas de intermediación laboral ilegal y, finalmente Pactos Colectivos que son supuestas negociaciones con trabajadores no sindicalizados, es decir que al menos los dos últimos casos no son reales negociaciones colectivas. Un factor determinante para la baja cobertura de la negociación colectiva, además de los mencionados anteriormente, es la reducción de la negociación colectiva al nivel de empresa y en desarrollo de esta la cobertura limitada a los trabajadores sindicalizados que en la mayoría de los casos son minoritarios en las empresas. La CUT ha insistido al Gobierno nacional en la necesidad de aumentar el nivel de la negociación colectiva a grupos empresariales y principalmente rama de actividad económica. Aunque la sindicalización en Colombia sigue contando con grandes obstáculos, los trabajadores organizados, representantes de todos los trabajadores y trabajadoras del país hemos elevado justas e importantes peticiones ante el gobierno nacional que han sido totalmente ignoradas. En el mes de marzo las centrales sindicales, confederaciones de pensionados, movimientos estudiantiles y sociales realizamos un paro nacional elevando un pliego de peticiones al gobierno, que hasta ahora no ha sido atendido.

4. La nueva normatividad laboral y tributaria hace aún más grave la situación de los trabajadores y sus familias Debemos mencionar apenas cuatro ejemplos de la profundidad de políticas perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras por medio de la normatividad: i) En Colombia existe la prohibición constitucional de la negociación colectiva de derechos pensionales y pese a la lucha sindical y jurídica dada a nivel nacional e internacional, tal obstáculo al ejercicio de la libertad sindical continua vigente. ii) Para el año 2015, pese a la persistencia de las organizaciones representativas de trabajadores de incrementar el salario mínimo en proporción al aumento del costo de vida de los trabajadores y ante la imposibilidad de lograr un acuerdo tripartito al respecto, el gobierno nacional expidió unilateralmente un decreto de aumento del salario mínimo en un porcentaje inferior a la

sindical inflación para personas de ingresos bajos, certificada luego por el mismo Estado –IPC– , aumentó para los ingresos bajos 7,26% mientras que el salario mínimo apenas un 7%; esto implica en la actualidad violación al mínimo vital de los trabajadores y las familias que devengan el salario mínimo, que son la mayoría de los asalariados en Colombia. iii) El Gobierno ha venido anunciando una posible reforma pensional que además de igualar la edad para pensión de hombres y mujeres, aumentaría para ambos casos y que pretende exigir mayor número de semanas de cotización a pensión, por consiguiente el debilitamiento del Régimen Pensional de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Estado, por el fortalecimiento del régimen pensional administrado por empresas privadas y que ha demostrado la imposibilidad de cobertura y de obtención de pensión para la mayoría de sus afiliados. iv) El Gobierno expidió un decreto para supuestamente aumentar la formalización laboral que lo que hace realmente es legalizar la tercerización laboral al definir que sólo se considerará intermediación laboral ilegal la subcontratación de labores misionales de la empresa por medio de contratos o condiciones ilegales, como elementos concurrentes; es decir que la subcontratación de labores propias de la empresa es permitida si se hace por medio de contratos legales, contrario a la legislación nacional y al precedente constitucional sobre la materia.

5. La Violencia antisindical persiste y reina la impunidad En 2015 ocurrieron por lo menos 182 casos de violaciones a la vida, la libertad e integridad contra sindicalistas; entre ellos 20 homicidios, 15 atentados con o sin lesiones y 106 amenazas. Del total de hechos, 19 fueron contra mujeres y 163 contra hombres. La impunidad sigue siendo del 95% en promedio. Por el delito de homicidio, el más sancionado, la impunidad es del 87%; la Fiscalía perdió dinámica investigativa, en 2015 solo hubo 3 sentencias por homicidios. Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 86,8%; el delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,9%. Los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del 99,6%, 99,5% y 90,6% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de sindicalistas es demasiado alta, promediando el 96,7%.

6. Sobre el derecho de huelga La CUT insiste en que la huelga es un derecho consustancial a la asociación sindical y negociación colectiva y una de las principales conquistas de la clase trabajadora; denunciamos que en Colombia a pesar de estar reconocida en la Constitución Política su reglamentación legal exagerada y la política antisindical incesante de los em-

pleadores y el Gobierno, hacen imposible su ejercicio y con este la defensa efectiva de derechos laborales y mejora significativa de los mismos. Nos unimos al llamado de las organizaciones sindicales del mundo, especialmente de la CSA y de la CSI a la Conferencia Internacional del Trabajo por la reafirmación de la huelga como derecho internacional del trabajo y a su reconocimiento en las normas de la OIT.

7. Consideraciones El Gobierno celebra como grandes logros: i) imposición de cuatro millones de dólares en multas, ii) duplicación de la planta de inspectores del trabajo, iii) liquidación de cerca de dos mil Cooperativas de Trabajo Asociado, iii) firma de 160 acuerdos de formalización, iv) expedición de tres decretos que regulan el contrato sindical, la tercerización laboral y el trámite de los tribunales de arbitramento. Pero son cambios formales sin incidencia real en la mejora de derechos: i) Las multas son mínimas e irrisorias en comparación con la violación de derechos de quienes las deben pagar y en comparación con sus patrimonios; ii) Los inspectores del trabajo no cuentan con estabilidad laboral, formación, ni nombramiento en carrera, de forma tal que gran parte de estos no están permaneciendo en el Ministerio más de 1 año y esto no ha repercutido en la sanción significativa de las miles de violaciones denunciadas al Ministerio del Trabajo; iii) Las cooperativas de trabajo asociado han sido liquidadas como figura jurídica de intermediación pero fácilmente reemplazadas por otras formas de tercerización, de las cuales se resalta como la peor el uso de falsos sindicatos para la intermediación laboral ilegal; iv) Los decretos por un lado son muestra de la exagerada legislación colombiana que denota las carencias en la realidad de garantía de derechos y por otro debe aclararse que son decretos que no han dado resultados en la práctica, y uno de ellos que acaba de ser demandado por la CUT al ser la legalización misma de la tercerización laboral. El gobierno excusa su ineficacia en la garantía de derechos firmando cantidad de acuerdos y compromisos nacionales e internacionales de supuesta mejora de condiciones, que finalmente terminan siendo incumplidos; tales como las Recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, recomendaciones de los órganos de control de la OIT, Plan de Acción Laboral Colombia-Estados Unidos, cláusulas laborales en Tratados de Libre Comercio, Acuerdo de Entendimiento para la Formalización del Trabajo Rural, o a nivel nacional los Acuerdos Colectivos con organizaciones representantes de trabajadores; todos ellos objeto de la recurrente conducta del gobierno de incumplir acuerdos a todos los niveles. Ejemplo de esos incumplimientos son, en el ámbito internacional, la queja radicada el pasado 16 de marzo por la AFL CIO, CUT y CTC ante los Departamentos de Trabajo y de Comercio Estadounidense por incumplimiento a las normas laborales colombianas y al capítulo 17 de cláusulas laborales del Tratado de Libre Comercio Colombia-EE. UU.; así como en el ámbito nacional, la no ratificación de 4 Convenios de la OIT que se

había acordado en la negociación colectiva nacional con el sector público. La CUT plantea como gran preocupación que Colombia, siendo catalogado como uno de los diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras según los últimos informes anuales de la CSI; ante la OIT no haya sido exitosa la petición de las tres centrales sindicales colombianas y de la CSA de enviar al país una misión de seguimiento de las conclusiones de la misión de alto nivel de la OIT que en el año 2011 reconoció la gravedad de violaciones laborales en Colombia; también es de su preocupación que la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, a pesar de los comentarios críticos de las centrales sindicales, a las memorias, se otorguen tantas notas de satisfacción o progreso a Colombia, por convenios que en la práctica siguen siendo recurrentemente violados; así como que el comité de libertad sindical ante el hecho de que Colombia es el país con más casos denunciados de violación a la libertad sindical, en sus últimas sesiones no haya estudiado ningún caso de nuestro país. A la CUT Colombia le preocupa que la consideración de la comunidad internacional y de la OIT por los procesos de paz adelantados por el gobierno colombiano con los grupos guerrilleros –los cuales apoyamos y confiamos lleguen a buen término– empañe la realidad social y laboral sufrida aun por los trabajadores y trabajadoras colombianos y sus familias. La claridad con que las centrales sindicales colombianas han desentrañado la contradicción de respaldar las negociaciones de paz pero mantener su oposición al gobierno es lo que ha permitido su unidad como representantes de los trabajadores. Un escenario de posacuerdo de paz requiere de un gobierno comprometido a escuchar también a los trabajadores, a responder a sus justas peticiones, a cesar el modelo económico que profundiza la desigualdad social, a tener al empleo productivo y trabajo decente como prioridades.

8. Solicitud Por lo anterior, la CUT solicita que Colombia sea incluida en la lista de países llamados por la Comisión de Aplicación de Normas de la 105a Conferencia Internacional del Trabajo y reitera la solicitud respetuosa elevada al Director General de la OIT de hacer una evaluación de seguimiento a las conclusiones de la Misión de Alto Nivel de la OIT realizada en Colombia en el año 2011.

105a Conferencia Internacional del Trabajo Colombia; junio de 2016 Luis Alejandro Pedraza Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General 1. Informe realizado con información de los diferentes departamentos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT, de la Escuela Nacional Sindical-ENS y del Centro de Estudios del Trabajo-Cedetrabajo. 2. Nombrados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, “Sindicalismo Empresarial”.

solidaridad

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En Colombia

Apoyo a la causa palestina

continuación, la redacción del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca publica la posición leída por el Embajador Raouf AlMalki, en rueda de prensa a propósito del TLC Colombia-Israel, a la que asistimos como medio de información alternativo. En esta rueda de prensa intervino como representante de la sociedad civil el presidente de

Raouf AlMalki, embajador de Palestina en Colombia.

la Subdirectiva compañero Carlos Castañeda, quien al reiterar la posición de la central sobre el apoyo a la lucha del pueblo palestino para su reconocimiento como nación y la defensa de sus territorios hizo un llamado a los legisladores del país para que no aprueben este tratado, que de contrabando pretende legitimar la ocupación sionista. De igual manera presentaron su rechazo a este tratado y su respaldo al pueblo

palestino las doctoras Consuelo Ahumada y Heidi Abuchaibe en nombre de la comunidad académica y la exsecretaria de gobierno distrital Gloria Flórez en representación de la organizaciones de derechos humanos. Ante una pregunta realizada por el Informativo CUT Bogotá Cundinamarca el embajador AlMalki puso de relieve que pese a las buenas relaciones diplomáticas entre

la autoridad Palestina y Colombia, seguimos siendo el único país latinoamericano en no reconocer el Estado palestino. Al cierre de esta edición se conoció que no fue abordada la ratificación de este tratado en la actual legislatura del Parlamento, lo que sin duda permitirá a las fuerzas amigas de la causa palestina ampliar su campaña en contra de tan inconveniente tratado.

De izq. a der.: Carlos Castañeda, presidente de la CUT Bogotá Cundinamarca, Consuelo Ahumada, Gloria Flórez, Heidi Abuchaibe, Miguel Ángel Delgado, Raouf AlMalki, embajador de Palestina en Colombia, Édgar Ortiz y Luis Alexander Montero, asesor político de la Embajada.

Misión diplomática de Palestina en Colombia

Sección de Asuntos Políticos / Rueda de prensa, 20 de junio 2016

engo el honor de dirigirme a ustedes, en relación con el contenido del Tratado de Libre Comercio firmado por el amigo gobierno de Colombia y el Estado de Israel el cual va a ser votado en plenaria del Senado en las próximas horas. Antes que nada, el gobierno del Estado de Palestina afirma que nuestra posición en ningún momento pretende interferir en asuntos colombianos y que, al contrario, parte del respeto a la soberanía de un Estado fraterno y se fundamenta en elementos objetivos propios del Derecho Internacional y que afectan al Estado de Palestina. El primer elemento de discusión tiene que ver con la definición del territorio de Israel susceptible de recibir beneficios comerciales, el cual incluye explícitamente a Cisjordania. Territorio significa: para Colombia, el espacio terrestre, tanto continental como insular, su espacio aéreo, marítimo y áreas submarinas y otros elementos sobre los cuales ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción de acuerdo a su derecho interno y derecho internacional, incluyendo los tratados internacionales aplicables. Y con respecto a Israel, “para el propósito de comercio de bienes, el territorio donde se aplican sus normas arancelarias”.

Esta definición no se ajusta al derecho internacional, soportado en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la 242, 338 y 442, jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como la que sustenta la opinión consultiva sobre el Muro y otras normas relacionadas con conflictos internacionales como las Convenciones de Ginebra. Esta definición territorial que Israel pretende incluir en el Tratado tampoco se soporta en la costumbre internacional, teniendo en cuenta Declaraciones Unilaterales de casi 140 Estados quienes aceptan la línea verde como demarcación fronteriza entre Palestina e Israel, así como las observaciones hechas por la Unión Europea a la hora de firmar el TLC con Israel, donde taxativamente se excluyó de beneficios arancelarios a los productos de las colonias israelíes. Si bien es cierto que los Acuerdos de Oslo derivaron un esquema tributario especial entre Palestina e Israel, este buscaba facilitar la tributación en Palestina y nunca crear una zona tributaria común con Israel al estilo de los esquemas de integración ordinarios. Con esta definición territorial, Israel pretende que se avale la anexión del territorio palestino a Israel.

En segundo lugar, y derivado de la inadecuada definición territorial, el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia e Israel tiene también problemas en cuanto reglas de origen. Estas se tornan exageradamente laxas, permitiendo de nuevo incorporar ilegalmente productos hechos por las colonias israelíes o con materias primas tomadas de Palestina. De lo anterior se derivan una serie de distancias legales en materia de comercio internacional y Tratados de Integración o de estímulo del comercio, que muy seguramente distanciarían a Colombia de aspiraciones de acceder a instancias como la Ocde. En tercer lugar y tal vez lo más importante, Israel pretende ganar indirectamente una posición política y jurídica del Estado colombiano que luego no sea tan simple de reversar. Al proponer el suelo palestino y las colonias como parte del territorio Israelí, al igual que la argucia de hacer firmar el tratado en Jerusalén, Israel quiere llevar a Colombia no solo a una simple firma de un Tratado sino a un compromiso unilateral donde reconoce el dominio de Israel sobre esta tierra. Así las cosas, Colombia ya no podrá en el futuro ajustarse a lo construido desde el Derecho Internacional y desde las Naciones Unidas, en lo relacionado con

la territorialidad de Palestina, por cuanto con este TLC ya ha reconocido de facto lo contrario. Como punto final vale la pena insistir en las buenas relaciones que Palestina ha mantenido de manera imperecedera con Colombia, amistad que se ha visto reflejada en las varias resoluciones de la ONU donde Colombia reconoce la soberanía de Palestina sobre sus recursos, especialmente recursos naturales. Simultáneamente Colombia se adhirió a la Declaración de Riyad (Documento resultante de la más reciente Cumbre de Aspa) donde rechaza el comercio con productos elaborados en colonias israelíes en Cisjordania. Teniendo en cuenta lo anterior, y destacando como trasfondo permanente el respeto por la soberanía colombiana, así como sus honorables instituciones y su fraterna nación, no solicitamos otra cosa que la observancia del Derecho Internacional a la hora de firmar el TLC con Israel. De un análisis de fondo del Tratado solo pueden resultar cosas positivas no solo para Palestina, sino también para los intereses colombianos en el sistema internacional, en el marco de una política exterior indiscutiblemente sostenida en una prístina observancia de la legalidad. Muchas gracias.

Nยบ 141, junio de 2016

denuncia

laboral

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La distopía del “dotor” E. Peñalosa Pedro Luis Ramírez B. Presidente nacional de Ugti-CUT y miembro del ejecutivo

Streetnet Internacional

n verdad se pudo llegar a pensar que el discurso del alcalde en su campaña obedecía a razones de la infaltable demagogia a la que recurren los políticos por las necesidades de sorprender a sus seguidores, descrestar incautos y sorprender a los oponentes; sin embargo, como dice facundo Cabral “los idiotas dicen idioteces, los gerentes gerenteses” y añadiríamos después de observar el video que el concejal H. Morris público en el Facebook, con el discurso de Peñalosa en la firma de su plan de gobierno ante el Concejo de la capital, que el alcalde dice “alcaldeses”. Desde luego no aludimos a su genuflexión ante las mayorías que lo votaron positivamente, incluido el reconocimiento al concejal del Polo, como tampoco al listado de obras que con el presupuesto de 94 billones y la consecuente endeudada de la ciudad que será histórica y truco ya conocido que atará su desarrollo a los acreedores y dejará por un largo periodo sin la autonomía para decidir el sentido del mismo, asegurando, claro está, con la venta de los activos como ETB, receta conocida desde que las oligarquías “vende patrias” lo han usado bajo el pretexto de nuestra pobreza fiscal, que desde luego esconde el que los ricos no pagan impuestos y las pérdidas que tiene la administración pública las cubren los impuestos indirectos que socializa dichas pérdidas incluida la de la corrupción, por lo que para el alcalde hacer obras con la plata pública o ajena a su propio bolsillo no es precisamente un favor. Tampoco nos referimos a las mentiras respecto del desbarajuste económico de la ciudad heredado de las administraciones de izquierda democrática, puesto que especialistas como S. Kalmanovitz ya las han desmentido, y lo que registra la administración de la capital es que sus arcas, como lo dice, este sí economista, están llenas, refiriendo incluso la suerte de este alcalde en este aspecto tanto de la pasada como de esta alcaldía, puesto que quienes lo precedieron como alcalde le hicieron este gran favor. Ahora bien, a lo que nos referiremos es a su distopía1. Cuando el alcalde conceptúa lo social atribuyendo la inversión en vías como social, el papel igualador del espacio público dado que por el caminan los gerentes y el hombre común incluso puede que se encuentren y en dicho momento desaparecen las jerarquías sociales y el “mundo feliz” sobre todo para los niños (no dice niñas) porque, si bien se acabó el Estado Benefactor la administración puede todavía hacer muchos parques, allí podrán comer mucho paisaje, ya que como es obvio se refiere a los niños pobres para quienes las

afirmaciones del alcalde no solo se constituyen en una burla, sino que la apelación a la infancia encubre su ya reconocido odio a los pobres y la pobreza, quienes han gozado como el de los espacios de los clubes privados, saben que hasta el derecho a la recreación se ha privatizado y el remedo de recreación a la población que no tiene estos privilegios y lo saben personas como él, sobre todo, cuando por casualidad asisten u observan los parques de los barrios populares, saben en qué consisten estas diferencias. En su pose de “raza superior” ante el cabildo y sus asistentes el “dotor” E. Peñalosa les ilustro,“con plastilina”, dado que sus profundas afirmaciones parece que no se entendieran, explicó cómo, si ese hombre común va a la oficina del gerente de un banco, se va a encontrar con las barreras de ingreso,“desde el portero” (que le impedirán encontrase con el gerente, claro esto no lo dice, a no ser que sea de una sucursal del barrio pobre) que le indican las jerarquías sociales, sobre todo cuando esté en la oficina del gerente (bueno no nos habla de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por supuesto). Renglón seguido les señala cómo la inversión en vías, parques y andenes suprime estas jerarquías y por esto es un igualador social e inversión social, lo que se va a hacer, cuando se realicen estas obras, porque en su forma de entender “todo es social” la inversión en vías es, por tanto, lo social La cuestión social como la denominaron los liberales Mill, Smith y los republicanos del siglo XIX en el occidente europeo, se refería a la pauperización de la población o proletariado que traía consigo el capitalismo y su modelo de libre mercado, por esto el proceso que llevó a la configuración del mundo del trabajo, donde el papel de cohesionador social del trabajo reemplazó la solidaridad de los vecinos de la comunidad medieval, tejido social destrozado por ese mismo capitalismo, lo que dio origen al Estado Social o Benefactor que inauguro el canciller Bismark en 1873 para detener el avance de la socialdemocracia alemana que con base en los sindicatos de los “des-

camisados” obligaron al pacto social entre empresarios-Estado y sindicatos para suministrarle derechos de ciudadanía económica y social al trabajo, por esto cuando se afirma que “todo es social” no solo se desnaturaliza el concepto sino que desaparece la cuestión social en sí misma, por cuanto si todo es social es porque nada es social o como decía M. Tatcher, lo social no existe. Ahora bien, el capitalismo del siglo XX y su modelo neoliberal inaugurado a “sangre y fuego” en el golpe militar liderado por Pinochet en Chile en 1973, tiene, sin ser los únicos, como dos de sus componentes la privatización de lo público, muy conocida e instrumentada bajo el prejuicio de que la democracia debe ser o adquirir los rasgos de la empresa privada para ser eficiente, de no muy difícil instauración dados los niveles de corrupción de nuestras democracias latinoamericanas. Su hermana gemela la politización de lo privado, menos analizada refiere a la espectacularización del escenario democrático, donde el espacio público (que incluye los medios de comunicación) se transformaría en la “pantalla y pasarela” de la sociedad de individuos que suprime a los actores y sujetos sociales. La “ilusión” en su sentido de espectáculo sería lo que queda como consuelo a los pobres. Simulación de la representación tipo “Tow Hall Metting”. “Así desde el focus-group – grupo de prueba– en el cual los especialistas en comunicación estudian la transmisión de los mensajes que identifican las prioridades del cuerpo electoral, hasta la reunión mediatizada con responsables políticos existiría alguna continuidad; como aquellas muñecas rusas que se encajan una con otras, la comunidad política podría ser representada no

por sus representantes sino por algo similar a una maqueta de sí misma, modelos a escala de su diversidad y espejo de aumento de sus pasiones.” J.M. Guehemo. El fin de la democracia. Esto es, que precisamente en el espacio público donde las jerarquías sociales y las diferencias se realzan y por esto la segregación social expresada en la “ciudad de muros” y las políticas de seguridad que representan a los pobres como clases peligrosas se actualizan, lejos de cómo lo conceptúa las “alcaldeses” del “Dotor” E. Peñalosa, el espacio público es un componente de control social que los gobiernos locales esgrimen para que las consecuencias del modelo neoliberal no puedan representarse, que complementan con la desaprobación a las “vías de hecho”, es decir, que se respeta el derecho a la protesta pero que esta no tenga lugar en ninguna parte o que no pueda estar en el espacio público, que levite, así todos podremos estar felices; en medio de los linchamientos que se han convertido en la forma de protesta contra la percepción de ausencia de justicia, limpieza social como forma de expresar el odio hacia el diferente, las disputas a dentelladas del espacio público como ocurrió recientemente entre un malabarista y un indigente como forma de expresarse la desesperación por encontrar una posibilidad de recursos en el día a día: En el espacio público y el usted no sabe quién soy yo.

Nota 1 Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. RAE. Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma.

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cambio climático

4.9 millones

de usos en las instalaciones recreodeportivas.

4.4 millones

de personas aseguradas en riesgos de salud en las EPS.

4 millones de cuotas pagadas de subsidio monetario por valor de

Gestión Social

$109 mil millones 6.595 subsidios de

vivienda asignados por valor de $83 mil millones.

590.690 personas pernoctaron en el Centro de Vacaciones de Melgar y Corales de Indias en Cartagena.

137.000

personas beneficiadas con los servicios de la Agencia de Empleo.

98.046

participantes en los programas de educación.

35.464 jóvenes y adultos continuaron su primaria y/o bachillerato a través del programa de Educación Continuada en todo el país.

17Jardines Infantiles en Bogotá y Cundinamarca, donde acuden más de 4.000 niños. 119.739 espectadores en el Teatro Galería Cafam de Bellas Artes.

776.196 personas disfrutaron de los Clubes Cafam en Bogotá. 12 millones de personas adquirieron medicamentos en lasDroguerías Cafam en 55 ciudades.

$1.563 millones en descuentos a los afiliados en las Droguerías Cafam. 13.768.767actividades

Gestión Financiera

Total Ingresos Operacionales

$1.399.363 millones

EBITDA

$180.961 millones

Activos totales

$2.496.057 millones

Pasivos totales

$1.101.901 millones

en salud realizadas en la IPS Cafam, donde atendimos a 867.000 colombianos. Excedente del ejercicio

$134.872 millones

Patrimonio

$1.394.156 millones

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May. 2016

internacional

Nº 141, junio de 2016

EN MÉXICO

Oaxaca: Crónica de la insurrección drentaron a la población. Los helicópteros gasearon desde el aire de manera indiscriminada y de acuerdo con diferentes testimonios de los vecinos, elementos de la policía incendiaron vehículos particulares. Un joven murió por un impacto de bala.

Mariana Favela 21 de junio de 2016 Tomado: nofmradi / @favulas

Pocos días después el gobierno federal encaminó las fuerzas policíacas y militares rumbo al sur del país pero los pueblos les cerraron el paso. Los autobuses de los federales se quedaron atascados durante días. Iban rumbo a Oaxaca. Intentaron de nuevo por Puebla y los volvieron a cercar. ¿Por qué? Porque esas fuerzas policíacas y militares son las que han masacrado, desaparecido y violentado a los pueblos que hoy les impiden pasar. La rabia tiene historia. A los mandos en el gobierno no les quedó más remedio que trasladar a las tropas con aeronaves. Se dirigieron al Istmo donde temían que la disidencia además de las carreteras tomara la refinería. Intentaron dar un golpe fulminante pero fracasó, el enfrentamiento duró horas y finalmente los federales lograron avanzar. Apenas se habían marchado cuando las barricadas se levantaron de nuevo. Ahí y en muchas otras partes. Poblado por poblado les cerraron el paso hasta que llegaron a Nochixtlán. Era domingo por la mañana y las radios comunitarias no dejaban de exigir al gobierno el cese al fuego y la instalación de una mesa de diálogo. Habrá quienes todavía no lo entienden pero en este país es un derecho constitucional manifestarse y bajo ninguna circunstancia está justificado que las fuerzas del Estado disparen contra población civil. No les pagamos para que nos maten. Aun así las fuerzas federales cercaron Nochixtlán. Atacaron desde el aire y dispararon contra la población. Los pueblos vecinos acudieron al llamado de auxilio y enviaron las pocas ambulancias que había para ayudar a los heridos de bala. La Mixteca se movilizó. La policía federal cerró el paso a las ambulancias y varios heridos murieron desangrados. En el hospital la policía ordenó que no se atendiera a la población, los servicios médicos fueron exclusivos para los uniformados. Había demasiados heridos de modo que se improvisaron puestos médicos en la escuela y en la capilla. Las fuerzas federales desde los helicópteros lanzaron granadas de gas contra la escuela donde se atendía a los heridos. El ataque de las fuerzas federales

Movilización que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de Manuel López Obrador, llevó a cabo ell 26 de junio, en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y para exigir la liberación de los dirigentes detenidos.

contra la población duró más de siete horas. Cobró, hasta donde sabemos, once vidas, dejó muchas personas heridas y más de veinte desaparecidas. Desde las 10am del domingo se había instalado ya una barricada a la altura de Huitzo, a unos 30km de la ciudad de Oaxaca, para impedir el paso de autobuses con elementos de la policía que intentaban reforzar el ataque contra Nochixtlán. La policía logró “despejar” el bloqueo, de acuerdo con sus

propias fuentes, pero en lugar de avanzar hacia el norte se movilizaron rumbo a la ciudad de Oaxaca yquedaron atrapados entre Hacienda Blanca y el crucero de Trinidad Viguera, a unos 10km del zócalo de la ciudad de Oaxaca. El ataque de las fuerzas policíacas se endureció. En San Pablo Etla la policía irrumpió en la escuela primaria María del Carmen Serdán donde una brigada médica atendía a los heridos. Entraron a las casas y ame-

La policía militarizada intentó avanzar por las riveras del Río Atoyac pero se les impidió el paso. Cayó la noche y el sonido de los helicópteros no cesó. La ciudad era una nube de gas. En el zócalo se sentía una tensa calma. Apagaron el alumbrado público y difundieron mensajes de terror por las redes sociales. Amenazaban con un desalojo brutal. Los reporteros de los medios al servicio del poder anunciaron la presencia de grupos armados con tubos y palos. Corrieron el rumor de que había balazos en las calles aledañas al Zócalo. Luego, nada. Silencio. Las barricadas se mantuvieron encendidas toda la noche. El lunes por la mañana, los mismos que unas horas antes azuzaban la psicosis colectiva dedicaron los titulares a los saqueos que afectaron a diferentes comercios en el centro de la ciudad. Poco después circularían fotografías y videos en las que se aprecia a camionetas de la policía cargadas de mercancía que escapan de los celulares y las cámaras de video. Perdieron la batalla que ellos mismos iniciaron, fueron replegados y los pueblos se mostraron capaces de defenderse de la brutalidad gubernamental. No les quedó más remedio

Nº 141, junio de 2016 que arreciar la campaña de desprestigio y de criminalización. El zócalo sucio y el campamento desolado, repetían los merolicos del poder, mientras una movilización de enormes dimensiones avanzaba una vez más por las calles de Oaxaca. Exigían el establecimiento de una mesa de diálogo y el cese de las agresiones contra la población. El gesto se esparció con rapidez y desde entonces las muestras de solidaridad no han cesado. A las tres de la tarde salió otra movilización desde el hospital general. El semblante era serio y aguerrido. Soy doctora del pueblo y para el pueblo, se leía en una de las pancartas. No estamos dispuestas a negarle los servicios a la población, acusaron. No es sólo la educación, El gobierno no cumple con el pueblo, centros de salud y hospitales abandonados. La salud agoniza, se leía en otro cartel. No es sorpresa que hoy el sector salud anuncie que también va a paro. Doctoras, enfermeras y personal médico fueron recibidas con un aplauso enternecedor cuando entraron al zócalo. Un zócalo, por cierto, lleno de gente. Donde el magisterio reunido por regiones se organizaba en pequeños círculos en los que unas y otros iban tomando la palabra. Impacta mirar un territorio convertido por las fuerzas del Estado en una zona de guerra contra la población. Se agolpa el llanto al pensar en las vidas arrancadas por un poder que no sabe nada de política y demasiado de armas. Impresiona ver la capacidad de un pueblo para organizarse, para protegerse contra la brutalidad de un Estado sordo y ciego. Pero de un extraño modo se siente una seguridad brava. Hace un año la ciudad estaba sitiada. 20 mil elementos de la gendarmería circulaban armados hasta los dientes, cubiertos con chalecos y equipo estilo Robocop. Trepados en camionetas desde donde invariablemente un agente sostenía un arma de alto calibre que apuntaba hacia la calle. Entonces se sentía miedo. Miedo al cruzar una calle repleta de policía militarizada que resguardaba las radiodifusoras al servicio del poder. Miedo al tener que escuchar sus lascivos comentarios sólo por ser mujer y tener la mala suerte de pasar por ahí. Desnudos se sentían nuestros cuerpos junto a sus uniformes de plástico. Pero nada da más miedo que ser parte de una sociedad que quiere creer que eso es normal o aceptable. Hoy de nuevo se siente el miedo frente a la posibilidad de que las tropas lleguen a la ciudad y desalojen el zócalo con violencia. Tenemos que decirlo claro y fuerte, tenemos que reconocer nuestra propia fuerza, el nivel de la represión que estamos viviendo es proporcional a la fuerza popular que defiende la vida. Contra unas reformas rapaces. Contra un gobierno insensible. Los niveles de desempleo, violencia y marginación son insostenibles. La colusión del ejército en crímenes de lesa humanidad, innegable. No basta con correr al GIEI, tienen que rendir cuentas. No se puede tapar un país con un dedo, lo que vivimos es una guerra. Lo que atestiguamos no son movilizaciones sólo contra una reforma, son movilizaciones

internacional contra una economía de guerra y una clase política criminal. Lo que está en juego es la vida de millones de personas. Es la posibilidad de poner freno a los abusos del poder. Y frente a eso, frente al horror, habemos quienes cerramos un abrazo solidario y efectivo. No es momento de callarse, de esperar a que otras lo resuelvan. No es momento de reclamar y escribir dolorosas cartas a los reyes magos o a los supuestos líderes y movimientos sociales. Es momento de organizarse cada quién en donde está. En escuelas, Universidades, fábricas y calles. En hospitales y hogares. Es momento de entender que no será un agente externo y omnipotente el que pondrá fin al horror. Somos cada una de nosotras o no será nadie. Y por ahora, lo urgente e indispensable es exigir el cese definitivo de las agresiones por parte de las fuerzas del Estado contra la población. Al mismo tiempo, es nuestra obligación mirarnos y hablar. Es nuestra obligación circular la información, romper el cerco y dialogar con quienes hoy todavía creen que un Estado policiaco es permisible e incluso necesario. Quienes creen que en medio de la crisis humanitaria que vivimos, las afectadas no tienen derecho a paralizar el país para ser escuchadas, para dejar de morir en el olvido y en el silencio. Es indispensable hablar con quienes confunden los derechos laborales con privilegios y en esa confusión permiten el privilegio rapaz de la clase política. Es indispensable dialogar con quienes han interiorizado a las fuerzas policiacas y represivas del Estado, quienes piensan como ellas y les justifican. Sólo hay que saber un poco de historia para entender que el magisterio no es una corporación homogénea ni unitaria, es parte de una larga lucha por la defensa de la vida y el territorio. El magisterio no se reduce a un sindicato. Hay que saber sólo un poco de historia para entender por qué el gobierno les agrede, criminaliza y desprecia como lo hace. Para entender por qué les tiene miedo. Y por qué nuestra capacidad de incidir en lo que viene no es poca ni irrelevante. Arriba lo saben y por eso muerden. El diálogo es urgente y de ningún modo se dará en las oficinas de Segob. El diálogo que ha anunciado la CNTE es un paso indispensable para el sindicato pero sería ingenuo e irresponsable de nuestra parte creer que solucionará el problema de fondo. Porque el magisterio y su lucha rebasan por mucho a cualquier organización sindical. Es absurdo pensar que resolverán los problemas quienes se benefician de la muerte. El horror no es casual, sirve a intereses políticos y económicos concretos. La privatización tiene nombre y apellido. Sólo una sociedad informada y movilizada tiene las posibilidades históricas de generar el diálogo necesario, de poner fin al horror. Ojalá nos permitamos mirar nuestra propia fuerza y dejemos de esperar que sean políticos y líderes quienes acaben esta guerra. Para eso es indispensable reconocer que a pesar del dolor y de la muerte que nos han sembrado estamos en un momento decisivo y de una enorme fuerza social, hoy ellos tienen el gobierno pero nosotras el poder.

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Nº 141, junio de 2016

La nación latinoamericana

Las tareas de las jóvenes repúblicas Pascual Amézquita Zárate Docente universitario PhD. en Economía

Librecambio o proteccionismo

Retomando el hilo: Una decisión importante en el siglo XIX para enfrentar el modelo agroexportador era escoger entre librecambio (propugnado por Gran Bretaña) o proteccionismo (política adoptada en los inicios de los países hoy potencia).

Gráfica 1. Nivel arancelario (%)

Las medidas en Latinoamérica uando se toman los datos de los aranceles a las importaciones en América Latina como un todo aparece un hecho notorio: los aranceles fueron altos. En palabras de uno de los más reconocidos historiadores del proceso, José Antonio Ocampo, entre 1870 y 1929:

Estas condiciones no tarifarias, en el conjunto, pesan más que las mismas tarifarias, y como puede concluirse, esas no tarifarias favorables dependen del desarrollo general de la economía: Entre más desarrollado sea un país, menos necesita de tarifas altas para defender su producción.

“En particular los trabajos de Coatsworth y Williamson han demostrado que las tarifas aduaneras representaban un porcentaje muy alto en relación con el valor de las importaciones en América Latina, ubicándose entre los niveles más altos del mundo, aunque, con gran elocuencia, relativamente comparables a los también altos niveles de protección de los Estados Unidos y los países de Australasia”.

De ahí la conclusión atrás anotada: el librecambio opera como impulso para desarrollar esas otras condiciones y los aranceles como mecanismo para proteger cuando ya hay una semilla industrial. Eso explica por qué, con tarifas similarmente altas en el siglo XIX, América Latina y Estados Unidos tuvieron un desenvolvimiento tan diferente.

A igual conclusión llegan los estudios de Blattman, Clemens y Williamson, quienes traen la gráfica 1 que corrobora la conclusión de Ocampo. Si a ello se le suman los problemas de los costos no arancelarios (transporte y vías de comunicación) debe concluirse sin mucho margen de equivocación que durante el siglo XIX América Latina fue eminentemente proteccionista, más allá de los discursos librecambistas de buena parte de los gobernantes de la región. Ello no obsta para que durante algunos años, por una u otra razón, las tarifas bajaran. Pero el dato de bulto es que –contra lo que supone una visión simplista de la economía–, tampoco hubo industrialización y que, como muestran los estudios de los mismos autores, los países de altos aranceles (Colombia o Brasil) tuvieron, a la larga, menor industrialización que los de bajos aranceles (Argentina o Chile). No puede pasarse por alto el hecho de que Gran Bretaña abrió los puertos de la región de Mar de Plata a cañonazo limpio. El librecambio en esa parte no fue una opción escogida sino impuesta. Esa aparente paradoja solo puede entenderse en concordancia con lo explicado en la entrega anterior: el librecambio sirve para destruir las viejas formas de producción artesanales, que fue lo que ocurrió, de acuerdo con los datos indicados, en el sur del continente; en Estados Unidos, donde ya había cierto desarrollo industrial (industrias nacientes) sirvió para consolidarlas. Pero esa no es toda la historia.

Componentes de la política económica Retrospectivamente puede concluirse que el librecambio y el proteccionismo no pueden limitarse al punto aran-

No menos importante es otra arista de la política económica: los subsidios a los productores. Un país puede tener altos aranceles, pero si no hay una real política de industrialización, por hablar de un asunto central en la América Latina de hoy, la política proteccionista no producirá industrialización. Finalmente, la política económica debe estar atada a una política educativa, laboral y salarial apropiada.

Países latinoamericanos que incluye la gráfica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay.

celario. Es decir, el nivel arancelario alto o bajo es apenas un indicativo de esas políticas y de los resultados a esperar. Así, por ejemplo, un país puede tener bajos aranceles a las importaciones, pero si está lejos de los centros de producción, la distancia actuará como una importante barrera. Los costos comparativos de los productos antes de impuestos (derivados del nivel técnico) también han de tenerse en cuenta, al igual que aspectos como la calidad del producto y restricciones dadas por la pérdida de valor de la mercancía a medida que aumenta la distancia de transporte, pues pueden ser productos perecederos como la carne en canal o los cereales (problema frecuente en el siglo XIX).

En Colombia, la baja en las tarifas que ocurrió a partir de 1850 pudo haber sido contrarrestada por las dificultades gigantescas para importar. El ejemplo usual traído a colación de que para Cartagena era más barato traer trigo del extranjero que de la Sabana de Bogotá implica que traer mercancías a Bogotá (o a la región del Socorro) era muy costoso, así los aranceles fueran bajos. Había una especie de protección natural, así los aranceles bajaran. Una conclusión de este repaso histórico es que hablar de las bondades del proteccionismo implica primero saber las condiciones concomitantes, de manera que no es lo mismo esa política para el siglo XIX en una América Latina sin desarrollo industrial que su resultado para la misma región luego de 1990 cuando ya había una industria por proteger.