Por la conquista del pliego de los trabajadores estatales y el magisterio
Movilización Nacional Nº 125 Valor $500
Bogotá, Colombia Febrero de 2015
la huelga no se toca
Actividades de la CUT
El 18 de febrero se llevó a cabo la jornada internacional por la defensa del derecho de huelga. “La huelga no se toca” es la frase con la cual el movimiento sindical se moviliza para defender este derecho, puesto en entredicho por los empleadores en el seno de la OIT. Arriba, el acto convocado por la CUT y la CTC en Bogotá para que representantes del gobierno, los empresarios, la rama judicial, la academia y el sindicalismo debatieran sobre el tema. Abajo, los trabajadores de Quito en las calles, por la defensa de la huelga. / 11 y 12
El 10 y el 11 de febrero se realizó la 54ª Junta Nacional de la CUT. Se aprobó el Plan de Acción para el año 2015 y la Declaración Política, que reafirmaron las conclusiones del VI Congreso de la Central. Arriba, imagen del certamen. Los documentos están en las páginas 2 y 3 de esta edición. Abajo, el Encuentro Nacional Estatal efectuado el pasado 12 y 13 de febrero, que aprobó el Pliego Unificado Nacional que se presentará al gobierno el 26 de febrero, simultáneamente con el pliego de peticiones de Fecode.
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vida cut
DECLARACIÓN POLÍTICA
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54 JUNTA NACIONAL CUT
a Junta Nacional de la CUT ratifica el apoyo al proceso de paz, en el marco de lo aprobado en nuestro VI Congreso realizado en septiembre de 2014. Una serie de hechos corroboran el avance del proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la insurgencia, entre ellos, la declaratoria de cese unilateral del fuego por parte de las Farc; la declaratoria del gobierno de abrir la discusión sobre un posible cese bilateral, la designación de comisiones para la discusión de temas relacionados con el fin del conflicto y el amplio respaldo internacional. Todavía no puede concluirse que el camino de la solución política este completamente despejado. Al contrario, las presiones de sectores proclives a las soluciones de fuerza bajo un discurso de sí a la paz pero con condiciones a granel, las contradicciones en las declaraciones del gobierno y las fuerzas militares; las posiciones encontradas de los voceros de los organismos de control, reflejan que estamos ante un proceso que requiere cada vez mayor apoyo ciudadano. La CUT anhela, como la gran mayoría de los colombianos, que se silencien los fusiles, se concreten los acuerdos y se despeje el camino para la construcción de una Colombia con democracia, soberanía y ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La paz no es solo el silencio de las armas, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, es un valor esencial de la sociedad y fundamento del Estado y las instituciones públicas. Como parte integral de la lucha por la paz, exigimos que cesen las amenazas, atentados y asesinatos a los dirigentes sindicales y a los derechos de los trabajadores, se garantice en la práctica la reparación individual de las víctimas y se dé paso a la reparación colectiva del movimiento sindical, entre otros. La grave crisis económica que sacude a nuestro país, reafirma los criterios de la lucha contra el mandato neoliberal de Juan Manuel Santos y del gran capital, aprobados en el VI Congreso. Como en el resto del mundo, la aplicación de la política neoliberal de libre comercio y privatizaciones, sólo ha beneficiado a las grandes potencias, en especial, al imperialismo norteamericano. El gran capital financiero y las multinacionales, someten a la expoliación de las riquezas naturales de las naciones, al igual que exprimen sin consideración alguna a naciones enteras y a sus pobladores. Los graves conflictos que sacuden el planeta son causa directa de dicha explotación. Por eso nos oponemos a la violencia económica y política y a las guerras de intervención en Palestina, Ucrania, Libia,
Pedro Luis Ramírez, presidente de la UGTI se dirige a la Junta Nacional.
Afganistán, Irak, Siria, Irán. Igualmente, rechazamos el proceso de desestabilización contra el gobierno de Venezuela y saludamos el inicio de los diálogos para el restablecimiento de relaciones entre EE. UU. y Cuba. Los resultados concretos de los últimos tres años, en los cuales se registró el mayor volumen de comercio exterior de toda la historia, saltan a la vista. La balanza comercial y la cuenta corriente se hicieron deficitarias; se agudizó el déficit del gobierno central, se incrementaron la deuda y la inversión extranjera directa; entre tanto, se contrajo la agricultura y, en mayor medida, la industria, con su saldo de desempleo y pobreza para el país. Aun así, el gobierno insiste en las bondades del libre comercio y se dispone a la firma de nuevos tratados de similar o peor naturaleza como los de Corea, Japón, Israel y la Alianza del Pacifico. El gobierno de Juan Manuel Santos corre desbocado a cumplir las exigencias de los países de la Ocde, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea y para que no quede dudas de semejante despropósito antinacional, ha introducido más de 130 de ellas en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” presentado para su aprobación en el Congreso de la República, en sesiones extras. No queda títere con cabeza; reforma pensional que aumentará por partida doble la edad de pensión de las mujeres, una por la vía de igualarla con los hombres a 62 y dos aumentar la edad a ambos a 65 años, aumentar la cotización, rebajar el monto de la mesada, colocar pensiones por debajo del salario mínimo legal vigente, obstaculizar la sustitución pensional, jamás gobierno alguno se había atrevido a tanto; la reforma tributaria estructural que gravará aún más los menguados ingresos de los colombianos de clase media, pequeños y medianos empresarios y trabajadores con el aumento del impuesto del IVA y ampliará la base tributaria de renta a las personas naturales, las franquicias ilimitadas al gran capital foráneo y el estrangulamiento hasta
la aniquilación de la producción nacional industrial y agropecuaria; la entrega de las tierras de la altillanura a los grandes potentados y las multinacionales, según para el desarrollo de la agroindustria con la sobredosis de convertir en nuevos siervos a los campesinos llaneros; grandes obras de infraestructura a la feria de los inversionistas extranjeros y su entrega a disfrute de los capitales privados en detrimento del usufructo estatal con la alianzas pública privadas, nuevas forma de saciar al gran capital en detrimento del interés nacional. Aunado a esto, los mayores costos de las compras en el exterior, por la revaluación del dólar, harán más costosos los procesos de producción, si es que se atreven a invertir empresarios nacionales. Como consecuencia, se reducirán las oportunidades de trabajo de los colombianos, mas desempleo, se entablará una guerra por la rebaja de las condiciones laborales actuales, ya de por si paupérrimas, con el cuadro de aumento del empleo informal y tercerizado que es el pan de cada día, todo esto con la complicidad del gobierno y su Ministerio del Trabajo, a pesar de las reiteradas denuncias ante la OIT y demás organismos internacionales. La Ocde en este campo lo que ordena es continuar reformando el mercado laboral para hacer más atractiva la inversión extranjera y reducir la carga tributaria sobre las empresas. El gobierno pretende concentrar en una sola ley un sinnúmero de medidas que deberían ser tramitadas como leyes individuales, van a hacer pasar “leyes exprés” a través del Plan de Desarrollo temas como la salud, la educación, lo laboral, lo pensional, lo tributario, la propiedad rural, lo de transporte, lo de soberanía, consultas populares, medio ambiente, inversión extranjera, infraestructura, concesiones, tropas colombianas al extranjero, comunicaciones, gran minería, aumento del impuesto predial a las ciudades intermedias y sector rural, televisión, alianza público privada, carreteras en parques nacionales y muchos más.
La CUT ratifica el compromiso de continuar la lucha por la defensa del empleo y de la producción nacional; por un modelo de desarrollo alternativo frente a la globalización neoliberal, los tratados de libre comercio y las imposiciones de la Ocde. Por tanto, la lucha contra la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una tarea de primer orden en la agenda de la CUT y sus sindicatos. En ese marco impulsaremos la movilización por la defensa de nuestras reivindicaciones, apoyaremos las luchas estudiantiles, campesinas y en general de todos los sectores populares y, en particular, los pliegos del sector salud, de Fecode, de la USO y del sector estatal. Que esta lucha social se traduzca también en lucha política apoyando en las próximas elecciones a candidatos alternativos comprometidos con los trabajadores y sectores populares. La CUT, una vez más, reitera que de ninguna manera vamos a alcahuetear que descarguen sobre los hombros de los trabajadores y la Nación el peso de la crisis, como lo han anunciado sindicatos como la Uten, filial de CGT, acudiendo a viejas prácticas de sindicalismo patronal y empresarial que tanto daño le han hecho a los trabajadores colombianos. Para responder a los anteriores desafíos, nos disponemos a realizar dos eventos de trascendental importancia en la vida de nuestra Central: El V Congreso de la Mujer Trabajadora y el II Congreso de la Juventud, por un lado y, por el otro, el Congreso Extraordinario de la CUT, que adoptará las decisiones organizativas y estatutarias para nuestro accionar en los próximos años. Movilización por la paz, movilización contra el mandato neoliberal de Juan Manuel Santos, fortalecimiento de nuestra organización y exigencia del pleno ejercicio del derecho a la huelga, a la asociación y negociación colectiva, son los compromisos. Bogotá, febrero 10 y 11 de 2015
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Plan de trabajo para el 2015
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a LIV (54ª) Junta Nacional de la CUT teniendo en cuenta la situación actual del país y de los trabajadores, de igual manera las conclusiones del VI Congreso de la Central, adopta el siguiente plan de acción para el año 2015.
Objetivos: 1. Desarrollar las definiciones y conclusiones del VI Congreso de la CUT realizado en Santa Marta del 22 al 26 de septiembre de 2014. 2. Desarrollar un conjunto de acciones que le permitan a la Central ayudar a resolver de manera positiva los conflictos laborales que hoy afrontan los sindicatos filiales. 3. Fortalecer la unidad de acción entre las centrales sindicales y el conjunto de organizaciones sociales y populares del país.
Acciones: 1. Políticas: I. Lucha nacional e internacional contra la globalización, el neoliberalismo y los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Unión Europea. Fortalecer la integración de la lucha de los pueblos y la Central con los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina. Rechazar y confrontar la determinación de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de imponer al gobierno colombiano unas reformas y decisiones que afectan a los trabajadores tales como la reforma pensional, reforma tributaria, reforma laboral y otras medidas que desconocen nuestros derechos y conquistas y solo así podrán ingresar a ella, por lo cual nos oponemos a su ingreso. Iniciar la preparación de propuestas desde la Central y el movimiento sindical contra las propuestas orientadas por la Ocde y el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. II. Agenda laboral, Trabajo Decente. Promover políticas económicas y sociales que garanticen empleos productivos y de calidad en todas las áreas de la economía. Impulsar una agenda para la reforma y ampliación del sistema de seguridad social para todos/as los/as trabajadores/as. Promover políticas activas para la erradicación del trabajo infantil y toda discriminación por razones de sexo, raza, opción sexual en el mundo del trabajo. Liderar la propuesta del Estatuto del Trabajo. Libertades sindicales. Desarrollar unificadamente, una agenda para adecuar la legislación y la práctica al ejercicio pleno de las libertades sindicales (asociación, negociación colectiva y huelga). Apoyar con la movilización las acciones tendientes a recuperar y fortalecer el derecho a la negociación y la huelga que hoy los empresarios y gobiernos quieren eliminar en las relaciones capital-trabajo dentro de la OIT. III. Unidad de acción. Construir una ruta y unos criterios que propicien la unidad de las tres centrales sindicales y el sindicalismo no confederado y las organizaciones de pensionados. Articulación internacional. Participar activamente en la agenda sindical mundial y en los distintos espacios de encuentro del sindicalismo regional, continental y mundial. Fortalecer la relación con la CSI-CSA y desarrollar el enlace con la FSM. IV. Diálogo social, democracia, sociedad. Promover espacios de diálogo social, la
concertación y negociación a favor del trabajo decente influenciando en las leyes y políticas estatales. Participar activamente en alianzas con sectores democráticos, progresistas y de izquierda y desarrollar unificadamente una agenda tendiente a lograr un régimen político democrático de derecho en Colombia. Rechazar y confrontar la ofensiva del régimen, el gobierno y los patronos contra los sindicatos, su dirigencia, activistas y base con las desapariciones, atentados y asesinatos que violentan el derecho a la vida. Promover y orientar a nuestra central en la participación de los trabajadores en la lucha política con vocación de poder y entre otras acciones a participar de manera consiente y consecuente el proceso electoral del 25 de octubre. V. Paz, verdad, justicia y reparación para el sindicalismo. Apoyar los procesos de solución política negociada al conflicto interno en particular el de La Habana, solicitando se adelante también con el ELN y el EPL. Respaldar proceso refrendatorio de los posibles acuerdos. Impulsar una agenda de las víctimas de la violencia pertenecientes al sindicalismo y buscará el reconocimiento del sindicalismo como víctima colectiva con derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Sofía Espinosa Ortiz, presidenta de la UNEB en su intervención ante la Junta.
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Congreso de la CUT y definiciones de esta Junta Nacional. Impulso y desarrollo de la definición de fortalecer y construir la Escuela Sindical CUT a nivel nacional, de subdirectivas y sindicatos; como herramienta para la educación sindical y política. Apoyar y participar de los seminarios y actividades educativas, orientadas por el CEN de la CUT, de las subdirectivas y de los sindicatos filiales. Apoyar el plan de trabajo aprobado para la preparación y desarrollo del Congreso Extraordinario de la CUT a realizarse en Bogotá en el presente año. Hacer de los seminarios y actividades educativas desarrollados con la cooperación internacional y propios recursos, una oportunidad para fortalecer la conciencia de clase de los trabajadores.
2. De movilización:
4. De organización:
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Colocar la huelga y la movilización como las herramientas fundamentales para mantener y mejorar el bienestar laboral y social de los trabajadores. Promover y rescatar la solidaridad de los trabajadores y sectores sociales con los conflictos laborales y sociales que se desarrollen en el país. Contribuir a la preparación desarrollo exitoso y masivo de la jornada nacional de movilización del 26 de febrero para: apoyar la presentación del pliego nacional estatal, rechazar la reforma pensional, laboral y tributaria del gobierno y ganar que nos devuelvan los recargos nocturnos y de festivos de acuerdo con los derechos adquiridos de los trabajadores y hoy violentados por la Ley 789 del 2002 y exigir para los pensionados la exoneración del 8% en salud, apoyo al proceso de paz. Participar en la gran movilización nacional de apoyo al proceso de paz y de negociaciones gobierno-guerrilla que se está preparando para el 9 de abril. Llamar a todos los trabajadores a celebrar con actos culturales y movilizaciones la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Preparar y desarrollar un masivo y combativo Primero de Mayo, que nos permita superar las dificultades con las cuales hemos actuado en los últimos años. Establecer unidad de acción y acuerdos con otros procesos de unidad y lucha que hoy se desarrollan en el país tales como la Cumbre Nacional Agraria Étnica y Popular, con la Mane, los pequeños y medianos transportadores y otros. 18 de febrero Jornada Mundial de defensa del derecho de huelga. 7 de octubre Día Mundial por el Trabajo Decente. Conferencia de OIT frente a la huelga del 1 al 13 de junio.
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Participar de los seminarios y actividades educativas programadas para la ilustración y socialización de las conclusiones del VI
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Cronograma de actividades Marzo 8. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 19. Sindicalismo por la paz, Movilización Nacional contra el Plan Nacional de Desarrollo. Abril 8. Presencia del movimiento sindical internacional en apoyo a la paz. 9. Movilización Nacional por la Paz y la Reparación Colectiva del sindicalismo. 24. Movilización Nacional en Defensa de los Páramos. Mayo 1. Día Internacional de la Clase Obrera, “Por Paz, Soberanía, Democracia y Derechos Laborales”. 28 y 29. Evento Nacional en Manizales contra la violencia antisindical y el Esmad. Junio 1 al 13. 104º Conferencia de la OIT – Derecho a la Huelga Julio 12. Erradicación del Trabajo Infantil
5. De finanzas: ••
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Comprometernos a desarrollar actividades para fortalecer las finanzas de la Central y los sindicatos para poder llevar a la práctica y ejecución positiva del presente plan de acción. Iniciar las actividades preparatorias para la participación exitosa de todos los delegados al Congreso Extraordinario de la CUT. Aportar iniciativas y compromisos con la política financiera de la Central y en cumplimiento de las definiciones del VI Congreso de la CUT.
6. Otras definiciones: ••
3. De educación: ••
Disponer de todos los recursos económicos, humanos y logísticos para la preparación y desarrollo del Congreso Extraordinario de la CUT. Proponer Congreso de la Mujer y II de la Juventud Trabajadora. Fortalecer los departamentos de trabajo de la CUT a nivel nacional, departamental y sectorial mediante la conformación de los equipos de trabajo y su correspondiente plan de acción. Fortalecer el Comando Nacional Unitario con unos claros criterios de unidad y de defensa de los intereses de los trabajadores; de igual manera, en unidad de acción, trabajar con los procesos de unidad y lucha de los sectores populares. Participar de los comités de impulso y lucha por los derechos de la educación, salud, servicios públicos y de la paz con justicia social. Fortalecimiento de los planes de trabajo de los departamentos de la mujer y de la juventud y los otros departamentos de la central.
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de negociación del salario mínimo legal e iniciar un proceso de nivelación salarial que reivindique el poder adquisitivo de los salarios y contra el pírrico incremento salarial de 4,6 para el 2015. Impulsar y desarrollar de manera inmediata el encuentro nacional por la reparación de las victimas del movimiento sindical. Trabajar para el desarrollo exitoso de la campaña de fortalecimiento y crecimiento de la Central. Trabajar para que la Central recupere el papel protagónico con iniciativa política en la vida social y política del país. Trabajar por recuperar que la CUT tenga un papel más protagónico a nivel del movimiento sindical, nacional e internacional. Preparar una jornada del movimiento sindical en la frontera colombo venezolana en Cúcuta en defensa del trabajo. Realizar en medio de la próxima Junta Nacional un espacio para el debate sobre la situación interna del movimiento sindical y la CUT.
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Difundir y convertir en documento de trabajo en los sindicatos y subdirectivas la declaración política y plan de acción aprobados en esta Junta Nacional. Iniciar un proceso de discusión y de materialización de una táctica más efectiva y diferente a las desarrolladas para el proceso
Octubre 7. Día Mundial por el Trabajo Decente convocado por la CSI. Saludar los 70 años de la FSM. 25. Elecciones territoriales. Noviembre 25, 26 y 27. Congreso Extraordinario de la CUT en Bogotá. Estatutos, organización y elecciones.
25. Día de la NO Violencia contra la Mujer.
Diciembre 10. Día Mundial por los Derechos Humanos. V Congreso de la Mujer y II Congreso de la Juventud Trabajadora: El comité Ejecutivo definirá la fecha y la reglamentación respectiva.
Bogotá, 11 de febrero de 2015 Junta Nacional de la CUT Luis Alejandro Pedraza B. Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General
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laboral
Según el Ministerio de Trabajo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia no cambiará nada en la relación empresario-empleado
A trabajo igual, salario igual Óscar Güesguán Serpa
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Tomado de elespectador.com
ener estudios académicos no es una razón para que una persona con el mismo cargo gane más que otra que no los tiene.
Si usted es contratado por sus capacidades para ocupar un cargo en una empresa, a pesar de no tener ningún título académico, ¿qué pensaría si un año después su empleador determina que para que otra persona pudiera presentarse al mismo puesto son obligatorios estudios académicos y que por esa razón esa persona percibirá un salario mayor? Esta es más o menos la situación de Humberto Arcila Romero, quien desde el 14 de abril de 1994 se desempeñaba como negociador de inmuebles en las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y supo que Mario Johnson Rico, con el mismo cargo pero con un título en economía y una especialización en derecho empresarial, recibía más dinero en su quincena. Ante esta situación, Arcila Romero presentó una demanda ordinaria laboral contra EPM, de la que recibió respuesta en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Medellín, que concluyó que “no tiene título profesional, por lo que no pueden predicarse idénticas condiciones laborales” en relación con el otro funcionario de la misma área, “quien además de ser economista, es especialista en derecho empresarial”. La batalla judicial terminó en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde se le dio la razón al trabajador empírico y se ordenó dar “reconocimiento y pago de los reajustes salariales, prestacionales legales y extralegales, de vacaciones y demás emolumentos salariales correspondientes al demandante”. La decisión, que no fue unánime, como le manifestó EPM al diario El Espectador, obedeció, entre otros, al principio “a trabajo igual, igual salario”, consignado en el Código Sustantivo de Trabajo y ratificado por Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “No son las condiciones personales las que determinan una diferencia sino el tipo de labores y, en este caso, (la falta de título académico) constituyó un factor discriminatorio, pues las personas cumplen con las mismas actividades”, dijo Emilio Carrasco, director del Observatorio de Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado.
Sin embargo, según explica la sentencia, si la preparación del colega de Arcila Romero hiciera que su desempeño fuera mejor con respecto al suyo o si tuviera responsabilidades y funciones adicionales, en tal caso no se estaría hablando de discriminación. Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, asegura que “el poder de variación —que significa que el empleador puede modificar las condiciones en que el trabajador desempeña las actividades para las cuales es contratado— está limitado: el empleador no puede sorprender al trabajador con nuevas condiciones para alterar la remuneración salarial”. Este fallo, aunque aplicado a un caso específico, hace preguntarse si desestimulará que los trabajadores mejoren su preparación académica si no obtienen mayor remuneración como consecuencia de ello y, por ende, mejores condiciones de vida. Carrasco considera que “el hecho de que una persona se pueda desempeñar sin haber cursado los estudios en un cargo, no quiere decir que en el mercado laboral la tendencia sea a que las personas sin formación tengan una igualdad de trato en la remuneración”. De hecho, las personas que no tienen formación universitaria tienen más dificultades de ingresar al mercado de trabajo, por lo que los colombianos buscan otros niveles de formación, pues son determinantes en la competitividad. El viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda, por su parte, no le dio una importancia trascendental a esta decisión: “No tiene incidencia en lo que puede ser la regulación o la forma como se deben com-
portar empresarios y trabajadores de ahora en adelante. Puede tener incidencia en el cambio de la jurisprudencia, pero tendrían que salir dos o tres sentencia seguidas”.
Si bien, como asegura Borda, la igualdad salarial es un principio aplicado desde hace “muchísimos años”, sigue siendo irrespetado.
Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca Alfonso Ahumada B. (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).
Consejo Editorial Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial). Avenida Caracas Nº 44-54 Of. 402 Teléfonos: 2455966 / Fax: 2456432 Bogotá D.C. Colombia Email: cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.co ISSN: 1900-0898 Diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558. Caricaturas: Internet. Fotografías: Jorge Becerra, Dreamstime Manuel A. Mora y tomadas de Internet. Asistencia editorial: Yolanda Rodríguez / Diego Urrea Edición: 20.000 ejemplares. Tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
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opinión juvenil
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El neoliberalismo, la informalidad y los jóvenes Paola Cervera Quintero
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Dirigente juvenil
a informalidad en Colombia es una injusticia que golpea a más del 60% de la población trabajadora del país. Esta alarmante cifra no es más que el reflejo de la formulación e implementación de políticas neoliberales que consienten la eliminación de las garantías laborales en los países de América Latina y que para el caso del país se reflejan, principalmente, en las leyes 50 de 1990, 789 de 2003 y 1429 de 2010, las cuales permiten a los empresarios flexibilizar las condiciones de contratación con la falsa premisa de que ellos generarán mayor inversión para fomentar el empleo y el crecimiento de la economía nacional. Grave mentira que los gobiernos sostienen desde la apertura neoliberal y que apunta cada día a la generación de grandes riquezas para los empresarios, sin que esto represente la creación de puestos de empleo formales, pues la flexibilidad les permite subcontratar el proceso productivo, sin tener que responder por los cargos laborales a que tienen derecho los trabajadores. Esto, al final se resume en más ganancia para los dueños del capital y mayor pobreza para los trabajadores que lo único que pueden ofertar es su mano de obra, cada vez más barata. Según el profesor Ricardo Bonilla de la Universidad Nacional de Colombia, hay aproximadamente 9 millones de trabajadores informales, de los cuales 2 millones corresponden al mundo rural: campesinos, minifundistas y jornaleros; y los 7 millones restantes se dividen en el sector comercial: tenderos, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes; transportadores: conductores de buses, taxis, bicitaxis; personas en condición de deslaborización: contratados con Ordenes de Prestación de Servicios (OPS); los trabajadores familiares no remunerados que participan en el proceso productivo de sus famiempresas y las personas que ejercen labores de cuidado del hogar, que no son remuneradas por su labor. (Bonilla, 2013). Estas personas y sus familias afrontan a diario la dura lucha de buscar una salida económica para la reproducción de su vida; y es que las repercusiones de este sistema no solo las sienten las personas
más vulnerables de la sociedad (como los capitalistas lo pintan), sino que es una realidad que afecta a todos. ¿Y qué nos queda a los jóvenes con este incierto panorama?, el capitalismo se ensaña en contra nuestra: no brindan oportunidades para que el recién graduado de bachillerato o universidad adquiera experiencia y, sin embargo, le exigen este requisito para su contratación y no existen adecuados empalmes para poder ingresar y permanecer en los puestos de trabajo; según el Dane, el desempleo juvenil terminó el año 2014 con una tasa de 15,6%; cifra que muestra las dificultades que el sistema tiene para emplear a los jóvenes, y las cuales siguen siendo más graves para las mujeres, pues entre las cifras de desempleo juvenil existe una brecha entre género: el desempleo en mujeres va en 19% respecto a la cifra en hombres que llega al 10%. (Dane, 2014). El neoliberalismo empeora la situación cada vez más, busca que los jóvenes se formen poco para que desarrollen labores sencillas, sin que crezcan en el conocimiento y empoderamiento del oficio o profesión que desarrollan. El sistema necesita autómatas y para eso usa a los jóvenes, quiere fuerza de trabajo mal remunerada, maleable y consumista que engorde sus bolsillos. Todo esto con el visto bueno de los gobiernos que incentivan el desarrollo de carreras de corta duración y que permiten adrede el crecimiento de la informalidad en todas sus expresiones, mientras a nosotros nos muestran cifras ideales de resultados no palpables, lejanos a la realidad, a la del chico que vende dulces en una chaza, por
ejemplo, a la de la joven que cose en un satélite sin prestaciones sociales, a la del profesional contratado por OPS, a la del jornalero de 20 años que carga plátanos en un puerto. Quiero llamar la atención de los jóvenes para que seamos conscientes de la realidad que nos toca, que la informalidad laboral, el desempleo y la precariedad económica son temas de todos y no debemos
acostumbrarnos a estas sino concebirlas como injusticias contra las que hay que pelear, y legitimar las luchas sociales que se han ganado sobre el derecho al trabajo. Somos llamados a transformar la realidad, a defender nuestros derechos y, formarnos como seres políticos dispuestos a crear un mejor mañana. Gran reto nos deja Mao Tse-tung: “vivir no consiste en respirar sino en obrar”.
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educación
2015, un año de arduas luchas soportadas en la unidad del magisterio María Cristina Orozco Lugo Secretaria de asuntos pedagógicos, Adec profecrisgirardot@gmail.com
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ndudablemente este 2015 será un año atravesado por arduas y significativas batallas que exigen la unidad como condición fundamental y único garante para las justas reclamaciones del magisterio colombiano. Hoy el mundo atraviesa una profunda crisis generada por el modelo neoliberal del que Colombia no escapa con un pasado y un presente de gobiernos arrodillados a las condiciones del capital extranjero en cabeza de las multinacionales, los TLC y con las nefastas recomendaciones de la Ocde. “Colombia hoy tiene una deuda externa de cien mil millones de dólares con una economía rentista que vive para pagar al capital extranjero, con empleo de pésima calidad y un sector minero energético que no ocupa sino al 1% de la PEA. El endeudamiento de las familias está creciendo y va llegar el momento en que no puedan pagar la deuda. Tenemos un panorama macroeconómico incierto y un gobierno que no tiene cómo financiar todas las obligaciones, lo que avizora una crisis que implica un cambio en la política económica”1. Dentro de ese panorama la educación pública se ve cada día más amenazada por la política privatizadora, pérdida de derechos para los educadores y adecuación a los intereses del capital, con una educación pobre para los más pobres que produzca mano de obra barata y poco calificada. Se evidencia lo anterior en la entrega de colegios en concesión al sector privado, colegios en convenio, jornada única demagógica sin los recursos que la garanticen como la necesitan y merecen nuestros niños, niñas y jóvenes. Sumado a lo anterior, una evaluación de competencias que niega el derecho a ascender a los 1278 y ha permitido el estancamiento de los maestros 2277, sin reconocimiento alguno por estudios ni experiencia laboral. La autonomía y libertad de cátedra estipuladas en la Ley 115 de 1994 son violadas con la imposición de un currículo único materializado a través de programas como “Todos a aprender”. Desde hace 20 años, pese a lo estipulado en la Ley 115, se incumple la promesa a los niños y niñas, al negarles los tres grados del preescolar. Lamentablemente los colegios se miran como empresas y a sus rectores se les exige como gerentes. Ante la derrota de la evaluación de competencias, se exige un modelo o sistema
de ascenso y reubicación salarial para los 1278 y los recursos necesarios para la educación pública, elevando el porcentaje del PIB a 7,5% recuperando la fórmula del antiguo situado fiscal, la nivelación y el salario profesional. No puede dejarse de lado la importancia de lograr un nuevo Estatuto Docente que dignifique la profesión, garantice la estabilidad y el bienestar de las y los educadores. Con todo lo anterior se requiere avanzar en el fortalecimiento del movimiento pedagógico, afianzar el Pepa como propuesta en construcción y hacer de la revista Educación y Cultura una lectura fundamental. Adicional, se avizora el postconflicto que requiere de una escuela preparada para asumirlo.
En lo regional El magisterio colombiano ha logrado desde septiembre de 2013 y mayo de 2014 importantes conquistas y compromisos con el gobierno nacional como producto de la unidad y la lucha. En el departamento de Cundinamarca se materializó, mediante la Resolución 009422 del 19 de diciembre de 2014, el pago del 20% establecido en la Ordenanza 13 de 1947, para los maestros y maestras que cumplan los requisitos del art. 5 de dicha ordenanza. Es claro que quienes fueron vinculados por el Decreto 1278, tienen la expectativa de adquirir este derecho, cuando cumplan los requisitos, siempre y cuando la Ordenanza 13 de 1947 esté vigente. Son más de diez años de lucha, que se consolidan, gracias a la persistencia de esta Junta Directiva de Adec. Este reconocimiento en Cundinamarca no puede hacernos perder de vista los problemas que se viven en unos municipios con mayor fuerza que en otros: hacinamiento, irrespeto a la autonomía escolar; hacen faltan maestros, por ejemplo, en el colegio departamental del municipio de Nariño; la
mayoría de los restaurantes escolares no tienen la infraestructura requerida para atender cómodamente a sus estudiantes; como si eso fuera poco, en algunas IE las baterías de baños son insuficientes o deben ser compartidas entre estudiantes de primaria y secundaria. La imposición vertical de la jornada única, sin tener las condiciones para tener más tiempo a los estudiantes en las IE no solo atropella la autonomía escolar y la realidad de los contextos de las escuelas sino que pretende sabotear el derecho a un salario digno por parte del magisterio a partir de oferta de horas extras y becas que amplían la brecha de inequidad y exclusión entre los que se someten y los que no. Lo mismo que sucede al asignar maestros nativos de lengua inglés para unas pocas instituciones. La jornada única contemplada desde hace 20 años en el Artículo 85 de la Ley General de Educación la comparte Fecode y Adec, siempre y cuando se garantice refrigerio, almuerzo y transporte, así como aulas y espacios pedagógicos que no permitan el hacinamiento escolar; así como el salario profesional al magisterio. Una verdadera jornada única, además, implica una propuesta pedagógica y curricular que incluya las artes y el deporte en la búsqueda de la excelencia educativa a partir de la integralidad y que respete la autonomía escolar para evitar las imposiciones verticales o caprichosas, que tanto mal le hacen a la convivencia escolar. En lo personal, reitero que es más prioritario fortalecer la base, saldando esa vieja deuda con nuestros niños y niñas, como es el preescolar de tres grados en las IE oficiales del país. Desde Adec invito al magisterio de Cundinamarca a continuar unido entorno a su orga-
nización sindical y despreciar toda intención de quebrar la unidad del magisterio por parte del modelo neoliberal y sus representantes en el gobierno; participar activamente en el Ceid Cundinamarca y alzar nuestra voz ante todo intento privatizador que amenace el derecho fundamental a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Democracia escolar No podría dejar de recordar que por estas fechas, en cada una de las IE se vivencian los procesos democráticos, a partir de las elecciones de los representantes de los maestros, de los padres de familia, de los estudiantes, exalumnos y sector productivo para participar de manera colegiada en la dirección de los establecimientos educativos, como lo estableció el art 68 de la CP, la Ley 115 de 1994 y su Decreto reglamentario 1860 del mismo año. Por ello, y como lo hago cada año reitero la importancia de participar activamente en este importante espacio, para no tener que lamentar que otros y otras decidan lo que debe ser producto de los consensos surgidos a partir de los debates pedagógicos que hay que dar de frente en las IE, como parte de la vida política de las mismas. La pedagogía es una acción política que nadie debe esquivar. Sacarle el cuerpo es permitir que otros decidan por lo que es responsabilidad nuestra. Por ello, cada vez que nos intentan imponer alguna decisión arbitraria hay que recordar que en las IE todo pasa por el gobierno escolar y allí tenemos amplia participación los maestros, padres de familia, estudiantes, exalumnos y directivos docentes. Nota 1 César Giraldo. Economista Universidad Nacional.
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Magisterio colombiano se lanza a nueva lucha por su pliego de peticiones Jorge Enrique Laverde Herrera Director Dpto. de Educación CUT Bogotá Cundinamarca
El pasado 3 de febrero la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, se reunió y aprobó por mayoría el pliego de peticiones a radicar el 26 de febrero, en jornada conjunta con los demás trabajadores del Estado que radicarán sus respectivos pliegos. El pliego se puede resumir en los siguientes puntos: 1. Nivelación salarial: Hacer efectivo el proceso de nivelación salarial, no define el monto, pero se negoció con Santos antes de su reelección presidencial y en las discusiones se planteó que según estudios diversos el magisterio tenía un desfase entre un 18% y un 22% respecto a otros profesionales con el mismo nivel de formación, este debe darse durante el presente cuatrenio. 2. Carrera docente: Consensuar el nuevo modelo o sistema de ascensos y nivel salarial de los docentes del Decreto 1278/02 y establecer estímulo económico a los docentes del grado 14 del Decreto 2277/79 que tengan maestrías y doctorados teniendo en cuenta el tiempo de servicio. 3. Política educativa: Jornada Única de acuerdo a la Ley 115/94 garantizando infraestructura, salario profesional a los docentes, dotaciones, disminución del número de estudiantes por grupo y por docente, aumento de la planta docente, alimentación y transporte escolar (mal redactado en el pliego); incremento del presupuesto para educación hasta el 7,5% del PIB (también mal redactado en el pliego) y respeto a la planta docente sin tercerización. 4. Salud digna: Un servicio de salud que desarrolle e implemente el Pliego de Condiciones contratado y que en el futuro este garantice un servicio de calidad. 5. Bienestar: Recursos para la sede de Fecode; continuidad en la realización de los juegos nacionales del magisterio y los encuentros folclóricos y culturales; garantías sindicales. 6. Cumplimiento de los acuerdos en cuanto: a. Aspetos laborales docentes: Continuidad de la Comisión Tripartita para acordar proyecto Estatuto Único de la Profesión Docente a presentar al Congreso de la República, becas a docentes para realizar postgrados y cursos de actualización, suspensión proceso de privatización de la educación. b. P rotección derechos humanos y vida de educadores, respeto al régi-
men de salud y cumplimiento pliego de condiciones contratado: difusión y pedagogía del decreto 1782/13 sobre traslados por inseguridad, seguimiento y control a contratos de salud, funcionamiento veedurías de salud, auditorías médicas, planes de mejoramiento. c. Reivindicaciones laborales y salariales: Pago de todas las deudas por conceptos salariales, 5,05% de aumento del 2002 a docentes del 1278/02, salario a docentes provisionales iguales a los de propiedad, pago sanción por mora en el pago de cesantías. d. Funcionamiento y fortalecimiento en correspondencia con la ley del Fomag: Respeto régimen pensional docente y administración responsable del fondo. Además, se adicionan tres anexos: de los cuales destamos algunos aspectos: Solicitudes al cumplimiento de la ley: reconocimiento y pago mesada pensional de junio establecida en la Ley 91/89 para los docentes pensionados: nacionales y los que se vincularon a partir del 1º de enero de 1981, pago prima de navidad en forma proporcional al tiempo trabajado en el año, conformación de las juntas de educación en todo el país. Solicitudes de prestaciones económicas reconocidas en procesos jurídicos al sector docente: reconocimiento pensión postmorten a beneficiarios de docentes fallecidos sin importar el tiempo cotizado, devolución y suspensión descuentos de salud en mesadas pensionales adicionales de junio y diciembre, pago de cesantías retroactivas a docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1996, reconocimiento de todos los factores salariales a pensionados entre el 2003 y 2007 y docentes nacionales.
Solicitudes de iniciativa legislativa de orden gubernamental: modificar tasa de interés a las cesantías anualizadas a un mínimo del 12% de la tasa de captación del sistema bancario al finalizar cada año, reajuste anual de las pensiones igual al porcentaje de aumento del salario mínimo o del salario de los docentes si es superior. Como puede verse, es un pliego bien ambicioso y difícil de negociar, por lo tanto requiere de la lucha más fuerte de los maestros, de la disposición a la movilización permanente durante los cerca de dos meses que establece el decreto 160/13 como periodo de negociación; inclusive, si es necesario, tendremos que salir al paro, no sólo de uno, dos o tres días sino indefinido, sin importar los riesgos que se corran en materia de sanciones, a eso nos somete la legalidad colombiana que niega el derecho a la huelga y la protesta de los trabajadores. De lo fuerte que sea la lucha dependerán los logros alcanzados y aún, con una lucha fuerte sabemos que estos gobiernos no quieren reconocer las justas peticiones nuestras y los alcances son inciertos. Debemos exigir a la dirección de Fecode que la negociación se haga de cara a los maestros, informando permanente-
mente sobre la negociación, convocando cuando sea necesario a la movilización y consultando con los organismos de participación y decisión sindicales definidos en sus estatutos todo lo que respecta a la negociación y la lucha. Los maestros tenemos que ser concientes que la lucha de los trabajadores en un régimen como el que se tiene en Colombia no es fácil, sus alcances son complicados y para arrancar alguna reivindicación se requiere de una disposición de todos los afiliados a la organización sindical a acompañar a sus dirigentes, está demostrado que si no es con la protesta, con el paro y la movilización no se obtiene ninguna reivindicación, los dirigentes sólos no obtienen algo en beneficio de los trabajadores. Además, se requiere informar y concientizar a los estudiantes de la justeza de nuestras peticiones y de la necesidad de acompañar esta lucha en beneficio de la mejor educación para el pueblo. Igualmente, requerimos de la unidad de todos los trabajadores del Estado y la movilización conjunta para fortalecer la lucha por nuestros derechos. La solidaridad es un principio de clase que debemos ejercer.
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Banco Mundial admite que Cuba tiene el mejor sistema educativo de América Latina
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LibreRed
l Banco Mundial acaba de publicar un informe revelador sobre la problemática de la educación en América Latina y el Caribe. Titulado Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, el estudio analiza los sistemas educativos públicos de los países del continente y los principales retos a los que se enfrentan. Según el Banco Mundial, “ningún sistema escolar latinoamericano, con la posible excepción del de Cuba”, tiene parámetros mundiales. En América Latina, los profesores de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) constituyen un capital humano de 7 millones de personas, o sea el 4 % de la población activa de la región, y más del 20% de los trabajadores técnicos y profesionales. Sus salarios absorben el 4 % del PIB del continente y sus condiciones de trabajo varían de una región a otra, incluso dentro de las fronteras nacionales. Los profesores, mal remunerados, son en su mayoría mujeres –un promedio del 75%– y pertenecen a las capas sociales modestas. Además, el cuerpo docente supera los 40 años de edad y se considera que está “envejecido”.
El Banco Mundial señala que: (...) en la actualidad, ningún sistema escolar latinoamericano, con la posible excepción del de Cuba, está cerca de mostrar los parámetros elevados, el fuerte talento académico, las remuneraciones altas o al menos adecuadas y la elevada autonomía profesional que caracterizan a los sistemas educativos más eficaces del mundo, como los de Finlandia, Singapur, Shanghái (China), República de Corea, Suiza, Países Bajos y Canadá.
El Banco Mundial recuerda que todos los gobiernos del planeta escrutan con atención “la calidad y el desempeño de los profesores”, a la hora en que los objetivos de los sistemas educativos se adaptan a las nuevas realidades. Ahora, el eje se coloca en la adquisición de competencias y no solo en la simple acumulación de conocimientos.
En efecto, solo Cuba, donde la educación ha sido la principal prioridad desde 1959, dispone de un sistema educativo eficiente y de profesores de alto nivel. El país antillano no tiene nada que envidiar a las naciones más desarrolladas. La isla del Caribe es además la nación del mundo que dedica la parte más elevada a la educación con un 13% del presupuesto nacional.
Las conclusiones del informe son implacables. El Banco Mundial enfatiza “la baja calidad promedio de los profesores de América Latina y el Caribe”, lo que constituye el principal obstáculo al avance de la educación en el continente. Los contenidos académicos son inadecuados y las prácticas ineficientes.
No es la primera vez que el Banco mundial elogia el sistema educativo de Cuba. En un informe anterior, la organización recordaba la excelencia del sistema social de la Isla:
Poco y mal formados, los profesores consagran apenas el 65% del tiempo de clase a la instrucción, “lo que equivale a perder un día completo de instrucción por semana”. Por otra parte, el material didáctico disponible sigue siendo poco utilizado, particularmente las nuevas tecnologías de información y comunicación. Además, los profesores no logran imponer su autoridad, mantener la atención de los alumnos y suscitar la participación. Según la institución financiera internacional, “ningún cuerpo docente de la región puede considerarse de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales”, con la notable excepción de Cuba.
Cuba es internacionalmente reconocida por sus éxitos en los campos de la educación y la salud, con un servicio social que supera el de la mayor parte de los países en vías de desarrollo y en ciertos sectores se compara al de los países desarrollados. Desde la Revolución Cubana en 1959 y el subsecuente establecimiento de un Gobierno comunista con partido único, el país ha creado un sistema de servicios sociales que garantiza el acceso universal a la educación y a la salud, proporcionado por el Estado. Este modelo ha permitido a Cuba alcanzar la alfabetización universal, erradicar ciertas enfermedades, acceso general al agua potable y salubridad pública de base, una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la región y una de las más largas esperanzas de vida. Una revisión de los indicadores sociales de Cuba revela un mejoramiento casi continuo de 1960 hasta 1980. Varios indicadores principales, como la esperanza de vida y la tasa de mortalidad
infantil, siguieron mejorando durante la crisis económica del país en los años 90 [...]. En la actualidad la prestación social de Cuba es una de las mejores del mundo en vías de desarrollo, como documentan numerosas fuentes internacionales, incluidas la Organi zación Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de la ONU, y el Banco Mundial. (...) Cuba supera ampliamente a la vez a América Latina y el Caribe y a otros países con ingreso intermedio en los indicadores principales: educación, salud y salubridad pública.
El Banco Mundial recuerda que la elaboración de buenos sistemas educativos es vital para el porvenir de América Latina y el Caribe. Subraya también el ejemplo de Cuba, que ha alcanzado la excelencia en
este campo y es el único país del continente que dispone de un cuerpo docente de alta calidad. Estos resultados se explican por la voluntad política de la dirección del país caribeño de ubicar a la juventud en el centro del proyecto de sociedad, dedicando los recursos necesarios a la adquisición de saberes y competencias. A pesar de los recursos limitados de una nación del Tercer Mundo y el estado de sitio económico que le impone Estados Unidos desde hace más de medio siglo, Cuba, basándose en el adagio de José Martí, su Apóstol y Héroe Nacional, “ser culto para ser libre”, demuestra que una educación de calidad está al alcance de todas las naciones.
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Breves jurídicas Carlos Arturo Rico Godoy Compilador Director Depto. de Asuntos jurídicos CUT Bogotá Cundinamarca
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n este número, estamos dando a conocer nuevas sentencias emitidas por la Corte Constitucional en temas referentes a la cotidianidad de las y los trabajadores y de los ciudadanos en general. Espero, que estas síntesis que son tomadas del periódico Ámbito Jurídico, sirvan para informar y actualizar conceptos jurídicos, que le pueden ayudar a las y los trabajadores en eventuales derechos de petición y demandas.
Prorrogan nuevamente ley de orden público A través de la Ley 1738 del 2014, el Congreso prorrogó, durante otros cuatro años, la vigencia de la Ley de Orden Público (L 418/97), modificada por las leyes 548 de 1999, 782 del 2002, 1106 del 2006 y 1421 del 2010. Cabe recordar que dicha normativa regula las facultades del Gobierno para negociar acuerdos de paz, la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, la concesión del indulto y la protección de testigos y personas amenazadas. Además, consagra herramientas tendientes a lograr el fortalecimiento institucional en áreas como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en el nivel territorial. Quienes participen en acercamientos, diálogos, negociaciones o en la celebración de acuerdos de paz no incurrirán en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención.
Inaplican requisito de la Ley 100 para trasladar aportes pensionales Exigir la existencia del contrato de trabajo al momento de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, como lo establecen el literal c) del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 797 del 2003 para efectos de acumulación del tiempo de servicio, viola los derechos adquiridos del trabajador, la efectividad de las cotizaciones, los periodos trabajados y la seguridad social en los ingresos pensionales. Así lo sostuvo la sala novena de Revisión de la Corte Constitucional, en la sentencia T-410 del 2014, al advertir que los jueces, en cada caso, deben aplicar la excepción de inconstitucionalidad de ese requisito y ordenarle al empleador trasladar al régimen
de pensiones del trabajador el valor del cálculo actuarial correspondiente al tiempo de servicios prestados. Con esta postura, el alto tribunal abandonó la tesis sostenida en la Sentencia T-814 del 2011 (C. Const. Sent. T-410, junio, 26/14).
Ordenan pago de pensión provisional a empleada doméstica El poder de disposición de los particulares en materia laboral es bastante restringido, y frente al trabajo doméstico, por sus especiales características y la situación de vulnerabilidad de quienes lo ejecutan, demanda la protección del Estado, a fin de que sea reconocido legal y socialmente como una actividad laboral merecedora de los derechos respectivos. Así lo sostuvo la Corte Constitucional en un fallo publicado recientemente, en el que ordenó el pago de la pensión sanción en favor de una trabajadora doméstica, que, después de 34 años de labores y 75 de edad, fue despedida sin justa causa por sus empleadores. De acuerdo con el pronunciamiento, en el caso analizado se demostró que el empleador incumplió con el deber de pagar las cotizaciones de su trabajador en el sistema, y que la trabajadora reunió los requisitos de tiempo y edad para acceder a la prestación, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 133 de la Ley 100 de 1993. Por eso, aunque el empleador haya intentado desvirtuar la existencia del vínculo laboral aduciendo que lo concurrido entre las partes era una relación de colaboración familiar, la Corte sustentó el amparo transitorio de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y la especial protección a las personas de la tercera edad.
De esta manera, advirtió que no le es atribuible al empleado y, menos aún, puede derivarse contra este, una consecuencia negativa por el incumplimiento del patrono en hacer oportunamente el pago de la porción de los aportes que por ley le corresponden (C. Const., Sent. T-782, oct.20/14, M.P. Jorge Ignacio Pretelt).
Regla especial para pensión de invalidez aplica a todos los jóvenes La Corte Constitucional, en la Sentencia C-020 del pasado 21 de enero, declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 860 del 2003, que reformó algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, en el entendido de que se aplique en cuanto sea más favorable, a toda la población joven del país. Según el comunicado en el que se divulgó la decisión, la regla especial allí contenida, que establece como condición para que los menores de 20 años accedan a la pensión de invalidez la acreditación de, al menos, 26 semanas cotizadas en el año anterior a la estructuración o reconocimiento de la misma, debe aplicarse en beneficio de todos los jóvenes. Por esa razón, el alto tribunal exhortó a los jueces a que, en cada caso, definan razonablemente, si una persona es joven, con el fin de determinar si se le aplica lo previsto en la disposición analizada, teniendo en cuenta los precedentes constitucionales sobre la materia (C. Const., comunicado Sent. C-20, ene.21/15).
Títulos académicos no justifican inaplicar principio “a trabajo igual, salario igual” Mediante la Sentencia SL-16217-14, la Corte Suprema advirtió que cuando dos trabajadores desarrollan un trabajo igual, la mayor formación académica de uno de ellos no justifica, por sí misma, una mejor retribución. Según la corporación, para determinar si hay desigualdad remunerativa,
debe analizarse si los trabajadores que se comparan son igual de eficientes, ya que este elemento no se adquiere con el solo hecho de cursar y aprobar programas de formación académica. Según el alto tribunal, dicha norma contempla tres criterios para que dos trabajadores se consideren iguales cuando también los son el cargo, la jornada y las condiciones de eficiencia de quienes los desempeñan, cuyo salario debe ser igual. (CSJ, S. laboral, sent, SL16217-14845830), nov. 26/14).
No exigir cumplimiento de normas de seguridad genera perjuicios indemnizables De acuerdo con el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el empleador está obligado a exigirles a sus trabajadores el cumplimiento de las normas de seguridad, ya que la sola capacitación y el suministro de los elementos de protección no bastan para satisfacer ese deber. Según la Corte Suprema de Justicia, en las actividades de alto riesgo, no es suficiente la simple recomendación impartida al trabajador para que se asegure, pues, para que se entiendan cumplidas las obligaciones patronales a las que alude el artículo 56 del CST, se requiere que vigile la adopción de medidas que reduzcan o eliminen el peligro. Por eso, indicó que la obligación de seguridad implica exigir el cumplimiento de las normas respectivas y, de ser el caso, prohibir o suspender la ejecución de los trabajos, mientras no se adopten medidas correctivas para no comprometer la seguridad de los operarios. Así, el alto tribunal advirtió que el empleador está obligado a responder por la indemnización plena u ordinaria cuando ha incurrido en culpa, conforme a lo reglado en el artículo 216 del CST, la cual puede configurarse por el incumplimiento al deber de exigencia antes mencionado. (CSJ, S. Laboral, Sent. SL-16102-14 (44540), nov. 5/14, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo).
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ersonalmente creía que todo estaba dicho sobre el derecho de huelga para los trabajadores petroleros, en razón a la expedición de la sentencia C-450 de 1995 que había declarado constitucional el literal h) del artículo 430 del vetusto Código Sustantivo del Trabajo, no obstante lo anterior me di a la tarea de recopilar nuevos argumentos para deshacer el argumento de la existencia de cosa juzgada constitucional. La realidad de la industria y el debate internacional sobre el derecho de huelga fueron suficientes para ello. La Corte Constitucional mediante la sentencia C-796/14 permitió el debate en el que participaron la academia, los sindicatos y empleadores del gremio y que terminó por darle la razón al Ministerio Publico quien había señalado que era necesario declarar exequible la prohibición pero exhortando al Congreso a legislar sobre la materia. No obstante lo anterior, hubo un significativo avance en materia de huelga para los trabajadores petroleros del país por varias razones a considerar: La Corte Constitucional desechó que había cosa juzgada constitucional La Corte consideró que la huelga en el sector petrolero no estaba prohibida en sentido estricto sino que estaba limitada en tanto no pusiera en peligro el “abastecimiento normal de combustibles del país”. Consideró que esa frase era muy amplia, extensa y se prestaba para limitar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores. Ordenó –por tercera vez– al Congreso legislar sobre la materia considerando los
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límites establecidos por la doctrina de la OIT y la realidad material de nuestro país Uno de los apartes más importantes de la sentencia que interpreta la norma legal demandada, y que servirá para un posible debate judicial, señala con precisión que: “lo primero que debe indicarse es que esta disposición no excluye totalmente la huelga en el sector de los hidrocarburos, sino que la permite, siempre y cuando no se comprometa el abastecimiento normal de combustibles del país, es decir, garantiza la posibilidad de que se ejerza este derecho bajo una condición material que depende del contexto concreto del suministro de hidrocarburos en el país”. Lo que lleva a decir que cualquier huelga en el sector petrolero que no amenace el suministro de combustibles del país está permitida y puede ejercerse. Ahora solo resta buscar que algún congresista interesado en estas causas laborales y sociales asuma la iniciativa.
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Intervención de Luis Alejandro Pedraza Becerra, presidente de la CUT con motivo de la jornada mundial “La Huelga no se toca”, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez
Jornada mundial: La huelga no se toca
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a Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y nuestro equipo jurídico les da la bienvenida al conversatorio “Crisis del derecho de huelga en la OIT”, realizado con ocasión de la celebración del Día Mundial en Defensa del Derecho de Huelga, declarado por la Confederación Sindical Internacional, CSI, que representa a más de 176.050.000 trabajadores y trabajadoras del mundo, agremiados en 328 grandes organizaciones sindicales en más de 162 países. Corría el año de 1957 y los empresarios colombianos estaban enfrentados al gobierno militar de la época y realizaron una huelga empresarial incluso pagando los salarios de sus trabajadores para garantizar que no fueran a trabajar. Incluso, los empresarios actuaron en coordinación con los estudiantes que protestaban por los asesinatos de líderes estudiantiles que había causado el gobierno y estos hechos precipitaron la caída del gobierno militar, después del gobierno interino de la junta militar dando origen al Frente Nacional. Cabe destacar este hecho frente al actual debate que ocurre en el seno de la OIT, en el cual los empleadores han asumido una posición intransigente, que conduce a desconocer el derecho de huelga que históricamente han ejercido los trabajadores; y llama la atención que cuando ha sido necesario recurrir a la huelga por parte de los empleadores, para obtener fines políticos como en el caso mencionado, lo han utilizado para cambiar el régimen político. Un evento similar podría traerse a colación, se trata del paro del gremio de camioneros en Chile en 1973, que condujo a un severo desabastecimiento que ambientó el golpe militar del general Pinochet contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, el 11 de septiembre. Revelaciones posteriores del senador Edward Kennedy en el Congreso de Estados Unidos, demostraron que dicha huelga fue financiada por las empresas multinacionales que habían sido expropiadas por el gobierno popular, tras demostrar que el monto de impuestos evadidos por dichas empresas era superior al valor de las mismas. Habría otros casos en la historia para demostrar que la huelga ha sido un recurso utilizado por los empresarios, cuando de obtener los resultados políticos se ha tratado; y resulta, entonces, contradictorio la resistencia que por varios años los empleadores vienen haciendo al derecho de huelga, que históricamente han ejercido los trabajadores.
Mickey Mouse tiene más derechos que un trabajador Con el actual proceso de globalización, las imágenes y símbolos de la sociedad capitalista se han patentado, de modo que
nadie puede usar software sin pagar por él, cuando dicho instrumento tan indispensable debería ser de dominio público. Por ello, no es una metáfora sin sentido el afirmar que la imagen de Mickey Mouse, símbolo del capitalismo norteamericano, tiene más derechos que un trabajador migrante, mientras que en cualquier parte del mundo, los dueños de la marca de Disney podrán demandar y verán protegidos sus intereses. Pero un trabajador que intente trasladarse de un país a otro, estará desprotegido de sus derechos, podrá ser víctima de abusos e incluso el no pago de sus honorarios o trabajar sin la adecuada protección social. En dicho marco de libre flujo de mercancías y capitales, de protección a las patentes y a los servicios económicos, los trabajadores se verán enfrentados a un proceso en el cual ni siquiera se les reconocen los derechos históricamente conquistados, sino que existe una ofensiva internacional para reversar dichos derechos y retornar a formas de trabajo abusivas como las que conocimos en los orígenes del capitalismo salvaje. Como ha expresado la Comisión de Expertos de la OIT, en su estudio general de 2012, en lo referido al derecho de huelga, sostuvo que “es sobre la base esencialmente del artículo 3 del Convenio que consagra el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y a formular sus programas de acción, y en el artículo 10 donde se indica que el objetivo de estas organizaciones es fomentar y defender los intereses de los trabajadores, que se desarrollaron progresivamente cierto número de principios relacionados con el derecho de huelga, por parte del Comité de Libertad Sindical (desde 1952) en su calidad de órgano tripartito especializado y por la Comisión de Expertos (desde 1959) considerando fundamentalmente los principios formulados por el Comité de Libertad Sindical.
Resulta incomprensible que tras medio siglo de funcionamiento de instancias de la OIT como el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos sobre la aplicación de normas, los empleadores prefieran descubrir ahora, que el derecho de huelga no está consagrado en el Convenio 87 de la OIT, sino que pretenden negar la competencia de la Comisión de Expertos para interpretar los convenios de la OIT.
haciendo que la empresa despidiera 350 trabajadores.
En todo este debate, los expertos conocedores de la materia coinciden en reconocer que la afirmación del Convenio al derecho de los sindicatos a organizar sus actividades en defensa de los afiliados, (artículo 3 del Convenio) le permite concluir a dicha Comisión de Expertos que “la prohibición general de la huelga, limita considerablemente los medios de los que disponen los sindicatos para formular y defender los intereses de los afiliados y, por consiguiente, dicha negativa a reconocer el derecho de huelga es incompatible con la libertad sindical”.
La lucha de los trabajadores contra estas prácticas condujo a la modificación de la norma para establecer que la declaratoria de ilegalidad de una huelga puede hacerse por parte de un juez, después de concluido el proceso legal y no por vía administrativa por el Ministerio de Trabajo.
Marco internacional de derechos Aunque los empleadores pretenden ahora negar que el derecho de huelga esté consagrado en los Convenios de OIT, el conjunto de acuerdos internacionales que se han proclamado recientemente, reconoce dicho derecho. ••
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Impactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales establecen en el artículo 8, numeral b “el derecho de huelga ejercido de conformidad por las leyes de cada país”. La carta social europea que reconoce dicho derecho y La declaración sobre empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo –Ocde– también reconoce dicho derecho.
Por otra parte, en todos los estados democráticos dicho derecho de huelga está consagrado en la Constitución, las leyes y los códigos de trabajo. Resulta evidente que en el marco internacional de derechos se reconoce la huelga con la posibilidad de ser ejercida por los trabajadores sin que por ello puedan sufrir retaliación como la pérdida del salario y, mucho menos, la pérdida del empleo.
La experiencia colombiana Hace casi un siglo los trabajadores bananeros tuvieron que ir a la huelga contra la United Fruit Company para demandar reivindicaciones tan elementales como el pago de su salario en dinero circulante y no en fichas amarradas a compra de bienes en las tiendas de la compañía con precios reducidos. El gobierno conservador que oprimió la huelga y ordenó a los militares disparar sobre la multitud causando centenares de muertos en la plaza principal de Ciénaga. Y hace casi una década el gobierno del presidente Uribe, declaró ilegal una huelga de los trabajadores de la USO en Ecopetrol,
Los trabajadores presentaron su queja, entonces, ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el cual reconoció que dicha huelga no había sido ilegal, y por ende, era ilegal el despido de los trabajadores. En lugar de reintegrar a los despedidos, siguiendo dicha recomendación; el gobierno del presidente Uribe, mantuvo los despidos.
Uno de los argumentos que más fuerte se esgrimen para negar el derecho de huelga es la tesis de que hay servicios públicos que no pueden detenerse porque afectan la gobernabilidad del Estado, o los servicios básicos a la población; y por ello el Comité de Libertad Sindical de la OIT “ha observado que el derecho de huelga solo puede restringirse o prohibirse en la función pública. El gobierno de Colombia se ha negado a impulsar una legislación que establezca cuales actividades deben ser consideradas como esenciales para la población; tratando con dicha actitud de poner en tela de juicio el derecho de huelga en toda actividad. Los trabajadores colombianos y la CUT, en particular, no renunciaremos a la defensa de derechos cuya conquista ha costado la sangre a muchos trabajadores colombianos. Reconocemos responsablemente que el Estado debe asegurar la gobernabilidad y por ello las fuerzas de seguridad, la defensa del país, deben estar garantizadas siempre; de la misma forma que reconocemos que la ciudadanía debe tener la garantía de que no se suspenda la prestación de los servicios de los que dependen la vida de las personas. Pero lo que no puede afectarse es que por indefinición por parte del gobierno o por la estrechez de miras de los empleadores, se pretenda desconocer un derecho que después de tantos años de lucha constituye un patrimonio democrático de la sociedad. En el marco de la libertad sindical, la huelga como vía de hecho convertida en derecho, es la garantía de los objetivos a los que sirve, la huelga es al movimiento social lo que el derecho de expresión es al ser humano... Y si hemos visto cómo se alza la voz del mundo ante los atentados contra la libertad de expresión, debemos ser también críticos ante las amenazas que se ciernen sobre el derecho de huelga. ¡Muchas gracias! Bogotá, 18 de febrero de 2015 Luis Alejandro Pedraza Becerra Presidente nacional
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sindical
Nº 125, febrero de 2015
Qué queda para la huelga: ¿prohibirla, eliminarla, ajustarla, ampliarla? Agencia de Información Laboral
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Escuela Nacional Sindical Documento para el debate1
esde 2012, en el marco de las reuniones de la OIT, se inició un gran debate sobre la existencia o no de un derecho de huelga; debate que en Colombia tiene otros matices, ya que la Constitución Política reconoce tal derecho. La pregunta es más bien por el marco de su extensión o alcance. Ambas discusiones tienen diferentes escenarios pero una misma repercusión. ¿Cómo poder ejercer el derecho de la huelga? El debate es largo y de mucho peso, y por tanto requiere de suma atención por parte de las autoridades nacionales y todas las organizaciones sindicales. El debate se inició con la elección de Guy Rider (Candidato de la Confederación Sindical Internacional) como nuevo director general de la OIT, buscando hacer efectivo el trabajo decente como su bandera principal. La propuesta del candidato Francés que quedó en segundo lugar, se basaba en darle un giro a la organización para que prestara una asesoría más técnica, no un fuerte control de normas. La de Rider no fue una elección de consenso, fue una elección de la mayoría que venció al candidato de los empleadores. La reacción de estos no se hizo esperar. Desde ese mismo año boicotearon el trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas (que a la fecha no ha logrado llegar a consensos sobre las decisiones a tomar en caso de violación de derecho de huelga, y ha bloqueado el estudio de 38 casos en los últimos 3 años); atacaron las metodologías de trabajo de la OIT en su sistema de control de normas; atacaron a la Comisión de Expertos independientes de la OIT, su doctrina, decisiones y el roll que tienen en la organización; y desde entonces han ignorado la violación de libertades sindicales en más de 20 países. La posición de los empleadores hoy es que en OIT no hay derecho de huelga, sino que este existe en las legislaciones de los países, con las limitaciones que a bien tenga imponer cada país2. Desde el debate normativo, el ataque de los empleadores se resume en la inexistencia de la palabra huelga dentro del Convenio 87 sobre libertad sindical, y la interpretación, para ellos desbordada, que los órganos de control de normas han realizado. Desde un punto de vista político es un ataque a la OIT, a su director, a gobiernos y trabajadores del mundo.
La OIT, a través de sus órganos de control de normas, durante los últimos 50 años ha tomado decisiones en consenso sobre el derecho de los trabajadores de convocar y participar en las huelgas. El texto de la Central Sindical Internacional “The right to strike and the ILO the legal foundations”3 (2014), es una compilación de decisiones que la Comisión de Expertos, el Comité Tripartito de Libertad Sindical, y la Organización de la OIT han tomado desde su constitución. En el Comité de Libertad Sindical los empleadores, trabajadores y gobiernos han defendido la existencia del derecho de huelga en aproximadamente 500 casos desde 1951. En el 333er informe, caso núm. 2204, párrafo 228, lo consensuó afirmando: Las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical sólo cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales legítimas cubiertas por el artículo 3 del Convenio núm. 87.
Y en el 311º informe, caso núm. 1954, párrafo 405, se lee: “El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87”. De igual forma en el caso 102 contra el gobierno de Sudáfrica el comité protegió el derecho de huelga (sin que existieran los convenios de libertad sindical) de la interpretación directa de la Constitución de la OIT, toda vez que para lograr la justicia social consagrada por la OIT en su constitución, hay un vínculo inherente entre la libertad de asociación y el derecho de huelga. Es imposible borrar la historia de la OIT con un arrebato, pero los empleadores se han esmerado en bloquear el trabajo en la OIT. Al respecto Luc Cortebeeck, quien ha estado al frente de la vocería de los trabajadores en este debate, dice: Lamentamos que no se haya tomado una decisión definitiva acerca del reconocimiento del derecho de huelga de acuerdo con el Convenio núm., 87. Esperamos que en febrero o marzo se encuentre una solución. Seamos lógicos: o se reconoce que el derecho de huelga deriva del Convenio núm. 87, o habrá que remitir la disputa a la Corte Internacional de Justicia.
Por su parte la Central Sindical Internacional (CSI) está firme. Sharan Burrow, su Secretaria General, afirma: Los argumentos de los empleadores en la OIT son legalmente infundados. Yo estoy confiada en que la argumentación de la CSI de nuestro reporte prevalecerán ante cualquier tribunal internacional4.
¿Cómo está el debate en Colombia? Desde hace muchos años los expertos y el Comité de Libertad Sindical han expresado al gobierno colombiano su preocupación por las graves prohibiciones normativas respecto al derecho de huelga. Porque son múltiples las limitaciones a este ejercicio. Encontramos ocho, a saber: •• ••
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Se limita la huelga a federaciones y confederaciones. Se prohíbe la huelga en empresas o servicios públicos que no son esenciales en sentido estricto. No existe servicio mínimo para garantizar la huelga en servicios públicos esenciales en sentido estricto. Está prohibida la huelga en modalidades diferentes al cierre total de la empresa. No se pueden hacer huelgas locales, parciales, entre otras. Se permitir el despido de trabajadores que han participado en huelgas ilegales, sin necesidad de un juicio justo. Se imponen mayorías absolutas para celebrar huelgas, incluso en empresas con gran cantidad de trabajadores o distribuidas por todo el país. Se permite que un Tribunal de Arbitramento pueda obligar a terminar una huelga antes de la solución del conflicto colectivo. Se permite que autoridades administrativas hagan injerencia indebida para que los trabajadores no sindicalizados levanten la huelga por votación.
La más reciente violación se dio a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Anthoc, que declaró ilegal la huelga efectuada en los hospitales pese a que esta organización sindical garantizó la prestación de servicios mínimos. Según el
concepto de los jueces, la ilegalidad se derivó de “poner en riesgo” los derechos de los pacientes. Es decir, generó una prohibición absoluta al ejercicio de la huelga que puede contaminar los demás servicios públicos. Ante tantas prohibiciones, ¿por qué las autoridades han permitido estos límites? Si no tomamos en cuenta los intereses económicos y políticos de los empleadores o gobiernos, la respuesta parece ser fácil. Porque nos han hecho creer que la huelga es un mecanismo de presión para mejorar salarios, y no un derecho. Autores como Perdomo (2015), o Sánchez (2008), han afirmado que el error radica en concebir la huelga solo como una etapa de la negociación colectiva. Entendida así la huelga tendría que limitarse por intereses superiores, como la vida, la salud, la seguridad; o por intereses no superiores, como la educación, la economía o la prestación del servicio. Pero si entendemos que la huelga no es un mecanismo de presión, sino un derecho para defender derechos laborales, la línea de los límites es diferente. La huelga es un derecho para garantizar el salario móvil, el cumplimiento de las condiciones laborales, las condiciones de salud, seguridad social (Ley 584 de 2000, art. 7); o para proteger de manera solidaria (C-201/02) o ante políticas públicas que afectan directamente los derechos laborales (C-858/08). En un contexto laboral como el de Colombia, el derecho de huelga como libertad para defender derechos y condiciones laborales,
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Nº 125, febrero de 2015 ⇒ no solo es una concepción necesaria, sino una realidad inmodificable. Por efecto de una ley o por una discusión no desaparecerá el derecho de huelga. El último informe nacional de trabajo decente realizado por la Escuela Nacional Sindical muestra cómo en los últimos años ha aumentado de manera progresiva el uso de huelgas en Colombia. Durante 2013 la dinámica de la movilización sindical y laboral produjo 364 protestas laborales y sindicales, 74 más que en 2012, lo cual indica un incremento del 25,5%. Y en los últimos cinco años se rompió el récord histórico de movilizaciones que lleva la ENS. Lo cierto es que las mayorías en el Congreso de la República podrán borrar el ejercicio del derecho de la huelga, y los empleadores no deben continuar con su intento de prohibirlo o ignorarlo. Por el contrario, y desde su perspectiva, sería mucho más gravoso que no se regulara el ejercicio de la huelga. En el marco normativo latinoamericano, la mejor y más importante norma sobre huelga que define límites mínimos y máximos, es el protocolo de San Salvador, que en su artículo 8 dice: Los Estados partes garantizarán: a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses [.... Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. b) El derecho a la huelga. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que estos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.
El mandato es claro: permitir el ejercicio de la huelga en la mayor medida posible, y limitar (sin prohibir de manera absoluta el derecho humano de huelga) solo para casos predeterminados en la ley y por razones amplias y suficientes. Ajustar el derecho de huelga a los estándares internacionales es una obligación que,
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El descuadre pensional Eduardo Sarmiento
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Notas
Tomado de elespectador.com
1 Documento de análisis basado en el texto “Evolución normativa de la huelga en Colombia 2008-2015”. Escuela Nacional Sindical. 2 Ibídem. “Dos afirmaciones que no aceptaron los empleadores, que la huelga sea concebida como un derecho fundamental, o que la huelga se encuentre reconocida en el Convenio 87 de la OIT. En el mismo texto, los empleadores negaron tales afirmaciones, posiciones como: “El Grupo de los Empleadores de la Comisión de la Conferencia considera que ni los trabajos preparatorios del Convenio núm. 87 ni una interpretación basada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados proporcionan una base para elaborar, a partir del Convenio, principios que regulen detalladamente el derecho de huelga”. O “el derecho de huelga no tiene ningún fundamento jurídico en los convenios sobre libertad sindical”. Además atacaron a los expertos, al afirmar: “Los miembros empleadores reiteraron su posición en 2011 y señalaron que las observaciones de la Comisión de Expertos sobre el derecho de huelga y los servicios esenciales no eran compatibles con el texto y la historia de la preparación y negociación del Convenio núm. 87”. 3 http://www.ituc-csi.org/the-right-to-strike-andthe-ilo?lang=es. 4 http://www.ituc-csi.org/new-legal-report-rightto-strike tomado el 13 de febrero de 2015. 5 C-796 de 2014. Exhortar al congreso para que en el término de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la constitución política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado.
sudokus y crucigrama / enero 4 9 1 5 7 3 8 6 2
El informe de la OCDE, sobre la seguridad social en Colombia, revela la catástrofe creada por la Ley 100
en el marco de los derechos humanos, debe asumir el Estado. Adicional a esto, existe el mandato internacional derivado de las decisiones de los órganos de control de normas de la OIT. Y recientemente la Corte Constitucional colombiana, en sentencia C-796 de 2014, indicó que existen ámbitos de la huelga que no ponen en riesgo la vida, salud o seguridad de la población, y exhortó al Estado colombiano a legislar sobre la huelga, en sentido de garantizar el ejercicio de la huelga con el mantenimiento de servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades públicas en caso de huelga, de manera de asegurar que las necesidades básicas de los usuarios de los servicios son satisfechas5.
Soluciones
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pensiones
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H E L I C O P T E R O
l acceso a las pensiones corresponde al 2,2% de la población, el presupuesto destina más de $30 billones para mantenerlo, la cobertura del sistema, relación cotizantes-población activa asciende a 40%, muy por debajo del promedio de América Latina, y la pensión de jubilación en los sistemas privados corresponde al 20% del salario. El informe de la Ocde no explica las razones del deterioro del sistema. En parte no lo entienden porque en Europa las crisis se originan en el envejecimiento de la población por aumento creciente de los viejos. En Colombia la explicación es al revés. Los afiliados al sistema crecen mucho más rápidamente que los pensionados. La verdadera razón de la debacle fue el desmonte del sistema de prima media y la sustitución por el sistema privado. Durante muchos años el sistema pensional funcionó dentro de la modalidad de prima media. Las pensiones se cubrían con las cotizaciones de los afiliados. Lo que entraba salía de inmediato. La Ley 100 de 1993 modifico el sistema al crear los fondos privados de pensiones (AFP) y permitirles pagar mesadas iguales a la acumulación de las cotizaciones más el rendimiento financiero y movilizar los excedentes para colocarlos en el sector financiero. Adicionalmente, se dio vía libre para que los afiliados a escoger entre el viejo sistema de prima media y el privado.
I N O P O R T U N O
K A R I N A S
D E S A R M B E A L N A E N D A T
A R E N A L C U A N D A R
T A L I A V E N P A S A L I N S V E A D A R A S E A N M S T I B A E R E T A L E T E E V O C E X O O Z S
N A O A B B E E A L R T I G E S A C O O L E S A S C R R R E I O N S T O A O S
S I R E T U L P A
P E N S I O N A D O S
I N A B R A V A T A
Por error de cálculo y por la deformación de la propaganda, el público se movilizó masivamente a los fondos privados de pensiones y luego de un tiempo encontró que las pensiones eran muy inferiores que las del sistema público. La reforma fue totalmente asimétrica. Las AFP se cargaron con los afiliados del viejo sistema y los nuevos, y le dejaron los jubilados al Gobierno. Así, las AFP operan con grandes excedentes de recursos que se desplazan al sector financiero y el gasto presupuestal en pensiones se dispara. Por su parte, los afiliados quedaron con pensiones provenientes de las cotizaciones incrementadas por los rendimientos del portafolio de las AFP. En todos los sistemas pensionales en un principio los afiliados crecen muy por encima de los pensionados. De hecho, las instituciones perciben ingresos superiores a los rendimientos de las cotizaciones. La diferencia corresponde al aumento de los ingresos generados por la mayor entrada de afiliados. En los sistemas de prima media el excedente se traslada a los pensionados y al Gobierno, y en el sistema privado al sector financiero. Las recomendaciones de la Ocde son peores que la enfermedad. Proponen trasladar toda la población al sistema privado, nivelar la edad de jubilación de los hombres y mujeres, bajar el porcentaje de las pensiones con relación al salario y permitir mesadas por debajo del salario mínimo. La reforma pensional se copió de Chile en un momento de desarrollo incipiente del sistema pensional. Sin mayor conocimiento de causa, se dejó que la mayor parte del ahorro pensional se trasladara al sector financiero. Ahora, el fracaso causado por la privatización y las elevadas pensiones de los altos funcionarios del Estado, se pretende subsanar estableciendo estándares europeos. Las soluciones se orientan a mantener la modalidad privada y reprimir las pensiones a todos los niveles para alcanzar los porcentajes de cobertura de la Ocde. Lo que se plantea, después de 20 años de fracasos, es volver al sistema de prima media para las pensiones inferiores a 1,5 salarios mínimos y dejar las restantes en los fondos privados. La tarea se podría materializar reduciendo las trasferencias al sector financiero y estableciendo un impuesto a las altas pensiones.
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sindical
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Negociación Colectiva en almacenes Homecenter
Katalina Ospina Villamil Trabajadora despedida de Homecenter
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l pasado 11 de febrero se dio inicio a la etapa de arreglo directo entre Sodimac-Corona propietaria de la cadena de tiendas Homecenter y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Sodimac, Sintrasodimac, para resolver los puntos presentados en el pliego de peticiones, los cuales recogen las aspiraciones principales de los trabajadores en materia salarial, alimentación, bonificación por antigüedad, otros beneficios, estabilidad, vivienda, salud en el trabajo, régimen disciplinario, espacios de diálogo social y garantías sindicales. La comisión encargada de esta negociación por parte del sindicato, que fue conformada por integrantes de las todas las zonas del país, expresó sus expectativas sobre los acuerdos a los que podría llegarse, dieron a conocer el pliego de peticiones 2015 a la empresa y trabajadores, e hicieron que la segunda negociación colectiva emergiera. Sintrasodimac es un sindicato con dos años de fundado y cuenta en estos momentos con cuatrocientos afiliados en siete seccionales. Ha logrado grandes avances en términos de organización y algunas garantías para que la labor sindical se desarrolle de la mejor manera posible, pero también es cierto que la multinacional ha arremetido de manera permanente contra cada uno de los compañeros que decidió acompañar esta iniciativa de asociación obrera. Tal es la gravedad de su accionar, que hoy tiene proceso de levantamiento de fuero sindical contra dos directivos nacionales de la Tienda Sur en Bogotá y tres directivos seccionales de Barranquilla, una característica marcada de que Sodimac atrofia las relaciones sanas que deberían tener las empresas frente a los sindicatos. Esta no es la única posición negativa que ha tenido Sodimac, se puede también ver que la empresa no permite que las reuniones de carácter informativo y consultivo con los trabajadores se realicen fácilmente, tan es así, que cuando representantesdel sindicato deciden realizar una reunión en determinada tienda o área, no los dejan ingresar, o hay presencia intimidante de jefes y coordinadores, o realizan un sinfín de actividades paralelas a las reuniones. Existen de manera constante despidos injustificados y llamados a descargos, los cuales son respaldados con argumentos que no tienen ni coherencia ni sentido. ¿Cómo pueden llamar a un trabajador a descargos por el hecho de no asistir a trabajar porque debía acompañar a su
madre a tratamiento de una enfermedad grave, y a la cual no podía asistir sola por su condición médica? ¿Llamados a descargos por ver la hora en el celular? Esto es el colmo del descaro y evidencia de la persecución sindical. Sintrasodimac, a pesar de todo esto, persiste, aguanta, y se mantiene en la actitud de querer generar el cambio positivo en las condiciones de cada uno de los trabajadores de esta multinacional. Es así como se puede ver que la organización siempre está y estará dispuesta a entablar acuerdos y beneficios que recojan el sentir del trabajador. Los momentos en los que se han reunido ambas partes durante la etapa de arreglo directo, han estado rodeados de dificultades, dispersiones y demoras por parte de la
empresa. Es bien sabido que los intereses de la misma jamás avanzaran en pro del trabajador y de sus legítimos representantes sino que más bien jalará siempre a su favor sin importar qué tanto estén afectando desproporcionalmente a aquel que vive de un salario mínimo. Se ha llegado a acuerdos, pero estos podrían haberse dado mucho más rápido si la actitud de la empresa no fuera tan hostil, se ha quemado tiempo, pero siempre quedará el factor alterno: que en los puntos más críticos del pliego de peticiones, Sintrasodimac también se tomará el tiempo necesario para persistir en la busca de los mejores arreglos para los trabajadores de cada tienda Homecenter. Esta negociación está llena de expectativas e ilusiones, va muy bien aun cuando
ha sido complicado concertar claridades y algunas garantías. Las convicciones cada vez se fortalecen más, el trabajador cree en que algo distinto puede cambiar su vida. Lastimosamente, también está marcada por hechos que atropellan al movimiento sindical en nuestro país, y del cual Sintrasodimac, pero no por esto, el sindicato desfallece o se echa para atrás, al contrario, adquiere más experiencia y fuerza para seguir adelante y seguir construyendo los sueños de todo aquel que ha sentido que algo no anda bien, y que, por el contrario, piensa que se puede formar una sublime perspectiva de la vida que se merece todo trabajador y derrotar objetivos empresariales que deshumanizan y entorpecen su existencia. ¡Adelante Sintrasodimac!
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Carta a la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social
Los mandatos de Ocde frente a pensiones Alberto Pardo Barrios Presidente Sintraiss Vicepresidente Sintraseguridadsocial
Doctora Diana Margarita Ojeda Visbal Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social Apreciada doctora Permítame extenderle un saludo cordial y una felicitación por su valioso documento, el cual hoy se constituye en el criterio oficial de la Procuraduría General de la Nación frente a la receta pensional comunicada por la Ocde en este año 2015 y el cual con esta nota reenvió a contactos que siempre se han caracterizado por la defensa de la pensión como derecho fundamental. También se adjunta el resumen ejecutivo de Ocde. Compartiendo el documento, me permito plantear: 1. ¿Cuándo se podrá revisar el carácter de fraudulento y por constituir un fraude a la ley y a los derechos fundamentales el modelo de capitalización individual controlado por las Sociedades Administradoras de los Fondos Privados de Pensiones y las compañías aseguradoras? A diario crece el número de personas que se declaran estafadas por haber caído en las redes, fauces o engaños de los fondos privados de pensiones. Una sugerencia: Que se evalué su continuidad como modelo y como administradores del derecho fundamental de la pensión, de estas entidades que se enriquecen a costa de negar los derechos de los que han sido explotados durante ya más de veinte años continuos. Según la OIT el ahorro individual y los fondos privados son contrarios a la seguridad social y al derecho a pensión como factor clave de protección a la vejez. 2. Unificar criterios, unificar esfuerzos, unificar el diagnostico, unificar la defensa del derecho fundamental a la pensión, ¡unificar! Estos años desde 1992, cuando se desarrolló el debate del proyecto de ley 155/92 y luego Ley 100 de 1993, han permitido concluir que todas las reformas a esta ley, sin excepción, han logrado lo mismo: Reducir y afectar menoscabando sus características de equidad y beneficio social y de seguridad social del régimen de prima media antes encarnado en el ISS, ahora en Colpensiones, reducir los derechos, reducir los montos de las mesadas; incrementar el número de semanas de cotización para
acceder a las pensiones, incrementar las cotizaciones o pago mensual de los aportes; incrementar la edad para acceder a las pensiones; discriminar aún más la condición femenina, buscando bajo sofismas aumentar la edad de acceso a la pensión a los 65 años; reducir el monto de la pensiones, gravar las pensiones con impuestos, rebajar el monto de las pensiones a todos los pensionados bajo el ilegal argumento de la sentencia C-258-2013 y la circular 4 de Colpensiones, negar la mesada 14, rebajar de forma directa el monto de la pensiones limitando su crecimiento solo al mínimo posible y nunca al crecimiento real del costo de la vida a través del disfrazado IPC; reducir el monto de las pensiones de manera directa cargándole al monto de la pensión el total de la cotización en salud en un 12%, valor que reduce las pensiones de forma exagerada, si se tiene en cuenta que las pensiones del RPM son un 55% a 65% de lo cotizado en los últimos 10 años. Esto, unido a la gran informalidad y desregulación del trabajo, la alta rotación en el empleo, no permite que se amplié la masa de cotizantes y por ende la cobertura de pensionados.
3. Por esto, se sugiere que unifiquemos todas las dolencias y afectaciones en una sola gran acción de defensa de la pensión como derecho fundamental. Para esto, se propone un gran encuentro de todos los sectores sociales afectados que entre otros resultados pueda concluir la elaboración de un gran proyecto de ley alternativo, respaldado por los millones de colombianos afectados, que corrija estas afectaciones de los últimos 21 años, que permita el derecho a la negociación colectiva en pensiones, y que dignifique la condición del adulto mayor y el respeto a la vejez como factor de equilibrio social. En este sentido, reiteramos que se deben otorgar las pensiones de vejez al llegarse a la edad, aun cuando no se tenga el número de semanas requeridas, que se otorgue la pensión y que de esta se deduzca el valor del número de semanas faltantes.
Lograr la pensión básica universal no contributiva equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para todas las personas mayores de 60 las mujeres y 65 años de edad los hombres, en condición de pobreza o abandono, es un mínimo al que debemos aspirar en esta jornada que se avecina. Además, esta reforma debe contemplar que se requieren pensiones para instaurar la paz como una garantía social y se requiere cobertura real para la tercera edad y para quienes han trabajado para lograr una pensión. Esta sería una verdadera forma de redistribuir la riqueza con justicia y reparación social. Aprovecho la oportunidad para extenderle un cordial saludo. Atentamente Bogotá, 8 de febrero de 2015
Por esto, el número reducido de pensionados en Colombia y por esto el criterio de desesperanza en la juventud, dado que no creen que lograrán ser pensionados algún día. Por el contrario, el capital financiero y el negocio de los fondos privados y las aseguradoras se fortalecen en cada reforma y la propuesta de la Ocde no es la excepción. Su obsesión es acabar el régimen de prima media y las pensiones como derecho y prestación social. Esto es una grave amenaza de grandes proporciones que todos los colombianos debemos enfrentar.
¡NO SE TOCA!
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sindical
Telecomunicaciones y despojo Carlos Velásquez
¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro!
Director Depto. Recursos Naturales CUT Bogotá Cundinamarca La derecha considera la desigualdad social tan natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda lo enfrenta como una aberración que debe ser erradicada.
traciones de turno, el ejemplo latente es ETB, donde demandan levantamiento de fuero para despido de toda la junta directiva de Sintrateléfonos y otro proceso en la actualidad al cargo del fiscal en esta misma organización. Esto se enfrenta y se afronta
Norberto Bobbio
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no de los sectores que genera mayor riqueza en el mundo, como son las telecomunicaciones, en Colombia “la tacita de plata de América” es sinónimo de persecución laboral.
Quién ronda el futuro El pasado 5 y 6 de febrero se reunieron en Bogotá Sintraemcali, Unigeep, Sintraemsdes Pereira, Atelca, Sintrateléfonos, sindicatos del sector de las telecomunicaciones para evaluar el estado de las políticas económicas, tecnológicas y laborales trazadas por las altas administraciones de las mismas. Reunión fructífera para la identidad, unidad, pero además para entender cómo las administraciones de turno lapidan una riqueza construida por todos (UNE, EPM, Emcali, ETB). Dejar pasar, dejar hacer, libre mercado pero con las empresas productivas del pueblo amarradas de las manos y con las trasnacionales armadas hasta los dientes con la legislación aprobada por el Senado, Ley 1341 de 2009. Ejemplos de ello es: el presidente de ETB Saúl Kattan basado en el artículo 55 de dicha ley no responde ni al Concejo de Bogotá porque lo rige el derecho privado, así el 86,59% del capital sea del pueblo bogotano, el 11,6% acciones privadas ordinarias y el restante factor es de entidades como la Universidad Distrital, Acueducto de Bogotá, municipio de Villavicencio, gobernación del Meta, fondo de prestaciones económicas cesantías y pensiones, Lotería de Bogotá, IDU, con un gran total de 88,4% de accionistas públicos. La Contraloría realiza más de 25 hallazgos tanto así que la valoración es desfavorable, especialmente por la ausencia de planeación. ¿Quién ronda al presidente de ETB?, ¿por qué tiene el descaro de realizar despidos sin justa causa y realizar persecución sindical? Emcali fue sancionada por Mintrabajo debido a la tercerización de las áreas misionales (resolución 2013001669), la administración de Emcali a pesar de ello continúa y aún de forma más agresiva atacando la parte misional y por lo tanto al trabajo digno, pasándose al Ministerio por la faja, prefieren pagar multas que retomar la forma de empleo que genera empoderamiento, territorialidad y dignidad.
En la “Declaración pública del primer encuentro internacional y nacional de sindicatos al interior del grupo EPM” se verifica cómo el expansionismo de este grupo realiza esfuerzos gigantescos a nivel económico y financiero pero nada en lo social, conllevando a la precarización laboral en manos de la esclavitud de la época actual, la tercerización, cuarterización y descuartización laboral. En Medellín, la inestabilidad laboral se refleja con los despidos continuos en EPM que en su última fase fueron más de 80. Basados en este panorama y como primera conclusión está el desarrollar un foro de telecomunicaciones con énfasis en tercerización en el mes de marzo, donde estarán los sindicatos ya mencionados además de sindicatos de Prst (Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones) como el del grupo Carso (Carlos Slim) es decir Claro, Telefónica, DirecTv, Tigo, Colvatel y demás compañeros que se vean lesionados por estas políticas laborales retardatarias, buscando la unidad en los trabajadores del sector. Posteriormente vendrá un foro sobre tercerización en todas las áreas a nivel Colombia y de esta forma visibilizar nuestra problemática en el plano internacional. Segunda conclusión en aras de la solidaridad y viendo la forma de negociar de estas administraciones, sabiendo que lo que buscan es dividirnos a nivel nacional, es el llamado a que respaldemos todas las organizaciones sindicales, federaciones, centrales, los justos pliegos de peticiones de los compañeros de Sintraemsdes Pereira y Sintraemcali, que sientan la ternura del pueblo que es la solidaridad, ya que la negociación es un derecho contemplado en nuestra Constitución y en los convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por último, la postura es clara, convocarnos a hacer un bloque en contra de la persecución sindical que cabalga en las adminis-
con movilización, mítines, conciencia y claridad de clase, nuestro enemigo de clase se une para fregarnos, nosotros nos debemos unir para derrotarlos. Viva el derecho a la huelga, este derecho lo defenderemos el día 18 de febrero a nivel mundial.
Felicitación y reconocimientos a los periodistas comunitarios y alternativos Rodrigo Acosta B. www.bogotasocial.Tv
/Org 09 Feb 2015
Porque en cada momento de crisis el periodista comunitario y alternativo busca soluciones. Porque en cada momento de presión mantenemos nuestra autonomía e independencia. Porque ante los monopolios mediáticos mercantilistas seguimos haciendo énfasis en darle voz a las comunidades, a los temas sociales, poblacionales, al ambiente a los derechos y a la vida. Porque cada día es el día del periodista, somos periodistas, y también somos mensajeros, contadores, guio-
nistas, diseñadores, productores, editores, directores, vendedores... porque somos integrales realmente actores de los medios comunitarios y alternativos. Porque ante las amenazas de águilas y cualquier reptil persistimos tercamente en decir la verdad a toda costa y continuamos con entusiasmo nuestra labor. Porque ante los intentos de división, siempre nos unimos y buscamos coincidencias para avanzar, privilegiamos el colegaje y la amistad y damos un trato adecuado a la diferencia. Porque realmente los periodistas comunitarios ejercemos y exigimos la libertad de expresión y opinión. Un fuerte abrazo y felicitación a las amigas y amigos periodistas y actores de los medios comunitarios, alternativos, ciudadanos y populares.
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nacional
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De micos y locomotoras:
El Plan de Desarrollo de Santos II Alberto Castilla Senador del Polo Democrático Alternativo Tomado de elespectador.com, 17 de febrero de 2015
T
ras estudiar el articulado del Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país”, surgen innumerables preocupaciones. En este documento defenderé algunas tesis centrales para caracterizar el Plan de Desarrollo.
1. Cambia la retórica, persisten las políticas A diferencia del Plan de Desarrollo defendido hace cuatro años, el documento de las bases del nuevo Plan tiene una retórica más amable. En lugar de usar la metáfora de la locomotora, las bases del plan hacen énfasis en tres pilares: Paz, Equidad y Educación. Sin embargo, al revisar con detenimiento el documento de las bases y el articulado del proyecto de ley, encontramos que aunque cambie la retórica, el nuevo plan de desarrollo profundiza las políticas aplicadas por los últimos gobiernos. El nuevo plan persiste en la generación de oportunidades para la inversión extranjera, propiciando los buenos negocios para los grandes capitales en desmedro de la economía nacional, las comunidades y los territorios. En aspectos tan diversos como la televisión, la telefonía celular, la propiedad intelectual de investigaciones académicas, la política agrícola, los baldíos de la Nación, los servicios públicos, el manejo de los páramos, la protección del ambiente, la minería o los hidrocarburos, el plan está confeccionado para abrirle puertas a la inversión extranjera y reducir los costos de transacción de los grandes empresarios. Aunque ya no se hable explícitamente de las cinco locomotoras, los verdaderos tres pilares del Plan no son la Paz, la Equidad y la Educación, sino la infraestructura, el sector minero-energético y los agronegocios. Para el sector minero-energético el proyecto de plan incluye un mini-código minero que define aspectos tan variados como los mecanismos de formalización, las áreas de reserva minera, la clasificación de la minería, los requisitos para el cierre de explotaciones y la definición de cánones superficiarios. En materia de petróleo y gas, se autorizará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a reajustar, de común acuerdo con las transnacionales, los contratos de explotación, exploración y evaluación técnica, incluyendo plazos y áreas de inversión. Un aspecto preocupante es el tratamiento de la infraestructura. El Plan pretende quitarle todos los obstáculos legales a los
proyectos de construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y similares, a través de la declaratoria de “utilidad pública e interés social” para todos los proyectos de interés nacional o estratégico. También se le dan herramientas a las entidades del Estado para tener la primera opción de compra de todos los inmuebles de la zona donde se realizarán tales proyectos, norma que sumada a la reciente aprobación de la ley de expropiación exprés, generará una suerte de despojo legalizado de miles de familias campesinas que pagarán el precio del progreso. Cabe añadir que el Plan reduce al mínimo los tiempos de decisión de las licencias ambientales, procurando ahorrarle tiempo a las empresas interesadas y anular la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas por estos proyectos. En materia de tierras ya he denunciado que el gobierno persiste en su propósito de entregar los baldíos de la Nación a los grandes empresarios, aunque ello esté prohibido por la Constitución, a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional, y aunque ello implique ponerle obstáculos a las propuestas recientes de constituir un Fondo de tierras como resultado de los acuerdos de paz. El gobierno también insiste en incluir en la legislación el derecho real de superficie, un mecanismo que les permite a los empresarios usufructuar las tierras del campesinado aunque no se conviertan en propietarios de tales predios. En materia ambiental también hay grandes preocupaciones. A pesar de la oposición nacional e internacional, se abre la posibilidad de legalizar la explotación minera y petrolera dentro de los páramos si hay licencia ambiental anterior a febrero de 2010 en el caso de la minería, y de junio de 2011 en el caso de los hidrocarburos.
2. Un Plan que socava la democracia Un Plan de desarrollo enmarca las estrategias del gobierno durante cuatro años, ello
supondría la búsqueda de un amplio consenso nacional y una verdadera discusión democrática. Sin embargo, este Plan no fue elaborado pensando en las necesidades de la población, sino en las recomendaciones de la Ocde, un organismo compuesto por las grandes potencias y sus aliados. Desde el artículo 1 este organismo es mencionado como la principal referencia de las políticas del gobierno Santos. A lo anterior se suma el propósito del gobierno de obtener carta blanca para regular sobre lo divino y lo humano sin tener que pasar por el Congreso, ello ocurriría en asuntos tan disímiles como las facturas electrónicas, Bancoldex, la metrología legal, la pequeña minería, la delimitación de áreas mineras, los sistemas masivos de transporte, la venta de celulares, la imposición de servidumbres para proyectos de generación de energía, la educación inicial, la jornada única en educación y buena parte del sistema de salud. Uno de los aspectos más preocupantes para el movimiento agrario son las facultades extraordinarias que se le entregarían a la Presidencia de la República para rediseñar toda la institucionalidad agropecuaria del Estado en un plazo no mayor a seis meses. Tal pretensión despierta desde ya la atención del conjunto del movimiento campesino, indígena, afro y ambientalista.
3. El Plan de los “reencauches” El proyecto de ley retoma varias iniciativas en las que el gobierno Santos I había fracasado, pero que fueron frustradas por la
Corte Constitucional, por la movilización social, o por no cumplir los trámites requeridos en el Congreso. La regulación sobre propiedad intelectual en alianzas público-privadas busca que se financien investigaciones con recursos públicos pero las utilidades pasen al patrimonio de los privados, un artículo muy similar se encontraba en la primera versión de la frustrada reforma a la ley 30 que el movimiento estudiantil logró detener. La privatización de baldíos ya se encontraba en el Plan anterior y fue declarada inconstitucional por la Corte; hoy viene cursando en el Congreso el proyecto de ley 133 (Cámara) que ha recibido un rotundo rechazo del movimiento campesino y que al parecer ya cuenta con vicios de trámite en su discusión. El derecho real de superficie iba a ser incluido en la ley de víctimas, pero la presión de las organizaciones de derechos humanos detuvo las pretensiones del gobierno. En materia de salud, se reciclan disposiciones de la fracasada ley ordinaria que el año pasado se hundió por la presión del movimiento nacional por la salud.
4. Ni paz, ni equidad, ni educación A pesar de la retórica, los tres pilares del nuevo Plan no son centrales para el gobierno. El año pasado el ministro de Hacienda evadió las preguntas que le hicimos en las Comisiones de Paz del Congreso sobre el presupuesto para los acuerdos de paz, y tales recursos tampoco aparecen en el proyecto de plan.
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revista digital
En el Plan de Santos II, punto para los páramos
Tomado de La Silla Vacía 2015-02-09
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os expertos en páramos acaban de ganar una pelea que llevaban dando desde hace casi tres años. El nuevo Plan de Desarrollo del gobierno Santos II, que presentó Simón Gaviria al Congreso el viernes, les dio la razón al adoptar el atlas de páramos de 1 a 100 mil que existía y que el Ministerio de Ambiente se había negado a reconocer oficialmente antes. Después de que la delimitación de Santurbán se demorara dos años y dado que aún no ha arrancado ese mismo proceso en los otros 35 páramos que tiene el país, el gobierno Santos II tomó la decisión de cambiar la manera de determinar dónde arrancan y terminan estos ecosistemas claves para el manejo del agua. Y, por lo tanto, de marcar claramente dónde podrá y no podrá haber minería o agricultura.
que -como contó La Silla- el Ministerio nunca quiso adoptar pese a que tiene un nivel de precisión apenas un poco menor. Una de las razones para no tomar esa decisión era que estos mapas ya identificaban 900 mil hectáreas de páramo adicionales a las 2,9 millones que se conocían y que todavía están desprotegidas. Al menos hasta que el Congreso adopte el nuevo Plan. A partir de ahora, el proceso para 'ordenar' los páramos será más sencillo: el Ministerio tomará esos mapas de 1 a 100 mil o, cuando estén disponibles, los de 1 a 25 mil y hará los estudios socioeconómicos que permitirán entender quiénes están ya viviendo y trabajando dentro de sus límites. Eso le permitirá identificar las áreas donde tendrá que ingeniarse una estrategia más flexible que permita conservar y restaurar los páramos, sin crear conflictos con las comunidades ni sacarlas.
Para eso echó para atrás la orden del Plan de Desarrollo original Santos que mandaba delimitarlos a una escala de 1 a 25 mil, una tarea que terminó siendo engorrosa y muy lenta de llevar a la práctica.
En el pulso entre minería y páramos, las reglas se mantienen iguales. Si el proyecto minero dentro de un páramo ya está en fase de explotación –y tiene, por lo tanto, licencia ambiental– el contrato se mantendrá hasta su fecha de vigencia, sin posibilidad de prorrogarlo. Si apenas tiene título minero, no se podrá explotar.
En cambio reconoció, por primera vez, la cartografía completa de los páramos a una escala de 1 a 100 mil que entregó el Instituto Humboldt en septiembre de 2012,
Queda por ver cuál será el plan para esas hectáreas que, estando técnicamente dentro del páramo, queden excluidas de la zona de más estricta conservación.
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Carta de Avaaz contra la evasión de miles de ricos propiciada por el banco Hsbc
Castigo a los delincuentes multimillonarios
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Filtraciones en medios de comunicación han mostrado que Hsbc estaba ayudando a miles de ricos del mundo a evadir impuestos en sus países! Cualquiera de nosotros terminaría en la cárcel por algo así, pero los gobiernos no castigarán a estos evasores a menos que lo exijamos. Construyamos un llamado de un millón de voces ante los dos oficiales que pueden hacer la diferencia. Nadie está por encima de la ley: Han agarrado al banco Hsbc con las manos en la masa, ayudando a algunos de los más ricos del mundo a evadir impuestos. Nosotros iríamos a la cárcel por hacer algo así, pero los gobiernos están tratando a estos evasores como si fueran demasiado importantes como para ir presos. ¡Demostrémosles que se equivocan! Nuestros gobiernos están perdiendo un billón de dólares anuales por evasión de impuestos. ¡Con ese dinero se podría erradicar la pobreza extrema del mundo una y otra vez! Este escándalo bancario es el más grande de la historia. Si no lo aprovechamos para que sancionen a los culpables, perderemos la oportunidad de que se haga justicia. El ministro de finanzas del Reino Unido George Osborne está ante una elección clave, mientras la Fiscal General de EE. UU. Loretta Lynch está esperando la confirmación de su nuevo puesto. Ambos están en una posición muy frágil ahora. Nuestra presión pública de un millón de voces entregada ante los legisladores y a través de anuncios públicos puede lograr que avancen en la investigación y juicio, enviándole a la élite evasora de impuestos un mensaje poderoso: ¡ni los más millonarios se escaparan de la cárcel! El banco Hsbc es originalmente del Reino Unido, y tanto este país como Estados
Unidos tienen jurisdicción sobre miles de evasores de impuestos. Si logramos que ellos avancen con los juicios ahora, podríamos crear un efecto dominó a nivel mundial para hacer que los responsables paguen. Detrás de las crisis financieras, muchas veces están los multimillonarios con sus especulaciones desbordadas, y terminan siendo rescatados por los contribuyentes, para luego argumentar que hay que reducir el gasto público en la educación y en la salud para resolver el déficit financiero. ¡Este discurso de austeridad es inaceptable pues ellos son los que no están pagando los impuestos! Este círculo vicioso de austeridad está aumentando y acelerando la desigualdad por todo el mundo. 85 multimillonarios del mundo tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de nuestro planeta. Con su poder y dinero, suelen comprar a políticos corruptos y secuestrar nuestras democracias para mantener el sistema andando a su favor. Ya es hora de frenar este círculo vicioso. Hacer que los ricos paguen sus impuestos es un primer paso fundamental. Únete para lograrlo: Firma la petición: https://secure. avaaz.org/es/hsbc_tax_dodge_ loc/?bqXiRdb&v=53846 El trabajo de Avaaz consiste en juntar el poder de muchos para enfrentarnos al poder de unos cuantos. Y las leyes son un contrato que nos une a todos por igual, pero miles de personas poderosas creen que pueden pasar por encima de ley. Por el bienestar de nuestra sociedad y nuestra democracia, demostrémosles que no son intocables. Con esperanza y determinación, Alex, Bert, Laila, Ricken, Marie, Andrew, Nell y todo el equipo de Avaaz
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sindical
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La CUT apoya a los Protesta laboral en trabajadores sindicalizados del ICP, afiliados a la USO Carta al ministro de Trabajo
Hospital Meissen
Bogotá, 9 de febrero de 2015 Señores: Luis Eduardo Garzón Ministro del Trabajo Enrique Borda Villegas Viceministro de Relaciones Laborales
La USO es una organización sindical que trabaja en el marco de la Constitución, las leyes y los convenios internacionales y lo que ha venido promoviendo, entre los trabajadores sindicalizados, es una acción de protesta pacífica por el anuncio de una masacre laboral de más de 600 trabajadores, lo que implica un impacto social negativo para el mismo número de familias del departamento y el país y frente a lo cual el Ministerio del Trabajo guarda absoluto silencio.
Señora: Patricia Marulanda Directora de Inspección Vigilancia y Control Ministerio de Trabajo Asunto: Solicitud de investigación administrativa de oficio
L
a Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, organización sindical más representativa del país, alarmada por la persistente situación de violación a derechos laborales por medio de la utilización de la tercerización laboral y del uso de plantas paralelas de contratos/ órdenes de prestación de servicios, especialmente en las entidades públicas; con el acostumbrado respeto se dirige a ustedes con el fin de solicitar que investiguen la posible violación a relaciones laborales reales en el Hospital de Meissen según la denuncia hecha por el periódico de circulación nacional El Espectador, del día 3 de febrero, donde en la página 27 se reporta una situación de violación a equidad salarial, al art. 143 del Código Sustantivo con la obligación de salarios iguales a trabajo de igual valor, desconocimiento a la norma constitucional contenida en el art. 53 sobre primacía de la realidad sobre las formas, a todas las disposiciones de relaciones laborales por uso indebido de contratos de prestación de servicios, además del desconocimiento de la jurisprudencia constitucional enfatizada en las sentencias C-614 de 2009 y C. 171 de 2012. Transcribimos algunos apartes de la noticia que allegamos anexa a este oficio: Hace cuatro años cuando llegamos a trabajar, estaba al borde del cierre. Hoy está cerca del equilibrio financiero y lo aplaudimos. Lo que nos preocupa es que en estos cuatro años no hemos recibido un incremento salarial... Además la mayoría estamos contratados por prestación de servicios... Otra exigencia es que nivele la remuneración de especialistas, médicos generales y enfermeras... En relación con los contratos por prestación de servicios (de 1.350 trabajadores del hospital solo 110 son de planta), Morales dijo que el problema trasciende al hospital.
El Ministerio del Trabajo, por medio de sus inspectores del trabajo tiene competencia para investigar esta situación, conforme al
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a Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, rechaza las afirmaciones hechas por el director del Instituto Colombiano del Petróleo, señor Andrés Mantilla, quien ha venido señalando que miembros de la USO incurrieron en actos de sabotaje contra las instalaciones de la Planta Piloto del Instituto y que por tal motivo les ha impedido el ingreso.
art. 486 del Código Sustantivo del Trabajo que establece: “Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos”. La CUT solicita respetuosamente que a la brevedad comisionen a un Inspector/a para que haga presencia en el Hospital Meissen, compruebe la situación real de los trabajadores de la entidad, garantice la cesación de la violación a sus derechos e imponga las medidas preventivas y sancionatorias que corresponde. Agradecemos su atención y esperamos la diligencia del Ministerio ante esta situación. Atentamente, Luis Alejandro Pedraza Becerra Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General
Es necesario precisar que frente a los presuntos hechos de sabotaje que le endilgan a la USO, la empresa TIP Ltda. que custodia y opera los equipos de las plantas piloto, ante funcionarios del Ministerio del Trabajo señaló que la situación: “no generó afectación ni retraso en la operación, ni en los laboratorios y a pesar de esto Ecopetrol sobre la media noche dio la or-
den de apagado en todas las unidades de planta piloto”, lo que deja al descubierto la falacia del director, que ha hecho de un conflicto laboral un señalamiento mediático y delictivo. Impedir el ingreso de trabajadores y sindicalistas a las instalaciones del Instituto, comporta una grave violación de las libertades sindicales, reconocidas por los convenios internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre la USO y Ecopetrol. Esta conducta se agrava si se les impide a los trabajadores su libertad de expresión y su derecho fundamental a la protesta. La USO está convocando para los días 2 y 3 de marzo a los trabajadores sindicalizados del ICP, a votar una huelga de carácter indefinido garantizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-858/08, la cual debe tener protección del Estado a través del Ministerio del Trabajo y cuenta con el apoyo irrestricto de la CUT. Bogotá, 20 de febrero de 2015 Luis Alejandro Pedraza Becerra Presidente Fabio Arias Giraldo Secretario General
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ruralidad
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Los campesinos de Sumapaz Tomado de El Fogón Revista cultural sumapaceña # 2
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oy todo es memoria y revivir, porque el ayer reafirma el presente. Se vive en el paraíso bien llamado por todos Sumapaz. El ser campesino acá, implica honestidad, nobleza, humildad y adaptabilidad para disfrutar el frío, para superar el desamparo y para aceptar el desafío. Dueños absolutos del silencio y del saber enaltecido que con elocuencia se hace valorar para enfrentar todos los obstáculos y ser reconocido. Sumapaceños exploradores y colonos, aguerridos luchadores por la tierra, finalmente arraigados campesinos; dechados de virtudes, exponentes de habilidades agrarias, de saberes tradicionales y ancestrales y cultores de las más sanas y dignas costumbres. Edificadores de la sociedad organizada y altiva, que hacen del encuentro la diversión auténtica, que se forman y se educan, que se protegen y transforman en el medio, mejorando cotidianamente la calidad de vida. Desde años memorables se abordan y resuelven los conflictos sin acudir a los extraños, se superan desacuerdos profundizando la solidaridad del vecindario. El Estado delegó en el comisario veredal,
con quien se demostró que la justicia en equidad cobra validez y legitimidad en el colectivo, es decir, las Juntas de Colonos de los años 30, el Sindicato Agrario desde los 50 y la Junta de Acción Comunal desde los 70. Los agrarios rechazando las cárceles y mazmorras del Estado autoritario, juzgan y sancionan con trabajo en beneficio comunitario, cada error, desafuero o agresión de los conciudadanos, implica dotar de agua la finca o el caserío, arreglar un tramo hoy de carretera ayer camino, limpiar la maleza del cementerio; la idea siempre ha sido que entre las partes se asuman compromisos por medio del diálogo franco. “La solidaridad es la ternura de los pueblos” lo sentenció el Che y el campesinado para realizar trabajos comunales acuerda los convites donde todos y cada uno participan de acuerdo a sus capacidades y saberes, los hombres el trabajo rudo (empedrados, empalizadas y construcciones), las mujeres preparan el alimento, los niños y las niñas ahí en el aprendizaje. Terminan largas faenas con la sana costumbre del festejo y la diversión, la música y el baile, el naipe, el dominó, el parqués, la taba, la turra, la carrera de caballos y el tejo. No todo está dicho, pues todo se ha de decir mediante la tenacidad y constancia, al atizar el fuego que guarde el calor del fogón que se prendió.
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cultural
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Los árboles encantados
de Yolanda Obando
Édgar Orlando Sánchez Forero
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n una maratón de más de tres décadas por los senderos mágicos de la fotografía –como todos los auténticos artistas– Yolanda Obando ha estado en permanente búsqueda de un punto alto en la cima de su carrera, que le permita preguntarse cuál es el fin de su trabajo, del arte que le enseñó su padre en largas jornadas en el cuarto oscuro del laboratorio, revelando e interviniendo los negativos de muchas fotografías que a diario le entregaba a las bandejas con químicos que procesaban las imágenes. Pero lo mágico para Yolanda, en esa época, partía de ver aparecer de manera lenta y tenebrosa las imágenes de personas y objetos, que en una danza y al vaivén del negativo en los químicos, producían el nacimiento misterioso de todos esos objetos capturados y que de alguna manera estaban prisioneros en la película y eran liberados en largas jornadas de “nacimientos de criaturas” como las llamaba su padre. La mirada de Yolanda se traduce en arte y este, ligado al talento de la artista, permiten trabajos elaborados con sencillez, porque no siempre que se obtura una cámara se captura el arte, las emociones o una buena imagen; el ojo crítico y agudo de Yolanda sobre la imagen produce resultados sorprendentes, como si maquillara la escena y sus componentes, y así ha desarrollado diferentes temas que se bifurcan por senderos inconmensurables, con decenas de imágenes que no se repiten, cada una guarda un marco y un límite que las hace únicas, inéditas, mostrándonos rostros de madres llenos de ternura amamantando a sus hijos, de indígenas con caras adustas y guerreras como guardianes naturales, de niños en su estado de inocencia compartiendo los juegos, o, de las sorprendentes rocas vivas, que vibran con nuestra mirada cuando las observamos. Pero el sumun del talento de esta artista llega a la cima de su carrera, cuando nos muestra los bosques encantados, misteriosos, llenos de mitos y leyendas que se esconden entre las hojas y ramas, se hacen invisibles cuando invaden esos espacios las personas comunes y tan solo se muestran cuando llegan a esos espacios los verdaderos defensores de los arboles como son los indígenas, y personas como Yolanda que tienen una gran carga de sensibilidad hacia la naturaleza que la conecta directamente con estos
seres guardianes de los bosques citadinos en las laderas de los cerros tutelares de la ciudad, hoy invadidos con edificaciones de lujo o sedes universitarias. Sorprendente ver en las fotografías de los árboles del bosque y de la selva, en donde se “revelan” sin ningún artificio técnico o químico, las imágenes de chamanes, dioses, duendes, deidades, danzarinas, pequeños y grandes monstruos, arlequines, animales sagrados para los indígenas como el jaguar y cientos de fi-
guras difíciles de describir o descifrar con palabras, tan solo la imagen mágica del lente y el talento de esta gran artista nos puede mostrar los secretos de los árboles y sus guardianes, señales inequívocas de la naturaleza enseñándonos la vida que habita en esos parajes, diciéndonos que la naturaleza siente, ve y se manifiesta, es la puerta de entrada de una dimensión que el ser humano actual no ve, y que estará irremediablemente perdido si no atiende estos llamados naturales grabados por esta
socióloga en sus fotografías “mágicas” de los árboles para protegerlos y cuidarlos como fuente esencial de generación de vida. Tendremos próximamente la oportunidad de apreciar en detalle todos los elementos que nos permite ver el trabajo de esta artista, que de manera mágica ha capturado con su lente lo que hay en otras dimensiones, apasionante de verdad acercarnos a esas dimensiones desconocidas con el lente prodigioso de una mujer con una natural sensibilidad.
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CRUCICUT CRUCICUT CRUCICUT CRUCICUT Por SintraRibazo desarrollo urbano
Ex jefe de las Farc, condenada a 33 años pero liberada por Uribe, plural Un desierto
Grupo que es el dueño del tiempo perdido de los santos
Baile
Leyes como la ley 100 contra la clase trabajadora Inútil, vacío
Monumentos de piedra alargados que terminan en pirámide
Símbolo del sodio
Tratamiento que daban a los antiguos reyes de Francia
Los que trabajamos toda la vida para tener platica para pagar la salud que nos quitó el trabajo
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Propiedad o aprobación
Jorge, ex goleador chileno del Cali de los 80
Artesa de madera
1 Nombre de la compañera trabajaEstudia de 1 nuevo dora que fue injustamente despedida por Sodimac-Homecenter, por defender Parte del proceso de el justo derecho de los trabajadores paz colombianos a sindicalizarse. Animales que copulan solo una vez al año y 2 2 por corto tiempo, se alimentan de carroña, ¿de qué diablos se ríen?
Don con oficina en Envigado Símbolo del ergio
Coloquialmente, dinero
Dibujos sin volumen Hombre con ademanes femeninos
Como mosco en leche
Amenaza con arrogancia, como casi todas las patronales Derramé un líquido Apellidos del cantante argen tino Leo Dan
Izquierdo Bueno Tela transparente de malla El socio que trabaja Embustes, engaños para distraer
Mezcla que los vegetarianos comen encantados Iguale con el rasero
Flores para el cepillo
Mece al guámbito Juego de tribunas
Cobre Mísero hermano de los parias Argumento represivo
Índice de pobreza relativa
Símbolo del molibdeno
Nombre de reyes noruegos Piel que cubre “los huevos”
Piedra santa
Materiales como la gasolina que aunque el petróleo baje ella sigue por las nubes Ventila, refresca
Entrega Panamá en Internet Líneas que vuelan
Plan para ciudades Animales que tiran en Nochebuena
Verbo para hacer camino Símbolo del platino
Nota que es un artículo”
Apellido de Fulano Letra para reunión de señoras
Gallina de pelea Pícaro, pillo y muy taimado
Grave, gruesa indisculpable Alegría Letra que servía para morirse Voz para correr gallinas
Letra que sirve para la potencia
Entrega total
Jefe de fútbol Patrulla de celadores o canto infantil
Tubo de escape
Crimen como el asesinato de los 4 niños de Caquetá
SUDOKUS
Complete cada tablero con los números del 1 al 9, de tal manera, que no se repitan en ninguna fila, columna ni en cada caja interna de 3x3.
22 ¿Qué tipo de nave de la gobernación de
Sabanas pequeñas con matorrales en Cuba
9 6 2 7 5 6 8 1 3 5 4
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1 4 7 9 8 4 7 1 6 9 2 3 8 9 4 3 1 9 8 6 3
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Antioquia afirman varios testigos haber visto volando cerca de El Aro, mientras los paramilitares masacraban y desplazaban a la población civil en octubre de 1997, época en la que el gobernador era Uribe Vélez?
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cultura
La nación latinoamericana
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Del mundo colonial a la Independencia Pascual Amézquita Zárate Docente universitario PhD. en Economía
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Retomando el hilo: Junto con la expoliación de los hombres y las tierras, la Revolución burguesa que estaba transformando a Europa en todas las esferas, los levantamientos populares del siglo XVII y la invasión de Napoleón a España, hay una quinta causa de la Independencia: la formación de la nación americana. En esta entrega continuamos con el acápite número 5: La idea de nación americana
n el proceso de formación de la nación en América jugaron papel importante los hechos ya descritos en las entregas anteriores, en particular la imposición de una amplia gama de instituciones económicas, políticas y culturales por los españoles. El precio pagado por nuestros antecesores fue haber perdido muchos vestigios precolombinos y buena parte de la población aborigen. El historiador Pierre Chaunu calcula el costo, en vidas humanas, en unos 90 millones de personas. Lo poco autóctono que se salvó fue gracias a que logró camuflarse entre lo hispano, por ejemplo la gran cantidad de palabras que enriquecieron el español; la mezcla religiosa entre el catolicismo y la religiosidad de pueblos como los descendientes de los aztecas; una forma particular de arte entre el barroco español y el primitivismo americano. Pero en la formación de la identidad nacional deben existir procesos que permitan tomar conciencia de la posibilidad de vivir sin ser colonia, sin la metrópoli, es decir de sobrevivir en un mundo poscolonial. Y en ese reconocimiento tuvieron papel central la Expedición Botánica y los viajes de Humboldt. Ambos episodios estuvieron enmarcados en la modernización estatal emprendida por los Borbones. En efecto, los gobernantes de esta familia –franceses instalados en Madrid a comienzos del siglo XVIII– buscaron enderezar el rumbo de la decadente España, para lo cual emprendieron un amplio proyecto de modernización de la administración pública tanto en la Península como en América.
La Expedición Botánica No obstante poseer las más extensas colonias, la situación económica española durante el siglo XVIII era de crisis. El sector productivo había sido arrasado por una especie de “Enfermedad Holandesa” que consiste en que un país se arruina por tener una fuente de rentas como podría ser hoy la del petróleo. La riqueza brutalmente extraída de América sirvió para forjar el poderío industrial inglés y el financiero holandés, pero no para consolidar la economía española. El contrabando, los desfalcos y la inoperancia del gobierno peninsular completaban el cuadro. Los Borbones empiezan a tomar medidas dirigidas a restablecer el poderío español en Europa y en América y a consolidar el absolutismo de la Corona. La base es una política mercantilista: América abastecería materias primas agrícolas y mineras y compraría manufacturas españolas. De ahí las principales ejecutorias (infraestructura, administración, recaudación de impuestos, monopolios y cierto librecambio), que “reflejan
José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas y Tenorio.
un «nuevo imperialismo», una «segunda conquista» o «reconquista»” como indica Hans Joachim König en su obra En el camino hacia la nación.
tres expediciones similares, una en el Nuevo Reino de Granada, otra en el Virreinato del Perú y otra en el de Nueva España (México).
El comercio exterior adquiere significativa importancia en el desenvolvimiento de la contienda y por eso se recurrió a la formulación y puesta en marcha de agresivas políticas librecambistas frente a las colonias y proteccionistas en las metrópolis, a más de la consolidación de prácticas monopolistas. La discusión teórica del momento era cómo articular la nación al mercado mundial.
La propuesta del científico español J. C. Mutis de adelantar la Expedición Botánica neogranadina –que se inició en 1783– fue aprobada por el virrey Caballero y Góngora porque, al decir de los historiadores “sus proyectos de investigación cuadraron con el concepto económico-político virreinal de explotar las riquezas naturales de la Nueva Granada”. Las otras dos expediciones tenían la misma finalidad. En términos un tanto simples, puede decirse que la finalidad era hacer un adecuado inventario de lo que se iba a saquear.
Por su parte, la naciente burguesía criolla busca construir mercado interno, para lo cual se empezaron a tomar medias: Dominar a los indios no incorporados (guerras, reducciones y poblados), a fin de convertirlos en consumidores, “así fuera exclusivamente de aguardiente y tabaco”, pero además los obligaban a comprar de todo. “En el siglo XVIII no es que los negocios de la oligarquía colonial marchen mal sino que podrían ir mucho mejor”. Es en este contexto que toma forma la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada o Expedición Botánica. Pero debe advertirse que en realidad hubo
Hay otros dos hechos concomitantes en este momento: La expulsión de los curas jesuitas de todas las colonias españolas en 1767, y el inicio en 1774 de una profunda reforma educativa, conocida como la Reforma Moreno y Escandón en honor a su promotor, y cuyo contenido será analizado posteriormente. Los hallazgos y el impacto que trajo la Expedición Botánica serán tema de la próxima entrega.