La bagatela 43 05 26 16

 PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA - PTC Director: Alberto Herrera

Nº 43 / $ 2.000

Integrante de Alianza Verde

Bogotá,mayo-junio de 2016

LA PURA Y SIMPLE PAZ,

NECESIDAD MAYOR DE COLOMBIA

“Urge, circunscrita a los asuntos definidos por la agenda Gobierno-Farc, la pronta conclusión de las negociaciones de La Habana, lo más pronto que sea posible, con la firma de los acuerdos de paz. La pura y simple paz, sin añadiduras condicionantes que, aunque justas y necesarias en relación con la democracia y las reivindicaciones sociales, en la situación actual del balance de fuerzas hoy existente en Colombia, sólo propiciarían la dilación de las negociaciones y acaso la postergación indefinida de los acuerdos de paz”. (Ver editorial página 2)

En la foto, el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Cuba Raúl Castro, y Rodrigo Londoño (Timochenko) jefe máximo de las Farc, en el apretón de manos realizado el pasado 23 de septiembre como preludio de los acuerdos de paz, que están próximos a firmarse.

EN BOGOTÁ: REPUDIO POPULAR A PEÑALOSA L os afanes privatizadores del alcalde Peñalosa no conocen ni prudencia ni límites. ¿Acaso no constituye detrimento patrimonial pagar sin necesidad una multa a la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema de las basuras, que sale de fondos del Distrito, por valor de 20.520 millones de pesos, cuando ya la Superintendencia había suspendido el proceso coactivo porque el Consejo de Estado aceptó la demanda sobre nulidad de la multa que había interpuesto la alcaldía de la Bogotá Humana? Pero Peñalosa dice que al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Como hubo protestas

por esa absurda determinación, entonces canceló otra multa dentro del mismo proceso, por 75.000 millones correspondientes a la sanción, apelada también, al Acueducto de Bogotá. Para redondear la faena contra los fondos y los intereses públicos, quien la sacó del estadio fue la nueva gerente del Acueducto, Eva María Uribe, de ingrata recordación por sus pretensiones de privatizar Emcali, que anunció ante el Consejo de Estado que se le va a entregar al sector privado, en concesión por 40 años, la construcción y operación de la planta Canoas, de tratamiento de las aguas del río Bogotá. / 6-7

MAGANGUÉ: UNA REÑIDA BATALLA POR LA DEMOCRACIA

PEÑALOSA NO ES GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

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agangué, con el triunfo electoral de Marcelo Torres en la alcaldía hace cuatro años, fue el otro tinglado singular donde nuestra democracia, guardadas las proporciones, de manera similar a la capital, comenzaron a respirarse nuevos aires, en medio de los estertores de violencia, corrupción y desgobierno que vive Colombia./ 4-5

Jornada de protesta de los bogotanos ante el colapso de Transmileno.

ara la opinión pública colombiana es ostensible que el carácter de los dos principales mandatarios de la región central del país (Bogotá y Cundinamarca) es diametralmente opuesto. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, es una persona cercana a los habitantes de la región, gusta de escuchar e intercambiar opiniones./ 11

EL PAÍS ESPERA EL RETORNO DE SALUD HERNÁNDEZ MORA Y DE LOS PERIODISTAS QUE CUBRÍAN SU DESAPARICIÓN, SANOS Y SALVOS. La Bagatela

Los estudiantes de la Universidad Distrital en paro rechazan la venta de ETB, que recortaría drasticamente su presupuesto y exigen un Estatuto General que incluya la elección popular del rector.

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Bogotá, mayo-junio de 2016

editorial

LA PURA Y SIMPLE PAZ,

NECESIDAD MAYOR DE COLOMBIA

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l cabo de recientes noticias alarmantes y de decisiones oficiales erráticas, por fin el país fue enterado de una buena nueva. En efecto, el pasado 12 de mayo se anunció desde La Habana que gracias a lo último allí acordado por el Gobierno y las Farc, el camino para garantizar que el acuerdo final de paz no sea desconocido en el futuro, es incorporarlo transitoriamente a la Constitución colombiana, en calidad de un acuerdo especial previsto en el Derecho Internacional Humanitario, hasta su cabal cumplimiento.

En esa dirección, la administración Santos se comprometió a presentar, antes del 18 de mayo –como en efecto lo hizo–, en el trámite que adelanta actualmente en el Congreso el proyecto de Acto Legislativo para la paz, un procedimiento legislativo especial que eleve a la categoría de acuerdo especial el acuerdo final a que lleguen las partes en La Habana, de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y para ser incorporado a dicha reforma de la Constitución como nuevo artículo constitucional transitorio. En este también se incluye que, en el marco constitucional del derecho a la paz, el gobierno procederá a presentar un proyecto de ley que apruebe el acuerdo final de paz como un acuerdo especial de Derecho Internacional Humanitario que así podrá entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad y servir de referente para la implementación y desarrollo de los acuerdos de paz.

El presidente de la República también se comprometió a remitir al secretario general de Naciones Unidas una declaración que, con base en la resolución 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero de 2016, genere un documento oficial de ese organismo que recepcione lo acordado y anexe el acuerdo final de paz a dicha Resolución.

El control constitucional tanto para la aprobación de la ley aprobatoria del Acuerdo

 PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA - PTC - INTEGRANTE ALIANZA VERDE

Presidente del Comité Editorial

Marcelo Torres Director Alberto Herrera

Comité de Redacción Jefe de redacción: Jorge E. Charry Redacción: Juan Manuel Rivas, Miguel Ángel Delgado, Historia Viva: Carlos Zamora Internacionales: Edmundo Zárate Económicas: Galileo Gámez y Silvio Cantor Informática: Hernando Medina, Augusto Ramírez, Mauricio Vargas Edición: César Tovar de León.

Gerente: Luis Fernando Gil Sierra (Q.E.P.D.)

ISSN en trámite

Y por último, el acuerdo final de paz sólo podrá entrar en vigencia luego de que los colombianos se hayan pronunciado sobre el mismo y lo hayan refrendado con su aprobación. Como explicó el mismo presidente Santos, “Los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente... para que entren en vigencia”1.

Luego de la firma del cese al fuego y de la correspondiente al acuerdo final, lo que se calcula para finales de junio –como ha estimado una conocida publicación–, vendrían dos meses, concluidos los cuales empezaría el desarme y para ese momento (agosto) estaría ya también aprobado el Acto Legislativo para la paz. Entonces, “en septiembre u octubre”2, se efectuaría el referendo previsto en el cual el pueblo colombiano tendría la última palabra, y tal vez Colombia podría traspasar el umbral de un nuevo período de su historia.

Como era de esperarse, las inmediatas y virulentas reacciones se manifestaron a granel. Lo cual no impidió que, a pesar de las modificaciones de última hora pretendidas por los conservadores, fuese aprobado en la Cámara en su séptimo debate, el proyecto del Acto Legislativo para la paz. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el más acérrimo de los opositores de la paz, concentró su ataque tildando el acuerdo de La Habana “de impunidad total”3 para las Farc, descartando olímpicamente la enseñanza universal de los acuerdos de paz consistente en que, si realmente se quiere encontrarle una salida negociada a un conflicto armado, con el objetivo superior de ahorrar sangre y padecimientos al conjunto de la población, resultan inevitables las concesiones de parte y parte en una muy importante proporción. Amén de las consabidas lisonjas, repletas de cizaña, dirigidas a las Fuerzas Armadas del Estado, Uribe Vélez arremetió contra los inminentes acuerdos de paz con otro de sus estribillos: que los guerrilleros podrían aceptar crímenes para no pagar sus condenas en prisión. Catalogó tal eventualidad como “la madre de nuevas violencias”4, en abierto desprecio a la necesidad de restablecer la verdad histórica para consolidar la paz.

En esta ocasión, la respuesta del presidente Santos a la última diatriba del adalid del Centro Democrático estuvo más a la altura de las circunstancias. “En mi gobierno nadie ha chuzado a la oposición, ni mucho menos a la Corte Suprema... nadie está preso por haber comprado la reelección”5, afirmó Santos, blandiendo notables acusaciones políticas que todo el país conoce. Y un formidable argumento de fondo contra Uribe, revelador de la dimensión adquirida por la lucha política en Colombia: “Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño.”6

La anterior renuencia del gobierno a llamar por su nombre a la mayor amenaza actual de Colombia: el recrudecimiento del paramilitarismo con causa política –dado el resquemor previsible en ciertos círculos castrenses y policiales–, queda así, si no superada por lo menos sí marcada con un buen comienzo de rectificación. Pareciera que, más allá de precisiones semánticas, empezara a atenderse el reclamo del país democrático a la administración Santos, relativo no sólo a alertar a la nación sobre el principal peligro de la hora que se cierne ante el Estado de derecho sino respecto del necesario despliegue de acciones de gobierno para conjurarlo.

Porque los peores sucesos recientes en el enrevesado cuadro de la situación colombiana, de signo antagónico al proceso de negociaciones de paz de La Habana, han sido, sin duda alguna, el paro armado del 31 de marzo y 1º de abril pasados y la marcha uribista del día siguiente. No solo por su sangriento saldo y la perturbación de la tranquilidad pública en ocho departamentos, amén de la sensación de desprotección e indolencia del Estado de muchas de las poblaciones intimidadas en los 36 municipios afectados, sino por el sombrío mensaje que arrojó sobre el país. A saber: que la trágica mezcla de política y armas se reafirmó de modo tan brutal como explícito en la combinación del paro violento con la marcha del uribismo, puesto que el primero llamó abiertamente al respaldo de la segunda, en tanto que Uribe ni condenó el paro ni rechazó el beligerante espaldarazo. Además: que quedó muy patente la determinación de tan oscura juntura de oponerse por todos los medios, políticos y armados, al buen suceso de las negociaciones de paz. Y que, como remate, revela que a sus artífices, lejos de preocuparles que la combinación de sus acciones y la identidad de sus propósitos haya quedado en evidencia de golpe y porrazo ante la opinión pública, más bien les satisface haber notificado a Colombia de su ánimo belicoso y resuelta oposición a la paz.

No hay que perder de vista que el expresidente Uribe planteó hace poco al gobierno “un acuerdo político y de Estado” con su facción política, antes de que se firmaran los acuerdos de paz con las Farc. Lo cual fue reforzado después con la seguidilla paro armado/marcha uribista, que configuraría un “argumento” en pro de su exigencia – muy en línea con la más clásica tradición de combinación de todas las formas de lucha por la extrema derecha colombiana–, de que no habrá paz sin el uribismo a bordo.

Ante esto, conviene puntualizar que el fundamental objetivo de la paz, el de desterrar de la política el uso de las armas, amerita ciertamente acuerdos del Estado –en el momento y con el contenido adecuados– con aquellas causas políticas que cuentan con huestes ilegales de efectivos con fusiles, sean ultraderechistas o extremoizquierdistas. Pero no puede esto significar que a tales causas se les otorgue estatus de fuerza codirigente del Estado ni mucho menos que se les permita erigirse en árbitros de las negociaciones de paz, definiendo con quién se negocia y con quién no, en qué condiciones y sobre cuáles puntos. Y es lógico que el gobierno rechace cualquier entendimiento bajo la presión de paros ar-

mados o de la persistencia de la execrable práctica del secuestro.

La tarea principal de la democracia colombiana hoy reside en rodear y respaldar la culminación del proceso de paz y, enseguida, en movilizar el mayor número posible de colombianos en apoyo al plebiscito o a cualquier otro procedimiento refrendatorio que plasme el respaldo del pueblo. Urge, por tanto, que el gobierno concite a las fuerzas democráticas, incluida la izquierda y el movimiento obrero, a la “movilización contundente en favor de la paz”, anunciada por el presidente Santos en su alocución ante el Congreso Nacional Liberal, para elaborar y adelantar conjuntamente un plan de acción que contrarreste eficazmente la oposición de la extrema derecha.

Urge, circunscrita a los asuntos definidos por la agenda Gobierno-Farc, la pronta conclusión de las negociaciones de La Habana, lo más pronto que sea posible, con la firma de los acuerdos de paz. La pura y simple paz, sin añadiduras condicionantes que, aunque justas y necesarias en relación con la democracia y las reivindicaciones sociales, en la situación actual del balance de fuerzas hoy existente en Colombia, sólo propiciarían la dilación de las negociaciones y acaso la postergación indefinida de los acuerdos de paz. Por lo demás, en una muestra de positivo pragmatismo, las Farc se han abstenido hasta ahora de condicionar la firma de los acuerdos a la eventual convocatoria de una asamblea constituyente. Y aunque en la mesa de negociaciones de La Habana no se ha aprobado el plebiscito como procedimiento refrendatorio, las Farc han manifestado que “el acuerdo deberá ser sometido al voto popular”7.

Dado que las Farc han sido durante décadas la fuerza principal de las filas insurgentes en el país, la firma de los acuerdos de paz como fruto de las negociaciones de La Habana sería un enorme paso adelante hacia la consecución de una paz plena y permanente en Colombia. El valor o la gran trascendencia le viene a la paz, en primer lugar, del hecho de que con ella se superaría el mayor obstáculo de la democratización colombiana: la utilización de la violencia como un instrumento permanente de la lucha política para dirimir conflictos y asegurar el predominio territorial y social. Invaluable ventaja implicaría para las fuerzas democráticas y progresistas del país poder librar su lucha ya sin el enorme peso negativo de los efectos de la violencia política: el alto número de muertes, lesionados y víctimas del desplazamiento, la merma del PIB, la criminalización de la protesta social y la actividad sindical y política, la funesta identificación de las corrientes de izquierda, del marxismo y de la revolución por amplios sectores sociales con la violencia, los secuestros, el terrorismo y el narcotráfico, cuya regresiva consecuencia consistió en rezagar a Colombia de la saludable oleada de los Vientos del Sur, que generó gobiernos democráticos en varios países latinoamericanos.

En segundo término, el empleo de las herramientas de la democracia (derechos, libertades y garantías) en una Colombia en paz, así estas sean precarias o recortadas,

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Especial, como para la implementación del acuerdo final mediante Leyes ordinarias o leyes estatutarias sería, en cada caso, único y automático. Asimismo, el gobierno retirará de la tramitación del Acto Legislativo en mención, la proposición aditiva “Jurisdicción Especial para la paz” y esta será reemplazada en el artículo transitorio por el acuerdo Gobierno-Farc de 15 de diciembre de 2015.

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de la investidura vicepresidencial ni con los recursos del Estado.

como la lucha por su plena realización, permitiría elevar la lucha por las grandes transformaciones a un plano superior: más eficaz y rápida en cuanto a sus resultados y a sus tiempos.

Y, por otro lado, ante la inclusión de Jorge Londoño en el gabinete de recambio, la mayoría de la Tendencia Progresista ha declarado que esta fuerza integrante de la Alianza Verde no se siente representada en esa designación debido a los fuertes reparos y contradicciones que mantiene con la política económica, social y ambiental de la administración Santos. El Polo, a su vez, insistió en que no lo representa la nueva ministra Clara López Obregón, hasta la víspera presidenta de esa colectividad, y que su participación en el gobierno de Juan Manuel Santos se efectúa a título personal. Es decir, que lo actuado por el gobierno en este episodio arroja un balance más bien lánguido y constituye, para los sectores democráticos, fuente de nuevas preocupaciones.

Aunque se ha disipado ya el alboroto por el cambio de gabinete y la terna para el próximo Fiscal, debe decirse que los reemplazos que en principio podrían parecer lógicos, en aras de ampliar el respaldo al proceso de paz y de preparar las nuevas tareas de gobierno a que daría lugar su culminación, lamentablemente no cumplieron tales cometidos. No es de poca monta que el presidente haya resuelto incluir a Néstor Humberto Martínez en la terna para la designación del nuevo Fiscal General, dada su trayectoria y cercanía con el vicepresidente y habida cuenta del papel de semejante herramienta institucional, sobre todo con vistas al período que seguiría a la firma de los acuerdos de paz. Si se trataba de propiciar dichas rúbricas y de asegurar, acto seguido, el cumplimiento de los compromisos de la paz, tampoco aparece muy lógico el sesgo favorable a Vargas Lleras que finalmente tuvieron los relevos ministeriales. Porque el injustificable mutismo del vicepresidente y aspirante presidencial frente a las negociaciones de La Habana, como su acercamiento de hecho, de vieja data pero acentuado en las pasadas elecciones, a las posiciones del uribismo extremo no auguran muy buen suceso en cuanto a su respaldo al proceso de paz.

No obstante los vientos de reconciliación con la Casa de Nariño, la aguda contrariedad del liberalismo dista mucho de haberse apaciguado. Sobre todo porque la actividad de Vargas Lleras como aspirante a la presidencia continúa a plena vela, sin cortapisas (hasta en una reunión oficial del alcalde de Barranquilla, Char, hubo vivas al candidato). En vista de lo cual, el presidente del liberalismo, Horacio Serpa, reclama justamente que tal proselitismo por la presidencia de la República en el 2018 no se siga haciendo al amparo y con las prerrogativas

El respaldo de la clase obrera y del pueblo al proceso de paz puesto en marcha por el gobierno no implica en modo alguno pasividad o silencio frente a sus medidas antipopulares, antinacionales y contra el medio ambiente. El incumplimiento de los compromisos del presidente Santos con el movimiento sindical, el escamoteo del salario mínimo, el reciente decreto que otorga luz verde a la tercerización laboral, la venta de Isagén y otras privatizaciones anunciadas, el escándalo de Reficar, el regresivo proyecto de reforma tributaria, como la licencia inicialmente otorgada para la explotación minera en La Macarena, al igual que la ineficacia frente a la corrupción rampante en la alimentación escolar y ante las dramáticas consecuencias de la privatización de la salud, y otras medidas similares, de inconfundible cuño neoliberal, han ocasionado masivas protestas de las centrales obreras, de numerosas organizaciones sociales y fuerzas políticas contra la política del gobierno. Y continuarán ocasionándolas en cuanto persistan las medidas contra el pueblo.

Lo que la situación presente sí exige de los trabajadores y la democracia colombiana es negarse de plano a hacerle el juego a la oposición uribista de extrema derecha que intenta aprovechar y magnificar toda dificultad

emergente en las negociaciones de paz, o las decisiones impopulares y los errores ciertos o inventados atribuidos al gobierno, para truncar o dilatar la firma de los acuerdos de paz por la vía de desacreditar la administración Santos. Tales intentos se intensificarán con la inminencia de la firma de los acuerdos. Por ello hay que fomentar el apoyo popular a un trámite legislativo expedito a los asuntos de la paz y la pronta adopción de medidas de gobierno que preparen las condiciones del cumplimiento de los acuerdos.

La complejidad del momento reside en que, aunque las acciones de los de abajo fluctúen, en aparente contrasentido, entre movilizaciones o expresiones de apoyo a las negociaciones para el cese de la violencia, y movilizaciones de inconformidad y de protesta, la clave o norte que puede guiar a buen puerto a la Colombia democrática, la orientación que puede preservarnos de yerros y extravíos en las vueltas y revueltas del camino, es el empeño por la consecución de la paz, de la pura y simple paz.

Web: http://partidodeltrabajodecolombia.org/

Bogotá, 24 de mayo de 2016 Facebook: Ptc Alianza Verde

Notas 1 ‘El pueblo, el Congreso y la Corte son los que validarán los acuerdos’, http://www.eltiempo. com/Alocuciòn de Santos, eltiempo.com.htm, 16 de mayo 2016.

2 “Proceso de paz: en la recta final”, http://www. semana.com/nacion/articulo/tras-acuerdopara-blindar-el-proceso-de-paz-viene-cese, 14 de junio de 2016.

3 “Hay que resistir civilmente a inminente acuerdo Gobierno - Farc: Álvaro Uribe”, Caracol/Noticias, 9 mayo de 2016.

4 “Hay que resistir civilmente a inminente acuerdo Gobierno - Farc: Álvaro Uribe”, Caracol/Noticias, 9 mayo de 2016.

5 “Resistencia civil que proponen es la misma que proponía Carlos Castaño”: Santos, htpp://www.elespectador.com/noticias/política/, 13 mayo 2016.

6 “Resistencia civil que proponen es la misma que proponía Carlos Castaño”: Santos, htpp://www.elespectador.com/noticias/política/, 13 mayo 2016.

7 “Proceso de paz: en la recta final”, http://www. semana.com/nacion/articulo/tras-acuerdo-para-blindar-el-proceso-de-paz-viene-cese,2016.

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Declaración del PTC

EL PARO ARMADO Y LA MARCHA URIBISTA

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Debido a la repercusión nacional que tuvieron los acontecimientos mencionados en el título de la declaración, La Bagatela reproduce el texto en su integridad.

n secuencia letal, el paro armado y la marcha uribista, cual rayo en cielo no tan sereno, vinieron a notificarle a Colombia que no sólo no han quedado atrás los días de la intimidación armada de extensas comarcas y aun de grandes ciudades, sino que de manera masiva, abierta y desafiante, amenazaron de muerte a todo aquel que no aceptare someterse a sus designios. Tan lúgubre mensaje se abatió sobre 36 municipios de ocho departamentos, con acciones violentas intensificadas en Antioquia, Urabá, Córdoba, Chocó y Sucre, pero extendidas a varias regiones más como el Sur de Bolívar, con el saldo de ocho uniformados y un civil muertos, el transporte paralizado y el cierre casi generalizado de los establecimientos comerciales.

contra las decisiones y procesos judiciales que involucran conspicuos miembros del uribismo, contra la política de restitución de tierras, y sobre todo, ante el proceso de negociaciones de paz de La Habana, o profiriendo condenas al aborto, los lgtbi, y mueras a comunistas y guerrilleros, en un despliegue a pleno sol de una política y una cultura de signo inequívocamente fascista. En suma, que el país ha sido advertido, brutal y plenamente, a través de una combinación de actividad política y acciones armadas, que la continuación recrudecida de la violencia de los sectores más reaccionarios es el mayor peligro que afronta Colombia.

Y en seguidilla, el tropel de los desfiles uribistas, nutridos con los sectores más regresivos de las capas medias y algunas de los estratos altos, con consignas escritas y vociferadas en abierta rebelión frente a decisiones del Estado de derecho. Como las pancartas y estribillos

Y el gobierno nacional, en lo sucesivo, debe rectificar la injustificable y evidente falta de preparación frente al paro armado anunciado, al igual que la jornada de espanto y zozobra durante la cual las gentes del común tuvieron que suspender sus actividades habituales y refugiarse en sus casas sin la

El ex presidente Uribe le debe al país la explicación de por qué hasta la fecha nunca condenó el paro armado ni rechazó el respaldo público que le extendió a su marcha.

adecuada protección que el Estado debe a la población colombiana. Sobre todo, frente a los incontestables acontecimientos resulta inadmisible la consideración oficial según la cual “el paramilitarismo es un fantasma que ya no existe”. Semejante desfase, manifiesto en las discusiones finales de las negociaciones de La Habana pone en riesgo la firma misma de los acuerdos de paz y con ello, el más importante paso de avance del país, pues no sería razonable esperar que los alzados en armas se desmovilicen sin las debidas garantías para su reincorporación a la vida civil.

Colombia escogió respaldar el camino de la paz cuando votó para elegir a Juan Manuel Santos y derrotar al candidato de la continuación de la guerra. Por ello, e incluso cuando sus ejecutorias dejan muchísimo que desear en punto a las reivindicaciones obreras y populares ...como evidencian las recientes protestas masivas..., no es la hora de prestarnos para montajes ni maniobras de los enemigos de la paz para sabotear las negociaciones de La Habana por la vía del descrédito del gobierno. El anhelo de la mayoría del país porque cese

la violencia es una exhortación a los adversarios de la paz a que depongan sus odios y su beligerancia, y debiera ser, mediante un pacto de civilización de la contienda política que comprometa a las banderías enfrentadas, una invitación a librar a Colombia de más derramamiento de sangre y padecimientos.

El próximo sábado 9 de abril el país democrático se volcará a la calle. Sólo la movilización del pueblo puede salvaguardar el proceso de negociaciones adelantado en La Habana. La democracia colombiana debe rodear y respaldar el histórico esfuerzo para remover del camino la violencia política, el más grande obstáculo al progreso y democratización de Colombia.

Unámonos en torno al grandioso objetivo.

Partido del Trabajo de Colombia Integrante de la Tendencia Progresista en la Alianza Verde

Comité Ejecutivo Central Marcelo Torres Secretario General 6 de abril de 2016

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Bogotá, mayo-junio de 2016

LA ALCALDÍA DE MARCELO TORRES EN MAGANGUÉ

UNA REÑIDA BATALLA POR LA DEMOCRACIA (I) Arturo Villarreal Echeona*

Periodista y escritor

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Preámbulo

a lucha de los pueblos en todo el mundo por la soberanía, por la profundización de la democracia y por la resistencia civil contra los gobiernos ejecutores del modelo neoliberal y la dominación extranjera, casi invariablemente norteamericana, que ha tenido importantes capítulos en América Latina en estos comienzos del tercer milenio, se ha reflejado en Colombia de manera sobresaliente en la pugna por el establecimiento de gobiernos alternativos distintos a los partidos tradicionales en los municipios y en las entidades territoriales por medio de la vía electoral, a pesar de la guerra y la violencia política más irracional y desaforada.

Ha sido este un rasgo muy peculiar de la historia política contemporánea de Colombia, donde a pesar de que durante cerca de 60 años continuos los militares se han mantenido a la vera del poder, resignados al cogobierno desde los cuarteles, la democracia ha caminado todo el tiempo sobre el filo de las armas, secuestrada y constreñida en medio de una guerra sin límites del Estado y de facciones extremistas de izquierda y derecha, que ha arrojado a las fosas comunes más de 200 mil muertos, ha arruinado el agro y ha despojado de sus tierras a siete millones de campesinos, condenándolos a un éxodo más multitudinario, doloroso y humillante que todas las guerras del Medio Oriente.

Magangué, con el triunfo electoral de Marcelo Torres en la alcaldía hace cuatro años, fue el otro tinglado singular donde nuestra democracia, guardadas las proporciones, de manera similar a la capital, comenzaron a respirarse nuevos aires, en medio de los estertores de violencia, corrupción y desgobierno que vive Colombia.

Corazón y atalaya de la arteria principal de la patria, el río Magdalena, Magangué se había convertido bajo el imperio de Enilce López, ‘la Gata’, en extenso vecindario de amordazados, tierra del nunca jamás, donde el progreso y la democracia habían naufragado sin remisión.

Respaldado por el PTC, contando en las pujas iniciales con la valiosa ayuda de Gustavo Petro, con el esfuerzo directo de un contingente de paisanos, con el concurso de fuerzas políticas diversas, munido de su prestigio personal, sorteando todos los riesgos, pero sobre todo convencido de que las chispas de la sofrenada inconformidad podrían desembocar en una rebeldía generalizada contra la opresión, como finalmente sucedió, Marcelo pudo encabezar, en el tercer intento, la memorable reconquista popular de Magangué para la democracia.

El que ni en la capital del país ni en Magangué pudiera proseguirse de inmediato la labor transformadora emprendida, no desdice de los líderes que presidieron los procesos ni puede dar pábulo al desánimo. Por el contrario, en Bogotá, ya la sucesión de yerros de Peñalosa, y de actos lesivos de su administración contra el patrimonio público, el medio ambiente, la salud de los bogotanos, la educación pública, la movilidad, la mujer, los vendedores ambulantes, los maestros, los trabajadores oficiales, los estudiantes, etcétera, empiezan a desatar no solo un encendido debate público contra el obtuso y reaccionario burgomaestre, sino una avalancha de protestas y moviliza-

El alcalde de Magangué, Marcelo Torres, se dirige a la asamblea anual de Familias en Acción en el año 2014, evento realizado en el polideportivo de la ciudad.

ciones públicas. Y en Magangué, tras las ruidosas cortinas de humo emergen los contornos de la realidad: una acusada oleada de inseguridad con un aumento de los homicidios, amenaza a comunicadores que se atreven a opinar libremente, circulación de amenazantes listas de la siniestra “limpieza social”.

Los obstáculos encontrados al iniciarse la nueva administración La importancia de los logros alcanzados en la gestión del Verdadero Cambio, como Marcelo bautizó justicieramente a su administración, no podría dimensionarse sin un conocimiento mínimo del estado en que el nuevo alcalde recibió el Municipio. Una rápida revista de esa situación, al comenzar el año 2012, no podría pasar por alto los aspectos negativos más protuberantes, que se enumeran a continuación: 1. Una precaria estructura presupuestaria y financiera derivada del nefasto endeudamiento a que fue sometido el municipio por anteriores administraciones, agravado por el hecho de que Magangué, a diferencia de los centros urbanos de mediano y gran tamaño, cuenta con un

nivel muy bajo de captación de los recursos propios, por lo demás comprometidos en altos porcentajes para el pago de la deuda. Es así como del presupuesto del año 2012, el primero de la gestión, por un valor de 112 mil millones de pesos, lo disponible en definitiva para inversión se redujo a $800 millones, equivalentes a menos del 1% del total. Una suma insignificante frente a las necesidades del municipio en materia de obras civiles y en especial, ante las grandes expectativas de la población.

2. El lastre de una interminable deuda por causa del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos ordenado por la Ley 550, que en lugar de constituir como se piensa comúnmente, un alivio en el manejo de las finanzas municipales, no había sido para Magangué más que una fuente de corruptelas y de desangre de recursos. El pago de acreencias afectaba en algunos rubros casi hasta en un 100% los recursos propios del municipio que ingresaban, por ejemplo, por concepto de la sobretasa a la gasolina, el transporte de combustible de Ecopetrol, la asignación especial como municipio ribereño, la recuperación de títulos judiciales, el recaudo por la re-

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La contienda electoral, cuya intensidad y antagonismo sólo ha sido sobrepasada por el encarnizamiento de la violencia política que flagela al país, ha tenido en los tiempos recientes unos pocos escenarios resonantes. El primero en Bogotá, con la victoria de Gustavo Petro, donde las fuerzas de la derecha de consuno con la aristocracia más torcida de las finanzas y de la política, recuperaron finalmente el Potosí de la administración capitalina, cuya bolsa presupuestal aspira a llegar, en el cuatrienio, a los 89 billones de pesos, asalto que se hizo en medio de una retreta mediática, pérfida y eficaz que comenzó al día siguiente de la posesión del alcalde de la Bogotá Humana.

En ese contexto, la elección de Marcelo constituyó un capítulo notable en la gesta por la conquista de la paz en nuestra convulsionada historia. Curtido dirigente la izquierda colombiana; líder del legendario movimiento estudiantil de la década de los 70; cofundador, junto a Francisco Mosquera y un puñado de valientes obreros y universitarios, del Partido del Trabajo de Colombia; caracterizado vocero de esta corriente que desde los inicios de esta nunca cejó en la defensa de la tesis mosquerista de que en Colombia, desde las postrimerías de la Violencia liberal conservadora hasta hoy, nunca volvieron a cuajar condiciones para la lucha armada; senador, que junto con Jorge Santos, el reconocido líder de la USO, se opuso tanto a la desaforada intervención gringa en el país durante la crisis desencadenada en el gobierno Samper como a sus ejecutorias neoliberales; investigador profundo y escritor brillante, Marcelo, ante la demanda de ayuda de su tierra natal, no rehusó enfrentar aquel desafío que a más de uno pareció temeridad y hasta falta de juicio.

Marcelo Torres, el alcalde de Magangué en el evento de entrega de 573 casas construidas por el Fondo de Adactación al Cambio Climático, gracias a la gestión del municipio.

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 cuperación de cartera e intereses del impuesto predial e industria y comercio, o los recursos de libre inversión provenientes del Sistema General de Participaciones, entre otros recursos que se encuentran pignorados y comprometidos para el pago del Acuerdo de Pasivos.

3. Descertificación en agua potable y saneamiento básico por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cuyo efecto práctico consistía en que el municipio había perdido el manejo de esos recursos que pasaban a la gobernación del departamento. La sanción venía desde el año 2009 por el incumplimiento de algunos requerimientos que la ley impone a los entes territoriales en el manejo de información y de requisitos concernientes a la estratificación para efectos de la asignación tarifaria.

4. Suspensión de los giros de regalías y compensaciones expedida por el DNP desde el año 2010 por la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones con destinación diferente a la permitida por la ley.

5. Deterioro del status legal e institucional. Marcelo encontró el municipio de Magangué en el sótano de la sexta categoría, en razón a que el monto de sus ingresos corrientes de libre destinación (Icld), no superaba los quince mil salarios mínimos mensuales vigentes (unos $8.700 millones) pese a tener cerca de 200 mil habitantes, cuarenta y dos corregimientos y una extensión de 119.700 hectáreas, de las cuales aproximadamente un 60% configura uno de los ecosistemas de humedales más importantes y estratégicos del país, integrante de la subregión de La Mojana.

6. Descertificación en proyectos de vivienda de interés social. El municipio de Magangué también se encontró sancionado por el Ministerio de Vivienda, como consecuencia del incumplimiento en la ejecución de los dos proyectos de vivienda de interés social, Nuevo Amanecer y La esperanza de un pueblo, iniciados de vieja data e interrumpidos en administraciones anteriores. Tal condición le impedía al municipio el acceso a los planes de vivienda de interés social y de las viviendas gratuitas (Aquí vale la pena aclarar que a pesar de este impedimento, la gestión de Marcelo permitió la construcción y entrega por el gobierno nacional de 730 viviendas palafíticas en las zonas del río y ciénagas aledañas, y una urbanización de 573 vi-

La administración de Marcelo Torres construyó 14 pozos profundos en el área rural para suministrar agua potable, por primera vez a 16 corregimientos de Magangué. En la imagen, el alcalde acompañado del director del proyecto, Hernán Carmona, socializando con usuarios veredales.

viendas en el área urbana construidas por el Fondo de Adecuación para el Cambio Climático).

7. La pésima prestación de los servicios públicos domiciliarios. Los servicios públicos domiciliarios fundamentales, como alcantarillado, agua potable, aseo y energía y alumbrado público, al igual que el gas natural, se encontraron en manos de empresas privadas, mediante contratos de concesiones o de prestación de servicios públicos, que han venido lesionando el interés de la municipalidad y de los magangueleños, con mala o peor prestación de los servicios, tarifas y promedios de consumo ficticios, por encima de los estándares nacionales, incumplimientos de los objetos contractuales, cobros cuestionables e indebidos al municipio, en un claro perjuicio de los usuarios y detrimento del patrimonio público.

Magangué: laboratorio del posconflicto En medio de la controversia nacional por la paz, los anatemas de los opositores a las negociaciones de La Habana, los actos temerarios de las guerrillas y las acciones violentas, los atentados y las amenazas a líderes populares, Magangué no fue ajeno al torbellino político de los días que corren. Con una población registrada de víctimas del desplazamiento del conflicto armado de cerca de 30.000 personas (más del 15% de la población total del municipio), que provenientes de otros municipios congestionaron desde años atrás

la precaria infraestructura de servicios públicos domiciliarios, la red hospitalaria, la educación pública y aumentaron un déficit de vivienda ya de por sí abultado, puede decirse que una parte sustancial de la administración pública municipal en Magangué consiste en la atención de esta población vulnerable, bien a través de la Unidad Nacional de Víctimas, los programas sociales del gobierno nacional, el Sistema General de Participaciones (educación y salud) y con recursos propios del municipio. A ello deben añadirse los flagelos sociales presentes en el país: un alto desempleo (del 30%), una descomposición social acelerada por el microtráfico de estupefacientes, una considerable tasa de drogadicción y delincuencia juvenil, embarazos precoces de adolescentes y prostitución infantil. La administración de Marcelo Torres acometió el restablecimiento de la democracia y un esfuerzo por mejorar las condiciones del ochenta por ciento de la población compuesto por los estratos sociales 1 y 2 en distintos frentes de trabajo que incluyeron siempre a la población víctima del desplazamiento, hasta donde era posible con los recursos transferidos por la nación, los aportes del gobierno central y los magros recursos propios.

En la parte correspondiente a los logros de esta administración se reseñará lo pertinente. Baste por ahora con registrar que, por un proyecto de iniciativa de la administración municipal y recursos de la Unidad Nacional de víctimas se adecuó, por primer vez en el Sur de Bolívar, un centro de atención de víctimas, cuyo funcionamiento y recursos humanos corren a cargo del municipio, en el área urbana de Magangué, que desde entonces atiende varios miles de ellas llegadas cada mes, suministrándoles alojamiento de paso, alimentación temporal, atención médica y sicológica especialmente para la niñez, adelantamiento de trámites y reclamos,

y subsidios de transporte intermunicipal.

Con toda justicia a Magangué se le reconoció por varios medios de comunicación como un ‘‘laboratorio del posconflicto’’.

La administración de Marcelo Torres no sólo cumplió la difícil misión de rescatar la democracia, salvar el municipio del desahucio y desarrollar obras materiales de significativo impacto social, sino que habiendo conjurado el cerco político y económico de la ilegalidad y la violencia en una de las regiones más conflictivas y rezagadas del país, inició la configuración de una forma de administración democrática, moderna y ética, ajena por completo a la exclusión, al soborno y a todo tipo de extremismos, que constituye un genuino ensayo de administración para la paz, en el período histórico que se abre con los acuerdos que están a punto de celebrarse entre el Gobierno y los grupos armados. Se requerirá en todo el territorio nacional por parte de todas las personas y partidos una buena dosis de tolerancia, de voluntad de concertación por encima de las diferencias, de respeto y afianzamiento de la institucionalidad vigente en favor de la convivencia democrática y la civilidad, para que las expectativas de paz que inflaman el corazón de la inmensa mayoría de los colombianos, cuajen por fin en un país enfilado hacia una nueva era de civilización política, en la cual sea factible luchar, sin riesgos mortales, por progreso y bienestar para todos. Con Marcelo, Magangué nos ha dado un ejemplo pequeño pero potente de que ello es posible.

Nota * Arturo Villarreal Echeona, oriundo de El Banco en la región del Pocabuy, investigador social y veterano promotor de las causas populares en el río Magdalena desde los tiempos de la Política de Pies Descalzos del PTC. Es escritor, Premio Nacional de Literatura en Colombia, y periodista laureado en México en 1990.

ESPERE EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE

LA BAGATELA: El Canal Capital, Canal más Humano, realizó una extraordinaria crónica que se denominó Magangué Laboratorio del Posconflicto. En la foto, el alcalde Marcelo Torres en entrevista con el periodista Óscar Bustos, realizador del programa.

LOS 7 LOGROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARCELO TORRES EN MAGANGUÉ

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Bogotá, mayo-junio de 2016

LOS 100 DÍAS DE PEÑALOSA Yezid García Abello Dirigente del PTC / Exconcejal Bogotá por la Alianza Verde Tomado de Informativo CUT Bogotá Cundinamarca abril de 2016 de

A

l revisar los discursos de posesión de los alcaldes de las principales ciudades del país, el de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue el único que no hizo, por tímida que fuera, una mención al proceso de paz y a la renovación del compromiso de la Capital con las víctimas y con la reinserción de los alzados en armas que se reincorporaran a la vida civil, pese a la recomendación presidencial para que los alcaldes se comprometieran desde el inicio de su mandato con este propósito nacional. Fue la forma de Peñalosa de expresar su cercanía política con las corrientes enemigas del proceso de paz, sus patrocinadores, el uribismo y el vargasllerismo.

Cercanía más acentuada aun cuando se repasan las principales propuestas y determinaciones de esta administración sobre el modelo de ciudad que entraña la “recuperación” de Bogotá, luego de doce años de avances continuos en la reducción de la pobreza, el crecimiento de la inversión social, la defensa de lo público y la preservación de la vida, del agua y el ambiente. En estas líneas, me referiré a seis temas polémicos, dentro de una larga lista, que caracterizan la naturaleza y los objetivos de la “Bogotá para todos”, abiertamente contradictorios con los postulados y realizaciones de los gobiernos locales de izquierda democrática, pero especialmente, con los de la Bogotá Humana:

1

. Sin estudios que lo justificaran y sin demostrar que sus opciones son más baratas, Peñalosa decidió cambiar el proyecto de Metro subterráneo a elevado, reducir la primera línea a la mitad del recorrido proyectado inicialmente, convertir el Metro (Tren) en alimentador de TransMilenio (bus) y no al revés como debía ser, terminar abruptamente una primera fase en la calle 26 con Avenida Caracas, sin mencionar siquiera en qué se transportarán, al bajar del Metro, esos miles y miles de usuarios que se dirigen a su sitio de trabajo a lo largo del eje oriental de la ciudad, que es la troncal de Transmilenio más congestionada, colapsada en sentido estricto.

Así las cosas, no es muy probable que en el cuatrienio de Peñalosa comience siquiera la construcción del Metro, ni subterráneo ni elevado. Ese dilema es una bomba de humo para engatusar incautos. La apuesta de Peñalosa y de su fundación, patrocinada entre otros, por las empresas fabricantes de vehículos Volvo y Ford, y por la petrolera Shell, es la de cubrir el transporte público con buses y no con trenes, con energías sucias y no limpias, entregando el servicio público de transporte al capital privado.

Ya el gerente-empresario nos anunció que Bogotá estaba destinada, tal vez por la Divina Providencia, a utilizar exclusivamente buses en los próximos 100 años.

Eso sí, como le gusta a los avivatos, que el

Estado ponga las vías, la infraestructura, las reparaciones, la seguridad y se quede con ridículos ingresos, inferiores al 5% de lo recaudado, como remuneración a sus responsabilidades. Lo único que le haría cambiar de opinión y apresurar el tema del Metro es el negocio de llevarlo hasta Cascadas, en el área rural de Mosquera, tierras inundables y de alto riesgo, a ocho kilómetros del centro de ese municipio, donde hoy no hay ningún desarrollo urbano y Peñalosa pretende construir allí 250.000 viviendas.

2

. La privatización de la ETB no

es improvisada, corresponde a un plan macabro muy bien estructurado que inició con las declaraciones del alcalde electo en diciembre, los anuncios en el Concejo el primero de enero, el nombramiento de Jorge Castellanos como gerente –el mismo que privatizó Bancafé–, y que hizo del credo neoliberal su modus vivendi, y una campaña mediática de los grandes directores y propietarios de medios convenciendo a la ciudadanía que la ETB es atrasada, ineficiente y produce pérdidas a la ciudad. Vale la pena recordar algunos asuntos y poner de nuevo sobre el tapete algunas cifras.

Antes de los gobiernos locales de izquierda democrática en Bogotá, las alcaldías de Peñalosa y Mockus trataron infructuosamente de privatizar ETB. No lo lograron, pero adelantaron un proceso de marchitamiento de la empresa que les facilitara la venta. Sin embargo, pese al cerco que su mismo dueño le tendió, ETB salió adelante. Al finalizar el cuatrienio de la Bogotá Humana el valor de la acción en bolsa creció 60%; invirtió casi dos billones de pesos en el programa de reemplazar las redes de cobre por fibra óptica para servir 1.250.000 hogares –Ftth–, con velocidades de internet que nadie, y mucho menos las empresas privadas, ofrecen en Colombia, oferta productos tecnológicos de última generación, tiene televisión interactiva digital, móviles 4G, datacenter, presencia comercial en quince departamentos, servicios de fibra óptica para 600 grandes clientes corporativos; en fin, es una eficiente empresa muy distinta al “mueble viejo” que quiere publicitar el actual gerente privatizador Castellanos.

Castellanos ha dicho a los cuatro vientos que la empresa ha dado pérdidas en los dos últimos ejercicios contables. Es un maquillaje a los balances para mostrar cifras negativas a partir de utilizar las normas contables Niif (que aún no están

Yezid García encabezando las protestas contra Peñalosa.

vigentes para la Dian ya que los impuestos se pagan de acuerdo al método contable tradicional); ocultar que Claro, por fallo judicial, inapelable hoy, se ha negado a cancelar una deuda de 250.000 millones de pesos; y que la Administración de Impuestos Nacionales, ya aprobó devolver a la ETB 150.000 millones de pesos en impuestos. Señor gerente privatizador: ¡400.000 millones que le adeudan a la ETB son más que un déficit contable, no real, de 70.000 millones sobre los que usted vocifera con tanto entusiasmo!

3

. Ante la descabellada propuesta del alcalde Peñalosa de urbanizar la mayor parte de las 1.400 hectáreas que constituyen la reserva forestal del norte de Bogotá, Thomas Van der Hammen, reserva que conecta los cerros orientales con el río Bogotá y hace parte de la estructura ecológica principal de la Capital, se realizó un foro en la Universidad de los Andes el 15 de febrero donde, en medio de todas las garantías para que el alcalde presentara la sustentación de su atropello ambiental y ecológico, expertos, académicos, integrantes del sector público, comunidades y estudiantes, constataron que Peñalosa traía los mismos “argumentos” con los cuales trató fallidamente de impedir que el Ministerio de Ambiente y la CAR constituyeran legalmente la reserva y expidieran posteriormente, en 2014, el Plan de Manejo Ambiental de la misma.

La inmensa mayoría de los expositores, por no decir la totalidad, se opusieron a la pretensión peñalosista. La chiflada ante el despropósito no fue gratuita, a ningún funcionario público se le debía ocurrir, para favorecer intereses privados de propietarios, urbanizadores y constructores, sembrar con cemento esa reserva, vital para la preservación del agua y la vida en

el frágil territorio bogotano, y menos aún, en pleno sufrimiento de la humanidad por las consecuencias del cambio climático.

Peñalosa afirmó mentirosamente “que no existen investigaciones científicas” que prueben la importancia de la reserva; cuando la comunidad académica y los ambientalistas saben que no hay una declaratoria de área de reserva que tenga más análisis, demandas, debates y estudios que la Van der Hammen. El comunicado de la Academia Nacional de Ciencias, donde ratifica la necesidad de mantener la reserva sin urbanización, hace un recuento de las investigaciones científicas sobre el tema en los últimos 50 años.

Sin embargo, lo que sorprende y prende las alarmas es la complacencia de algunos medios y editorialistas con la propuesta; el respaldo tajante del alfil del vargasllerismo en el gabinete, el ministro de Vivienda Henao; el silencio sospechoso del Minambiente, el hecho que antiguos funcionarios de la CAR griten a los cuatro vientos que “no hay reservas intocables”; y la vergonzosa actitud de algunos concejales “verdes”, tratando de justificar la propuesta del alcalde.

Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, preguntó en artículo reciente: ¿Acaso un alcalde tiene el derecho de borrar de un plumazo un complejo proceso de ordenamiento territorial que suma más de 16 años?

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. Peñalosa, desde su posesión, la

ha emprendido contra los vendedores ambulantes y estacionarios de Bogotá sin tener en cuenta límites impuestos por sentencias de las Altas Cortes ni la realidad de la dura vida de estos ciudadanos y ciudadanas. Por ello, vale la pena recordar, una vez más, que la profesión de vendedor callejero en la mayoría de los casos no se escoge, se

Bogotá, mayo-junio de 2016

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clientes de su empresa “Contexto Urbano”, Colpatria y Arquitectura y Concreto, esta última la nada despreciable cantidad de 60 hectáreas. Astrid Álvarez, gerente de campaña del Alcalde, actual gerente de la Empresa de Energía de Bogotá e integrante de la junta directiva del acueducto es vecina, en la reserva, de su colega Ortiz Gómez. De materializarse el cambio de uso del suelo que pretende el Distrito estas propiedades multiplicarían su valor, por lo menos, por diez. Pero para Peñalosa no hay impedimento ni ético ni legal de sus funcionarios y el tema es “irrelevante”.

Una de las primeras agresiones de Peñalosa fue a la salud. Trabajadores y usuarios protestan contra el acuerdo que privatizará los servicios.

asume frente a la imposibilidad de conseguir un empleo formal, y la población que llega a “rebuscarse” en las calles solo cuenta con un pequeño “plante” que ratifica su condición de población vulnerable sin que el Estado, nacional o local, actualmente se lo reconozca.

Hay abundancia de vendedores ambulantes porque hay desempleo, porque ha habido desplazamiento por la violencia que por cincuenta años ha azotado la nación, porque un modelo económico maldito llamado la apertura económica arruinó sectores claves de la industria nacional y de la producción agraria, porque las principales empresas del Estado se feriaron al capital privado, principalmente extranjero.

Las ventas callejeras y los vendedores pertenecen a la esfera de la economía popular, pero el 98% de sus protagonistas no cumple siquiera con la elemental ley del capitalismo de la “acumulación”.

Pasan años en las calles, en jornadas inhumanas de 14 o 16 horas de trabajo, pero al final de su vida laboral, ni pensión, ni salud, ni techo para sus descendientes.

Escasamente han podido supervivir a la adversidad que les deparó ser pobres. Es una actividad económica de subsistencia.

Los partidarios de los desalojos de los vendedores, sin concertación previa, a bolillo, patadas y decomiso ilegal de sus mercancías, alegan su derecho constitucional al espacio público, que está claramente establecido en la Carta. Pero, en ella también se proclama el derecho al trabajo de todos los colombianos. Y se presenta una contradicción evidente entre dos derechos planteados en la Constitución. En un Estado social de derecho, como se proclama el colombiano, esta contradicción entre los andenes despejados y el hambre de miles de colombianos debe resolverse a favor del derecho al trabajo. Ello implica que es al Estado a quién le corresponde proponer soluciones de empleo e ingresos a una población vulnerable que escogió un trabajo duro y no el camino de la delincuencia o el narcotráfico. Si se puede concertar una solución a cincuenta o más años de violen-

cia, ¿no será posible concertar alternativas para los vendedores ambulantes distintas al garrote y los desalojos?

5

. La Bogotá Humana tuvo cuatro

exitosos programas en el área de la salud: recuperación del San Juan de Dios, Territorios Saludables, los Camad, y la viabilidad financiera de la red pública hospitalaria. Ninguno de ellos, en una actitud irracional, tendrá continuidad en la alcaldía de Peñalosa, con todas las previsibles consecuencias sobre los usuarios, los profesionales de salud y los trabajadores. Pero el golpe más duro al servicio público de salud es el acuerdo, presentado por el secretario de Salud al Concejo y aprobado a las volandas y de manera ilegal, que fusiona los 22 hospitales en cuatro, con expresa participación del sector privado en la prestación de los servicios y en la administración de 2,5 billones de pesos destinados a la compra de insumos y medicamentos. Se abre, también con ese acuerdo, la posibilidad de despidos masivos de trabajadores. Inexplicablemente, a pocos días de consumado el atropello, ya hay hospitales públicos con servicios restringidos por falta de medicamentos, lo que hacía muchos años no ocurría en la Capital.

vínculos, probados hasta la saciedad, con la empresa fabricante de buses Volvo no han sido aclarados ni justificados, pero él insiste en tratar los trenes y la energía eléctrica como sus enemigos, privilegiando los buses y los combustibles fósiles, contaminantes, como la panacea para el transporte público. El tan anunciado “Libro Blanco de la administración Petro” resultó ser un folletico de 16 páginas que pretende cubrir las falencias propias con la negación irracional de los logros de la Administración anterior.

Según información de El Espectador, los constructores, agentes inmobiliarios, bancos y agentes de inversión son los que más hectáreas tienen en la reserva Van der Hammen. Y varios de ellos participaron en la financiación de la campaña de Peñalosa. El secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, su señora y su cuñada tienen allí propiedades.

Pero, además, también dos importantes

Los afanes privatizadores del alcalde Peñalosa no conocen ni prudencia ni límites. ¿Acaso no constituye detrimento patrimonial pagar sin necesidad una multa a la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema de las basuras, que sale de fondos del Distrito, por valor de 20.520 millones de pesos, cuando ya la Superintendencia había suspendido el proceso coactivo porque el Consejo de Estado aceptó la demanda sobre nulidad de la multa que había interpuesto la alcaldía de la Bogotá Humana? Pero Peñalosa dice que al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Como hubo protestas por esa absurda determinación, entonces canceló otra multa dentro del mismo proceso, por 75.000 millones correspondientes a la sanción, apelada también, al Acueducto de Bogotá. Para redondear la faena contra los fondos y los intereses públicos, quien la sacó del estadio fue la nueva gerente del Acueducto (El momento de escribir estas líneas coincidió son su sorpresiva renuncia), Eva María Uribe, de ingrata recordación por sus pretensiones de privatizar Emcali, que anunció ante el Consejo de Estado que se le va a entregar al sector privado, en concesión por 40 años, la construcción y operación de la planta Canoas, de tratamiento de las aguas del río Bogotá.

Al orden del día está la resistencia y la movilización de la ciudadanía, sin distingos políticos, afectada en sus derechos básicos por un modelo de ciudad al servicio de los intereses privados, principalmente de urbanizadores, constructores, empresas extranjeras y prestamistas de todo cuño. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales no serán inferiores al reto planteado.

Bogotá D.C., 19 de abril de 2016.

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. Buena parte de los altos funcionarios de la Administración Peñalosa, incluido el alcalde, presentan unos antecedentes y unos desempeños bastante deficientes desde el punto de vista ético. Algunos pocos ejemplos que corroboran esta afirmación son los siguientes: Peñalosa por más de treinta años se presentó como poseedor de “un título de doctor (PHD) en Administración Pública de la universidad parisina de La Sorbona.

Dos periodistas demostraron que el famoso título era publicidad falsa, no existía, y que se engañó a los electores y a los auditorios del mundo entero donde la Volvo llevó a este vendedor de buses; y no hay, hasta la fecha, una admisión de culpa, ni autocrítica alguna, ni propósito de enmienda del Alcalde de Bogotá. Sus

La gigantesca marcha de vendedores, el 29 de febrero de este año, hace parte del repudio popular a la arremetida neoliberal que encabeza Peñalosa contra los avances sociales en Bogotá. En la foto, interviene Ómar Puerto, histórico dirigente de los vendedores informales que luchan por el derecho al trabajo, enfrentando el bolillo y las medidas de fuerza del alcalde ‘gomelo’.

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¡Cinco meses en la oposición a Peñalosa!

Francisco Castañeda

F

rancisco Castañeda fue elegido edil de la localidad más populosa de Bogotá, Kennedy (Techotiba), con cerca de 4.000 sufragios por el partido Alianza Verde. Desde el primer día se destacó su postura frontal contra el regreso del régimen neoliberal a la Capital de la República. Castañeda ha dedicado estos cinco meses a defender las conquistas sociales de la izquierda en Bogotá, hoy amenazadas por Peñalosa. Impulsa la construcción de una ciudadanía activa, promoviendo la lectura y las bibliotecas como escenario de diálogo de saberes, conquistando la vida en defensa de los derechos de los animales, reivindicando los derechos de las personas diversas, y adelantando una férrea defensa de lo público.

Con cerca de 40 intervenciones en la JAL sobre temas vitales como el Metro

Subterráneo Ya, la salud pública, la Universidad de Kennedy, entre otros, Francisco Castañeda adelanta una intensa campaña en defensa de la ETB. Y lo seguirá haciendo con el fiel compromiso que siempre lo ha caracterizado.

Álvaro Castillo Corredor

L

íder de las comunidades del Sur bogotano, Álvaro Castillo ha sido dirigente comunal, edil de la localidad de Tunjuelito (2008-2011) y en las pasadas elecciones nuevamente salió elegido a la JAL por Alianza Verde, durante la campaña apoyó la candidatura de Yezid García.

Martha Triana Laverde

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Con una agenda intensa, limitada por el término legal de 30 días, reducido en esta ocasión a 20, por la Semana Santa, el Ctpd, escuchó a los 13 sectores de la Administración Distrital y luego, una semana después, convocó a la ciudadanía, realizando cinco audiencias públicas denominadas “El Ctpd escucha a la ciudadanía”, para luego entrar en la discusión interna del documento, por comisiones.

En el informe inicial presentado por la presidenta del Ctdp se lee: en las tablas de metas de resultado, se encontraron varias inconsistencias y se evidenciaron ausencias, en lo relacionado con metas, indicadores y líneas base”.

Gracias a las denuncias hechas por Martha Triana y múltiples opiniones de los sectores democráticos, la ciudadanía ha conocido que el propósito del alcalde Peñalosa es adelantar una arremetida neoliberal sin precedentes para feriar el patrimonio público (como la venta de la ETB), herir sin remedio el medio ambiente, fortalecer el

caduco sistema de Transmilenio e impedir la construcción del Metro, y el desmonte de las conquistas sociales y culturales alcanzadas durante doce años de administraciones democráticas, particularmente en la Bogotá Humana, todo ello con la obsecuencia del Concejo y los grandes urbanizadores, el capital financiero y negociantes inescrupulosos.

Enrique Santos Molano (El Tiempo) afirmó: “de dársele luz verde como está, el Plan de Desarrollo podría hacer de la Bogotá de Peñalosa el mayor desastre urbano jamás visto”.

La lucha de Martha Triana en la JAL de Teusaquillo y desde el Consejo Territorial de Planeación Distrital es apreciada por los ciudadanos y cuenta con el respaldo de las fuerzas que resisten el envión derechista de Peñalosa

La actividad del joven concejal de Mosquera vecinas y enfrentarse a las multinacionales del cemento. Sus planteamientos en la JAL necesariamente chocan con los que han asumido la ingrata tarea de defender la administración peñalosista.

Concejal liberal de Cali apoyado por el PTC

Óscar Javier Ortiz

P

articipó en temas de importancia, como la situación de las Empresas Municipales de Cali y señaló que la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos golpeó a los trabajadores y desmanteló las gerencias operacionales. Emcali no ha resuelto el problema de las pérdidas escandalosas en acueducto, ni la compra de energía a menores precios, el componente de comunicaciones sigue perdiendo clientes, sin futuro y haciendo negocios como el del cable submarino, que puede arrastrar a toda la empresa a una situación peor, además ha crecido desproporcionadamente la alta burocracia.

En materia de educación expresó que el gobierno nacional siempre debió privilegiar la educación oficial. En el debate a la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, sobre Ciudad Paraíso, denunció cómo los habitantes del barrio El Calvario, lo que están recibiendo es exclusión, extrañamiento y destrucción de su economía familiar. Emru está al servicio de los grandes urbanizadores, y está

Edilesa de Teusaquillo en Bogotá alió elegida por el partido Alianza Verde como edilesa de la localidad de Teusaquillo, y respaldó la candidatura al Concejo de Bogotá de Yezid García. Además de su actuación en la Junta Administradora Local, se ha destacado en el debate a nivel ciudadano sobre el proyecto de Plan de Desarrollo del acalde Peñalosa como presidenta del Consejo Territorial de Planeación Distrital, Ctpd, máxima instancia de participación en este tema.

Edil de Tunjuelito (Bogotá)

Como edil se ha destacado por defender los intereses de los sectores populares y propiciar su organización tanto en el nivel comunal como de las personas afectadas por las políticas neoliberales de la actual administración distrital en asuntos claves como el derecho a la salud, el trabajo, la cultura, las aspiraciones de los jóvenes de los barrios, y está siempre presente auspiciando los reclamos de los desposeídos. Álvaro Castillo es un antiguo defensor del medio ambiente y ello lo ha llevado a denunciar decididamente la minería de las canteras en Tunjuelito y otras localidades

Bogotá, mayo-junio de 2016

Edwin Yesid Sarmiento

“

La responsabilidad pública que genera el hecho de asumir la representación de los sectores históricamente excluidos, así como la de plantear que la corporación Concejo Municipal, es el escenario natural para el ejercicio del control político, genera la necesidad de mantener una línea política correcta, la misma que se inició con la participación en los dos periodos constitucionales anteriores de la concejal Ivonnet Tapia.”, anota el nóvel concejal.

Es por ello que desde que se posesionó como concejal ha sido coherente con los postulados del partido Alianza Verde, por el cual salió elegido con más de 400 votos. Ha presentado proposiciones encaminadas a fortalecer una política de protección animal y ambiental, así como la adaptación del territorio municipal al cambio climático. Su apuesta central, como lo pregonó en su campaña, es la defensa del patrimonio público.

comprando la tierra a precios miserables bajo la amenaza de la expropiación.

Varias de sus propuestas fueron aprobadas por unanimidad, como la de reseñar y destacar los 263 años del Hospital San Juan de Dios, que a pesar de las nefasta Ley 100 se mantiene como una institución pública al servicio de los caleños, y la presentada con motivo de la venta de Isagén por tratarse de un bien estratégico de la Nación.

No obstante, desde su misma posesión el pasado 2 de enero alertó al municipio sobre la indebida intromisión del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en asuntos municipales con respecto a la posibilidad de construir 500.000 viviendas en Mosquera, planteamiento con el que, en distintos escenarios, estableció una posición sin vacilación de oposición

total a esta iniciativa, ya que aumentaría en forma exponencial los problemas en infraestructura, en salud, en movilidad, en educación, en medio ambiente y otras tantos aspectos, agrediendo de manera flagrante la autonomía municipal.

“Mi actividad en el concejo municipal siempre estará encaminada a servir al pueblo y a profundizar el ejercicio democrático, por eso respaldamos las negociaciones de paz adelantadas en La Habana y votaremos positivamente todas las propuestas que en bien de la población presente la alcaldía de Emilio Casalllas, es nuestra manera de agradecer a los mosquerunos su confianza al elegirme como concejal”, afirmó Edwin.

www.juventudpatriotica.com / www.facebook.com/jupaptc @JUPA_PTColombia / @ConsecEsap

Bogotá, mayo-junio de 2016

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LA CONSULTA POPULAR SOBRE MINERÍA DE LOS IBAGUEREÑOS La Redacción

“Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”, aseguró el concejal William Rosas.

G

uillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, presentó la propuesta para llevar a cabo una consulta popular sobre la minería que podría afectar el municipio. De los 19 miembros del concejo de la capital tolimense 10 miembros le dieron voto positivo a la consulta, entre ellos el presidente del concejo por Alianza Verde, el progresista William Rosas. ¿Está de acuerdo, sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística en el municipio?

La idea, como lo ha expresado el alcalde Jaramillo y el concejal Rosas: “es que los ibaguereños decidan si quieren o no minería en su territorio”. El interrogante hace referencia al proyecto de extracción de oro La Colosa, que se realizará en el municipio de Cajamarca y que, asegura, podría afectar la cuenca del río Coello, fuente de aprovisionamiento de agua para Ibagué.

La decisión se tomó luego de que altos funcionarios del gobierno nacional y de la Procuraduría visitaran a los concejales de Ibagué tratando de intimidarlos y convencerlos para que no votaran a favor de la consulta. Varios concejales se encuentran

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El nuevo opio del pueblo producido por la televisión

Uno que le piden que se vaya con su música a otra La Fifa parte argentina

Ibagué será la primera capital del país que hará una consulta popular sobre este tema, y el primer territorio en hacerlo luego del fallo de la Corte Constitucional que frenó la minería en páramos. En él, además, se aclaró el tema de fondo que esconde este debate y que ha sido un eterno tire y

afloje entre el gobierno y las autoridades locales: ¿Pueden los municipios decidir sobre su territorio a la hora de explotar recursos naturales?

Pero más allá de que Ibagué sea la primera capital en llevar a cabo este proceso, hay otro precedente importante, es el hecho de que un municipio decida sobre los efectos que tendría la minería sobre su territorio aun cuando no haya minas en él.

En este caso, esos efectos se reflejarían en el río Coello, que alimentará un nuevo acueducto.

Concejal de Ibagué, William Rosas.

en curso de indagación preliminar ante la Procuraduría Regional del Tolima, organismo de control que anunció posibles investigaciones por aprobar la consulta popular.

La consulta popular minera en Ibagué pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia los ciudadanos serán convocados a las urnas para decidir si aprueban o no la ejecución de proyectos mineros en jurisdicción de la capital del Tolima.

Hubo matoneo de varias entidades para con los concejales de Ibagué, que van desde la advertencia de posible destitución, hasta la pérdida de investidura para convencer a los gobernantes de que no se lleve a cabo este proceso.

Emperador de Bulgaria que asesinó y sucedió a Sugerencia Kaloyán del sargento

Carrey, actor cómico de Ace Aventura, La Máscara, Batman, etc. Con trabajo

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo socializando la consulta con la juventud ibaguereña.

BAGAGRAMA 

Mercedes que se hizo famosa con el “JuanPa” y el “Zurriaga”

En-, colegios públicos que a los privados, a pesar del cuestionamiento de la ADE, se les ha dado en adminis- Preposición tración por otro año más metida

Al que no le gustan los toros, tal vez por eso goza Espinazos, con su tortura dorsos

Una de nuestras luchas: Un buen salario, prestaciones y estabilidad Prendido

Feliz de la dicha

Principio del asma Árbol que es apellido

Cero basuras Miembro amputado El que no sabe, dicen en la calle

Amarrar

Édgar para los amigos

Indiana Jones

Alza, ensalza Interjección para llamar la atención Para de afán

Panteones o criptas

Concluir Pueblo francés donde nacen los “sevrierenses”

Zines en inglés Estereotipos o frases trilladas, revés

Clase con estrato real a la que “nuestro estrato 6” sueña pertenecer Pena pendeja

11 Michael, autor de Momo Exalcalde que propuso un metro contra la segregación

Simulas La principal diosa egipcia

Casa que según el estrato 6 tiene que construirse lejos de ellos Carcomer, roer Tenebroso grupo paraco en la época de Turbay Ayala

Las hace el borracho

Organización Ardila Lulle En plural, el primer muerto el 9 de abril Mucho para ofender

Playa de Tayrona o cinturón Puerto Rico en Internet

Manejas los problemas

Base, apoyo que es medida inglesa

Hace su plata o el pan

“Stamos ogandonos, sáquenos”

Torres, exalcalde progresista de Magangué, amenazado por los Rastrojos, dotó de agua potable a varios corregimientos y logró elevar el nivel de la educación

Paros de los campesinos

Dios egipcio del sol

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1 Exconcejal Verde Progresista, defensor de la obra de Petro, ingeniero civil vinculado al movimiento obrero desde los años 70, combativo luchador por el trabajo decente.

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Bogotá, mayo-junio de 2016

Proyecto Upme 01 Nueva Esperanza:

KILOVATIOS DE CATÁSTROFE Y DESASTRE AMBIENTAL Felipe Pineda Ruiz*

Especial para La Bagatela

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a locomotora del atraso en el país sigue a ciegas su ruta hacia el colapso inevitable. A pesar de la dinámica de crecimiento sostenible, que se impone día a día a nivel mundial, basada en las energías renovables, el cuidado del medio ambiente, el urbanismo responsable y el reciclaje, en nuestro país seguimos bajo la férula del diésel, los sistemas de transporte ineficientes y el cemento.

El proyecto Upme 01 Sogamoso-NorteNueva Esperanza de 500 Kv. hace parte de aquella obsesión del gobierno de seguir configurando la dependencia económica del país y su crecimiento en materia de PIB, en el sector minero-energético. Su construcción, sin equívocos, se convierte en uno de los ejes centrales de los planes de crecimiento energético que el Ministerio de Minas y Energía ha trazado para el periodo 2013-2017.

Con una inversión inicial calculada de 171 millones de dólares, esta obra está siendo llevada a cabo en asocio entre la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y EPM bajo la modalidad de Alianza Público-Privada.

Esta línea de transmisión eléctrica cruza por 22 municipios de Cundinamarca, 11 de Boyacá y 4 de Santander.

Pero ¿cuáles son los efectos colaterales de estos proyectos de interconexión eléctrica de gran escala?

La multiplicidad de efectos ambientales y de salud para quienes habitan las áreas donde se desarrollan estas obras es diversa. En varios municipios por donde actualmente atraviesan las torres se empiezan a vislumbrar afectaciones en la calidad del agua y altos riesgos, a raíz del aumento de temperaturas en los últimos meses, de incendios forestales producto de dichos cambios microclimáticos.

Entre las afectaciones en seres humanos, decenas de investigaciones a nivel mundial y algunas advertencias de la Organización Mundial de la Salud dan cuenta de los efectos nocivos de campos electromagnéticos a los que son atribuibles alteraciones inmunológicas-neurológicas, así como casos de leucemia y cáncer1.

Debido a que es más funcional ubicar las torres en las partes altas de las montañas, tanto los nacimientos de aguas como la flora y fauna circundantes corren grave riesgo de supervivencia debido a la excesiva velocidad con la que los neutrones se mueven, fenómeno que deviene en el secamiento de los suelos y la deshidratación de las plantas hidrófilas herbáceas adyacentes.

Adicionalmente, las comunidades que habitan cerca al trazado también empiezan a sufrir los efectos de la construcción de las 16 torres de energía a nivel de posesión de predios debido al espacio de seguridad estipulado (30 metros), algo que ha afectado a decenas de campesinos, en su mayoría minifundistas quienes en gran parte dependen del sustento de sus terrenos cultivables.

Las aves migratorias también se cuentan en este inventario de externalidades debido a que en sus vuelos rutinarios colisionan y se electrocutan en sus recorridos, fenómeno que obedece a un ciclo biológico que no tiene en cuenta los trazados de los proyectos de interconexión eléctrica.

Y si de la adaptación al cambio climático y los efectos para el país se trata, tópico tan en boga en estos días en diversas discusiones que atañen al modelo de desarrollo nacional, es menester recordar cómo se ve amenazada con la energía que transita por estos diseños de alta densidad energética.

Estas líneas de transmisión de electricidad, por su velocidad y potencia, crean campos con alta concentración de gas de ozono troposférico y aceites Pcbo hexafloruro de azufre, gases efecto invernadero causantes del calentamiento global.

Modelo socioeconómico actual: la importancia de líneas de transmisión de energía para el gobierno nacional Aunque pase desapercibido para parte de la opinión pública, tan acostumbrada a la promoción de las llamadas autopistas 4G, construir hidroeléctricas y líneas de interconexión eléctrica es uno de los ejes transversales del Plan de Desarrollo del gobierno nacional.

Hace algún tiempo advertíamos sobre las externalidades resultantes de la construcción de Hidroituango, represa que se encargará, con una inversión de 5.500

millones de dólares, de producir el 17% del total de energía nacional pero que, a su paso marcadamente avasallador, que contempla la desviación del río Cauca en un tramo, ha empezado a extinguir a cientos de especies acuíferas así como a desplazar a centenares de moradores de las riveras de este histórico río2.

Ninguna de estas obras de infraestructura es producto del azar: todas estas ejecutorias, la construcción de Hidroituango, la puesta en marcha de los 16 proyectos de transmisión eléctrica y la venta relámpago de Isagén a la empresa canadiense Brookfield hacen parte de una apuesta integral y vertiginosa en materia energética llevada a cabo por el gobierno nacional con el fin de entregar a manos privadas, en operaciones no exentas de fraude, el patrimonio nacional para obtener réditos expeditos.

La premisa principal es extinguir cualquier tipo de posibilidad de reemplazar el viejo modelo energético, rentable para unos pero catastrófico para muchos, basado en las represas por uno más dinámico, económico y comprometido con el medio ambiente (energías renovables).

El devenir de la disputa, la organización de las comunidades a favor de la vida y el territorio Carlos Mario López es un joven apasionado por la naturaleza en su sentido más amplio. Hace algún tiempo juntó voluntades con un grupo de entusiastas, profesionales que se desempeñan en diferentes

campos laborales, para fundar la Alianza por el Agua. En este periplo, este colectivo ha liderado la tarea titánica de hacerle frente a la dupla EEB-EPM al articular a las comunidades afectadas por los efectos de la línea de alta tensión Nueva Esperanza.

López recuerda parte de aquel génesis: “Ese trabajo lo empezamos con Alianza por el Agua con algunos habitantes de los municipios afectados mirando cuál era la ruta de acción que en materia jurídica y de pedagogía del proyecto hacían los encargados de la construcción del trazado energético (EPM-EEB). Por medio de redes sociales logramos contactarnos con actores locales (procedentes de municipios afectados como Cachipay, La Mesa, Anolaima, San Francisco, Tabio, entre otros) que vienen liderando los procesos de defensa de los intereses de las comunidades y que se anteponen a los de las constructoras”.

En torno al mapa en que han venido configurando el escenario de disputa y movilización, Carlos Mario destapa las cartas con las cuales han venido jugando esta desigual partida: “Para lograr repercutir de mejor manera decidimos primero generar una dinámica creciente de movilización centrada en la pedagogía con las comunidades sobre los efectos nocivos del proyecto. En el camino nos dimos cuenta que para vencer, desde lo argumentativo-jurídico a EPM-EEB

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Campesinos de algunas zonas colindantes con torres de energía de esta envergadura, como los moradores de una de

las áreas rurales del municipio de San Francisco, por donde atraviesa una línea de 100 Kv. hace 10 años, dan cuenta de la extinción de sus nacimientos de agua así como de las mutaciones genéticas que sus animales experimentaron (becerros, vacas) producto de la exposición al campo electromagnético.

Bogotá, mayo-junio de 2016

 y deslegitimar el otorgamiento de una eventual ‘licencia ambiental exprés’ por parte del Anla, era necesario empezar a construir un estudio ambiental propio que desvirtúe la viabilidad de este proyecto en términos técnicos y que a su vez proteja las reservas ambientales, la flora y fauna con el objetivo final de presentar una demanda (acción popular) que reverse la construcción de la línea de alta tensión Nueva Esperanza”.

López amplía su apreciación con lo siguiente: “Para darle lograr repercutir de una manera más efectiva tenemos claro que debemos fortalecer la movilización y lograr la coadyuvancia de todos los municipios afectados por esta línea de transmisión de energía, para que tenga más valor en el juzgado la demanda que presentemos en este proceso”.

Sobre la amalgama de participantes y la visión que sobre la problemática de la construcción de las torres subsiste dentro de ese cúmulo diverso de manifestantes, este maestro en Ciencias Sociales hace caracterizaciones bastante particulares: “existen actores que entienden el proyecto como una problemática transversal que ejemplifica lo que es el modelo económico y social que tiene lugar en la actualidad en el país, de un lado, y participantes que solo les preocupa que el trazado los esté afectando de manera particular (y que pueden cambiar de parecer en el momento en que esto deje de suceder).

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 Para explicar aquella disyuntiva, Carlos Mario señala que “esto se traduce en la posición de los municipios mismos: por un lado está Cachipay, que apoya la sustitución de fuentes de energía de cara al futuro, y un cambio gradual hacia las energías limpias, y del otro lado, poblaciones como Bojacá que solo tiene como interés principal que las torres no pasen por sus predios, sin importar si afectan o no a sus vecinos”.

Solo el acumulado creciente de actores sociales: activistas, colectivos, movimientos, asociaciones comunitarias, periodistas, ambientalistas; la sumatoria de expertos que ayuden a construir un proyecto ambiental alternativo al de los constructores de las torres y la formulación de estrategias jurídicas coordinadas permitirá que la amalgama de vida, colores y sueños que pueblan las praderas y valles de la región andina central no se convierta en una difusa postal del pasado. * Felipe Pineda Ruiz, publicista, investigador social y colaborador de la Fundación Democracia Hoy. Miembro del colectivo Somos Ciudadanos. Twitter: @pineda0ruiz

Notas 1 Norabuena Poma, Elizabeth c; Palacios Balbín, Jhober D; Ramos Simeón, Fiorela A; Torres López, José A; Torres Matrou, Lucia V; Vilca Airampo, Mario A (2009), Efectos de los campos electromagnéticos en la salud. Universidad Nacional Federico Villareal (Perú), p. 63.

2 Pineda Ruiz, Felipe. Hidroituango: La radiografía de un desalojo pregonado. Semanario Caja de Herramientas, marzo 20 de 2015.

Fuente: http://bit.ly/20XynUO.

Municipios de Cundinamarca por donde pasará el tendido de las torres de alta tensión.

CRECE LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL PROYECTO NUEVA ESPERANZA Carlos Mario López Director Alianza por el Agua

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ace un par de meses el presidente Santos nos dejó claro a los colombianos que la crisis energética es un problema en la visión de desarrollo en país, la amenaza de apagón estuvo en contraposición con el trabajo de las comunidades que en Cundinamarca y en todo el país se oponen a los proyectos de generación y transmisión energética, resistencia que nace del accionar irresponsable de la locomotora minera que se impulsa en el país.

Desde Tausa hasta Cachipay las comunidades se movilizan para defender el territorio. Veedores ambientales, presidentes de juntas, asociaciones de acueductos comunitarios, productores y colectivos ambientalistas, han generado reuniones y acciones judiciales de oposición a estos proyectos, sin embargo es un trabajo largo que no cuenta con recursos y poco apoyo político, pero con la convicción de defender la vida los vienen sacando adelante.

En las regiones del Tequendama y Gualivá, las comunidades de La Mesa, Cachipay, Zipacón, Anolaima, Bojacá, San Francisco, Zupatá y La Vega han venido trabajando fuertemente para que la comunidad conozca la implicaciones y consecuencias de la construcción del trazado de transmisión energética

Upme 01-2013, Sogamoso-Norte, Nueva Esperanza, y los alcaldes convengan con la necesidad de excluir en sus planes de desarrollo la posibilidad de que estas torres de alta tensión crucen el territorio; así como en Tabio, Nemocón, Tausa, Zipaquirá la comunidad de manera organizada se opone al trazado Chivor-Bachatá.

Una de las constantes que vienen denunciando las comunidades responden a las mentiras y abusos que la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) viene cometiendo en contra de la buena fe de los ciudadanos, pues a través de información engañosa manipulan a la gente en las llamadas ‘socializaciones’ o consulta (la cuales son de obligado cumplimiento para el trámite de la licencia), además de que realizan invasión de predios para la creación de mojones que respondan a la orientación geográfica de los trazados.

La ciudadanía cundinamarquesa se moviliza en defensa del medio ambiente. La militancia del PTC ha respaldado esta expresión de los movimientos medioambientales de la región.

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha dado respuesta a una gran cantidad de derechos de petición que han sido presentado por la comunidades en donde no se informa correctamente sobre las especificaciones de los proyectos, esta práctica de falsedad en documento público parece no ser desagradable para estas instituciones, sin embargo es claro que sin licencia no pueden construir infraestructura, pero los Diagnósticos de Alternativas Ambientales (DAA) están lejos de la realidad en el reconocimiento de flora, fauna y afectaciones al suelo que impactarían el agua, una actuación irresponsable

que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) certifica y por supuesto crea la resistencia en la población.

Aunque las comunidades se están informando, investigando, haciendo gestión política y jurídicas, requieren del apoyo ciudadano para poder efectuar la presión social suficiente que permita proteger el territorio e impedir que megaproyectos, de intereses nacionales o de multinacionales, acaben con la vida. Es real que hoy existen alternativas tecnológicas que no contaminan, no matan y que contarían con la autodeterminación de la gente en un nuevo modelo de desarrollo.

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Bogotá, mayo-junio de 2016

PEÑALOSA NO ES GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA Johnny López Mesa Dirigente del PTC / Coordinador Partido Alianza Verde Cundinamarca

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ara la opinión pública colombiana es ostensible que el carácter de los dos principales mandatarios de la región central del país (Bogotá y Cundinamarca) es diametralmente opuesto. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, es una persona cercana a los habitantes de la región, gusta de escuchar e intercambiar opiniones con los pobladores, aun a aquellos que no lo acompañaron en su campaña electoral, muestra de ello son las más de veinte jornadas provinciales donde pudo escuchar todas las opiniones sobre las necesidades y soluciones que los cundinamarqueses quieren plasmar en el Plan de Desarrollo. Este ejercicio dejó compromisos tales como: El compromiso de la defensa de los páramos que se encuentran en el departamento, y que son los proveedores del agua de la cual hoy gozan en abundancia los habitantes de Bogotá.

La formulación de políticas públicas que favorecen lo social, la inclusión y la equidad.

La decisión manifiesta de trabajar por la paz y crear programas que fortalezcan estas en el postconflicto.

La declaración de llevar a feliz término soluciones de movilidad como el tren de cercanías, en las entradas de occidente, norte y sur de la capital y que le facilitan el transporte a más de 500.000 ciudadanos cundinamarqueses, que con su trabajo ayudan a fortalecer la economía de la ciudad.

El equipo del periódico Alternativa y del PTC en Mosquera con el embajador de Palestina.

El compromiso de cooperación con los campesinos productores de alimentos, para que Cundinamarca siga siendo la despensa que permita abastecer el mercado de alimentos que demanda la ciudad capital.

Además de lo anterior, se destaca la prudencia y su permanente llamado al diálogo constructivo que le hace continuamente al burgomaestre bogotano, todo esto, manteniendo una posición digna, decidida y responsable, que claramente contrasta con la actitud pendenciera, provocadora y prepotente del alcalde mayor de Bogotá.

Mientras tanto, Enrique Peñalosa cuya falta de escrúpulos le permite hasta presentarse engañosamente como un falso “doctor”, se ha caracterizado en sus primeros cien días de gobierno por: Intentar pasar por encima de la Constitución Nacional de Colombia, al pretender ordenar a entes territoriales autónomos, como Mosquera y Soacha la construcción de 500.000 viviendas, en terrenos categorizados como zonas de reserva, por su condición agrícola,

Con un deliberante acto que contó con asistencia de importantes dirigentes de la corriente democrática de izquierda, se instaló la Conferencia Nacional del Partido del Trabajo de Colombia el 22 de enero de este año. Al evento llegaron más de 200 delegados del PTC de veintitrés departamentos, representando a los trabajadores, la juventud, las mujeres, concejales y ediles, a organizaciones ambientales y miembros de las nuevas ciudadanías.

Las intervenciones de los invitados giraron alrededor de las negociaciones de La Habana

además que incluye un área que ha sido inundada por el desbordamiento del río Bogotá en el año 2010. Es decir, hacer un segundo intento por llevar a los sectores pobres de Bogotá a que adquieran sus viviendas en terrenos inundables, y que tal como lo señalaba la concejala de Mosquera Ivonet Tapia, en el debate nacional con la ministra del Medio Ambiente de la época, las casas deberían ser entregadas “con lanchas y chalecos salvavidas”.

Las declaraciones chantajistas aparecidas el 26 de febrero de 2016, en El Espectador, donde señala “...parece que en la Alcaldía de Mosquera no quieren el metro ni que llevemos el agua...”, Esta actitud, retadora e irrespetuosa, es un despropósito mayúsculo donde trata de intimidar a Emilio Casallas, alcalde Mosquera.

Afirmaciones como que el tren de cercanías solo servirá para que se fume marihuana y que sea un depósito de basuras, ya no es un afrenta a un alcalde sino a todos los habitantes de Cundinamarca.

El “supuesto doctorado de la Universidad de París”, que ha promocionado durante años, parece que fue un título obtenido en la cátedra de una ética muy particular, pues le permite mantener dentro de su gabinete personas que pueden legislar en beneficio propio, tal es el caso, de su secretario de Planeación Andrés Ortiz.

Por último, el señor Peñalosa, que nos lo han vendido como el gran “experto” mundial del urbanismo, señala que mantener la reserva Thomas Van Der Hammen es un impedimento para el desarrollo de la ciudad capital.

Por las características anteriores, la percepción de los casi tres millones de habitantes de Cundinamarca, es que mientras en nuestro departamento, desde la Gobernación, se crea un clima propicio para la época de paz, que nos permita avanzar en el desarrollo y progreso de nuestro territorio, en Bogotá, desde su Alcaldía, se maneja una política de confrontación, de irrespeto y contraría a la paz que tanto anhelamos los colombianos.

y aunque con distinto énfasis, coincidieron en la necesidad de alcanzar la paz. Marcelo Torres, que cerró el acto, señaló que después de 50 años, con el éxito del acuerdo de paz, se podrá hacer política sin la amenaza de las armas en Colombia. También llamó al Partido a reivindicar con decisión su historia y accionar político, siempre alejados de la lucha armada.

De Izq. a Der. Nelson Castro, Diana Otavo, Gloria Flórez, Antonio Navarro, Marcelo Torres, Yezid García, Clara López, Jorge Rojas, Gustavo Petro, Verónica de Petro e Iván Acuña.

Bogotá, mayo-junio de 2016

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LA PAZ, LA POLÍTICA ECONÓMICA, LA NUEVA MINISTRA DE TRABAJO Y LA VENTA DE ETB Miguel Ángel Delgado R.

Dirigente del PTC y Ejecutivo CUT Bogotá Cundinamarca

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olombia, continuamente convulsionada por anuncios y medidas de todo tipo, se vio agitada con el nombramiento de la presidenta del Polo, Clara López, en la cartera laboral. Para el mundo político y sindical, pero en particular para la Central Unitaria de Trabajadores, este nombramiento ha causado polémica entre los que consideran como un acto de traición y deslealtad la aceptación de ese cargo, o los que miran como positivo y benéfico esta dignidad. Para tener una posición ecuánime sobre el tema nos acercaremos a su análisis ligándolo con aristas directamente relacionadas con este hecho como la paz, la política económica del gobierno nacional y uno, que se puede antojar arbitrario, pero que tiene particular trascendencia para el país, la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

La paz está muy próxima, con el compromiso de incorporar los acuerdos finales al bloque de constitucionalidad y de esta manera darles un blindaje jurídico y político, las negociaciones de La Habana con las Farc están llegando a su capítulo final.

Esta noticia es alentadora para la nación pero especialmente para los trabajadores y el movimiento sindical. Es la concreción de un proceso al que le hemos jugado a fondo y sin reservas, al punto que muchos de nosotros votamos por Santos en primera y segunda vuelta en los comicios electorales del 2014. Clara López como candidata presidencial del Polo y de la Unión Patriótica en la primera vuelta, en las que obtuvo más de un millón novecientos mil votos, fue crucial para que los enemigos del proceso de paz, hoy disfrazados de “resistencia civil” no accedieran la Presidencia y frustraran el complicado proceso de negociaciones hacia la paz. Y este papel lo cumplió, pese a la incomprensión política de buena parte de los miembros de su partido que se opusieron a este apoyo, que a la postre fue salvador.

Lo más inteligente y aconsejable en esos momentos hubiera sido propiciar un acuerdo programático por la paz que incluyera algunos avances en lo social y en apertura política. Pero ni el burro ni el que lo arrea.

Santos, soslayando su catadura neoliberal, tomó el atajo de la demagogia y el “promeserismo”, y la izquierda y los movimientos sociales sin unidad y coherencia solo atinamos al apoyo a secas o con acuerdos abstractos con intermediarios vanos.

La causa de la paz bien vale una misa.

Para el sindicalismo, que atraviesa una crisis de más de veinte años de neoliberalismo y violencia exacerbada que lo tiene debilitado y sin iniciativa, es vital que cese el fuego cruzado, el señalamiento y la falta de libertad, para recomponerse y asumir de nuevo su rol en la sociedad como motor de resistencia y de cambio. Igual que para las fuerzas democráticas, que sin derrumbarse este obstáculo de violencia y confusión no podrán avanzar en su misión orientar el país por sendas de progreso y transformación social. Tuvimos que aceptar el sacrifico y comernos ese sapo, de lo contrario el triunfo

del autoritarismo, la guerra, la violencia sin límites, la exclusión y el despojo hubieran triunfado, sumiendo al país en una larga y oscura noche.

También entendemos que las negociaciones de La Habana son la paz simple y pura, entendida como el proceso político de reincorporación de los alzados en armas a la vida civil, y todas las garantías, obligaciones y compromisos que de ella se derivan. La justicia social y la democracia vendrán como producto de un nuevo escenario de acción política.

Santos y la burguesía pacifista sí que lo entienden, igual que quienes en últimas firmaran los acuerdos: las Farc.

Dicho lo anterior, el gobierno sigue su camino neoliberal en el plano económico y social. A las ya mencionadas acciones de este año sobre el salario mínimo, la venta de Isagén, el descalabro financiero de Reficar y otras muchas, se suma ahora la persistencia en la reforma tributaria, “la necesitamos y la aprobaremos” dijo Santos desde Londres.

Reforma hecha a imagen y semejanza de las exigencias del FMI y la Ocde o de lo que llaman las fuerzas del mercado. Además vendrá también la reforma pensional que hace parte del recetario. Reformas ambas, retardatarias y antipopulares. Seguirá el gobierno machando, a pesar de la resistencia ciudadana, sobre su locomotora mineroenergética agrediendo el medio ambiente y los recursos naturales y no parará en el favorecimiento a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, como la expedición, como obra cumbre de Lucho Garzón, del decreto que legaliza la tercerización laboral. Y para rematar, desde un medio radial, Santos respalda la idea del alcalde Peñalosa de vender la ETB, la más antigua empresa de telecomunicaciones de la ciudad y del país.

En este marco, en el que en la dualidad del gobierno impera la política económica contra la población y a favor de los conglomerados económicos y las grandes multinacionales, no era aconsejable aceptar un ministerio, que como el del trabajo marca la real tendencia social de un gobierno. Muy predeterminado. A no ser que en las conversaciones de ofrecimiento y aceptación, que no conocemos, se acordara reversar muchas decisiones. Bien difícil que así proceda este gobierno. Plausible podrá ser la intención de Clara López, destacable su papel en defensa del proceso de paz, pero su sacrificio en aras de esta noble idea a la larga será inútil, más allá de sus declaraciones de buena voluntad: “Yo me comprometo con los trabajadores a hacer el mejor es-

En Bogotá los trabajadores de la ETB han realizado manifestaciones a diario, portando el tricolor nacional, contra la venta de su empresa.

fuerzo para que se cumpla puntualmente el objetivo, la finalidad y el contenido de toda manifestación constitucional, legal reglamentaria; y, desde luego, el marco general del bloque de constitucionalidad contenido en los convenios de la OIT”.

Por ejemplo, en sus retos están retornar el pago del recargo nocturno a las seis de la tarde y de los dominicales y festivos al 200%, cumplir con la disminución del 8% en el aporte en salud de los pensionados de bajos ingresos, eliminar la intermediación y tercerización laboral, hoy elevada a rango de decreto presidencial, impedir una reforma que suba la cotización y la edad de disfrute de la pensión, y cambiar la cara del Ministerio con rostro patronal a por lo menos una amble con los trabajadores. A más del empleo juvenil y la igualdad de oportunidades y salarios para las mujeres. Esas como propias de su cartera, pero surge otra de contera, por su relación como dirigente del Polo y exalcaldesa encargada de Bogotá: la no venta de la ETB que su administración distrital catalogó como inconveniente y ella reiteradamente ha señalado como negativa para la capital.

Complicada entonces en estos momentos resulta la labor de la dirigencia sindical.

A la par de respaldar el proceso de paz y llamar a votar en su favor en la eventualidad de un proceso de refrendación, debemos luchar contra un gobierno eminentemente neoliberal. A la vez que diseñamos estrategias de movilización frente a las medidas económicas de Santos, debemos enfrentar las hordas uribistas y sus atentados contra la paz. Al tiempo que no podemos señalar como traidora a la nueva ministra del Trabajo, debemos entender que solo con la lucha organizada de masas obtendremos lo que, pese a sus nobles intenciones, Clara López no podrá proporcionar.

Como está ocurriendo en Bogotá, que a diario se movilizan centenares de miles de trabajadores contra las políticas privatizadoras y de negocios del alcalde Peñalosa, pero en especial en defensa del patrimonio público representado en la ETB, los sindicalistas colombianos sabremos unir al pueblo y conducirlo a la lucha por la defensa de la paz, por la democracia, la soberanía nacional y el progreso.

En el plantón frente al Concejo de Bogotá citado por los sindicatos de la ETB, para impedir la venta de la empresa, Yezid García, exconcejal de Bogotá, interviene repaldando a nombre del PTC esta justa lucha.

Lo acompañan Carlos Castañeda, presidente de la CUT Bogotá Cundinamarca y Hernando Casallas, secretario general de Sintrateléfonos.

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ECOPETROL EN MANOS NEOLIBERALES Edwin Palma Egea Vicepresidente Junta Nacional Unión Sindical Obrera, USO Abogado Especializado en asuntos

de la

del trabajo

N

adie quiere más a esta empresa que sus trabajadores.

Es el lugar donde se pasa un tercio de la vida de cada uno de nosotros. Nuestro esfuerzo colectivo ha hecho posible lo que es y ha sido Ecopetrol. Cuando el fenómeno de la tercerización y las reformas laborales y pensionales no existían, los trabajadores ingresaban a la empresa con el propósito de construir un proyecto de vida y jubilarse en ella. Ya eso es muy difícil de lograr.

Hoy los sueños y el orgullo de trabajar en la primera empresa del país se desmoronan fácilmente por cuenta de la escasa sensibilidad de quienes la dirigen.

Ecopetrol es la primera empresa de los colombianos. Nosotros los trabajadores la defendemos a como dé lugar de cada gobierno de turno que viene a feriarla.

El expresidente Álvaro Uribe la dividió y la abrió al capital privado. Detrás del eslogan de “democratizar la propiedad” convirtió un bien de todos en un bien de nadie y por lo tanto susceptible de apropiación privada.

A los colombianos les vendieron la idea de que si compraban acciones eran dueños de Ecopetrol y hoy esos accionistas, casi una década después, no saben cómo recuperar la inversión. Poco se habló cuando se vendió parte de la propiedad de la empresa a “pequeños inversionistas” de lo inestable que es la industria petrolera.

De Ecopetrol dependen no solamente grandes ingresos para ciudades como Barrancabermeja, sino la mayoría de los programas sociales del Estado colombiano con los que a pesar de ineficiencias y desdenes se intentan cumplir los derechos sociales que la Constitución acordó para todos los ciudadanos. Pero de la empresa no va quedando nada. Más de 10 billones de pesos en activos de transporte y almacenamiento se le entregaron a Cenit, una filial de papel.

La nueva y más moderna refinería de Latinoamérica es Reficar, una empresa separada de Ecopetrol. Ahora los campos menores, pequeños, pero de alta productividad, se van a entregar a otras multinacionales o empresas tercerizadoras para que los escurran. Las utilidades de Ecopetrol que financian el presupuesto de la nación van camino de perderse o mejor de convertirse en utilidades de multinacionales petroleras.

El sindicato y los trabajadores amamos a Ecopetrol. La Unión Sindical Obrera parió a la empresa a través de una huelga y ha tenido que hacer otras tantas para defender su integridad. Los trabajadores luchamos incansablemente contra quie-

El binomio conservador Cardenas-Echeverry, neoliberales hasta los huesos, a nombre del gobierno de Santos manejan la economía del país.

nes la administran mal. Los recientes escándalos de corrupción en Reficar apenas develan cómo en épocas de “vacas gordas” no fueron precisamente los trabajadores, el sindicato y sus conquistas laborales los que la pusieron en aprietos.

de las más de 12 que nos han cargado los gobiernos neoliberales desde 1990, que las diseñan tan bien para ellos, que las dejan listas para ellos mismos evadir

Es evidente que esta nueva administración, siguiendo a pie juntillas la política minero-energética de Santos, también lo está haciendo mal. No juegan limpio, no dicen la verdad, están politizando altos y medianos cargos de la empresa, mientras exigen a los trabajadores comprometerse con la transparencia para cumplir sus compromisos con la Bolsa de Valores de New York. Todo empezó mal, desde cuando en diciembre de 2014 los medios ya hablaban del doctor Echeverry como presidente, pero, Ecopetrol contrató una empresa de ‘caza talentos’ que le costó 504 millones de pesos para “encontrarlo” y legalizar una cuota política del partido conservador en la cabeza de la primera empresa del país como lo advirtiera en su cuenta de twiter el presidente de esa colectividad azul el 5 de marzo de 2015.

Ahora Echeverry y otros directivos aparecen vinculados a Panama Papers con empresas por fuera del país y no dan explicación alguna sobre ellas. Reyes Reynoso actual presidente de Reficar y Orlando Cabrales expresidente de la filial también están en la lista. Mientras a los trabajadores los obligan a suscribir “pactos de transparencia” y “códigos de ética”, otros vienen a lavar su hoja de vida al sector público pasando por Ecopetrol, como también lo hiciera el ahora magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares.

Sin duda, los precios internacionales del petróleo han afectado seriamente nuestra empresa, la cual alista un plan de retiro voluntario esperando que se vayan unos 2.000 trabajadores, que si no lo hacen, terminará siendo despedido un número igual para “ajustar la nómina”, dentro de la lógica empresarial neoliberal, y seguir generando vacantes para ponerlas al servicio de la politiquería de gobierno nacional, particularmente de tolda azul conservadora mientras se mantiene Echeverry a la cabeza.

Si a Ecopetrol la privatizan de la misma forma que hicieron son Isagén, pues simplemente el pueblo colombiano y sus ciudadanos tendremos que prepararnos para resistir 4 reformas tributarias más

impuestos en paraísos fiscales y a través de fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro. El papel de defender a Ecopetrol es de todos los colombianos.

ÉDGAR RAMOS 1959-2016

E

l 4 de marzo, como consecuencia de un súbito aneurisma, falleció a la edad de 57 años el compañero militante del Partido del Trabajo de Colombia Édgar Ramos, quien nació en Tumaco, Nariño.

Desde muy joven Édgar se trasladó a Tunja para vincularse como estudiante de economía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; allí participó en 1976, siendo militante de la Juventud Patriótica, en las luchas del movimiento estudiantil que estaban íntimamente ligadas a las reivindicaciones de la población tunjana por los servicios públicos. En los inicios de los ochenta ejerce como maestro de primaria en Boavita (Boyacá).

Posteriormente se establece en Bogotá y parte después para el Casanare en donde se vincula a la lucha de los campesinos por la comercialización de sus productos, como gerente de una cooperativa organizada por el Partido. Édgar Ramos dedicó 40 años de su vida como militante revolucionario a la causa de los insumisos, siempre estuvo de manera paciente, tranquila y a veces

anónima dedicado a trasmitir sin enredos el mensaje del Partido en esos sectores del sur de Bogotá en donde adelantaba trabajo político cuando lo sorprendió muerte.

La militancia, sus amigos, familiares y sus hijos Marcela y Édgar Fernando rindieron homenaje a este revolucionario. ¡Que la gloria a la memoria de este luchador sea siempre eterna!

Bogotá, mayo-junio de 2016

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Decreto 583 de 2016, el viejo sueño de la Andi:

LEGALIZAR LA TERCERIZACIÓN LABORAL Fabio Arias Giraldo

Después de cinco largos años de controversias, de intentos fallidos de reglamentación, de demandas, quejas, querellas hechas por el movimiento sindical, especialmente la CUT, para contrarrestar esa política de tercerización ilegal, el gobierno nacional acaba de expedir el Decreto 583 del 8 de abril de 2016. Esta norma expresa que cualquier actividad empresarial, incluidas las laborales misionales y permanentes, con el solo requisito de “cumplir los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”, se vuelve de carácter legal. Este era el sueño en materia de flexibilización laboral del empresariado.

Dirigente del PTC y miembro del Comité Ejecutivo de la CUT nacional Tomado del Informativo CUT Bogotá Cundinamarca / abril de 2016

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esde la implantación del modelo neoliberal en Colombia a finales del Gobierno de Barco, y especialmente desde el gobierno de César Gaviria, la aspiración del empresariado, de las multinacionales y los monopolios, especialmente agrupados en la Andi, ha consistido en flexibilizar al máximo la relación laboral entre los trabajadores y sus patronos.

Todo basado en el principio de aplicar la legislación de la relación contractual civil y comercial al contrato de trabajo. Con ello han perseguido siempre dos objetivos, el primero, lograr bajar el valor del pago de la mano de obra, y dos, limitar y restringir la constitución de organizaciones sindicales.

Hasta ahora, este propósito lo han cumplido de manera muy eficiente, contando eso sí siempre con los diversos gobiernos (funcionales a esta política neoliberal) que desde esa época hasta nuestros días ha tenido el país.

En 25 años de modelo han logrado bajar un poco más de 6 puntos la contribución de los ingresos del trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa alrededor de 50 billones de pesos anuales a precio de hoy, situación que se ha ganado, obviamente, el capital.

Y en términos sindicales han logrado disminuir la tasa afiliación en más de 10 puntos en el mismo periodo, hoy el movimiento sindical afilia solo cerca del 4% de los trabajadores. Para llegar a esta situación han combinado perversamente esta política de libre comercio con la violencia antisindical que, como se sabe, en los últimos 30 años ha significado más de 3.000 muertes de dirigentes y activistas sindicales.

El movimiento sindical colombiano ha venido resistiendo a toda esta política y ha logrado las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel en Colombia de la OIT de febrero de 2011, y el Acuerdo del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, utilizado para aprobar en el Congreso gringo el regresivo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en el sentido de que el gobierno debía tener control a la tercerización ilegal, especialmente de las formas de intermediación utilizadas por el empresariado, de las multinacionales y monopolios en Colombia en labores misionales y permanentes.

En ese contexto, se expidió la Ley 1429 de 2010 que en el Artículo 63 prohíbe en las labores misionales y permanentes (aquellas que conforman el núcleo básico de la actividad productiva de las empresas), la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado y de cualquier otra modalidad.

El reclamo airado de la Andi ante el artículo de la mencionada ley, tanto en sus documentos como en la propia Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, es de solicitar su derogatoria, dado que se convertía en un obstáculo para sus planes de tercerización laboral como una forma mayor de flexibilización.

Las consecuencias para los trabajadores se dan en dos sentidos: la primera, la pérdida total de la estabilidad laboral, dado que en labores misionales y permanentes que es donde se podía tener una mayor estabilidad, el contrato se haría con terceros y la empresa beneficiaria podría estar renovando, modificando o liquidando ese contrato con el proveedor, cada dos, tres, seis meses o cualquier intervalo de tiempo, al término del cual el trabajador se queda sin vinculación. Serán contratos de obra o labor. Y dos, la restricción del pleno derecho de asociación, negociación colectiva y huelga. Es muy difícil que el trabajador pueda mantener su vinculación a la organización sindical, dado que su contrato es completamente inestable, y que en el país la negociación colectiva es por empresa, existirán múltiples patronos, proveedores, según el Decreto 583, que dispersarán la actividad sindical. Este será el carrusel del empresariado contratista que cambiará o mutará cada vez que algún trabajador u organización sindical traten de resistir a esta esclavitud asalariada.

La otra consecuencia regresiva es que la norma pretende aplicarse también a los servidores públicos, escamoteando los pocos derechos de estabilidad de los

cargos de planta y haciendo más oneroso el ejercicio de la actividad sindical de los trabajadores del Estado.

Es necesario advertir que este Decreto 583, reglamentario del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y del Artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo de 2015, desborda la facultad reglamentaria, pues modifica la ley. Primero porque para el sector público, tanto los fallos reiterados de la Corte Constitucional, como por ejemplo la Sentencia C-614 de Septiembre de 2009, como el mismo Artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo, establece que las actividades permanentes (no solo las misionales) de las entidades públicas, sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal. Segundo, porque legalizar la tercerización en las labores misionales y permanentes no solo desborda la prohibición del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, sino que adicionalmente viola los Convenios 87 (Derecho de Asociación) y 98 (Negociación Colectiva) de la OIT, que han sido ratificados por Colombia y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Por consiguiente, todo contrato laboral tercerizado en laborales misionales y permanentes siempre violará las normas constitucionales y legales.

Otro aspecto significativo en la ilegalidad de esta norma consiste en que fue expedida sin haber surtido la necesaria etapa de consulta ante la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Esta norma solo fue discutida y construida con los señores de la Andi, como ha sido costumbre inveterada de estos gobiernos neoliberales, y por tal motivo se constituye en un acto de ilegalidad para su expedición.

En conclusión, este Decreto 583 es absolutamente ilegal, solo construido entre el Gobierno y la Andi para seguir precarizando a los trabajadores y cercenando aún más el derecho de asociación.

Esta política de flexibilización laboral ha llevado a que solo el 30% de los trabajadores tengan una relación laboral en términos de ley. El 82% de los trabajadores, ganan menos de dos salarios mínimos, es decir, en Colombia la inmensa mayoría de los trabajadores son pobres. El 50% ganan menos de un salario mínimo, sin saberse cómo viven.

La flexibilización laboral inició en 1990 con la Ley 50, que facilitó el despido sin justa causa con la reducción de las tablas de indemnización, la abolición del despido por esta razón después de los diez años, y la pérdida de la retroactividad de las cesantías. Siguió posteriormente con las privatizaciones, los despidos masivos, el cierre de empresas, la expedición de nuevas leyes como la Ley 789/2002 del Acto Legislativo 01/2005, utilización ilegal de la tercerización laboral, uso ilegal de los pactos colectivos, persecución sindical, y múltiples fallos de las Cortes y conceptos del Ministerio del Trabajo y/o la Protección Social donde restringían los derechos de los trabajadores en términos del valor del pago de la mano de obra y limitaba las libertadas sindicales.

En el paro del 17 de marzo la CUT respondió con todos sus efectivos.

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Bogotá, mayo-junio de 2016

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A PROPÓSITO DE LA EDICIÓN 43 DE LA BAGATELA

¡ROMPEMOS LA PAUSA! Alberto Herrera PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA - PTC INTEGRANTE DE LA CORRIENTE DEMOCRÁTICA

Director de La Bagatela

Nº 40 / Edición especial

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El periódico nace a raíz de las divergencias que se suscitaron dentro del Moir, fuerza de la cual procedemos. Las diferencias se originaron por “la completa tergiversación de las orientaciones básicas de Francisco Mosquera para el período neoliberal en lo relativo al blanco de ataque y al frente único o los aliados de la revolución”1, posición adoptada por el otro sector; blanco que se reduce a un pequeño círculo con influencia en el Estado, las altas finanzas, el comercio exterior y las relaciones internacionales al servicio del imperio del norte. Diferencias que llegaron a la insensatez de dividir la fuerza propia en dos listas al Senado en 1998 para perder la curul obtenida y dispersar la corriente política.

El PTC hace parte de la corriente de la izquierda democrática que desde su origen se comprometió con la transformación de Colombia. En la prensa escrita ha dejado su más clara huella y con La Bagatela mantiene el ejercicio de un periodismo partidario con principios. En sus páginas resaltamos y nos comprometemos con las luchas por romper con las inmensas privaciones a que están sometidos los pueblos.

Rechazamos las imposiciones extranjeras y fomentamos las soberanas relaciones entre los países. Somos solidarios con la defensa del medioambiente. Defendemos los recursos y los valores de la nación y nos oponemos a la corrupción y el saqueo.

Nuestra actividad política es abierta y diáfana, siempre distanciada de la utilización de las armas, fuimos la primera fuerza de la izquierda, surgida después de los años sesenta, que utilizó las elecciones como instrumento de lucha, claro está, sin desconocer su ejercicio fraudulento y las inmensas ventajas electorales de las corrientes tradicionales para participar en la contienda. Destacamos la labor del Partido en los diferentes frentes de trabajo. Revisando la colección de La Bagatela se pueden constatar estas afirmaciones ilustradas suficientemente.

Además, La Bagatela salió a la luz pública en 2001, coincidiendo con la época preelectoral que a la postre consagraría a Uribe de presidente. Desde ese momento el PTC alertó a Colombia sobre el peligro que significaría esa corriente al mando de la nación: “El fascismo, el ahondamiento del modelo neoliberal y la amenaza de

Bogotá, diciembre de 2010

“Salimos para levantarnos, no para arrodillarnos”

espués de circular esporádicamente los últimos 5 años, la dirección del Partido del Trabajo de Colombia, PTC, se propone regularizar la aparición de La Bagatela, nuestro medio oficial.

Su nombre es en reconocimiento al extraordinario aporte hecho por Antonio Nariño al periodismo revolucionario con el periódico que apareció el domingo 14 de julio de 1811 en las calles de Santafé con el nombre de La Bagatela.

Director: Jorge Santos Núñez

Gustavo Petro lidera masiva salida del Polo

EncuEntro nacional dE la corriEntE dEmocrática

ver editorial p. 2

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Gustavo Petro se dirige a los asistentes a la reunión nacional de la Corriente Democrática. La mesa directiva del encuentro estuvo integrada por Carlos Simancas, Daniel García-Peña,Mauricio Trujillo, Aldo Cadena, Susana Muhamad, Edilberto Guerrero, Máximo Noriega, Freddy Saa, Rubén Darío Castro y Marcelo Torres.

Respaldo a María Emma Mejía para la dirección de Unasur

Un país indefenso ante el desastre invernal

Apreciada María Emma Mejía: Nuestras congratulaciones por su postulación a la dirección de Unasur. Una señal democrática en la dirección correcta, la completa diferenciación con el régimen de los últimos ocho años. Con cordiales saludos,

ocupación extranjera”2. Su gobierno encajó con la cruzada represiva mundial de Bush y con el ruinoso esquema económico del FMI. Serían 8 años de denuncias y oposición que quedaron plasmados en las páginas del periódico y que sería demasiado extenso detallarlas en su totalidad.

Destacamos unas pocas: a los 40 días de gobierno se realizó el primer paro en contra de la reforma laboral y pensional promovidas por Uribe3. Como complemento al ajuste fiscal del FMI ya implementado, Uribe propuso un referendo que no logró los votos para su aprobación gracias a la vigorosa campaña de abstención de las fuerzas antiuribistas4. El “Judas de América Latina” se llamó a Uribe al apoyar la invasión de EE. UU. a Irak en otro acto de sumisión al imperio del Norte5. El segundo año el gobierno puso a consideración del Congreso la reforma a la justicia y el estatuto antiterrorista, engendros sobre los que el presidente de la Corte Constitucional dijo: “quiere una monarquía, quiere un sistema autoritario, quiere un Estado sin controles reales”6. El gobierno de Uribe hizo aprobar su relección con mayoría$ uribista$ al comprar parlamentarios7. (Hoy ministros uribistas pagan cárcel por ese delito). Desde el inicio de las negociaciones del TLC con EE. UU. se denunciaron las irreparables consecuencias que traería para el trabajo y la producción nacionales8. En las filas del movimiento sindical se declaró un SOS por la persecución y exterminio a los trabajadores colombianos quienes contaron con la solidaridad del sindicalismo mundial9.

El enriquecimiento de los hijos de Uribe bajo su presidencia10. El Estado autoritario uribista utilizó las chuzadas, las legiones de soplones y los falsos positivos contra la oposición y la población11. Se alentó una corriente democrática que en acción conjunta derrotó la segunda relección de Uribe12.

En el último número publicado hace ya 17 meses hicimos un llamado a los colombianos a “mantenerse firme en el propósito de la paz” y a tomar partido por Santos en la disputa que definiría la fuerza al mando de la nación en los comicios presidenciales del 201413.

Han sido quince años de un gran esfuerzo por mantener y dar a conocer la posición política del PTC, y a pesar de las dificultades, incluidas las económicas, sigue vigente. El auge de las redes sociales ha

Partido del Trabajo de Colombia, PTC Comité Ejecutivo Central Marcelo Torres Secretario General Bogotá, 6 de diciembre de 2010

En los últimos 60 años hemos eliminado de manera total la capa boscosa del valle geográfico, e incluso hemos causado un daño mayor en el pie de monte. Ya no hay grandes extensiones de guaduales a las orillas de los ríos, y nos hemos pasado por la faja todas las normas legales… Y ninguna autoridad, de ningún nivel, se ha preocupado por hacer cumplir la Ley que obliga a dejar una franja de terreno libre a lado y lado de las orillas de los ríos. Germán Patiño, diciembre 5 de 2010, elpais.com.co

PERIÓDICO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA - PTC Nº 42 / $ 1.000

Director: Alberto Herrera E.

Alianza Verde / Progresistas

Bogotá, diciembre de 2014

FRENTE ÚNICO POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA

Ver editorial, página 2

Petro y Santos, unidos por la paz de Colombia

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Dos recientes decisiones acercan a los mandatarios: El presidente Santos tomará el modelo de “Gestores de paz” implementado por la Bogotá Humana para socializar el proceso de paz, y días atrás había reafirmado su compromiso con el Metro de Bogotá al destinar $6 billones que aseguran su construcción.

l país ya se encuentra en plena campaña para definir su rumbo en las elecciones territoriales de 2015, y el panorama político actual augura que los dos bandos fundamentales que midieron fuerzas en las presidenciales del presente año volverán a chocar con mayor contundencia. La facción uribista no ha dado una sola zancada sin tener en mente la justa del 25 de octubre del próximo año. Mientras tanto, las banderías que optaron por la reelección de Santos, que podemos señalar como incorporadas en una gran corriente democrática, no definen todavía una táctica unificada que permita asegurar la dirección de gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y juntas administradoras, para la suerte positiva de la democracia colombiana. Ver editorial, página 2

Yezid García y su lucha por la Bogotá Humana

Ver página 3

MAGANGUÉ PROCLAMA LA CANDIDATURA DE UBALDO ENRIQUE MEZA A LA ALCALDÍA

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esultado de un importante proceso de más de 20 encuentros con líderes sociales y comunitarios de las cinco comunas y de los 42 corregimientos de Magangué, el domingo 23 de noviembre se encontraron todos en el nuevo auditorio del hotel Terra Toscana, para respaldar la candidatura del magangueleño y exrector de la Universidad del

Atlántico, Ubaldo Enrique Meza Ricardo, como candidato a la alcaldía municipal.

A lo largo del proceso que sostuvo Ubaldo Enrique con los pobladores se escucharon las preocupaciones y propuestas de los líderes, en un ejercicio respetuoso, franco, abierto, incluyente y participativo, lo que permitió que muchos líderes acudieran a la convocatoria de tan multitudinaria

asamblea. Esto, sin lugar a dudas, significó: primero, el respaldo a las transformaciones sociales que se vienen realizando en Magangué en los últimos tres años.

Segundo, la necesidad de fortalecerlas y proyectarlas, para evitar caer nuevamente en la horrible noche de intimidación, miedo y corrupción. Y tercero, que la persona más indicada para continuar liderando este

proceso es Ubaldo Enrique Meza, por su perfil académico, su experiencia administrativa, su compromiso y lealtad con un proyecto de ciudad y por su conocimiento de la realidad de Magangué, el país y el mundo. El Partido Verde, el Progresismo y el Partido del Trabajo de Colombia ponen a disposición de Magangué uno de sus mejores hombres.

Las ediciones de La Bagatela se pueden consultar en: www.partidodeltrabajodecolombia.org

producido el declive de la prensa escrita y obligado a los periódicos del mundo a cambios estructurales y a drásticos recortes. El PTC ha implementado estas novedosas formas de comunicación sin renunciar a La Bagatela, que juega un papel destacado en el desarrollo, la orientación, la cohesión y fortalecimiento de las filas partidarias.

Aprovechando el momento que conduce a Colombia a un punto de no retorno, con este ejemplar de La Bagatela, rompemos esta “pausa” y seguiremos dando luces en medio de una decisiva situación. Contamos con el apoyo de ustedes, los lectores.

Notas 1 La Bagatela Nº 1. Editorial “Las razones de un periódico moirista”, abril de 2001, 2 La Bagatela Nº 10. “El fascismo, el ahondamiento del modelo neoliberal y la amenaza de ocupación extranjera”, mayo 2002.

3 La Bagatela Nº 13. “Exitoso paro nacional contra Uribe Vélez”, septiembre de 2002.

4 La Bagatela Nº 15. “La abstención a la ofensiva”, febrero de 2003.

5 La Bagatela Nº 16. “Uribe apoya genocidio en Irak”, abril de 2003.

6 La Bagatela Nº 18. “Reto histórico para los trabajadores”, septiembre 14 de 2003.

7 La Bagatela Nº 21. “La reelección en aprietos”, junio de 2004.

8 La Bagatela Nº 21. “El país contra el TLC”, junio de 2004.

9 La Bagatela No 23, “Sindicalismo mundial en visita a Bogotá denuncia persecución en Colombia”, oct. 2004.

10 La Bagatela No 37, “Los hijos del presidente se enriquecen con las disposiciones estatales”, junio 2009.

11 La Bagatela No 37, “Uribe entre chuzadas y falsos positivos”, junio 2009.

12 La Bagatela No 37, “La segunda relección es la instauración de la dictadura monárquica”, junio 2009.

13 La Bagatela No 42, “Una táctica al servicio de la paz y la democracia” dic. 2014.

Bogotá, mayo-junio de 2016

GIRA DE LA DIRECCIÓN DEL PTC POR LOS REGIONALES

PANAMA PAPERS

¿ COLOMBIA SE CALLA?

Valle del Cauca

La redacción

neoliberal al aumentar la acumulación de riquezas en pocas manos.

n Bogotá opera el capítulo Colombia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), la red mundial de reporteros que ha procesado los llamados Panama Papers’

Cabe insistir en que, de acuerdo a la ley colombiana, aparecer en tales archivos creando una firma en Panamá no es delito, pero el hacerlo sin declararla ante la Dian sí. Es precisamente su exdirector, Ricardo Ortega quien aclara el objetivo de las cuentas en paraísos fiscales: “Pagar impuestos es algo que no le gusta en especial a personas muy adineradas y esconder la plata es algo que tiene mucha tradición”, y señala la otra causa: “También para ocultar plata recibida de corrupción, sobornos, comisiones de negocios raros y, como es lógico, de actividades ilícitas como el narcotráfico o el lavado de dólares”, y apoyado en su experiencia señala: “Todos los que están en los Papeles de Panamá están diciendo medias verdades, y muy pocos pasarían una revisión juramentada de sus declaraciones de renta”2.

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Para lograr auscultar los Panama Papers el Icij convocó más de cien plataformas periodísticas asociadas por todo el mundo, involucró 77 países y 25 idiomas. Así han logrado desentrañar que el mega archivo da cuenta de cerca de 320 mil entidades de todo tipo creadas en los últimos 40 años, desde compañías, fideicomisos y hasta fundaciones, todo ello ligado a más de 200 mil nombres de clientes y asociados.

Evento político en el que Marcelo Torres, dirigente del PTC, expuso la posición del Partido sobre el proceso de paz y los acuerdos de La Habana. Participaron militantes y amigos de nuestra organización en Cali y el Valle del Cauca, entre ellos el prestigioso abogado laboralista Gustavo Ruíz y el exdecano de Humanidades de Univalle, Dario Henao. Del Cauca se hizo presente el secretario regional Néstor Pardo, y un grupo de jóvenes. Lo acompañaron en la mesa Miguel Pardo de la dirección nacional del PTC y los dirigentes regionales Jorge Gamboa y Jairo Gálvez.

Atlántico

Con la participación de un destacado número de amigos y militantes del Partido del Trabajo de Colombia, muchos de ellos dirigentes sindicales, se realizó en Barranquilla, el pasado 12 de marzo un plenario para escuchar el informe del Comité Ejecutivo Central sobre el proceso de paz. El acto estuvo presidido por los camaradas Marcelo Torres Benavides, Secretario General del PTC; Fabio Arias Giraldo, Secretario de la Comisión Obrera Nacional, y Ubaldo Enrique Meza Ricardo, Secretario del Regional del Atlántico. Destacamos la participación de una delegación del departamento de Bolívar encabezada por los compañeros Jesús Reyes, miembro de la dirección de la Alianza Verde; José Barrios, director del Centro de Atención

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Laboral de la Escuela Nacional Sindical, y Manuel Salinas Cassianis, directivo de la CUT, así como también la asistencia del camarada César Almario Sánchez, Secretario del Regional del Cesar.

También hubo una destacada presencia de veteranos camaradas del Partido, como el destacado abogado Óscar Ospino. También se estuvo el médico Antonio José Mendoza Santiago a nombre de la Nueva Tendencia, y Amaury Díaz Romero, por Avancemos. Al día siguiente a la plenaria, se desarrolló la reunión de la comisión del CEC con el regional, para abordar las tareas de fortalecimiento de la organización partidaria, en consonancia con las conclusiones del pleno nacional del Comité Central del PTC realizado en Bogotá.

La Jupa: fuerza del presente y del futuro

La Juventud Patriótica del PTC tuvo una activa participación en la marcha del 1º de mayo desfilando hasta la Plaza de Bolívar. A continuación se realizó una integración de los amigos y militantes de esta corriente, donde los jóvenes pusieron la nota de entusiasmo.

En la foto, con el Secretario General del PTC, Marcelo Torres.

‘Connectas’ es el nombre del grupo de periodistas asociados al Icij en Colombia.

Su misión es la de encontrar colombianos entre la inextricable maraña de empresas, nombres y direcciones. Después de varios meses los investigadores de Connectas publicaron una serie de informes con varios de los hallazgos más relevantes, allí aparece una relación de 1.845 firmas conectadas con Colombia, y 1.245 nombres de nacionales1.

En las lista ya publicadas se encuentran nombres de figuras de la política nacional, funcionarios del Gobierno, como el exministro de Hacienda y presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry; el influyente empresario Alberto Ríos, operador de servicios públicos en varias regiones del país; tres secretarios del gabinete la alcaldía de Bogotá donde sobresale la exministra de Uribe, María Consuelo Araujo de Integración Social; concejales de la capital, la escudera de Peñalosa, Lucia Bastidas; y periodistas de los más influyentes medios, entre ellos Darío Arizmendi con toda su familia.

Los paraísos fiscales son una institución del capitalismo, creados para esconder las extraordinarias ganancias de los más acaudalados, pues gozan de exención de impuestos y del secreto bancario. Su existencia se ha multiplicado en el período

Los implicados deben aclarar su actuación y el Estado debe actuar con precisión y rigor. El fraude al fisco saldrá algún día a la luz pública así estén implicados personas influyentes en los medios y en la sociedad. Ortega precisa: “Lo que no se puede ocultar es que toda la élite del país tiene importantísimas cifras de dinero por fuera, en paraísos... No estamos hablando de un caso fortuito o de falsa imputaciones sobre cifras despreciables, no: Tengo claro que los colombianos tienen en el exterior 100.00 millones de dólares sin declarar”3.

El último dato de la Dian certifica que el 65% de los casos denunciados en los Panama Papers no han sido declarados, están esquivando el fisco y representan una evasión millonaria para los ingresos de la nación, desvirtúan decisiones económicas ya tomadas y ponen aún más en tela de juicio la cantada reforma tributaria.

Notas 1 www.icij.org.

2 “Sorprende el silencio frente a los papeles de Panamá”, entrevista a Juan Ricardo Ortega, revista Semana, 14/05/2016.

3 Ibídem.

La estrategia del “caracol”

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Bogotá, mayo-junio de 2016

POLÍTICA ECONÓMICA NEOLIBERAL AL BANQUILLO Edmundo Zárate

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uede pensarse que la crisis de la economía de Colombia es parte del ciclo propio de cualquier régimen capitalista. Podría agregarse que el descenso lo agravó la caída de sus socios comerciales –Estados Unidos, Venezuela y China–, lo que deprimió los precios del petróleo y el carbón, productos esenciales en el comercio exterior del país. El gobierno de Juan Manuel Santos busca explicar todos los líos a través de esos sucesos a los que se agrega uno climático, supuestamente de fuerza mayor, El Niño, con su efecto en la inflación.

Así, Santos apenas sería una víctima de la extraña coincidencia de impredecibles, y solo sería cuestión de un compás de espera para que se desacoplen tantas cosas y se retome el crecimiento económico.

Pero en realidad lo que está ocurriendo es el resultado de unas políticas estructurales –de largo plazo– que en los casi seis años del gobierno actual bien hubiera podido empezarse a corregir, por no decir cambiar de raíz.

La locomotora minero-energética Pareciera haber consenso en señalar que la causa del problema económico nacional fue la abrupta caída del precio del petróleo y del carbón. Pero desde otra perspectiva sería tanto como decir que el país venía bien cuando los precios estaban altos y, en conclusión, que la política petrolera y minera diseñada para Colombia no es mala cuando hay altos precios. De hecho, la recuperación de los precios del aceite en las últimas semanas sería el punto de partida de una etapa de prosperidad. O, aún más, que la locomotora minero-energética, sin contratiempos imprevisibles, sacará realmente del atraso al país como lo señala el plan de gobierno de Santos.

Pero no es así. Hay cifras que desnudan el embrollo. La primera, que los recursos percibidos por el país por la extracción petrolera y minera (regalías e impuestos), son de los más bajos del mundo, según investigaciones, entre otras la hecha por Jorge Luis Garay para la Contraloría General de la República, y con un sistema de cálculos y de exenciones tan caprichoso que, en la cuenta final, los ingresos al fisco nacional no representan sino el 10% del presupuesto de un año normal (unos 20 billones de pesos frente a unos 220 millones). Para adobar las cifras es común oír a los interesados resaltando que tales entradas representan el 20% de los ingresos ordinarios (es decir, de los impuestos e ingresos similares, que suman unos 110 billones de pesos).

Las exportaciones de la locomotora…

Otra faceta de la tal locomotora es su impacto en las exportaciones. Sea lo primero decir que tener altas cifras de exportación no significa necesariamente bienestar para

amplios sectores de la población, como lo muestra México, país que ocupa el puesto doce en el mundo entre los exportadores.

La razón es muy sencilla. En las economías latinoamericanas buena parte de las exportaciones corresponden a la actividad de inversionistas extranjeros en los sectores claves primarios, de manera que, aunque hay grandes entradas de capital, las salidas son mayores pagando las importaciones en maquinaria y tecnología y las ganancias de los inversionistas. El resultado es el creciente déficit en cuenta corriente, el cual es temporalmente subsanado a través de la creciente deuda externa.

Las cifras más recientes del país desnudan el panorama. Las exportaciones han venido cayendo en picada: comparando las cifras de lo corrido del año con igual período del 2015, la caída es de 33,4% según el Dane. En cuanto a las importaciones, si bien también han disminuido, su velocidad ha sido menor, arrojando un déficit comercial creciente. De otro lado, la cuenta de capital (que agrega al comercio exterior los movimientos de capital por inversiones y remesas de utilidades) va en constante aumento. El Banco de la República calcula que en este año el déficit será de casi 16.000 millones de dólares. El resultado es que la deuda externa sigue subiendo y ha alcanzado la cota más alta, nunca antes vista, de 110.000 millones de dólares.

Cuando se suman los bajos ingresos netos nacionales queda en evidencia por qué la locomotora minero-energética no es camino al desarrollo sino al saqueo.

Por lo demás, no debe olvidarse que la crisis de la deuda de 1980 y la subsecuente ‘Década Perdida’ ocurrieron en un escenario similar de alto endeudamiento, alza de las tasas de interés por parte de la FED y caída de los precios del petróleo.

… y otras exportaciones menores La locomotora energético-minera es la otra cara de la política de apertura económica. La reprimarización de la economía no es otra cosa que la vuelta del país a la explotación de materias primas abandonando cualquier intento de producción industrial o agropecuaria significativa.

La apertura económica puesta en marcha hace un cuarto de siglo por el gobierno de Gaviria y los muchos tratados de libre comercio que Colombia ha firmado en su aplicación, garantizan que las mercancías extranjeras ingresan al país sin aranceles, arrasando con todo lo nacional. Hoy, cuando no hay plata para seguir importando, aparece insuperable la evidencia de que no hay producción nacional y que entonces se venden los muebles de la casa para comprar el mercado como lo anotara Francisco Mosquera analizando la apertura cuando esta apenas estaba en su cuna.

El crecimiento del PIB Uno de los engaños económicos es medir la marcha económica a través del producto interno bruto (PIB), pues muestra la ex-

pansión o contracción de unos sectores sin mirar qué ocurre en las entrañas. En esa cuenta da lo mismo que crezca a un determinado ritmo el sector petrolero que la producción industrial, no obstante que sus efectos en los ingresos fiscales o de los trabajadores son muy diferentes.

El desplome que se observa hoy en el PIB es porque cayó, ante todo, el sector minero-energético. El gobierno muestra como aliciente que la tasa de caída de la industria y la agricultura es menor, pero oculta que es por el hecho de que ya no hay industria ni agricultura.

Otro punto es que la caída del PIB total no fue mayor porque sigue creciendo el sector financiero. Ello es un absurdo pues a medida que se ahonda la crisis las tasas de interés y el costo de las transacciones financieras aumentan y con ello las ganancias del sector, lo que explica el crecimiento del PIB. Con el agravante de que casi hay relación de proporcionalidad negativa entre el crecimiento del conjunto de la economía real con el del sector financiero, por lo anotado: entre más mal está la economía real, más altos son los costos financieros, que a su turno ayudan a hundir las ganancias del sector real.

Inversión extranjera, remesa de utilidades Un éxito que se arrogaba el uribismo fue el aumento de la inversión extranjera. Lo que no le explicó al país fue que cada dólar invertido hoy implica que posteriormente sale más de un dólar a manera de ganancia pues de lo contrario no hay inversión. Es la remesa de utilidades, que en Colombia no paga impuesto. De manera que lo que empezó hacia el 2003 fue una especie de pirámide: con los dólares que entraban en un año los inversionistas sacaban la ganancia del año anterior y así sucesivamente. Como es fácil comprender, cada año faltaban dólares y en consecuencia la deuda externa fue creciendo.

De ahí la cifra atrás anotada de 110.000 millones de dólares de deuda hoy.

Cuando empezó la destorcida de precios de petróleo y carbón, cayeron las inversiones.

Dado que la pirámide funciona sobre la base de que cada vez se requieren más ingresos, al no llegar recursos nuevos el país debe acelerar su endeudamiento. Es decir, hay un gran déficit en cuenta corriente que se salda, a medias, vendiendo más muebles de la casa, y aumentando el endeudamiento.

Igual sucede en México cuyas exportaciones se hacen a través de una gran inversión gringa que se lleva las divisas y causa también déficit en cuenta corriente, endeudamiento y desindustrialización. Pero ese no es un destino inevitable: Noruega, altamente dependiente del petróleo, no ha recurrido a la inversión extranjera, tiene un holgado superávit en cuenta corriente y una sólida industria. Las diferencias saltan a la vista: la locomotora allí no es el petróleo sino la industria –petrolera y no petrolera–, y a ello se agrega que la explotación del producto y sus derivados

se hace por empresas nacionales. La caída del precio ha golpeado fuertemente Statoil, la empresa estatal encargada del petróleo, pero el conjunto del país no se ha resentido como ha ocurrido en Colombia.

Reforma tributaria y los Papeles de Panamá La debacle económica producida por el cuarto de siglo de apertura económica y la mano generosa dada al capital extranjero para saquear los recursos naturales del país se han sumado a otros factores para producir un gran hueco fiscal, patente en la falta de recursos públicos para atender las necesidades básicas de la población.

Los potentados económicos de Colombia se dan mañas para mostrar que la suma de los impuestos absorbe hasta el 70% de sus utilidades, pero pasan por alto mencionar las mil y una triquiñuelas legales e ilegales a las que recurren para eludir y evadir su carga fiscal. El resultado cierto es que en Colombia la carga tributaria no alcanza a ser ni siquiera del 15% comparada con el PIB, mientras que en las economías de los países desarrollados esa comparación supera la cota del 40% y en Estados Unidos es del 35%.

Pero en cambio, el IVA, el más regresivo de los impuestos por cuanto ricos y pobres pagan la misma tarifa, está por encima del promedio comparado con las mismas economías.

Es evidente que el Estado colombiano se encuentra desfinanciado, y ello por varias razones: hay una creciente desindustrialización del país, los grandes latifundios pagan un impuesto irrisorio, el sector minero-energético paga una cifra ridículamente baja de impuestos y regalías, los pagos fiscales del sector financiero no se compadecen con el tamaño del negocio y la magnitud de sus ganancias, empresas rentables del Estado fueron privatizadas, entre otros problemas que atañen directamente a los ingresos.

Por ello, la crisis actual no puede aducirse como la causa última de la reforma tributaria que el gobierno anuncia, sino que es el resultado de muchos años de aplicación de una política económica antipopular y antinacional.

A lo anterior se suma otra vena rota. El exdirector de la Dian, Ricardo Ortega, denunció hace más de un año, que la evasión de impuestos en Colombia tenía un gran componente a través de las platas depositadas en los paraísos fiscales. Los Papeles de Panamá han mostrado una parte de esa escandalosa cifra, en manos de personajes que van desde la familia del vicepresidente de la República, pasando por exministros de Hacienda, connotados periodistas de los principales medios de opinión del país, hasta empresarios de todos los pelambres, el mismo grupo de individuos que sale a anunciarle al país que es necesario subir los impuestos, pero no a ellos pues se desestimularía la inversión sino el IVA, porque ese lo pagan todos los colombianos.

Bogotá, mayo-junio de 2016

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El TLC entre Colombia e Israel

LOS OSCUROS NEGOCIOS DE LA GUERRA

UN TRATADO DE MUERTE Y DE LEGITIMACIÓN DE LA OCUPACIÓN SOBRE PALESTINA

Consuelo Ahumada Politóloga y catedrática universitaria El Bancario / mayo de 2016

tomado de

T

ras una negociación adelantada con mucho sigilo durante 18 meses, el 30 de septiembre de 2013 los gobiernos de Colombia e Israel firmaron un tratado bilateral de comercio en la ciudad de Jerusalén. Fue presentado como el único acuerdo de última generación que, además del intercambio de bienes y servicios, incluye asuntos de inversión, compras públicas y cooperación. El TLC debe ser ratificado por los parlamentos de los dos países y, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre su legalidad.

El acuerdo, que pasó casi inadvertido entre los múltiples que ha suscrito Colombia en años recientes con países desarrollados, se encuentra actualmente para su discusión en la Comisión Segunda del Senado. Hay gran interés y mucha presión de ambas partes para que este sea ratificado cuanto antes, tal como lo puso en evidencia recientemente el nuevo embajador de Israel en Colombia.

En efecto, el TLC entre los dos países sobreviene como la culminación de un proceso de estrecha amistad histórica durante varias décadas, tanto en lo político como en lo militar. Pero fundamentalmente ha habido una identidad en materia de política internacional, por cuanto ambos países han sido aliados estratégicos de Estados Unidos en sus respectivas regiones y han asumido la defensa de sus intereses, en especial en lo que respecta a la lucha en contra del terrorismo y a los beneficios que dicha lucha le ha proporcionado a la potencia del Norte y a sus fabricantes de armas. Israel es su primer receptor de ayuda militar, mientras que Colombia ocupó hasta hace poco un nada honroso tercer lugar en esa materia.

Sin embargo, aparte de ese compromiso compartido, la diferencia en cuanto al desarrollo de los dos países es enorme, por lo que no se trata de economías complementarias como señala el texto del acuerdo. Israel cuenta con una población de 7,9 millones de personas y un elevado ingreso per cápita. Su situación geográfica estratégica en el corazón del Medio Oriente y el papel histórico que ha venido desempeñando desde su fundación le han permitido disponer de una gran inversión y recursos por parte de las potencias occidentales, lo que ha propiciado su altísimo nivel de desarrollo tecnológico en distintos campos, pero especialmente en el militar. Aunque los datos que proporciona el Gobierno Nacional son bastante confusos y desactualizados al respecto, se calcula que la mayor parte de las exportaciones de Israel a Colombia corresponden a armamento, servicios de seguridad y tecnología y comunicaciones de uso militar.

Según el Ministerio de Comercio, en el 2010 había cerca de 70 empresas israelís en nuestro país.

Por su parte, Colombia, al igual que la mayoría de los países del mundo en desarrollo, ha afianzado en las últimas décadas su condición de exportador de productos primarios y materias primas, de escaso valor agregado. De acuerdo con datos oficiales, en el año 2012, aunque la balanza comercial con Israel era positiva, el 94,3% de las exportaciones correspondía a carbón y el 2,7% a café1.

El TLC pretende consolidar esas tendencias y profundizar las relaciones inequitativas que existen entre los dos países. En el plano del comercio y la inversión, favorece con amplitud a Israel, tanto en el sector agrícola como en el industrial. Se les brindan de manera unilateral una serie de garantías a sus empresas, que podrán invertir en sectores estratégicos en Colombia, contratar con el Estado y transferir sus ganancias, prácticamente sin ninguna restricción. Si se presenta alguna contradicción con otras empresas, o con el Estado mismo, el litigio lo resolverán tribunales internacionales.

Entre tanto, sin un mínimo de reciprocidad, a las empresas colombianas se les imponen múltiples restricciones para desarrollar posibles inversiones en Israel, que hoy en día son inexistentes.

Sin embargo, además de estos problemas, hay dos asuntos cruciales del acuerdo entre Colombia e Israel que ameritan la atención y el rechazo contundente por parte de los sectores democráticos en Colombia. El primero es la posibilidad real de incrementar el comercio militar y los efectos que ello tendría en la consolidación de la paz y la construcción de la sociedad del posconflicto, una vez culminen las negociaciones de La Habana. El segundo es la legitimación de la ocupación del territorio palestino por Israel, porque el acuerdo incluye lo producido en estos territorios e incentiva la construcción de asentamientos ilegales. Con ello Colombia actuaría una vez más en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan la ocupación y reconocen el Estado de Palestina.

Veamos algunos datos más precisos al respecto. Israel es la sexta potencia nuclear del mundo y el cuarto exportador

de armas y su política de ocupación y agresión militar a Palestina y a los países vecinos ha merecido el repudio internacional. De acuerdo con el Ministerio israelí de Industria, Comercio y Trabajo, el país cuenta con más de 300 compañías dedicadas a la seguridad interna, que exportan toda una gama de productos, sistemas y servicios. La poderosa IMI (Industrias Militares de Israel) produce algunas de las armas convencionales más utilizadas en el mundo, como los fusiles UZI y los Galil y las metralletas Kalashnikov. Además de la inmensa ayuda que recibe de Estados Unidos, Israel fabrica y vende sistemas de blindaje de vehículos, misiles antiaéreos, sistemas de visión nocturna, entre otros dispositivos. Con tan importante respaldo material, el Estado sionista se ha valido de todo tipo de métodos terroristas para tratar de doblegar la resistencia palestina, eliminar a sus distintos líderes y apuntalar su política expansionista en la región.

Adicionalmente, Israel ha abastecido de armas a las dictaduras más sanguinarias del mundo entero, incluidas las del Cono Sur y Centroamérica en los años 80. En noviembre pasado el ministro de Relaciones Exteriores se opuso a la ley para restringir la venta de armas a gobiernos violadores de derechos humanos, como el de Sudán del Sur. En Colombia el nefasto papel de estas empresas y contratistas en la prolongación del conflicto armado y en la exacerbación de su brutalidad ha sido notorio. Basta recordar la actividad desempeñada por Yair Klein, contratado por la empresa Ankal de Israel en 1988, quien se puso al servicio del paramilitarismo y de quienes lo impulsaron en distintas regiones del país.

Son precisamente estos sectores los más interesados en que hoy se apruebe el TLC y en acabar con el proceso de paz.

Israel también es pionero en los llamados sistemas de defensa no tripulados, UAS, más conocidos como drones, que empezó a utilizar en 1978. De acuerdo con un estudio de la consultora internacional

Frost & Sullivan, este país ha sido durante los últimos diez años su principal exportador mundial por su volumen, variedad de sistemas y por el número de países a los que se los vende. Su fabricación y comercialización le ha representado a sus empresas enormes ganancias y ventas al exterior. El informe calcula que este sector cuenta con un mercado potencial enorme en el mundo, de más de 60.000 millones de euros en los próximos10 años2.

El desarrollo de las armas convencionales y de última generación ha encontrado en los territorios ocupados de Palestina y en los países vecinos un campo de prueba y experimentación. A manera de ejemplo, en diciembre de 2008 Israel lanzó la operación Plomo Fundido, en la que murieron 9 soldados israelíes y 1.400 palestinos. Una vez concluida, hizo una exhibición con las nuevas tecnologías utilizadas contra los palestinos y la venta de armas se incrementó de manera exorbitante durante los dos años siguientes, así como las ganancias del Grupo Elbit, la mayor empresa privada productora de armamento del país. En Colombia este mismo consorcio recibió contratos por un valor de $267.344.119.258 entre el 2012 y el primer semestre de 20133. Según cálculos del mismo gobierno de Israel, el TLC permitirá un incremento aproximado del 28,7% en las ventas a Colombia de material y dispositivos bélicos. Las cifras son muy claras.

Notas 1 Datos del Ministerio de Comercio Exterior, incluidos en el estudio: “Tratado de libre comercio con Israel: malo para los pueblos colombiano y palestino”, elaborado por Campaña de boicot a Israel en Colombia, Bogotá DC, febrero de 2016.

2 http://www.infodefensa.com/es/2013/05/23/ noticia-el-10-de-las-exportaciones-militaresisraelies-se-centra-en-las-aeronaves-sinpiloto.html.

3 La Silla Vacía. “Estos son los supercontratistas de la seguridad”. Agosto 10 de 2013.

En: http://www.lasillavacia.com/historia/ estos-son-los-supercontratistas-de-la-seguridad-453709.

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Bogotá, mayo-junio de 2016

FERNANDO GIL, UN COMPAÑERO DE LOS IMPRESCINDIBLES Palabras de Marcelo Torres Secretario general del PTC en el funeral de Fernando Gil Sierra

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l hombre que hoy devolvemos al eterno fluir del universo había nacido un 23 de mayo del año 57 del pasado siglo XX en La Victoria, Valle. Provenía Fernando Gil de esa entrañable legión de cuadros desbrozadores de caminos de un nuevo mundo, hombres y mujeres, que constituyó uno de los troncos vitales originarios del Partido, el del Valle del Cauca, que bajo la inspiradora y clarividente guía de Francisco Mosquera, desde las filas del puñado de sindicatos de trabajadores como los de Empresas Públicas Municipales de Cali, Britilana, los cañaduzales donde laboraban los asalariados de ingenios azucareros, y del movimiento estudiantil vallecaucano, contribuyó a dotar a Colombia de una nueva y definitiva corriente revolucionaria.

Tempranamente, desde sus días de estudiante en la Universidad del Valle, Fernando se vinculó a los quehaceres en pro de una nueva conciencia política y social y de la acción masiva por la transformación del país, de la que nunca más se separaría. Formó parte de esa primavera roja que se esparció por Colombia, los descalzos del Partido, aquel inolvidable enjambre de jóvenes, para difundir por sus cuatro puntos cardinales el viento fresco y potente de la revolución. El Norte del Valle del Cauca, la zona de la cual era oriundo, fue escenario de sus empeños iniciales en la construcción partidaria. Luego las asociaciones sindicales de los trabajadores bancarios, Aceb y Anebre, en Cali, darían fe de sus capacidades de organizador y representante de los asalariados. En esa condición también se desempeñaría durante un tiempo en Manizales asimismo como vocero de los bancarios. Más tarde, cuando el Partido dedicó nuevos esfuerzos a perfilar una corriente sindical independiente de la malsana influencia que prevaleció en la izquierda durante los ochenta y buena parte de los noventa, presidió la fundación de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia (Ctdc) en el Valle del Cauca, concreción de aquella orientación, de la cual fue su Secretario General.

del Partido en defensa de una táctica sin concesiones al oportunismo extremoizquierdista en el seno del Polo, en la cual respaldamos las posiciones de Gustavo Petro. Compartió el júbilo de compañeros y amigos por la elección de nuestro compañero Yezid García como concejal de Bogotá. Y el pueblo de Magangué, que no tuvo mucha noticia de ello en su momento, debe saber que Fernando Gil contribuyó, en grado decisivo, en su condición de integrante de la pequeña oficina de apoyo en Bogotá al municipio, a adelantar las gestiones de mi administración en pro del mejorestar de sus gentes: la renegociación de la deuda, la obtención de un carro de bomberos donado por la administración del alcalde Petro a Magangué, el logro del convenio para obtener los recursos que permiten hoy resolver el problema del acueducto urbano, las intensas gestiones para alertar al Estado y al país de la oleada de invasiones de predios urbanos promovida por poderes malignos del municipio y la Región Caribe, el acuerdo con el Ministerio del Interior para integrar un equipo de profesionales al servicio del municipio, y el constante monitoreo de las gestiones del municipio ante el gobierno central.

Fernando: No estabas en la placidez del retiro ni tus fuerzas menguaban cuando te sorprendió el designio inescrutable que te ha arrebatado de entre nosotros. Por el contrario: te hallabas al frente de las labores para que volviera a publicarse La Bagatela, el periódico del Partido, y polifacético, como siempre fuiste, contribuías a varias y diversas tareas más. Tu trayectoria parce haberse tallado a golpes de bronce: en todos tus momentos resalta tu consecuencia, tu coherencia y tu firmeza. La estela que dejas es la del molde que requerirá siempre la causa de los pobres del mundo: intachable e inspiradora, desde tu juventud hasta tu último minuto. Te rendimos honores como merece el más abnegado y valiente luchador que fuiste; te vas envuelto en los pliegues de nuestra bandera sagrada. Te saludamos con un hasta siempre junto a tu querida familia, Betty, Carolina, Julián, tus hermanos y parientes. Llevaremos siempre en nuestros corazones tu significante sonrisa, tu amante sentido dionisíaco de la vida, y tu empuje inagotable.

Mayo 7 de 2016.

¡HONOR Y GLORIA A LA MEMORIA DE FERNANDO! Mensaje de Yezid García sobre Fernando Gil Sierra, publicado en la redes sociales

S

e nos adelantó en la partida uno de los mejores. Fernando Gil Sierra, nuestro entrañable camarada y amigo de décadas de lucha por las transformaciones revolucionarias de Colombia se ha ido para siempre. La Parca, inexorable, aprovecho su enfermedad para arrebatárnoslo sin miramiento alguno.

Fernando había nacido en La Victoria, Valle del Cauca, el 23 de mayo de 1957; y desde muy joven, siendo aún estudiante de la Universidad del Valle, se vinculó a la brega revolucionaria y engrosó las filas del Partido del Trabajo de Colombia. Su actividad tuvo como escenario inicial los municipios del Norte del Valle; luego, en Manizales, fue dirigente sindical en el desaparecido Banco de Caldas; más tarde, fundador en Cali de la seccional de la CGTD donde fue su primer Secretario General.

Siempre apoyó con su presencia el trabajo político en la Bota Caucana, y allí también lo recuerdan con cariño y admiración muchos activistas del movimiento campesino.

Desde que entró a laborar en Telecom

fue uno de sus dirigentes sindicales destacados en la lucha por la defensa de la empresa. Tuvo un destacado papel en la dirección del Paro Nacional de Telecom en 1992, la más importante batalla contra la privatización que hayan librado los obreros colombianos.

Posteriormente, asumió diversas tareas del Partido: responsable de varias localidades, gerente de La Bagatela, pionero de la Fundación para la defensa de las víctimas de la violencia laboral. Con entusiasmo acogió nuestra vinculación al Progresismo y se destacó en la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá; lloró como un niño, de felicidad, cuando obtuvimos nuestra representación en el Concejo de Bogotá; pleno de alegría y vitalidad respaldó con su gestión el trabajo de Marcelo Torres en la alcaldía de Magangué. ¡Honor y gloria a la memoria de Fernando!

Estamos tristes por la despedida de nuestro camarada y muy alegres al constatar sus realizaciones a favor del pueblo a lo largo de su periplo vital. A Betty, Carolina, Julián, a sus hermanos y sobrinos, a toda su familia, el abrazo fraterno y la promesa de que seremos capaces de transformar el dolor de su ausencia en fuerza renovadora.

Su decidido respaldo material al trabajo campesino del Partido en la Bota Caucana, que animó incluso con sus desplazamientos al territorio, ofreció ejemplo del tipo de líder sindical que requieren las grandes tareas políticas de la revolución. Pero fue en la batalla de los trabajadores de Telecom, la estratégica empresa de las telecomunicaciones de Colombia, donde Fernando dejaría su más profunda y perdurable huella en el movimiento sindical del país. En 1992, en Cali, durante la gran lucha de resistencia de los trabajadores de esta empresa contra la privatización, Fernando Gil, incluso cuando todavía no era directivo de ese sindicato, jugó un descollante papel en aquellas históricas jornadas.

Ya privatizada Telecom, Fernando encabezó la constitución de una organización de los trabajadores víctimas de la entrega del gran patrimonio nacional al capital extranjero. Acompañó la azarosa lucha

Como un reconocimiento a su labor y dedicación a la causa de los trabajadores, se dieron en el sepelio de Fernando múltiples manifestaciones de aprecio y cariño. Su primo Giovanni Murillo a nombre de la familia hizo un sentido recuento de su vida. Myriam Guzmán, vocera de la cooperativa Prosperando, señaló las bondades de Fernando. Se recibió un sentido mensaje de Gloria Flórez, dirigente de Progresistas. A nombre de la fundación “Victimas de la violencia laboral” de la que Fernando era presidente y que se constituyó en un soporte de los trabajadores damnificados de Telecom, su representante Silvia Valbuena, leyó unas palabras. Se escuchó un elogioso poema “Allá donde tú estás” por su hermano Gustavo Gil. En la foto, el CEC del PTC hace guardia de honor acompañado por Gloria Oramas y Lupe Amazo de Progresistas.