Los 100 días de Peñalosa

Los 100 días de Peñalosa Bogotá D.C., 19 de abril de 2016

Yezid García Abello

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l revisar los discursos de posesión de los alcaldes de las principales ciudades del país, el de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue el único que no hizo, por tímida que fuera, una mención al proceso de paz y a la renovación del compromiso de la Capital con las víctimas y con la reinserción de los alzados en armas que se reincorporaran a la vida civil, pese a la recomendación presidencial para que los alcaldes se comprometieran desde el inicio de su mandato con este propósito nacional. Fue la forma de Peñalosa de expresar su cercanía política con las corrientes enemigas del proceso de paz, sus patrocinadores, el uribismo y el vargasllerismo.

Cercanía más acentuada aun cuando se repasan las principales propuestas y determinaciones de esta administración sobre el modelo de ciudad que entraña la “recuperación” de Bogotá, luego de doce años de avances continuos en la reducción de la pobreza, el crecimiento de la inversión social, la defensa de lo público y la preservación de la vida, del agua y el ambiente.

En estas líneas, me referiré a seis temas polémicos, dentro de una larga lista, que caracterizan la naturaleza y los objetivos de la “Bogotá para todos”, abiertamente contradictorios con los postulados y realizaciones de los gobiernos locales de izquierda democrática, pero especialmente, con los de la Bogotá Humana:

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. Sin estudios que lo justificaran y sin demostrar que sus opciones son más baratas, Peñalosa decidió cambiar el proyecto de Metro subterráneo a elevado, reducir la primera línea a la mitad del recorrido proyectado inicialmente, convertir el Metro (Tren) en alimentador de TransMilenio (bus) y no al revés como debía ser, terminar abruptamente una primera fase en la calle 26 con Avenida Caracas, sin mencionar siquiera en qué se transportarán, al bajar del Metro, esos miles y miles de usuarios que se dirigen 3

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a su sitio de trabajo a lo largo del eje oriental de la ciudad, que es la troncal de Transmilenio más congestionada, colapsada en sentido estricto.

Así las cosas, no es muy probable que en el cuatrienio de Peñalosa comience siquiera la construcción del Metro, ni subterráneo ni elevado. Ese dilema es una bomba de humo para engatusar incautos. La apuesta de Peñalosa y de su fundación, patrocinada entre otros, por las empresas fabricantes de vehículos Volvo y Ford, y por la petrolera Shell, es la de cubrir el transporte público con buses y no con trenes, con energías sucias y no limpias, entregando el servicio público de transporte al capital privado. Ya el gerente-empresario nos anunció que Bogotá estaba destinada, tal vez por la Divina Providencia, a utilizar exclusivamente buses en los próximos 100 años. Eso sí, como le gusta a los avivatos, que el Estado ponga las vías, la infraestructura, las reparaciones, la seguridad y se quede con ridículos ingresos, inferiores al 5% de lo recaudado, como remuneración a sus responsabilidades. Lo único que le haría cambiar de opinión y apresurar el tema del Metro es el negocio de llevarlo hasta Cascadas, en el área rural de Mosquera, tierras inundables y de alto riesgo, a ocho kilómetros del centro de ese municipio, donde hoy no hay ningún desarrollo urbano y Peñalosa pretende construir allí 250.000 viviendas.

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. La privatización de la ETB no es improvisada, corresponde a un plan macabro muy bien estructurado que inició con las declaraciones del alcalde electo en diciembre, los anuncios en el Concejo el primero de enero, el nombramiento de Jorge Castellanos como gerente –el mismo que privatizó Bancafé–, y que hizo del credo neoliberal su modus vivendi, y una campaña mediática de los grandes directores y propietarios de medios convenciendo a la ciudadanía que la ETB es atrasada, ineficiente y produce pérdidas a la ciudad. Vale la pena recordar algunos asuntos y poner de nuevo sobre el tapete algunas cifras.

Antes de los gobiernos locales de izquierda democrática en Bogotá, las alcaldías de Peñalosa y Mockus trataron infructuo4

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samente de privatizar ETB. No lo lograron, pero adelantaron un proceso de marchitamiento de la empresa que les facilitara la venta. Sin embargo, pese al cerco que su mismo dueño le tendió, ETB salió adelante. Al finalizar el cuatrienio de la Bogotá Humana el valor de la acción en bolsa creció 60%; invirtió casi dos billones de pesos en el programa de reemplazar las redes de cobre por fibra óptica para servir 1.250.000 hogares –Ftth–, con velocidades de internet que nadie, y mucho menos las empresas privadas, ofrecen en Colombia, oferta productos tecnológicos de última generación, tiene televisión interactiva digital, móviles 4G, datacenter, presencia comercial en quince departamentos, servicios de fibra óptica para 600 grandes clientes corporativos; en fin, es una eficiente empresa muy distinta al “mueble viejo” que quiere publicitar el actual gerente privatizador Castellanos.

Castellanos ha dicho a los cuatro vientos que la empresa ha dado pérdidas en los dos últimos ejercicios contables. Es un maquillaje a los balances para mostrar cifras negativas a partir de utilizar las normas contables Niif (que aún no están vigentes para la Dian ya que los impuestos se pagan de acuerdo al método contable tradicional); ocultar que Claro, por fallo judicial, inapelable hoy, se ha negado a cancelar una deuda de 250.000 millones de pesos; y que la Administración de Impuestos Nacionales, ya aprobó devolver a la ETB 150.000 millones de pesos en impuestos. Señor gerente privatizador: ¡400.000 millones que le adeudan a la ETB son más que un déficit contable, no real, de 70.000 millones sobre los que usted vocifera con tanto entusiasmo!

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. Ante la descabellada propuesta del alcalde Peñalosa de urbanizar la mayor parte de las 1.400 hectáreas que constituyen la reserva forestal del norte de Bogotá, Thomas Van der Hammen, reserva que conecta los cerros orientales con el río Bogotá y hace parte de la estructura ecológica principal de la Capital, se realizó un foro en la Universidad de los Andes el 15 de febrero donde, en medio de todas las garantías para que el alcalde presentara la sustentación de su atropello ambiental y ecológico, expertos, académicos, integrantes del sector público, comunidades y estudiantes, constataron 5

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que Peñalosa traía los mismos “argumentos” con los cuales trató fallidamente de impedir que el Ministerio de Ambiente y la CAR constituyeran legalmente la reserva y expidieran posteriormente, en 2014, el Plan de Manejo Ambiental de la misma.

La inmensa mayoría de los expositores, por no decir la totalidad, se opusieron a la pretensión peñalosista. La chiflada ante el despropósito no fue gratuita, a ningún funcionario público se le debía ocurrir, para favorecer intereses privados de propietarios, urbanizadores y constructores, sembrar con cemento esa reserva, vital para la preservación del agua y la vida en el frágil territorio bogotano, y menos aún, en pleno sufrimiento de la humanidad por las consecuencias del cambio climático. Peñalosa afirmó mentirosamente “que no existen investigaciones científicas” que prueben la importancia de la reserva; cuando la comunidad académica y los ambientalistas saben que no hay una declaratoria de área de reserva que tenga más análisis, demandas, debates y estudios que la Van der Hammen. El comunicado de la Academia Nacional de Ciencias, donde ratifica la necesidad de mantener la reserva sin urbanización, hace un recuento de las investigaciones científicas sobre el tema en los últimos 50 años.

Sin embargo, lo que sorprende y prende las alarmas es la complacencia de algunos medios y editorialistas con la propuesta; el respaldo tajante del alfil del vargasllerismo en el gabinete, el ministro de Vivienda Henao; el silencio sospechoso del Minambiente, el hecho que antiguos funcionarios de la CAR griten a los cuatro vientos que “no hay reservas intocables”; y la vergonzosa actitud de algunos concejales “verdes”, tratando de justificar la propuesta del alcalde. Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, preguntó en artículo reciente: ¿Acaso un alcalde tiene el derecho de borrar de un plumazo un complejo proceso de ordenamiento territorial que suma más de 16 años?

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. Peñalosa, desde su posesión, la ha emprendido contra los vendedores ambulantes y estacionarios de Bogotá sin tener en cuenta límites impuestos por sentencias de las Altas Cortes ni la realidad de la dura vida de estos ciudadanos y ciudadanas. Por ello, vale la pena recordar, una 7

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vez más, que la profesión de vendedor callejero en la mayoría de los casos no se escoge, se asume frente a la imposibilidad de conseguir un empleo formal, y la población que llega a “rebuscarse” en las calles solo cuenta con un pequeño “plante” que ratifica su condición de población vulnerable sin que el Estado, nacional o local, actualmente se lo reconozca.

Hay abundancia de vendedores ambulantes porque hay desempleo, porque ha habido desplazamiento por la violencia que por cincuenta años ha azotado la nación, porque un modelo económico maldito llamado la apertura económica arruinó sectores claves de la industria nacional y de la producción agraria, porque las principales empresas del Estado se feriaron al capital privado, principalmente extranjero. Las ventas callejeras y los vendedores pertenecen a la esfera de la economía popular, pero el 98% de sus protagonistas no cumple siquiera con la elemental ley del capitalismo de la “acumulación”. Pasan años en las calles, en jornadas inhumanas de 14 o 16 horas de trabajo, pero al final de su vida laboral, ni pensión, ni salud, ni techo para sus descendientes. Escasamente han podido supervivir a la adversidad que les deparó ser pobres. Es una actividad económica de subsistencia.

Los partidarios de los desalojos de los vendedores, sin concertación previa, a bolillo, patadas y decomiso ilegal de sus mercancías, alegan su derecho constitucional al espacio público, que está claramente establecido en la Carta. Pero, en ella también se proclama el derecho al trabajo de todos los colombianos.

Y se presenta una contradicción evidente entre dos derechos planteados en la Constitución. En un Estado social de derecho, como se proclama el colombiano, esta contradicción entre los andenes despejados y el hambre de miles de colombianos debe resolverse a favor del derecho al trabajo. Ello implica que es al Estado a quién le corresponde proponer soluciones de empleo e ingresos a una población vulnerable que escogió un trabajo duro y no el camino de la delincuencia o el narcotráfico. Si se puede concertar una solución a cincuenta o más años de violencia, ¿no será posible concertar alternativas para los vendedores ambulantes distintas al garrote y los desalojos?

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. La Bogotá Humana tuvo cuatro exitosos programas en el área de la salud: recuperación del San Juan de Dios, Territorios Saludables, los Camad, y la viabilidad financiera de la red pública hospitalaria. Ninguno de ellos, en una actitud irracional, tendrá continuidad en la alcaldía de Peñalosa, con todas las previsibles consecuencias sobre los usuarios, los profesionales de salud y los trabajadores. Pero el golpe más duro al servicio público de salud es el acuerdo, presentado por el secretario de Salud al Concejo y aprobado a las volandas y de manera ilegal, que fusiona los 22 hospitales en cuatro, con expresa participación del sector privado en la prestación de los servicios y en la administración de 2,5 billones de pesos destinados a la compra de insumos y medicamentos.

Se abre, también con ese acuerdo, la posibilidad de despidos masivos de trabajadores. Inexplicablemente, a pocos días de consumado el atropello, ya hay hospitales públicos con servicios restringidos por falta de medicamentos, lo que hacía muchos años no ocurría en la Capital.

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. Buena parte de los altos funcionarios de la Administración Peñalosa, incluido el alcalde, presentan unos antecedentes y unos desempeños bastante deficientes desde el punto de vista ético. Algunos pocos ejemplos que corroboran esta afirmación son los siguientes: Peñalosa por más de treinta años se presentó como poseedor de un título de doctor (PHD) en Administración Pública de la universidad parisina de La Sorbona. Dos periodistas demostraron que el famoso título era publicidad falsa, no existía, y que se engañó a los electores y a los auditorios del mundo entero donde la Volvo llevó a este vendedor de buses; y no hay, hasta la fecha, una admisión de culpa, ni autocrítica alguna, ni propósito de enmienda del Alcalde de Bogotá. Sus vínculos, probados hasta la saciedad, con la empresa fabricante de buses Volvo no han sido aclarados ni justificados, pero él insiste en tratar los trenes y la energía eléctrica como sus enemigos, privilegiando los buses y los combustibles fósiles, contaminantes, como la panacea para el transporte público. El tan anunciado “Libro Blanco de la administración Petro” resultó ser un folletico de 16 páginas que 9

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pretende cubrir las falencias propias con la negación irracional de los logros de la Administración anterior.

Según información de El Espectador, los constructores, agentes inmobiliarios, bancos y agentes de inversión son los que más hectáreas tienen en la reserva Van der Hammen. Y varios de ellos participaron en la financiación de la campaña de Peñalosa. El secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, su señora y su cuñada tienen allí propiedades. Pero, además, también dos importantes clientes de su empresa “Contexto Urbano”, Colpatria y Arquitectura y Concreto, esta última la nada despreciable cantidad de 60 hectáreas. Astrid Álvarez, gerente de campaña del Alcalde, actual gerente de la Empresa de Energía de Bogotá e integrante de la junta directiva del acueducto es vecina, en la reserva, de su colega Ortiz Gómez. De materializarse el cambio de uso del suelo que pretende el Distrito estas propiedades multiplicarían su valor, por lo menos, por diez.

Pero para Peñalosa no hay impedimento ni ético ni legal de sus funcionarios y el tema es “irrelevante”.

Los afanes privatizadores del alcalde Peñalosa no conocen ni prudencia ni límites. ¿Acaso no constituye detrimento patrimonial pagar sin necesidad una multa a la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema de las basuras, que sale de fondos del Distrito, por valor de 20.520 millones de pesos, cuando ya la Superintendencia había suspendido el proceso coactivo porque el Consejo de Estado aceptó la demanda sobre nulidad de la multa que había interpuesto la alcaldía de la Bogotá Humana? Pero Peñalosa dice que al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Como hubo protestas por esa absurda determinación, entonces canceló otra multa dentro del mismo proceso, por 75.000 millones correspondientes a la sanción, apelada también, al Acueducto de Bogotá. Para redondear la faena contra los fondos y los intereses públicos, quien la sacó del estadio fue la nueva gerente del Acueducto (El momento de escribir estas líneas coincidió son su sorpresiva renuncia), Eva María Uribe, de ingrata recordación por sus pretensiones de privatizar Emcali, que anunció ante el Consejo de Estado que se le va a entregar al sector privado, en concesión por 40 años, 10

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la construcción y operación de la planta Canoas, de tratamiento de las aguas del río Bogotá.

Al orden del día está la resistencia y la movilización de la ciudadanía, sin distingos políticos, afectada en sus derechos básicos por un modelo de ciudad al servicio de los intereses privados, principalmente de urbanizadores, constructores, empresas extranjeras y prestamistas de todo cuño. Los trabajadores y sus organizaciones sindicales no serán inferiores al reto planteado.

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