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MAYO
13 premio nacional de periodismo simón bolívar 2018 Editado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua / Edición 1479 / Año 5 / 2018 / @ChavezViveNews / chavezvive@embajadadevenezuela.org.ni /Teléfono: +505-22760266
DOMINGO
a lucha contra el latifundio en Venezuela es constante. Es parte de la disputa que comenzó en 1998, cuando un proceso político decidió hacer lo que nunca se había hecho: Democratizar, repartir la riqueza que la oligarquía
había conseguido producto del despojo y la miseria de las mayorías. ¿Desde 1998 cuánto se avanzó? ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles intereses se han tocado? Son varias las tareas pendientes.
LATIFUNDIOS, UNA TAREA PENDIENTE
Por Marco Teruggi
Análisis
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enezuela era un país próspero, donde cada persona comía tres veces al día, los campos y las industrias rebalsaban de producción, y Caracas era una fiesta”. Así reconstruye la historia la oposición venezolana, intenta crear un mito de lo que nunca existió. Si el orden social voló por los aires, como lo hizo el 27 de febrero del 1989 con el Caracazo, con un saldo de tres mil muertos en las protestas, es porque la situación era de una injusticia lacerante. En 1989, según Fundacredesa, la pobreza relativa alcanzaba 37,6% de la población, y la pobreza crítica 12%: Casi el 50%.
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En cuanto al mito industrializador, las cifras lo desmienten: la inversión privada cayó 32% del PIB en 1978, a 10% en 1983. Existió una desinversión y una dependencia, cada vez mayor, de los ingresos petroleros. El proceso político liderado por Hugo Chávez vino a recoger ese descontento expresado en movilizaciones y rabias. Se propuso atacar esas injusticias, acumuladas en las últimas décadas, marcadas por los planes neoliberales, así como aquellas que venían de antes, especialmente una: La tenencia de la tierra, es decir, el problema del latifundio.
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os primeros pasos fueron en esa dirección. La nueva Constitución, aprobada en 1999, incluyó el artículo 307, que sentenció: “El régimen latifundista es contrario a la propiedad social”. Le siguió la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, sancionada en el año 2001; la propuesta de profundización del artículo 307, en la reforma de la Constitución del 2007 que, finalmente, no fue aprobada, y la reforma parcial de la Ley en el 2010. En dicha reforma fue modificada la superficie del latifundio, como extensión de más de 5 mil hectáreas, y quedó definido como, “toda aquella extensión de tierras que supere el promedio de
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ocupación de la región, o no alcance un rendimiento idóneo del ochenta por ciento”. La cantidad de hectáreas cambia según, una zona andina o una de extensiones inmensas como las llaneras. La situación para 1998, según el censo agrícola, era que existía una superficie agrícola de 30.052.358 hectáreas. El 0,49% de los predios concentraba el 22,6% de la totalidad de esas tierras, es decir, 2.445 predios tenían 6.630.200 hectáreas. Menos del 2% de terratenientes, tenían el 60% de la tierra, y más del 60% de los campesinos, tenían 3%. La concentración en pocas manos era una de las mayores del Continente.
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a respuesta ante la voluntad política de modificar esta realidad desató acciones violentas desde el inicio. La Ley aprobada en diciembre del 2001 aceleró el proceso de Golpe de Estado, que ocurrió entre el 11 y el 13 de abril del 2002. Atacar el latifundio significó modificar una de las estructuras medulares de la desigualdad en el país, desde la colonia, que no se había logrado modificar ni con la Independencia, ni la Guerra Federal del siglo XIX, ni los anuncios de reformas de diferentes gobiernos durante el siglo XX. En el año 2004, Hugo Chávez declaró “la guerra al latifundio” y comenzó el avance sobre tierras improductivas en puntos clave del país, como Apure, Barinas, Guárico, y
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la región de Sur del Lago, que comprende a partes de Mérida, Zulia y Trujillo. Algunas fueron expropiadas, recuperadas desde el Estado, con o sin indemnización, lo que significó reconocer la legalidad de la propiedad del antiguo dueño. Otras, en cambio, fueron rescatadas, ya que el latifundio se había establecido sobre la violación del carácter legal. También tuvieron lugar regularizaciones, como entregar títulos a campesinos, pequeños productores, que se encontraban produciendo tierras desde hacía más de tres años, sin titularidad alguna; se logró la legalidad definitiva para su ocupación. Se avanzó, entonces, en la democratización de la tierra para su puesta en producción.
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e la totalidad de las tierras quitadas al latifundio, bajo expropiaciones y rescates, un poco más de un tercio fue a manos del Estado, que conformó empresas para su administración. Sucedió, por ejemplo, en grandes extensiones de Apure, Bolívar, Amazonas, donde la iniciativa fue estatal ante la evidencia de improductividad, a lo que se agregaban muchas veces condiciones de explotación descarada del campesinado por parte de los terratenientes, a veces muy símil a la esclavitud. Las demás tierras, un poco
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menos de dos tercios, fueron asignadas al campesinado en diferentes figuras organizativas y de propiedad, como los fundos zamoranos, consejos campesinos, o parcelamiento familiar. Sumado a eso se agregaron las regularizaciones, que fueron a manos campesinas. El total de hectáreas asignadas para el 2018, número anunciado por el Presidente Nicolás Maduro, es de 6 millones de hectáreas. Esto es, cerca del 53% de las tierras que estaban en manos del latifundio.
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egún el procesamiento de datos del Banco Central de Venezuela, entre 1988 y 1998 el PIB agrícola era 8,7%, y entre 1998 y 2010 pasó a 31,4%. El mito del país productivo, democrático, preChávez, se evidencia como una mentira en todas las líneas. Este avance no fue sencillo. Los ataques terratenientes, en su resistencia a ceder sus privilegios nacidos de la usurpación, muchas veces ilegales, dejaron un saldo de más de 300 campesinos asesinados. A eso se sumaron dificultades propias, en particular de producción, producto de varios factores. En primer lugar, la situación propia de las zonas rurales, donde, producto del abandono de gobiernos anteriores, las condiciones materiales eran precarias: Falta de vialidad agrícola, transporte, centros
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de acopio. En segundo lugar, se trató de un gran ensayo, con sus inevitables errores, debido a la inexperiencia del Estado, muchas veces también de la organización campesina, por falta de seguimiento. La derecha, agrupada en cámaras patronales como Fedeagro, afirma que esto destruyó la producción agrícola nacional. Desconoce lo baja que era su participación en el PIB previo a 1998, la concentración desigual que existía, y que, en la actualidad, los productos que más escasean y aumentan de precio son, justamente, aquellos que están en manos de la agroindustria, como el arroz, el aceite, la azúcar, la harina de maíz. Es justamente ese sector quien más financiamiento ha recibido en créditos, insumos, dólares para importaciones.
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a producción campesina, en cambio, como tubérculos, plátanos, frutas, nunca ha escaseado en estos años de dificultades materiales. En cuanto a las tierras que quedaron en manos del Estado se ha visto una dificultad productiva, un debate todavía pendiente. Es una realidad que debe corregirse, no para devolverles las tierras a los privados, sino para ponerlas productivas con una combinación de fuerzas entre institucionalidad y campesinado. Este debate que está sobre la mesa en Venezuela tiene un elemento nuevo desde el año pasado: Los
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intentos de desalojos y ataques a campesinos que se han presentado en varios estados, como Barinas, Sur del Lago, Portuguesa. Los terratenientes intentan recuperar tierras perdidas, impedir que se desarrollen más rescates. Para lograrlo, corrompen y cuentan con complicidades en el Estado. Es parte de la disputa por la que comenzó en 1998, cuando un proceso político decidió hacer lo que nunca se había hecho: Democratizar, repartir la riqueza que la oligarquía había conseguido producto del despojo y la miseria de las mayorías.
Créditos Texto: MARCO TERUGGI Publicado en: Venezuela Es Noticia Diagramación, Diseño y Montaje: ARTURO CAZAL / D iario Chávez Vive
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