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ISSN 1684-9833 • Año 1 / Edición Especial - 2 / Mayo 19, 2011

La Secretaría Ejecutiva Informa CIAT actualiza su reporte denominado “Análisis del marco legal para el control de los precios de transferencia en América Latina” Autor: Isaác Gonzalo Arias Esteban Análisis del marco legal para el control de los precios de transferencia en América Latina Actualización - mayo 2011

El CIAT es un organismo internacional público que agrupa a las administraciones tributarias de 40 países: 31 países americanos, seis países europeos, dos países africanos y un país asiático, con el propósito de ofrecer un servicio integral para la modernización de esas administraciones, propiciando su evolución, aceptación social y consolidación, por medio del intercambio de conocimientos, experiencias y prestación de asistencia técnica especializada.

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La Secretaría Ejecutiva del CIAT tiene el agrado de hacerle llegar por este medio, la última actualización del reporte denominado “Análisis del marco legal para el control de los precios de transferencia en América Latina”, el cual fue elaborado por la Gerencia de Cooperación Internacional, con el valioso apoyo de funcionarios de las administraciones tributarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Uruguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El objetivo del referido reporte es dar a conocer de manera relativamente simple y esquemática, las disposiciones para el control de los precios de transferencia existentes en los países de América Latina. En consecuencia, con el ánimo de simplificar el análisis y la comparabilidad de la información, es posible que para ciertos aspectos contemplados por el reporte, no esté disponible la totalidad de la información contenida en las disposiciones legales.

A estos efectos, el criterio adoptado fue identificar una serie de aspectos considerados críticos para el análisis de cada una de las legislaciones, para luego determinar si dichos aspectos estaban contemplados total o parcialmente, en forma explícita o implícita, en el texto de la norma.

Los aspectos tratados en el reporte, son los siguientes: - Diferencias en las alícuotas del impuesto a la renta empresarial, en los países de Centroamérica, Mercosur y Comunidad Andina.

- Evolución en el tiempo de las legislaciones para el control de la manipulación de los precios de transferencia en América Latina

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Anteproyectos, proyectos y reformas en proceso de elaboración o discusión en América Latina Sujetos y operaciones alcanzadas por los regímenes de precios de transferencia Concepto de parte relacionada Métodos para determinar precios de transferencia Criterio para determinar la jerarquía de los métodos.

“Safe Harbors” en América Latina Acuerdos Previos de Precios en América Latina Adopción de reportes oficiales para efectos interpretativos o como complemento a las disposiciones legales.

- Regímenes de información - Penalidades específicas ante incumplimientos formales o materiales en el marco de operaciones internacionales - Estructuras adoptadas por las administraciones tributarias de América Latina para el control de la manipulación de los precios de transferencia u operaciones internacionales.

Del reporte, se desprende que América Latina, en los últimos 15 años, ha evolucionado notablemente en la implementación del marco legal para regular precios de transferencia, habiendo comenzado primero por México en el año 1995, luego por los países sudamericanos y finalmente por los países centroamericanos, siendo Panamá, en el año 2010, el último país en implementarlo. Por el contrario, a excepción de México y algunos países sudamericanos, durante muchos años no se han vislumbrado grandes avances en la aplicación de dichos marcos legales.

Aproximadamente, en los últimos 3 años, los países de América Latina comenzaron a generar sus propias experiencias en la materia. El reciente “Seminario Taller sobre Precios de Transferencia e Intercambio de Información” que tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala los días 2 al 5 de mayo, fue una oportunidad única en la historia del CIAT, para conocer las experiencias de los países Latinoamericanos.

Este evento fue atípico, en el sentido de que fue realizado principalmente con experiencias presentadas por expertos de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela), lo cual no habría podido ser posible unos años atrás. Asimismo, en dicha oportunidad, hemos notado un elevado nivel de conocimiento por parte de países miembros del CIAT en desarrollo, como ser República Dominicana y Kenia.

Actualmente, ya casi no existen países en América Latina que no se hayan planteado la necesidad de implementar este tipo de disposiciones y mejorar las capacidades de sus administraciones tributarias, dado que por diferentes razones, el contexto actual en Latinoamérica es favorable para aquellas empresas que desean manipular abusivamente sus precios de transferencia. Por ejemplo, desde el punto de vista exclusivamente impositivo, se pueden encontrar grandes diferencias en las alícuotas del impuesto a la renta empresarial, siendo el desvío estándar aproximado de las alícuotas generales contempladas en el Reporte, equivalente a 6,12 puntos. Mayores serían las diferencias, si evaluamos las alícuotas especiales, aspectos relativos a la conformación de la base imponible y otros aspectos vinculados a la efectividad de la administración tributaria, todos ellos, conceptos que influyen en la carga tributaria efectiva. Desde otra óptica, las empresas pueden verse motivadas a manipular precios de transferencia para lograr una reducción de pagos en concepto de aranceles de aduana, sortear restricciones legales para el envío de remesas al exterior y el reparto de dividendos, acceder a nuevos mercados, entre otros.

Tal como surge del referido reporte, entre los países Latinoamericanos, existe una cierta uniformidad legal respecto de aplicar el principio “Arm Lenght”, pero dicha uniformidad no se percibe respecto de las metodologías para aplicar este principio. Por ejemplo, Argentina, Uruguay y Ecuador han implementado un método alternativo en el ámbito del CUP, que si bien se basan en una mecánica similar, presentan

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ciertas diferencias; Brasil implementó los ya conocidos “métodos tradicionales”, pero utilizando márgenes fijos; México cuenta con un régimen especial para maquiladoras; México, Uruguay y Ecuador cuentan con un “Safe Harbor”, etc.

Asimismo, existen numerosas divergencias en otros aspectos relevantes. Por ejemplo, si bien la mayoría de los países establecen la condición de “vinculación” directa e indirecta, los porcentajes mínimos de participación para considerar la existencia de vinculación y los diversos factores que integran el concepto de “parte relacionada” varían considerablemente de un país a otro. Por otra parte, no todos los países establecen umbrales mínimos de ingreso o de patrimonio para que un sujeto aplique al régimen de precios de transferencia, lo cual implica que en ciertos países, las pequeñas y medianas empresas estarían obligadas a cumplir con regímenes de precios de transferencia. En casi la totalidad de los casos, los sujetos que realicen operaciones con países o jurisdicciones consideradas “paraísos fiscales”, quedan alcanzados por el régimen de precios de transferencia, en virtud de presumir que existe vinculación. Al respecto, la ley colombiana, admite prueba en contrario para desvirtuar la presunción de vinculación en este tipo de operaciones.

Otro aspecto donde existen amplias divergencias, es el relativo a la determinación de la jerarquía para utilizar los métodos establecidos en la norma. Si bien varios países ya adoptaban el criterio que la OECD promueve en la última versión de sus lineamientos sobre precios de transferencia (año 2010), el cual consiste en utilizar el método más apropiado de acuerdo a las circunstancias y a la operación evaluada, existen diferencias en el caso de México, que aplica el criterio planteado los lineamientos de la OECD del año 1995 y en los casos de Brasil, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Chile, que establecen distintos procedimientos autóctonos. En los casos de países que aplican el denominado “6to. Método”, cuando se den las condiciones para su aplicación, este método siempre tiene prioridad.

Si bien 7 de los 12 países evaluados contemplan en sus legislaciones la posibilidad de formalizar APAs, todavía ningún país de América Latina, a excepción de México, ha podido concretar uno. Tal vez, uno de los principales motivos, sea la reticencia por parte de los contribuyentes a brindar mayor documentación y ser más transparentes en la relación con la administración tributaria. Esta situación podría originarse en varios factores, tales como la baja percepción de riesgo por parte de los evasores fiscales, lo cual no genera la motivación de entrar en un proceso de negociación con el fisco y la falta de confianza por parte del contribuyente en el uso que la administración tributaria dé a la información que ellos aporten al momento de negociar el APA. En cualquiera de las situaciones planteadas, es clara la necesidad de fortalecer la relación entre las grandes empresas y las administraciones tributarias. En este sentido, consideramos que a medida que vaya evolucionando la experiencia en este ámbito, se irán generando reformas legales que ajusten los procedimientos, los cuales plantean divergencias con relación a su naturaleza, vigencia, plazo de resolución y nivel de confidencialidad.

Un aspecto que merece ser revisado, en virtud de existir grandes diferencias, es el relativo a los regímenes de información. Mientras que algunos países establecen la obligación de incorporar campos en la declaración de renta o implementaron declaraciones informativas de precios de transferencia, otros han implementado formatos alternativos. Por otra parte, en la mayoría de los casos se establece la obligación de conservar y presentar información a solicitud de la administración tributaria y en 7 de los 12 países analizados se establece la obligación de presentar un estudio técnico.

Con relación a las penalidades por incumplimientos formales o materiales, respecto de obligaciones derivadas de operaciones internacionales, las diferencias son bien marcadas. 7 países establecen regímenes especiales diferentes, pero con un denominador común, que es que en todos los casos las penas son más gravosas que las del régimen general. Teniendo en cuenta la desproporción que existe en términos de posibilidades de evasión y fraude fiscal entre contribuyentes que operan en el

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ámbito internacional y contribuyentes locales, se considera recomendable instaurar penas más duras sobre conductas irregulares que se generen en el marco de este tipo de operaciones. Obviamente, los defraudadores fiscales, se verán más motivados a cometer ilícitos en aquellos países donde las penas no sean demasiado significativas y los controles sean deficientes.

Uno de los aspectos donde se ha percibido mayor uniformidad, es el relativo a la definición de los criterios de comparabilidad, ya que a excepción de Brasil, Chile y República Dominicana, todas las legislaciones analizadas contemplan la posibilidad de realizar ajustes para eliminar diferencias y los siguientes criterios: características de la transacción, funciones o actividades, términos contractuales y circunstancias económicas. Todos los países analizados a excepción de Argentina, Brasil, Chile, Panamá y República Dominicana, contemplan en su legislación la estrategia de negocio como criterio de comparabilidad. Por su parte, si bien Chile no establece estos criterios en su legislación, la administración tributaria los considera.

Finalmente, todas las administraciones tributarias de los países que han implementado normas para regular precios de transferencia, implementaron en la estructura de sus respectivas administraciones tributarias, áreas específicas destinadas a aplicar estas normas. En términos generales, las administraciones tributarias han adoptado una o varias de las siguientes opciones: área normativas sobre tributación internacional, área normativa sobre precios de transferencia, oficina de fiscalización de precios de transferencia y/o equipos de precios de transferencia en el ámbito de áreas de auditoría.