Las organizaciones de jóvenes y la Ley de Víctimas

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Las organizaciones de jóvenes y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: en busca de una reparación integral

El pasado miércoles 25 de abril, grupos representativos de los jóvenes se reunieron en la Alcaldía de Bogotá con el fin de abrir un espacio para discutir acerca de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el seminario organizado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Dentro de las organizaciones que promovieron el debate, se encontraron Colombia Soy Yo –CSY, Corporación Ocasa, Campaña Colombia Contra Minas, Corporación “Somos más” y Programa de radio de jóvenes “Palabras Más Palabras Menos”. El seminario “Una mirada joven sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – diálogo entre instituciones, organizaciones de víctimas y jóvenes”, planteó como objetivo la Discusión de la importancia de la participación de los jóvenes como actores sociales en el proceso de la implementación de la ley 1448 de 2011, no sólo a partir de una mirada institucional, sino desde la propia mirada de la juventud colombiana. Una de las prioridades de este evento fue “conseguir el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, así como garantizar la reparación del daño y la restitución de tierras, conquistas que necesitan el apoyo el


compromiso no sólo de gobiernos y víctimas, sino de toda la sociedad”. Este encuentro se entiende como parte de un proceso más amplio impulsado por las organizaciones que trabajan con víctimas del conflicto armado, que busca unir esfuerzos alrededor de una reparación integral. La mesa que se conformó con el fin de abrir el debate y reagrupó representantes de organizaciones que acompañan actualmente a las víctimas en este proceso, contó con la presencia de la dirección jurídica de la Unidad de restitución de tierras, la Alta consejera para los Derechos de las Víctimas, el Asesor jurídico del Sistema Nacional de Reparación de Víctimas, el director de la “Campaña colombiana contra las minas” y Fundación Social. Con la presencia de estos actores se buscó dar a conocer a partir de su experiencia con la implementación de esta ley, las falencias y los aciertos que hasta el momento se han tenido en este proceso, para buscar una aplicabilidad de la ley más apropiada.

En esta ocasión se mencionarán especialmente dos intervenciones que tuvieron lugar en dicho encuentro: Álvaro Jiménez, director de la “campaña colombiana contra las minas”; y Fundación Social, ya que en particular, fueron estas las hicieron un especial énfasis en el tema de jóvenes.

Álvaro Jiménez: La campaña colombiana contra las minas, la ley es entendida como una oportunidad para demostrar si la sociedad colombiana está en condiciones y es capaz de abordar el cumplimiento de la normativa que quedó establecida en ella. Esta es además un proceso novedoso


que reta a cosas muy particulares como la coordinación y el trabajo conjunto de actores de la sociedad civil y sectores institucionales, quienes tradicionalmente han estado en continua confrontación. El conversatorio de jóvenes tiene la pertinencia especialmente en el tema de minas antipersonales, pues son los jóvenes de 18 a 35 años, quienes más están siendo afectados por este fenómeno. Ese es el grupo humano que está siendo mutilado, que está muriendo y además está siendo lesionado de manera psicológica por este tipo de armas. De acuerdo con lo anterior, es que para ellos un asunto importante es la reflexión de “Como los jóvenes son victimizados en el contexto Nacional y especialmente por este tipo de armas”. •

Para el caso particular de las minas antipersonal, también tenemos la certeza, que la aplicación de la norma de la “Ley de víctimas y restitución de tierras”, obliga a que diferentes organizaciones promuevan el fortalecimiento de organizaciones de víctimas de manera que sean ellos los interlocutores y los actores que demanden el cumplimiento pero también

fortalezcan la aplicación de las

normas; y en ese sentido la campaña ha promovido una serie de foros en donde se reunieron distintos departamentos a fin de discutir con las autoridades de esos departamentos ese tipo de procesos. •

Se considera que la unidad de participación está bien descrita dentro de la ley, requiere de un acompañamiento social fuerte y requiere del fortalecimiento de las organizaciones de jóvenes.

“La ley es importante, pero es necesario que hayan medidas complementarias”, es decir, la ley es una oportunidad pero se tiene que pensar en cómo va a ser el proceso de la implementación de la misma. En este sentido, el reto que queda es mucho mayor que la legislación.


Es necesario mirar cómo los demás procedimientos administrativos e institucionales contemplados por las normativas nacionales, están conversando con la ley, es decir, debe haber puntos en común para actuar desde las diferentes instituciones, ya que esto va a permitir reconocer el nivel de asertividad de la aplicación de las políticas o los defectos que las mismas tengan para pensar en ello y tratar de modificarlo.

Esta ley, es una puja por modernizar esta sociedad. Por lo que los jóvenes deben hacer parte del debate que se lleva a cabo en torno a la “Ley de víctimas y restitución de tierras”.

Es necesario, la participación de todos los colombianos en la implementación de esta norma.

1. Fundación Social: Su visión sobre la ley de víctimas se centró en: Al igual que la campaña colombiana contra minas, esta organización no gubernamental recalcó que el proceso de esta ley, no termina con la acciones. Dado que el sector social a analizar en dicho conversatorio, como se ha indicado anteriormente, los jóvenes. La intervención de la persona encargada de representar a esta institución se basó en buscar respuesta a dos interrogantes: El primero de ellos, ¿Qué podemos hacer para que se le de un trato diferencial a los jóvenes?; y el segundo, ¿Cómo se pueden involucrar jóvenes que no sean víctimas, al proceso de implementación de la ley Frente a la lectura de la ley, se dijo que aunque hay una serie de decretos y normas, una de las fallas de ésta es principalmente, la falta de un mayor desarrollo de la población juvenil en leyes y decretos. Lo que se pretende es incidir en la política pública. La ley crea una grande institucionalidad porque allí es en donde se va hacer el seguimiento de ésta.


Frente a las garantías de no repetición, se hizo énfasis en que los jóvenes pueden ayudar en el impacto de la construcción de paz, por lo que se debe tener en cuenta que esta ley es un proceso que demanda

una

participación

que

va

desde

lo

individual,

organizaciones e instituciones. •

Esta organización, hace una invitación a pensar propositivamente para que haya un desarrollo en la ley y en los decretos frente al tema de jóvenes. También hace énfasis en que es necesario que la población esté informada y pensar en cuáles son los canales de interlocución apropiados para tratar estos temas.

Es clave entonces pensar qué se podría hacer en la implementación para lograr que en el enfoque diferencial, se especifique el rol, las obligaciones del Estado y los derechos de los jóvenes tanto de aquellos que son víctimas, como de los que no lo son.

Las víctimas deben participar en los espacios de participación, para así incidir en la forma de implementación de la ley. No se puede olvidar, que es deber del Estado garantizar esa participación.

Finalmente, teniendo en cuenta que la ley abarca el tema de priorización de sectores en ella, puede ser que lo que está ocurriendo es que, hasta el momento los jóvenes no juegan un rol importante, por lo que queda como reto para este sector dar a conocer la importancia de su papel para hacer parte de esa “priorización”.


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