Sensacionalismo y Medios. Experiencia de la representación mediática en la Argentina by Ciespal

REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sensacionalismo y Medios. Experiencia de la representación mediática en la Argentina

Lidia Fagale Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) Buenos Aires- Responsable del Observatorio de Medios –Utpba- Argentina Mayo 2014

Aporte presentado ante el Encuentro de Observatorios de Medios realizado por Ciespal, en Quito, Ecuador los días 28,29,30 y 31 de mayo de 2014 1

ÍNDICE

Página Resumen

Introducción

La inseguridad

Variaciones en negro y amarillo

Riqueza y pobreza

La instalación de la protesta

La seguridad democrática y sus enemigos

Ley de medios

Conclusión

Resumen Entendemos por inseguridad la dificultad o la imposibilidad de usar, gozar y disfrutar de prácticas sociales vinculadas a derechos y garantías tutelados por la legislación fundamental de un país. Estos derechos y garantías, en una mención meramente enumerativa, incluyen la vida, el honor, la libertad, la privacidad, el uso y goce -en condiciones equitativas- de los recursos naturales, el sano esparcimiento, la educación, la igualdad de oportunidades, la calidad de vida, un ambiente sano, etcétera. La noción de “sensacionalismo” expresa la conmoción del ánimo social producida por un hecho o hechos, ya sea que éstos sean importantes o no lo sean en absoluto. Con esta aproximación al concepto nos apartamos, en medida no absoluta pero sí considerable, de la definición ofrecida por la Real Academia de la Lengua Castellana. La amplificación social, ideológicamente orientada, que practican los medios masivos de comunicación -la televisión en primer lugar- respecto de determinados hechos, muestra que la inseguridad es un concepto inescindible del de sensacionalismo. Los medios manufacturan realidades existentes a medias o inexistentes por completo, pero también describen, de manera sensacionalista y políticamente sesgada, realidades pre-existentes y ciertamente perjudiciales para el pueblo. El fondo social contra el que se recorta el perfil de la inseguridad y el sensacionalismo es la pobreza y la indigencia cuyos índices, en la Argentina, han mejorado en los últimos doce años pero siempre en medida insuficiente. Hay actores externos al país que fomentan la inseguridad dando lugar al fenómeno de los conflictos “plantados”, que también forman parte del fenómeno en estudio. Estas prácticas injerencistas buscan potenciar la criminalidad como medio de escalar la conflictividad social a fin de desgastar -y, eventualmente, derrocar- a gobiernos con legitimidad de origen.

Introducción Iniciamos esta ponencia con la siguiente afirmación: la inseguridad ciudadana, en la Argentina, se refleja en los medios bajo un formato sensacionalista1. Sin embargo, una aclaración aparece como necesaria y previa al recorrido cognitivo que intentaremos en estas breves páginas. La “sensación” (y sus derivados: sensacionalismo, sensacionalista, etc.) es definida en la nota al pie como la conmoción del ánimo producida por un hecho “de importancia”. Y es precisamente en este punto donde comienza a jugar la ideología entendida como urdimbre simbólica encubridora que vela la comprensión de lo real. En efecto, la trampa que se esconde en los intersticios de la definición académica consiste en “naturalizar” la emoción subjetiva y, con ello, en proporcionarle una coartada al emisor del mensaje, pues si la audiencia “se conmueve” por un hecho “de importancia” allí no hay manipulación alguna y, por ende, nada que cuestionar. Pero el hecho desnudo y puro es simétricamente diferente: sucede con frecuencia que el facto que da cuerpo a aquel mensaje no es “de importancia” sino banal, y es en torno a ese vacío que se construye la “noticia” conmocionante. Otra visión del mismo acontecer social explicaría las cosas de modo diverso. Podemos pensar que la conmoción colectiva ocurre porque el suceso del que la sociedad se entera es –realmente- “importante” y, a menudo, muy importante. Pero –y también a menudose pasa por alto que esa importancia emerge de un hecho “plantado” o fabricado, y no importa ahora saber dónde ni por quién. Si quisiéramos entregar un ejemplo de lo que decimos, vendría mucho más eficazmente en nuestra ayuda la realidad mexicana, venezolana u hondureña que la argentina. Masacres recurrentes en Veracruz, un motociclista degollado en Caracas en el marco de una “guarimba” montada por la oposición al gobierno constitucional o el asesinato de niños en San Pedro Sula son hechos que exudan trascendencia por donde se los mire. Se trata de aconteceres “de importancia”, como dice la academia de la lengua castellana. Y generan conmoción en el ánimo de las gentes al son de parches y redoblantes que, una y otra vez a lo largo del día e, incluso, de semanas, baten los medios desde una asepsia valorativa viva y operante porque esos hechos realmente ocurrieron, pero inexistente y muerta porque esos mismos medios omiten suscitar en el auditorio toda sombra de duda acerca de lo que ellos (los periodistas) saben: que los autores de esos delitos son actores de reparto de una trama escrita por otros en otra parte del mundo. Sean las cosas como se las propone en el primer párrafo o tengan el perfil que describe el segundo, lo cierto es que no se trata de realidades antagónicas sino coetáneas y complementarias. Una de las hipótesis que proponemos aquí es que la manipulación mediática, bajo su forma sensacionalista, así como el tratamiento mediático de la 1

Diccionario Enciclopédico Espasa, octava edición, Madrid, 1978: define el concepto “sensación”, citando a Weber, como la “Emoción producida en el ánimo por un suceso o noticia de importancia”. Previamente, ha dictaminado que “La intensidad de una sensación está relacionada con su estímulo, según los estudios de Weber y de Fechner”.

problemática de la inseguridad, tienen lugar, en Sudamérica, en escalas de diferente intensidad y calidad, en dependencia directa de cuán avanzados se hallen, en los distintos países, tanto los procesos soberanistas como la construcción de formas de poder popular de base obrera y campesina. Esta sería una de las razones –bien que no la única- que explicaría el distinto tratamiento mediático que encontramos, a lo largo de la diversidad continental, de las problemáticas de la inseguridad ciudadana. En este orden de ideas, consignamos el análisis de un lector que ilustra muy bien acerca del modo en que opera la prensa destituyente. Con motivo de un incendio intencional que provocó un hombre en su propia vivienda y que causó la muerte de su esposa y de sus seis hijos -hecho ocurrido recientemente en la localidad de Merlo, en el Gran Buenos Aires- decía una carta de lector: “Cuando se quería describir este macabro hecho … el notero dice «…en la casa la combustión fue provocada por una cantidad de ropa importante y por los colchones de los planes sociales (el destacado es de la autora de esta ponencia) cuyo material es altamente combustible…». Y continúa el azorado ciudadano: “Es más que obvio que la enemistad de algunos medios de prensa con el gobierno llega a producir estas aberrantes declaraciones y que a nadie se le puede ocurrir que no estén guionadas”. “Me preguntaba cómo puede ser que este medio y otros se permitan la liviandad de tratar de meter en el medio de una tragedia de esta índole un comentario tan fuera de todo análisis y contexto, con la sola idea de generar o despertar alguna neurona que haga reaccionar al televidente en contra de un plan social y, por ende, en contra de quien lo da. “Estas metodologías de hablar o escribir entre líneas para generar en el otro un sentimiento de bronca o fastidio, usando para ello noticias tan sensibles como la que acabo de contar, es un método que se viene utilizando desde hace rato y que invalida el respeto que uno le puede tener a un medio de prensa o a quienes lo llevan adelante. “Hoy se insulta de forma permanente y a toda hora en los medios, en especial en la televisión, haciéndonos ver que quien no usa este estilo no tiene rating… teniendo como resultado obvio la generación de violencia en la sociedad que, a decir verdad, ya no sabe cómo defenderse del alto poder concentrado –ya sea político o económico– y patalea para el lugar que estos mismos medios los orientan”. Y el lector finaliza su carta así: “ Digo con todos estos ejemplos, y sin ser alguien que haya votado a este gobierno, que más allá de mis críticas hacia el mismo el periodismo concentrado no hace otra cosa que demostrar que es mucho peor que lo que ellos critican...”.2 Se trata de un lector del diario Río Negro; y narra lo acontecido el día 8 de mayo -a las 20 horas aproximadamente- en un programa periodístico de Canal 13 de televisión. Su carta al diario patagónico se titula “Barbaridades periodísticas”. En ella tienen peso propio los siguientes conceptos:

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Diario “Río Negro”, 13/5/2014; sección “Cartas de Lectores”; Jorge L. Fernández Avello; DNI: 12.862.056, ciudad de Bariloche, provincia. de Río Negro.

a) Una tragedia privada y familiar se “sensacionaliza” al punto de que, ocurrida a principios de mayo, aun hoy continúa siendo eje temático de los principales noticieros de televisión. b) En la descripción de lo ocurrido, el periodista que realiza la cobertura introduce una improcedente crítica a la política social del gobierno (con el cual se halla enfrentado Canal 13), con lo cual banaliza la tragedia familiar, le falta el respeto a la memoria de las víctimas y subestima u ofende la inteligencia de la propia audiencia de Canal 13. c) El periodista no obra por su cuenta y con iniciativa propia. Antes bien, el lector de Río Negro se inclina -con prístina lógica e inteligencia lúcida- por la hipótesis de que dicho notero tiene órdenes de la superioridad de aludir a la presunta mala calidad de los colchones de los planes sociales que impulsa el gobierno, en medio de una nota que no tiene ninguna vinculación con el tema. El burdo y espurio proceder de Canal 13 está, según el lector del matutino provincial, “guionado” y “fuera de todo análisis y contexto”. d) El Canal 13 busca, de ese modo, que la audiencia reaccione contra los planes sociales y contra el gobierno. e) El lenguaje periodístico (televisivo) en la Argentina se ha vuelto crecientemente soez e insultante. Ello es una manera de obtener alto rating. Pero ese proceder genera violencia en la sociedad. f) En la Argentina, el poder político y económico se halla altamente concentrado y los medios orientan y manipulan la protesta social (el lector dice “… la sociedad… patalea para el lugar que estos mismos medios los orientan…”). g) “El periodismo concentrado no hace otra cosa que demostrar que es mucho peor que lo que ellos critican”. h) El autor de la carta ha creído conveniente dejar aclarado que no vota al gobierno de Cristina Kirchner.

*** El proceder mediático que acabamos de describir valiéndonos de una carta de lector publicada recientemente podrá lucir con cualidades de “suavidad” ausentes en otros procesos destituyentes. Efectivamente, no se trata aquí ni de la rebelión “policial” contra el presidente Correa que casi le cuesta la vida, ni de la “violencia en Venezuela”, ni de las injerencias de la embajada estadounidense en Bolivia. Pero tales diferencias confirman lo expresado más arriba en el sentido de que hoy en día y en el marco de una dinámica histórica que podríamos denominar “post terrorismo de Estado”, las estrategias de desestabilización que aplican los EE.UU. se configuran con nuevos métodos y con escalas diferenciadas en base a la lógica amigo-enemigo. En el segundo término de esta contradicción habita ese conglomerado ideológicopolítico-económico-cultural denominado ALBA3 y hacia allí se dirigen los esfuerzos

estigmatizadores y desestabilizadores más intensos generados por los Estados Unidos y sus agencias distribuidas en todo el continente. Quienes no se hallan allí no son necesariamente enemigos pero tampoco aliados y, en la medida en que acentúan el carácter soberanista de sus políticas de Estado sufren un tipo de agresión más sutil y solapada, como bien lo acredita una Amazonia (Brasil) rodeada de bases militares estadounidenses, una frontera colombiana militarizada y pronta a servir de base para aventuras injerencistas en el vecindario, y una Argentina en la que, por ahora, se pasó de la violencia destituyente encabezada por los grandes propietarios del campo en 2009 a una expectativa esperanzada de que el modelo de “capitalismo nacional” hoy vigente toque a su fin en 2015. La pertinencia del enfoque que antecede y que preside esta ponencia estriba en que, de ambos lados, se vincula con los temas a desarrollar. En efecto, la inseguridad ciudadana tiene como marco y causa eficiente la necesidad vital de los EE.UU. de desestabilizar gobiernos que no son afectos a sus intereses geopolíticos, para lo cual dinamiza y alimenta las “nuevas amenazas” que dice combatir. Y, por otra parte, el amarillismo sensacionalista generador de violencia es el primer paso de una escalada que cobra vida, cotidianamente, en países de nuestro continente que son percibidos por Washington como “recuperables” y para los cuales no se considera todavía la receta del “cambio de régimen” por la vía ilegal.

En rigor, los países de la Alianza Bolivariana de Nuestra América (ALBA) que sufren el embate agresivo constante de las administraciones estadounidenses son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Además, pertenecen a este espacio integrativo Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas. El bloque cuenta con 75 millones de habitantes distribuidos en más de dos millones y medio de Km². Sus reservas de petróleo y litio son las mayores del mundo. Asimismo, es la octava región en reservas de gas natural. También es uno de los principales reservorios de coltán, mineral de valor estratégico del cual EE.UU. carece y que resulta imprescindible en la industria aeronáutica y aeroespacial y en las nuevas tecnologías de la comunicación.

La inseguridad La construcción simbólica de la “inseguridad ciudadana” no es sólo falsificación de la realidad. También se nutre de componentes de la “realidad real”. Esta inseguridad -como punto de la agenda- ha devenido, en el mundo, herramienta eficiente para la disputa política, económica e ideológica y Argentina no escapa a ello. Pero esta “politización” de la inseguridad no significa que enfrentemos un fenómeno exclusivamente “creado” por los medios. Es necesario incluir otras variables que expliquen la inseguridad y el malestar social que le es inherente. En este sentido, postulamos la existencia de temores, asociados a conductas culturales de clase, y la irrupción de acciones sociales preventivas ante la idea de “riesgo”. Ambas fantasías –temor y riesgo- se hacen más sólidos cuando el ciudadano-consumidor “siente” que su poder adquisitivo está en peligro. Y este contexto opera de consuno con la potencialidad transformadora de los medios (con estatus, desde la década de los ’90, de grupos económicos). Una mirada atenta a esta panorámica revela un espectáculo que no tiene fin. La realidad deviene cine continuado. Un mismo hecho delictivo puede ser difundido las 24 horas del día durante muchos días. A la finalidad política de esta manipulación se suma la rentabilidad empresarial como otra finalidad omnipresente. La mercantilización de la realidad se nutre de usinas que nunca se apagan. Se necesita “vender” y se apela a todos los elementos que impacten y que mantengan en vilo a toda la población. Y en esta serie todos empezamos ser protagonistas. Es decir, todos somos o podemos ser víctimas de un delito. El espectáculo continúa con la cámara en el lugar del hecho; guardias periodísticas de varias horas buscando testimonios sobre el crimen; flashes informativos conmocionante con eficaces fondos musicales; estilo narrativo sensacionalista; actualización constante de la información en los portales de los diarios, los canales, las radios y los cables. En los últimos años, se verifica, también, una ubicación más relevante de la sección “policiales” en los diarios de circulación más masiva, incluso en aquellos que nunca le habían otorgado preeminencia al género policial. El girar vertiginoso de la rueda se complementa con la utilización de las redes sociales, como Facebook, para reproducir infinitamente la información; o como Twitter, que opera a la manera de fuente informativa rápida para seguir el desenlace de los casos que, constantemente, conmocionan a la opinión pública. Los hechos delictivos se instalan en la cotidianeidad del lector, televidente, oyente y usuario. Aun basada en hechos ciertos, la manipulación mediática clausura visiones alternativas. El sistema informativo hegemónico, en la Argentina, tiene un alcance social trascendente. El nivel de consumo cultural-mediático, en promedio, es muy 8

alto, en particular, televisión por cable y diarios. (ver referencia final) Este escenario configura una parte importante del soporte sistémico. La manipulación, omisiones, verdades a medias o simplemente mentiras están perfectamente organizadas y apoyadas en un desarrollo tecnológico que posibilita la repetición sistemática y la elección de qué es noticia y qué no lo es. Esta pseudorealidad, propuesta como sentido común, halla un complemento indispensable en la práctica profesional de periodistas socializados en el esquema de producción y criterios de los medios en que trabajan. El cuadro no es unilateral, ya que también existe la televisión pública. Ésta intenta aportar otras visiones de la realidad argentina, de la región o del mundo. Para ello, apela a la creación de programas periodísticos y recurre a la promoción del debate, incluso en torno al rol de los medios. Hay sectores empresariales afines al proyecto político del gobierno que explotan licencias de canales, radios, portales, cables o diarios y que han intentado, recurrentemente, mostrar otra realidad e, incluso, confrontar con las teorías conservadoras o autoritarias que, respecto de la seguridad, impulsan sectores de la oposición política y económica. Sin embargo, este arco mediático que intenta visiones alternativas y más progresivas en términos ideológicos, no logra interpelar a una ciudadanía culturalmente identificada con la clase media, que resulta el ámbito social donde ha encontrado su mejor regazo la inseguridad percibida como fenómeno de dimensión alarmante. Los canales de estos medios tienen poco rating y es escasa la venta de sus medios gráficos. Lo dicho deberá ser considerado, cuanto menos, en términos de tendencia, dado que la problemática de la estadística en la Argentina es motivo de debate corriente y la medición de audiencias también se torna dificultosa. Más allá del marco de lo que llevamos dicho, consignamos, para completar el panorama, que el tratamiento periodístico de la realidad se ha trasladado a programas de televisión abierta o cable considerados de entretenimiento, proceso que se inició en la década del 90 y que hasta hoy persiste. Por su parte, la radio, que sigue siendo un medio de gran alcance en el territorio nacional, suele utilizar como fuente informativa a los diarios. Entre las rutinas profesionales, la homogeneidad de las fuentes, la convergencia tecnológica, el impacto de la imagen, el uso de las Tablet y los celulares inteligentes para informarse con poco texto, rapidez y simultaneidad con los hechos, tienen un peso cada vez mayor. El desarrollo de las tecnologías de la información impone un tipo de consumo que determina nuevas formas de percepción de la realidad y que facilita la vigilancia y el control de los ciudadanos, orientándolos hacia un consumo de información breve, concisa, casi monosilábica. Esta realidad periodística y comunicacional deberá estar presente en todos nuestros análisis a la hora de desentrañar las representaciones mediáticas, dado que todo va en dirección a reducir a polvo la posibilidad de la reflexión. Es aquí, en la denominada sociedad de la información, del control y la vigilancia donde se halla el caldo de cultivo de la denominada inseguridad ciudadana. Y nosotros, como país, no escapamos a ello. Y dicha afirmación no intenta negar la existencia de delitos. Sólo decimos que, afianzado un modelo de representación mediática de la inseguridad, este modelo puede convertirse en una plataforma para 9

el reclamo “cívico” de la sociedad por mayor seguridad, con su componente muchas veces racista, xenófobo y discriminador. Ingresamos, así, como sociedad, en el preludio a la aceptación de la violencia como única alternativa para responder a la violencia contra -justamente- los sectores más castigados por la persistente violencia económica.

“Las cuestiones atinentes a la seguridad pública se convirtieron en un asunto políticamente relevante cuando la creciente sensación de inseguridad existente en la población comenzó a tener gravitación en la opinión pública y a incidir en su desempeño electoral… En efecto, bastó que durante los últimos años el pedido generalizado de resolución del auge de la delincuencia pasara ocupar uno de los primeros lugares entre las principales demandas sociales de la ciudadanía, junto con el desempleo, para que la seguridad pública se convirtiera en uno de los asuntos prioritarios de la agenda política nacional, de las provincias y de los municipios”.4 El tema de la seguridad en general y, puntualmente, el de la seguridad ciudadana ha ingresado a la agenda gubernamental y ha devenido preocupación académica e intelectual, a la vez que compromete las prácticas profesionales de los periodistas y comunicadores y de los medios de comunicación en general. También hay que señalar que los medios de comunicación pasaron a jugar un papel central en la construcción de los discursos sobre la violencia urbana y, como consecuencia, asistimos a un cuestionamiento de su rol en relación con las representaciones del delito. La sociedad civil, en la Argentina, no es, por cierto, un actor ausente en el debate que se abre como epifenómeno del “auge de la delincuencia”. Mientras que, por un lado, sectores del gobierno y organizaciones políticas, de derechos humanos, así como diversas organizaciones no gubernamentales impulsan un tipo de políticas criminales que garanticen valores democráticos y de tutela de derechos personales básicos, por otra parte esos mismos actores le restan credibilidad a los relatos periodísticos que dan cuenta del aumento de la delincuencia urbana. Su argumento -no exento por completo de verdades que tales relatos descansan sobre la endeble base de encuestas realizadas por un abanico de consultoras interesadas en manipular esos datos con el manifiesto o encubierto propósito de imponer políticas conservadoras en la materia y que tales políticas constituyen un reclamo de la ciudadanía. Lo cierto parecería ser que no hay monocausalidad que explique un fenómeno de suyo complejo, mucho más cuando la inseguridad no se verifica sólo en la Argentina sino que constituye acontecer cotidiano a lo largo y a lo ancho de América Central y del Sur y que golpea, incluso, a los propios Estados Unidos y a otros países del mundo.

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Marcelo Fabián Saín: “Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina”; FCE, 1º edición, Buenos Aires, 2002, p. 9.

Un aspecto del fenómeno aquí contemplado remite a la distinción entre inseguridad como realidad sólida, concreta y de existencia tangible e indiscutible por una parte y, por la otra, una percepción de la inseguridad como “sensación”, esto es, como apariencia, como abstracción inducida, como fenómeno menos sólido y más “líquido” (la terminología es de Zygmunt Bauman).Existen sobrados elementos para señalar como culpables de esta sensación de inseguridad ciudadana a los medios de comunicación. O, como mínimo, para fulminarlos de partícipes necesarios en la recreación de una realidad que a la vez que le da tratamiento a elementos o datos objetivos, los resignifica desde una deliberada estética potenciadora de la sensibilidad humana, con un manejo parcial y muchas veces interesado y manipulador de la estadística, dejando en las sombras pistas contextuales y otros aspectos no menos importantes que facilitarían la comprensión del panorama delictivo. Una segunda hipótesis de esta ponencia se enuncia diciendo que, en la medida en que el concepto de inseguridad ha mutado su contenido para devenir, también, herramienta apta para la consecución de fines políticos, la realidad argentina ofrece pruebas concluyentes de que ambos conceptos (inseguridad “real” e inseguridad “sensación”) coexisten dando corporeidad a un entramado complejo e inescindible. Definir el concepto “inseguridad” es un presupuesto epistemológico inexcusable para avanzar en la temática en estudio. Toda vez que no abundan dichas definiciones en los textos académicos nos hemos basado, para adoptar un concepto preciso y funcional a los fines didácticos, en la Ley de Seguridad Interior (24.059/92) de la República Argentina. El artículo 2º de esta norma refiere que la seguridad nacional consiste en “resguardar y hacer posible el uso y goce de los derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional”. Por oposición al concepto, decimos que la ausencia de esta posibilidad ciudadana configuraría un concepto plausible y eficaz de “inseguridad”. Se trataría de la imposibilidad o de la dificultad de gozar, en todo el territorio de la Nación, de aquellos derechos y garantías que nuestra Carta Magna asegura, en su letra y espíritu, a todos los habitantes del país. Son derechos, garantías y prácticas sociales vinculados a la vida, la libertad, la integridad y el bienestar personal, así como al honor, a la propiedad, a la igualdad de oportunidades y a la participación en la organización política, económica y social del país y, finalmente, a la igualdad ante la ley y a la autonomía frente a los poderes del Estado. A un tiempo -creemos-, desde el campo académico, político y de la militancia organizada -que sostiene una mirada crítica hacia los medios de comunicación- nose logra explicar, de modo convincente, el entramado complejo que alimenta cotidianamente a lasociedad en torno a una idea de inseguridad ciudadana donde el miedo crece, muchas veces, en períodos en que los índices de delincuencia decrecen o se mantienen estables. El miedo ciudadano tampoco parece estar asociado directamente –por lo menos en la última década- a situaciones de riesgo económico, pues se han implementado -tras la crisis del 2001- políticas sociales y laborales que dieron cierto grado de estabilidad a la economía durante ese período, aun considerando los límites que dichas políticas de corte distributivo pudieran exhibir a la hora de resolver problemas estructurales de marginalidad y pobreza.

Variaciones en negro y amarillo La representación de la inseguridad ciudadana en los medios de comunicación argentinos se halla atravesada por el sensacionalismo, entre otras características que aquella representación mediática también exhibe. Los ingredientes del policial negro se han hecho presentes en la cotidianeidad informativa de la Argentina. Crímenes y robos se suceden en secuencia vertiginosa y siempre renovada. Entre lo escrito, lo hablado y lo pintado triunfa, con amplitud, esto último, es decir, la imagen. Triunfa la televisión porque la televisión incluye, al tiempo que los supera, a los otros dos géneros informativos. La televisión es palabra y escritura pero, fundamentalmente, es imagen y es color fundidos en un todo único con el texto y la voz humana que convoca al televidente a contemplar el polícromo espectáculo que el morbo y la magia, en ligamen incestuoso y perverso, le brindan día a día, a un espectador adocenado que consume el veneno de la manipulación sin la menor conciencia de que la realidad ha muerto y se halla sepultada en el fondo del pozo debajo de toneladas de imágenes a las que él toma por la realidad misma.5 En el plano de lo descriptivo, el sensacionalismo se nutre de un estereotipo de cuño lombrossiano. L’uommo delincuente, aquí, siempre responde a un clisé morfológico, etario y racial. El mensaje televisivo nos dice que el peligro para la sociedad proviene de varones o mujeres pobres, jóvenes y de tez mate u oscura. Son éstos los actores que captan las “cámaras de seguridad” que pululan en la calle, bajo el cielo estrellado de la noche, en la bruma gris de una ciudad asediada por una peste invisible o bajo días soleados y diáfanos que derraman su salutífera luz por plazas, avenidas y bosques urbanos, que no por los pasillos umbríos, estrechos y fríos de las villas de emergencia, villas miseria para decirlo en argentino básico y sin el resguardo protector del eufemismo hipócrita.

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“Las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de la vida se fusionan en un curso común, donde la unidad de esta vida ya no puede ser restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte, objeto de mera contemplación. La especialización de las imágenes del mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagen hecha autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. El espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no-viviente” (Guy Débord, La sociedad del espectáculo, 1967). 5

Según Zaffaroni, 6 “En la criminología mediática se construye una imagen del delincuente que es el joven de barrio bajo (villa, favela), lo cual habilita discursos a favor del descenso de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de las penas. “Este argumento se ancla en la visión de la derecha que ve a la automatización de las policías como una respuesta a la falta de efectividad del sistema punitivo que considera el accionar policial y penal como la única solución a la problemática del delito. Como menciona Saín, «esa impronta punitiva centra su atención exclusivamente en los delitos violentos y/o en los delitos contra la propiedad, generalmente cometidos por delincuentes rústicos pertenecientes a las clases bajas. Y, en ese marco, es habitual el reclamo por criminalizar a los delitos de esta índole cometidos por menores, proclamando una serie de reformas penales basadas en la baja de la imputabilidad penal» (Saín, 2010: 60). “Otra cuestión de la criminología es el peso que tiene la economía criminal, que se encuentra globalizada. Podemos afirmar que hay una “criminalidad de mercado”, en donde hay una demanda de bienes y servicios ilícitos crecientes con una tasa de rentabilidad extraordinaria. Esta economía criminal se encuentra estructurada en una división internacional del trabajo, en donde hay países que demandan esos bienes y servicios, otros que los producen y transportan. En nuestros días, Estados Unidos es el principal centro de acumulación de la renta de la economía criminal y del lavado de dinero proveniente de estas fuentes. Como menciona Castels, «los flujos financieros de origen criminal, cada vez más importantes, son elementos claves para estimular o desestabilizar economías nacionales enteras, de tal modo que la política económica ya no puede gestionarse en muchos países y zonas del mundo sin incluir este factor altamente impredecible» (Castels, 1999: 288)”. A pesar de ello, este tipo de delitos, muchas veces, denominados en la versión doméstica de mi país “de cuello blanco” no resultan tan interesantes para la población como los delitos descontextualizados. Vence la mentira, el amarillismo vence. Catástrofe, escándalo y fotografía se conjugan en el divertido juego del “pilluelo amarillo”.7 Éste causa “sensación”. Y va deshojando la noticia en formas gualdas. De donde se sigue que sensación y amarillo hacen mixtil fori, es decir, son conceptos absolutamente inescindibles. Y no sólo el rating que asegura las enormes ganancias empresariales es la causa de que este amarillismo sensacionalista sea práctica habitual y extendida a buena parte del arco informativo. El fondo del asunto -lo repetimos- hay que buscarlo en la política y, más allá, en la ideología de las corporaciones, ya sea que éstas tengan domicilio constituido localmente o más allá de nuestras fronteras.

Eugenio Raúl Zaffaroni, jurisconsulto argentino y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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La locución entrecomillada alude a una tira cómica que se publicaba en los EE.UU. en la cual el protagonista inventaba noticias o falseaba la realidad con el fin de atraer lectores. Es el origen del término “amarillismo” o “amarillo” para referirse a ese tipo de periodismo. El marco más general en el cual se verificaban estos ardides reñidos con la moral y la ética fue la despiadada guerra que se entabló entre Pulitzer y Hearst, en el siglo XIX y luego de la guerra de secesión, para predominar, a cualquier precio, en el mercado periodístico.

Riqueza y pobreza La inseguridad y su llave maestra en la promoción local del miedo social se verifican como todo en la vida- en un contexto refractario a sociologizaciones simplistas. Todo análisis de la inseguridad y del tratamiento que de ella hacen los medios se recorta siempre contra el fondo oscuro de la exclusión y el sufrimiento de los sectores de la sociedad expulsados extramuros del aparato productivo por un sistema social cuya dinámica de funcionamiento requiere, precisamente, de esta expulsión para reproducirse como tal sistema. En 2002, el 53% de los argentinos —19 millones de personas— era pobre porque no tenía ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos y servicios. Y de ese total, el 24,8% o casi 9 millones eran indigentes porque ni siquiera conseguían comprar los alimentos básicos capaces "de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas", según la definición del INDEC.8 Si miramos los indicadores que a continuación se detallan veremos que el cuadro de pobreza e indigencia ha mejorado –aunque poco- en la Argentina. En doce años, hemos pasado de diecinueve millones de pobres e indigentes a 16.350.216 personas en esa situación. La desagregación de los menores de 14 años que muestra el cuadro se explica, en este tipo de mediciones, porque de este modo es posible observar la situación socioambiental de los niños y adolescentes tempranos, segmento social estratégico para medir la consistencia socioeconómica de los países y regiones y ponderar expectativas. POBLACION TOTAL, INDIGENTE Y POBRE - TOTAL DEL PAIS. SITUACION DE LOS MENORES DE 14 AÑOS

POBLACIÓN

36.578.358

INDIGENCIA

POBREZA

POBLACIÓN

TOTAL

MENOS 14

3.145.738

13.204.478

10.000.000

NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS INDIGENTES

NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS POBRES

10.30.000

4.500.000

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Fuente: diario CLARÍN, mayo 2002, sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Fuente: EQUIS. ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BANCO MUNDIAL 9

Dieciséis millones de pobres e indigentes siempre será una suma demasiado alta, aun cuando sea menor que la que arrojaba las mediciones de 2002. No podemos decir que la Argentina haya superado los factores estructurales que están en la etiología de cierto tipo de violencia y de precisas formas de criminalidad. Estos factores son la exclusión y la marginación social. Los excluidos, expurgados y expulsados se hallan huérfanos de herramientas conceptuales necesarias para autoconstruirse como ciudadanos y para proyectarse en la vida como sujetos activos y creadores. Tampoco pueden erigirse en amenaza al orden social ya que esto requiere la elaboración de un proyecto político, social y cultural alternativo al vigente, lo cual está por completo fuera de las posibilidades de quienes carecen de lo elemental para vivir. De este modo, se ha ido configurando en la Argentina una dinámica social potencialmente apta para la apelación a la violencia como modo de sobrevivencia. Sin embargo, librada a su propia autonomía, esta violencia potencial difícilmente podría haber superado líneas rojas que indicaran peligro para la sociedad en su conjunto. Ha sido preciso el factor heterónomo (ya no autónomo) para que la potencia deviniera acto. Y esa heteronomía está siendo aportada por factores externos que, desde fuera del movimiento social, operan sobre éste de modo tal que la violencia y la inseguridad que le es aneja, irrumpen como actores protagónicos al ritmo del parche mediático batido con insistencia y que termina “naturalizando” la violencia y ocultando sus causas y objetivos políticos. Como dice Alberto Rabilotta, “Es imposible no ver la intencionalidad política detrás de la violencia criminal o marcadamente fascista que se manifiesta en algunos países latinoamericanos…”.10

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En revista TRABAJO y SOCIEDAD; Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina; Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES); Nº 22, verano de 2014; www.unse.edu.ar/trabajo sociedad 10 10

Alberto Rabilotta: “La violencia criminal y policial como arma del imperialismo (II)”; en ALAI, América Latina en Movimiento, 9/5/2014.

La instalación de la protesta El contexto mundial ordena los conceptos aplicables a la Argentina en materia de inseguridad callejera y de actividad mediática orientada a explotarla políticamente a favor de la visión geoestratégica del imperio y de sus objetivos inmediatos referidos al “cambio de régimen” en lugares tan distantes y disímiles como Siria, Ucrania, Venezuela o El Salvador. Una tercera hipótesis de este trabajo expresa la percepción de que los EE.UU. han virado, en la última década, desde una estrategia que podríamos llamar “contrainsurgencia preventiva” a una actual cuya seña de identidad más específica es la utilización de grupos locales vinculados a la criminalidad o mercenarios extranjeros que son “plantados” en medio de procesos sociales previamente agitados mediante el conflicto callejero, el desabastecimiento de productos básicos y la movilización estudiantil. Venezuela resulta un ejemplo paradigmático de este experimento y una variante del mismo se verifica hoy en Ucrania con el uso de grupos nazis golpistas que no sólo han derrocado a un gobierno constitucional sino que aparecen como ejecutores de políticas cuyos decisores están en la “troika” europea y en los EE.UU.11 El modelo desestabilizador que hemos denominado “contrainsurgencia preventiva” se halla ligado, en la Argentina, a la llamada “lucha contra el narcotráfico”. Esta lucha responde a un modelo formal con actores y logística apta para enfrentar insurgencias populares que eventualmente pudieran enarbolar, en el futuro, programas políticos y sociales anticapitalistas. En efecto, el Estado, a través de fuerzas militares o militarizadas, “invade” zonas pobres o populares; las tropas, que presuntamente luchan contra el narco, se hallan pertrechadas con tecnología militar y de comunicaciones apta para enfrentar y derrotar insurgencias populares que no tengan que ver con los tráficos ilícitos sino que, eventualmente y en un futuro cercano, puedan ser parte de una construcción política obrera, popular y antisistémica. Esto ocurre, en primer lugar, porque el proyecto político, económico, social y cultural del capital financiero para América Latina no cierra sin represión. La insurgencia popular de alcance continental está en todas las prognosis que realizan, constantemente, las centrales contrainsurgentes estadounidenses. Impedir que el enemigo se forme es la razón de ser de la contrainsurgencia en la época de las guerras de cuarta generación y que agitan al “narcotráfico” como pretexto. Éstas guerras ya no se realizan con ejércitos armados hasta los dientes sino, principalmente con fuerzas operativas “plantadas” en el territorio a dominar y, sumado a ello, operaciones mediáticas de terrorismo noticioso, que al tiempo que legitiman la intervención militar en determinados puntos del planeta, operan sobre la psicología del auditorio fragmentándole la realidad de modo que el oyente o televidente no vea más que titulares sueltos, sin conexión entre sí y con el sólo vínculo unitivo del terror y la amenaza sin forma clara y difuminada en una simbología borrosa e imprecisa. 11 11

Respecto de Ucrania se advierte que los golpistas que derrocaron al presidente Yanukóvich levantaban, como principal inspirador de su asonada ilegal, la figura de Stepan Bandera, criminal de guerra que colaboró, en el período 1940-1944, con los hitlerianos invasores de Ucrania y perpetró las más espantosas masacres, lo cual está documentado por historiadores de aquella etapa e, incluso, por la literatura (Jonathan Littell, “Las Benévolas”). Por lo demás, la troika europea está conformada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y constituye el triunvirato que representa a la Unión Europea (UE) y toma las principales decisiones políticas, económicas y financieras y de política exterior de Europa.

Es ésta la primera razón por la que EE.UU. ha estado presionando a la Argentina en pos de la sanción de legislaciones antiterroristas cada vez más severas. Se insinúa en el horizonte la imagen probable. El Angelus Novus de hoy no observa su presente sino el futuro, y la mueca de su rostro no expresa el horror que le causa lo que está mirando sino la indiferencia -a un tiempo atrabiliaria y burlona- del que se prepara para enfrentar la inestabilidad y la movilización de masas en todo el continente y procura, de antemano, contar con las herramientas que posibiliten combatir la “amenaza”.12 Y la segunda razón que dispara las presiones sobre el gobierno argentino se halla conectada con la primera y consiste en seguir avanzando en dirección de concretar lo que era “el núcleo duro del proyecto”: la unificación de defensa nacional y seguridad interior en una sola política contrainsurgente desarrollada operativamente por las fuerzas armadas. Por ahora, en la Argentina, ese objetivo no está cercano, pero la nave imperial ha puesto proa hacia aquel destino.13 Y todo ello conlleva un agravante: sancionando normativas como éstas se aporta, de modo paulatino pero obstinado, a una involución del sistema jurídico penal liberal y garantista que rige en nuestros países y que, insensiblemente, comenzaría a marchar en opuesta dirección, es decir, en la dirección de hacer tabla rasa con las garantías para empezar a configurar, también aquí, un “derecho penal del enemigo”, que distingue entre personas y no-personas y que promueve la tortura y cuyo estudioso y difusor más reputado en el mundo de hoy es el jurista alemán Günther Jakobs, quien supo enseñar en las universidades de Kiel y Bonn, entre otras. El cuadro social en el mundo habilita la prognosis de que la orteguiana rebelión de las masas es más que una abstracta conjetura. Los modelos concentradores tienden a polarizaciones en las que los términos centro-periferia tensan sus relaciones en una dinámica de conflicto creciente. Y no se trata, entonces, sólo de un problema de control social; además, hay que legitimar ese control. Aun cuando la dificultad resida en que el lábil concepto de “terrorismo” es menos tangible y más dificultosamente creíble que el otrora omnipresente “comunismo” para operar con eficacia en orden a la referida legitimación. Constituye ominosa prueba de lo que decimos el hecho de que un periodista de la provincia de Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez, ha sido objeto de un pedido, por parte del fiscal Pedro Simón, de aplicación de la ley antiterrorista (26.734) sancionado por el Congreso y promulgado en 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner. El “delito” del colega ha sido cubrir la violenta detención de un policía cuando hacía reclamos salariales, durante las protestas policiales de diciembre pasado. El fiscal federal acusó a Juan Pablo Suárez, director del sitio web Última Hora, de “incitación a la violencia colectiva”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población”, delitos que establece la nueva normativa.14 La estrategia de contrainsurgencia preventiva se estructura, entonces, sobre la base de dos pilares: criminaliza la protesta social e instituye el delito de opinión, por una parte; 12 12

La alusión al Angelus Novus remite a una pintura de Paul Klee cuya interpretación crítica en clave antifascista fue realizada magistralmente por Walter Benjamín. 13

proyecto de “ley antiterrorista” que, en ese momento, no encontró eco para su sanción como ley de la Nación. 14

Fuente: diario Clarín, 13/5/2014.

mientras que, por otro lado, abusa de la “amenaza narco-criminal” para entrenar a las fuerzas represivas en el control de conflictos que, en el futuro, puedan surgir ya no vinculados al delito sino a la legítima labor de construcciones políticas alternativas en barriadas obreras y populares. Pero también hemos afirmado que Washington, a través del Departamento de Estado, del Ministerio de Defensa (Pentágono), de sus agencias de inteligencia y de sus organismos de superficie diseminados en todo el mundo ha venido virando o cambiando esta estrategia adaptándola a nuevas situaciones y a nueva “amenazas”, significantes, éstos, que deben leerse en clave de obstáculos al avance y consolidación de su supremacía militar global. En este cambio de estrategia, como queda dicho, emergen con nitidez los conflictos artificialmente montados o, en caso de que surjan espontáneamente, instigados y fogoneados para que alcancen una escala difícilmente gestionable por gobiernos desafectos a Washington. Y lo que pretendemos agregar acá es que también la Argentina está en la mira de estas políticas desestabilizadoras que, si no se proponen el derrocamiento liso y llano del gobierno (como sí ocurre en Venezuela) sí sirven como teatro de operaciones y ensayo para futuros experimentos en Sudamérica o en cualquier rincón del globo. El rol de los medios masivos, en particular la televisión, es crucial e imprescindible para que estas estrategias sean eficaces. Se trata de generar una opinión masiva y adocenada que tienda a poner en entredicho la legitimidad de gobiernos que, aunque hayan sido electos libremente por la ciudadanía pueden estar, ahora, entrando en una zona de “ilegalidad” o de “incapacidad” para gobernar, lo cual tornaría saludable su sustitución por una gestión “provisional” cuyo principal cometido sería llamar a “nuevas elecciones”. Se verifica, entonces, en nuestro país, un entramado de estrategia doble: el narco como factor de ingobernabilidad propio de la “contrainsurgencia preventiva” sumado al hecho violento de apariencia “natural” convertido en sentido común por la propaganda mediática insistente y machacona acerca de la “proliferación” incontrolable del delito, factor, este último, propio de las nuevas estrategias de desestabilización que, generalizando con fines taxonómicos, podemos denominarlas “estrategias de conflicto plantado”. Pioneros y adelantados de estas últimas añagazas golpistas fueron, en 2009, los grandes propietarios rurales pero los violentos han mudado sus rostros y novedosos focos de descontento social son atizados desde las usinas mediáticas. Han aparecido los “linchamientos” que, en realidad, son homicidios calificados, es decir, agravados y que merecerían las penas más severas. El poder judicial, sin embargo, a nadie ha condenado por estos crímenes cometidos en la persona de jóvenes pobres, incursos, casi siempre, en un delito de menor cuantía (hurtos, robos, arrebatos callejeros o en medios de transporte) y que los convierte en objetivo de vecinos enardecidos y acicateados por el miedo administrado desde los medios de comunicación y que terminan matando de la manera más atroz al presunto delincuente, al que se le ha hecho justicia por propia mano y se le ha negado el debido proceso del que sí gozan genocidas, torturadores y lavadores de dinero afincados en barrios cerrados. Y lo que torna razonable la caracterización del fenómeno como una subespecie del “conflicto plantado” es que los “linchamientos” se empiezan a producir en gran número, dentro de una delimitación temporal determinada (simultánea o sucesivamente) y a lo largo de toda la geografía nacional.

En suma y generalizando otra vez para hacer más inteligible el desarrollo y la etiología de la violencia social y política que vive el mundo y, en particular, nuestro continente sudamericano, decimos que las agencias especializadas de la potencia global y de sus potencias regionales aliadas operan a lo largo y a lo ancho del mundo creando “conflictos políticos, étnicos y militares para sembrar la subversión y la criminalidad en los países que quieren dominar y para completar sus fines destructivos exigen a esos países que den solución a esos conflictos de manera inmediata y respetando el dictado de Washington, so pena de hostigamiento o agresión militar, de sanciones diplomáticas, comerciales o económicas…”.15

La seguridad democrática y sus enemigos El 8 de mayo de este año 2014 se llevó a cabo en Buenos Aires el Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, foro auspiciado por el kirchnerismo gobernante. Para no entrar en detalles ciertamente innecesarios en un trabajo de este tipo, sólo diremos que en la base de la concepción “democrática” de la punición está la idea de que las políticas de seguridad ciudadana (entre las cuales se halla la política penitenciaria) deben funcionar como un mecanismo más de inclusión social y deben, asimismo, procurar la constante reformulación del rol de las fuerzas de seguridad en una perspectiva democrática, respetuosa de los derechos humanos y con inenajenable control civil. Como se aprecia, la visión gubernamental actual del problema implica, en cuanto al cumplimiento de la pena, la aceptación del postulado constitucional argentino de que las cárceles deben tener como cometido esencial la “resocialización” del condenado, lo cual raramente ocurre debido a un cúmulo de circunstancias que tampoco es pertinente desarrollar aquí. En lo atinente a la reformulación el rol de las fuerzas de seguridad, las intenciones en ese sentido chocan con una realidad en la que dichas fuerzas aparecen atravesadas profundamente por la corrupción y por la violencia punitiva como acto reflejo heredado desde hace más de un siglo y exacerbado en los años del terrorismote Estado (fines de 1975 hasta 1983), como también habituadas a obedecer de buen grado sólo a policías o militares (bien que no a mandos civiles) que son los únicos que les garantizan la opacidad necesaria para manejar las “cajas” que constituyen un estímulo en el oficio policial: el juego, la prostitución e, incluso, la trata de personas. Queda excluido aquí el tráfico de estupefacientes ya que no son las policías sus principales beneficiarios.

Alberto Rabilotta, op. cit.

Un aspecto más de la concepción democrática de la seguridad ha sido la propuesta de reforma del Código Penal, reforma totalmente necesaria ya que el vigente data de 1921 y ha sido emparchado con constantes leyes complementarias que, en definitiva, lo han tornado un instrumento carente de método, contradictorio, injusto, caótico y por entero inepto para expresar lo que es el fin último de todo ordenamiento punitivo: la escala de valores media de una sociedad en un momento determinado de su desarrollo civilizatorio. La comisión redactora de las propuestas de reforma entregó su trabajo y, una vez más, los enemigos de la seguridad democrática se aglutinaron para desprestigiar la tarea cumplida por los eminentes juristas. La irresponsabilidad de ciertos políticos opositores detectó “rédito electoral” en una materia que, por su trascendencia social, debería estar al margen de toda demagogia punitiva. Criticaron la propuesta de reforma mintiendo deliberadamente ya que la comisión redactora nunca propuso la eliminación lisa y llana de la reincidencia y tampoco disminuyó las penas para los delitos más graves. Pero lo que cabe expresar aquí no es, precisamente, el detalle técnico en juego sino el hecho de que los medios -principalmente los programa televisivos- amplificaron el mensaje falaz y encubridor, machacando una y otra vez sobre un presunto “garantismo” de los reformadores y sobre el peligro implícito que esto conllevaría para el ciudadano común. Asimismo, dieron espacio desusado a un precandidato presidencial de la derecha que proponía, demagógicamente, someter a referéndum popular las reformas, sabiendo (pues sus asesores así se lo habían informado) que las materias penal e impositiva, entre otras, no pueden ser sometidas a consulta popular pues lo prohíbe la Constitución Nacional. Se trataba, qué duda cabe, de sensacionalismo mediático practicado por las corporaciones propietarias de los monopolios periodísticos con el fin de desprestigiar no ya a un gobierno sino a un modelo de país que, no obstante su burguesa impronta de clase, constituye una alternativa al neoliberalismo como forma de desarrollo del capitalismo. Como corolario de este capítulo debemos dejar sentada opinión en el sentido de que, según nuestra percepción, sería unilateral y simplista establecer una relación inseguridad-medios que sea mecánica y excluyente de otras variables que también -y en gran medida- influyen en la generación de estados de ánimo colectivos proclives a la violencia y, en no pocas ocasiones, también reñidos con la idea misma de democracia como valor que debe informar la dinámica institucional del país. Hemos aportado cifras sobre los niveles de exclusión social en la Argentina, niveles que encuentran su anclaje en los índices de pobreza e indigencia que son altos aun cuando, por bajos que fueran esos índices, siempre serían altos por cuanto la pobreza y la indigencia en medio de la opulencia resultan moralmente inadmisibles. Agregamos ahora la percepción generalizada de que la corrupción vinculada a la apropiación privada de recursos provenientes del erario público no sólo está potenciada por los medios enemigos del gobierno ( instalando presuntos casos de corrupción aún sin resultados ciertos por parte de la justicia) sino que también es verdadera , dado que sí existen casos de corrupción y que inscriptos en un contexto donde los índices de inflación se han disparado configuran un escenario social-entre percepción mediática y realidad objetiva (lo palpable y real en la vida cotidiana)-que cruzan “miedos” sociales de distinta procedencia. Paradójicamente, iniciativas más graves y perjudiciales para el pueblo no suscitan en la opinión pública impugnaciones consistentes o caen en la indiferencia o en la 20

desinformación más absolutas. Es el caso de la ya mencionada Ley Antiterrorista que dejará pendiendo sobre el activismo social y político una espada de Damocles que una eventual administración conservadora usará sin contemplaciones como generalizado instrumento represivo. En síntesis, cabe pronunciarse aquí sobre una dicotomía conceptual muy generalizada entre los especialistas en comunicación, periodistas y comunicadores sociales. Se discute muy a menudo acerca de si los medios potencian una realidad pre-existente a la realidad mediática, reforzándola o, por el contrario, crean directamente la idea de inseguridad que es percibida por parte de la ciudadanía -en distintas escalas y de acuerdo a su posicionamiento social- como una realidad incontrastable. ¿Podemos interpretar que la inseguridad ciudadana, como proceso subjetivo, se ha transformado en una herramienta cultural que busca más que nada “hacer hablar al ciudadano como víctima” para aproximarse a un cuestionamiento más de fondo a los procesos políticos y económicos que se dieron tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica en la última década? Nuestra respuesta a este interrogante es afirmativa. Pero también decimos que hay una realidad conflictiva y perjudicial para el pueblo que no sólo preexiste a su tratamiento mediático sino que es inherente a un sistema de organización social basado, en lo económico, en un desequilibrio básico que afecta la ecuación capital-trabajo; en lo político, en un sistema institucional al cual acceden como decisores sólo aquellos miembros de corporaciones políticas bien financiadas por el sector privado; y en lo cultural, en el lucro como valor absoluto y generador de reputación personal y de consideración social.

Ley de medios Los temas vinculados a la inseguridad ciudadana y al sensacionalismo mediático en la Argentina son inescindibles de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en nuestro país. Esta normativa fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar. Ahora bien, tanto la decisión gubernamental de habilitar el debate sobre el proyecto de ley de radiodifusión, como las luchas históricas que cobraron relevancia desde sectores organizados, como la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) no puede dar por sentado que se trata de una cuestión que la ciudadanía conoce y de la que puede apropiarse fácilmente. En términos generales, puede decirse que la norma “desmonopoliza” el mercado de la comunicación que se efectúa por medio de radios y canales de televisión. En la letra de la ley ya no son sólo los grandes emprendimientos empresariales los titulares de la propiedad de canales y radios sino que dicha titularidad del dominio de los medios se 21

transfiere sustantivamente a la sociedad civil que a través de cooperativas, organizaciones sociales, universidades, sindicatos, etcétera, podrá hacer oír la voz de sectores que jamás han podido llegar a la gran audiencia con sus propuestas culturales, sociales, políticas y económicas. De este modo, se impide el evidente injusto que significa la posesión exclusiva del uso de la palabra pública por las corporaciones mediáticas. Hay que decir que esta “ley de medios” fue resistida por dichas corporaciones hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su constitucionalidad. Pero declarar la constitucionalidad de una ley y obligar a las corporaciones a iniciar un proceso de “desinversión” (esto es, obligarlas a vender parte de su propiedad) no resuelve, todavía, el tema de fondo, que es la efectivización, en la práctica, de aquella desmonopolización y su correlato, la democratización de la palabra y de los mensajes. Se trata de un paso adelante, sin duda alguna. Pero su implementación práctica todavía está en pleno proceso de realización en nuestro país. La ley obliga a “vender” pero no dice a quién se puede vender y a quién no, lo cual implica, por lo menos en potencial, la probabilidad de que los nuevos dueños de medios sean testaferros de los viejos. Para impedir tal triquiñuela leguleya está la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación), que es la autoridad de aplicación de la ley. Hasta hoy, con la “ley de medios” sancionada y en vigencia, los mismos canales de televisión siguen “formando opinión” en la Argentina. Y lo hacen mediante un expediente muy simple: sus contenidos políticos son, básicamente, una repetición de los contenidos de los grandes medios gráficos, esto es, los diarios La Nación y Clarín cuyos dueños también son dueños o comparten ideología con los principales diarios del interior del país. Lo dicho habilita la afirmación de que la ley de medios, en la Argentina, es un paso adelante pero un paso insuficiente en la medida en que no ha venido a romper la urdimbre mediática recién aludida. La ley de medios habilita a un sindicato, a una universidad, a una “oenegé” o a una cooperativa de trabajadores del conurbano bonaerense a contar con su propio medio de comunicación. Pero los canales TN, C5N, 26, América, etcétera, repiten por la tarde los mismos contenidos que los diarios Clarín y La Nación han publicado por la mañana; y a ello hay que agregar que lo mismo ocurre en el interior del país, donde los diarios La Voz del Interior, de Córdoba; Los Andes, de Mendoza; La Capital, de Rosario; Río Negro de General Roca; La Gaceta, de Tucumán; El Tribuno, de Salta; o La Arena de La Pampa participan del entramado de intereses económicos y financieros que los hace militar, diariamente, por un proyecto de país que no es, precisamente, uno que favorezca los intereses históricos de los trabajadores. Con esta ley de medios, los formadores de opinión seguirán siendo los mismos. Pero el mérito de la norma, esto también hay que decirlo, es que ha venido a poner en debate la presunta objetividad de los medios dominantes y a instalar en la agenda la necesidad de democratizar la emisión de los mensajes, la falacia de que exista un periodismo “independiente” y la relación de conexidad laboral existente entre el “periodista” y el comunicador social”. Sobre este último punto, por el que ha venido luchando, desde hace muchos años, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), dice el conocido especialista Washington Uranga: “La otra cosa es pensar el tema de los comunicadores. Primera diferenciación: los periodistas son periodistas. Yo soy periodista, pero también me considero comunicador social. Me parece que esta es una diferencia no solamente

académica, sino que tiene que ver con el lugar; esto no es una cuestión de categorías (unos son más, otros son menos), sino del lugar. “Hay un texto que me ayuda mucho, de Robert White, un británico que vivió en América Latina, que se llama “Comunicar comunidad”. White habla de los comunicadores, y habla de los comunicadores de lo público, básicamente, como intervinculadores. ¿Qué quiere decir intervinculadores? Yo lo suelo decir en las cosas que escribo, algo así como “facilitadores del diálogo público en el espacio público”. Que no es estrictamente la condición del periodista. Algunos periodistas pueden cumplir este rol, pero no todos sienten ni tienen la vocación de hacerlo. Me parece que no se lo podemos pedir. Pero sí, a los que pensamos estratégicamente, prospectivamente, políticamente la comunicación, nos corresponde esa tarea. Nos corresponde ver cómo trabajamos en escenarios –y esto también es políticas de comunicación- para que las voces se multipliquen, pero también que los actores tengan posibilidades de dialogar entre sí, acordando o no, no importa. “De alguna manera, nosotros somos responsables de construir el escenario comunicacional. Y el escenario comunicacional es un escenario, en democracia, de multiplicidad de voces, incluso para pelearse, pero para tener la posibilidad de pelearnos tranquilos, sabiendo que lo demás está asegurado, lo importante está asegurado. Debemos ser capaces de pelearnos, no en el sentido de agredirnos, sino de discrepar y que eso es, además, el ámbito de contención que nos da la democracia, y nos da una perspectiva comunicacional, una mirada sobre lo comunicacional”.16

Conclusión Las leyes, por sí mismas, no garantizan los objetivos que se proponen en la medida en que no sean sostenidas por una fuerza social capaz de crear condiciones subjetivas y objetivas para lograr su propósito. Una primera observación permite sustentar que en los últimos años, en mi país, se ha incrementado la presencia de los temas delictivos y criminales en la agenda periodística. Pero esto no ocurre solamente en mi país. Brasil es, hoy, campo de maniobras de la derecha internacional que busca visibilizar conflictos, presuntamente espontáneos o “naturales”, en una coyuntura signada por la proximidad del mundial de fútbol, acontecimiento cuya realización seguramente no se proponen impedir pero sí empañar con la mira puesta en las próximas elecciones presidenciales programadas para el 5 de octubre de 2014, que dan por segura una prolongación del modelo económico-social que lleva adelante el Partido de los Trabajadores presidido por Lula Da Silva y repudiado por la derecha brasileña con base en la burguesía industrial paulista y apoyada por los EE.UU. Los medios brasileños dan cuenta de una violencia recurrente y que crece a medida que se acerca la fecha de inauguración del espectáculo deportivo y eso -decimos nosotrosno es casual ni espontáneo. Allí hay una violencia social “plantada” por expertos que hacen su trabajo en aquellos rincones del orbe en que los EE.UU. tienen intereses geoestratégicos que defender y promover. Hace muchos años Henry Kissinger dijo que “hacia donde se incline Brasil se inclinará América Latina” y eso sigue siendo

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Entrevista a Washington Uranga; www.pnce.com.ar

orientación de largo plazo para las élites plutocráticas que intentan gobernar el mundo desde Washington. En este sentido, la ministra de Cultura de mi país, Teresa Parodi, acaba de asegurar que "el rol de los medios es definitorio a la hora de construir nuestros países". Lo hizo al inaugurar el Encuentro de Medios Públicos de América Latina que tuvo lugar en la ciudad balnearia argentina de Mar del Plata y que reunió a responsables de radios y televisoras públicas de trece países de la región. Y agregó: “Los medios hacen posible la visibilidad de la diversidad cultural que existe en nuestro país y que ha sido ninguneada por el modelo imperante y la globalización". Y a tal punto esto es cierto que hasta los EE.UU. han puesto en marcha un proyecto en Twitter destinado a que los usuarios contesten preguntas sobre la política de Washington en Ucrania. Se lanzó bajo el hafshtag @lahoradelaverdad. Una evidencia más de que al imperio le preocupa tener al día y aceitados los mecanismos de manipulación de la opinión pública. Una primera conclusión que habilita lo que llevamos dicho esque el interés nacional argentino reside, en el tema inseguridad, en ubicar con precisión sus causas políticas y su origen y en definir sus propias hipótesis eludiendo cuidadosamente la aceptación acrítica de aquéllas definidas allende nuestras fronteras y, en nuestro caso y en atención a la creciente interdependencia mundial, coordinando con nuestros vecinos de la región las políticas de seguridad para enfrentar amenazas locales o transnacionales que eventualmente nos aquejen. Y en segundo lugar y para finalizar este aporte, decimos que las amenazas que se ciernen, ominosas, sobre Sudamérica se despliegan en el escenario con perfiles nítidos. La crisis económica estructural que afecta a los EE.UU. no tolera, ni en su vecindad ni en el mundo, gobiernos que hagan de la soberanía nacional una cuestión de principios. Esta es la fuente de las amenazas a las que nos deberemos enfrentar. La reactivación de una IVº Flota que ha comenzado a circunnavegar nuestro continente; la urgente necesidad de contar con recursos naturales que se han agotado en el norte y que abundan en el sur; y las bases militares estadounidenses diseminadas en nuestra región dan cuerpo a un peligro más o menos inminente de agresión a nuestras soberanías nacionales. Los Estados Unidos tienen un límite para persistir en sus acciones delictivas en el escenario internacional: requieren consenso interno para sus aventuras militares. Por eso han cambiado su estrategia y han optado por “guarimbas”, o “golpes suaves”, o por revoluciones de colores, o por fogonear, poco a poco, la “inseguridad” a través del sensacionalismo mediático, según cada situación nacional concreta les aconseje una u otra iniciativa. Eso les evita disponer de tropa propia en los escenarios que ellos mismos calientan. Los muertos propios de Vietnam siguen operando, como retazo de memoria bordada por el horror, en el imaginario del pueblo estadounidense. Y si de agredir militarmente a América Latina se tratara, obtener ese consenso no parecería tarea fácil. Es cierto que la dictadura mediática americana macera, modela, desinforma, miente y manipula a su población en aras del objetivo de legitimar políticas injerencistas. Pero también es cierto lo que dijo, hace ya bastantes años, Zbigniew Brzezinski, anticipándose a la teoría de las intervenciones preventivas. El ex asesor de Carter analizó que “… a medida que los Estados Unidos se vayan convirtiendo en una sociedad cada vez más multicultural, puede que la tarea de forjar un consenso en temas de política exterior resulte más difícil, excepto en caso de una amenaza externa directa

verdaderamente generalizada y mayoritariamente considerada como tal” (dest. nuestro).17 Aquel atentado a las Twin Towers operó la mise en scène. Como quería Brzezinski, se trató de una “agresión externa” devenida amenaza permanente, generalizada y así considerada por la mayoría del pueblo de los Estados Unidos que, entonces, aceptó, atemorizado, el terror jurídico que le impuso la “patriot act”. Y aceptó, asimismo, ir a morir y a matar a Irak. El interrogante que debemos contestarnos a nosotros mismos aquí, en el sur, es si siempre vamos a adoptar como hipótesis de trabajo libretos escritos por otros, en otra parte.

Ultima Aclaración:

La historia se ha encargado de destacar en numerosas ocasiones los fallos de representaciones centradas en la “aldea global”, que han nutrido el imaginario del gran público con respecto al futuro de la comunidad humana, y que, en la realpolitik de las empresas, han constituido un vivero inagotable para legitimar las grandes sagas de la conquista del mercado mundial. Armand Mattelart

Se torna cada vez más necesario investigar, indagar, formularse interrogantes, partir de hipótesis contextualizando desde la memoria histórica y la historia. Quizás sean estas dos variables las que le impriman a nuestras conclusiones la mejor rigurosidad científica que buscamos a la hora de explicarnos nuestras realidades. En esta oportunidad, tratamos de interrogarnos sobre la Inseguridad Ciudadana y su representación mediática, podemos acompañar nuestros análisis con una cantidad importante de estadísticas que en la práctica extendida de los investigadores resultan “datos objetivos” que permitirían mensurar, analizar, desentrañar nuestro objeto de estudio. Sin embargo, omitir la perspectiva histórica y particularmente la genealogía de procesos históricos en nuestros países, en la región, en el mundo podría dar lugar a conclusiones erróneas. Hace poco menos de dos semanas (mayo 2014), Naciones Unidas difundió un informe denominado La inseguridad Ciudadana con Rostro Humano (ver referencia final). Incluyó en su trabajo, con el aporte de decenas de especialistas del mundo y entendidos en la materia, estadísticas sobre la inseguridad ciudadana, delitos y 17 17

Zbigniew Brzezinski: “El gran tablero mundial”, Paidós, Buenos Aires, 1998, p. 213.

violencias de todo porte en cada uno de los países del mundo. Los datos resultan convincentes, pero las mismos pueden llevarnos a distintas “recomendaciones” para paliar la violencia en nuestras sociedades y sobre todo en aquellas que marcan la presunta contradicción entre evolución económica y aumento de la violencia en nuestras sociedades de la región. Desde una perspectiva histórica nuestros países no pueden recorrer otra vez una agenda “de soluciones”orientada a la aplicación de planes de integración y cooperación al estilo de Plan Colombia, Mérida-Panamá y similares, dado sus catastróficos resultados: Más muertes, más violencia, de fácil comprobación empírica hasta el día de hoy. Y es la historia y la memoria el mejor lugar desde el cual debemos situarnos para entender en toda su dimensión quiénes arman las agendas de investigación, para qué y cuáles son sus verdaderos objetivos. Y si se trata de indagar para aportar soluciones y miradas alternativas no podemos aceptar acríticamente ni agendas, ni métodos de investigación, ni conclusiones. Ninguno de estos tres aspectos son “universales” y Latinoamérica,Centroamérica y el Caribe tienen mucho para aportar en ese sentido. No somos apenas “dadores de datos” para que otros, en base a conclusiones interesadas, nos apliquen las mismas políticas represivas que ya conocemos. Historia y memoria, entonces, para analizar el presente. Un presente que también nos debería invitar a centrarnos en fortalecer estrategias de comunicación propias sin perder de vista la existencia de iniciativas de comunicación alternativa que arrecian en nuestro continente.

Referencias de interés: 

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Para ver completo-Informe 2013-2014 La Inseguridad Ciudadana con Rostro Humano. Naciones Unidas./http://www.un.org/es/publications/publipl225.shtml. Se hace referencia en página 25 Para ver informe completo sobre Radiografía de consumo cultural en Argentina http://www.cultura.gob.ar/agenda/encuesta-nacional-deconsumos-culturales-los-resultados/ Se hace referencia general en página 8. Para completar postura del Observatorio de Medios Utpba en relación a las Industrias Culturales ver Ensayo NOTAS SOBRE LA COMUNICACIÓN SOCIAL autora Lidia Fagale, Revista Archipiélago, México. UNAM, 2006. http://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/download/2028 6/19274