Sobre ciudadanía, desarrollo y dignida by Cinep/Programa por la Paz

Sobre ciudadanía, desarrollo y dignidad… Reflexiones desde las organizaciones sociales en Bogotá, Medellín, Cartagena y Montes de María

ISBN: 978-958Primera edición: 2010

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Fundación Intermón Oxfam. Colombia Dirección: Calle 59 No. 6-31 Of.: 202. Bogotá Teléfono: 2110630 Correo electrónico: pamoreno@intermonoxfam.org

Contenido Pág. Prólogo......................................................................................................

Introducción..............................................................................................

Mesa Derecho a la Ciudad: el camino recorrido.........................................

Capítulo I. CIUDADES Y CIUDADANÍAS.....................................................

Tendencias del modelo de ciudad en el caso de Medellín..........................

Nuestra apuesta de construcción de ciudadanía desde la ciudad de Cartagena de Indias...................................................................................

Configuración del territorio de la región capital. Tendencias en el caso de los Cerros Orientales de Bogotá, D.C.....................................................

Identidad, territorio y resistencia: el caso de la subregión de los Montes de María.....................................................................................................

Capítulo II. CIUDADANÍAS QUE CONSTRUIMOS LAS MUJERES. ..............

Mujeres de los sectores populares, en el desarrollo local en Medellín, Aura Celmy Castro . ...................................................................................

El aporte de las agendas ciudadanas de mujeres populares a la construcción del desarrollo, Nuris Sánchez ...............................................

Ciudadanía de las mujeres habitando y construyendo el territorio, Mary Sol Avendaño A. . ..............................................................................

Capítulo III. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS CIUDADANÍAS..................

103

Ciudadanías diferenciadas, Marco Fidel Vargas Hernández ........................

105

Repensar la participación desde los procesos organizativos populares, Alfonso Torres Carrillo ...............................................................................

115

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.................................................

133

Prólogo Con el Estado, contra el Estado, por la garantía de los derechos fundamentales

En el “Documento Estrategia de País 2009-2013”, Intermón Oxfam afirma que “el

enfoque de derechos es el camino principal por el que han de transcurrir las apuestas de IO en Colombia, teniendo a las mujeres como sujetos políticos protagónicos de este suceder. Si el enfoque de derechos es real y estamos convencidos del mismo, entonces el Estado, en tanto que garante de los mismos y sus políticas públicas, ha de estar presente en los objetivos de nuestros programas. Las acciones de nuestras copartes pueden ser con o contra el Estado, pero no al margen del mismo o sustituyéndolo”. Todas las copartes que han participado de esta publicación han tenido la experiencia de gobiernos locales que han practicado políticas claramente antiestatales, si por éstas entendemos las prácticas gubernamentales que no están al servicio del bien común y se resisten a ser controladas por la ciudadanía organizada. Estas políticas antiestatales se caracterizan no sólo por no garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos de la población, sino también por favorecer su vulneración. Para Intermón Oxfam uno de los desafíos principales de las organizaciones sociales de las grandes urbes en Colombia consiste en tratar de devolver a los gobiernos

locales su sentido de Estado o, si nunca han tenido este sentido, generarlo. Las organizaciones sociales en su lucha por la plena garantía de los derechos fundamentales necesitan gobiernos locales al servicio de los intereses estatales y estados fuertes en los que puedan confiar y de los que puedan esperar protección y garantías: Nada es más peligroso para el ejercicio de las libertades ciudadanas, en contra de lo que suele creerse, que un Estado débil… El Estado realmente fuerte es el Estado en el que el ciudadano no tiene miedo ni de pensar por sí mismo, ni de expresarlo, ni de organizarse para buscar las transformaciones que considere necesarias o ventajosas y para luchar contra la injusticia, sea ella oficial o privada1.

Los gobiernos locales de ciudades como Cartagena, Medellín o Bogotá se han relacionado con sus ciudadanos y ciudadanas, con demasiada frecuencia, a través de la dominación, es decir, apuntándole al debilitamiento del Estado. No se han interesado en crear y fortalecer sujetos individuales y colectivos, sino en fomentar la masa acrítica y los individuos aislados.

Si somos humildes hemos de preguntarnos en qué nos ha afectado a nosotros, a los compañeros y compañeras de nuestras organizaciones y a las personas con las que trabajamos, tantos años de políticas antiestatales. Foucault decía que en lugar de preguntarnos, cual sujetos ideales, qué hemos cedido de nosotros mismos al poder soberano y a cambio de qué, deberíamos con más frecuencia e insistencia, “investigar la manera en que las relaciones de dominación pueden fabricar sujetos”2. Sólo hay que observar a algunos presidentes de juntas de acción comunal para darse cuenta de la clase de sujetos que han fabricado las políticas antiestatales de los gobiernos locales. La pregunta que quizá quepa realizar es, después de tantos años de esta práctica, ¿cómo nos han afectados estos gobiernos en nuestra constitución como sujetos individuales y colectivos? Para las organizaciones sociales urbanas dar a los gobiernos locales un sentido de Estado debe convertirse en una demanda social y en una práctica política. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad recoge esta tarea en diversos momentos. Lo

1 Estanislao Zuleta. Colombia: violencia, democracia y derechos humanos. Fundación Estanislao Zuleta, Cali, 1998, pp. 39-40. 2 Michel Foucault. Defender la sociedad. FCE, Buenos Aires, 2001, p. 239.

llama planificación y gestión democrática de la ciudad, función social de la ciudad, derecho a la información pública, producción social del hábitat, desarrollo urbano equitativo y sustentable, etc. Los derechos que la Carta Mundial describe apuntan en su conjunto a una estatización de los gobiernos locales, es decir, recuerdan la obligación que los gobiernos locales tienen, en tanto que forman parte de un todo llamado Estado de Derecho, de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Intermón Oxfam no desconoce que este reto tiene aristas peligrosas y contradictorias. Por eso consideramos aceptables las acciones de nuestras copartes contra el Estado que buscan la garantía y satisfacción de derechos humanos fundamentales, acciones que aspiran al cumplimiento de una justicia que está más allá de la ley y la legalidad. No podemos olvidar, como decía el filósofo Enmanuel Levinas, que: Los derechos humanos no pueden ser una cuestión estatal. Se trata de una institución antiestatal en el interior del Estado; en la media en que invocan a la humanidad, están más allá de lo que el Estado puede realizar3.

Creo que todos y todas hemos experimentado alguna vez esta contradicción en numerosas ocasiones, pero especialmente en el combate contra la pobreza y la miseria. Es difícil vivir en un Estado que piensa que es natural que haya ricos y pobres, pero es insoportable vivir en una ciudad cuyos gobiernos practican políticas que crean pobreza, exclusión y miseria en cantidades indignantes, y se atreven a llamarlo progreso y desarrollo. La miseria, el empobrecimiento y la pobreza son tres grandes enemigos para la emancipación y las luchas de los movimientos sociales. Los reclamos de igualdad, equidad y justicia social, reivindicaciones plenamente humanas y universales, siguen siendo exigencias antiestales que demandamos que el Estado cumpla. Unas veces las exigimos con el Estado y otras contra él, pero nunca al margen del mismo o sustituyéndolo. En estas contradicciones nos movemos y existimos, y es bueno que así sea. Eso demuestra que aún no estamos sometidos, que todavía somos sujetos que creamos y aspiramos, no sujetos fabricados por y subordinados al poder. Sujetos que exigimos

Citado en Costas Douzinas. El fin de los derechos humanos. Legis, Bogotá, 2008, p. 415.

al Estado que garantice los derechos esenciales de los ciudadanos sin tener por ello que someternos a sus mandatos, pues si nos sometiéramos al Estado estaríamos renunciando a los derechos que le estamos exigiendo garantizar. Las organizaciones sociales de las grandes urbes en Colombia tienen un gran camino por recorrer, una gran promesa por alcanzar, porque la democracia es una promesa, un algo que siempre está por-venir como decía Derrida.

Alejandro Matos

Director de Intermón Oxfam en Colombia Bogotá, 4 de febrero de 2010

Post Data. Es justo mencionar y agradecer el apoyo financiero y solidario que una institución estatal como la Generalitat de Catalunya nos brinda a IO y sus copartes para llevar adelante estos sueños supraestatales en el seno del Estado colombiano y a pesar de nuestros gobiernos locales antiestatales. Nuestro reconocimiento pues a las ciudadanas y ciudadanos catalanes por este apoyo.

Introducción

Los ensayos que forman parte de la presente publicación expresan las reflexiones que se han venido construyendo en las organizaciones y ONGs que forman parte de la Mesa Derecho a la Ciudad, que a su vez son copartes de la agencia de cooperación Intermón Oxfam y están ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y la región de Montes de María.

En dichas ciudades el trabajo se realiza en los sectores populares con niños, niñas, jóvenes y mujeres a través de procesos conducentes a fortalecer la ciudadanía en su constitución de sujetos de derechos, hombres y mujeres, con posibilidades de conocer y exigir el cumplimiento de los mismos, trascendiendo a lo público para la incidencia en las políticas públicas. Desde este enfoque se entiende la participación como el empoderamiento de liderazgos en gestión y veeduría urbana-rural para formular alternativas al modelo de desarrollo imperante. Las ciudades antes mencionadas conservan las mismas características como el crecimiento acelerado y desordenado sin una planeación urbana acorde con las capacidades de las mismas, falta de compromiso e identidad, exagerada demanda de movilidad, aumento notorio del desempleo, deterioro permanente del medio ambiente, aumento de los conflictos territoriales por la conformación de plazas de droga, entre muchas otras y que cambian el espejismo otrora debido a la falta

de políticas que prioricen el mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus habitantes. En cada una de estas ciudades son comunes la ejecución de proyectos estratégicos de tipo economicista y que buscan la rentabilidad a toda costa sin importar incluso las afectaciones al medio ambiente; lo que evidencia una gran riqueza en términos de capacidades financieras, infraestructura y equipamiento, desarrollo turístico, desarrollo industrial y comercial, mejoramiento de la movilidad, suministro de servicios públicos. En el caso de Montes de María, se implanta la propuesta agroindustrial de palma aceitera y caña de azúcar para la generación de combustible.

Los dos párrafos anteriores evidencian una contradicción real, y esto nos conduce a realizar las preguntas pertinentes: ¿Los proyectos estratégicos son para el servicio de quién? ¿Y las utilidades quiénes se las distribuyen? Si cada una de las ciudades tiene claro su énfasis económico, ¿por qué razón sigue el crecimiento de la pobreza y el deterioro de los derechos fundamentales? Por ejemplo: ¿De qué le sirve a los desconectados de Medellín el hecho de que Empresas Públicas de Medellín sea una de las mejores empresas de Latinoamérica? ¿De qué le sirve a los sectores populares de Cartagena que ésta figure como un centro de negocios internacionales? Realmente hay mayor movimiento económico, pero las utilidades son para unos pocos y en su mayoría para empresas multinacionales, aumentando así la brecha entre ricos y pobres. Es precisamente en las ciudades de mayor población en donde las problemáticas sociales son cada vez mayores y éstas son reflejo del sistema neoliberal que agudiza cada vez más la situación de pobreza, concentración de poder, riqueza, corrupción y en la actualidad mayor afectación al medio ambiente. En la lógica de los megaproyectos las ciudades pasan a ser regiones de inversión, siendo fundamental las conexiones viales y ahí, toda una serie de proyectos para el acercamiento a los puertos marítimos en pro del comercio internacional. El desarrollo de megaproyectos en cada una de estas ciudades avanza vertiginosamente; debido a la magnitud de los mismos, no se sabe donde se tomaron las decisiones ni quiénes las aprobaron, simplemente aparecen como proyectos para el desarrollo. Con todo esto adquiere mayor sentido la mesa derecho a la ciudad, pues en la práctica los y las ciudadanas somos excluidos de las ciudades en la medida en que no

accedemos a los servicios que tenemos como derechos, por ser ciudadanos, y mucho más a los procesos de empoderamiento de la ciudadanía participativa por una vida en mejores condiciones de vida. SOBRE CIUDADANÍA, DESARROLLO Y DIGNIDAD reflexiones desde las organizaciones sociales en Bogotá, Medellín, Cartagena y Montes de María, desarrolla estos ensayos a partir de tres capítulos. Un primer capítulo CIUDADES Y CIUDADANÍAS, el cual presenta la lectura que las organizaciones sociales tienen sobre el modelo de desarrollo y de ciudad que este modelo conlleva, en las ciudades de Medellín, Cartagena, Bogotá y la región de Montes de María. Un segundo capítulo CIUDADANÍAS QUE CONSTRUIMOS LAS MUJERES, que expone en sus tres ensayos experiencias organizativas de mujeres que participan en procesos de participación ciudadana desde una lectura de derechos de las mujeres y que establecen una interlocución con las políticas públicas de mujer y géneros en las ciudades de Medellín, Cartagena y Bogotá. Por último, un tercer capítulo CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS CIUDADANÍAS plantea la discusión sobre ciudadanías y participación desde un abordaje conceptual, dando pistas para sus lecturas en el contexto nacional y latinoamericano. En este sentido, SOBRE CIUDADANÍA, DESARROLLO Y DIGNIDAD reflexiones desde las organizaciones sociales en Bogotá, Medellín, Cartagena y Montes de María, presenta una serie de ensayos que aportan a la reflexión sobre la exclusión de ciudadanos(as) en sus respectivas ciudades y sobre la importancia de la realización de acciones de incidencia que potencie la inclusión de las poblaciones más pobres.

John Jaime Sepúlveda FEPI

Mesa Derecho a la Ciudad: el camino recorrido

En el año 2004 se propone y se constituye la Mesa Desarrollo Local y Participación

Ciudadana, como espacio propiciador de procesos de reflexión y construcción de pensamiento, de reflexión sobre las prácticas locales y espacio de intercambio de experiencias entre las copartes de Intermón Oxfam en Colombia que participan en el Programa Derecho a la Ciudad: por una ciudadanía participativa e incluyente. Desde las realidades de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, se planteaban interrogantes como: ¿cómo se están disponiendo estas ciudades en esta tendencia de mundialización económica y de “contexto de competitividad”?; ¿cómo intervenir eficazmente en unas realidades de ciudades abastecedoras de mercados, de servicios nacionales e internacionales, pero igualmente generadoras de grandes situaciones de pobreza urbana?; ¿qué funciones se le están asignando a las áreas rurales cercanas a los grandes centros urbanos?; como prestadores de servicios, ¿qué peso específico tienen en las ciudades los actores globales?; ¿qué relación existe entre las políticas públicas a las que aspiramos en las ciudades y las prácticas sociales de la vida cotidiana?; ¿cuáles son las características de las luchas sociales y movimientos sociales urbanos por procesos sociales de

inclusión?; ¿qué avances, dificultades y retos estamos enfrentando como actores locales en las luchas por el acceso a los bienes y servicios urbanos, en las acciones por el Derecho a la Ciudad, en la dinamización de estrategias de desarrollo local?; ¿qué nuevos escenarios y lugares ofrecen las ciudades como oportunidades para el desarrollo de la participación y la organización popular? Con la participación de las organizaciones sociales copartes de Intermón Oxfam que se involucran en este proceso (Asociación Santa Rita para la Educación y la Promoción-FUNSAREP, Corporación Desarrollo SolidarioCDS, Fundación Hogar Juvenil, Centro de Promoción y Cultura-CPC FASOL, Fundación CINEP, Corporación CON-VIVAMOS, Corporación Simón Bolívar y Fundación para la Educación Popular y la Pequeña IndustriaFEPI), la Mesa define como objetivos:

•

Avanzar en la reflexión acerca de las prácticas de desarrollo local que dinamizan las organizaciones sociales en las distintas ciudades, compartir de logros, dificultades y retos.

•

Construir colectivamente pensamiento social, centrando el análisis en las tendencias de modelos de ciudad imperantes y sus dinámicas actuales (globalización económica, Tratados de Libre Comercio, megaproyectos, reforma urbana, Plan de Ordenamiento Territorial, Derecho a la Ciudad, movimientos urbanos populares).

Entre los años 2005 y 2006, en los encuentros de la Mesa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana surgieron una serie de debates que fue necesario abordar progresivamente. Las temáticas y problemáticas que estaban a la orden del día eran las concepciones de desarrollo local y participación popular, las tendencias de los modelos de ciudad, la caracterización y papel de los movimientos urbano-populares en el momento actual, y participación política y gobernabilidad. Particularmente, en el año 2006 se abordó la temática concerniente a las tendencias imperantes de modelo de ciudad generadas por el modelo económico hegemónico y las formas de resistencia urbana popular que desde estas realidades se están produciendo. Los debates se enfocaron en el modelo de desarrollo que se implementa en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, las cuales están inmersas en la tendencia de mundialización económica y de “contexto de competitividad”. Están siendo pensadas –cada una de sus particularidades– como abastecedoras de mercados, de servicios nacionales e internacionales, pero igualmente generadoras de grandes situaciones de pobreza urbana. Porque como ciudades competitivas se les invierte en seguridad e infraestructura, olvidándose las prioridades que tiene la mayoría de la población. Es en este marco en el que se proponen las luchas sociales y las dinámicas de los movimientos sociales urbanos por procesos sociales de inclusión. Las preguntas que orientaron las reflexiones, fueron: ¿qué avances, dificultades y

retos estaban enfrentando las organizaciones sociales como actores locales en las luchas por el acceso a los bienes y servicios urbanos, en las acciones por el derecho a la ciudad, en la dinamización de estrategias de desarrollo local?; ¿qué nuevos escenarios y lugares ofrecen las ciudades como oportunidades para el desarrollo de la participación y la organización popular? Se plantea el desafío de apostar por un desarrollo con perspectivas humanas que dinamice las identidades y el territorio. Entendiendo que el desarrollo debe apuntar hacia ciudades competitivas, pero incluyentes, justas y que garanticen una vida digna para todos y todas; la necesidad de identificar esos problemas urbanos que interpelan al movimiento social y a las organizaciones sociales que trabajan por la inclusión de los sectores populares en el modelo de desarrollo; verificar si los planes y acciones responden a esos problemas urbanos, a partir de la lectura política del territorio; seguir profundizando el tema de los modelos de desarrollo y sus implicaciones en el conjunto de la sociedad. En este escenario de certezas e incertidumbres se ve claro el interés por hacer un trabajo de incidencia política analizando los problemas, buscando alternativas en las articulaciones y alianzas desde un punto central, que es la dignidad humana. En ese momento, las organizaciones comprenden que necesitan mayor información, sustentar sus posiciones con datos y con argumentación, acompañadas con la recreación de la participación ciudadana, social y política. Se hace muy importante poner en la agenda pública el tema de los servicios públicos y trabajarlos como un derecho, junto con los temas de desempleo y de vivienda para los sectores populares. Las organizaciones que componen la Mesa se reúnen en el 2006 con los objetivos de avanzar en la cualificación de los procesos de formación y organización social de la ciudad de Cartagena, reflexionando sobre las experiencias que tienen las organizaciones participantes en el campo del trabajo del desarrollo local y la movilización social urbana en las ciudades de Medellín y Cartagena; y compartir –desde las perspectivas del desarrollo local y modelo de ciudad presente– las miradas que tienen las organizaciones sociales sobre los gobiernos de las ciudades de Medellín, Bogotá y Cartagena. De estas reflexiones e intercambios surgen varios compromisos: •

Fortalecer el desarrollo de nuevos liderazgos democráticos, de propuestas alternativas y de capacidad de gestión urbana.

•

Trabajar por el fortalecimiento de la organización social alrededor de propuestas de veeduría ciudadana y de procesos serios de concertación social y construcción de lo público.

•

La construcción de Proyecto de Ciudad Incluyente.

•

La articulación de procesos de formación y organización ciudadanas que contribuyan –entre otras– en la construcción de una nueva cultura política y ciudadana y el compartir de experiencias de construcción de democracia local.

•

La dinamización de verdaderos procesos de empoderamiento y de formación política para la acción política.

•

El desarrollo de procesos que apunten al ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en el acceso y calidad de los servicios públicos domiciliarios; el agua como bien público y derecho humano.

En los años 2008, 2009 y comienzos del 2010 gracias a la oportunidad que ofrece el desarrollo conjunto del Proyecto “Fortalecimiento de la participación democrática de los sectores populares para su inclusión política, social, económica y cultural en Medellín, Bogotá, Cartagena y Montes de María”, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo e Intermón Oxfam, y con el fortalecimiento de una dinámica de interlocución y debate político y conceptual entre las organizaciones que componen la Mesa, ésta consigue avanzar en los siguientes procesos:

1) Participar activamente en la formulación/construcción del marco de referencia de Intermón Oxfam para el Eje Estratégico 5. CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD del Plan Estratégico 2007-2017 “Exigimos justicia”, cuyo objetivo global se formula de la siguiente manera”. Intermón Oxfam contribuirá a la construcción de un movimiento ciudadano global con capacidad para exigir justicia a los gobiernos y al sector privado, y al establecimiento de un entorno privado y público favorable para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”1.

Esta participación se concretó en dos niveles:  En la construcción del Marco de Referencia de Intermón Oxfam sobre Pobreza y Exclusión Urbana en Sudamérica.  En la construcción del Documento Estrategia de Programa (DEP) de Intermón Oxfam en Colombia: Derecho a la Ciudad: por una ciudadanía participativa e incluyente.

En estos dos niveles, las organizaciones que participan en la Mesa Derecho a la Ciudad aportaron sus propios análisis, experiencias, aprendizajes y lineamientos políticos, para alcanzar un consenso sobre la orientación que debería darse al Eje Estratégico Ciudadanía y Gobernabilidad de Intermón Oxfam, tanto en Sudamérica como en Colombia.

Intermón Oxfam, Plan Estratégico Institucional 2007-2017 – Exigimos Justicia.

Particularmente en la formulación del DEP de Intermón Oxfam para Colombia, las organizaciones de la Mesa se involucraron activamente en reflexiones, que permitieron:

– Realizar un análisis de contexto económico, social y político identificando las tendencias y desafíos para la construcción de ciudadanía y gobernabilidad en Colombia, desde el marco de actuación del Programa. – Analizar e intercambiar sobre las problemáticas que enfrentan los sectores populares, como actores primarios de cambio, en los diferentes contextos en los que desarrollan sus acciones las organizaciones sociales que hacen parte del Programa. – Identificar y analizar la importancia e influencia que tienen en el Programa los actores clave y el mapa de poder a nivel local, regional y nacional. – Abordar el análisis de los derechos que son vulnerados a los sectores populares y específicamente a las mujeres. – Definir las líneas de acción que hacen parte de la estrategia de Intermón Oxfam en el país, en el marco del Programa Derecho a la Ciudad: por una ciudadanía participativa e incluyente:  Planificación y gestión de la ciudad  Producción social del hábitat  Desarrollo urbano equitativo y sustentable  Derecho a la información pública  Derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos  Formación en liderazgo ciudadano  Fortalecimiento organizativo de las redes sociales  Apoyo a la movilización social en exigibilidad de derechos  Empoderamiento ciudadano de las mujeres

2) Recorrer, conocer y analizar conjuntamente los territorios en los que se desarrolla el proyecto (comunas populares de Medellín, Cerros orientales y zona suroccidental de Bogotá, zona rural de Montes de María, y sectores populares de población afrodescendiente en Cartagena), identificando e intercambiando aprendizajes a partir de la experiencia de cada organización, que contribuyan a la reflexión conjunta sobre la ciudadanía y la participación ciudadana de los sectores populares, en los diferentes territorios. Esta reflexión ha contado además con aportes de diferentes debates académicos que contribuyen con importantes elementos teóricos y conceptuales a las reflexiones que ha abordado la Mesa. 3) Intercambiar y debatir, en diferentes momentos: los diversos enfoques y concepciones de ciudadanía que manejan las organizaciones sociales; las tensiones que se evidencian en el ejercicio de la ciudadanía de los sectores populares; y los diferentes caminos por los que transitan hacia la construcción de una ciudadanía participativa de dichos sectores.

4) Fortalecer la interlocución entre las organizaciones que componen la Mesa a través de la participación en acciones estratégicas a nivel local, como: el Foro Social Medellín y el Carnaval por la Vida, convocados por las organizaciones de Medellín; el Carnaval de Britalia, convocado por el CPC-FASOL en Bogotá; Arte en mi Barrio, convocado por el CINEP, en Bogotá. A partir de la diversidad de experiencias, saberes y aprendizajes, se establecen puntos de encuentro que sirven como referencia para la construcción de una estrategia compartida y articulada entre las organizaciones que participan, buscando transformar las estructuras que refuerzan políticas y prácticas de exclusión e inequidad, en los diferentes contextos. Se expresan también disensos que dan cuenta de la diversidad de enfoques, metodologías y prácticas en torno a temas como: ciudadanía, gobernabilidad, el ejercicio de la ciudadanía, la participación comunitaria, la organización social, etc. En este período, un acuerdo importante en el seno de la Mesa es el de adoptar la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (CMDC), entendida como “modelo de sociedad y vida urbana sustentables, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural”.

En tanto la CMDC busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades, las organizaciones copartes de Intermón Oxfam en Colombia que participan en este proceso, decidieron actualizar su nombre llamándolo desde el 2009, Mesa “Derecho a la Ciudad”. La presente publicación recoge las reflexiones que han estado presentes en el proceso de la Mesa Derecho a la Ciudad, con valiosos aportes de las organizaciones que la componen y de la academia. Es un esfuerzo por mantener vivos los debates que se nutren de la experiencia de estas organizaciones sociales y que a su vez iluminan el camino.

CapĂtulo I

Ciudades y ciudadanĂas

Tendencias del modelo de ciudad en el caso de Medellín, moderna y competitiva, pero sin el derecho a la ciudad y al ejercicio de la ciudadanía Por: Luis C. Mosquera M.1

23 Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), para el 2030 un 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas2. El doble de gente que en 1950, y un 22% más que en 2003, señala el Programa de la ONU para el medioambiente o PNUMA. El planeta contará ya para 2015 con 23 centros urbanos con una aglomeración de más de diez millones de habitantes, contra las 19 que teníamos en 2000. Un 80% de estas ciudades gigantes se encontrará en los países en vías de desarrollo, tal y como ocurre actualmente. El crecimiento de las ciudades ha sido espectacular desde los años 50, cuando sólo entraba dentro de esta categoría la ciudad de Nueva York, con 12 millones de habitantes entonces3.

1 El Autor es economista, Coordinador de Desarrollo Institucional de la Corporación Con-Vivamos. Enero 2009. Para la Mesa de Desarrollo Local, Plataforma Intermón Oxfam Colombia. 2 Datos proporcionados por el informe mundial sobre asentamientos urbanos de la ONU para el 2015. 3 Extracto de documento presentado por las Naciones Unidas en el marco de las Jornadas Mundiales del Medioambiente, celebradas a principios de junio de 2009 en California.

Las mayores aglomeraciones urbanas (en millones) Ciudad

Población

Tokio, Japón

28.7

Bombay, India

27.4

Lagos, Nigeria

24.4

Shanghai, China

23.4

Yakarta, Indonesia

21.2

Sao Paulo, Brasil

20.8

Karachi, Pakistán

20.6

Beijing, China

19.4

Dhaka, Bangladesh

19.0

Ciudad de México, México

18.8

La única ciudad de un país desarrollado que estará entre las diez ciudades más grandes es Tokio; el resto se encontrarán en países de economías emergentes. El informe plantea que el 80% de pobladores urbanos a nivel mundial vivirán en países en vía de desarrollo para el 2025. Este fenómeno se explica en parte desde los modelos de ciudad. Los países en vía de desarrollo se caracterizan por concentrar en una gran urbe la mayor parte de la población en contraste con pequeños pueblos rurales.

Fuente: Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos, 1995.

Población de Medellín 24

Medellín no es ajena a las tendencias de los modelos de ciudad, basados en el crecimiento urbano. De acuerdo a datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), Medellín se consolidó como la segunda ciudad del país con 2.223.078 habitantes y 612.115 hogares4. En el último medio siglo el crecimiento de la población de Medellín ha sido más acelerado que el registrado en el departamento de Antioquia y el total del país, convirtiendo a la ciudad en uno de los principales epicentros poblacionales del territorio nacional, con el consiguiente aumento de la demanda de servicios y equipamientos urbanos. La población de Medellín es mayoritariamente urbana. En la ciudad habita el 94%, mientras en la zona rural vive el 6% de la población5, pese a que el 70% del área geográfica de la ciudad es rural y sólo el 30% es urbano. Tal situación presenta dos tensiones, la primera el crecimiento de la ciudad presiona la expansión hacia

Datos extraídos del Censo poblacional de 2005. Documento de política pública para la familia en Medellín, “Un reto para la consolidación del tema en la cuidad”, documento final, Hernando Muñoz Sánchez, consultor. 4 5

la zona rural, provocando una fuerte devastación medioambiental, y la segunda la presión a los campesinos para que cambien la vocación de las finca de uso agrícola por fincas de recreo para atender el turismo. Medellín ofrece las condiciones de una ciudad-región. Dicho municipio está situado en el centro de un valle, cruzado por el río Medellín de Sur a Norte, y en este valle se reúnen diez municipios de la Subregión Valle de Aburrá del Departamento de Antioquia. El Área Metropolitana de Medellín (oficialmente Área Metropolitana del Valle de Aburrá) es la entidad político administrativa. Su núcleo es Medellín (capital del Departamento) y los otros miembros son (de sur a norte): Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa. Medellín se consolidó como la segunda ciudad del país con 2.223.078 habitantes y la población total urbana y rural de la Región Metropolitana es de 3.414.165 habitantes.

Medellín, ciudad de tercer piso Se entiende por ciudad-región el área circundante de las grandes aglomeraciones que crecen a costa de los recursos y servicios de los municipios vecinos, el producto de alianzas entre municipios y subregiones con dinámicas propias, que tienen problemas comunes y característicos, necesidades y potencialidades diferentes6. Para el caso que nos asiste, tenemos el ejemplo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)7, que es una entidad administrativa, mas no política. La tendencia expuesta por algunos especialistas en el tema de planeamiento urbano advierten que las presiones del entorno mundial, sumado a la aglomeración urbana exigen que el área metropolita pase de ser figura administrativa a una figura de orden político, es decir con una estructura de gobierno conformada por una Alcaldía mayor con alcaldías menores. En estos términos la ciudad-región busca resolver los siguientes problemas de la metrópoli o aglomeración central: crecimiento y expansión de la ciudad, suministro de los servicios y solución a los problemas de saneamiento ambiental –agua, energía, disposición de residuos–, suministro de alimentos y materias primas para el sector productivo.

Formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos regional del Valle de Aburrá, ponencia: Zoraida Gaviria G. 2004. Nace en 1980, la rigen fundamentalmente las Leyes 128 de 1994, 99 de 1993, tiene el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana, desempeñando funciones de planeación como su razón de ser. Es autoridad ambiental y de transporte masivo de mediana capacidad. Es una entidad gestora del desarrollo de la Región del Valle de Aburrá. 6 7

En términos de movilidad, existen demandas relacionadas con la localización espacial de la población, que cambia de lugar de residencia por diversos motivos. De una parte la creación de suburbios de clase alta que ven en la ciudad problemas de congestión y contaminación, generando demandas de movilidad hacia la ciudad donde se mantienen los centros de negocios, y las migraciones en busca de oportunidades. De otra parte la movilidad relacionada con la conexión de la ciudad a los puertos y centros de mercado8.

Ciudad moderna y competitiva Desde principios y hasta mediados del siglo XX, las principales empresas de Colombia se asentaban en Medellín, lo que le valió el título de “Capital Industrial de Colombia”, una condición ciertamente importante pero no precisamente útil para el turismo. Sin embargo, hoy por hoy, Medellín no sólo es ciudad industrial por excelencia sino también ciudad comercial, ciudad de servicios, ciudad de convenciones, negocios internacionales, ciudad de turismo corporativo.

Las últimas cuatro administraciones municipales de la ciudad, han orientado a Medellín hacia la modernidad y la competitividad al igual que otras ciudades latinoamericanas. Según lo expresado en el plan de desarrollo de Medellín 2008-2010, las ciudades modernas y competitivas garantizan las adecuadas provisiones de bienes y servicios de alta calidad, que promueva la inversión y que asegure la permanencia de la población calificada, para alcanzar altos niveles de competencia en un mercado global. La intensión de adecuar a Medellín y los diez municipios del área metropolita como ciudad-región facilita el cumplimiento de este propósito. Como se expresaba en párrafos anteriores, la competitividad de la ciudad pasa por emprender un intenso proceso de transformación urbana y construcción de obras de infraestructura física y vial. Coherente con lo anterior, la actual Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, se han empeñado en desarrollar mega-proyectos relacionados con la conexión de la ciudad a los puertos y centros de mercado que le sirvan a Medellín desde diferentes subregiones de Antioquia.

8 PGIRS REGIONAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ, Ponencia: Zoraida Gaviria G. Convenio 325 de 2004, AMVA325-PE-Visión Regional Zoraida Gaviria G.

En este sentido se adelantan varios mega proyectos, para ir consolidando el proyecto de ciudad de tercer piso o ciudad-región: en el primer piso, área metropolitana, se encuentran los proyectos de los ejes fundamentales del desarrollo del Norte, los cuales están constituidos por las obras sobre el corredor multimodal del Río Medellín y los proyectos del plan de obras de la concesión vial Aburrá Norte que se articulan a él, dentro de las cuales se destacan: El intercambio vial de Girardota y de El Hatillo. La extensión del tren metropolitano hasta Girardota, el tren de cercanías hasta el Municipio de Barbosa,la ampliación de la vía Solla-Niquia a doble calzada,La doble calzada Bello-Hatillo, Iluminación del tramo entre Niquia-El Hatillo, la Terminal de carga y el puerto seco a la altura de El Hatillo. Para completar la estrategia del segundo y tercer piso se adelantarán los proyectos “Autopistas de la montaña” compuestos por los proyectos: “Túnel de occidente-El tigre”, con vías de doble calzada a Urabá que abre la posibilidad de abrir los mercados e incrementar la competitividad de la industria de Medellín y Urabá recortando distancias al puerto para salir a los mercados mundiales. En el proyecto “El Hatillo-Puerto Berrío”, está la doble calzada al Magdalena medio, articulado a la navegabilidad del Río Magdalena. En el proyecto se emprenderá la construcción de un carril adicional Hatillo-Don Matías-Caucasia con un total de 1.000 kms de dobles calzadas (de igual manera allí funcionaría un puerto logístico) para llegar a la costa atlántica. Estos proyectos despejan el futuro del Aburrá Norte y lo ponen rumbo a la competitividad, al igual que le permite la salida de todo el valle de Aburrá a los mercados del bajo Cauca, El Magdalena medio, el Nordeste y el Norte de Antioquia, y a nivel internacional abre las puertas al comercio con el Caribe y Venezuela. El proyecto “Ancon Sur- tres puertas”, con una extensión aproximada de 234 kilómetros, es una solución al eje cafetero y sus departamentos Caldas, Quindío y Risaralda, que le permitiría a Antioquia desarrollar e integrar mercados y negocios con uno de los grandes ejes de desarrollo económico del país. Allí estaría ubicado otro puerto seco para acortar distancias con el Valle del Cauca, donde el Puerto de Buenaventura es fundamental para la importación y exportación de bienes. Para la región del oriente antioqueño se tienen previstos distintos megaproyectos, de los cuales se destacan: proyecto Pescadero-Ituango, de producción eléctrica, el mayor construido en el país, que tendrá la capacidad de producir 2.400 megavatios de energía, el túnel a oriente y las dobles calzadas que conduzcan a los dos puertos secos que se construirán en la región, la integración de los aeropuertos, El Carmen-El Santuario, la doble calzada Santuario, Puerto Triunfo y Bogotá. Dichos megaproyectos hacen al Oriente antioqueño, por la diversidad de sus riquezas, una región geográfica estratégica y privilegiada para el desarrollo de Antioquia y del país.

Enfoque del modelo de la ciudad de Medellín Como se expresaba anteriormente, los cuatro últimos mandatarios de la ciudad de Medellín han coincidido en conducir la ciudad hacia el proyecto de la City marketing o marketing de ciudades, entendido como la disciplina que nace a partir de la necesidad de buscar una identidad propia que ponga en manifiesto los valores de una ciudad y proyectar sus recursos y cualidades a públicos internos y externos9. En el marco actual podría ampliarse el concepto y redefinirse como una herramienta de gestión postmoderna de ciudades que eclipsa el planeamiento estratégico, el re-diseño de la ciudad, la implicación ciudadana para lograr “la ciudad ideal” y obtener una mejor calidad de vida y, luego sí, ser competentes internacionalmente10.

Dichos gobiernos han hecho inversiones excesivamente costosas en la modernización y la competitividad, con el objetivo de “vender” la ciudad, llenarla de turistas, atraer inversiones y exhibirla. Pero hasta ahora los resultados no justifican la inversión millonaria que se ha hecho para transformar la ciudad, ya que Medellín continúa con problemas estructurales no resueltos como es la situación de pobreza que registra un 55% y el nivel de indigencia 16%, mientras el coeficiente de GINI11 se ubica en un valor de 0,53 para el 200512. Lo anterior pese a que la administración del alcalde Alonso Salazar destina el 81% de su presupuesto a la inversión social13. Desde la Red de Organizaciones Comunitarias de Medellín, consideramos que el actual modelo de ciudad no resuelve los graves problemas sociales. Mientras se avanza en el embellecimiento y la competitividad con resultados que favorecen la concentración de riqueza, la inversión especulativa y mayor participación en la economía de los señores de la guerra, los indicadores de desarrollo (Índice de Calidad de Vida, Diagnóstico Integral Ciudad Equidad, Sistema de Identificación Beneficiarios de la PS) confirman el aumento de la pobreza en Medellín.

Autor, Toni Puig, libro Marca Ciudad, hace referencia a diferentes tipos de citymarketing. Abid. 11 Gini, el índice que mide la distribución del ingreso esta correlacionado con el comportamiento de la economía. 12 Por el Sistema de selección de beneficiarios (Sisben) se asimilaron a condición de pobreza los niveles 1, 2 y 3. Según este criterio, las comunas en las cuales habita el mayor número relativo de población en condiciones de pobreza son Popular (93% de la población en pobreza), Santa Cruz (97,2%), Villa Hermosa (87%) y San Javier ((86%); los índices de menor pobreza, según el Sisben del año 2005 corresponden a Laureles Estadio (0,9%), El Poblado 49 (1,6%) y La América (2,9). La incidencia de la pobreza en todos los corregimientos se encuentra en niveles superiores a 58% alcanzando un valor de 80,3% en Altavista. 13 Del presupuesto de Gastos del Nivel Central del Municipio el 81% se destinará a la inversión social ($1.981.573 millones), el 16% a funcionamiento ($384.712 millones) y el 3% ($74.738 millones) al pago y servicio de la Deuda Pública. 9

En los últimos años las Organizaciones Comunitarias y Populares de Medellín hemos venido visibilizando las distorsiones del modelo, lo cual está expresado por la pobreza que persiste en las comunas Popular y Santa Cruz, que se caracterizan por el nivel más alto de pobreza (100%), pero se agrega Manrique con el 84,4% de la población en pobreza. Se suma a esto el alto número de desconectados de los servicios públicos por falta de ingresos. Según cifras de EPM, cerca de 55.000 hogares están desconectados del uso de energía, 52.500 contadores desconectados del servicio de agua potable y 120.000 del teléfono14. La precariedad de los ingresos, 75 por ciento de los ingresos de los habitantes populares son inferiores al salario mínimo. Sólo un 30 por ciento de estos habitantes tiene alguna forma de subsistencia desde el empleo informal o de otras formas de subempleo, y la población con un empleo fijo no supera el 6 por ciento.

Una ciudad para vivirla dignamente Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio. Por lo anterior, las organizaciones comunitarias y populares discrepamos del modelo de ciudad que se viene adelantando. Como organizaciones consideramos que la ciudad es esencial al ser humano, por eso una ciudad que piense y ponga en el centro a la persona, garantiza el derecho al trabajo digno, la atención adecuada a los mínimos vitales y la apertura del espacio público para que los individuos logren transformarse como ciudadanos. Desde el 2006, la Red de Organizaciones Comunitarias ha venido proponiendo el decálogo por el derecho a la ciudad, como ruta para la construcción de un modelo de desarrollo incluyente. Dicho decálogo contiene los siguientes puntos: 1.

Sostenibilidad ambiental.

Vivienda y espacio público.

Seguridad alimentaria.

Cifras presentadas por EPM en el primer reporte de desconexión de 2008.

Renta básica ciudadana.

Empleo e ingresos.

Salud y protección social.

Derecho a la educación básica y universitaria.

Servicios públicos domiciliarios.

Convivencia social y derechos humanos.

10. Participación y gobernabilidad. De igual manera recomendamos que las futuras administraciones municipales incorporen en los planes de desarrollo la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que invoca la construcción de un modelo sostenible de sociedad y vida urbana, basado en principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

Por lo tanto el “urbanismo social” que se viene desarrollando en Medellín, debe poner importante atención al patrimonio comunitario, ya que en éste se definen las formas de participación, la manera de relacionarse y la identidad popular. Tal como lo expresa Jordi Borja, en la ciudad lo primero debe ser los espacios colectivos. El espacio público define la calidad de vida de la ciudad, porque indica la calidad de ciudadanía de sus habitantes. La modernización y el progreso de Medellín, debe transcender la estética urbana y las intervenciones arquitectónicas de calidad, para centrarse en resolver los problemas de inequidad social que se viven en la periferia de la ciudad. Un modelo de ciudad incluyente debe contar con un estado local democrático, respetuoso y garantista de los derechos humanos, y con capacidad de recuperar el monopolio de la fuerza, de manera que la ciudad no se convierta en un territorio disputados por los “señores de la guerra”.

Bibliografía Organización de Naciones Unidas (2009). Informe mundial sobre asentamientos urbanos para el 2015. DANE, Censo poblacional 2005. Muñoz Sánchez Hernández (2006). Documento de política pública para la familia en Medellín. Gaviria, Zoraida G. (2004). Plan de gestión integral de residuos sólidos regional del Valle de Aburrá. Página web. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Plan de Desarrollo 2008-2010. Alcaldía de Medellín. Pérez Zapata, Elkin (2009). Ponencia “Una mirada desde la red de planes zonales de Medellín en asocio con el Consejo Territorial de Planeación de Medellín”. Corporación Con-Vivamos. Mosquera Martínez, Luis C. (2009). Análisis de contexto, Medellín ciudad de contrastes. Corporación Con-Vivamos. Puig, Toni (2006). Libro marca de ciudad. SISBEN, (2005). Empresas Públicas de Medellín –EPM– (2008). Informe.

Nuestra apuesta de construcción de ciudadanía desde la ciudad de Cartagena de Indias Por: Israel Díaz Febrero de 2009

33 Presentación Este trabajo está fundado en un proceso de reflexión colectiva realizado en el año 20061 por un colectivo que en su momento llamábamos Desarrollo Local y Participación Ciudadana, conformado por las siguientes organizaciones no gubernamentales que tienen sus sedes en la ciudad de Cartagena de Indias: Corporación de Desarrollo Solidario –CDS–, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción –Funsarep–, Aprodic y la Fundación Hogar Juvenil, con el cual varios lazos nos siguen uniendo; además, la mayoría somos copartes de la Organización de Cooperación Internacional Intermón Oxfam. Estas organizaciones nos articulamos para:

Actualizado en febrero de 2010 por este mismo Colectivo de Organizaciones.

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El desarrollo de nuevos liderazgos democráticos, de propuestas alternativas al modelo de desarrollo hegemónico en esta ciudad y de capacidad de gestión urbana al servicio de los intereses de los sectores populares.

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El fortalecimiento de las organizaciones populares alrededor de propuestas de veeduría ciudadana; desarrollo de gobernabilidad democrática, procesos serios de concertación social y construcción de lo público.

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La construcción de Proyecto de Ciudad y de procesos que faciliten la apropiación de nuevos conocimientos y habilidades para la construcción e una ciudadanía activa y plena.

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La multiplicación de procesos de formación y organización ciudadanas que contribuyan –entre otras– en la construcción de una nueva cultura política y ciudadana y el compartir de experiencias de construcción de democracia local.

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Con este documento se quiere, en primer lugar, presentar nuestro análisis del modelo actual de desarrollo de la ciudad de Cartagena de Indias, que nos afecta negativamente como sectores populares y afro-colombianos, por ser un modelo excluyente, discriminador y elitista para la mayoría de la población que habita la ciudad. En segundo lugar, tomar como bandera estratégica el Derecho a la Ciudad en los procesos de construcción de ciudadanía democrática, teniendo como referente la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y, para el caso concreto de este análisis, su Artículo V denominado Desarrollo urbano equitativo y sustentable, el cual reza así: 1.

Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las ciudades deben adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa.

La planificación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberán integrar el tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio público2.

Y como tercer objetivo, plantear retos y perspectivas a los movimientos sociales de la ciudad de Cartagena y del país en términos de propuestas de construcción de ciudadanía y desarrollo local. He aquí nuestro análisis de la ciudad de Cartagena de Indias: En el Mar Caribe Colombiano, la ciudad de Cartagena de Indias está ubicada en una amplia bahía rodeada de islas, como la de Tierra Bomba y la de Barú; y atravesada por todo un sistema acuático de caños y lagunas, destacándose en nuestro caso el Caño Juan Angola. Por su privilegiada ubicación geográfica tiene una enorme importancia estratégica para Colombia: ciudad turística, puerto marítimo de comercio internacional y centro de producción de productos petroquímicos. La privilegiada situación de puerto marítimo y fluvial, industrial, turístico y militar de Cartagena no es sólo de nuestros días, sino que tiene antecedentes históricos. Durante la colonización española, Cartagena representaba el puerto más importante para el saqueo de materias primas, era el sitio de llegada de población africana esclavizada y convertida en plaza fuerte para defenderse del ataque de piratas. La población negra esclavizada en la ciudad fue obligada a prestar sus servicios serviles en actividades económicas comerciales, servicio doméstico, grandes construcciones y ventas de frutas. En el año 1851, fue abolida legalmente la esclavización en Colombia; sin embargo, todavía hoy se notan los estragos causados por esta situación inhumana y por las situaciones de invisibilización y de marginalidad en las que han sido sometidas las poblaciones negras en la ciudad. El actual modelo hegemónico de desarrollo de la ciudad es fundamentalmente un modelo de desarrollo y de ciudad meramente economicista. Este proyecto de ciudad hegemónico concibe, sueña y apuesta por una Cartagena turística, industrial y portuaria. La visión de este modelo concebido en el Plan Estratégico Cartagena 2011 es “ser el principal centro logístico y de negocios del Caribe, orientado hacia el desarrollo turístico, industrial y cultural, para generar riqueza y bienestar social”; mientras que la misión es “impulsar el desarrollo económico y social, orientado al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, preservando sus recursos naturales y su identidad Caribe”. Aunque aparezcan en estos planteamientos expresiones como “desarrollo cultural”, “bienestar social”, “mejoramiento de la calidad de vida”, “preservación de recursos natura-

Carta Derecho a la Ciudad.

les” e “identidad Caribe”, lo que en este proyecto prima es el desarrollo económico de la ciudad centrado en el turismo, la industria y el puerto del Caribe. Este modelo de desarrollo económico de la ciudad tiene nombre: es un modelo de corte neoliberal y la propuesta es articular la ciudad a los circuitos de la globalización económica neoliberal. El núcleo central del modelo de desarrollo hegemónico radica en el atractivo de una propuesta de ciudad altamente competitiva para la cual la pobreza y miseria de la mayoría de sus habitantes es un problema estético, en tanto “afean” a la ciudad que hay que mostrar a inversionistas en el exterior. La pobreza, el desempleo y la miseria en Cartagena son problemas no tanto por la gran cantidad de gente que los sufren sino precisamente porque se percibe a los habitantes como una amenaza al turista o inversionista que desee permanecer en ella. Lo mismo ocurre con la problemática de la delincuencia: mientras ésta esté dirigida a los mismos cartageneros y cartageneras no es un problema; lo es cuando afecta al centro turístico y a los turistas.

En Colombia, las poblaciones urbanas y rurales, en su mayoría, están privadas o limitadas en virtud de las situaciones económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y generacionales para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Cada vez más los centros urbanos se convierten en el espacio cotidiano de miles de personas que llegan a ocuparla con la idea de encontrar algún tipo de desarrollo económico, social o cultural, o simplemente porque no tuvieron otra alternativa y sus causas y razones son de vida o muerte. Hay muchas ciudades en Colombia que hoy en día se han convertido en territorios que albergan una considerable cantidad de personas que rebasan las capacidades de su equipamiento, lo que implica una enorme responsabilidad para los agentes que administran las ciudades, ya que de eso depende la calidad de vida de sus habitantes. Cartagena de Indias, es una de esas ciudades de Colombia que se ha vuelto relevante por las dinámicas de urbanización y de asentamientos humanos. Nuestra ciudad, en los últimos años, ha crecido en número de habitantes a un ritmo bastante acelerado, sin que esto haya estado presente en los planes de ordenamiento del territorio, ni en los planes de desarrollo. Esto quiere decir que Cartagena ha tenido que recibir a otros habitantes en una total improvisación, sin tener las capacidades políticas, administrativas, financieras para diseñar una ciudad acorde con las necesidades humanas fundamentales de sus integrantes. A esto también hay que sumarle que somos una de las ciudades con más pobreza del país, con una inequitativa distribución de la riqueza y con una clase política corrupta e indiferente ante el compromiso que le corresponde. Nuestros gobiernos locales y nacionales se han dedicado a organizar negocios personales y han ejecutado obras para que las aprecien y las vivan los visitantes de paso, pero jamás se han concentrado en mejorar las condiciones de la ciudad, por la que día a día vivimos y caminamos los cartageneros y cartageneras. Tenemos

dentro de este mismo territorio, personas que conviven con desechos tóxicos y con residuos que no son aptos para ningún ser humano; cartageneros y cartageneras que viven en condiciones de insalubridad y deterioro de la calidad de vida que ofenden la condición de dignidad de las personas. La ciudad de Cartagena de Indias puede comprenderse como un escenario de encuentro y desencuentro intercultural atravesado por relaciones de poder donde existe un modelo de desarrollo de ciudad hegemónico y depredador contrapuesto a otros modelos o proyectos de ciudad. Todos los diagnósticos y análisis realizados en los últimos años se describe la vulnerabilidad de amplias capas de la población cartagenera, pero sistemáticamente se invisibiliza de qué manera la afectación económica y social opera según diferenciación de género y etnia. En la ciudad de Cartagena la extrema precariedad caracteriza a los sectores populares en las tres localidades en las que se divide la ciudad, siendo la población femenina afro-colombiana la más afectada. Según el Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo, Cartagena3 es una ciudad con un “modelo de desarrollo centrado en un palpable divorcio entre el desarrollo económico y el desarrollo social humano. Es un desarrollo local caracterizado por generar exclusión social y sistemática negación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales condenando a la mayoría de la población cartagenera a la pobreza”. En la ciudad de Cartagena de Indias, la distribución del ingreso es profundamente desigual. En este territorio el desplazamiento y los recorridos cotidianos de cualquier persona trabajadora se convierten en una pesadilla, teniendo lo indispensable y mucho más para ser unos recorridos con hermosos paisajes naturales. El transporte urbano es caótico cuya responsabilidad hay que atribuírsela al pésimo manejo que ha dado a ello tanto la misma clase política como la empresarial. Así mismo hay cartageneros y cartageneras sin techo, resultado de una fracasada política de vivienda que termina por perjudicar a los más perjudicados. Lo mismo pasa en el sector de la salud y en los servicios públicos, donde los beneficiados son los que tienen el negocio, y los perjudicados, los que no tienen cómo entrar al juego de la oferta y la demanda. Mientras tanto la función de los gobiernos locales se limita a observar el cierre de los hospitales y colegios públicos sin ningún asombro, y con una gran carga de negligencia. Nuestra ciudad ha sido el fruto de la falta de compromiso e identidad por parte de los gobiernos, es la consecuencia de políticas que no han tenido la suficiente planeación y continuidad, y esto se nota en un espacio público invadido, mal distribuido, con la inexistencia de zonas verdes y recreativas; lo que deja mucho que desear, por estar presentes en un ecosistema que para el esparcimiento se puede aprovechar.

3 Memo. Casanovas Lluís: “El desarrollo de la exclusión y las pobrezas”. Observatorio Derechos Sociales y Desarrollo (ODESDO). Los datos socioeconómicos de este apartado son tomados de los registros de ODESDO 2007, según DANE-GEIH abril-junio 2007.

Las desigualdades de género no permiten el desarrollo de la plena democracia. Las inequidades y desigualdades de género intensifican la pobreza de las mujeres. En nuestros procesos formativos y organizativos las mujeres tienen una significativa participación en grupos comunitarios, pero no acceden fácilmente a niveles de intervención y toma de decisiones en los espacios públicos y ciudadanos donde se diseñan y aplican las políticas de desarrollo que les afectan particularmente y al resto de la población de los sectores populares. Después de esta radiografía existente se requiere de esfuerzos muy grandes para que gocemos de las mismas oportunidades. En pleno siglo XXI nuestra ciudad asume inmensos retos y desafíos para con sus habitantes: desde nuestras opciones políticas se apunta a enfrentar el modelo de desarrollo hegemónico en la ciudad, que desconoce los derechos de la población popular afro-colombiana, especialmente de las mujeres, colocan en riesgos los territorios ancestralmente ocupados por las poblaciones afrocolombianas y dan lugar a la reproducción y legitimación de situaciones de empobrecimiento. Proponemos un Desarrollo humano y social desde lo local, que es un desarrollo centrado en las personas. Es un desarrollo del ser y hacer con sentido colectivo, con expresividad territorial porque es en el territorio, lo local, lo cercano, desde donde los sujetos interactúan con sus necesidades y potencialidades específicas para lograr mejorar la calidad de vida.

Frente a esta realidad el desafío para nosotros como ONG que trabajamos los derechos de la ciudad, es contribuir a la construcción de un modelo sustentable de sociedad y vida urbana y rural basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y rurales, para que todas las personas vivan con dignidad en nuestra ciudad. Nuestras organizaciones se resisten a aceptar con conformismo la situación descrita acerca del modelo de desarrollo de ciudad hegemónico, y desde la inspiración de la Carta del Derecho a la Ciudad, que plantea que la ciudad debe ser “…un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social, ecológica”4, se proponen la consolidación de procesos de construcción de desarrollo humano y social en sectores populares de la ciudad de Cartagena de Indias y el norte del departamento de Bolívar, con población prioritariamente de identidad étnica afro-colombiana, incorporando la perspectiva de género, construyendo ciudadanía plena, propiciando el empoderamiento de los sujetos sociales participantes, fortaleciendo las organizaciones sociales y articulando los procesos de incidencia política.

Carta de Derecho a la Ciudad.

La ciudad a la que tenemos derecho Como se sabe, la ciudad de Cartagena no ha gozado de un trato respetuoso de su naturaleza como fuente de vida, muy a pesar de su bella la configuración geográfica, su ubicación en una amplia bahía rodeada de islas y archipiélagos, y de estar atravesada por todo un sistema acuático de caños y lagunas. Su privilegiada ubicación geográfica con su importancia estratégica para Colombia como ciudad turística, puerto marítimo de comercio internacional y centro de producción de productos petroquímicos tampoco se han compaginado con un proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado de su población, con una participación comprometida y responsable de todos y todas sus habitantes en el desarrollo económico y social de la ciudad. Frente a las realidades que se viven en la ciudad de Cartagena, tratamos de incidir integralmente. En el ámbito de lo formativo propiciando la autonomía personal y asociativa, la construcción de la democracia, el desarrollo de las identidades, nuevas relaciones de género y la promoción de los derechos de las mujeres. También acompañamos experiencias de movilización social en torno a la defensa de los intereses, necesidades y derechos humanos de los sectores populares urbanos y rurales. Todos los cartageneros y cartageneras tenemos el derecho a gozar y a vivir la ciudad, donde no exista discriminación por cuestiones de género, edad, ingresos, etnia, cultura, orientación política, sexual o religiosa. Este derecho también implica que todos nosotros y nosotras accedemos a los bienes y servicios que presta la ciudad de una forma equitativa y solidaria. Nuestra ciudad debe centrar sus esfuerzos en lograr la cobertura total de los servicios públicos, teniendo presente que no todos sus habitantes tienen la capacidad del pago oportuno de las tarifas, lo que implica trabajar simultáneamente en la generación de empleo y en la distribución de la riqueza. De la misma forma, se debe consolidar en los cartageneros una cultura de lo público y de la importancia de la participación política en los procesos de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Cada vez es más urgente la planificación y uso del territorio bajo los presupuestos ecológicos y de desarrollo sostenible, sobre todo si estamos inmersos en un ecosistema que brinda enormes servicios ambientales como los brinda Cartagena de Indias. Actualmente nuestra ciudad hace un uso irracional y descomunal de su territorio, generando graves impactos ambientales que se reflejan en la calidad de vida de todos y todas sus habitantes.

La ciudad a la que tenemos derecho tiene que pasar por un examen juicioso de sus procesos de planificación, ya que de ellos depende que se garantice un desarrollo urbano y rural equitativo y sustentable, se garantice el derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios, el derecho a la vivienda, al transporte público y a la movilidad urbana. De la misma forma se garantice el derecho a la participación política, y al uso democrático del espacio público, donde sobresalga la convivencia pacífica y solidaria, en reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Se nos garantice el derecho al trabajo, a la justicia, a la educación y al goce equitativo de los avances tecnológicos como la informática y las comunicaciones. Demandamos de la ciudad y de los responsables de su manejo una administración seria y comprometida con las necesidades que demanda la ciudad de nuestra época, respetando a su vez la idiosincrasia cartagenera y la divergencia en las opiniones. Sin embargo, las organizaciones sociales no podemos seguir estáticas al vaivén de los designios de la clase política, observando cómo se desperdician los recursos y no se ven los resultados en la mejora de la calidad de vida.

Las organizaciones sociales de Cartagena representadas en este colectivo denominado DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA también tenemos una enorme responsabilidad y el gran desafío es comenzar a construir una sociedad más igualitaria, desde nuestros espacios debemos trabajar por consolidar los valores democráticos, para que éstos se reflejen en las acciones que desarrollamos en nuestras labores cotidianas. Así podremos lograr que la sociedad civil empiece a tener conciencia de las capacidades que tienen las organizaciones sociales y se pueda trabajar desde un frente común que demande de los gobiernos locales las verdaderas prioridades del pueblo cartagenero. Nuestra apuesta es por la promoción y el desarrollo integral de las personas de los sectores populares, el fortalecimiento de la identidad y cultura afrocolombiana, la consolidación de la organización popular y ciudadana, con miras a contribuir a una transformación socioeconómica, relacional, cultural y política. Se trata de contribuir en la construcción de nuevos conocimientos y en la recreación de la propia cultura a partir del diálogo de saberes y el diálogo intercultural. Se trata de lograr una apertura permanente hacia otros conocimientos y culturas. Aunque ello implique enfrentar problemas como: la tendencia a homogenización cultural; la globalización económica entendida como finalidad y dirección del desarrollo sólo económico; las prácticas y representaciones sociales, culturales, políticas y económicas que impiden la construcción de ciudadanía. Somos conscientes de la importancia de la ciudad en nuestro desarrollo personal y colectivo, por eso dedicaremos esfuerzos por trabajar por una Cartagena que esté a la altura de sus habitantes.

Es urgente constituir una plataforma capaz de articular los esfuerzo de todos aquellos actores –públicos, sociales y privados– interesados en darle plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano (el Derecho a la Ciudad) mediante su promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica de esta creativa propuesta de ciudad. Las organizaciones sociales, dirigencias cívicas no podemos seguir esperando estatus al vaivén de los designios de las clases dirigentes (politiquera) las responsabilidad de sacar adelante nuestra ciudad porque lo que también esta en juego es construirle una ciudad digna a nuestra futura generaciones. Urge la consolidación de una propuesta que fortalezca y cualifique las potencialidades de las mujeres pobladoras de sectores urbanos para su participación en espacios de decisión, en procesos de desarrollo local, en el diseño de planes y proyectos. Igualmente es necesario empoderar a las mujeres populares para desarrollar procesos de mayor igualdad en espacios privados y laborales, convirtiéndose en actoras sociales y políticas. La construcción de ciudadanía implica abordar el asunto de los derechos humanos. La ciudadanía tiene que ver con la constitución de sujetos de derechos, hombres y mujeres, con posibilidades de conocer y exigir el cumplimiento de los mismos. Este campo de los derechos introduce a las mujeres en el ámbito de lo público, como escenario de confrontación de ideas y proyectos y espacio de construcción de consensos y disensos. Lo que como Colectivo hagamos o dejemos de hacer incidirá de manera definitiva en la felicidad y bienestar de nuestros descendientes por muchas generaciones. Hemos de comenzar a pensar en vivir diferente, pensar en vivir igualitariamente con una mejor ecología, con mayor respeto por la vida, con más amor a nuestros niños y niñas. Tenemos que trabajar pensando en cambios verdaderos de la mano con la participación ciudadana; empoderamiento de los procesos de modernización en los gobiernos y descentralizar política y administrativamente para así lograr atender de manera eficiente las necesidades de la sociedad en un marco de lograr una mayor participación y concertación con la sociedad civil. Es importante la concepción del desarrollo de la perspectiva de la sostenibilidad ecológica, donde se pretenda la movilización del potencial creativo de las poblaciones organizadas hacia la creación de condiciones planetarias favorables para el desarrollo de la vida humana a nivel local. En un esfuerzo por integrar la dimensión ambiental al desarrollo, se introduce el tema de la sustentabilidad como una nueva forma de pensar y actuar para la cual los seres humanos, la cultura y la naturaleza son inseparables. Se hace interesante poder aportar en la construcción de una vida más segura, sana y productiva en armonía con la naturaleza y los diversos valores culturales y espirituales locales, donde impere la ética del cuidado de

la vida, entendida como un enfoque basado en la preservación de la vida y en el énfasis de la satisfacción de las diversas necesidades humanas fundamentales. Se entiende que la satisfacción de las necesidades humanas es elemento fundamental para la ampliación de los derechos humanos porque sólo personas y pueblos con sus necesidades satisfechas tienen condiciones para asumir responsabilidades democráticas. Siendo que desde esta ética hay una alta valoración de las diferencias concretas que existen en la sociedad, esto no significa que se deban abandonar los ideales fundantes de la ciudadanía democrática como la universalidad, la libertad, la igualdad y la justicia. Es significativo el desarrollo de nuevos procesos formativos, propuestas e iniciativas inclusivas y participativas que fructifiquen en mayores niveles de organización popular, capacidades y acciones en la vida comunitaria y en los entornos capaces de generar vida digna. Es una invitación permanente a unirse en un esfuerzo común, animando a las personas y a las organizaciones al compromiso de responsabilizarse por la construcción de una ciudad democrática, educadora y habitable.

Desde la búsqueda de la sostenibilidad de la vida, en la ciudad se debe favorecer la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y las tecnologías, buscando con ello el mejoramiento de la calidad humana de mujeres y hombres y la preservación del ambiente donde se pueda vivir con armonía, serenidad, paz y tranquilidad, partes fundamentales para el logro de la salud mental y emocional de las personas y colectividades. Finalmente, se cree en la actuación protagónica de las organizaciones y redes de base animadas todas por la búsqueda de una vida digna en el presente sin arriesgar las posibilidades de satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de las generaciones futuras, aportando también en la construcción de una ciudad con dimensiones humanas, educadoras y ecológicas. De manera particular y de forma articulada implementamos diversas estrategias que procuren nuevas alternativas al modelo de desarrollo hegemónico: Desarrollamos procesos de formación para el empoderamiento personal, asociativo y social de jóvenes, mujeres, hombres; formación de una ética civilista para nuevas prácticas políticas y ciudadanas; formación para la interlocución en espacios decisorios de la ciudad; procesos formativos con jóvenes y mujeres en ciudadanía, derechos humanos, habilidades comunicativas para que puedan participar como sujetos de derechos, de manera pacifista, solidaria y equitativa; capacitación en la construcción y posicionamiento de agendas ciudadanas; acompañamos a las mujeres populares en sus procesos de empoderamiento para la intervención en construcción de políticas públicas y ejercicio de ciudadanía plena: política, social y económica; asesoramos a organizaciones sociales en el campo de la planificación e

intervención con enfoque de género y desarrollo humano y social; contribuimos al fortalecimiento de propuestas, proyectos, prácticas e intercambios vitales que reconozcan y afirmen la diversidad, la riqueza y el sentido de la vida en la ciudad de Cartagena de Indias. En esta ciudad, se necesita también la conjunción de mayores esfuerzos colectivos que posibiliten mayores análisis y reflexiones que permitan la construcción de pensamientos y conocimientos estratégicos para el empoderamiento de los sectores populares, También son necesarios procesos de análisis e investigación que apoyen el trabajo de las organizaciones en sus procesos de posicionamiento, incidencia y exigibilidad de los derechos humanos. Se necesita una mayor articulación y participación en el movimiento social a nivel local, nacional y global, la concertación de alianzas estratégicas y vinculación a los movimientos sociales a nivel local regional y global; la difusión y posicionamiento de pensamiento, y creación de corrientes de opinión pública y alternativa frente al modelo de desarrollo hegemónico.

Perspectivas y retos en Cartagena de Indias 43 El gobierno nacional, el gobierno local, el sector empresarial, el conjunto de los movimientos sociales, las redes sociales, los medios de comunicación, las iglesias y la sociedad cartagenera en la ciudad de Cartagena de Indias, cada uno según sus propias responsabilidades institucionales y organizacionales, deben plantearse, entre otros, los siguientes retos y perspectivas: 1.

Se debe colocar como centro del análisis en los movimientos sociales de Cartagena la crítica y denuncia del actual modelo de desarrollo hegemónico en la ciudad.

Para el caso del movimiento social afro de Cartagena se debe evitar el riesgo de acomodarse al funcionamiento del statu quo cartagenero que sólo deja visualizar su aporte artístico-folclórico sin el análisis crítico de los contenidos de las expresiones culturales. Frente al oportunismo político y económico de quienes quieren “aprovecharse” ahora de las banderas de la afrocolombianidad, es clave visibilizar y posicionar la concepción de cultura como experiencia vital creadora en el presente y futuro y no sólo de anclaje en las raíces.

Hay que mantener el interés por desarrollar estrategias de construcción de democracia de género y de empoderamiento de las mujeres y de sus organizaciones que posibilite una mayor incidencia social y política de las mujeres organizadas.

Se debe reconocer más en la agenda del movimiento social afro en Cartagena la inserción urbana de la población afro-colombiana en aras a responder a sus expectativas y capacidades. Esto nos enrumba el camino hacia la construcción de sinergias, grados y momentos de articulación entre las diversas expresiones del movimiento social en la ciudad.

El trabajo de construcción de una ciudadanía activa y plena sigue siendo una asignatura pendiente en el conjunto de la sociedad cartagenera, si queremos contribuir al logro de una ciudadanía más comprometida con su propio desarrollo.

Se necesita una ciudad que formule políticas públicas favorables a la garantía de los derechos humanos, propicie entornos para que sus integrantes se puedan realizar con libertad y dignidad, y facilite espacios de control social por parte de sus titulares.

Se requiere una ciudad en la que las personas y las organizaciones sociales puedan participar también en la planeación y producción de los espacios, tanto públicos como privados, y en los que se desarrollen las vidas cotidianas de sus habitantes.

La posibilidad de construcción de las mujeres como sujetos de desarrollo y actoras sociales y políticas, transformando su posición de género. Es necesaria la participación de las comunidades, las mujeres populares y demás sectores excluidos en la formulación de enfoques distintos al desarrollo economicista imperante. Un desarrollo con equidad e inclusión, requiere necesariamente un rompimiento de la desigualdad y subordinación de las mujeres para reconocerlas como protagonistas del desarrollo.

Es importante la visibilización de la presencia activa y crítica de las mujeres de sectores populares en el conjunto del movimiento social de mujeres y de los movimientos sociales en general, desde sus propias realidades, intereses, necesidades y derechos.

10. Lo ambiental cobra gran importancia como la base para la sostenibilidad de la vida. Sólo un estilo de desarrollo centrado en las necesidades humanas puede tomar como desafío el crecimiento de las personas y los pueblos. Sólo un proceso creciente autodependencia en los diversos espacios y ámbitos puede fomentar el desarrollo. En tal sentido, nos advierte Franz Hinkelammert la necesidad de afirmar el sujeto en comunidad, de reformular la economía en función de la satisfacción de las necesidades humanas y de la

reproducción de la vida: Pensar en el desarrollo de un proyecto de economía alternativa orientada hacia la vida en comunidad. Según este mismo autor, debemos transformarnos a nosotros mismos, reivindicar una subjetividad común y construir un proyecto alternativo posible: una economía para la reproducción sostenible de la vida en comunidad. 11. Si desde la perspectiva del derecho a la ciudad, queremos que Cartagena de Indias sea una ciudad democrática y habitable: Una ciudad de derechos, para todas las personas, políticamente participativa, socialmente productiva, viable y sustentable, responsable de sus propios recursos naturales, saludable y culturalmente diversa, una ciudad abierta, libre, creativa y lúdica. Hoy se convierte en reto no sólo hablar de la ciudad y del derecho a la ciudad para todas y cada una de las personas que la habitan, sino también cómo hablarle a la ciudad y cómo desarrollar una arquitectura social al servicio de este importante propósito político. 12. Tenemos que seguir cuestionando el modelo de desarrollo hegemónico y las consecuencias del mismo sobre las poblaciones que la habitan; desarrollando procesos formativos que aporten a la construcción de ciudadanía, memoria histórica y reconstrucción de historias locales; dinamizando la capacidad de gestión organizativa de las iniciativas que se acompañan; y acompañando a las organizaciones y redes en los procesos de construcción y posicionamiento de sus agendas ciudadanas. 13. Corresponde el posicionamiento en el espacio público de una visión de desarrollo humano y social desde lo local con enfoque de género, realizando procesos de análisis y seguimiento que visibilicen situaciones de exclusión y discriminación, y contribuyan al reconocimiento, ampliación y resignificación de los derechos humanos. La ciudad de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar demandan la construcción de nuevos poderes, nuevas ciudadanías y nuevas formas de hacer política que permitan la materialización del lema: OTRO MUNDO ES POSIBLE, un mundo más incluyente y más democrático. Pero esto no será posible por generación espontánea. Seremos de gran ayuda si como parte del movimiento social mantenemos y profundizamos procesos permanentes de formación, organización, incidencia y exigibilidad en derechos humanos- desde la universalidad y la diversidad de la condición humana.

Bibliografía Cartagena Cómo Vamos, Informe de evaluación 2005, Segundo año de la Administración Barboza. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Tomada por internet). Revista GLOOBAL Hoy. CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, DANE, año 2005. Ciudad heterogénea, diversa y desigual. Observatorio Derechos Sociales y Desarrollo, 2009.

Configuración del territorio de la región capital. Tendencias en el caso de los Cerros Orientales de Bogotá, D.C. Por: Héctor Hugo Álvarez Cubillos1

47 Las ciudades latinoamericanas del siglo XXI expresan espacialmente los efectos de los profundos procesos de transformación económica, social, cultural y ambiental generados por la aplicación de las políticas neoliberales en un contexto internacional globalizado. La modernización de las ciudades en esta etapa de su existencia deja atrás los proyectos de industrialización, generadores de empleos estables y bien remunerados, para dar paso a la extensión del sector terciario: éste alberga tanto el conjunto de actividades que requiere el capital financiero y la sociedad de la información que ofrece empleo a la fuerza de trabajo con mayor nivel educativo, como las actividades propias de la economía informal, en particular el comercio ambulante o callejero de la economía del delito tráfico de drogas, mercancías de procedencia ilícita, opciones ocupacionales para el amplio conjunto de trabajadores que posee baja calificación. En este contexto, el incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición de nuevas formas de exclusión son procesos complejos que se convierten en nuevos retos para las políticas sociales y exigen su

Investigador Cinep. Equipo Región Bogotá.

redefinición. Sin duda, el principal reto es trabajar en el diseño y aplicación de las políticas sociales urbanas innovadoras que puedan garantizar al conjunto de la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA. Se advierte actualmente un marcado incremento de la pobreza urbana y en muchas ocasiones rural, exacerbado por la creciente desigualdad social; es decir, se han ampliado las distancias sociales entre unas mayorías que deben aceptar niveles de vida mínimos, y los pequeños grupos de clase alta que viven en la opulencia. Eso se expresa claramente en la forma de ocupación del territorio, que ha llevado a caracterizar a las ciudades actuales como divididas y fragmentadas que dan origen a intensos procesos de segregación urbana. En fin, se trata de ciudades que cada vez tienen más dificultades para cumplir su función como un mecanismo de integración y cohesión social.

Con esta presentación esperamos aportar elementos útiles para definir nuevas agendas de investigación-acción, tanto para el ejercicio de la docencia (o los docentes), como para estudiantes, lideres y lideresas, procesos sociales territoriales, funcionarios públicos; igual se espera sea una importante contribución para que en la era del conocimiento e interacción seamos capaces de avanzar en la construcción de una nueva y diferente lectura y cultura del territorio. En la actualidad en Colombia y Latinoamérica se viene dando una serie de episodios, que si bien no son visibles, ni son públicos para todos y todas los que

habitamos la República, sí están determinando un derrotero económico, social, cultural y ambiental para la reconfiguración de la Región y el País. En este contexto es importante hacerle seguimiento a estos episodios, que nos permitan entender sus lógicas a mediano y largo plazo, sus impactos sobre el territorio nacional y local hacia la consolidación de agendas estratégicas con los grupos poblacionales afectados directamente. Esto quiere decir que es necesario identificar esas agendas ocultas, como les llamamos algunos investigadores que nos hemos dado a la tarea de identificarlas y hacerlas públicas, pero no las elaboradas por los procesos territoriales, como afirma Raúl Zibechi, sino las construidas por la banca multilateral, los empresarios, las federaciones, los gobiernos Distrital, Departamental y Nacional. Esto implica inevitablemente inventariar y leer con ojos críticos el papel de todos los actores (cooperación internacional para el desarrollo, banca multilateral entre otros) en la región. Teniendo en cuenta el posicionamiento geopolítico, geoestratégico y agroeconómico de Colombia en la región latinoamericana y en el hemisferio, estamos en una estructura de oportunidad política regional, que deja entrever progresivos relevos de actores en la región y un reposicionamiento de actores armados por el control del territorio, la construcción de alianzas estratégicas por parte de sectores federados, comerciantes; entre gobiernos del nivel regional, nacional, las grandes multinacionales y algunas agencias de cooperación al desarrollo, para superar lo que en los finales de los 90 se llamó el trabajo en redes hacia el trabajo en bloques regionales, sólidos e invencibles. En esa perspectiva se considera que cualquier proyecto, proceso y propuesta, ya sea cultural, social, económica y ambiental, tendría que tener en cuenta estos elementos, de cara a realizar intervenciones pertinentes, es decir, existe la necesidad de que las comunidades rurales y urbanas identifiquen estas realidades y escenarios futuros territoriales, que les permita, insertarse de forma menos precaria, más eficiente y oportuna en el modelo existente. No se trata de construir un modelo alternativo de desarrollo, de lo que se trata es de construir alternativas al modelo de desarrollo incluyentes y dignas. Para citar un ejemplo de esas agendas ocultas, me voy a referir al caso de IIRSA, que hace parte de Colombia Eje estructurante, Zona Andina-Amazónica, y cuyo proyecto tiene como objetivo, la extracción de una gran variedad de recursos de minería, el ecoturismo y el agua. IIRSA es un proyecto financiado por 12 países de la región y financiado, en el caso de Colombia, con los impuestos de la gran mayoría de compatriotas, aunque esto no es del conocimiento público en general. Es un proyecto con grandes impactos sobre ecosistemas estratégicos, parques naturales, comunidades campesinas e indígenas y, como si fuera poco, auspiciado por el Gobierno Nacional. Es decir se deja la gran despensa del País a merced de la depredación de las multinacionales, el sector privado y la banca multilateral. Esto por citar un caso, pero como se manifiesta al comienzo de la presentación, tenemos varias agendas ocultas que requieren ser revisadas en sus contenidos y en quienes las agencian.

Este tipo de proyectos con gran carga económica y política, son los que finalmente terminan reconfigurando los territorios y las territorialidades regionales y locales, colocando a muchos actores e intereses en juego, tal es el caso de los movimientos y reposicionamientos de los actores armados en el territorio, que es un elemento que no se puede perder de vista a la hora de planificar el desarrollo local y regional. Para el caso de Cundinamarca se observa una reconfiguración de los actores armados hacia la disputa y el control del territorio, que les permita establecer corredores estratégicos hacia otras regiones del país, pero con control absoluto militar y político en Cundinamarca, que es la región capital. Como se puede observar, pareciera que se está dando en América del Sur, y en este caso en Colombia, un relevo de actores, donde la cooperación internacional al desarrollo (esta es una deducción que “no se puede observar” porque no se ha explicado anteriormente en ningún momento) se va del País, con la idea de que Colombia está en post-conflicto, y que se encuentra en un desarrollo bastante óptimo, idea por supuesto descabellada que les está vendiendo el gobierno nacional, dejando una gran ventana de entrada al país a otros actores, como la banca multilateral, las multinacionales y el gran capital.

Con esto se evidencia que los megaproyectos se imponen como estrategia de desarrollo para el País. Y entonces ¿Qué tiene que ver esto con Cundinamarca, Bogotá y las 20 localidades? Es claro que en la actualidad se impone un modelo de ciudad previamente concertado con el gobierno nacional y en administraciones pasadas, caso modelo de ciudad del ex alcalde Peñalosa. Este se basa en varios estudios de la Cámara de Comercio, la firma Monitor Company, el Plan Estratégico 2000, entre otros, y apunta a convertir a Bogotá en una “ciudad competitiva, supuestamente de clase mundial, en la capital andina”, cuya economía se fundamente en el “sector servicios, comercio, el turismo, la informática y la industria del entretenimiento, dejando en un segundo plano el sector productivo”. Pareciera que el ex alcalde Peñalosa en su administración fue visionario; planteaba que en Bogotá, a futuro, tendrían que habitar menos pobladores de los que en aquel entonces estaban; que la ciudad no tenía la capacidad para soportar una población numerosa, si quería entrar al mercado internacional como ciudad global eficiente y competitiva; que el sobrante de habitantes tendrían que desalojar la ciudad, lo cual implicaría fortalecer algunos municipios cercanos a Bogotá, con infraestructura de movilidad, centros comerciales y vivienda de estratos 1, 2 y 3, para dar paso al sueño de ciudad global. Lo grave del asunto no es el desarrollo de la ciudad global, lo grave es el transfondo de esta propuesta, que atenta contra el derecho a la ciudad, derecho adquirido por parte de una gran mayoría de hombres y mujeres Colombianos que ven en la ciudad la posibilidad de vida, desarrollo y esperanza para sus familias y sus sueños. ¿Quién ordena a quién y qué se ordena en la ciudad-región? La existencia de un plan de ordenamiento territorial en concordancia con el País y la región que el capital financiero quieren. Si se revisa el POT, a la luz de los megaproyectos, en el caso de Bogotá y Cundinamarca, todo concuerda: es un Pot para el mercado de capital.

Plan de desarrollo 2008-2012 En el plan de desarrollo “Bogotá, ciudad de derechos” del actual Alcalde Samuel Moreno, se observa que los derechos son una cosa de centralidades (mayor inversión en los planes de movilidad, modernización del centro de la ciudad, centro internacional y centro histórico), donde cabe hacer una pregunta entre otras: ¿Derechos de quiénes y para quiénes? Cuando se hace el ejercicio de la gota de agua en la alberca de la casa, se observa que la fuerza de la gota recae en el centro de la alberca, pues se da mayor concentración de energía en acciones, pero en la medida que la fuerza de la gota se expande por la alberga va perdiendo su energía y por tanto su fuerza, hasta el punto de desvanecerse totalmente en la periferia y quedando las orillas de la alberca aisladas de los beneficios de la fuerza de la gota de agua. Es así como se lee la ciudad de derechos a la luz del diálogo con actores territoriales: las grandes inversiones de modernización se concentran en el centro de la ciudad, dejando a la periferia, sus pobladores, a su propia suerte, como si éstos, por el simple hecho de estar en la periferia (Cerros Orientales, Borde Sur, Ciudad Bolívar, Bosa y localidades ubicadas en zonas de humedales), no fueran sujetos de derechos. Veamos ahora cómo se configura la ciudad a partir de lo anterior. La estructura ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y la estructura socioeconómica y espacial, son los grandes pilares sobre los que se sostienen los últimos planes de desarrollo y de reorganización de la ciudad de Bogotá, en consonancia con la apuesta de región central o región capital, donde el Gobernador de Cundinamarca y el actual Alcalde Mayor de Bogotá, con “otros expertos internacionales”, están acordando el tipo de ciudad y quiénes la pueden habitar. Estas lógicas de configuración de los territorios por proyectos en ciudad vienen propiciando diferentes conflictos territoriales sociales y ambientales por la defensa del territorio. La consolidación de zonas de expansión urbana como Nuevo Usme o el Plan Zonal del Norte, proyectos de renovación urbana como el Plan Zonal del Centro, la consolidación del anillo de innovación vial, la puesta en marcha del Parque Minero Industrial, la ampliación del relleno sanitario Doña Juana, la construcción de grandes avenidas como la Longitudinal de Occidente, la entrega en concesión de autopistas con peajes urbanos, el Sendero recreativo de los Cerros Orientales, los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas, la ampliación del aeropuerto El Dorado de Bogotá, plan Ciudad Salud y muy seguramente la construcción del metro de la ciudad son, entre otros, generadores de resistencias por grupos locales que ven en ellos formas de exclusión y fragmentación de los territorios.

El reconocimiento de los principales conflictos ambientales y territoriales, ha sido una de las tareas que han venido adelantando las organizaciones y procesos sociales territoriales, los cuales buscan posicionar el enfoque territorial en la construcción de las políticas públicas y, ahora, en los instrumentos de planificación urbanos, rurales y regionales.

¿Quiénes construyen la ciudad? Los Cerros Orientales de Bogotá

Los Cerros Orientales tienen un área aproximada de 13.673 hectáreas, correspondiente a las zonas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal y Usme2. Desde los orígenes de la ciudad, los Cerros Orientales, además de servir de telón de fondo paisajístico, han representado un potencial económico, dada la riqueza de los patrimonios naturales que en ellos se encuentran, los cuales están representados en la diversidad de fauna y flora, el sistema hídrico y orográfico y la riqueza de su suelo. Con estas características, a través del tiempo los Cerros Orientales han sido explotados con el desarrollo de diferentes actividades extractivas: producción de leña y carbón vegetal, explotación de chircales, canteras, gravilleras y minas de carbón; en actividades agropecuarias; en acueductos y vertimiento de aguas residuales y en desarrollos urbanos de áreas residenciales e institucionales. Imaginario colectivo Los cerros tutelares de Bogotá han sido y continúan siendo el símbolo identitario de quienes habitamos esta enorme urbe. En el imaginario de hombres y mujeres de sectores populares los cerros encierran un gran misterio y podrían llegar a ser una amenaza pues a la altura de Monserrate y Guadalupe se encontrarían volcanes que cualquier día podrían desencadenar una catástrofe de magnitudes parecidas a las de Armero. Pero también son percibidos como los cerros protectores donde es posible tener un pedazo de tierra con un paisaje hermoso que contrasta en muchos casos con la situación de precariedad de sus viviendas, especialmente en la localidad de San Cristóbal. Para los estratos 5 y 6 de la ciudad, a la altura de la localidad de Chapinero, los cerros también se transforman en lugares privilegiados donde se asientan espaciosos apartamentos que garantizan, además del paisaje, respirar el aire puro. 2

Cerros Orientales, DAMA, Página Web en el URL, www.dama.gov.co

Este imaginario de los Cerros ha ido acompañado de procesos de resistencia y de desalojo porque es un espacio estratégico de expansión, no permitido, pero caprichosamente logrado por los urbanizadores de todos los tiempos. Si la historia de la ocupación y proceso de poblamiento de los Cerros la encontramos en los comienzos del siglo XX, pareciera que lo que sucedió en ese entonces no es distinto de lo que ocurre actualmente. Hoy como ayer, mujeres y hombres de los barrios Bosque Calderón, Los Olivos, Juan XXIII (localidad de Chapinero), y de los Libertadores, la Belleza, Nueva Roma Sur-Oriental (localidad de San Cristóbal), continúan su lucha por su pedazo de tierra y para que no los desalojen ni los dividan comprándoles los predios y para que tampoco vuelvan a reubicarlos en zonas de alto riesgo. Valor ambiental, paisajístico, económico y político de los Cerros Orientales Los Cerros Orientales hacen parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital definido por la normatividad colombiana como área de reserva forestal protectora por su potencial ambiental y ecológico desde 1976 a través del Acuerdo 30 de ese año, expedido por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Inderena3. Su condición fue ratificada en el Artículo 61 de la Ley 99 de 1993 que declara “la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal” y se le da a la Corporación Autónoma Regional Car la función de “reservar, alinderar, administrar o sustraer en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, (…) las reservas forestales y parques naturales de carácter regional (…). Es necesario con base en los diagnósticos existentes analizar el cambio de la actual concepción jurídica que gobierna las montañas. Estos requieren un sistema jurídico que dé posibilidad de manejo para el logro de los objetivos de conservación en un territorio, con un porcentaje importante ocupado, con una dinámica social compleja y en algunas zonas, en rápida transformación. La propuesta de Ecobarrios En ese sentido el Cinep, con el apoyo de Intermón Oxfam y La Agencia Catalana para el Desarrollo, viene implementando y apoyando propuestas (Mesa de Cerros Orientales, Ecobarrios y Plataforma Rural, que buscan 3 Este acuerdo se basa en el decreto Ley 2811/74, que en su artículo 204 denomina como área de reserva forestal protectora, “la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque”.

que los pobladores de los Cerros Orientales se integren a la ciudad de manera legal y digna al territorio, con propuestas como Ecobarrios hacia la sostenibilidad del territorio. Ecobarrios surge como resultado de una política de reasentamiento con grandes vacíos a la hora de despojar a la gente de su tierra, y que buscan aportar al debate, a las acciones y a la construcción de políticas públicas de reasentamientos, para que en el futuro las comunidades no sólo de Bogotá y Cundinamarca, sino de todo el país, puedan buscar modos de construir concertadamente entre el Gobierno y las comunidades formas de vivir dignamente, donde el habitat, la vivienda y el habitar se sumen como una forma integral y no fragmentada. Creemos que en las actuales circunstancia por las que atraviesa el país se deben construir propuestas desde nuestras propias realidades y no exportar modelos de otros países con los fracasos que eso implica, pero también creemos que existen propuestas que sí podemos “adoptar y adaptar” a nuestras propias realidades. Es el caso de los Ecobarrios, una propuesta muy antigua, aplicada en otros continentes y desde épocas incluso de la era romana. Lo económico, lo ecoambiental y lo ecohumano son factores determinantes en la construcción de unos nuevos tipos de territorialidades, con ciudadanos y ciudadanas más responsables en el uso del territorio y la convivencia.

En este orden de ideas, vemos pertinente explicitar tres dimensiones, que se articulan de manera dinámica, para fundamentar la propuesta de Ecobarrio: 1.

Eco-humano: se refiere a las relaciones humanas en cuanto construcción del sujeto individual, social y político. Este tema se abre a la polis (a la ciudad y el ciudadano), por eso uno de los ejes a tratar en esto es lo político, educativo y pedagógico como proceso de socialización. Esto establece la relación de comunidades y sociedades de aprendizaje para la convivencia, la participación, la resolución de los conflictos y la construcción de ciudad sostenible desde lo eco-humano, tiendo en cuenta que estamos relacionando al sujeto que vive en una eco-sociedad.

Los ejes de trabajo según las comunidades son: trabajo, cultura, espacio público, comunidad y ciudadanía.

Eco-ambiental: hace referencia a las relaciones de las comunidades y de las sociedades urbanas con el nicho ecológico, el ecosistema natural y el territorio como construcción social. Es la relación del sujeto y de la sociedad con naturaleza en términos de ser parte de un escenario territorial (ser parte de esa tierra; la especie humana, sujeto-sociedad, que convive con otras especies en un territorio eco-sistémico determinado), donde lo cultural y la defensa del patrimonio sean un eslabón más en la construcción sociambiental del territorio.

Eco-nomía4 (eco: del griego oiko = casa-hogar; nomos: del griego norma. Las normas del hogar): La intervención humana en la naturaleza para transformarla y dar respuesta a las necesidades humanas, sin vulnerar ni destruir las energías, de tal manera que se fortalece la vida deseada y se construye el buen vivir (bien-estar). Cobran relevancia los sentidos, modos y formas de hacer, lo que se ha llamado “desarrollo económico”, pero con una resignificación del mismo: no como explotación exacerbada de los recursos naturales y crecimiento de los capitales, sino como profundización de las relaciones entre los sujetos, las sociedades y los patrimonios naturales, para hacer que la vida, en sus diversas manifestaciones, realice sus potencialidades y genere las transformaciones necesarias para un buen vivir, dentro de los límites y condiciones que tiene la naturaleza y las relaciones que en ella se establecen.

Los ejes de trabajo que se proponen son: agricultura urbana, vivienda saludable y reciclaje.

Para que los ecobarrios prosperen y salgan adelante, puede contarse con una cantidad ilimitada de recursos económicos y físicos, pero si no existe una estrecha y armoniosa relación entre los habitantes es difícil obtener resultados5. En los diferentes ecobarrios que existen se han creado variadas maneras de mantener a la comunidad en contacto, pero tal vez en este punto las opciones sean ilimitadas. Se referencian algunas de las que mejor resultados han mostrado, en términos de comunicación y satisfacción de los habitantes. Hay que poner especial atención en el manejo de las zonas comunes o espacios naturales. Proyectos que puedan realizarse en estos espacios y que sean de aceptación de la comunidad, muy posiblemente tendrán la intervención de los ciudadanos e invitarán a que las personas interactúen. Paseos peatonales, arborización de zonas comunes con árboles productivos y árboles autóctonos, aparte de un resultado ecológico, crea espacios de compartimiento. Ya se ha implementado esta “técnica” y se ha usado un nombre para identificarla, “bulevares bioclimáticos”6. Un proyecto que se ha implementado con éxito en algunos ecobarrios es el de la creación de viveros, donde aparte de tener un banco de semillas de árboles nativos, es posible también tener uno de alimentos que pueden ser de utilidad para la comunidad. Igualmente, es usual en este tipo de comunidades que cada vivienda mantenga huertos propios. Pero si el espacio y las condiciones lo permiten podrían realizarse huertos comu-

4 Nota: Los griegos llamaban “oikos” a la casa incluyendo todo su contenido y a su administrador “nemó”. Así se formó “oikonomos” que designa “administración de la casa”. Si los griegos llamaron “oikos” a la casa con todos sus bienes incluyendo su administración, es lógico pensar que “economía” puede definirse como el conjunto de leyes, normas, costumbres, etc., mediante las cuales se administran los bienes de la casa o del Estado según el caso, ya que la raíz griega “nomos” significa ley, y así lo encontramos en vocablos como “autonomía = darse su propia ley o autogobernarse” y “astronomía = Ciencia que trata de la posición, constitución y leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes”. Fuente(s): http://etimologias.dechile.net/ 5 OrganiK Ecología en Acción. Recuperado febrero 2009 de: http://www.organi-k.org.mx/nsp/viewpage.php?page_id=3 6 Seis proyectos para hacer de Madrid una ciudad sostenible. 2008. Recuperado de: http://elinformadorinmobiliario.wordpress.com/tag/inmuebles/

nitarios, y en la medida de lo posible organizar la producción para no sólo pensar en el autoconsumo sino en la venta o distribución de alimentos. En algunos barrios se han implementado foros en internet donde los vecinos están en comunicación y existe información de todo lo que se realiza y se va a realizar en el barrio. La creación de talleres o grupos de trabajo ayuda a la formación profesional o laboral de los habitantes. De una manera organizada y realizando gestión con restaurantes, por ejemplo, se puede crear una cadena laboral, productiva y de aprendizaje.

Bibliografía

Cuba: http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=01&theProjectID =8CF5995B-15C5-F4C0-997B214C8DFB72F7 Ecuador: http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=01&theProjectID =889B8F92-15C5-F4C0-99EE38C96B04ABB7 Bielorusia: http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=01&theProjectID =320

Identidad, territorio y resistencia: el caso de la subregión de los Montes de María Corporación Desarrollo Solidario1 (CDS)

Introducción El presente documento tiene la intención de resumir un estado de cosas que sucedieron y están sucediendo en Colombia, especialmente en zonas rurales, que representan una realidad muy compleja para millones de familias campesinas, las cuales han tenido que pasar por unos procesos muy fuertes de destrucción/reconstrucción de la vida, y que por su magnitud deben ser objeto de reflexión y acción por parte de la sociedad civil. Estas ideas se desarrollarán a partir de la mirada sobre lo que está sucediendo actualmente en un territorio concreto de la geografía colombiana, con el fin de dimensionar localmente lo que ocurre en varias regiones del país. Por último, se hará una breve descripción sobre las propuestas que desde la sociedad civil, específicamente de las comunidades campesinas, se vienen construyendo como aporte a la búsqueda de la dignidad y la convivencia pacífica.

1 La Corporación Desarrollo Solidario (CDS) es una organización no gubernamental con 17 años de experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo rural en municipios del norte de Bolívar y de la subregión de Montes de María.

Este documento también recoge y afirma el hecho concreto del significado del territorio para los y las campesinas de la región, entendido no sólo como espacio físico donde se desarrollan diferentes actividades económicas y sociales, sino como espacio simbólico y cultural donde reafirman su identidad.

El contexto de violencia en Montes de María

La zona de los Montes de María está ubicada en el Caribe Colombiano al norte del país, también se le denomina María La Alta o Serranía de San Jacinto y es una prolongación de la Cordillera Occidental de los Andes. Tiene una extensión territorial de 6.466 Km² y una población aproximada de 438.101 habitantes. Administrativamente está compuesta por 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. Desde mediados de la década del noventa, la región se ha visto fuertemente afectada por dinámicas de violencia relacionadas con el conflicto armado, ya que debido a sus características geográficas, de montañas, valles y arroyos, por estar bordeada por el Mar Caribe por el occidente y por la arteria del Río Magdalena –uno de los principales de Colombia– por el oriente de la región, y por estar atravesada por dos vías que conectan el interior del país con la Costa Atlántica –la Transversal del Caribe y la Troncal del Occidente2–, se ha transformado en una zona con gran valor estratégico para los grupos armados ilegales.

Vía nacional que comunica la Costa Atlántica con el departamento de Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico.

Mapa del Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID.

Desde la década del setenta seis grupos subversivos –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS)– se asientan en la zona por ser un territorio que les resulta útil y apropiado para el aprovisionamiento, el descanso y el refugio de las tropas, la ejecución de acciones militares ofensivas entre las que se destacan el robo de ganado, el secuestro, la extorsión y la emboscada a los militares, y el control de dos vías nacionales que conectan al Caribe colombiano.

En la década siguiente, en municipios colindantes con los Montes de María, grupos de narcotraficantes adquieren propiedades con el fin de delimitar rutas para el tráfico de narcóticos y de armas. De igual forma, en el Golfo de Morrosquillo, la parte costera de la región, se empezaron a crear centros portuarios ilegales en donde era necesario cooptar a la institucionalidad estatal del nivel local y regional3. Es así como el paramilitarismo se fue consolidando en la década del noventa por medio de alianzas entre grupos de narcotraficantes, hacendados, empresarios y políticos de la región4, en donde se defendía públicamente el accionar militar antisubversivo como respuesta a la violencia ejercida por los grupos guerrilleros en contra de los terratenientes, de los políticos con antecedentes de corrupción y de los narcotraficantes. El Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue la estructura de crimen organizado que empezó a atacar violentamente a las supuestas redes sociales de la guerrilla, intensificando el conflicto en la zona y propiciando una crisis humanitaria para el campesinado de la región de considerable magnitud.

Las masacres (homicidios colectivos en donde más de 3 personas de la población civil son asesinadas en un mismo hecho5) fueron la principal estrategia utilizada para iniciar su accionar en la zona y dejar un mensaje de guerra, con el objeto de desplazar a los campesinos del territorio, de silenciarlos y enfrentarlos entre ellos. De acuerdo a los datos de la Policía Nacional, en el año 2000 se presentan el mayor número de masacres (148) y de desplazamiento forzado (5,177 personas expulsadas) en los Montes de María. Las comunidades afectadas por estas acciones fueron El Salado, municipio de Carmen de Bolívar, La Haya, municipio de San Juan Nepomuceno, y Macayepo, municipio del Carmen de Bolívar. Ante la evidente situación de violencia en esta región, en el año 2002 el gobierno nacional diseña una estrategia para la recuperación del territorio, dentro de la cual decreta la conmoción interior6, y declara dos zonas de rehabilitación y consolidación como medida para el control del orden público. Una de esas zonas la conformaron 10 municipios del departamento del norte de Bolívar y 16 del norte y centro de Sucre, área territorial que vinculaba los municipios que hacen parte de la dinámica del conflicto armado relacionada con los Montes de María y el Golfo de Morrosquillo.

3 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Panorama Actual de la Región de los Montes de María y su Entorno, agosto, 2003, Bogotá, p. 5. 4 Ver: Revista Semana. Artículo “Las pruebas hablan por sí solas”. Noviembre 11 de 2006. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=649, Publicación eltiempo.com. Artículo “Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema”. Noviembre 11 de 2006. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3321259. Revista Semana. Artículo “El imperio de ‘Jorge 40’. Septiembre 30 de 2006. 5 Para la definición de masacre consultar el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina en Colombia, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999. 6 Decreto 1837 del 11 de agosto del 2002.

El gobierno nacional dentro de las consideraciones que tuvo para expedir el decreto de conmoción interior tuvo en cuenta lo siguiente: “Dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil y el ocultamiento de sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones en las poblaciones y, por la otra, el constante abastecimiento que funciona en los lugares en que permanecen”7. Bajo esta lectura y teniendo presente que por los territorios de las comunidades rurales hacían tránsito los grupos guerrilleros, son los mismos campesinos y campesinas las que terminarán convirtiéndose en objetivo militar de paramilitares y Fuerza pública. Este decreto lo declaró inexequible la Corte Constitucional en el 2003 y éstas fueron declaraciones del Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe presentado en el IV Encuentro Región Caribe de Paz realizado en la ciudad de Sincelejo en julio de 20038: “Las zonas de rehabilitación y consolidación fueron establecidas y manejadas bajo la inquietante e injusta presunción de que sus pobladores civiles colaboran con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada presunción abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencionales omisiones… En las zonas de rehabilitación y consolidación se presentó un cuadro de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el cual se hizo notoria la actitud complaciente y acrítica de muchos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación”. Simultáneamente a estas acciones violentas registradas en los Montes de María se despliega sobre el territorio una serie de proyectos económicos, impulsados y respaldados por el gobierno nacional9, que merecen ser descritos dentro del contexto general de la región. A partir del año 2000 en algunos municipios de los Montes de María se empieza a ejecutar la propuesta agroindustrial de palma aceitera y caña de azúcar para la generación de combustible, con el argumento de convertirse en la alternativa para la reactivación económica de la región. Con el respaldo normativo creado por el gobierno, llegan a la zona inversionistas para proponerles a los campesinos su ingreso a este “lucrativo” negocio, por medio del arriendo y/o la venta de sus tierras.

Decreto 2002 de 2002. Incalcaterra, Amerigo. “Una visión internacional sobre las zonas de rehabilitación y consolidación”, Ponencia presentada como Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el IV Encuentro Región Caribe de Paz, Sincelejo, Julio 25 de 2003. 9 Documento CONPES 3510 de 2008. Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia. 7 8

Para la consolidación de la propuesta agroindustrial en el año 2007 entra en funcionamiento en el municipio de Maríalabaja la planta extractora de aceite de palma que actualmente procesa la cosecha de aproximadamente 5.000 hectáreas. Según el exministro de agricultura Carlos Murgas Guerrero, principal promotor de la iniciativa, “para aprovechar la máxima capacidad de la planta, la cual está diseñada para crecer gradualmente de acuerdo a los incrementos de la producción, se requiere sembrar entre 10.000 y 20.000 hectáreas de palma capaces de producir más de 100.000 toneladas de fruta”10. Esta propuesta agroindustrial, inscrita en el debate mundial sobre la crisis energética, el cambio climático y la crisis alimentaria, ha despertado el interés y el entusiasmo de la comunidad campesina que ha ingresado en el negocio seguro de las ventajas económicas y sociales. Sin embargo, en un foro realizado en la zona en agosto de 200811 los pobladores rurales de los Montes de María empiezan hacer manifiesta su preocupación por la reducción del área cultivable para la siembra de alimentos; por la condición de los contratos donde se pone en riesgo la tenencia de la tierra por parte del campesino; y por las medidas de salvaguarda si los precios internacionales del aceite de palma caen significativamente.

De igual forma, se adelantan en otros municipios de los Montes de María propuestas similares de cultivos a gran escala (madera) y de exploración petrolera, donde sobresale el hecho que las grandes zonas en las que hoy se están llevando a cabo grandes proyectos agroindustriales, como los agrocombustibles y nuevas excavaciones petroleras, fueron sitios violentados agresivamente por las acciones paramilitares (Reyes, 2009: 180). En la actualidad en los Montes de María se viene implementando la política gubernamental de “consolidación social del territorio” expuesta en la Directiva Presidencial 001 de 2009, la cual hace referencia a la articulación de entidades estatales, coordinadas por autoridades militares, para la puesta en marcha de políticas sociales y económicas, instrumentalizando de esta forma la atención en salud, educación, recreación y ayuda humanitaria para fines centrados en el control militar de poblaciones enteras y de territorios, en función de garantizar el desarrollo de grandes proyectos económicos.

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Noticias. http://www.fedepalma.org/. Notas II Foro Sobre Agrocombustibles: Llenando tanques vaciando ollas. Maríalabaja, agosto de 2008.

La tendencia a la desaparición del mundo campesino “Yo tenía mi propio negocio. Trabajaba en el campo con mi familia, teníamos cultivo de arroz, plátano y maíz, yuca, y árboles frutales (...). Entre vecinos nos regalábamos de lo que la cosecha diera. Todo era muy fácil económicamente, el trabajo no nos faltaba y gozaba de una estabilidad económica aceptable. Tenía el respaldo de mi tierra, hasta para desahogarme cuando me sentía mal. Trabajaba y estudiaba... porque mi tierra me lo permitía, porque no salía de ahí. Mi pueblo me entregaba su amor y mi tierra me brindaba sus frutos para vivir sin ningún problema”12. La estrategia de violencia y terror desatada en los Montes de María ha tenido como resultado según datos de Acción Social13 el desplazamiento forzado de 194.998 personas. Teniendo en cuenta que la población de la región es de 438.101, se podría afirmar que el 44.5% de los habitantes han sido expulsados del territorio que les pertenecía por tradición familiar y comunitaria y en donde habían construido durante generaciones formas económicas y sociales que les permitían tener una vida digna y en paz. La tendencia de los pobladores que se han desplazado familiarmente es la de migrar hacia otros departamentos y a otros municipios del mismo departamento, mientras que los desplazamientos masivos ocurren mayoritariamente dentro el mismo municipio de las zonas rurales a las cabeceras urbanas, o de zonas rurales a zonas rurales colindantes. En todo caso, cerca de 200.000 campesinos y campesinas salieron de sus tierras abandonando aproximadamente 81.642 (Reyes, 2009: 169, 184 y 185) hectáreas, dedicadas principalmente a la producción agrícola y pecuaria. Después del desplazamiento algunas comunidades y familias de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, Córdoba, Colosó y Ovejas han retornado a sus territorios14 después de años de ausencia y en muchas ocasiones en condiciones adversas, teniendo en cuenta que los programas de atención a la población desplazada en donde se incluyen acciones integrales para el retorno no se aplican adecuadamente en la zona, siendo evidente que el restablecimiento de las víctimas del desplazamiento forzado no es un tema ni prioritario ni relevante en la agenda de las autoridades gubernamentales del nivel municipal y departamental. Otro grupo de familias desplazadas no han regresado a sus tierras y han optado por reasentarse en otros territorios: “al volver a la tierra, como cuatro años después, al verla me puse a llorar porque es duro ver que uno a esa tierra le trabajó desde pelado, fue mucho tiempo y mucha plata metida para tecnificarla y ponerla buena (…) me puse a llorar y a llorar y después yo no me di cuenta pero me caí, me

Voces de campesinos de los Montes de María (Venegas Luque y Jiménez, 2008: 84). Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Cifras a corte 28 de febrero de 2009. http://www.accionsocial.gov.co/contenido/ contenido.aspx?catID=383&conID=556 14 Ver antecedentes, Fundación Desarrollo y Paz de los Montes de María. http://www.fmontesdemaria.org/proyectos.asp 12 13

desperté después en la carretera, que disque me había dado un mareo. Desde ese día no vuelvo y que la tierra se pierda, que eso se pierda, que se pierda todo”15. Algunas familias que se desplazaron y reubicaron dentro de municipios aledaños, incluso dentro del mismo municipio, vienen realizando la “agricultura silenciosa”, es decir, retornos laborales cotidianos desde su sitio de reubicación hasta el lugar donde tienen sus cultivos. Esta realidad de muchas familias de Montes de María implica doble esfuerzo y sacrificio por la distancia recorrida y por la incertidumbre que genera estar lejos de su tierra. En este contexto de indefensión y vulnerabilidad marcado por la violencia se viene presentando el fenómeno de compra masiva de tierras por parte de agentes y personas externas a la región precisamente en los mismos territorios donde se presentaron todo tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “En ovejas (Sucre), el año pasado se negociaron más de 3.000 hectáreas (…) Wálter Ahumada, secretario de Gobierno de San Juan Nepomuceno, reconoce que solo una empresa forestal de Medellín, Tierras de Promisión, compró cerca de 5.000 (hectáreas) (…) El secretario del Interior del departamento de Bolívar, Orlando Periñán, dice que desde octubre hasta enero recibieron 67 solicitudes de compra, equivalentes a 2.500 hectáreas, en la zona montañosa de El Carmen (de Bolívar)”16. En el municipio de Maríalabaja se están negociando alrededor de 300 hectáreas para la siembra de cultivos de palma aceitera.

La compra masiva de tierras en los Montes de María es un tema delicado por las fuertes implicaciones que tiene sobre el conjunto del territorio y la población, alterando y desplazando territorialidades campesinas por territorialidades netamente económicas. Muy seguramente esta situación no se estaría presentando con tal magnitud si no tuviese como antesala las escenas de violencia y terror que han propiciado un empobrecimiento acelerado de los campesinos, que se ven obligados a la venta de sus tierras y sus animales, patrimonio que es al mismo tiempo su medio laboral que garantiza el alimento, la atención médica y la reconstrucción de sus viviendas. El hecho concreto de este panorama es que ha existido y existe una intención por desocupar los territorios de sus habitantes tradicionales, y con ellos todo un complejo sistema de vida, valores, tradiciones y saberes, que sólo se han podido construir y desarrollar desde esos espacios concretos. “Hemos perdido nuestras costumbres, la armonía, la solidaridad y la confianza en los demás. Perdimos la relación grupal. Nos reuníamos en la

Conversación con campesino, en el corregimiento de Mampuján, municipio de María la Baja (Bolívar). Diciembre 21 de 2008. Notas de diario de campo. Publicación eltiempo.com. Artículo: Masiva compra de tierras a víctimas en Montes de María y Catatumbo; las pagan por debajo de su valor. http://www. eltiempo.com/colombia/masiva-compra-de-tierras-a-victimas-en-montes-de-maria-y-catatumbo-las-pagan-por-debajo-de-su-valor_4913389-1. 15 16

fiesta comunitaria y amanecíamos con sancocho, baile y música, se festejaban todas las fiestas y los carnavales, la Semana Santa, los matrimonios, las primeras comuniones y nuestros parientes se morían de viejos”17. “… Era común el intercambio entre veredas más cercanas, andar en las vías tarde la noche, trabajar juntos, confiar en los otros. Perdimos la música y la fiesta. Tuvimos cambios en las vestimentas y en los gustos, en el hablar. Perdimos las fiestas con comida abundante y las borracheras con todos”18.

Identidad y territorio De acuerdo con L. Concheiro, en la actual coyuntura agraria en Latinoamérica “ya no es la cuestión de la tenencia o de las formas productivas los únicos elementos importantes, sino otros elementos referentes al carácter simbólico de la tierra y a su particular expresión territorial”. Para los campesinos, la tierra es, antes que todo, un bien simbólico, una parte de la familia, la madre tierra; es el referente básico del ser campesino, una forma de conciencia que adquiere sentido en un sistema compuesto por mitos, ritos e imágenes, constitutivos de un “lenguaje de la vida real” como lo dice Kuassi. “Con esto estamos diciendo que el campesinado debe caracterizarse, en principio, culturalmente, con la tierra como corazón de su referente identitario, que le brinda un discurso de vida y pautas de organización social. Creemos que de esta forma puede descifrarse la racionalidad propia de las economías campesinas, su sentido cíclico y su especial relación con la naturaleza, que a pesar de las distintas formas de extracción del excedente permanece y guarda pautas específicas de desarrollo histórico” (L. Concheiro). En este sentido, la propiedad sobre la tierra no puede asimilarse a la de otras mercancías, ya que los derechos sobre un territorio se refieren a las relaciones construidas socialmente y a los recursos naturales que contienen. La tierra, o mejor el territorio, es el resultado del trabajo acumulado por varias generaciones de agricultores por una soberanía, por un tejido social, por un espacio en que pervive y se expresa su cultura. Valores sociales como la fraternidad, la solidaridad, el respeto por la palabra dada, diferentes formas creativas de ayuda mutua y el sentido social de la propiedad son componentes básicos y formas sociales de conciencia en los campesinos.

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Voces de campesinos de los Montes de María (Venegas Luque y Jiménez, 2008: 63). IBID. Página 76.

La tierra, vista desde la perspectiva de la comunidad campesina, permite superar lecturas economicistas y ahistóricas, ya que la comunidad no sólo ni principalmente es una instancia económica, sino más bien un referente de identidad, por el hecho de nacer en ella, sufrir el mismo tipo de experiencias, y verse envueltos en una interacción de carácter personal. “En estas ‘comunidades mundo’, hay una homogeneidad de valores, intensa solidaridad de grupo, un marcado carácter de igualdad, que no excluye una estructura jerárquica, pero que a la vez contiene mecanismos de regulación y normas no escritas sobre los límites y manejo de las tierras comunes tanto como las particulares” (J. Arrieta). El territorio para los campesinos tiene también un sentido estético, como paisaje, que toma forma en los diferentes cultivos, símbolos y valores morales dados a la tierra. Territorio son igualmente los colores y distribución de los cultivos, usos y desusos de las tierras. Son los caminos, la distribución de las casas, los arroyos y las ciénagas, las huertas de pancoger, los drenajes y canales, el asocio biodiverso de plantas y animales. Son las fiestas y celebraciones que sirven de vehículo para socializar alegrías, penas y recursos económicos.

La resistencia de los campesinos y las propuestas de vida rural 66 Desde el mismo momento en que la historia del despojo y la violencia se empieza a escribir en la región de Montes de María, las comunidades campesinas empiezan a construir la historia de su resistencia. Las comunidades que han permanecido en el territorio son ejemplo de ello. Como se explicó anteriormente, muchas familias campesinas en el momento del desplazamiento se ubican en áreas geográficas rurales o semi-urbanas, relativamente cerca a su lugar de origen, resistiendo a la propuesta forzada de abandono completo del territorio. Aquí, como en muchas otras acciones, se puede entender la importancia que tiene la tierra para el conjunto de la comunidad campesina. Dentro de este proceso se han resistido de igual forma a la propuesta de romper con los lazos sociales construidos a través de generaciones, ubicándose colectivamente en nuevos territorios desde los cuales inician nuevamente sus proyectos de vida, manteniendo viva la historia de la comunidad e impidiendo el olvido de lo que les constituye como pueblo. La resistencia de las comunidades desplazadas en Montes de María se traduce inicialmente en la propuesta por la permanencia en el territorio y por la reconstrucción de la comunidad, exigiendo la participación del Estado en el acceso a viviendas dignas, agua potable, energía, salud y educación para los hijos e hijas, entre otros. Para esto se han empezado a organizar, desarrollando acciones formativas y deliberativas relacionadas con la comprensión y apropiación de las normas nacionales e internacionales que los protegen, en su condi-

ción de campesinos y de desplazados forzados por la violencia. Este dinamismo se ha centrado en demandar inclusión socioeconómica, seguridad y capacidad de interlocución con el Estado. A partir de este proceso de resistencia en el mes de julio del año 2007 tres organizaciones de población desplazada de los Montes de María (Asociación Primero Los Niños, Asociación Campesina de Pueblo Nuevo y Asociación Campesina de Paloaltico), en conjunto con la Corporación Desarrollo Solidario, inician la elaboración de Agendas Campesinas concebidas como la proyección política de las organizaciones. En ellas se busca identificar problemáticas y necesidades asociadas a la marginalidad y exclusión socioeconómica, identificar daños y pérdidas ocasionadas por situaciones de violencia en el marco del conflicto armado, definir propuestas colectivas frente a las problemáticas, necesidades y daños identificados, y determinar acciones concretas que permitan implementar las propuestas. Durante cerca de dos años estas tres organizaciones campesinas participaron en espacios formativos regionales donde se abordaron temas asociados al derecho a la vivienda, la salud, el acceso a la tierra y la reparación, se motivaron análisis sobre la reconstrucción política y económica del país, y se propiciaron intercambios de experiencias. Estas actividades han tenido como finalidad la construcción de propuestas de vida rural a las cuales las organizaciones han decidido orientar la acción y gestión. A continuación se presenta un resumen de las propuestas priorizadas: •

Acceso a la propiedad de la tierra y seguridad para efectuar actividades económicas que respondan a la vocación campesina de la zona. Antes del desplazamiento forzado de carácter masivo y sistemático, se habían iniciado procesos para la adquisición de tierras a través de programas gubernamentales, para lo cual se habían conformado organizaciones campesinas. Con el asesinato y la desaparición de líderes campesinos el proceso se fracturó. A parte de esto, cabe mencionar la dificultad que la actual política agraria tiene para acceder a los subsidios de compra de tierra por la rigidez de los requisitos y el costo que implica contratar asesores expertos y gestionar los papeles requeridos. De igual forma, la presencia del proyecto agroindustrial de palma aceitera es un serio obstáculo para el acceso a las tierras, debido a la necesidad de sembrar el cultivo en grandes extensiones y porque la propuesta no responde a la vocación campesina de siembra de alimentos para el consumo.

•

Ejecución de proyectos productivos con sostenibilidad, que permitan garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, y que generen ingresos para el sostenimiento de las familias. A parte de tener tierra para trabajar, el campesino necesita tener recursos para tecnificar la tierra y comprar los insumos necesarios, tener vías en buen estado que les permitan movilizarse ágil y económicamente por el territorio y que les aseguren las condiciones de seguridad para esto. Además deben tener apoyo para la co-

mercialización de los productos, promoviendo que el campesino contribuya a la producción de alimentos para el mercado local y regional, reivindicando con esto la importancia económica de las comunidades campesinas. •

Restitución de viviendas dignas, que cumplan con los requisitos básicos para el bienestar y la tranquilidad de la familia, entre ellos, acceso a agua potable. Esta es una exigencia por parte de la mayoría de la población desplazada, ya que las viviendas en las que viven actualmente no se asemejan en nada con las viviendas que dejaron abandonadas y que hoy hacen parte de la maleza. La realidad es que hoy en día se presenta un grave problema de hacinamiento en los hogares y deficientes condiciones de saneamiento básico.

Las organizaciones campesinas que han elaborado estas agendas han iniciado procesos de incidencia política de sus propuestas colectivas e individuales, teniendo como resultado hasta ahora la consecución de algunos logros. Ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha de proyectos productivos agropecuarios en tierras adquiridas colectivamente, con el apoyo de la cooperación internacional, en los que campesinos y campesinas trabajan por la seguridad y autonomía alimentaria, así como en la generación de ingresos.

De igual manera, se han presentado dificultades concretas en el acceso a la propiedad de la tierra por parte de las víctimas del desplazamiento forzado, específicamente con las convocatorias que el actual gobierno realiza para tal fin. Los múltiples requisitos y condiciones que exigen hacen imposible cumplir el anhelo de poseer la tierra necesaria para que las familias campesinas puedan desarrollar sus proyectos productivos. En este contexto queda el reto por parte de las organizaciones campesinas de los Montes de María de fortalecer y posicionar las propuestas de desarrollo rural que vienen construyendo, y que están estrechamente relacionadas con una permanencia digna en el territorio. La incidencia de estas propuestas deberán estar encaminadas a construir nuevos horizontes de desarrollo agrario y rural en Colombia.

Bibliografía Decreto 1837 del 11 de agosto del 2002. Decreto 2002 de 2002. Documento CONPES 3510 de 2008, Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia. Incalcaterra, Amerigo, “Una visión internacional sobre las zonas de rehabilitación y consolidación”, Ponencia presentada como Director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el IV Encuentro Región Caribe de Paz, Sincelejo, julio 25 de 2003. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina en Colombia, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999. Notas trabajo de campo. II Foro sobre Agrocombustibles: llenando tanques vaciando ollas. Maríalabaja, agosto de 2008. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Panorama actual de la región de los Montes de María y su entorno, Bogotá, agosto 2003. Reyes, Alejandro, Guerreros y campesinos, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2009. Venegas Luque, Rocío y Jiménez, Sandro. Dinámicas regionales del conflicto y el desplazamiento forzado. Bolívar- Subregión de los Montes de María, Bogotá, Ediciones Antropos, 2008. Publicación eltiempo.com. Artículo: Masiva compra de tierras a víctimas en Montes de María y Catatumbo; las pagan por debajo de su valor. http://www.eltiempo.com/colombia/masiva-compra-detierras-a-victimas-en-montes-de-maria-y-catatumbo-las-pagan-por-debajo-de-su-valor_4913389-1 Publicación eltiempo.com. Artículo “Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema”. Noviembre 11 de 2006. http://www.eltiempo.com/archivo/ documento/CMS-3321259 Revista Semana. Artículo “Las pruebas hablan por sí solas”. Noviembre 11 de 2006 http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=649

CapĂtulo II

CiudadanĂas que construimos las mujeres

Mujeres de los sectores populares, en el desarrollo local en Medellín Por: Aura Celmy Castro Corporación Con-Vivamos

73 “Hoy día el fortalecimiento de los sistemas democráticos pasa por la profundización de la ciudadanía vista como el ejercicio pleno de los derechos humanos, en cuya base está el respeto de la pluralidad, la diversidad y la plena igualdad entre hombres y mujeres. La transformación del Estado tiene el reto de repensar la ciudadanía democrática a partir de la perspectiva de género y de nuevas formas de participación y liderazgo político”1.

Cecilia Cortés, Funpadem. Seminario “Ciudades solidarias, ciudades para convivir”, Montevideo, Uruguay.

En el acto cotidiano de la existencia, las mujeres de los barrios populares, han dignificado la vida y transformado su historia. En ellas recae la principal responsabilidad y peso de la economía del cuidado2 y la reproducción social. Se constituyen en proveedoras de servicios básicos y atención, tanto para el grupo familiar como para el vecindario y la comunidad. Siendo afectadas negativamente por un modelo de sociedad que deteriora sus derechos y les limita el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones y beneficios. Existen experiencias y estudios en diferentes esferas, donde se evidencian altos niveles de participación femenina en la construcción y reconstrucción de tejido social. Las mujeres han participado activamente en los procesos de población y construcción del hábitat popular. Las mujeres se han organizado y, desde diversos ámbitos, han luchado por impulsar la transformación de los mecanismos que originan las relaciones de poder en la sociedad y superar así las situaciones de subordinación e inequidad. Están aportando a la vida económica, política y cultural, contribuyen a la equidad, la igualdad, la valoración y reconocimiento de la diferencia, y abren oportunidades para construir ciudades más incluyentes.

El trabajo de muchas mujeres, durante años, se ve traducido en espacios y posibilidades de participación como sujetos de derecho. Participan ampliamente en diversas organizaciones comunitarias: Acción Comunal, comités de salud, grupos parroquiales, asociaciones de padres y madres de familia, asociaciones barriales, restaurantes comunitarios, hogares de bienestar, juntas administradoras locales, comités de mejoramiento de la vivienda entre otros. Las mujeres habitan espacios más amplios de su contexto inmediato, construyen y participan de concertaciones, cuyos objetivos van más allá de los intereses de sus grupos de referencia. Entre estos espacios se encuentran las mesas de trabajo, colectivos de trabajo por la paz, la convivencia y de construcción de políticas públicas. La participación de las mujeres de sectores populares es muy dinámica, a pesar de la insuficiente formación ciudadana y política. Estos factores, y sobre todo la intransigencia de los estamentos políticos, inciden en la baja presencia histórica de las mujeres en los espacios e instancias de decisión de mayor nivel, como el Concejo Municipal, las juntas administradoras locales, así como en los cargos de dirección.

2 Alude a las múltiples tareas que “cuidan o nutren a las personas, en el sentido de que les otorgan los elementos físicos y simbólicos imprescindibles para sobrevivir en sociedad y en un hábitat propicio” (Unifem, 2000) son consideradas obligación exclusivamente femenina, en muchos casos sin remuneración e impidiéndoles su desarrollo en otros ámbitos.

Es importante pensar que las mujeres que están en la esfera de lo público, están atravesadas por las diferentes situaciones problemáticas que convergen allí. Por esta razón, aportar elementos que posibiliten el análisis, la reflexión y la construcción de propuestas de desarrollo personal de las mujeres, para su participación y proyección social, es contribuir a la construcción de sus identidades de mujeres protagonistas de su destino individual y colectivo. Para lograr este propósito, es necesario la creación de espacios para la construcción cotidiana de la democracia, por medio de un acercamiento a nivel grupal e individual con las mujeres, que les posibilite la creación de un punto de vista propio, en su desarrollo personal y social, para que se sientan parte activa y responsable de la ciudad que habitan3.

Formación y fortalecimiento de los saberes de las mujeres Para que las mujeres fortalezcan su participación en el desarrollo de sus comunidades, las organizaciones sociales y comunitarias, aportan a su empoderamiento a través de la formación y fortalecimiento del conocimiento, práctica y difusión de sus derechos humanos, para su participación en equidad de género y social en la planeación y gestión del desarrollo local y en la reivindicación de sus derechos. Una formación acorde a las dinámicas propias de las mujeres, les ha permitido reflexionar y asumir prácticas democráticas a nivel personal, familiar, social y comunitaria y en los procesos de proyección y socialización que acompañan en los barrios populares. La formación incide en la calidad de la participación de las mujeres en los espacios de planeación y gestión del desarrollo. Así mismo fortalece su participación en el movimiento social de mujeres, logrando reivindicaciones propias de las mujeres de los sectores populares en su proyección comunitaria y actuación social y política en la ciudad de Medellín, en la vivencia de su ser mujer en espacios privados y públicos.

Plan de personal y sociopolítico de las mujeres. Corporación Con-Vivamos. Medellín.

Inclusión social y política de las mujeres de los sectores populares “Los derechos de cuarta generación se consideran en proceso de conformación; estos se relacionan con el reforzamiento de derechos ya existentes y reconocidos, aunque enfocados en la reivindicación por parte de grupos sociales en condiciones de desigualdad, tales como mujeres, niñas y niños, adultas y adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes. Esta clasificación a menudo se presenta como una sucesión temporal sin conflictos ni exclusiones. Pero la historia nos muestra que los derechos citados han evolucionado sin proteger a todas las personas por igual. Éste es el caso de las mujeres, a quienes no se les dieron los mismos atributos jurídicos para ser portadoras de derechos ciudadanos de la misma forma que sus congéneres masculinos. Por ello, el goce de los derechos ciudadanos para las mujeres ha significado una conquista política no exenta de conflictos y contradicciones. Así, para las mujeres, los derechos civiles, el derecho a elegir y ser electas, el derecho a la educación, la libertad para organizarse, para trabajar en condiciones dignas, así como el derecho a vivir una vida libre de violencia, entre otros, han sido reivindicaciones reconocidas con casi un siglo de rezago, y pese al reconocimiento formal sigue existiendo una brecha entre la ley y su aplicación4”.

Es fundamental consolidar el fortalecimiento de los espacios democráticos en la ciudad de Medellín, apoyando el proceso de participación y de inclusión social y política de las mujeres de los sectores populares. Esta integración social se logra mediante el fortalecimiento organizativo, la formación personal y la formación sociopolítica en derechos humanos de las mujeres, desarrollo local, presupuestos participativos y su ejercicio de ciudadanía. A las mujeres que han desarrollado capacidades y/o que están en cargos directivos de los grupos y organizaciones, se potencia su participación en los ámbitos de decisión local y de incidencia social y política. Mujeres de la Zona Nororiental de Medellín, lo vienen logrando a través de su participación en la Escuela de Desarrollo Local5, desarrollada actualmente dentro del Programa “Fortalecimiento de la participación democrática de los sectores populares para su inclusión política, social, económica y cultural en Medellín, Bogotá, Cartagena y Montes de María”, financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

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Desarrollo local con las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. México. Alianza Corporación Con-Vivamos, Corporación Nuestra Gente, Corporación Talentos y Corporación Sumapaz. Medellín.

Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, un espacio para construir ciudadanía con las mujeres de sectores populares de la ciudad La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín es un espacio de concertación entre mujeres, y de éstas con el Estado y otros sectores de la sociedad civil. Desde 1995, fecha de su constitución, trabaja en la consolidación de articulaciones y alianzas para el ejercicio de la ciudadanía plena, la exigibilidad de derechos, la autonomía y el fortalecimiento de la cultura política de las mujeres. La MTMM6, encamina sus esfuerzos para incidir en el Estado y en los procesos de planeación participativa del desarrollo, para que se promuevan, diseñen e implementen políticas públicas para las mujeres, desde una perspectiva de equidad de género que incluya y responda a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Desde esta perspectiva, la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín busca la transformación de la cultura política y el empoderamiento de las mujeres de tal manera que permita ampliar y fortalecer procedimientos y mecanismos de comunicación libre, amplia y autónoma, para la deliberación sobre las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, profundizando formas de participación individuales, grupales, formales e informales orientadas a incluir e incidir en el cumplimiento equitativo y eficiente de los fines del Estado; de tal manera que se garantice la vida, la dignidad humana y la equitativa participación de toda la población en los beneficios del desarrollo.

Construcción de agendas ciudadanas La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín dispone espacios para aportar a la construcción y concertación de políticas públicas que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de sectores populares y sus comunidades. Incidencia que se ve reflejada en propuestas tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo Municipal y en el programa de Presupuestos Participativos, donde las mujeres delegadas barriales a las comisiones económica, de convivencia, de obras públicas, de medio ambiente y de protección social, priorizan presupuestos para la ejecución de proyectos propuestos por ellas para la dignificación de sus vidas.

Mesa de Trabajo Mujer de Medellín.

La MTMM, atendiendo a los pronunciamientos presentados por las mujeres en diferentes momentos y escenarios de participación ciudadana, considera necesario ampliar y fortalecer acciones orientadas al empoderamiento de las mujeres en la participación política y el ejercicio de la ciudadanía, que incluyan y visibilicen a mujeres en su ciclo vital. El proceso de construcción de agendas ciudadanas para las mujeres en la ciudad, se inicia el 10 de octubre del año 2000, cuando la MTMM daba una mirada a la situación de las mujeres de Medellín, enfatizando la importancia de visibilizar los aportes de las mujeres a la vida económica, política y cultural articulados a la equidad, la igualdad, la valoración y reconocimiento de la diferencia, y a la apertura de oportunidades para construir una ciudad más incluyente. La MTMM mostraba cómo las mujeres han venido ampliando los conceptos de derechos universales, incluyendo la equidad, el respeto del derecho a la diferencia, acciones de discriminación positiva, la democracia en la ciudad y en la casa, el desarrollo humano sustentable y la paz. De igual manera, no se olvidaba la serie de obstáculos que las han afectado, particularmente:

- La cultura patriarcal, que limita la participación política de las mujeres y genera triples jornadas (laboral, doméstica y comunitaria). - La insuficiente inversión social en nuestra ciudad, que nos devuelve excesivas funciones de cuidado de la infancia, la salud, la vivienda, la familia. - La guerra, que en diferentes niveles produce viudas, huérfanos, conflictos familiares y absorbe recursos indispensables para el desarrollo. - La baja redistribución del ingreso por el Estado, las privatizaciones, que aumentan las desigualdades y contribuyen a la feminización de la pobreza. - El empobrecimiento general de la población por el alto desempleo, que se convierte en recarga económica en particular para las mujeres jefas de hogar. El 26 de agosto de 2001, la intervención de la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín en el conversatorio sobre Metromujer7 y las políticas públicas para la mujer y la equidad de género en el municipio de Medellín, hacía énfasis en:

Instancia municipal para asuntos de las mujeres, Subsecretaría de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

- El impulso de propuestas, iniciativas y acciones orientadas a la transformación de las inequidades de género. - El reconocimiento y valoración de los procesos de participación y concertación. - La identificación de las principales problemáticas que viven las mujeres del municipio, así como la presentación de propuestas e iniciativas que les permita incidir en la construcción de políticas públicas, programas y proyectos que se constituyan en acciones positivas que conlleven a la transformación de las desigualdades, de la discriminación, de la exclusión de más de la mitad de la población, lo que impide el acceso en forma paritaria a los bienes, recursos y servicios. Ya decía la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, de su voluntad y propósito de participar y contribuir en la formulación del proyecto Metromujer como instancia encargada de liderar, promover y desarrollar las organizaciones y acciones que contribuían a mejorar la situación y condición de la mujer no sólo en Medellín sino en los diferentes municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, se consideraba que Metromujer no excluía la necesidad de establecer y fortalecer una instancia de carácter municipal con capacidad jerárquica, voluntad política y recursos técnicos y financieros para estimular y coordinar acciones con las diferentes secretarías y dependencias de la administración municipal, de tal manera que se pudiera garantizar la transversalidad de la equidad de género en todos los programas y proyectos del municipio, (instancia que existe hoy como Secretaría de las Mujeres). Esta misma instancia aportaría a la formulación de políticas públicas que atendieran las demandas de las mujeres y dieran cumplimiento a los compromisos internacionales, adquiridos por el Estado colombiano, orientados a lograr la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La participación de las mujeres, especialmente de los sectores populares, en la instancia creada por la municipalidad, ha contribuído a su fortalecimiento organizativo y al de los procesos de participación comunitaria, ciudadana y política de las mujeres, así como a mejorar los niveles de integración y de articulación entre las mismas, llevando a una mayor vinculación de las mujeres a la toma de decisiones en torno al desarrollo de la ciudad, la dignidad y el ejercicio de la ciudadanía plena. El 6 de junio de 2003, La MTMM enviaba una carta donde proponía a las demás organizaciones e iniciativas de mujeres de la región, el taller Entretejiendo Agendas, con el objetivo de comenzar a elaborar una propuesta conjunta para las labores de cabildeo en el proceso de campaña electoral de entonces.

En la Agenda Ciudadana 2003, Mujeres de Medellín ejerciendo ciudadanía8, se recogen las propuestas en torno a las problemáticas y temáticas de: feminización de la pobreza, trabajo y empleo, derechos humanos y derecho internacional humanitario, participación ciudadana y política, educación y cultura, salud y salud sexual y reproductiva, hábitat y vivienda. En ella las mujeres expresan sus consideraciones y propuestas frente al tipo de acciones y procedimientos orientados a la reducción y transformación de las problemáticas señaladas. La MTMM en una tarea permanente ha desarrollado ejercicios de cabildeo, concertación y voto programático, con las organizaciones que la integran y en articulación con las diferentes expresiones del movimiento social de mujeres que construyen propuestas de desarrollo personal y socio político con y para las mujeres en la ciudad. La MTMM elaboró la Agenda Ciudadana de las Mujeres para Medellín 2007, para el ejercicio de cabildeo con los candidatos y candidatas a cargos de elección popular y a la ciudadanía en general, para el periodo 2008-2011. Esta agenda recoge los resultados de un proceso de construcción colectiva, donde participan organizaciones, grupos, instituciones, redes, espacios de concertación y distintas expresiones del movimiento social de mujeres.

La Agenda Ciudadana de las Mujeres para Medellín 2007, retoma en su construcción elementos del Plan de Acciones Positivas, de la agenda de trabajo de las mujeres y aportes de la Red de Mujeres Públicas. Requiriendo asuntos como: - Un Plan de Acciones Positivas para la mujeres que oriente programas y proyectos desde las distintas secretarías en función de la transversalidad y en cumplimiento de la política pública para las mujeres en Medellín. - El fortalecimiento de la Secretaría Municipal para las Mujeres de Medellín, con la asignación del presupuesto requerido para cumplir con su misión y el nombramiento de un comité asesor proveniente del movimiento social de mujeres. - El apoyo a la implementación de una veeduría ciudadana desde las mujeres a la política pública y al plan de acciones positivas. - La creación de un observatorio desde las mujeres para hacer seguimiento y exigibilidad de sus derechos humanos: civiles, políticos, sexuales y reproductivos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Agenda Ciudadana, Mujeres de Medellín ejerciendo ciudadanía. Presentada para el período 2004-2007, del gobierno municipal.

Evaluar la transversalidad de género en el desarrollo local Aunque se vienen dando pasos para generar una cultura organizativa y una transformación en las prácticas tradicionalmente utilizadas para la gestión del desarrollo; la trayectoria en materia de una gestión democrática y con perspectiva de género, es necesaria evaluarla para saber hasta dónde lo que se pretende, es todavía un propósito a alcanzar o hechos que se vivencian. Es necesario medir la participación y los cargos que ocupan las mujeres que han estado y están vinculadas a los procesos sociales impulsados por las organizaciones comunitarias, por movimientos sociales, por redes y colectivos, así como quienes han participado en cargos comunitarios de elección popular como las juntas administradoras locales y las juntas de acción comunal o han sido delegadas a comisiones de programas como el de presupuesto participativo. Se hace necesario construir una propuesta de indicadores sociales que permitan hacer seguimiento y evaluación a la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo local, en organizaciones sociales, instituciones privadas y públicas.

Retos para la participación de las mujeres de sectores populares en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo local “La ciudadanía es un concepto que ha cambiado de significado con el paso del tiempo, enriqueciéndose progresivamente con la inclusión de derechos. La ciudadanía, desde la perspectiva de género, va más allá del ejercicio de derechos universales para la inclusión de las mujeres a una comunidad política: por ejemplo votar o ser electas. La demanda de las mujeres es ejercer el derecho a la igualdad pero también el derecho a la diferencia, esto implica abandonar el concepto aparentemente neutro de ciudadanía (que hace referencia esencialmente al sujeto masculino) y construir una ciudadanía con perspectiva de género que considere los derechos particulares y colectivos de las mujeres” 9. El reconocimiento de la diversidad conlleva al pluralismo. “La pluralidad es una circunstancia, existimos siendo diferentes, el pluralismo es un valor, es aceptar y reconocer la necesaria participación de las diferentes ideas y formas de pensar para construir una sociedad más justa”10.

9 Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, Género en la gobernabilidad democrática, “Serie, Mujeres, poder local y democracia: Conceptos clave, Cuadernillo 1”. Instraw, 2009. 10 Ibídem.

Es fundamental el reconocimiento social y político de las mujeres de los sectores populares en la ciudad, con el fin de que los Planes de Desarrollo Municipales tengan en cuenta las propuestas y los proyectos de desarrollo local de las mujeres y de las organizaciones sociales y comunitarias de las Comunas de Medellín. La participación de las mujeres ha de incidir en la formulación de políticas públicas y definición de planes y presupuestos que aporten a la transformación de inequidades sociales, culturales y políticas fundamentadas en el género. La participación comunitaria y política de las mujeres aún plantea grandes retos, la presencia de las mujeres en los espacios de dirección y decisión mantiene los bajos niveles históricos, con dificultad se alcanza el 30% en cargos de entes descentralizados, despachos y demás instancias de la administración municipal, como se establece en la ley de cuotas, y en los espacios de elección popular estas cifras son aún menores.

La Corporación, desde 1994, viene impulsando procesos de planeación local del desarrollo, la cual contempla lo territorial, lo sectorial y lo poblacional, acogiendo en este nivel a lo generacional y lo genérico. En este aspecto, la corporación sabe que tiene un camino recorrido pero que aún hay mucho camino por recorrer, especialmente en la ampliación de la ciudadanía de las mujeres. Reconoce que es necesario pasar de la presencia a la representación: Las mujeres de los procesos hacen presencia en muchos espacios femeninos y mixtos, ya sea por elección o por designación y son reconocidas allí. Sin embargo es fundamental fortalecer la presencia de las mujeres, con representación de sus intereses como mujeres, en esos espacios. Las mujeres de Medellín requieren un aumento de la inversión social, tanto para disminuir el impacto del desempleo y la crisis económica, como para fortalecer servicios comunitarios, abrir espacios de concertación y participación, disminuir la violencia intrafamiliar y social, promover nuevos patrones de convivencia no patriarcales, apoyar las iniciativas de las mujeres y su protagonismo social y político. Para el ejercicio de ciudadanía de las mujeres en lo individual y en lo colectivo, es necesario su empoderamiento, es decir, que las mujeres tengan más poder, una mayor confianza en sí mismas, que fortalezcan su posición social, económica y política. Es necesario que las mujeres ejerzan el derecho a ser escuchadas y participen en la construcción de su destino como ciudadanas de derecho, mejorando su calidad de vida y haciendo prevalecer el cumplimiento de sus derechos de ciudadanía.

Las mujeres deben estar en capacidad de consolidar su apuesta democrática y de participación ciudadana a través de un ejercicio de ciudadanía plena y cualificada en la construcción, negociación y concertación de políticas públicas y de propuestas concretas de desarrollo local incluyente, sostenible y equitativo y con reconocimiento para las mujeres. Se deben fortalecer los espacios democráticos y de interlocución mediante el apoyo a los procesos de concertación y diálogo con la municipalidad y con los diferentes organismos de administración. Debe ser permanente la promoción de los derechos de las mujeres y promoción de la igualdad en la toma de decisión política y la gestión. Finalmente, se evidencia cómo en medio del conflicto y de la creciente feminización de la pobreza, de manera persistente, las mujeres continúan cosiéndole esperanzas al futuro desde propuestas específicas, construidas en procesos barriales, comunales, sindicales, de ejercicio y exigibilidad de derechos humanos.

Si yo no viviera en un país asediado que rodeado de muerte nos da vida. Si no creyera en la fuerza del pensamiento y pensara que sólo es útil para ejercicio del cerebro. Si no me despertara cada mañana con algo menos, con algo que ya no está: –el jabón, las bujías, la leche– y no supiera que en adelante tendré que inventarme hasta la luz y volver contenta a lo primitivo y bueno que hay en cada casa, en cada corazón. Si no caminara cotidianamente en la navaja que separa las nubes del cielo y el infierno y fuera una mujer de lino en un país aplanchado,

desarrollado, lleno de todo lo que aquí nos falta... Seguramente hubiera pasado a tu lado sin mirarte, sin que me vieras. Seguramente ni vos ni yo estaríamos ahora sentados mirándonos, tocándonos, acariciando, como un niño el tiempo.

Gioconda Belli

El aporte de las agendas ciudadanas de mujeres populares a la construcción del desarrollo Por: Nuris Sánchez1 Proceso de Mujeres con Voz Propia Funsarep (Cartagena)

85 Quiero compartir con ustedes una experiencia concreta de participación en el desarrollo local, que hemos llevado a cabo a través del posicionamiento social de la agenda ciudadana de mujeres populares “Lo que NOSOTRAS queremos”.

El proceso de construcción de agenda ciudadana. Principales momentos La construcción de esta agenda es un proceso que iniciamos en el año 2005 en las unidades comuneras de gobierno 2 y 3 de Cartagena; un proceso que se inscribe en el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres de los sectores populares.

1 La autora de este artículo, Nuris Sánchez, participa desde hace varios años en el Equipo de trabajo del Área de Género y Desarrollo de Funsarep. Es promotora de salud y educadora social y comunitaria. Ha realizado cursos de formación en el campo de la participación y gestión social.

La agenda fue construida con una metodología muy participativa: en primer lugar, hicimos una Consulta a mil mujeres de los sectores populares, que tuvo como ejes la experiencia cotidiana de las mujeres y sus prácticas y expectativas sobre la participación.

Posteriormente, se organizaron ocho Cabildos de Mujeres Populares, en los que las mujeres debatieron sobre el concepto de “calidad de vida”. Es interesante reseñar que estos Cabildos de Mujeres Populares asumen progresivamente, como referente de sus reflexiones y prácticas, una perspectiva feminista. En los cabildos, mujeres ubicadas en barrios de las comunas 2 y 3 profundizan sus condiciones de vida, e identifican situaciones que no les posibilitan una vida con calidad, entre ellas las relaciones de opresión y subordinación que se establecen entre los hombres y mujeres en el hogar, y en las organizaciones comunales. Las mujeres se nombran a sí mismas identificándose como mujeres populares con intereses, capacidades y potencialidades propias, cuestionan modelos de desarrollo que producen pobreza y subordinación, y se apropian de modelos con una perspectiva de cambio social democrático. La transformación de relaciones de subordinación entre hombres y mujeres en la vida privada y pública cobra una importancia especial en sus luchas y propuestas, y en la formulación de sus agendas. Por otra parte, este discurso de género que las mujeres van construyendo en los cabildos populares incluye la discusión sobre la necesidad de políticas públicas que posibiliten el ejercicio del poder y la representación de las mujeres en puestos de elección popular, transcendiendo así los espacios comunales y comunitarios, históricamente más accesibles para las mujeres de sectores populares. De esta manera, los cabildos de mujeres populares se constituyen en un significativo aporte a la construcción de un “feminismo popular”, en la medida que, en esos espacios, las mujeres van progresivamente construyendo un discurso propio –hecho de palabras, ritos, acciones, espacios, celebraciones, reconocimiento y encuentro con sus cuerpos…–, en contextos marcados por la precariedad de la vida, en los que se articulan dimensiones específicas a nivel económico, social, cultural, político y de género. Es un feminismo que se va construyendo a partir de la reflexión acerca de las problemáticas concretas que viven las mujeres de los sectores populares en la cotidianidad de sus prácticas, sueños y resistencias. En tercer lugar se llevaron a cabo unas encuestas sobre el estado de las necesidades vitales de las mujeres en relación con el desarrollo. Todos estos eventos proporcionaron los insumos para la elaboración de la Agenda “Lo que NOSOTRAS queremos”.

Los enfoques de la agenda ciudadana de las mujeres populares “Lo que NOSOTRAS queremos” La agenda tiene dos enfoques importantes:

1. El derecho al desarrollo y a una vida digna Se asume el enfoque de “desarrollo a escala humana” propuesto por Manfred Max Neef2, incorporando la perspectiva de género en la construcción de satisfactores para las necesidades vitales de las mujeres. Este desarrollo a escala humana “se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología”. La agenda plasma este enfoque desarrollándolo a través de cuatro aspectos fundamentales; a) un diagnóstico de la situación que viven las mujeres de los sectores populares, la restricción de sus derechos y las carencias que afrontan para satisfacer sus necesidades vitales; b) la visibilización de las potencialidades de las mujeres para generar satisfactores de calidad; c) el reconocimiento de los deseos y los intereses de las mujeres, y d) la identificación de las demandas y exigencias de las mujeres para garantizar su derecho a una vida digna, que contemple satisfactores diferenciados y de calidad para las necesidades vitales de las mujeres, teniendo en cuenta sus intereses de género. 2. El enfoque de derechos El derecho al desarrollo es el eje de esta construcción. Un derecho que implica el disfrute de todos los demás derechos. Por eso, en la agenda “Lo que NOSOTRAS queremos” las mujeres plantean claras demandas de exigibilidad de sus derechos económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos; además, exigen condiciones que aseguren su derecho a una vida libre de violencias.

Valoración de la experiencia: principales logros y aprendizajes La agenda, además de ser una excelente herramienta pedagógica para procesos de formación en colectivos de mujeres, nos ha permitido incursionar en espacios y escenarios públicos, posicionando nuestros derechos y exigiendo satisfactores de calidad para nuestras necesidades humanas de subsistencia, protección, entendimiento, afecto, ocio, participación, identidad, creación y libertad.

Max Neef, Manfred; Elizalde, Antonio; Hopenhayn, Martín: Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. Cepaur, Fundación Dag Hammarskjöld, Santiago, 1986.

Con nuestra agenda “Lo que NOSOTRAS queremos”, las mujeres de sectores populares estamos haciendo aportes muy significativos en la construcción de los planes de desarrollo Distrital y Local, en los cuales logramos posicionar varias de nuestras propuestas. Las mujeres organizadas en distintos espacios y vinculadas a los procesos formativos de Funsarep –conscientes de que la inclusión del enfoque de género en los planes de desarrollo de los gobiernos permite identificar cómo las problemáticas afectan de manera diferenciada a los grupos poblacionales, a los hombres y las mujeres, y en consecuencia, los procesos de diseño e implementación de programas deben ser diversos para generar relaciones de equidad–, comenzamos en las dos últimas administraciones (de 2004 a 2007) a participar de manera más activa en la construcción de los planes de desarrollo. En ese proceso acumulamos muchas frustraciones, por ejemplo, insuficiente visibilización de la presencia y palabra de las mujeres; formas y estilos de trabajo todavía muy patriarcales y jerarquizados; enfoques familistas o productivistas en la relación de las mujeres con el desarrollo, que no garantizan su empoderamiento; presupuestos insuficentes o inexistentes para llevar a cabo los programas propuestos, que además no son sensibles a las inequidades de género… Aun así, a finales del año 2007 las mujeres vinculadas a los Cabildos Populares, con la agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos” ya construida, decidimos ampliar horizontes y comenzamos a posicionarla en diversos escenarios:

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En colectivos y grupos de mujeres. En eventos de presentación de programas de las candidatas y candidatos a alcaldía y corporaciones públicas. En escenarios de organizaciones sociales y sus redes.

En el año 2008, la alcaldesa Judit Pinedo Flórez promueve decididamente la participación de la ciudadanía en la construcción del plan de desarrollo distrital; en este contexto, las mujeres de los cabildos, asesoradas por Funsarep, diseñamos una estrategia de participación en las mesas de construcción del plan de desarrollo, definiendo colectivamente las propuestas que queremos posicionar de manera transversal en las diferentes temáticas abordadas (salud, educación, empleo, vivienda…) y de manera particular, en la Mesa que trabaja las problemáticas de grupos poblacionales específicos, entre ellas, las de las mujeres. Algunas de estas propuestas, que compartimos y posicionamos conjuntamente distintas expresiones del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, son integradas en la redacción final del Plan de Desarrollo Distrital, concretamente la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y la promoción de los derechos económicos y sociales de las mujeres, especialmente el derecho a la vivienda, al empleo digno y a la salud, así como el derecho a la seguridad humana y la necesidad de cuidar los bienes públicos de la Localidad.

Este proceso se fortalece durante el año 2008 con la formación en el campo de los presupuestos participativos sensibles al Género, con el apoyo de la Corporación Vamos Mujer (Medellín), que compartió solidariamente con nosotras su experiencia en este campo. Pero sobre todo, ha sido muy importante para nosotras la participación con nuestra agenda en la formulación de una política pública de mujeres con equidad de género en la ciudad de Cartagena. En el curso del año 2008, diversas instancias organizativas de las mujeres en la ciudad de Cartagena, dedican sus mejores energías a la incorporación de una política pública para las mujeres con perspectiva de género y enfoque de derechos en el Plan de Desarrollo Distrital. Una política pública para las mujeres, con perspectiva de género, posibilita que sus derechos, mas allá de ser reconocidos, gocen de garantías a través de mecanismos, estructuras e instituciones de poder que los respalden: ahí radica su importancia estratégica. El enfoque de género en las políticas públicas es una nueva manera de mirar y pensar los problemas, las necesidades, los procesos sociales, las demandas y los objetivos del desarrollo local. Permite la inclusión de la diversidad y promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y de los hombres. Por otra parte, implica la inclusión de la equidad de género y apunta a la erradicación de la subordinación y discriminación de las mujeres. La perspectiva de género en políticas públicas exige, sobre todo, identificar satisfactores diferenciados para las necesidades de hombres y de mujeres, e igualmente las consecuencias de carácter diferencial de las políticas trazadas. En el caso de una política pública “para las mujeres”, implica considerar este grupo poblacional no como “beneficiarias” u objeto de asistencia, sino como sujetos de derechos; y coloca en el centro del debate la calidad de vida de las mujeres y de las niñas, que remite a la generación de satisfactores de calidad para sus necesidades fundamentales. Teniendo presentes estos supuestos, durante el año 2008, participamos activamente en el proceso de consolidación del Movimiento de mujeres en Cartagena y en su debate acerca de la política pública de las mujeres, contribuyendo a visibilizar la presencia y palabra de mujeres de los sectores populares en este escenario. En este proceso participamos, por ejemplo, en los Encuentros Ciudadanos de Mujeres. Con nuestra Agenda ciudadana visible en las manos, las mujeres de los sectores populares opinamos, dimos nuestros aportes; fue un gran reto y un ejemplo claro de empoderamiento para el ejercicio de nuestra ciudadanía. Todas estas experiencias, han hecho posible que las mujeres de sectores populares seamos y vivamos como ciudadanas, con capacidades para participar, opinar, debatir y tomar decisiones acerca del modelo de desarrollo que queremos para nosotras y para la ciudad en la que habitamos, tan excluyente y empobrecida.

En la agenda ciudadana “Lo que NOSOTRAS queremos”, las mujeres afirmamos que el desarrollo humano debe ser entendido como la posibilidad de satisfacer un conjunto de necesidades que no están solamente en el orden de la reproducción de la vida, sino sobre todo en el orden de la calidad de la vida, y caracterizamos, inspiradas en el pensamiento de Marcela Lagarde3 el modelo de desarrollo en el que creemos de la siguiente manera: Un desarrollo humano en el que las personas nos hacemos cargo de nosotras mismas, de nuestros destinos, y realizamos nuestras potencialidades. Es un desarrollo responsable y solidario que tiene en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y de las generaciones venideras, por lo tanto tiene en cuenta el impacto ecológico y respeta la calidad del medio ambiente. Es un desarrollo sostenible y sustentable, duradero, que se puede prolongar en el tiempo. Un desarrollo incluyente, que asegure la distribución justa de la riqueza creada beneficiando a la mayoría de la población. Un desarrollo participativo, que incluya la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la planificación y seguimiento de las políticas y asuntos públicos que les afectan. Un desarrollo con empoderamiento de las personas excluídas, y en particular de las mujeres.

Un desarrollo con equidad de género que asegure igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a los bienes tanto materiales como simbólicos, y considere satisfactores diferenciados por género para las necesidades fundamentales. Las mujeres de sectores populares somos conscientes de la cantidad de obstáculos que se nos presentan para incursionar en estos escenarios públicos. El mayor de todos, sin duda, es la inferiorización que llevamos dentro de nosotras mismas. Para enfrentar estos obstáculos estamos fortaleciendo nuestra autoestima, tanto a nivel personal como colectivo, y la conquista de la propia autonomía. Las mujeres populares, como todas las mujeres, nos sentimos poderosas cuando sabemos afirmar nuestros propios intereses. Con esta Agenda ciudadana hablamos a la ciudad, y le decimos que para nosotras el interés más importante en el desarrollo es tener una vida con calidad, que hasta ahora nos ha sido negada. Y esto implica la satisfacción de todas nuestras necesidades humanas.

Lagarde Marcela: Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Editorial Horas y HORAS, Madrid, 1996.

Ciudadanía de las mujeres habitando y construyendo el territorio. Mesa de organizaciones de mujeres caminando hacia los encuentros ciudadanos Por: Mary Sol Avendaño A. Centro de Promoción y Cultura

Presentación “Una ciudad solidaria y comprometida contra la pobreza es una ciudad que reconoce a las mujeres que ejercen su autonomía y generan alternativas de convivencia que dignifican la vida y construyen la paz”.

Esta es una de las premisas encontradas en el marco de la política pública de mujer y géneros de Bogotá; y es quizás uno de los eslabones desde los cuales las mujeres de las diferentes localidades de Bogotá entendemos la ciudadanía y hemos empezado a demandar –organizadamente– un mayor reconocimiento de nuestra condición de sujetos sociales y de nuestro actuar político a favor de la vida de las mujeres, de los niños y las niñas y en general de la comunidad.

En este sentido, para Hernando Gómez, “Bogotá es una ciudad que a través de los últimos gobiernos, ha ganado un mayor reconocimiento de quienes habitan en ella, en un momento dado dándoles el status de ciudadanos cumplidores de deberes, derechos, reglas y normas... una ciudad donde existe inequidad, pobreza, exclusiones”1, pero la cual tiene que permitir otra mirada, una mirada desde la garantía de los derechos, donde la ciudadana y el ciudadano “tienen que ser vistos fundamentalmente desde sus derechos, que a través de sí, y de su colectividad se ha ganado”2. Ahora bien, para la política pública de mujer y géneros, una práctica expresa que permite evidenciar la ciudadanía de las mujeres, se da a partir de la participación de las mismas en el ámbito de lo público, develando que cada vez es más evidente que lo público no es un escenario por excelencia para el debate y la exigibilidad de los derechos. En ese sentido para la política pública de mujer y géneros, la ciudadanía se relaciona con la participación política, entendiendo la participación como un elemento fundamental para garantizar el “derecho de representación, tanto de los intereses específicos de las mujeres, como los intereses generales de la ciudadanía. El empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, es concebido como una de las estrategias más significativas de las mujeres y las organizaciones para ganar poder por sí mismas en forma individual y/o colectiva, mediante acciones participativas y transformadoras”3.

Sin embargo, es necesario reconocer que estamos en un proceso muy incipiente; pues aunque se cuenta con un instrumento de política pública a favor de la vida de las mujeres, plasmado en el PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL DISTRITO CAPITAL 2004-20164, todavía falta mucho para que su implementación sea real e impacte positivamente la vida de las mujeres que las lleve a verse a sí mismas como ciudadanas. Podríamos decir, que nos encontramos en un momento de acercamiento y reconocimiento de las organizaciones de mujeres y la política pública de mujer y genero, ésta última, resultado del largo camino de la revolución pacífica de las mujeres, promovida desde la primera mitad del siglo XX.

Avendaño, Mary Sol. Sistematización: Misión Bogotá una construcción permanente de ciudadanía. IDCT-OCU. Bogotá, 2005. Pág. 24. Ibídem. 3 Política Pública de Mujer y Géneros. Plan de Igualdad de Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 2004-2016. Bogotá, 2005. Pág. 27. 4 Este plan contempla un conjunto de acciones de igualdad, planteados desde un enfoque de derechos, que permita eliminar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres. El Plan se constituye así en una acción afirmativa orientada a reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres, consignados en siete derechos: - Derecho a una vida libre de violencias. - Derecho a la participación y representación de las mujeres. - Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad. - Derecho a una salud plena. - Derecho a una educación con equidad. - Derecho a una cultura libre de sexismo. - Derecho a un hábitat digno y seguro para las mujeres. 1 2

Estamos, entonces, en el distrito capital y por ende en las localidades que lo conforman, en un proceso de acercamiento entre las apuestas institucionales –propias de las políticas públicas– y las demandas colectivas de las mujeres en el marco de exigibilidad de los derechos. Las mujeres de la localidad octava –Kennedy– no hemos sido ajenas a este proceso y hemos intentado “bajar” a la localidad esta apuesta por los derechos de las mujeres. Las líneas que vienen a continuación pretenden compartir la experiencia colectiva de varias organizaciones de mujeres que decidimos aunar esfuerzos para la visibilización de las problemáticas y necesidades de las mujeres kennedyanas y la formulación de proyectos con perspectiva de género, amparándonos en los planteamientos del Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres y la exigibilidad de derechos a partir del mismo, ejerciendo nuestro derecho a la participación y demandando en la arena de lo público los derechos que tenemos las mujeres como humanas. 1. Unas mujeres, unas organizaciones, unos antecedentes de organización comunitaria En la localidad octava –Kennedy– el proceso organizativo de las mujeres tiene profundas raíces. Las mujeres hemos estado en el desarrollo del barrio, en la formulación de respuestas a las necesidades comunitarias, en la creación de jardines infantiles, de casas comunales, en la intervención en Juntas de Acción Comunal, en el cuidado del ambiente, en la promoción de procesos culturales para el mejoramiento de la calidad de vida, entre muchos otros escenarios políticos que han ido forjando nuestra participación. Ha sido esta trayectoria la que nos ha permitido pensarnos desde nuestras propias organizaciones y, sobre todo, desde nuestra propia vitalidad como mujeres. Desde esta convicción de sabernos poseedoras de un potencial organizativo muy grande, pero también desde la certeza de consolidar una apuesta por los derechos de las mujeres, hemos venido acercándonos y articulando procesos de trabajo con otras mujeres y organizaciones en la localidad, que ha dado lugar a lo que llamamos Mesa de Organizaciones de Mujeres “Caminando Hacia los Encuentros Ciudadanos”. Esta mesa tiene sus antecedentes en un proceso de coordinación entre el Centro de Promoción y Cultura (CPC-FASOL), la Fundación de Desarrollo Comunitario (FUNDECOM) y la Asociación de las Mujeres del Río (ASRIO), para adelantar un proceso de formación a formadoras en prevención de violencias contra las mujeres, en el año 2007. Durante este proceso, se adelantaron una serie de reflexiones, que nos permitieron ubicarnos en el contexto de violencias, vividas por las mujeres, las niñas y los niños, en las diferentes UPZ de la localidad. Identifica-

mos en este ejercicio las posibles causas de estas violencias en los ámbitos familiar, social, cultural, político y económico, que requerían nuevos procesos colectivos a favor de la vida de las mujeres y la erradicación de las diferentes violencias contra las mujeres en los territorios. Nos dimos cuenta de que si bien es cierto que los espacios formativos son importantes, si estos no están acompañados por acciones públicas y organizadas de las mujeres, sus necesidades y problemáticas no presentarán mayores procesos de transformación. Con estas inquietudes decidimos convocar de manera más amplia a otras mujeres, para formular entre todas posibles alternativas para la incidencia política de las mujeres en los encuentros ciudadanos a desarrollarse durante el 2008 y la formulación de proyectos con perspectiva de género a ser incluidos en el plan de desarrollo local, que para ese momento se denominó “Kennedy: Identidad Territorial, Incluyente y Humana” 2009-2012. Se entiende por encuentro ciudadano las asambleas generales de las ciudadanas y ciudadanos de las localidades5 y sus líderes, convocados para la identificación y priorización de necesidades y problemas del desarrollo local y la formulación del plan de desarrollo. Finalizado este proceso, el encuentro ciudadano entrega a la alcaldesa o alcalde los resultados de la identificación y priorización, definición de los programas y proyectos de inversión local, así como los objetivos, metas a ejecutar en los cuatro años siguientes.

2. Una mesa para el encuentro Una vez planteada la necesidad del encuentro y trabajo colectivo de las organizaciones de mujeres nace la Mesa de Organizaciones de Mujeres Caminando hacia los encuentros ciudadanos. Este nombre sugiere a las integrantes de la misma un camino, un proceso a construir juntas sintiéndose muchas mujeres de Kennedy, convocadas a articular esfuerzos para posicionar sus intereses frente a la coyuntura política de la planeación local y frente al interés conjunto de buscar lugares de encuentro donde las principales líneas de trabajo, necesidades y potencialidades de las organizaciones de mujeres se reconocieran entre sí, para posicionar su trabajo a nivel local y fortalecer de esta manera el movimiento social de mujeres en Kennedy. Este escenario democrático, producto de una situación coyuntural como son los encuentros ciudadanos, sirvió como disculpa para encontrarnos, organizarnos y proyectarnos desde una ética femenina por la vida, escenario democrático que no tiene dueñas y donde todas estamos llamadas a ser convocadas y convocantes.

5 Bogotá por mandato constitucional y reglamentación del Concejo de Bogotá, está dividida en veinte localidades que corresponden en la mayoría de casos a territorios homogéneos en poblamiento, usos del suelo, etc.

Las actividades realizadas en la mesa fueron vividas en dos grandes momentos: a) un momento de identificación de las necesidades y problemáticas de las mujeres kennedyanas, y b) un momento de formulación de alternativas que permitieran poner a jugar las potencialidades de las organizaciones de mujeres a favor de sus derechos y desde un marco de exigibilidad, promovido a nivel distrital desde el Plan de Igualdad de Oportunidades. Veamos cómo se realizó este proceso: a) Identificación de necesidades y problemáticas de las mujeres kennedyanas, a partir de un diagnóstico participativo donde constatamos problemáticas tales como prostitución, violencia de género, ausencia de un trato diferencial en la prestación de servicios de salud para las mujeres, embarazos tempranos, falta de oportunidades de profesionalización de mujeres líderes y educadoras comunitarias, desempleo, bajos ingresos y explotación laboral de las mujeres; así como el desplazamiento de las mujeres por conflicto armado. Estas problemáticas que evidenciábamos en el conjunto, no se pueden solucionar estructuralmente desde el orden local, sino que deben abordarse a través de programas y proyectos del orden distrital y nacional. Este ejercicio se constituyó en una lectura política de la situación de las mujeres y una oportunidad para preguntarnos por el papel del Estado y de la sociedad en general frente a la misma, y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, los cuales no pueden ser tratados como programas para la supervivencia. b) Formulación de alternativas y posibles proyectos: Con estos insumos y reflexiones, la mesa inicio el proceso de formulación y posicionamiento de metas y estrategias que permitieran dar paso a los posibles proyectos a favor de la vida de las mujeres, que pudieran ser aprobados en los encuentros ciudadanos y plasmados en el futuro plan de desarrollo local de Kennedy. A este ejercicio se sumaron las entidades del Distrito con presencia en el orden local, que tienen bien sea programas dirigidos a las mujeres o funcionarias denominadas referentes de género. En primer lugar se les invitó a escuchar las demandas de las mujeres y las necesidades que se tienen, y en segundo lugar a socializar sus ofertas institucionales relacionadas con las mujeres. Fue un momento de reconocer que las entidades cuentan con programas, pero no con una estrategia real que acerque las instituciones a las comunidades. Esta llave –organizaciones de mujeres y entidades del Distrito– amplió el marco de lectura de necesidades y dio a la mesa una dinámica de discusión más amplia y tendiente a construir proyectos incluyentes, en clave de derechos y perspectiva de género, analizando de manera conjunta desde dónde es posible incidir. El cuadro presentado a continuación recoge este ejercicio y nos permite apuntar a los proyectos formulados posteriormente:

Problemática

Meta de impacto propuesta

Estrategias

Salud. Ausencia de trato diferencial para las mujeres

Garantizar la atención diferencial en salud para mujeres, a través de asignar el personal científico necesario y dotar una UPA con perspectiva de género.

Dotar una UPA especializada para la atención diferencial para mujeres en la localidad (tanto en el hospital del Sur, como en el Hospital de Kennedy).

Embarazos tempranos

Disminuir en uno o dos puntos anuales (a partir de las estadísticas de las entidades distritales) los embarazos a temprana edad.

Reestructurar y orientar permanentemente programas pedagógicos a maestras/os, familias y jóvenes, coordinados con instituciones (Cadel, Salud) y organizaciones locales.

Reducir los impactos negativos de la maternidad y paternidad temprana en el proyecto de vida de las y los adolescentes. Violencia de género

Disminuir las violencias contra las mujeres en el ámbito de lo público y lo privado.

Generar mecanismos que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres.

Generar mecanismos que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres de la localidad.

Concientizar y formar a mujeres en torno a derechos y violencias. Capacitar en perspectiva de género a funcionarias/os públicos que atienden violencias.

Establecer y fortalecer espacios de participación para la organización de las mujeres frente a las violencias públicas y privadas. Educación: Falta de oportunidades y profesionalización de líderes comunitarias de Kennedy

Ampliar cobertura en programas de profesionalización de madres comunitarias, mujeres líderes y educadoras de familia.

Convenios con universidades públicas para profesionalización de mujeres líderes y educadoras comunitarias, utilizando espacios y horarios asequibles para las mujeres en espacios educativos locales.

Desempleo, bajos ingresos y explotación

Aumentar el ingreso de las mujeres al mundo laboral (nivel nacional).

Crear una ULDE donde se articulen propuestas productivas de las mujeres en el orden local y generar convenios para dar prioridad a la comercialización de productos que se produzcan en la localidad.

Crear regulación que exija pagos justos (estandarizados) para empleos informales (nivel nacional y distrital). Articular propuestas productivas de las mujeres, a través de la generación de la unidad local de economía ULDE.

Desconocimiento del trabajo de las mujeres líderes

Prostitución

Implementar política pública de mujer y géneros (nivel nacional y distrital). Generar procesos de empoderamiento para madres comunitarias, educadoras familiares, trabajadoras informales, a través de procesos de formación en perspectiva de derechos. Visibilizar la problemática de la prostitución. Disminuir la vinculación de mujeres, niñas y adolescentes al ejercicio de la prostitución, a través de programas integrales de prevención con enfoque de derechos.

Desplazamiento de las mujeres por conflicto armado

Identificación y atención oportuna y eficiente a personas en situación de desplazamiento a través de la apertura de centros satélites de la UAO.

Generar procesos de empoderamiento para madres comunitarias, educadoras familiares, mujeres líderes y trabajadoras informales. Visibilizar y posicionar ante las autoridades locales e instituciones pertinentes, la labor adelantada por estas mujeres. Formación en derechos para las mujeres en ejercicio de prostitución. Prevención con jóvenes en colegios.

Atención inmediata e integral para mujeres en condición de desplazamiento, coordinación institucional que permita su atención oportuna.

Creación de una casa refugio –transitoria– para mujeres en condición de desplazamiento. Reconocimiento por parte del estado de que Colombia es un país en guerra (nivel nacional). Cuadro tomado de las actas de la mesa de Organizaciones de mujeres “caminando hacia los encuentros ciudadanos”.

3. Ahora, ¡a los encuentros ciudadanos! Con este acumulado de trabajo, llegamos en abril del 2008 a los encuentros ciudadanos, organizando nuestra estrategia de participación por unidades de planeación zonal UPZ, tal y como se habían desarrollado en encuentros anteriores. Ya en la dinámica de los encuentros, conseguimos instalar mesas de mujeres en las doce UPZ de la localidad de Kennedy, posicionando en cada una de ellas las demandas y necesidades de las mujeres en el territorio y poco a poco, desde un ejercicio preparado colectivamente en la Mesa de Organizaciones de Mujeres “Caminando hacia los encuentros ciudadanos”. A nivel local, logramos incidir y posicionar nuestras propuestas, con perspectiva de género, y posicionar ocho proyectos en el plan de desarrollo local de Kennedy, denominado “Bogotá positiva: Para vivir mejor” “Kennedy: Identidad territorial, incluyente y humana” 2009-2012, los cuales inician su ejecución con presupuesto local del 2009.

Proyectos incluidos en el plan de desarrollo local de Kennedy:  Salud diferenciada para las mujeres: UPA amigable de mujeres en la localidad de Kennedy.  Escuela de formación política para mujeres de Kennedy con perspectiva de género.  Fortalecimiento para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias en el espacio público y privado.  Punto focal de mujer y géneros.  Exigibilidad de los derechos ante la violencia contra las mujeres de la localidad de Kennedy.  Transformación de nociones y prácticas de sexualidad y afectividad en mujeres adolescentes. Ahora bien, dos proyectos más no fueron incluidos en el plan de desarrollo local por parte de la alcaldía local de Kennedy, aduciendo no tener viabilidad técnica para su ejecución. Sin embargo en nuestro ejercicio de mesa, los inscribimos en el banco de proyectos de la alcaldía local, por considerar que siguen apuntando a dos problemáticas neurálgicas de las mujeres, como son la falta de oportunidades para su formación académica y las condiciones de carencia económica de las mujeres, por la falta de oportunidades de empleo digno. Estos son:

 Profesionalización de educadoras comunitarias y mujeres líderes de la localidad de Kennedy.  Mujeres con autonomía económica, por el desarrollo de sus vidas y el de sus localidades. El ejercicio concertado de la mesa, llevó entonces a la formulación de proyectos que a nuestro parecer lograron combinar las apuestas de las organizaciones de mujeres de Kennedy para ver satisfechas algunas de sus necesidades, algunas problemáticas apremiantes y la posibilidad de construir proyectos en clave de derechos, respaldados por una apuesta de política pública de mujer y géneros en la localidad, y que para el caso de Bogotá se intenta adelantar en su exigibilidad a partir del plan de igualdad de oportunidades. 4. Nuestra relación con otras y otros en los encuentros ciudadanos Al respecto, es necesario decir que, si bien realizamos un proceso organizado y de acercamiento con las organizaciones de mujeres y con mujeres de organizaciones mixtas, interesadas en la situación de las mujeres, de cara al encuentro ciudadano, esta propuesta organizativa de las mujeres no fue bien recibida por varias organizaciones sociales de la localidad y fue vista con indiferencia, en un primer momento, por la administración local.

La lucha que tuvimos que dar no fue sólo con las entidades e instituciones sino también con hombres y mujeres vecinos nuestros, cuya visión estrecha consideraba que “las mujeres somos transversales a todas las poblaciones” y, según ellos, no era necesario diferenciar las necesidades de las mujeres, pues “ya están incluidas en las demandas que se hacen por los niños y niñas, por las madres comunitarias, por los y las jóvenes”6. Esta experiencia, en lugar de disminuir nuestros propósitos, los fortaleció y les dio una perspectiva de trabajo mucho más amplia y solidaria, pues muchas mujeres con las que discutimos estaban allí reivindicando derechos de otras poblaciones, mas no sus propios derechos. Nosotras entendimos que una primera tarea era hacer visible y argumentar nuestro trabajo por los derechos de las mujeres, desentrañando el contexto de exclusión y violencia que vivimos, discutiendo incluso sobre aquellas violencias tan ocultas que han sido aceptadas como naturales tanto por hombres como por mujeres. Fue necesario construir escenarios de autoconciencia y de autoreconocimiento, facilitando las apuestas colectivas, a medida que otras mujeres se sumaron al ejercicio. Para ello nos movimos de manera organizada en los encuentros ciudadanos, espacios donde varias veces intentaron invisibilizarnos, al argumentar que las mujeres somos transversales a todas las poblaciones. De igual manera nos visibilizamos de manera colectiva en el proceso de debate con la Junta Administradora Local, para dar a conocer las iniciativas surgidas desde el proceso realizado en la mesa y reflejado posteriormente en los encuentros ciudadanos. Organizamos jornadas de formación y elaboración de proyectos, que aunque nos significó mayor tiempo de encuentro, permitió la inclusión de las voces de las mujeres en los mismos. Ahora estamos apostando por una ejecución desde las organizaciones de mujeres que garantice una ejecución acorde con las necesidades específicas que nosotras tenemos. Todo lo anterior ha permitido un proceso de cualificación y maduración colectiva que nos ha ido haciendo conscientes de lo público y de nuestra ciudadanía; ha sido un proceso sin protagonismos individuales que ha permitido el trabajo permanente y disciplinado desde el reconocimiento mutuo y el respeto a nuestras diferencias. En términos organizativos, ha sido una posibilidad de encuentro y articulación, para el intercambio

6 Argumentaciones dadas por el Consejo de Planeación Local de Kennedy, para no establecer una mesa diferenciada de mujeres. Es necesario mencionar en este apartado que la metodología propuesta por el Consejo de Planeación Local, se basaba en la implementación de mesas, de acuerdo a las condiciones etáreas de la población (niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores) y mesas temáticas específicas (economía y productividad). Bajo este criterio las mujeres estábamos en todas las mesas representadas. Para que fuera posible la inclusión de la mesa de mujeres, todas las organizaciones de mujeres presentes en el primer encuentro ciudadano local nos pronunciamos presionando públicamente al Consejo de Planeación Local a crear la mesa de mujeres por UPZ y posteriormente a crear la mesa local de mujeres, pues la asamblea reunida en los encuentros locales, es la que tiene la última palabra.

de saberes y la construcción de una capacidad colectiva para la incidencia. Ha sido un espacio que ha permitido el diálogo con las instituciones pero sin institucionalizarse pues una de nuestras principales fortalezas es la autonomía. 5. Responsabilidades de las organizaciones de mujeres en Kennedy en este proceso Creemos, entonces, que con este proceso y de otros más promovidos por las mujeres en la ciudad, estamos aportándole al desarrollo de la misma, una lectura ética de la vida, una postura política incluyente, diferenciada en cuanto es necesario reconocer que somos diferentes, pero equitativa en cuanto entendemos que nos movemos en un marco de equidad de derechos, en una sociedad que debería aportarnos por igual, las condiciones necesarias para vivir dignamente. Aportamos igualmente a nuevas prácticas de participación política que promueven la articulación de las organizaciones con fines colectivos y no individuales. Esta apuesta redunda en la búsqueda de mejoramiento de las condiciones de vida no sólo de las mujeres, sino de los demás miembros de la sociedad a la cual pertenecemos.

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Sin embargo, estos ejercicios de “la democracia participativa” siguen dejando por fuera asuntos vitales para las mujeres, pues es necesario decir que si bien es cierto se consigue la destinación de recursos locales para apuestas de mujeres, todavía los problemas estructurales de la sociedad siguen marcando la brecha de exclusión. Con todo ello vemos necesario: –

Seguir alimentando la necesidad de vernos para articular nuestras acciones, para hacer un seguimiento a la administración –gobierno– (nacional, distrital y local) de cara a su actuación en la implementación de políticas públicas a favor de la vida y los derechos de las mujeres. Esto requiere exponer constantemente que ya no queremos más programas de emergencia.

–

Seguir promoviendo procesos comunitarios y organizativos, que incidan en las políticas locales que promueven la política pública de mujer y géneros del distrito, planteándose como referentes para el orden distrital, que permita leer y analizar hasta dónde la política deja de ser letra impresa en un papel y se convierte en un instrumento real de exigibilidad de derechos para las mujeres.

–

En este sentido y aunque parezca temerario, la política pública de mujer y géneros no será una verdadera apuesta a favor de las mujeres, hasta que éstas no la apropien para sí y sus vidas. Esto hace necesario

que como organizaciones de mujeres estemos pendientes de las apuestas de política pública de mujer y genero en las localidades, que permitan hilvanar las apuestas de la política, con las apuestas de las organizaciones, fortaleciendo de esta manera el ejercicio político y ciudadano de las mujeres y la posible inspiración de políticas a favor de la vida de las mujeres. Para caminar hacia esa apropiación de la política pública y que ésta realmente “baje” al orden local, nuestro ejercicio de participación en calidad de ciudadanas debe ser más constante y exigente, pues a todo proceso que no se le hace seguimiento y veeduría, quedan los arrebatos del momento y se pierde el sentido de lo buscado colectivamente. Para concluir, nosotras las mujeres en este recorrido de luchas, sueños y esperanzas hemos aprendido que es a través de la organización y participación como podemos sostenernos y hacer propuestas que presenten soluciones concretas a las necesidades de las organizaciones que conforman la “Mesa de Organizaciones de Mujeres Caminando hacia los Encuentros Ciudadanos”.

101 Bibliografía Avendaño, Mary Sol. Sistematización: Misión Bogotá, una construcción permanente de ciudadanía. IDCT- OCU. Bogotá, 2005. Plan de desarrollo local de Kennedy: Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor” “Kennedy: Identidad territorial, incluyente y humana” 2009-2012. Política Pública de Mujer y Géneros. Plan de Igualdad de Oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 2004-2016. Bogotá, 2005.

Capítulo III

Construcción social de las ciudadanías

Ciudadanías diferenciadas Marco Fidel Vargas Hernández1 Equipo Bogotá CINEP

Presentación Este texto es producto de dos escenarios de reflexión: el primero al interior del Cinep en el eje de estadodesarrollo-territorio, el segundo con la Mesa derecho a la ciudad integrada por las co-partes del proyecto de Intermón Oxfam de cooperación que ha llevado al equipo de Bogotá a generar un dialogo a partir de una visión que pretende articular ciudadanía y desarrollo como eje central del trabajo en la construcción de una ciudad para la gente. La realización de este ejercicio nos llevó a plantearnos algunos retos como: la necesidad de tener una posición crítica sobre las relaciones generadas en la configuración de la ciudad. Esta reflexión toma como enfoque y centro a la sociedad, los ciudadanos y tiene en cuenta que, por encima de cualquier factor, nos interesa el ser humano como actor; es decir, abierto a la acción creativa, dotado de voluntad y capacidad para transformar su relación con los otros, con su entorno y consigo mismo, pudiendo concluir que en una sociedad democrática esta comprensión de ser humano como actor se asocia estrechamente a la noción de ciudadanía (Calderón, 2007).

Sociólogo.

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Es cuando viene a bien recordar que ser ciudadano implica reconocer las redes de relaciones sociales que le permitan actuar y transformar sus condiciones de vida. Significa formar parte de una comunidad política. Se trata de participar en un tejido social y cultural para poder ejercer su ciudadanía. En una perspectiva democrática, la inclusión social y el reconocimiento deben entenderse como parte del proceso de relaciones en la construcción de una comunidad de ciudadanos; donde para poder actuar e incidir en su vida de manera autónoma, los grupos pueden o deben transformar sus demandas, necesidades y derechos institucionales en pautas de acción y nuevas alternativas al desarrollo. Todo esto implica tener una visión en continua búsqueda, en el incremento de las capacidades de los sujetos (ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales, actores culturales, ecológicos, políticos) para que construyan su libertad y decidan, en función de sus valores y aspiraciones, sobre el tipo de vida que desean tener. Por esto, la exclusión-inclusión en la construcción de una propuesta de ciudad es tema crucial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. La inclusión supone el reconocimiento de las diferencias culturales, económicas, políticas y sociales en un plano de igualdad de derechos en que las distintas libertades se puedan desarrollar. Por eso el ciudadano es el sujeto y objeto del desarrollo y de la misma democracia. (Calderón 2007).

Un debate sobre el desarrollo 106

En torno al concepto de “desarrollo” hay un gran debate entre los críticos del concepto avanzando hacia tres grandes corrientes: la primera, que enfatiza en darle un apellido u especificidad a la visión del desarrollo, por ejemplo: sostenible, humano, endógeno, sistémico, integral, entre otros; la segunda tiene una tendencia hacia lo alternativo donde se hacen visibles las fallas del modelo tanto en lo conceptual como en las prácticas que se implementan; y por último encontramos la tercera vía, que rechaza abiertamente el uso mismo de esta idea, por la carga política e ideológica de corte capitalista que históricamente conlleva. (Cpal 2009). Ante estas reflexiones con el ejercicio realizado en equipo y en las organizaciones que acompañamos, asumimos una posición de nueva búsqueda hacia propuestas que nos permitan plantear alternativas al desarrollo, reconociendo la existencia de un modelo hegemónico, capitalista, excluyente, con el cual hay que relacionarse, dificultando estas exploraciones, por ejemplo: las nuevas redes conscientes del consumo, mercado justo, ecobarrio, agricultura urbana, acueductos comunitarios, entre otros. Partiendo de esta posición pretendemos responder a la pregunta: ¿Qué significa hablar de “alternativas al desarrollo”? Esto, con el fin de fundamentar la participación política y ciudadana2. 2

Cpal. Texto Alternativas al desarrollo. Impreso. 2009. Documento que en muchos puntos sigo, aunque no siempre citándolo.

De esta manera nacen nuevas propuestas a seguir, donde se proponen los objetivos que se quieren lograr al trabajar en “alternativas al desarrollo”, exponiendo las críticas al mismo, finalizando con lo que significa para nosotros las alternativas para éste. Objetivos: Partiendo de los planes de vida de las organizaciones y de sus prácticas ciudadanas se busca: a) Impulsar valores en equidad y justicia en los diversos ámbitos de su entorno social. b) Identificar y visibilizar las virtudes de los diferentes planteamientos alternativos a los modelos de desarrollo existentes. c)

Identificar los conflictos relacionados con el llamado “modelo de desarrollo” que impiden la realización plena de la ciudadanía.

d) Enriquecer enfoques metodológicos y pragmáticos que permitan analizar los conflictos y las posibilidades de la participación ciudadana en la construcción del estado social de derecho y de una sociedad justa.

Una crítica al desarrollo Como lo indicamos anteriormente, una crítica al desarrollo constituye un punto de partida para una redefinición de la teoría y la práctica; por lo tanto presentamos algunos elementos que explican el problema. En primer lugar, según los críticos, el desarrollo sólo ha logrado mayor inequidad, injusticia y pobreza, homogenización cultural y la degradación del medio ambiente, predominando estructuralmente la exclusión sobre la inclusión. Por otra parte, la inseguridad humana en el mundo no ha dejado de crecer. En esta perspectiva, Arturo Escobar3, uno de los críticos del discurso del desarrollo, expresa que esta idea, promovida por los países occidentales, es una herramienta para lograr el control económico, cultural de América Latina, Asia y África, convirtiéndose este discurso en una invención del Primer Mundo sobre el Tercer Mundo.

3 En algunos de sus escritos tales como Más allá del tercer mundo globalización y diferencia (2005), Instituto Colombiano de Antropología e Historia: Bogotá; La invención del Tercer Mundo – Construcción y deconstrucción del desarrollo (1998), CEREC, ECOFONDO: Bogotá; y ¿Pacífico: desarrollo o diversidad? Estado capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano (1996), Tercer Mundo: Bogotá, entre varios otros.

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En los últimos cincuenta años es mucha el agua corrida bajo el puente de la teoría del desarrollo, sin lograr los alcances pretendidos. La conceptualización sobre el desarrollo corresponde a tres orientaciones teóricas: la teoría de la modernización (1950-1960); la teoría de la dependencia (1960-1970) y críticas al desarrollo (1985-hasta nuestros días). Lo anterior nos demuestra una actividad muy crítica a la propuesta económica, política, tecnológica y cultural dada en estos años. Esto nos demostró que de una u otra manera esta crítica ha venido siendo invisibilizada y excluida de las propuestas realizadas por los grupos dominantes, quedándose en pequeños círculos académicos, imposibilitando que esta información y propuestas pasen por los diferentes escenarios de la sociedad civil, de la administración pública, servicios sociales, servicios públicos y del Estado. Con una nefasta consecuencia en la no posibilidad de generar transformaciones concretas en la vida, por ejemplo: en la cumbre mundial de Copenhague 2009 sobre cambio climático, de las múltiples propuestas para ir solucionando el problema no se tomaron los correctivos correspondientes, ni se llegaron a acuerdos importantes por parte de los actores políticos. La crítica no ha podido incidir en las propuestas de organización social y de las formas de vida más sostenibles o amigables con la naturaleza.

Alternativas al desarrollo 108 Partiendo entonces de nuestra experiencia y reflexión coincidimos con los críticos al desarrollo y compartimos la idea de que las nuevas realidades y los nuevos desafíos exigen nuevas respuestas. De ahí nuestro llamado a repensar radicalmente el desarrollo redefiniendo sus prácticas y sus objetivos, teniendo en cuenta que la elección de una epistemología y de un marco teórico siempre es un proceso político con consecuencias prácticas para nosotros y las organizaciones con las que pretendemos incidir. De esta manera pensar y hacer vida alternativa al desarrollo implica entre otras cosas: 1.

Una base ética. Ya lo señalaba Francisco de Roux R., s.j., en su documento “Dignidad humana, región y globalización” (2007). Ella se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El preámbulo declara que la dignidad inherente e igual a todo ser humano, y los derechos inalienables que se derivan de esa dignidad, son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo. F. de Roux agrega, además, que “la dignidad se da en cada persona como valor absoluto y éste no aumenta por el crecimiento económico de un país, ni por los estudios que la personas hagan, así que, la dignidad no puede ser desarrollada. Lo que se desarrolla son las condiciones para que cada persona pueda proteger y expresar libremente su propia dignidad”.

Nuevas formas de hacer política. Para esto es necesario potenciar a los actores sociales en la construcción de sujetos colectivos que nutran los debates públicos y políticos más amplios de manera que contribuyan a reformular los problemas del desarrollo, las democracias hacia nuevas formas de gobernabilidad. Las apuestas de movimientos sociales y actores sociales definen, por una parte, unos territorios de resistencia y de inversión en la transformación social, política y económica de determinados territorios. En la práctica, esas historias de resistencia y de inversión generan una serie de conflictos entre distintos proyectos sociopolíticos que también existen en los territorios donde desarrollan sus acciones.

La impugnación del desarrollo en los ámbitos locales. La insistencia en lo local, es una búsqueda no sólo por parte de los movimientos sociales, sino también de los académicos y los políticos. Como dirían los antropólogos, “las necesidades de la gente” no son definidas a priori sino que son culturalmente construidas. Esta tendencia está produciendo una nueva manera de entender cómo funciona y se transforma el desarrollo y se construyen ciudadanías diferenciadas en sus formas de relación con la sociedad, con el estado y en el ámbito global, como lo afirma Francisco de Roux cuando plantea que hay que poner en evidencia las diferentes formas que tienen los seres humanos al relacionarse en los diferentes entornos culturales y medioambientales que quieren vivir en dignidad.

Repensar la globalización y el desarrollo. El llamado es a trascender el ámbito nacional, pues los nuevos desafíos presentados en los movimientos sociales como: los derechos humanos, de género, de paz y ecológicos debilitan la idea de ciudadanía con relación a la nación afirmándose en términos de un nuevo humanismo antes que en nacionalismos y regionalismos. Esta tendencia conlleva a re-conceptualizar la idea de Estado-nación y a analizar las formas de articulación hacia un mundo cada vez más globalizado. Esto significa que el desarrollo ya no es el principio organizador central de la vida social (Escobar, 1991). La tendencia es a tratar de establecer puentes entre desarrollo y ciudadanía, con el objetivo de reflexionar sobre el cambio social, posibilitando el crecimiento humano, recreando nuevos discursos y prácticas que no se encuentren mediados por el desarrollo.

Una reflexión sobre las ciudadanías Nuestro referente para la reflexión sobre ciudadanía ha sido Fernando Escalante con el tema “clientelismo y ciudadanía en México”, quien considera que el proceso de individualización y ciudadanización en América Latina no se agota en la política, y que la destrucción de las formas tradicionales de la sociedad no suponen un vínculo directo entre el individuo y el Estado. Hay dos hechos que justifican esta afirmación:

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La sociedad por moderna e individualista que sea nunca queda atomizada; por el contrario, se producen en nuestros barrios diferentes formas de redes sociales, de corporaciones, asociaciones que inciden en la acción individual. De acuerdo con esta afirmación, cada ciudadano puede orientar su acción según las exigencias de su red social: familia, grupo de amigos, parches, empresas, comunidad, partidos entre otros, sin dejar de cumplir con la ley, y en algunos casos por fuera de ella; otras veces puede ser ciudadano sin dejar de pertenecer a la red clientelista que lo sostiene y apoya en la sociedad. El proceso de individualización no corresponde a la realidad en América Latina; siguen existiendo relaciones de parentesco, comunitarias, culturales, de amigos y fidelidades políticas tradicionales. No existe un individuo aislado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos con esas formas tradicionales de socializar? ¿Qué hacer con estas redes sociales que influyen en unos tipos de ciudadanía y siguen existiendo? ¿Es posible contraponer ciudadanía y clientelismo?

La existencia de unos políticos profesionales o clase política que ocupan un lugar específico en la mediación entre ciudadano-Estado, son profesionales que representan, administran y toman decisiones, pero no se confunden con el Estado. La clase política se ha vuelto en sí misma una organización autoreferenciada, que maneja sus propios recursos, sus formas características de acción, sus intereses, distintos a los de los ciudadanos e instituciones. En algunos casos juega por fuera de la ley. Con esta peculiar autonomía, la clase política cumple una función de intermediación entre los ciudadanos y el estado. Esta función la cumple en una operación cotidiana mediante el fortalecimiento de sus redes personales con unos criterios de inclusión-exclusión. Hoy sabemos que la representación política de los intereses ciudadanos requiere de la intervención, nunca transparente, de los partidos y los grupos políticos; sabemos que los grupos de interés influyen en forma determinante en la toma de decisiones, los partidos tienden a organizarse de manera oligárquica por fuera de los intereses de la mayoría de los ciudadanos convirtiéndose en una verdadera maquinaria de intermediación.

¿Cuál es el problema? A. En Colombia la presencia del Estado es diferenciada en el tiempo y el espacio (no es lo mismo la presencia del Estado en la ciudad de Quibdó que en la ciudad de Bogotá y, al mismo tiempo, no es lo mismo la presencia del Estado en la localidad de Usaquén que en Ciudad Bolívar) con formas de regulación de la vida colectiva y los derechos ciudadanos. (González, 2002)

Los partidos políticos son incapaces de recoger las necesidades e intereses de los ciudadanos y de la sociedad civil; por el contrario, son maquinarias auto-referenciadas que piensan en cómo mantener su maquinaria e intereses particulares en detrimento de lo público.

C. La sociedad se fragmenta en múltiples intereses y prácticas que parten desde la legalidad y creen en la institucionalidad, hasta aquellas acciones que trabajan por fuera de la legalidad; redes sociales que se articulan de diferente manera con el Estado y los partidos; movimientos sociales que construyen ciudadanía desde lo anti-partidista; prácticas de resistencia y emancipación al orden dominante y culturas mafiosas que crean condiciones de inestabilidad social e institucional. Hipótesis: En Colombia nos encontramos con la siguiente ecuación: Un estado con presencia diferenciada (más) partidos políticos auto-referenciados (más) redes sociales fragmentadas (=) dan lugar a ciudadanías diferenciadas que adquieren múltiples formas y matices, según la relación política que se adopte con el Estado, los partidos políticos y las redes sociales.

Ciudadanías diferenciadas 111 Partiendo de esta hipótesis donde las sumas negativas hacen la ecuación y dan como resultado diferentes ciudadanías, podemos comprender las diferentes prácticas ciudadanas. En un contexto de desarrollo desigual e inequitativo, con una institucionalidad estatal de carácter gradual y diferenciado según las regiones y ciudades, se hace necesario preguntarnos ¿cómo se van configurando las prácticas ciudadanas a nivel urbano, cómo en lo rural? Villegas (2002) va más lejos cuando afirma que “la violencia, la precariedad de los espacios institucionales de participación política, la debilidad de la izquierda democrática y de los movimientos sociales, la anomia social, la pobreza, la exclusión social y las múltiples relaciones políticas contribuyen a explicar esta situación. La constitución del 1991 intentó remediar estas carencias a través de la creación de diferentes herramientas jurídicas entre las cuales se destacan los mecanismos de participación ciudadana y las acciones judiciales de protección de los derechos fundamentales”. Sin embargo, esta propuesta ha sido muy limitada, por lo menos en cuanto a la participación ciudadana y sus mecanismos de incidencia. A partir de esta reflexión las prácticas ciudadanas podrían plantearse de la siguiente manera:

A. Prácticas ciudadanas institucionales4

– – – –

Ciudadanías individuales que cumplen con su voto. Ciudadanías de clientela. Ciudadanías activas-participativas. Ciudadanías emancipadoras.

B. Prácticas ciudadanas de frontera, combinan prácticas y reivindicaciones de autodeterminación con el uso de herramientas institucionales de lucha contra la exclusión.

– Ciudadanías de frontera. Desplazados, barrios ilegales. – Ciudadanías de acomodamiento, según el control del territorio por actores legales o ilegales. – Ciudadanías activas de los movimientos sociales.

C. Prácticas ciudadanas no institucionales. (Hay quienes optan por un comportamiento participativo no institucional).

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– Ciudadanías invisibilizadas. – Ciudadanías de resistencia. – Ciudadanías ilegales.

Reflexión Con esta primera aproximación al supuesto de pensar en ciudadanías diferenciadas surge una pregunta: ¿cuáles son esas diferencias entre las prácticas ciudadanas? Una primera respuesta es que las condiciones entre los actores son muy distintas; pues una cosa es ser ciudadano en las periferias y otra en los centros y fronteras. Es diferente la situación para el ciudadano que accede a la información y es parte de la opinión pública, y otro escenario muy distinto son los ciudadanos que no tienen acceso a los medios de información y son estigmatizados socialmente. Con respecto a lo económico, es muy diferente la situación de quien tiene

4 En esta parte retomo ideas de Mauricio Villegas García y otros, en el aparte de caracterización de las luchas emancipadoras y ciudadanía, del documento “Colombia, ¿el grado cero de la emancipación social?

acceso a los recursos y hace parte del mundo laboral, a la de aquellos sectores que son excluidos. Una segunda respuesta la encontramos en la inestabilidad social e institucional y en los conflictos sociales que enfrentan la mayoría de las organizaciones sociales y comunidades con las que trabajamos; algunos actores orientan sus luchas entre los marcos institucionales y otros optan por otras vías. Un tercer factor se refiere a las múltiples formas de relación que pasan desde el parentesco, las relaciones sociales y comunitarias hasta las relaciones de orden político con el estado y los partidos políticos. En el análisis sobre las relaciones del ciudadano consigo mismo, con el estado en sus presencias diferenciadas, la sociedad en la diversidad de contextos, culturas, apuestas por el desarrollo, dinámicas de poder, partidos políticos, movimientos sociales, se reconoce la ciudadanía no sólo como un ideal abstracto, sino como una construcción de múltiples formas de relación. ¿Cómo construir el derecho a la ciudad desde las ciudadanías diferenciadas?

113 Bibliografía De Roux, Francisco José (2007). Dignidad humana, región y globalización. Barrancabermeja, septiembre 3. Mimeo. Cpal. Texto: Alternativas al desarrollo. Cinep, Universidad Javeriana y Programa por la Paz. En prensa. 2009. González, Fernán E. y otros. Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de Estado. Colombia. Cinep. 2002. Escobar, Arturo (2007). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Escalante, Fernando. Clientelismo y ciudadanía en México. Revista estudios Políticos. Universidad Nacional de Colombia.

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Repensar la participación desde los procesos organizativos populares Alfonso Torres Carrillo1

Presentación La palabra “participación” al igual que “comunidad” se volvió común en el lenguaje de los más diversos actores y dentro de los más variados proyectos y enfoques. Así, tanto las agencias internacionales de desarrollo, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos de izquierda y derecha, los movimientos sociales y las organizaciones de base, reivindican la participación; ya sea como sustantivo calificado de múltiples maneras (participación política, ciudadana, comunitaria, popular, etc.) o como adjetivo de muchas prácticas (democracia participativa, desarrollo participativo, presupuesto participativo, investigación participativa, etc.). Esta amplitud y plasticidad de usos de la palabra participación la pone en sospecha; exige revisar la génesis histórica y política de sus múltiples significaciones, así como identificar el lugar de enunciación de quienes la

1 Investigador social y educador popular. Doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Actualmente es Director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e investigador de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia.

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emplean actualmente y, por último, construir una conceptualización coherente con la opción política y epistemológica por parte de quien elabora esta reflexión. En consecuencia, en este artículo, inicialmente se hará una breve presentación de los diferentes enfoques y modelos de participación en circulación en el contexto latinoamericano desde hace medio siglo; en segundo lugar, se propondrá un concepto de participación que recoge las trayectorias y sentidos generados y expresados desde las experiencias y dinámicas organizativas populares en el nivel urbano; finalmente, se plantean algunas orientaciones y claves para fortalecer procesos participativos alternativos impulsados desde los grupos, organizaciones y movimientos populares. El texto se elabora a solicitud de las organizaciones que conforman la Mesa por el derecho a la ciudad y se nutre de mi previa experiencia en el acompañamiento e investigación de procesos asociativos populares, así como de la revisión bibliográfica y los resultados parciales de la investigación “Actores, prácticas y sentidos de la participación local en Bogotá”, financiada por el Instituto de Investigaciones de la Universidad Piloto (INIP) dentro de su programa de fortalecimiento a la investigación.

La participación, concepto polémico y práctica paradójica 116

El uso generalizado de la palabra participación por parte de promotores sociales, animadores comunitarios, planificadores urbanos, líderes sociales y actores políticos se remite a la década de los sesenta, aunque fue básicamente desde mediados de los ochenta cuando se convirtió en objeto de debate y en la actualidad coexisten los diferentes enfoques o modelos de participación surgidos desde aquel entonces. Los especialistas en el tema coinciden en señalar que la emergencia del término estuvo asociada a las políticas desarrollistas impulsadas por las Nacionales Unidas y las agencias multilaterales desde fines de la década del cincuenta y comienzos de la siguiente; asociada a los programas de desarrollo comunitario, tenía por objetivos, por un lado, lograr una mayor eficacia de los planes estatales a través de la vinculación de las comunidades y, por el otro, bajar los costos de su operación con el aporte de la mano de obra y otros recursos de las comunidades. En las décadas del setenta y del ochenta, la reivindicación de la participación estuvo en manos de los múltiples grupos, organizaciones y movimientos de base popular que surgieron ante la ineficacia o del Estado para resolver sus múltiples necesidades, y en confrontación con éste desde posiciones políticas contestatarias y de izquierdas. Esta participación popular se asumió como la reivindicación de los intereses y derechos de actores sociales subordinados o excluidos por el sistema económico capitalista y el sistema político.

Generalmente se expresó a través de la organización y movilización de los habitantes de los barrios populares y los campesinos exigiendo el cumplimento de las obligaciones sociales del Estado y por la demanda de espacios de participación local y la ampliación de las instancias de representación a nivel municipal y nacional. En aquellos países donde se impusieron dictaduras militares o se mantuvieron gobiernos civiles con “democracias de baja intensidad” como Colombia, esta demanda de participación popular fue proscrita como subversiva, por considerarla un peligro para la estabilidad de las instituciones democráticas representativas. En el contexto de transición de gobiernos militares a gobiernos electos o de “apertura democrática” de países como el nuestro que se expresó en reformas constitucionales o promulgación de nuevas constituciones, cobró fuerza otra modalidad de participación, la ciudadana, ahora referida a la expansión de espacios y mecanismos de actuación de los ciudadanos en la esfera política institucional. Así, de la mano de la descentralización, en los países de la región se generaron una serie de espacios, mecanismos e instrumentos de información, consulta y control de las decisiones administrativas en el orden local, municipal y nacional. Más que transformar el orden político, se buscó “modernizar el Estado”, ampliando su base social. La participación ciudadana al igual que la descentralización, además de respaldarse en los principios políticos liberales, también es funcional al modelo neoliberal, en la medida en que posibilita que el Estado se desentienda de algunas de sus responsabilidades sociales, las traslade a la iniciativa privada y se legitime frente a la población. Así, por ejemplo, la política de Desarrollo con Equidad promovida por la CEPAL en los noventa buscaba integrar las franjas más pobres de la población sin afectar en lo más mínimo las relaciones de poder. También en las dos últimas décadas han emergido nuevos actores y prácticas que reivindican la participación, pero ya no desde la aspiración de integración y desarrollo comunitario, ni sólo desde la reivindicación de demandas sociales y económicas, ni desde la legitimación del desmonte del Estado de Bienestar, sino desde las luchas por la visibilización de problemáticas ambientales y culturales generadas por el crecimiento de la ciudad o el reconocimiento y legitimación de singularidades culturales, étnicas, de género, generacionales o de orientación sexual. La bandera de la participación asume un fuerte sentido social y cultural. Aunque es en buena medida heredera de los procesos reivindicativos de los setenta y ochenta, incorporan las nuevas definiciones políticas y culturales de la izquierda, como es el reconocer que el poder no está exclusivamente en el aparato estatal sino que se instituye, reproduce y transforma en todas las instancias de la vida social y son múltiples los conflictos y problemáticas que atraviesan y fragmentan la sociedad, y que por tanto, no es posible ni deseable una sola forma de actuación política emancipadora. Por ello, sus prácticas participativas combinan la democracia directa (foros, cabildos, asambleas, audiencias públicas), los mecanismos jurídicos (tutelas, acciones popu-

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lares, control social, movilización, uso o acceso a medios de comunicación y las más originales expresiones simbólicas y artísticas. Claro está que estos diferentes enfoques de participación surgidos por iniciativas diversas coexisten en la actualidad y en la mayoría de las experiencias o procesos singulares de participación se combinan dos o más de estos modelos. Así por ejemplo, algunas organizaciones surgidas en los setenta y ochenta incorporaron la reivindicación de lo comunitario, en los noventa se involucraron en instancias de participación institucional de carácter ciudadano e incorporan algunos rasgos de las tendencias emancipadoras emergentes. Ello no nos debe hacer perder de vista que los diferentes discursos y prácticas de participación siempre nos remiten a lo político, no restringido a su institucionalidad (Estado, partidos, políticas públicas) sino al conjunto de relaciones de poder presentes en la sociedad. Esta consideración nos remite a reconocer que dentro del amplio abanico de opciones políticas, hay unas que buscan mantener o simplemente reformar el orden social e integrar al mismo a los “marginados”, “excluidos” o “diferentes”. Estas posiciones podemos asumirlas como hegemónicas, que son confrontadas por otras que podemos considerar contra-hegemónicas o alternativas, que parten de criticar por injusto el orden social y político y que, por tanto, se plantean transformarlo y generar otras formas de convivencia y organización social.

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En el primer bloque, la participación (llámese comunitaria o ciudadana) busca hacer más eficiente la ejecución de las políticas y programas estatales, legitimar al Estado y a los gobiernos de turno y contener el potencial de cambio de los sectores sociales y actores subalternos, a través de su integración o cooptación, cuando no de su eliminación física. En cambio, desde la opción alternativa, la participación (popular, ciudadana o social) es entendida como una posibilidad de incidir en la gestación y gestión de políticas públicas desde los intereses de los sectores subalternos de la sociedad, al mismo tiempo que ocasión para que éstos se constituyan en sujetos políticos autónomos con capacidad de actuación y concertación con otros actores institucionales o particulares. Esta puntualización de la participación como una arena conflictiva entre diferentes opciones no significa que las prácticas sean puras. La complejidad de lo social y el carácter cambiante y contradictorio de las relaciones sociales y los espacios políticos, conlleva no sólo un sincretismo de modelos participativos, sino una tensión permanente y paradójica de las prácticas concretas. En cada espacio o proceso de relación entre sectores subordinados o excluidos, actores de la sociedad civil e instituciones estatales, se da a la vez la búsqueda de legitimidad del Estado, de reproducción de sus políticas, las relaciones y valores hegemónicos, así como de resistencia a las mismas o de emergencias de nuevas formas de imaginar y ejercer la participación emancipadora. Ello requiere no sólo un estado de vigilia y reflexividad permanente por parte de quienes pretenden ejercer

una política alternativa, sino también la necesidad de una reflexión y debate abierto sobre cómo entenderla desde una opción crítica y estar atentos a los propios modos de actuar, ya que es ahí, en la práctica cotidiana de los grupos y organizaciones populares, y no en sus discursos, donde se garantiza su realización.

La investigación académica sobre la participación Con estos antecedentes, ¿cómo entender la participación desde la perspectiva de una opción transformadora? Antes de responder a esta pregunta, es necesario, reconocer cómo se ha conceptualizado desde los estudios sociales, dado que desde su responsabilidad de producción de conocimiento sobre la vida social éstos pueden aportarnos valiosas pistas para nuestra propia conceptualización. Si bien los organismos internacionales promotores de la participación (ONU, FAO, CEPAL) produjeron documentos con elaboraciones conceptuales y orientaciones metodológicas sobre la participación y algunos autores divulgaron y operacionalizaron dichos planteamientos en manuales para promotores y trabajadores sociales (Ander Egg, 1963, 1968, 1973), el interés académico por la participación social y ciudadana en América Latina comienza hacia mediados de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, de la mano de los procesos de transición política de gobiernos militares a civiles y de descentralización administrativa que algunos países de la región impulsaron. Aparecen las primeras conceptualizaciones sobre participación (Flisfish, 1980; Elizalde, 1982), sobre participación ciudadana (Velásquez, 1986), sobre su relación con movimientos sociales (Castagnola, 1986) y sus posibilidades emancipadoras (Hopenhayn, 1988; Borja, 1991); en diferentes países de la región se realizan eventos para debatir las diferentes posiciones e interpretaciones sobre el tema; en Colombia, por ejemplo, en 1984, la Universidad Nacional de Colombia realizó el I Seminario nacional sobre participación social y desarrollo comunitario y en 1986 Planeación Nacional realiza un Encuentro sobre participación y democracia participativa. Desde finales de esta década, en la mayoría de los países de América Latina, la participación ciudadana estaba amparada e institucionalizada dentro de los marcos de la democracia representativa (Tanaka, 1995), que se habían venido restableciendo desde la década anterior. El nuevo escenario político citadino surgido con las reformas, implicó una redefinición de las estrategias mediante las cuales los pobladores y sus organizaciones se venían relacionando con la gestión y la vida política local, y en últimas con el Estado mismo y sus políticas. El referente barrial, los estilos reivindicativos, gestionistas, clientelistas o contestatarios se vieron desafiados por estos nuevos espacios de participación ciudadana y de transformación política.

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Desde la lectura de los organismos internacionales la ampliación de los espacios de participación, así como la relación entre las estrategias de participación política y el comportamiento de los gobiernos locales, contribuían a fortalecer las nuevas formas de organización y planeación en las ciudades latinoamericanas que implementaron procesos de descentralización. Así por ejemplo, para la CEPAL en 1991, se deberían ampliar las posibilidades para que las poblaciones de base decidan sobre los asuntos que afectan su entorno, como estrategia para racionalizar la oferta estatal de servicios sociales y como dique de contención frente a grupos y organizaciones con intereses privados o alternativos. Por otra parte, desde los estudiosos de las dinámicas organizativas populares, la participación social empieza a analizarse desde su potencial democrático en la perspectiva de construcción del poder local como articulación social y proyecto colectivo alternativo (Fernández, 1988; Coraggio, 1993); desde la perspectiva de la construcción de ciudad y de ciudadanías críticas y de la profundización de la democracia, entendida como el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y no sólo políticos, la participación es redefinida como práctica social y cultural (Bengoa, 1987; Naranjo, 1991; Granda, 1993; Torres, 1994; Naranjo y Castillo, 1994).

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A fines de la década, otros autores, (Naranjo, 1999 y 2000; Safa, 2001) plantearon que los pobladores de los territorios populares, desde sus luchas cotidianas y manifiestas contribuían a la construcción de la democracia en la ciudad y a la formación de nuevas ciudadanías; desde una concepción de democracia no limitada a lo individual y a lo institucional, se muestra cómo las luchas de los pobladores por el derecho a la ciudad y por el reconocimiento social y cultural producen unas subjetividades y unas prácticas políticas que a la vez afirman sus identidades colectivas. En el mismo periodo, los estudios sobre participación también se articulan al de las políticas urbanas. Al respecto, Gloria Naranjo (1997) plantea tres dimensiones a considerar: a) las políticas urbanas, como el espacio que articula múltiples actores: Estado, sectores económicos del área de la construcción, urbanizadores piratas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y populares; b) una racionalidad sociopolítica que construye también, en parte, la racionalidad integrativa y comunicativa de una ciudad; c) las políticas urbanas destacan la necesidad de volver a la política, a la construcción de actores y voluntades políticas en lo local, en el marco de una extensa y compleja red de dependencias y transacciones entre Estado y actores sociales. Desde la última década del siglo XX, la distancia entre movimientos sociales y actores políticos tendió a disminuir. Las nuevas colectividades de izquierda formadas o recompuestas durante la fase de democratización se nutrieron de las organizaciones populares y algunos movimientos sociales formaron sus propios movimientos

y partidos políticos. Ello ha sido evidente en países como México y Brasil, donde algunas corrientes del movimiento popular urbano se incorporaron a las nuevas agrupaciones partidistas. En otros casos (Sao Paulo, Bogotá, Caracas, México D.F.) estas organizaciones jugaron un papel decisivo en el triunfo electoral de candidatos cívicos y de izquierda en gobiernos municipales y nacionales en el umbral del nuevo siglo. Esta confluencia entre participación social y política ha sido estudiada por Chávez y Goldenfrank (2004), Alicia Zicardi (2005) y Beatriz Stolowicz (2006). Desde la perspectiva de las organizaciones sociales, la preocupación por la participación de los actores locales y su incidencia política (Ramos, 1995; Tanaka, 1995 y 1999; Pliego, 1997; Naranjo, 1999 y 2000) incorpora nuevos referentes teóricos. La influencia del modelo de proceso político se evidencia en algunos estudios de caso sobre organizaciones populares y se expresa en el interés por abordar estructuras internas, liderazgos y relaciones con partidos e instituciones públicas (Ramos 1995; Silva 1994). Así mismo, fue empleada para explicar el cambio de las formas de acción colectiva de los pobladores ante los nuevos contextos políticos en Lima (Tanaka, 1995 y 1999) y México (Pliego, 1997). Esta revaloración de lo político y de la construcción de ciudadanía no es ajena a los debates que desde las ciencias sociales y la filosofía política vienen dándose en los últimos años (Walzer, 1994; Kimlika y Norman, 1997; Zemelman, 198; Lechner, 2000). Estudios recientes, han incorporado otras variables para el estudio de la participación local; los Informes Nacionales de Desarrollo Humano (INDH) del PNUD, han demostrado cómo los ciudadanos evalúan las políticas públicas y el desarrollo de sus países con base en cargas emocionales, más allá del cálculo costo-beneficio atribuido al agente racional. Por ello es importante considerar que la evaluación de los ciudadanos respecto a la participación, a las autoridades locales y nacionales, al comportamiento de la economía, etc., tiene altas cargas subjetivas (Lechner, 1997) construidas en medio de la interacción social que constituye la experiencia cotidiana de la política, el poder, la participación; experiencias condicionadas por los procesos históricos y relacionales en las que se desarrolla el ejercicio de participar. Para el caso colombiano, en particular para su Capital, el nuevo orden constitucional, las dinámicas y efectos del proceso de descentralización, la reconfiguración de los movimientos sociales y populares, la ampliación de los espacios y mecanismos de participación también han sido objeto de estudio por parte de distintos actores, desde diferentes enfoques y mediante distintas metodologías2.

2 Las líneas siguientes son tomadas del Proyecto de investigación Actores, prácticas y sentidos de la participación local en Bogotá, redactado junto con Angie Torres y Alexandra Rodríguez.

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Por una parte, los estudios sobre participación que ha adelantado la Administración Distrital bajo la dirección de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la operación de sus secretarías e institutos durante el periodo 1998-2008, se han enfocado en diagnósticos cualitativos y cuantitativos de los procesos de participación distritales y locales en los espacios formales de participación, con énfasis en los espacios o procesos destinados a la formulación participativa de ordenamiento territorial, presupuestos locales, políticas sectoriales (salud, educación, etc.) y políticas poblacionales (afrodescendientes, mujeres y géneros, discapacitados, etc.). Estos diagnósticos han sido empleados como fuentes/soportes para la formulación de lineamientos de política e intervención, así como para la construcción de manuales institucionales de procesos de participación y formación para la participación. En esta perspectiva institucional, las investigaciones han abordado el diseño institucional de las políticas de gobierno y la participación ciudadana en la gestión local por un lado (Velásquez, 2003), y el análisis de los agentes de la participación ciudadana desde dos ópticas diferentes: la oferta participativa y la demanda (Velásquez y González, 2002; 180-182). Desde este último se considera que el análisis de la oferta es importante porque en el país la configuración de instituciones democráticas después de la Constitución Política de 1991, definió, además de reglas institucionales, perfiles de los ciudadanos que pueden participar de los espacios reglamentados; y que el análisis de la demanda es importante porque permite indagar los perfiles de quienes efectivamente participan y de los usos que le dan a los espacios de participación.

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Por otra parte, las universidades y algunas entidades sin ánimo de lucro también han dedicado esfuerzos para la investigación de la participación en Bogotá. Dos de sus enfoques sobresalientes corresponden a enfoques de investigación participativa por una parte e investigación histórica y normativa por la otra. En el primer enfoque predominan los estudios de caracterización de la participación (Ávila Collazos, 2003), los de identificación de “sentidos” e “identidades colectivas” que sobre la participación en la ciudad y en sus escenarios locales construyen los sujetos que participan (Torres Carrillo, 2002; 2003), los de identificación de la incidencia de y en las organizaciones locales de dichos procesos de participación local (Torres Carrillo, 2007) y los de las “percepciones” de los ciudadanos (Pizano Rojas, 2003; Velásquez y González, 2002). En el segundo enfoque, investigación histórica y normativa sobre la participación en la ciudad, predominan los estudios que revisan el proceso de construcción de los espacios subnacionales de administración y participación (Nieto Jaramillo, 2006) y los espacios locales específicos tales como las Juntas de Administración Local (Velásquez Gavilanes, 2003) o los Consejos Locales de Juventud (REYES CORRAL, 2003); así como los que estudian la relación de los espacios locales con la gobernabilidad local (Jaramillo Angulo, 2001) y las redes clientelistas locales con la participación ciudadana (García, 2003) y quienes reconocen la coexistencia de diferentes concepciones y estrategias de participación (Hernández, 2008).

Un tercer tipo de estudios que desarrollan caracterizaciones sobre los conceptos o tendencias de las administraciones distritales respecto a la ciudadanía, la participación, la gobernabilidad y la concertación, evidenciadas por una parte en los Planes de Desarrollo Distritales (Suárez Álvarez, 2005) o en subsistemas políticos tales como la política de empleo en la ciudad (Jiménez, 2007). Un cuarto tipo de estudios son aquellos que abordan la participación en relación con el concepto de “cultura política” y “democracia” desde intereses en el campo educativo o el de análisis y divulgación de coyuntura como el de la iniciativa institucional del Observatorio de Cultura Urbana (2003). En este cuerpo de investigaciones sobre la participación en Bogotá, vale la pena resaltar aquellos que abordan uno de los temas más estudiados del fenómeno: las “motivaciones y percepciones ciudadanas” a través de los análisis de diferentes encuestas (Encuesta de opinión sobre la participación ciudadana, Encuesta de Cultura Ciudadana y Encuesta de Bogotá Cómo Vamos) y la aplicación de técnicas cualitativas y participativas (Torres, 2003; 2007 y Pizano Rojas, 2003). Algunos estudios sobre representación local, perfiles, liderazgos y alcances de la participación señalan algunos factores que podrían caracterizar la participación local como un ejercicio especializado y cooptado por los participantes tradicionales “profesionalizados”, por líderes con disponibilidad de tiempo, liderazgos personales y sin contacto con las bases sociales (Velásquez y González, 2002 y García, 2002).

123 La participación como práctica social emancipadora Hecho este recorrido, se confirma la necesidad de conceptualizar la participación desde la perspectiva de las organizaciones e incorporando la complejidad de dimensiones, relaciones y opciones que involucra. Descartadas, por lo amplias, las definiciones de diccionario que la asocian a “dar parte, tener parte, tomar parte en algo, comunicar, informar, compartir, intervenir, contribuir”, partiremos de las que han formulado los organismos que las promueven y algunos especialistas, para luego construir la nuestra. Para las naciones Unidas en 1976, la participación es la “influencia sobre el proceso de toma de decisiones a todos los niveles de la actividad social y de las instituciones sociales”; frente a esta noción sin actores ni intenciones, la CEPAL en 1991 la definió como “el control sobre la propia situación y el propio proyecto de vida (en tanto actor social), mediante la intervención en decisiones, iniciativas y gestiones que afectan el entorno vital en que dicha situación y proyecto se desenvuelven”. Otros autores ponen su acento los colectivos sociales excluidos, al definirla como “los esfuerzos encaminados a incrementar el control de recursos y las instituciones

reguladoras en situaciones sociales dadas, por parte de grupos y movimientos de los hasta entonces excluidos de tal control” (Pierse y Stiefel, 1980: 93). En el mismo sentido, para Flisfish (1990: 4), “la participación está en acciones colectivas provistas de un alto grado de organización y que adquieren sentido a partir del hecho de que se orientan por una decisión colectiva”. Uno de los autores que más ha investigado el tema es el colombiano Fabio Velázquez, quien desde sus estudios sobre la participación ciudadana como factor de democratización, ha venido construyendo desde hace tres décadas un concepto que pone énfasis en su carácter procesual, interesado y político. Aunque en 1984 la definió como “el proceso social a través del cual los individuos directamente, o a través de sus representantes u organizaciones, intervienen en la marcha de los distintos aspectos de la vida colectiva” (Velázquez, 1984: 9), dos años después amplió su concepto, al reconocer que en la participación actúan diferentes fuerzas sociales, en función de sus intereses (de clase, género, generación)… con el propósito de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política” (Velázquez, 1986: 9). Dos décadas después, Velásquez ratifica su idea de participación como “un proceso que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en búsqueda de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (Velázquez y González, 2003).

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Con lo expuesto se ratifica nuestro planteamiento inicial de que no es posible pensar la participación al margen de las condiciones políticas, sociales y culturales en que se produce, ni de las opciones políticas y teóricas de los autores. Con todo, podemos afirmar que cualquiera que sea su definición, la participación siempre posee un sentido político y se justifica en las asimétricas relaciones de poder de nuestras sociedades que subordinan o excluyen amplios sectores de la población. Así mismo, podemos retomar y desarrollar algunos rasgos ya señalados por otros: es un proceso, una práctica social y no sólo un acto un instrumento o procedimiento, en el que intervienen actores individuales y colectivos, quienes desde sus motivaciones, intereses y opciones buscan incidir en decisiones o en la resolución de problemas compartidos, referidos a diferentes aspectos de su vida colectiva, en contextos sociales e históricos específicos, y en un horizonte de sentido más amplio de mantener, reformar o transformar las estructuras y relaciones sociales y políticas. Desde la perspectiva de las organizaciones populares, la participación se define desde los intereses de los sectores subalternos y excluidos (generalmente ligados a su territorio), con miras a que se constituyan como sujetos de su historia y fortalezcan su capacidad de acción colectiva e incidencia pública, desde una opción democrática que implica la transformación de las condiciones que producen y reproducen las estructuras de injusticia prevalecientes en nuestros países.

1. Participación e intereses populares Hemos visto cómo la participación puede estar motivada por la simple urgencia de reproducción social, por la búsqueda de eficacia de las políticas y programas sociales ofertados por el Estado y su legitimación, pero también por el ejercicio de la resistencia y la autonomía de la población, e incluso por la intención de transformar la sociedad en función de visiones de futuro alternativas. Estos dos últimos sentidos están presentes en la participación promovida desde los procesos organizativos populares. Desde la experiencia histórica de las luchas sociales latinoamericanas, la expresión “popular” hace referencia, no tanto a la situación social de sus agentes, sino al sentido de las acciones, cuando se orientan a la defensa de los intereses del mundo popular. Estos hacen referencia tanto a la demanda de acceso a bienes y servicios sociales (“derecho a la ciudad”), como a la orientación estratégica de emancipación social. En las últimas décadas en Colombia y otros países latinoamericanos, las reivindicaciones populares han asumido la perspectiva de derechos (económicos, sociales, culturales, civiles), afirmando a sus protagonistas como sujetos de derecho y a afirmarse en su derecho a tener derechos. La perspectiva popular implica reconocer la unidad en la diferencia de los sectores subalternos. Estos comparten su condición de exclusión o subordinación económica, política, social o cultural, pero no conforman un bloque unitario y homogéneo. En su seno coexisten diferentes tipos de actores (mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, tenderos, informales, desempleados) con demandas específicas y aspiraciones singulares. Un desafío actual a la participación desde lo popular es fomentar procesos de unidad que reconozcan lo particular, frente a las políticas gubernamentales neoliberales que han fomentado su fragmentación a partir de la sectorización de sus programas. 2. Participación y territorios populares La integralidad de derechos reivindicada desde las opciones populares también están asociadas a la territorialidad de las problemáticas de los sectores populares; éstas son “situados”, es decir, vividas y percibidas desde su vida cotidiana en los lugares que habitan. Mientras la globalización se sostiene en dinámicas desterritorializadas (flujos de capital, de información), las luchas populares actuales tienden a afirmar su territorialidad. El territorio no alude al espacio físico de los asentamientos, sino a la apropiación histórica, social y simbólica de sus pobladores; los territorios populares están habitados por memorias, experiencias y sueños compartidos, desde los cuales sus pobladores perciben sus problemas y definen sus sentidos de pertenencia. De este modo, los procesos asociativos y participativos habitualmente toman como referencia las necesidades sentidas desde

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la vida cotidiana compartida en territorios específicos (un barrio, la cuenca de un río, una localidad). Por ello, las prácticas alternativas de participación y de acción colectiva para resolverlas deben buscar fortalecer tejido social, los lazos de solidaridad y la identidad colectiva. 3. Participación y constitución de sujetos sociales La intencionalidad central de la participación desde una óptica popular es la de contribuir a que la población involucrada sea cada vez menos objeto y más sujeto; es decir, que gane mayor autonomía en la comprensión de las estructuras, relaciones y circunstancias que lo condicionan, así como en su voluntad y potencia para transformarla en función de sus propios intereses y visiones de futuro. Un sujeto social es un nucleamiento colectivo que compartiendo una experiencia e identidad colectivas despliega prácticas aglutinadoras (organizadas o no) en torno a un proyecto, convirtiéndose en fuerza capaz de incidir en las decisiones sobre su propio destino y el de la sociedad a la cual pertenece (Zemelman, 1997). En un sentido similar, para Emir Sader (1990: 36), “el sujeto es una colectividad donde se elabora una identidad y se organizan las prácticas, a través de las cuales sus miembros pretenden defender sus intereses y expresar sus voluntades, constituyéndose en esas luchas”.

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En consecuencia, los procesos participativos deben fomentar entre sus protagonistas la necesidad de un mayor control sobre sus propias vidas, afirmar su autoestima y su sentido de pertenencia como sector social, así como su voluntad de poder transformar las condiciones que impiden su realización como persona humana y sujeto de derechos. Dicho empoderamiento como sujetos se expresa en la creciente autonomía social y política y el fortalecimiento de su protagonismo en el escenario histórico (coyuntural y estratégico). 4. Participación, acción colectiva y transformación social Estrechamente asociado a la constitución de sujetos, la participación desde los procesos organizativos debe mejorar la capacidad de acción colectiva de los diferentes segmentos populares. Ello pasa por el fortalecimiento del tejido asociativo y la movilización colectiva, el establecimiento de redes y alianzas con otros actores sociales, con miras a la configuración de vigorosos movimientos sociales con mayor capacidad de incidencia y transformación del sistema. Desde nuestra perspectiva, procesos participativos que no fomenten la movilización social pueden fácilmente rutinizarse y ser absorbidos por la lógica institucional. Más bien, se debe promover una participación insti-

tuyente que permanentemente esté cuestionando y desbordando los límites del orden social y político. Ello exige estar retomando y renovando permanentemente los imaginarios sociales que alimentan las visiones de futuro compartidas, para que la expresión “construir otros mundos posibles” no quede en simple retórica y las utopías de transformación, en vagas quimeras. 5. Participación y construcción democrática También reivindicamos la participación desde los procesos organizativos populares como condición y medio para la construcción democrática, como democratización radical de nuestras sociedades, que no se limite al plano jurídico formal o procedimental como lo fomenta el liberalismo político, sino que signifique la transformación de las condiciones sociales que impiden la democratización de las relaciones sociales de poder. A la vez que se ocupan y tensionan los límites de las múltiples instancias participativas institucionalizadas, se promueven procesos organización y acción que fortalezcan el protagonismo popular y agencien diferentes proyectos de sociedad. Porque la democracia debe entenderse como un sistema político que posibilite la existencia de pluralidad de actores, visiones de futuro y proyectos que las viabilicen. Por ello la participación debe posibilitar la emergencia y afirmación de ciudadanías críticas (individuales y colectivas) con capacidad de transformación, tanto de las relaciones cotidianas dentro de las propias organizaciones y territorios existenciales, como de las políticas públicas locales, municipales y nacionales, pasando por la superación de las prácticas y relaciones clientelistas, caudillistas y paternalistas que predominan en los espacios institucionales de participación. 6. Participación y educación popular Finalmente, consideramos que la participación entendida como constitución de sectores sociales y potencialidad de transformación social desde los intereses de los hoy sectores subalternos, demanda de una estrategia educativa popular. La motivación hacia la participación, así como su ejercicio desde una opción crítica y democrática no son naturales, deben ser aprendidos. Por ello, las organizaciones populares tienden a incorporar espacios, procesos y eventos formativos que mejoren la capacidad de lectura crítica e indignada de realidades, la generación de nuevos referentes emancipadores y utópicos, que alimenten la imaginación y la voluntad transformadora, desarrollen la conciencia, la voluntad, los valores y actitudes críticas de los sujetos populares y doten de herramientas prácticas para la promoción de la participación.

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Desde los procesos organizativos populares es necesario propiciar una educación que reivindique el carácter político de los procesos organizativos y de participación; es decir que permita reconocer la vocación y el potencial de transformación de las relaciones de poder en las diferentes esferas de la vida social. Una educación que contribuya a la configuración de una cultura política crítica emancipadora que articule y dé sentido a los sujetos, a los espacios y a las prácticas de participación. En términos formativos, una educación desde y para la participación debe favorecer el cambio de algunas representaciones, valores y actitudes promovidas por la cultura política hegemónica; debe favorecer el tránsito de lo individual a lo colectivo, de las actitudes fatalistas a actitudes proactivas, de la actuación espontánea a la planificada, de los valores egoístas y competitivos a valores altruistas y solidarios, etc.

Bibliografía 128

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Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad Foro Social de las Américas. Quito – Julio 2004 Foro Mundial Urbano. Barcelona – Octubre 2004 Foro Social Mundial. Porto Alegre – Enero 2005 Revisión previa a Barcelona. Septiembre 2005

Preámbulo Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio. Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales. Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales,

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étnicas, de género y edad– para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves consecuencias de esto son los desalojos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de la convivencia social. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas que, pese a su significado social y político, son aún fragmentadas e incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo vigente. Frente a esta realidad, y la necesidad de contrarrestar sus tendencias, organizaciones y movimientos urbanos articulados desde el I Foro Social Mundial (2001), han discutido y asumido el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Desde entonces, un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, están construyendo una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca recoger los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en nuestras ciudades.

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El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos, en la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad. Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, ante todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. Está llamada a constituirse en plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos aquellos actores –públicos, sociales y privados– interesados en darle

plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica.

Parte I. Disposiciones generales ARTÍculo I. DERECHO A LA CIUDAD

3. 4.

Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes. El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes. A los efectos de esta Carta, el concepto de ciudad tiene dos acepciones. Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o poblado que esté organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter municipal o metropolitano. Incluye tanto el espacio urbano como el entorno rural o

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5. 6.

semirrural que forma parte de su territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y actores que intervienen en su gestión, como las autoridades gubernamentales, los cuerpos legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general. A los efectos de esta Carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habitan de forma permanente o transitoria en las ciudades. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben adoptar todas las medidas necesarias –hasta el máximo de los recursos que dispongan– para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados y con la adopción de medidas legislativas y normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asimismo, las ciudades, con arreglo a su marco legislativo y a los tratados internacionales, deben dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter para hacer efectivos en ellas los derechos civiles y políticos recogidos en esta Carta.

ARTÍculo II. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DEL DERECHO A LA CIUDAD 1. EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD

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1.1. Las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad. 1.2. Todas las personas tienen el derecho de participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición, implementación y fiscalización de las políticas públicas y del presupuesto municipal de las ciudades, para fortalecer la transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares. FUNCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD Y DE LA PROPIEDAD URBANA 2.1. Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y todas los(as) habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para las futuras generaciones. 2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de

las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros. 2.3. Las ciudades deben promulgar la legislación adecuada y establecer mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función social de la propiedad. 2.4. En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses especulativos. 2.5. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y sustentable. Las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública, –actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares–, deben gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en situación de riesgo. IGUALDAD, NO-DISCRIMINACIÓN 3.1. Los derechos enunciados en esta Carta deben ser garantizados para todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en las ciudades sin discriminación alguna. 3.2. Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos sobre la implementación de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), y en las conferencias de Medio Ambiente (1992), Beijing (1995) y Hábitat II (1996), entre otras. Para ello, se deben asignar los recursos necesarios de los presupuestos gubernamentales para la efectividad de dichas políticas y establecer mecanismos e indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo. PROTECCIÓN ESPECIAL DE GRUPOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 4.1. Los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e integración, de distribución de los recursos, de acceso a los servicios esenciales y de no-discriminación. A los efectos de esta Carta se consideran vulnerables a: personas y grupos en situación de pobreza, en riesgo ambiental (amenazados por desastres naturales), víctimas de violencia, con discapacidad, migrantes forzados, refugiados y todo grupo que, según la realidad de cada ciudad, esté en situación de desventaja respecto al resto de los habitantes. En estos grupos, a su vez, serán objeto prioritario de atención las personas mayores, las mujeres, en especial las jefas de hogar, y los(as) niños(as).

137

4.2. Las ciudades, mediante políticas de afirmación positiva de los grupos vulnerables, deben suprimir los obstáculos de orden político, económico, social y cultural que limiten la libertad, equidad e igualdad de los(as) ciudadanos(as) e impidan el pleno desarrollo de la persona humana y su efectiva participación política, económica, social y cultural en la ciudad. COMPROMISO SOCIAL DEL SECTOR PRIVADO 5.1. Las ciudades deben promover que los agentes del sector privado participen en programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre los habitantes, de acuerdo con los principios rectores que fundamentan esta Carta. IMPULSO de la economía soLIDARIA y políticas impositivas progresivas Las ciudades deben promover y valorar las condiciones políticas y económicas necesarias para garantizar programas de economía solidaria y sistemas impositivos progresivos que aseguren una justa distribución de los recursos y los fondos necesarios para la implementación de las políticas sociales.

Parte II. Derechos relativos al ejercicio de la Ciudadanía y a la participación en la Planificación, Producción y Gestión de la Ciudad ARTÍCULO III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CIUDAD

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Las ciudades deben abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa y democrática de los(as) ciudadanos(as) en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Se debe garantizar el funcionamiento de órganos colegiados, audiencias, conferencias, consultas y debates públicos, así como permitir y reconocer los procesos de iniciativa popular en la proposición de proyectos de ley y de planes de desarrollo urbano. Las ciudades, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, deben formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia, deben organizar la estructura administrativa de modo que garantice la efectiva responsabilidad de sus gobernantes frente a los(as) ciudadanos(as), así como la responsabilidad de la administración municipal ante los demás niveles de gobierno y los organismos e instancias regionales e internacionales de derechos humanos.

ARTÍCULO IV. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HABITAT

Las ciudades deben establecer mecanismos institucionales y desarrollar los instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y de capacitación necesarios para apoyar las

diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención a los procesos autogestionarios, tanto individuales y familiares como colectivos organizados. Artículo V. DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE

1. Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función social de la ciudad y de la propiedad. Para ello, las ciudades deben adoptar medidas que conduzcan a una ciudad integrada y equitativa. 2. La planificación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberán integrar el tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio público. Artículo VI. Derecho a la Información Pública

1. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna respecto a la actividad administrativa y financiera de cualquier órgano perteneciente a la administración de la ciudad, del poder legislativo y del judicial, y de las empresas y sociedades privadas o mixtas que presten servicios públicos. 2. Los funcionarios del gobierno de la ciudad o del sector privado deben producir la información requerida de su área de competencia en un tiempo mínimo si no cuentan con ella en el momento de efectuarse el pedido. El único límite al acceso a la información pública es el respeto al derecho de las personas a la intimidad. 3. Las ciudades deben garantizar mecanismos para que todas las personas accedan a una información pública eficaz y transparente. Para ello deberán promover el acceso de todos sectores de la población a las nuevas tecnologías de la información, su aprendizaje y actualización periódica. 4. Toda persona o grupo organizado, y muy especialmente quienes auto producen su vivienda y otros componentes del hábitat, tiene derecho a obtener información sobre la disponibilidad y ubicación de suelo adecuado, los programas habitacionales que se desarrollan en la ciudad y los instrumentos de apoyo disponibles. Artículo VII. LIBERTAD E INTEGRIDAD

Todas las personas tienen derecho a la libertad y a la integridad, tanto física como espiritual. Las ciudades deben comprometerse a establecer garantías de protección que aseguren que esos derechos no sean violados por individuos o instituciones de cualquier naturaleza.

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Artículo VIII. Participación política

Todos(as) los(as) ciudadanos(as), tienen derecho a la participación en la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales, así como en todas las decisiones que afecten las políticas locales de planificación, producción, renovación, mejoramiento y gestión de la ciudad. Las ciudades deben garantizar el derecho a elecciones libres y democráticas de los representantes locales, la realización de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a los debates y audiencias públicas sobre los temas relativos a la ciudad. Las ciudades deben implementar políticas afirmativas de cuotas para la representación y participación política de las mujeres y minorías en todas las instancias locales electivas y de definición de sus políticas públicas, presupuestos y programas.

ARTÍCULO IX. Derecho de asociación, Reunión, MANIFESTACIÓN y uso democrático del espacio público urbano

Todas las personas tienen derecho de asociación, reunión y manifestación. Las ciudades deben disponer y garantizar espacios públicos para ese efecto.

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ArtÍculo X. Derecho a la justicia 1. Las ciudades deben adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia. 2. Las ciudades deben fomentar la resolución de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación y arbitraje. 3. Las ciudades deben garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo políticas especiales en favor de los grupos vulnerables de la población y fortaleciendo los sistemas de defensa pública gratuita. Artículo XI. DERECHO A LA Seguridad PÚBLICA y a la CONVIVENCIA PACÍFICA, SOLIDARIA Y MULTICULTURAL

Las ciudades deben crear condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacifica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello deben garantizar el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) ciudadanos(as) sin discriminación alguna. Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y la protección de los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad bajo su mando apliquen el uso de la fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y bajo control democrático. Las ciudades deben garantizar la participación de todos(as) los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación de las fuerzas de seguridad.

Parte III. Derechos al Desarrollo Económico, Social, Cultural y Ambiental de la Ciudad ARTÍCULO XII. DERECHO AL AGUA, AL Acceso y Suministro de Servicios Públicos domiciliarios y urbanos

Las ciudades deben garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos(as) el acceso permanente a los servicios públicos de agua potable, saneamiento, remoción de basura, fuentes de energía y telecomunicaciones, así como a los equipamientos de salud, educación, abasto y recreación, en corresponsabilidad con otros organismos públicos o privados, de acuerdo al marco jurídico del derecho internacional y de cada país. Las ciudades deben garantizar -aun cuando se haya privatizado la gestión de los servicios públicos con anterioridad a la suscripción de esta Carta- tarifas sociales asequibles y un servicio, adecuado para todos, especialmente para las personas y grupos vulnerables o sin empleo. Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más próximo a la población, con participación de los(as) ciudadanos(as) en su gestión y fiscalización. Éstos deberán estar bajo un régimen jurídico de bienes públicos, impidiendo su privatización. Las ciudades establecerán sistemas de control social de la calidad de los servicios de las empresas prestatarias de servicios, públicas o privadas, en especial en lo relativo al control de su calidad, la determinación de las tarifas y la atención al público.

Artículo XIII. Derecho al Transporte PÚBLICO Y LA MOVILIDAD URBANA

2. 3.

Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad). Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Artículo XIV. Derecho a la vivienda

Las ciudades, en el marco de sus competencias, deben adoptar medidas para garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos(as) que los gastos de vivienda sean soportables de acuerdo a sus ingresos; que las viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las características culturales y étnicas de quienes las habitan.

141

3. 4.

5. 6.

142 8.

Las ciudades deben facilitar una oferta adecuada de vivienda y equipamientos urbanos para todos(as) los(as) ciudadanos(as) y establecer programas de subsidio y financiamiento para la adquisición de tierras e inmuebles, de regularización de la tenencia del suelo y de mejoramiento de barrios precarios y ocupaciones informales. Las ciudades deben garantizar a los grupos vulnerables prioridad en las leyes, las políticas y los programas habitacionales y asegurar financiamiento y servicios destinados a la infancia y la vejez. Las ciudades deben incluir a las mujeres en los documentos de posesión y propiedad expedidos y registrados, independientemente de su estado civil, en todas las políticas públicas de distribución y titulación de tierras y viviendas que se desarrollen. Las ciudades deben promover la instalación de albergues y viviendas sociales de alquiler para mujeres víctimas de violencia familiar. Todos(as) los(as) ciudadanos(as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar tienen derecho a exigir de las autoridades la efectiva implementación del derecho a la vivienda adecuada de forma progresiva y mediante aplicación de todos los recursos disponibles. Los albergues, los refugios y el alojamiento de cama y desayuno podrán ser adoptados como medidas provisorias de emergencia, sin perjuicio de la obligación de proveer una solución de vivienda definitiva. Toda persona tiene derecho a la seguridad de tenencia de su vivienda por medio de instrumentos jurídicos que la garanticen y derecho a protección frente a desalojos, expropiaciones o desplazamientos forzados o arbitrarios. Las ciudades deben proteger a los inquilinos de la usura y los desalojos arbitrarios, regulando los alquileres de inmuebles para habitación de acuerdo a la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Las ciudades deben reconocer como interlocutores directos a las organizaciones y movimientos sociales que reivindican y trabajan por hacer efectivos los derechos vinculados a la vivienda contenidos en esta carta. Muy especial atención, impulso y apoyo deberán dar a las organizaciones de personas vulnerables y en situación de exclusión, garantizando en todos los casos la preservación de su autonomía. El presente artículo será aplicable a todas las personas, incluyendo familias, grupos, ocupantes sin títulos, sin techo y a aquellas personas o grupos de personas cuyas circunstancias de vivienda varían, en particular los nómadas, los viajeros y los romaníes.

Artículo XV. Derecho al trabajo 1. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, deben contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la consecución del pleno empleo en la ciudad. Asimismo, deben promover la actualización y la recalificación de los trabajadores, empleados o no, a través de la formación permanente. 2. Las ciudades deben promover la creación de condiciones para combatir el trabajo infantil para que los niños y las niñas puedan disfrutar de la infancia y acceder a la educación.

Las ciudades, en colaboración con las demás administraciones públicas y las empresas, deben desarrollar mecanismos para asegurar la igualdad de todos ante el trabajo, impidiendo cualquier discriminación. Las ciudades deben promover el igual acceso de las mujeres al trabajo mediante la creación de guarderías y otras medidas, así como de las personas discapacitadas mediante la implementación de equipamientos apropiados. Para mejorar las condiciones de empleo, las ciudades deben establecer programas de mejora de las viviendas urbanas utilizadas por las mujeres jefas de familia y grupos vulnerables como espacios de trabajo. Las ciudades deben promover la integración progresiva del comercio informal que realizan las personas de bajos ingresos o desempleadas, evitando su eliminación y la represión hacia los comerciantes informales. También dispondrán espacios acondicionados para el comercio informal y políticas adecuadas para su incorporación en la economía urbana.

ArtÍculo XVI. Derecho a UN medio ambiente SANO Y SOSTENIBLE

Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico y promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos.

143 Parte IV. Disposiciones finales ARTÍCULO XVII. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD

Los organismos internacionales, gobiernos nacionales, provinciales, regionales, metropolitanos, municipales y locales son actores responsables de la efectiva aplicación y defensa de los derechos previstos en esta Carta, así como de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales para todos(as) los(as) ciudadanos(as) en las ciudades, con base en el sistema internacional de derechos humanos y el sistema de competencias vigente en el respectivo país. La no implementación de los derechos previstos en esta Carta, o su aplicación en desacuerdo con sus principios y directrices rectoras o con las normas internacionales y nacionales de derechos humanos vigentes en el país, por los gobiernos responsables, concurrirá en violación al Derecho a la Ciudad que solamente podrá corregirse mediante la implementación de las medidas necesarias para la reparación/reversión del acto o de la omisión que le dieron causa. Esas medidas deberán asegurar que los efectos negativos o daños derivados sean reparados/revertidos de forma tal que se garantice a los(as)

ciudadanos(as) la efectiva promoción, respeto, protección y realización de los derechos humanos previstos en esta Carta.

144

ARTÍculo XViII. Medidas de Implementación Y supervisión del Derecho a la Ciudad 1. Las ciudades deben adoptar todas las medidas normativas necesarias, de forma adecuada e inmediata, para asegurar el Derecho a la Ciudad de todas las personas, conforme a lo dispuesto por esta Carta. Las Ciudades deben garantizar la participación de los(as) ciudadanos(as) y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de revisión normativa. Las ciudades están obligadas a utilizar hasta el máximo de sus recursos disponibles para cumplir las obligaciones jurídicas establecidas en esta Carta. 2. Las ciudades deben proporcionar capacitación y educación en derechos humanos a todos los agentes públicos relacionados con la implementación del Derecho a la Ciudad y con las obligaciones correspondientes, en especial a los funcionarios empleados por los órganos públicos cuyas políticas influyan de alguna manera en la plena realización del Derecho a la Ciudad. 3. Las ciudades deben promover la enseñanza y socialización del Derecho a la Ciudad en los centros educativos, universidades y medios de comunicación. 4. Las ciudades deben establecer, conjuntamente con los habitantes, mecanismos de evaluación y monitoreo mediante un sistema eficaz de indicadores del derecho a la ciudad, con diferenciación de géneros, para asegurar el Derecho a la Ciudad con base en los principios y normas de esta Carta. 5. Las ciudades deben supervisar y evaluar con regularidad y globalmente el grado en que se respetan las obligaciones y los derechos de la presente Carta. ARTÍculo XIX. lesiÓn AL derecho a la ciudad 1. Constituyen lesión al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales y prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusación, dificultad e imposibilidad de: – realización de los derechos establecidos en esta Carta; – participación política colectiva de habitantes, mujeres y grupos sociales en la gestión de la ciudad; – cumplimiento de las decisiones y prioridades definidas en los procesos participativos que integran la gestión de la ciudad; – manutención de las identidades culturales, formas de convivencia pacífica, producción social del hábitat, así como las formas de manifestación y acción de los grupos sociales y ciudadanos(as), en especial los vulnerables y desfavorecidos, con base en sus usos y costumbres. 2. Las acciones y omisiones pueden expresarse en el campo administrativo, por la elaboración y ejecución de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a través de la edición de leyes, control de los recursos públicos y acciones del gobierno; en la esfera judicial, en los juicios y decisiones sobre conflictos colectivos y difusos referentes a temas de interés urbano.

ARTÍculo XX. Exigibilidad Del derecho a la ciudad

Toda persona tiene derecho al acceso y uso de recursos administrativos y judiciales eficaces y completos relacionados con los derechos y deberes enunciados en la presente Carta, incluido el no disfrute de tales derechos. ARTÍculo XXI. COMPROMISOS coN la Carta por el derecho a la ciudad

I. 1.

2. 3.

Las redes y organizaciones sociales se comprometen a: Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad en el contexto del Foro Social Mundial, así como en otras conferencias y foros internacionales, con el objetivo de contribuir al avance de la lucha de los movimientos sociales y de las redes de ONG en la construcción de una vida digna en las ciudades; Construir plataformas de exigibilidad del Derecho a la Ciudad; documentar y diseminar experiencias nacionales y locales que apunten a la construcción de este derecho; Presentar esta Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad a los distintos organismos y agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales Regionales para iniciar un proceso que tenga como objetivo el reconocimiento del Derecho a la Ciudad como un derecho humano.

II. Los Gobiernos nacionales y locales se comprometen a: 1. Elaborar y promover marcos institucionales que consagren el Derecho a la Ciudad, así como a formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un modelo de desarrollo sustentable aplicado a las ciudades, en concordancia con los principios enunciados en esta Carta; 2. Construir plataformas asociativas, con amplia participación de la sociedad civil, para promover el desarrollo sustentable en las ciudades; 3. Promover la ratificación y aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales y regionales que contribuyan a la construcción del Derecho a la Ciudad. III. Los Parlamentarios se comprometen a: 1. Promover consultas ciudadanas y realizar actividades de cabildeo con el objeto de enriquecer los contenidos del derecho a la ciudad e impulsar su reconocimiento y adopción por las instancias internacionales y regionales de derechos humanos y por los gobiernos nacionales y locales. 2. Elaborar y aprobar leyes que reconozcan y consagren el derecho humano a la ciudad, en concordancia con lo enunciado en esta carta y con los instrumentos internacionales de derechos humanos. 3. Adecuar el marco legal nacional y local incorporando las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos humanos, con especial atención en aquellos contenidos en esta carta.

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IV. Los organismos internacionales se comprometen a: 1. Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular y apoyar a los gobiernos en la promoción de campañas, seminarios y conferencias, así como a facilitar publicaciones técnicas apropiadas que conduzcan a su adhesión a los compromisos de esta Carta; 2. Monitorear y promover la aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales y regionales que contribuyan a la construcción del derecho a la ciudad; 3. Abrir espacios de participación en los organismos consultivos y decisorios del Sistema de Naciones Unidas que faciliten la discusión de esta iniciativa.

Se invita a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, parlamentarios y organismos internacionales a participar activamente en el ámbito local, nacional, regional y global en el proceso de integración, adopción, difusión e implementación de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como uno de los paradigmas de que un mundo mejor es posible en este milenio.

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