DOC DOCUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa de Protección Social Agosto 2016 Recomendación
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¿Qué transferencias realiza el Estado a las familias con niños y adolescentes en Argentina? Una propuesta desde la equidad Gala Díaz Langou | Malena Acuña
L
os niños y adolescentes cuentan con el derecho a tener un nivel de vida digno y que sus familias cuenten, para ello, con dinero. Además, este período es crucial para el desarrollo cognitivo, físico y emocional de las personas. En comparación con otras etapas, lo que ocurre en la infancia y la adolescencia tienen mayores implicancias en cómo se transita el resto de la vida. A pesar de la relevancia que tiene asegurar un nivel de vida decente para las familias con niños y adolescentes, Argentina concentra la pobreza en ellas (59% de los menores de 18 años pertenecen a familias con ingreso per cápita en los dos quintiles de ingreso más pobres, contra 32% en la población mayor de 17 años). Este fenómeno, conocido como infantilización de la pobreza, se profundizó en los últimos años. Esto se verifica al observar otras formas posibles de medir bienestar, más allá del ingreso. Si bien este desafío debe ser abordado integralmente, haciendo frente a las múltiples dimensiones que dan cuenta de la situación de pobreza, un indiscutible pilar en esta estrategia es garantizar que las familias con niños y adolescentes cuenten con ingresos suficientes. En Argentina el Estado transfiere ingresos a estas familias través de 3 vías: 1) subsistema contributivo (Asignaciones Familiares), 2) subsistema no contributivo (principalmente Asignación Universal por Hijo-AUH), y 3) deducción del impuesto a las ganancias. Es innegable que se realizaron avances de cobertura y equidad (como extender la cobertura a hijos de trabajadores desocupados, en la informalidad y monotributistas) pero todavía restan importantes desafíos para alcanzar un sistema integrado de protección a la niñez y la adolescencia. El actual esquema de transferencias tiene todavía algunos aspectos en los que es fragmentado
e inequitativo. Es fragmentado porque los múltiples tipos de cobertura dependen de la condición laboral de los adultos, cuando el foco debería colocarse en los derechos de los niños y adolescentes. Es inequitativo por varias razones. El valor de las prestaciones no es igual y tampoco progresivo (por ejemplo, hay casos en los que el Estado transfiere más a quienes deducen de ganancias que a quienes reciben Asignaciones Familiares o AUH). Los criterios para determinar la elegibilidad para percibir prestaciones también son heterogéneos, como así también la edad de cobertura de los hijos. Algunos tipos de cobertura presentan corresponsabilidades y otros no. No todas las familias con niños están cubiertas (en 2011, 25,5% de los niños y adolescentes no contaba con ningún tipo de apoyo monetario). Todavía hay exclusiones por normativa injustas, como que los hijos de autónomos fueron sistemáticamente excluidos de toda prestación a pesar de ser un grupo comparable con quienes deducen ganancias. También sigue habiendo muchos que no fueron alcanzados por las intervenciones a pesar de cumplir los requisitos normativos; este porcentaje es mayor en el quintil más pobre y menor en el más rico. Por todo esto, el actual esquema de transferencias necesita ser modificado. Este documento presenta y costea tres escenarios para mejorarlo buscando garantizar que todas las familias cuenten con un ingreso que les permita salir de la pobreza, sin importar el lugar de origen o condición laboral de los adultos. Para conseguirlo, se buscó: 1) revertir cualquier sesgo regresivo del sistema actual y 2) revertir la infantilización de la pobreza. Por otro lado, se presentan escenarios intermedios que permitirían que el país se acerque gradualmente al objetivo de máxima.
RESUMEN EJECUTIVO
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento