Agenda pública presidencial | CIPPEC by CIPPEC

SUMARIO agenda pública presidencial

PRESENTACIÓN por Laura Zommer

EDITORIAL por Fernando Straface

AGENDA PRESIDENCIAL Educación, por Axel Rivas Salud, por Sofía Olaviaga Protección Social, por Fabián Repetto Seguridad Social, por Eduardo Levy Yeyati Política Fiscal, por Luciana Díaz Frers Integración Global, por Lucio Castro Transporte, por José Barbero Energía, por Nicolás Gadano Justicia, por Martín Böhmer y Sandra Elena Transparencia, por Manuel Garrido Seguridad, por el Acuerdo para una política de Seguridad Democrática Desarrollo Sustentable, por Diego Moreno Jefatura de Gabinete de Ministros, por Fernando Straface

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54

AL RESCATE DE LAS IDEAS por Jorge Taiana y José Octavio Bordón

LOS QUE QUIEREN LLEGAR por Elisa Carrió, Mario Das Neves, Eduardo Duhalde, Mauricio Macri y Ernesto Sanz

PASADO Y LO QUE VENDRÁ 78 por Mario Rapoport, Luis Alberto Romero, Sergio Berensztein y Claudio A. Jacquelin ELECCIONES 2011 por Julia Pomares, Marcelo Leiras, Ana María Mustapic y Nicolás Fernández Arroyo PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

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RECUERDOS DE CAMPAÑA por Alejandro Querol

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CONTRAPUNTO Educación, por Silvina Gvirtz y Claudia Romero Economía, por Bernardo Kosacoff y Manuel Solanet Integración, por Félix Peña y Marcelo Elizondo

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APUNTES DESDE EL EXTERIOR por Gerardo della Paolera, Orazio Belletini y Enrique Mendizábal

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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

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Av. Callao 25, 1°. C1022AAA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 4384-9009. Fax: 4384-9009 interno 1213. info@cippec.org, www.cippec.org, www.agenda-presidencial.org CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina. Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Fortalecimiento de las Instituciones y Gestión Pública, a través de los programas de Educación, Salud, Protección Social, Política Fiscal, Integración Global, Justicia, Transparencia, Desarrollo Local, y Política y Gestión de Gobierno.

STAFF

DIRECTORA Laura Zommer EDITOR Martín Rodríguez Yebra COORDINADORA Dolores Arrieta INDICADORES Pablo Bezem Romina Solano Gala Díaz Langou Andrés Lajer Barón Antonella Mancino

INFOGRAFIA Sebastián Ginandrea FOTOGRAFIA Editor: Alejandro Querol Portada: Leonardo García Otras secciones: archivos Clarín, La Nación, La Voz del Interior, Los Andes, Presidencia de la Nación, prensa del Senado DISEÑO Vanina Osci

Agradecimientos Jimena Camperi, Gastón Carrara, Inés Castro Almeyra, Dante Cosenza, Antonella Guidoccio, Eduardo Kelly, Carolina Nahón, Jorge Quiroga y Ana Soffietto.

Ideas en campaña agenda pública presidencial

LAURA ZOMMER directora de Comunicación de CIPPEC

genda pública presidencial es un esfuerzo de CIPPEC por reunir, en un año electoral, voces y miradas diversas en un país en el que, lamentablemente, la lógica “amigo-enemigo” parece haberse impuesto. Por poner en discusión puntos de vista distintos para enriquecer el debate público y presentar propuestas de políticas públicas serias para mejorar la Argentina. Pensar y hacer una revista sobre el pasado es siempre más fácil que hacerla sobre el futuro. Agenda pública a 25 años de democracia y Agenda pública del Bicentenario ponían el foco en datos, hechos y enseñanzas del pasado para contribuir al futuro. Esta vez, Agenda pública presidencial se concentra fundamentalmente en lo que vendrá y -siempre optimistasaporta ideas para que los próximos cuatro años sean mejores que los últimos. Agenda pública presenta el proyecto Agenda presidencial, con el que CIPPEC y otras organizaciones buscan mejorar el debate electoral de cara a octubre de 2011 y enriquecer algunas de las políticas clave para el desarro2

llo con equidad de la Argentina. Así, en la primera sección, Agenda presidencial, el equipo de directores de CIPPEC y algunos expertos convocados especialmente ofrecen más de 50 propuestas para mejorar la educación, la protección social, la economía, la infraestructura, la seguridad, la justicia y el desarrollo sustentable, entre otros asuntos centrales para el país y sus habitantes. En Ideas al rescate, el ex canciller Jorge Taiana y el ex embajador José Octavio Bordón coinciden en por qué es clave definir un modelo de país y trabajar con ese rumbo, gane quien gane los comicios. Los precandidatos presidenciales Elisa Carrió, Mario Das Neves, Eduardo Duhalde, Mauricio Macri y Ernesto Sanz escriben sobre la prioridad del futuro o futura Presidente en Los que quieren llegar. También fueron invitados otros precandidatos que, como la Presidenta, el Vicepresidente, Ricardo Alfonsín, Adolfo Rodríguez Saá, Felipe Solá y Fernando Solanas, desistieron de hacerlo por motivos diversos. En Pasado y lo que vendrá, Mario Rapoport, Luis Alberto Romero, Sergio Berensztein y Claudio A. Jacquelin discurren sobre los principales desafíos del próximo gobierno: la inflación y la distribución del ingreso, el entramado de subsidios, el fortalecimiento institucional y el poder de los sin-

PRESENTACIÓN

dicatos están entre los principales. Hay mucho más. Una sección dedicada a las Elecciones 2011, donde expertos explican las nuevas reglas electorales nacionales y adelantan cómo quedaría el Congreso tras los comicios, y más de 20 periodistas de los principales diarios nacionales y provinciales brindan un panorama electoral de cada distrito. Con el reportaje fotográfico Recuerdos de campaña desempolvamos algunas imágenes de contiendas electorales, nacionales y provinciales, pasadas y memorables. En Contrapunto, Silvina Gvirtz, Claudia Romero, Bernardo Kosacoff, Manuel Solanet, Félix Peña y Marcelo Elizondo intercambian visiones divergentes sobre la educación, la economía y la integración de la Argentina. Y en Apuntes desde el exterior, Gerardo della Paolera y otros dos expertos de América Latina y Europa aportan su mirada sobre las oportunidades que presenta el proceso electoral argentino. Antes del final ofrecemos las ya 10 clásicas páginas de indicadores sociales y económicos, para ayudar a entender mejor el país que recibirá el próximo gobierno. Agenda pública presidencial es un aporte de CIPPEC y una invitación para todos a sumarse al debate de ideas. lzommer@cippec.org

AGENDA

PRESIDENCIAL Agenda presidencial es un aporte de CIPPEC y otras organizaciones para mejorar el debate electoral y las políticas públicas clave del país. Pondrá en discusión 14 Memos para el futuro o futura Presidente que sintetizan más de 50 políticas para consolidar los avances de los últimos años y renovar la agenda de políticas estratégicas para el crecimiento con equidad de la Argentina.

WWW.AGENDA-PRESIDENCIAL.ORG Escriben: Axel Rivas, Sofía Olaviaga, Fabián Repetto, Eduardo Levy Yeyati, Luciana Díaz Frers, Lucio Castro, José Barbero, Nicolás Gadano, Martín Böhmer, Sandra Elena, Manuel Garrido, el Acuerdo para una política de Seguridad Democrática, Diego Moreno y Fernando Straface.

Un aporte colectivo para mejorar el debate electoral FERNANDO STRAFACE director ejecutivo de CIPPEC

2011

será para los argentinos otro año lleno de desafíos. Las elecciones presidenciales y un exigente cronograma electoral en varias provincias marcarán el ritmo político del país y también el de CIPPEC. Nuestro principal proyecto desde hace algunos meses es Agenda presidencial. Queremos promover, junto con los partidos políticos y otros actores sociales y económicos, un debate público profundo sobre la agenda de desarrollo de la Argentina. Agenda presidencial es un aporte de CIPPEC y otras organizaciones para mejorar el debate electoral y las políticas públicas clave del país. Estamos convencidos de que un año electoral es una gran oportunidad para pensar, discutir y diseñar el rumbo estratégico del país y las mejores políticas para alcanzarlo. Pero para que esto ocurra debemos enriquecer el debate político en el país. Las campañas en la Argentina están plagadas de expresiones de deseo como “hay que eliminar la pobreza”, o “hay que avanzar hacia el desarrollo”. O de alusiones personales que desvían el debate de ideas. Agenda presidencial, en cambio,

pondrá en discusión 14 documentos sobre áreas clave del gobierno, como educación, salud, protección social, economía, energía, transporte, seguridad, justicia, transparencia, desarrollo sustentable y otras. Los Memos para el futuro o futura presidente identifican los desafíos centrales y grandes dilemas en cada área y propone opciones para enfrentarlos, con los costos políticos y fiscales que supone avanzar en cada una. Además, cada documento destaca los logros recientes, sobre los cuales seguir construyendo. Los Memos sintetizan más de 50 políticas clave para consolidar los avances de los últimos años y renovar la agenda de políticas estratégicas para el crecimiento con equidad de la Argentina. En esta publicación presentamos un apretado resumen de los diagnósticos y propuestas de cada Memo, que fueron elaborados por directores de CIPPEC o expertos temáticos convocados especialmente. Un sincero agradecimiento merecen Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano; Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre; y Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, por haberse sumado a esta iniciativa. Gracias a ellos, y al aporte de José Barbero en transporte y Julián Gadano en energía, la agenda de este proyecto pudo ampliarse más allá de las áres de expertise de CIPPEC y alcanzar al-

gunos de los temas más acuciantes para los argentinos. Los Memos estarán disponibles desde abril en www.agenda-presidencial.org y serán puestos en discusión -y seguramente enriquecidos- hasta las elecciones de octubre. Presentaremos los documentos y sus propuestas a los candidatos presidenciales y sus equipos. Los debatiremos en encuentros y diálogos sectoriales. También los compartiremos con toda la sociedad desde una plataforma 2.0, para que cualquier ciudadano interesado se involucre y participe en el debate. Los mejores aliados del proyecto son los partidos políticos. También las organizaciones sindicales, empresarias, académicas y de la sociedad civil. No hace falta que estemos de acuerdo en todo. Cada una de las políticas propuestas puede ser discutida, complementada o rebatida. Lo importante es que se produzca un debate sobre las metas del país y un intercambio realista sobre los caminos para alcanzarlas. Podemos coronar todo este proceso con un debate público entre los principales candidatos presidenciales. Sería la primera vez en la historia argentina que ello ocurre y representaría un gran avance en la calidad de la democracia. Agenda presidencial contribuirá a generar mejores condiciones para que esta aspiración de muchos pueda concretarse. Están todos invitados a sumarse.

AGENDA PRESIDENCIAL

Hacia un sistema igualitario DIAGNÓSTICO

En los últimos 35 años aumentaron estructuralmente las brechas de ingresos y de pobreza, creció la tasa de escolarización y, especialmente, el acceso a la escuela secundaria. Pero al haber más desigualdad y pobreza, el sistema educativo está más segregado. Disparidades sociales. La creciente desigualdad social del período 1975-2005 marca el descenso de la calidad educativa: las pruebas internacionales muestran que la Argentina es uno de los países con más desigualdad entre las escuelas en los logros de aprendizaje. Los alumnos de los sectores más pobres repiten y abandonan la escuela más temprano. Por otro lado, la oferta actual de doble jornada apenas llega al 6% y no necesariamente se dirige a los más pobres. AXEL RIVAS, director del Programa de Educación de CIPPEC

Desigualdad fiscal. La coparticipación determina una desigualdad estructural en el financiamiento de la educación. Las provincias con menos recursos fiscales pagan los salarios docentes más bajos y tienen serias dificultades para sostener sus sistemas educativos. La provincia de Buenos Aires es la que cuenta con menos recursos fiscales por habitante y su conflictividad social y educativa en los contextos urbano-marginales es una cuestión central en la agenda política.

Docentes. Frente a los 90, el salario docente aumentó –en términos reales- un 45% en 2010. La formación docente actual tiene muchas carencias y está diseminada en 1.300 institutos provinciales. Financiamiento educativo. La Ley de Financiamiento Educativo (2005) permitió elevar la inversión del 4,1% al 6,4% del PBI en cinco años.

El incio de clases en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires

Sólo 31 de cada 100 alumnos que empiezan primer grado terminan la secundaria. El 9% de los alumnos repite primer grado.

PROPUESTAS DE CIPPEC

Es fundamental universalizar la escolarización en el nivel incial

E xt e n d e r l a f o r m a c i ó n do c e n t e a c i n c o a ñ o s y c on s t r u i r 1 2 0 i n s t i t u t o s de f or m a c i ón

Incluir, para los niveles inicial y primario, un año de especialización y un año de residencia. Además, se propone crear un examen final de la formación que acredite los saberes y prestigie a los futuros docentes. Concentrar la formación en menos instituciones de mayor calidad, y transferir progresivamente la capacitación a los que dejen la tarea de formación. Ofrecer cinco horas semanales de investigación por docente formador y dos coordinadores pedagógicos por instituto. Inversión inicial: $ 750 millones en los primeros 5 años Manutención anual: $ 124 millones

Un i ve r sa l i z ar e l n i ve l i n i ci a l

Universalizar la sala de cuatro años implica incorporar a 216.000 niños que están fuera del sistema. Inversión inicial: $ 907 millones anuales en los primeros 5 años Manutención anual: $ 720 millones

E xt e n d e r l a j o r n a d a e s c o l a r de c u a t r o a s e i s h or a s di a r i a s pa r a e l 3 0 % de l os a l u m n os de pr i m a r i a

Ofrecer seis horas más el comedor (jornada de 8.30 a 15.30). Debería ser una política financiada enteramente por la Nación y es clave planificar las horas adicionales para brindar los contenidos que necesitan los sectores populares y que hoy no reciben: deportes, arte, idio-

mas, informática y trabajo personalizado. Inversión inicial: $ 2.550 millones anuales en los primeros 5 años Manutención anual: $ 1.900 millones

Pr of u n di z ar l a r e f o r m a de l a e du c a c i ón s e c u n da r i a

Universalizar el acceso a la educación secundaria continuando el rumbo de la reforma iniciada en 2010, con más recursos para crear planes de mejora por escuela con tiempo institucional pago para concentrar el trabajo docente en menos escuelas. Inversión para las escuelas más vulnerables: $ 354 millones Meta de universalización: $ 2.120 millones

For t a l e c e r e l r ol pe da g ógi c o de l E s t a do y e n t r e g a r u n a c om p u t a dor a po r doc e n t e y alumn o

Distribuir los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios a todas las escuelas, formalizar la política de entrega de libros de texto gratuitos a los alumnos de menores recursos y consolidar los dispositivos de la evaluación de la calidad. Sistematizar la producción de contenidos audiovisuales para las escuelas, en alianza con las nuevas señales de la TV pública. Evaluar, en 2012, el impacto de la entrega de una computadora por alumno

para analizar la posibilidad de expandir la medida al nivel primario. Una computadora por alumno (primaria y secundaria): $ 10.620 millones ($ 2.130 millones anuales en 5 años)

D e f i n i r u n s i s t e m a d e dobl e c om p e n s a c i ón n a c i o n a l

Reglamentar la distribución de los fondos nacionales para salarios docentes y para políticas compensatorias utilizando criterios objetivos de distribución entre las provincias. Para el caso del fondo docente, beneficiar a las provincias con menos recursos fiscales por habitante y que mayor esfuerzo financiero por la educación realizan. En el caso del fondo compensatorio, priorizar a las provincias con mayor pobreza social.

C r e a r u n I n s t i t u t o F e de r a l de F or m a c i ón de A ge n t e s Pú bl i c os d e l a E du c ac i ón para

formar funcionarios y equipos técnicos en las provincias.

C r e a r d os d í a s a n u a l e s de t r a b a j o e d u c a t i vo s o c i a l

feriado para los padres con asistencia obligatoria para desarrollar actividades pedagógicas y fortalecer el sentido social de la escuela.

AGENDA PRESIDENCIAL

Un nuevo modelo sanitario DIAGNÓSTICO

La Argentina destina cerca de un 10% de su PBI en salud, aunque los resultados no reflejen esta apuesta presupuestaria. Gasta más de US$ 1.350 por persona por año en salud, un 30% más que Chile y Costa Rica. Sin embargo, estos países presentan una mortalidad inferior en niños menores de 5 años (Argentina 15, Costa Rica 11, y Chile 9).

SOFÍA OLAVIAGA, coordinadora del Programa de Salud del CIPPEC

Las bases del problema la constituyen la fragmentación de la gestión, del financiamiento y de la atención de la salud, sumado a mecanismos de coordinación poco efectivos. La ausencia de una ley nacional de salud y la indefinición de un modelo de salud, profundizan estas dificultades. Coexisten tres subsistemas de cobertura: el público, la seguridad social, y el privado. La política de salud a nivel local es responsabilidad de cada provincia, que cuentan con recursos dispares y, por ende, con resultados sanitarios heterogéneos. El rol del Estado nacional es conducir el sistema en su conjunto, que en la práctica se concreta débilmente a través instancias diversas (normativas, programas y el COFESA). Esta fragmentación genera brechas en el acceso y la calidad de atención, que se traduce en una cobertura segmentada de acuerdo con el ingreso y el lugar de residencia de las personas.

Así, el cuidado de la salud no es igual para todos. La atención curativa predomina entre los más pobres y, la preventiva, entre los de mayores ingresos. Los hogares pobres, al actuar sobre la enfermedad, tienen un gasto de bolsillo en salud mayor. El subsistema público, receptor de la población más pobre, absorbe las consecuencias de esta desigualdad.

La oferta pública, por su parte, contribuye a la fragmentación mediante el débil desarrollo de redes de servicios, lo que obstaculiza la continuidad en el proceso de atención.

Ante enfermedades simples, las personas acuden a hospitales en lugar de a Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la coordinación entre los prestadores es poca, y la planificación de la oferta de servicios en función de la demanda es escasa. Los recursos humanos del sector son también víctimas de las fallas de coordinación del sistema. Carecen de condiciones de equidad en el desempeño de la profesión y existen barreras a la movilidad al interior del sistema. La distribución geográfica de los profesionales no es estratégica, con una fuerte concentración en los grandes centros urbanos.

La oferta sanitaria pública es insuficiente en casi todas las provincias

PROPUESTAS DE CIPPEC

La atención preventiva predomina en los sectores de mayores ingresos y, la curativa, entre los más pobres

P r o m o ve r l a s a n c i ó n d e u n a L e y N a c i on a l de S a l u d

Debería establecer los principios rectores, las competencias de los actores y las instancias de articulación del sistema de salud en su conjunto en materia de: recursos humanos, cartera de prestaciones, provisión de atención, financiamiento, información sanitaria, calidad del sistema e investigación.

Fo r t a l e c e r e l C o n s e j o Fe de r a l de S a l u d (C OFE S A ) y pr of u n di z a r s u r o l c om o i n s t a n c i a pr i n c i pa l d e c oo r d i n a c i ón de l s i s t e m a de s a l u d

Dar al COFESA herramientas legales que confieran carácter vinculante a sus acuerdos. Crear una estructura de apoyo técnico, financiada por el Ministerio de Salud de la Na-

ción (50%) y las provincias (50%), para producir información y monitorear el cumplimiento de las políticas acordadas.

C r e a r u n a Di r e c ci ón de R e de s A s i s t e n c i a l e s e n e l M i n i s t e r i o de S a l u d de l a N a c i ón

Dotarla de recursos para apoyar técnica y económicamente a las provincias en la organización de la oferta sanitaria en redes asistenciales, que involucra la coordinación entre los distintos niveles de complejidad (CAPS y hospitales) y con los sistemas de apoyo (laboratorios, diagnósticos por imágenes, etc.).

C a m b i a r p r o g r e s i va m e n t e e l e n f o qu e po r pa t o l ogí a por u n o i n t e gr a l de c i c l o de v i da d e l a s pe r s o n a s Reorganizar la oferta programática del Mi-

nisterio de Salud de la Nación en función de los ciclos de vida: niños, adolescentes, mujer y embarazo, adultos y adultos mayores. Definir paquetes prestacionales para cada grupo etario según el perfil epidemiológico, el riesgo, las diferencias de género y la vulnerabilidad. El Plan Nacer, que brinda una cobertura definida a mujeres embarazadas y niños de hasta 6 años, evidencia la viabilidad de este enfoque.

D e s a r r ol l a r u n a e s t r a t e gi a i n t e g r a l pa r a p l a n i f i c a r l os r e c u r s os h u m a n o s e n s a l u d

Regular el ejercicio profesional con una ley de profesiones sanitarias y definir una carrera sanitaria nacional. Crear un plan de incentivos monetarios para que los profesionales de la salud se distribuyan geográficamente según las necesidades regionales. Garantizar un salario mínimo con un fondo de compensación salarial. Generar un sistema de incentivos salariales para profesionales de áreas rurales y CAPS.

El seguro utilizaría recursos del Estado nacional y los provinciales, y de cápitas del PAMI, obras sociales provinciales, nacionales y prepagas.

P r om ov e r l a p a r t i c i pa c i ó n d e l M i n i s t e r i o de S a l u d de l a Na c i ó n e n l a d e f i n i c i ó n d e u n a e s t r a t e g i a n a c i o n a l de i n v e r s i ó n e n a g u a po t a bl e y s a n e a m i e n t o

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, organiza los programas de agua potable y saneamiento básico. Crear una Comisión interministerial que reúna al ENOHSA con las autoridades sanitarias para definir una estrategia de inversión en agua y cloacas que priorice a las provincias más afectadas.

C r e a r u n s e gu r o pa r a l a c o be r t u r a de e n f e r m e da de s c a t a s t r óf i c a s

Crear un seguro que garantice cuidados para enfermedades de baja prevalencia que impactan drásticamente en la economía de las familias y del sistema de salud. Elaborar un paquete de enfermedades para cubrir, y un esquema de inclusión progresivo según la carga de morbilidad y las tasas de incidencia y prevalencia.

Promover la ratificación de la CMCT, firmada en 2003 por el Congreso de la Nación. Impulsar el tratamiento en Diputados del proyecto de ley de Control del Tabaco, que en 2010 obtuvo media sanción en el Senado.

I m pu l s a r l a r a t i f i c a c i ó n de l C on v e n i o M a r c o de l a OM S pa r a e l C on t r o l de l Taba co (C M C T ) e i m pu l s a r u n a l e y n a c i on a l de c on t r o l de t a ba c o

AGENDA PRESIDENCIAL

Reformas para optimizar la protección DIAGNÓSTICO

La Argentina no posee un sistema de protección social integral y proliferan intervenciones que impactan inequitativamente en el territorio.

FABIÁN REPETTO, director del Programa de Protección Social de CIPPEC

Pobreza. El crecimiento económico de los últimos años no fue suficiente para reducir plenamente la situación social. Entre 2007 y 2010 la tasa de pobreza urbana se mantuvo en torno al 22%. La desigualdad se redujo luego de 2002. Más del 60% de los pobres tiene entre 0 y 25 años. La pobreza incide mayoritariamente en las provincias del NOA y NEA y en el conurbano bonaerense, que tienen situaciones más graves en términos de necesidades básicas insatisfechas.

Empleo. La tasa de desempleo disminuyó entre 2003 y 2007. Un grupo crítico son los jóvenes, con una tasa de desempleo del 18% a fines de 2009. Un 35% de la población empleada es informal (sin descuento jubilatorio).

Organización social del cuidado. No hay una política de Estado para el cuidado de niños/as, adultos mayores y personas con discapacidad.

Organización del Estado. Problemas de coordinación entre sectores y niveles de gobierno, que afectan la coherencia y la integralidad de las intervenciones. Desiguales capacidades de gestión operativa entre los niveles de gobierno.

Colas en una sede de la Anses, el organismo que concentra la mayor parte de las ayudas

PROPUESTAS DE CIPPEC D e be r á n i m pl e m e n t a r s e s e g ú n l a s c o n d i c i on e s d e f a c t i b i l i d a d p ol í t i c a , t é c n i c a y f i s c a l d e c a d a m om e n t o d e l p r óx i m o go b i e r n o: p r i m e r o l a s r e f or m a s i n s t i t u c i on a l e s , l u e go l a r e i n g e n i e r í a y e xpa n s i ón d e l a o f e r t a i n t e r s e ct or i a l y, f i n a l m e n t e , l a p r o m oc i ón d e u n a l e y “ pa r a g u a s ” .

C r e a r u n ga b i n e t e n a c i o n a l d e pr ot e c c i ón s oc i a l y m e s a s pr ov i n c i a l e s de pr ot e c c i ó n s o c i a l

El gabinete reformulará el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y se compondrá por actores de desarrollo social, trabajo, seguridad social, educación y salud. Tendrá como objetivos asegurar la articulación interinstitucional y asignar los recursos según prioridades claras. Las mesas provinciales de protección social serán un espacio de articulación entre actores nacionales y provinciales para favorecer la complementariedad de la oferta programática de los dos niveles (y un esquema de gastos acorde).

Re f o r m u l a r a s p e c t o s c r u c i a l e s d e l a A s i g n a c i ó n Un i v e r s a l p o r Hi j o ( A UH ) e i m p u l s a r l a i m p l e m e n t a c i ón de l a L e y de P r o t e c c i ón de l o s D e r e c h os de Ni ñ o s , Ni ñ a s y A d o l e s c e n t e s

Actualizar las Asignaciones Familiares (que incluye a la AUH) a partir de la canasta básica total. Incorporar a la AUH a los grupos familiares excluidos de las Asignaciones Familiares y a los menores que asisten a escuelas privadas; revisar y flexibilizar los criterios de inclusión de extranjeros, y permitir que se complemente con otras prestaciones. Fortalecer la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el Consejo Federal para garantizar la implementación integral de la Ley 26.061 en el país.

Los asentamientos precarios no paran de extenderse

A m pl i a r e i n t e g r a r c o n p o l í t i c a s a f i n e s e l P r o gr a m a J ó v e n e s c o n M á s y M e j o r Tr a b a j o y c on ve r t i r a l a D i r e c c i ón N a c i on a l d e J u v e n t u d e n u n a Se c r e t a r í a d e E s t a do

La Secretaría de Estado articulará todas las políticas para la juventud, y coordinará sus acciones con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ampliar todas las prestaciones del Programa Jóvenes a partir de la extensión de la Red de Servicios de Empleo.

Uni ver salizar l a cober t ur a pre visional , in t egr ar l os ser vici os y pre st aci on e s n o m one tar i as y con ver ti r a l a Di r e cci ón Nacion al de Adu l tos Mayore s e n u na Secr et ar ía de E stado

Asegurar la suficiencia de las prestaciones con una asignación universal para adultos mayores. La Secretaría de Estado articulará sus funciones con la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la ANSES, con el Consejo Federal de Adultos Mayores y con el PAMI.

F o r t a l e c e r l a s i n s t i t u c i on e s r e s p on s a b l e s d e g a r a n t i z a r l a p r o t e c c i ón s oc i a l a l o s t r a b a j a d or e s de s e m p l e a do s e i n f o r m a l e s , i n t e g r a r l a s p ol í t i c a s e xi s t e n t e s y p r o m o v e r u n a l e y q u e pr oh í ba l a di s cr i m i n a c i ón e n l a s b ú s q u e da s l a b or a l e s Unificar bajo una lógica integral todas las políticas y programas destinados a lograr una mejor inserción laboral de los desempleados e informales, y garantizar su protección social. Ampliar e igualar al Seguro de Capacitación y Empleo y al Seguro por Desempleo para garantizar la salida de la pobreza. Promover una ley que prohíba la discriminación en las búsquedas laborales.

E st abl e ce r al cui dado como u n der echo soci al bási co y u n i ve r s a l , e i m p u l s a r l a conf or m aci ón de u n si st em a qu e r egu le l as acci one s or i e nt adas al cuidado Promover políticas que concilien el cuidado de la población dependiente con las exigencias del mercado laboral. Avanzar en la extensión de las licencias por

paternidad y maternidad, y ampliar su cobertura a los trabajadores informales. Diseñar políticas que garanticen el acceso universal a bienes y servicios del cuidado, y efectivizar la Ley 26.233 de Centros de Desarrollo Infantil.

Cr ear u n Si ste ma Ún i co de In f or maci ón con u n Re gi st r o Ún ico de T i t u l ar es

Crear un sistema de información, monitoreo y evaluación administrado por el Gabinete Nacional de Protección Social con información sobre la ejecución de los programas y servicios sociales, indicadores socioeconómicos y un registro único de titulares. Reorganizar el funcionamiento administrativo de las dependencias del Estado nacional para fortalecer y transparentar la gestión de los procesos internos.

Pr om ove r u n a L e y Na ci on a l d e Pr ot e c ci ó n Soci al I n t e g r al y Fe de r a l

La ley deberá respetar el principio de universalidad en el acceso a la protección social; combinar esquemas contributivos y no contributivos; y basarse en la corresponsabilidad entre el Estado y las familias para garantizar la protección social y promover el desarrollo humano. Entre sus contenidos debe postular la obligación del Estado de garantizar un ingreso en cada hogar y atender la situación de los grupos vulnerables, y promover la articulación con los ámbitos sectoriales sociales encargados de la promoción y el fortalecimiento del capital humano.

AGENDA PRESIDENCIAL

Medidas para el largo plazo E

DIAGNÓSTICO

EDUARDO LEVY YEYATI, codirector de Desarrollo Económico de CIPPEC

l sistema previsional fue centro de debate en 2010 y promete ser tema de discusión durante las campañas presidenciales de 2011. La propuesta, impulsada desde la oposición y vetada por el Poder Ejecutivo, de aumentar la jubilación mínima para llevarla al 82% del salario mínimo vital y móvil competirá este año con propuestas alternativas. No obstante, cualquier reforma del sistema previsional de este tenor requiere un cuidadoso examen de sus implicancias presupuestarias en el corto y mediano plazo, como mínimo. El primer número a revisar es el supuesto superávit del sistema de Seguridad Social. En 2009 se gastaron casi $ 78.000 millones en jubilaciones y pensiones. Pero los aportes de trabajadores y contribuciones de empleadores no llegaron a $ 60.000 millones. Es decir que el pilar contributivo dio un déficit de $ 18.000 millones. Esa diferencia es más que cubierta por ingresos tributarios, como el 20% del Impuesto a las Ganancias, el 11% del IVA y el 15% de todos los impuestos que se coparticipan con las provincias, que suman el 42% de los recursos de la ANSES. Otro número preocupante es que el gasto previsional ya se lleva el 32% del Presupuesto Nacional. Con tasas de natalidad y mortalidad en descenso, se ha producido un envejecimiento de la población: en 1950 había 10 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilarse. Esa relación habría llegado a 4,3 en la actualidad y la tendencia continuará. El tercer dato a seguir con atención es el tamaño del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La ostentosa cifra de $ 150.000 millones se convierte en menos de $ 60.000 millones cuando se netean los bonos del Estado y otros instrumentos de

deuda pública que tenían las AFJP en sus carteras. El último número problemático es el mítico 82%. Esta “tasa de sustitución” se originó en una ley de 1958, época en la cual el Sistema de Seguridad Social era genuinamente un sistema contributivo y de reparto disfrutando sus albores. Hoy el sistema tiene algunos valiosos logros, como un nivel de cobertura de más del 90% entre

los hombres mayores de 65 años y las mujeres de más de 60. Pero aún no ha resuelto cómo asegurar la continuidad de este alto nivel de cobertura (hasta ahora lo ha hecho mediante moratorias espasmódicas), qué nivel de prestación brindar a los que nunca aportaron y cómo compensar a quienes venían recibiendo haberes pero que se fueron erosionando entre 2002 y 2008 producto de la inflación.

La cobertura jubilatoria creció hasta tener una tasa del 90%

PROPUESTAS DE CIPPEC

El reclamo por la evolución de los haberes sigue en pie

C r e a r u n a a s i g n a c i ó n u n i ve r s a l d e l a t e r c e r a e da d ( A U T E ) pa r a u n i v e r s a l i z a r l a c obe r t u r a

Implica debilitar el vínculo entre el haber previsional y los aportes realizados en edad activa, y convertir al ingreso en la tercera edad en un derecho. Permite hacerse cargo de los trabajadores informales o esporádicos que quedan fuera del sistema por insuficiencia de aportes.

Con sol i dar los i n gr esos y egre sos del sist em a pr evi si on al en e l Pre su pu e sto Naci on al

Contabilizar de manera apropiada tanto ingresos como egresos del sistema previsional, transparentando que son una obligación del Tesoro Nacional, financiada tanto con aportes como por rentas generales.

S u s t i t u i r e l FG S po r u n f on do an t i c í cl i co p r e vi s i o n al , m on i t or e a do po r e l C o n gr e s o

Al FGS se le restarían de sus activos los bonos públicos para contabilizar apropiadamente los fondos con los que efectivamente el gobierno nacional podría disponer para solventar el déficit previsional. Crear un fondo anticíclico previsional (FAP) con los recursos efectivos del FGS. El uso del FAP se regiría con criterios de inversión de largo plazo en activos de baja correlación con el ciclo local, para que el dinero valga más cuando los ingresos sean menores. La gestión estaría a cargo de expertos en administración de reservas del Banco Central y debería ser monitoreado por el Congreso.

A c t u a l i z a r l a A U T E y e l h a be r m í n i m o s e g ú n e v ol u c i o n e l a c a n a s t a d e c on s u m o de l a t e r ce r a e dad Crear una canasta básica de la tercera edad (CBT3E). Determinar el haber de los contribuyentes que según sus aportes deberían percibir una jubilación superior a la mínima con la actual regla de movilidad, que establece que la jubilación inicial es el promedio del salario de los últimos 10 años.

E l e v a r gr a du a l m e n t e l a e da d m í n i m a j u bi l a t or i a , r e f o r m a r e l e s qu e m a d e j u bi l a c i ón a n t i c i pa da y r e g l a m e n t a r l a e xe n c i ó n d e l p a g o d e a p o r t e s p a r a p e r s o n a s q u e e xc e d a n l a e da d de j u b i l a c i ón v i g e n t e

Un incremento de la edad jubilatoria (hoy definida en 60 años para las mujeres y en 65 para los varones) en un año postergaría el retiro de 300.000 personas. La cifra ascendería a 1,3 millones si el incremento fuera de cinco años. Un año de incremento supone un ahorro fiscal de $ 4.200 millones y, a cinco años, un ahorro de $ 18.400 millones. Para reducir el desempleo generado dado que el mercado laboral absorbería la mayor oferta de trabajo sólo parcialmente, es necesario un esquema de subsidios a la contratación de personas mayores, por ejemplo, con la exención del pago de aportes y contribuciones patronales para los hombres mayores a 65 años y las mujeres mayores a 60. Adecuar la figura de la jubilación anticipada, con una instrumentación similar al actual seguro de desempleo, para quienes estén desempleados, tengan 30 años de aportes y cinco años menos de la edad jubilatoria.

AGENDA PRESIDENCIAL

La necesidad de equilibrar el reparto

DIAGNÓSTICO

LUCIANA DÍAZ FRERS, directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC

n materia de política fiscal el logro más festejado ha sido el resultado fiscal positivo desde 2002, incluso con el pequeño déficit de 2009, justificado en la fuerte desaceleración económica. Con menos resonancia, también se observa cierta mejora en la distribución del ingreso: mientras que en el primer quinquenio de la década de 2000 los ingresos del decil más rico eran 28,8 veces los ingresos de los más pobres, en el segundo quinquenio la cifra disminuyó a 25,8. Esto ha sido el resultado de un período de fuerte crecimiento económico pero también de algunas políticas de gasto muy concretas, posibles gracias a una fuerte expansión del gasto público consolidado, que habría llegado a un nivel histórico récord de 42% del PBI en 2010. Nuevos impuestos nacionales (como retenciones, Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios), el impulso del crecimiento y la disminución de la informalidad han financiado este mayor gasto. Así, la presión tributaria nacional (sin provincias y municipios) avanzó de 17,3% del PBI en 2001 a un 30,4% esperado para 2011. No obstante, queda mucho por hacer: en materia de impuestos y de gasto hay amplio margen para aumentar la eficiencia y la equidad. Otro tema pendiente es la reforma del sistema de coparticipación, compromiso asumido en la Constitución de 1994. El actual sistema ha permitido una concentración de recursos en el gobierno nacional y lo que resta se reparte automáticamente, privilegiando a algunas provincias chicas. Se implementaron soluciones parciales, como la coparticipación del 30% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, el Fondo Federal Solidario (que distribuye el 30% de las retenciones a la soja), y el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, que permitió

disminuir y refinanciar la deuda de algunas provincias con el gobierno nacional. Pero no se ha avanzado en una reforma que privilegie la igualdad de oportunidades impulsada en la Constitución. Otro incumplimiento ha sido el fondo anticíclico: en 2004 y 2005 ingresaron montos insignificantes y, desde 2006, el Gobierno se eximió de esta obligación. Se debilita así la posibilidad de contar con recursos legítimos en momentos de recesión y caro acceso al crédito.

Otra deuda pendiente se ha generado en materia de transparencia presupuestaria: mediante decretos y “superpoderes”, en 2008 y 2009 el Poder Ejecutivo Nacional adicionó al presupuesto aprobado montos equivalentes al 28% y 13%. Más evidencia suma el International Budget Partnership (IBP), según el cual la Argentina obtuvo 56 puntos sobre 100 en un índice de transparencia presupuestaria, y se ubicó detrás de Chile (72), Brasil (71), Perú (65) y Colombia (61). El Ministerio de Economía, en deuda con la transparencia presupuestaria

PROPUESTAS DE CIPPEC

El Congreso tiene pendientes debates de reformas fiscales clave

E n c ar ar u n a r e f or m a t r i b u t a r i a pr ogr e s i v a

Eliminar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Es distorsivo, reduce la bancarización y estimula la informalidad. La caída en la recaudación podría ser compensada con una reforma del Impuesto a las Ganancias. Aumentar la participación del Impuesto a las Ganancias, favoreciendo un aumento en la cantidad de contribuyentes y eliminando la exención a las rentas financieras, que favorece la especulación por sobre la inversión productiva (sin gravar los intereses de los títulos públicos). Reducir las retenciones si la inflación aumentara o el peso se revaluara, para no impedir las exportaciones. Focalizarlas en los

productos de menor valor agregado, en los que disfrutan de beneficios extraordinarios y en los que tienen alto impacto sobre los precios internos. Transferir el Impuesto a los Bienes Personales al nivel provincial. La merma de ingresos para el gobierno nacional podría atenuarse con un impuesto a la herencia. Propiciar una discusión a nivel provincial para sustituir el Impuesto a los Ingresos Brutos. Es distorsivo, castiga excesivamente a la producción en etapas y estimula la concentración vertical de la producción. Analizar la viabilidad y brindar asesoramiento técnico para su sustitución por un impuesto al valor agregado, combinado con el impuesto nacional que favorezca la colaboración entre las administraciones tributarias.

I m pl e m e n t a r u n Fon do A n t i c í c l i c o N a c i on a l

Mejorar la Ley de Responsabilidad Fiscal para que el Fondo Anticíclico efectivamente acumule recursos en los años con crecimiento mayor al 3%. Distribuir una parte de lo acumulado en el Fondo Anticíclico en los años en los que el crecimiento es menor al 2% entre las provincias, según población con necesidades básicas insatisfechas.

Asi gn ar e l Pre supu esto Nacion al segú n m et as r el aci on adas con el obj e ti vo per se gu ido e n cada r u bro de gasto

Distribuir el gasto público más equitativa y eficientemente con criterios explícitos, medibles y transparentes.

E l i m i n a r e n e t a pa s l os s u bs i di os de m a y or f i l t r a c i ón a l a po bl a c i ó n de a l t os i n gr e s os Empezar por el subsidio a la energía, que beneficia mayormente a quienes acceden al gas de red en zonas urbanas de ingresos medios a altos. El subsidio al transporte público en el conurbano debería ser de los últimos en ser desmantelados, por las implicancias de su aumento en la inercia inflacionaria y en el poder adquisitivo de la población con más bajos ingresos. Debería transparentarse su asignación, los criterios y objetivos perseguidos.

D e r og a r l os “ s u p e r p od e r e s ” , r e gl a m e n t a r l os D e c r e t os d e Ne c e s i da d y Ur ge n c i a (D NU) y c r e a r u n p r e s u p u e s t o de m i t a d de a ñ o

La laxa regulación actual debería modificarse por una que exija la revisión del Congreso para aprobar los DNU. Un presupuesto de mitad de año permitiría incorporar los cambios surgidos de nuevas prioridades en el gasto o del impacto de la evolución macroeconómica sobre la estimación de recursos.

C r e a r u n a O f i c i n a de Pr e su p u e s t o e n e l C o n g r e s o

Brindaría asesoramiento técnico al Poder Legislativo para monitorear la ejecución presupuestaria y enriquecer el análisis del impacto fiscal de los proyectos de ley.

AGENDA PRESIDENCIAL

Menos trabas y más diversificación DIAGNÓSTICO

El contexto internacional ofrece una oportunidad enorme para la Argentina, que está estructuralmente vinculada con el motor más dinámico de la economía mundial ubicado en Asia Pacífico, en particular en China y la India.

LUCIO CASTRO, director del Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo de CIPPEC

Comercio exterior. Entre 2003 y 2010 las exportaciones casi se duplicaron y alcanzaron un máximo histórico de casi US$ 70.000 millones en 2008. Desde 2003, la cuenta corriente es superavitaria y la Argentina aumentó un 17% su peso en las exportaciones mundiales. Pero un análisis más detallado revela que: La Argentina es el país de Sudamérica que menos aumentó sus exportaciones. El peso en las exportaciones mundiales está casi en el mismo nivel que en los años 80. Sólo cinco productos explican el 80% del valor exportado. El país está inserto en los segmentos de menor valor agregado de las cadenas globales de producción.

Erosión del boom exportador. La inflación generó una progresiva apreciación del tipo de cambio y desde 2008 se estancaron las exportaciones en cantidades. El agotamiento de la capacidad ociosa y la caída en la producción de ciertas industrias incentivaron un fuerte aumento de las importaciones. Recrudecieron las restricciones a las exportaciones, cuotas, controles de precios, prohibiciones de exportación y restricciones a las importaciones. En 2010, la Argentina

fue sólo el sexto destino de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina. Contexto internacional favorable. El crecimiento de los países emergentes –que representan el 43,5% del PBI mundial y el 70% del crecimiento de la demanda global- augura precios entre un 15% y un 20% superiores para los productos primarios argentinos.

Se estima que en 2020 los mercados domésticos de Asia duplicarán al mercado interno de los Estados Unidos y aumentará la demanda de productos con valor agregado. Las empresas transnacionales explican el 11% del PBI y más del 35% del comercial mundial. En la Argentina, más del 30% del comercio es intrasectorial y 100 de las 500 principales empresas son transnacionales.

El puerto de Rosario, principal salida de granos hacia el mundo

PROPUESTAS DE CIPPEC

El transporte y la logística deben mejorar para aumentar la competitividad

E l i m i n a r gr a du a l m e n t e l a s r e t e n c i on e s y r e f or z a r l a s p ol í t i c a s d e pr o t e c c i ón s oc i a l . R e m ov e r l a s r e s t r i c c i o n e s n o a r a n ce l ar i as a l a e xp or t ac i ón

Por las necesidades fiscales de corto plazo, es necesario mantener las retenciones a la soja, pero es posible eliminar cuotas y otras restricciones no arancelarias. Eliminar, en dos años, las retenciones al resto de los cultivos. Para los productos que impactan sobre el salario real (maíz, trigo y carne bovina) es necesario reducir las retenciones en cinco años. Reemplazar en el mediano plazo a las re-

tenciones por un sistema de pago a cuenta de ganancias. Con parte de lo recaudado por las retenciones a la soja, crear el Fondo de Competitividad Agroindustrial que promocione cultivos y actividades agropecuarias alternativas y la incorporación de nuevas tecnologías.

Re mover l as re str i ccione s a l as i mpor t aci on e s y n or m al i zar el r égi me n an t idu m pin g

Remover las medidas administrativas de restricción de las importaciones y eliminar políticas informales de coacción a la importación de alimentos.

Normalizar gradualmente el régimen de medidas antidumping, en especial dirigidas contra productos de los principales socios comerciales del país.

Cr ear e l Mi n i st er i o de Int e r naci onal i zaci ón Pr oducti va (MIP) y san ci on ar u n a l ey naci onal de i n t er naci onal ización em pr esar i a

El MIP debería asistir a empresas y promover la diversificación de exportaciones. Tendría tres tareas: negociaciones comerciales internacionales, promoción de exportaciones, y políticas de competitividad con incidencia en la oferta exportable, incluidas políticas de atracción de IED. Debería coordinar sus acciones con provincias y municipios. Sancionar una ley nacional que ordene políticas de internacionalización empresaria, elimine duplicaciones innecesarias y asigne el gasto a la promoción de productos y servicios en el exterior con más eficiencia.

M e r c o s u r. C o m p l e t a r e l m e r c a d o c o m ú n y po t e n c i a r a c u e r dos c on t e r c e r os pa í s e s , e s pe c i a l m e n t e e n A s i a P a c í f i c o Reformular el Mercosur para completar el mercado regional y realizar acuerdos extra regionales. Eliminar los obstáculos al comercio intra-Mercosur. Avanzar en la integración productiva con sectores de complementariedad con Brasil, como el automotriz, las energías renovables y la cadena agroindustrial.

Impulsar una ofensiva negociadora con países asiáticos medios y grandes de alto crecimiento.

Pr o g r a m a d e Tr a n s p o r t e y L ogí s t i c a pa r a l a C om pe t i t i v i da d A r ge n t i n a

Crear un Consejo Nacional de Logística que diagrame y articule una estrategia nacional de logística para resolver los nudos de transporte en los puertos de Rosario y Buenos Aires; reasignar e integrar el transporte de cargas; fortalecer los pasos de frontera y los corredores de integración regional y agilizar la documentación e inspección del comercio exterior. Crear una Red Federal de Centros de Logística para asistir a pequeñas y medianas empresas exportadoras en sus problemas de transporte y logística.

L a n z a r u n Pr ogr a m a Na c i on a l de E s t í m u l o a l a s E xp o r t a c i o n e s d e S e r v i c i o s

Crear una ley nacional que declare a los servicios de exportación industria estratégica para el país. Impulsar una intensa campaña de promoción de las exportaciones argentinas de servicios. Promover la atracción de IED en los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas de producción. Desarrollar distritos para promover industrias de servicios para el mercado internacional.

AGENDA PRESIDENCIAL

Enfrentar las falencias estructurales DIAGNÓSTICO

Aunque recientemente se concretaron avances, el sistema de transporte muestra problemas ante el fuerte aumento de la demanda de movilidad de personas y cargas. Los problemas más relevantes. Preeminencia excesiva del transporte carretero en el movimiento de cargas. La participación del camión es del 94% y, la del ferrocarril, 5%. Más del 85% de los granos que ingresan a Rosario lo hacen en camión. Congestión en el transporte urbano de pasajeros y de cargas, particularmente en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), donde el 51% de los viajes diarios se realiza en automóvil particular. La red de carreteras cuenta con tramos de doble calzada insuficientes para los niveles de tráfico actuales. JOSÉ BARBERO, investigador principal de CIPPEC

Aumento de la inversión. Entre 2007 y 2009 la inversión real directa del sector público nacional se triplicó. La cifra superó los US$ 2.000 millones anuales en el sector vial, que concentra las inversiones en el sector. Fue muy modesta (una décima parte) en los ferrocarriles.

Cambios institucionales. La debilidad de las instituciones es el principal obstáculo del sector. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un registro unificado de empresas y vehículos de transporte de cargas, un sistema de profesionalización del transporte automotor, la transferencia del transporte aéreo comercial a la órbita civil y la incorporación gradual del boleto electrónico en la RMBA son reformas ya concretadas.

Subsidios. Alcanzaron una magnitud sin precedentes, de casi $ 10.500 millones en el sector en 2010, similar al costo de la Asignación Universal por Hijo. Esto no sólo representa un alto costo fiscal, sino que también introduce una fuerte distorsión en el comportamiento de los prestadores de servicios y en las relaciones entre los nodos.

Pese a los subsidios, los trenes suburbanos circulan al borde del colapso

PROPUESTAS DE CIPPEC

El colapso de tránsito, postal reiterada en los ingresos a Buenos Aires

Refor mar las i nst i tuci ones y nor malizar l os marcos regulator i os: r eorgan i zar l a Secret ar í a de Tr anspor t e, apu n t al ar ent es reguladores, di sponer de nuevas reglas par a l os fondos especí f i cos y prom over códigos de conducta par a las empr esas de l se ctor Redefinir los perfiles profesionales y separar las funciones de políticas, regulación, operación y revisión de accidentes de la Secretaría de Transporte. La Dirección de Planificación debe apoyar al secretario de Transporte en las decisiones de política, presupuesto y control de gestión. Impulsar la sanción de una ley que obligue al Poder Ejecutivo a informar bianualmente al Congreso sobre el sistema de transporte. Normalizar la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT), intervenida hace casi 10 años. Establecer nuevas reglas en los fondos específicos del sector para que se dirijan mayoritariamente a inversiones. Impulsar un código de autoregulación para constructores y proveedores.

Implementar un progr ama de desarrollo ferroviario para integrar equitativamente los modos que oper an en el transporte de cargas. Sh ock de i n ver si ón pú bl i ca, acu e rdos pú bl i copr i vados y cu m pl i mi en t o de l a L ey de Tr án si t o com o clave s de l a r ef or m a Incrementar la participación del ferrocarril en el transporte de cargas con un shock de inversión pública definiendo estándares técnicos y operativos, y con un acuerdo público-privado con operadores y generadores de carga. Incluir un calendario de aplicación de las disposiciones de la Ley de Tránsito para balancear la competencia entre el camión y el ferrocarril. Eliminar los subsidios distorsivos al transporte de cargas y promover un cluster industrial ferroviario. Podría financiarse con parte de los recursos del Sistema Ferroviario Integrado (SISFER), aportes del Tesoro, de organismos multilaterales y programas para mitigar el cambio climático.

Concretar un progr ama par a ampliar la capacidad vial en los tr amos de mayor demanda dentro de los principales corredores viales del país. Alcanzar 7.000 kilómetros de autopistas o autovías para 2020

Revisar el ordenamiento institucional del transporte aerocomercial. Establecer las políticas del sector en la Subsecretaría específica y la regulación técnica en la Administración Nacional de Aviación Civil.

Debe implementarlo la Dirección Nacional de Vialidad. Crear un Consejo Asesor que monitoree su eficiencia y transparencia. Podría financiarse con fondos específicos, aportes del Tesoro, organismos multilaterales y contribución de los usuarios mediante el pago de peaje.

Mantener los subsidios pero reducir gradualmente su incidencia. Verificar la eficiencia de la oferta de los servicios que se subsidian y ajustar los criterios de asignación. En el mediano plazo, con la implementación en escala del SUBE, focalizar el subsidio en los beneficiarios finales.

Desarrollar un Programa Federal de Mejora del Tr ansporte Urbano

El gobierno nacional dotaría a provincias y municipios de recursos técnicos y financieros para mejorar sus sistemas de transporte urbano. La asignación de los aportes estaría condicionada al cumplimiento de políticas de interés nacional. Podría financiarse con recursos del Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SISTRAN), del Tesoro, organismos multilaterales y fondos comprometidos por países en desarrollo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Cor por at izar Aer ol í n e as A r g e n t i n a s y A u st r a l : mant ener las como e mpr esas pú bli cas, ge st ion adas de man e r a pr of esional y au di t adas por una en ti dad pública i nde pen di e nt e Concentrar su actividad en vuelos regionales y de cabotaje. Vincularla con el Estado mediante acuerdos-programa con metas de cantidad y calidad de servicio y apoyo financiero estatal, en un contexto de mayor apertura de los mercados.

Re di s e ñ ar l os su bs i di os al t r a n s por t e , m e j or a r l os cr i t e r i os de asi gn aci ón y r e du ci r pa u l a t i n a m e n t e s u pe s o. D i s e ñ a r u n s i s t e m a de s u bs i di o a l a de m a n da qu e l o r e e m pl a c e c u a n do e s t é n da da s l a s c on di c i on e s

Diseñar una estrategia de desarrollo por tuario en la RMBA para expandir la capacidad y calidad de los servicios portuarios

Integrar a las jurisdicciones intervinientes para reducir las asimetrías regulatorias y coordinar las acciones, atendiendo a los desafíos del comercio y la actividad naviera. Las nuevas terminales de contenedores pueden servir para promover el desarrollo y el empleo, particularmente en zonas deprimidas. El gobierno nacional deberá liderar la iniciativa, con un equipo interjurisdiccional e interdisciplinario que elabore una estrategia de expansión portuaria en la RMBA para no menos de 20 años.

AGENDA PRESIDENCIAL

Asegurar el abastecimiento pleno Caída de la producción. El petróleo y el gas explican en conjunto el 89% del consumo primario de energía del país y son cruciales para el abastecimiento energético. La producción de petróleo acumula una contracción del 26,2% y cayó a 625 mil barriles promedio en 2009, cifra muy cercana a las necesidades internas de consumo. El gas natural cerró en 2009 en 132 millones de metros cúbicos diarios producidos, un 7% menos que en 2004.

NICOLÁS GADANO, investigador asociado de CIPPEC

Aumentan los costos. La decreciente productividad del petróleo provoca costos fijos y variables de extracción cada vez más altos, con flujos de producción cada vez más bajos. Para el gas natural, el porcentaje de producción correspondiente a yacimientos de alta presión –con costos de extracción más bajosse redujo del 58% en 2000 al 11% en 2010.

DIAGNÓSTICO

Pese a disponer de gas y petróleo, cursos de agua adecuados para la explotación hidroeléctrica, carbón y tecnología nuclear no se ha podido garantizar el abastecimiento energético. 34

Exploración. La ausencia de nuevos descubrimientos limita la incorporación de reservas, que no alcanzan a compensar la producción anual. Las reservas probadas de petróleo pasaron de 500 millones de barriles a fines de los 90 a cerca de 400 millones en 2009. Las reservas de gas, que llegaron a un máximo de 778.000 millones de metros cúbicos en 2000, hoy son casi la mitad. Incentivos. Además de la sanción de una ley con beneficios para proyectos de exploración, los programas Energía Plus, Gas Plus, Refino Plus y Petróleo Plus buscan atraer nuevas inversiones con precios superiores a los vigentes para la producción.

Política de precios. Las retenciones, controles y regulaciones -que sostienen los precios muy por debajo de los precios internacionales- agravaron los problemas de oferta energética. Los bajos precios impulsan el consumo y erosionan el ahorro y la eficiencia en el uso de combustibles. El Tesoro Nacional destinó cerca de $ 18.000 millones anuales en 2008 y 2009 en subsidios para financiar, entre otros, la importación de combustibles para cubrir la brecha entre consumo y producción.

Durante 2010 se importó gas natural licuificado (GNL) a más de US$ 10 el millón de BTU, y gas por ducto de Bolivia a US$ 7 el millón de BTU. Al productor local se le remuneró en promedio sólo US$ 2 por la misma cantidad de gas, por la que el consumidor residencial pagó menos de un dólar. Los precios de la energía al consumidor comenzaron a incrementarse, aunque los aumentos sólo alcanzan a los segmentos de muy alto consumo.

Protestas por cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires

PROPUESTAS DE CIPPEC

Yacyretá empieza a funcionar este año con su máxima potencia

P r o m o ve r l a s a n c i ó n d e u n a n u e v a L e y de H i dr oc a r bu r o s

Debería precisar los roles de la Nación y las provincias e incorporar esquemas de reparto de la renta más flexibles. Incluir incentivos a la exploración de riesgo –terrestre y off shore- homogéneos y consistentes en las distintas jurisdicciones, y extender la actividad a las cuencas inexploradas en la búsqueda de nuevas reservas de petróleo y gas, convencionales y no convencionales.

C r e a r l a A ge n c i a F e de r a l de E n e r gí a

Estaría integrada por el Estado nacional y las provincias, sean o no productoras de hidrocarburos. Debería implementar políticas comunes en todo el territorio, resolver conflictos y controlar operaciones.

Un i f i c a r l o s e n t e s r e gu l a dor e s n a c i on a l e s de l g a s ( E N A RG A S ) y l a e l e c t r i c i d a d (E N R E )

Crear el Ente Único del Gas y la Electricidad y nombrar profesionales y técnicos de prestigio, con un presupuesto acorde y autarquía financiera para ejecutarlo.

C o m pl e t a r l a r e v i s i ón de l os c o n t r a t os de s e r v i c i os c o n c e s i o n a d o s a l s e c t o r p r i va d o e n g a s y e l e c t r i c i da d Se debe culminar la normalización de todos los contratos en no más de 120 días y contemplar las aprobaciones en audiencia pública y en el Congreso.

L a n z a r u n c r o n ogr a m a pa r a or de n a r pr e c i os y t a r i f a s de l a e n e r gí a

Aumentar los precios gradualmente, con un esquema previsible, transparente y horizontal, para evitar un shock económico y social. Las tarifas de energía deberán tener un espacio para crecer por encima del promedio de precios y permitir la recuperación real en los plazos previstos, en coordinación con la política antiinflacionaria. Reducir lentamente los subsidios.

I m pl e m e n t a r u n pr ogr a m a p e r m a n e n t e de e n e r g í a pr ot e gi d a pa r a s e c t or e s v u l n e r a b l e s qu e a s e g u r e e l a c c e s o a u n u m br a l de c on s u m o c o n p r e c i o s s u bs i di a dos

Desarrollar políticas de subsidio a la energía en los deciles más bajos, para cocción de alimentos y calefacción.

E n come n dar a l a Secr et ar í a de E n er gí a de l a Nación u n pl an en er gé ti co a 1 2 añ os par a re cu pe r ar el au t oabaste ci mi e n t o y di ve r sif icar l a m at r i z en e rgét i ca

La Secretaría de Energía debe trabajar con las provincias, con el área de Infraestructura, el Ministerio de Economía y otros actores privados para esbozar un escenario realista de oferta, demanda, precios e inversiones.

P r of u n d i z a r l o s e s f u e r z o s p a r a r e d u c i r e l c o n s u m o de e n e r g í a y c r e a r c on c i e n c i a e n e l c u i da d o de l m e di oa m b i e n t e

Diseñar un programa de ahorro de energía integral con regulaciones en la construcción de viviendas y en la fabricación de artefactos para maximizar la eficiencia térmica y reducir el consumo de energía. Regular y facilitar la reconversión del parque de transporte de carga y pasajeros. Ayudar a la industria manufacturera, el comercio y los servicios a adoptar tecnologías más eficientes en el uso de la energía.

AGENDA PRESIDENCIAL

Tribunales sin barreras POR MARTÍN BÖHMER Y SANDRA ELENA, investigador principal y directora del Programa de Justicia de CIPPEC

Acceso a la Justicia. Muchos ciudadanos carecen de alfabetización jurídica como para conocer sus derechos y saber cómo defenderlos. Además, existen barreras económicas, geográficas, culturales y arquitectónicas para acceder a la Justicia. Según un estudio de CIPPEC, las necesidades jurídicas insatisfechas (NJI) superan el 98% y un 69% de los hogares no accede a servicios jurídicos en algunas regiones del país.

Tribunales sobrecargados. Los tribunales atienden gran cantidad de causas con procesos y recursos obsoletos, lo que aumenta la ineficacia de la Justicia y demora la resolución de los conflictos. Según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2009 (últimas disponibles), de los 413.992 expedientes tramitados ante los 110 Juzgados Nacionales en lo Civil de la Capital Federal sólo se resolvieron 60.610 durante ese año. En 2009, el fuero de la Seguridad Social tramitó 31.506 causas por juzgado; el Contencioso Administrativo Federal, 20.819 causas; y el Nacional en lo Comercial, 15.233 causas por juzgado. Esta sobrecarga produce una importante acumulación de expedientes pendientes de resolución. DIAGNÓSTICO

La poca eficacia y las barreras de acceso a la Justicia magnifican las desigualdades sociales y profundizan la huida a mecanismos informales y a veces violentos de resolución de conflictos. 38

Renovación de la Corte Suprema. En 2003 el Poder Ejecutivo Nacional sumó nuevos miembros de la Corte con juristas idóneos e independientes. Esta Corte ha tenido un rol activo en la fijación de políticas y límites al poder.

Reforma del Consejo de la Magistratura. La reforma de 2006 cambió la composición del Consejo, lo que afectó el equilibrio entre estamentos que exige la Constitución. El Consejo no ha demostrado aún que puede ser un órgano eficaz e independiente del

Poder Ejecutivo. Los procesos de designación y remoción de jueces continúan siendo poco transparentes y lentos.

De la conflictividad a la negociación. En la última década se instalaron procesos de resolución alternativa de conflictos, como la mediación, que fueron exitosos en las jurisdicciones en las que se implementaron. Entre 1996 y 2010 se sortearon 204.149 media-

ciones judiciales en el fuero Nacional Civil de la Capital Federal y sólo un 35,17% volvió a la vía judicial. En Santa Fe, un 65% de las mediaciones judiciales se resolvieron positivamente.

Déficit tecnológico. Aunque el Poder Judicial incorporó nuevas herramientas informáticas como el acceso a expedientes por Internet en algunos fueros, las medidas son insuficientes.

Tribunales desbordados de expedientes, una realidad que se repite

PROPUESTAS DE CIPPEC

Los tribunales renovaron su fachada: ahora falta mejorar la eficiencia

El programa debe reducir los tiempos de tramitación de los procesos, mejorar la atención a los usuarios y aumentar el acceso a la información judicial. El Ministerio de Justicia producirá un informe anual sobre el estado de la Justicia y propondrá recomendaciones. Con la Junta Federal de las Cortes, invitará a las provincias a implementar las recomendaciones.

Coordinaría los esfuerzos federales para ofrecer un sistema de solución de controversias, de acceso y formación en derechos ciudadanos. El CAD implementaría el Programa “Argentina: Estado de Derecho”, que crearía un mapa de necesidades jurídicas insatisfechas y uno de recursos jurídicos disponibles, y propiciaría la alfabetización jurídica junto con el Ministerio de Educación. También promovería el Programa “Resolvamos negociando”, de promoción de la media-

Cr e a r, j u n t o co n e l Po de r J u di c i a l de l a N a c i ón , e l p r o g r a m a “ Un a J u s t i c i a e f i c i e n t e a l s e r vi c i o d e l o s c i u d a d a n o s ” y pr om ov e r l a a dh e s i ó n de l os P ode r e s J u di c i a l e s pr ov i n c i a l e s

C on s t r u i r u n C e n t r o de A c c e s o a D e r e c h os (C A D ) e n e l M i n i s t e r i o de J u s t i c i a

ción y el arbitraje, y creación y administración de tribunales vecinales en provincias y municipios. Además, crearía un centro de arbitraje corporativo para convertir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el centro de solución arbitral de controversias del Mercosur.

I m pu l s a r e l de ba t e y l a r e f o r m a de l C o n s e j o de l a M a gi s t r a t u r a pa r a m e j o r a r s u t r a n s pa r e n c i a y e f i c i e n c i a

El Ministerio de Justicia debe elaborar un proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura que establezca mecanismos de evaluación claros y procesos para transparentar y agilizar los concursos. Promover la creación de una Academia Jurídica independiente formada por docentes que sean evaluadores imparciales de los aspirantes a magistrados.

I m pu l s a r u n a r e f o r m a de l Cód i go Pr oce sa l Pe n al p ar a e s t a b l e c e r u n s i s t e m a a c u s a t or i o, y d e l C ó d i g o P r o c e s a l C i vi l y C om e r c i a l pa r a e s t a b l e c e r u n s i s t e m a or al

El Ministerio de Justicia deberá relevar los proyectos de reforma de ambos Códigos y convocar a un grupo de trabajo conformado por actores judiciales y miembros de la sociedad civil para que produzcan dos anteproyectos de ley en tres meses.

P r om ov e r l a r e f o r m a de l a J u s t i c i a e l e c t or a l

Promover un debate acerca de la reforma de la Justicia electoral y convocar a los principales especialistas y actores judiciales.

La reforma debería apuntar a modernizar y profesionalizar el fuero, garantizar su independencia del poder político y lograr celeridad y eficiencia en la gestión. El Ministerio de Justicia debe realizar un mapeo de las causas judiciales del fuero y proponer reformas sobre la base del diagnóstico.

I m pl e m e n t a r u n c o n j u n t o de po l í t i c a s pa r a c om ba t i r l a c or r u pc i ó n

Rediseñar la Oficina Anticorrupción, para que tenga una composición plural e independencia presupuestaria. Elaborar un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público que limite la figura del Procurador General de la Nación y regule las competencias y recursos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Deberá contemplar la creación de una policía judicial y cuerpos de peritos que dependan del Ministerio Público. Crear la Comisión Nacional de Ética Pública prevista en la Ley Nacional de Ética en la Función Pública.

Pr om ove r l a age n da de i gu al dad de sde l a Se cr e t ar í a de De r ech os Hu m an os y pr of u n di zar l a i n t e r ve n ci ón del paí s e n l a pr om oci ón i n t er n aci on al de der e ch os h u man os

Implementar un sistema para detectar necesidades de grupos desaventajados y diseñar políticas para el pleno ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Continuar el rol activo de la Argentina en la política exterior sobre derechos humanos, y apoyar la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

AGENDA PRESIDENCIAL

Luchar en serio contra la corrupción DIAGNÓSTICO

La corrupción afecta la democracia, oscurece las decisiones de gobierno, mina el crecimiento y lesiona la seguridad jurídica. De 178 países, la Argentina se ubicó en 2010 en el puesto 105 del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (TI). El 77% de los argentinos considera ineficaces las acciones del Gobierno en materia de corrupción, según el Barómetro de Corrupción Global 2010. El Comité de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitorea la Convención Interamericana contra la Corrupción advirtió sobre la corrupción en provincias y municipios.

MANUEL GARRIDO, investigador principal de CIPPEC

Panorama crítico. Se desarticularon mecanismos establecidos desde 2003 en materia de acceso a la información. No se protege a los denunciantes de buena fe de hechos de corrupción. Se ocultan informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). No se aplican sistemas de compra electrónica de modo significativo. Iniciativas destacadas. Oficina Anticorrupción (OA). Tiene un sistema informatizado de declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos. Aplica la Ley de Ética Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y ejecuta el Plan Provincias, un programa

de capacitación para gobiernos subnacionales. Decreto 1.172/2003. Reglamenta el acceso a la información y la publicidad de las agendas de los funcionarios dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Ley de Acceso a la Información Pública. En 2010 el Senado dio media sanción a un proyecto de ley sobre la materia. Once provincias y la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen normas de acceso. Contrataciones públicas. Desde 2007 se implementa el sistema electrónico transaccional (SECOP) y su sitio web Argentina Compra, obligatorio para contrataciones directas de trámite simplificado (por montos menores a $ 10.000).

Ricardo Jaime enfrenta gran cantidad de causas judiciales por su gestión en la Secretaría de Transporte

PROPUESTAS DE CIPPEC

La causa de los medicamentos falsos reveló negocios oscuros entre sindicalistas, empresarios y el Estado

P r o m ov e r u n a l e y de a c c e s o a l a i n f o r m a c i ón pú b l i c a y a d opt a r i n i c i a t i v a s d e t r a n s p a r e n c i a a c t i va

Impulsar una ley nacional de acceso a la información pública regida por el principio de máxima divulgación, que presume que toda información es accesible. Reforzar la red de enlaces constituida por el Decreto 1.172/2003, para capitalizar la experiencia acumulada. Restablecer la publicación en la página web de los informes de auditoría de la SIGEN. Eliminar los criterios de la AFIP que impiden que fiscales del Ministerio Público y de la OA accedan a información impositiva. Revisar los criterios de la Ley de Protección de Datos Personales que traban el acceso a información en casos no previstos por la ley. Reformar los niveles de secreto de la Secretaría de Inteligencia con un sistema de auditoría interna sujeto a reglas de secreto pero que conserve independencia.

P r om ov e r l a a dop c i ó n d e e s t á n da r e s de t r a n s p a r e n c i a c om u n e s y ór ga n os a n t i c o r r u pc i ón i n d e pe n di e n t e s e n l a s p r o vi n c i a s

Otorgar incentivos económicos y apoyo técnico a los gobiernos que las adopten. Promover una ley de ética pública que incluya declaraciones juradas públicas y el control de conflictos de interés, y una ley de contrataciones públicas transparentes. Constituir un registro nacional de sociedades y un registro nacional de la propiedad inmueble. Conformar el Consejo Federal de Transparencia y Combate a la Corrupción para coordinar políticas nacionales de transparencia.

For t a l e c e r e l r ol de l a Of i c i n a A n t o c o r r u pc i ón : a m pl i a r s u s f a c u l t a de s y dot a r l a de n u e v a s á r e a s y f a c u l t a d e s pa r a r e c u pe r a r a c t i v os pr ov e n i e n t e s de l a c o r r u pc i ón

Establecer en la OA un área con facultades para promover la recuperación de activos provenientes de la corrupción. Establecer criterios objetivos para seleccionar las autoridades de la OA para garantizar una composición plural. Se podrían replicar los estándares del Decreto 222/2003 para designar a los jueces de la Corte. Reubicar a la OA bajo la órbita de Presidencia de la Nación, con indepedencia presupuestaria y la posibilidad de establecerla como un órgano dependiente del Congreso de la Nación. Reproducir en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el Ministerio de Desarrollo Social, en APE, PAMI, ANSES y la ex ONCCA (Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno) las Direcciones de Transparencia creadas en los Ministerios de Defensa y de Seguridad.

C r e a r u n m e c a n i s m o de pr o t e c c i ón y p r om oc i ón de l o s de n u n c i a n t e s y t e s t i gos de bu e n a f e de i r r e gu l a r i d a de s e n e l á m b i t o e s t a t a l y e n e l p r i va d o

Conferir la protección a la OA, la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Re f o r m a r e l s i s t e m a d e c om pr a s pú bl i c a s pa r a pr i v i l e g i a r e m pr e s a s qu e m e j or e n s u s e s t á n d a r e s d e vi g i l a n c i a , y a m pl i a r l o s s i s t e m a s de c o m pr a e l e c t r ó n i c a e xi s t e n t e s

Establecer la obligatoriedad de publicar y abrir a discusión los prepliegos en todas las licitaciones públicas y privadas estatales. Adecuar los estándares a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y establecer puntajes adicionales para empresas con reglas de compliance. Dotar a la Oficina Nacional de Contrataciones de jerarquía, facultades y recursos para sancionar a quienes incumplen con las reglas de contrataciones.

I m pu l s a r l a i n c or por a c i ón de l m od e l o a c u s a t or i o e n e l C ód i go P r oc e s a l P e n a l d e l a Na c i ó n , c o n u n a r e f o r m a q u e a s e gu r e l a e s pe c i a l i z a c i ó n e n e l á m bi t o de l M i n i s t e r i o P ú b l i c o y e l r e s p e t o de l m a n da t o c on s t i t u c i on a l e n l a c om p os i c i ó n de l a A u di t o r í a G e n e r a l de l a Na c i ó n

Adoptar un nuevo Código Procesal Penal con un modelo acusatorio y promover una reforma de la Ley de Ministerio Público que consagre áreas para investigar delitos complejos. Reducir los mandatos del consejo de la Auditoría General de la Nación y garantizar una mayoría que no responda al color político del Poder Ejecutivo.

C r e a r u n pá gi n a w e b c o n i n f o r m a c i ón de t odo s l os or ga n i s m os qu e ot or ga n s u bs i di os a pe r s on a s , o r g a n i z a c i o n e s c i vi l e s y e m p r e s a s pr i v a da s

Publicar todos los subsidios que entrega cada organismo, condiciones para calificar como beneficiario, formas de acceso, montos y beneficiarios de cada subsidio y datos de los receptores.

AGENDA PRESIDENCIAL

Un gran acuerdo contra el delito Diagnóstico Desde la recuperación de la democracia, el sistema político ha evidenciado una notable incapacidad para construir una agenda propia en materia de políticas de seguridad. Las instituciones policiales son cuestionadas por su participación en redes de ilegalidad y por articular oportunidades delictivas. A pesar de esto, las fuerzas políticas han impulsado medidas orientadas a profundizar el poder de las instituciones de seguridad y su autogobierno, sin proporcionar mecanismos de control eficaces. Al mismo tiempo, el desempeño de las agencias policiales y judiciales en la resolución de investigaciones complejas es muy deficiente. Resulta indispensable comprender que la relación entre violencia institucional, políticas de seguridad, fuerzas policiales, sistema judicial y sistema penitenciario es íntima e intrincada. La construcción de soluciones eficaces para la prevención del delito exige articular los distintos niveles de gobierno e implementar políticas públicas destinadas a establecer un piso mínimo y común en todo el territorio nacional.

ACUERDO PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA (ASD) www.asd.org.ar

Políticas en marcha La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010 representa un punto de partida auspicioso para realizar reformas que garanticen la conducción política del sistema federal de seguridad. 46

La no represión de situaciones de protesta social fue una de las decisiones más innovadoras sostenidas por los últimos dos gobiernos. Sin embargo, numerosos conflictos que se desarrollaron en el espacio público durante 2010 terminaron con muertos y heridos de gravedad por acción policial o por alevosas omisiones en el accionar de esas fuerzas. La creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en 2006, dotada de una estructura de dirección superior y administración general conducida por funcionarios civiles especializados en asuntos de seguridad pública, significó un abordaje institucional en la dirección correcta. En 2006 se creó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego con el objetivo de reducir el circulante de armas en manos de civiles mediante su recolección anónima a cambio de un incentivo económico. Grandes dilemas Control de las policías: para cumplir su función de manera cabal y efectiva, el órgano de control debe ser independiente y autónomo de las instituciones que supervisa. En el caso de un organo que controle a las fuerzas de seguridad, es necesario que sea capaz de investigar arbitrariedades y vulneraciones de derechos contra ciudadanos particulares y funcionarios policiales. Abordaje multiagencial de la seguridad: una concepción integral de la seguridad ciudadana supone la prevención del delito y la violencia. Es necesario operar sobre las causas de la delincuencia y las redes de criminalidad mediante la articulación de las accio-

nes del sistema penal con intervenciones de las otras áreas del Estado, incluyendo las políticas sociales. Confiabilidad de las estadísticas: en la actualidad, las cifras oficiales en materia delictiva se computan de un modo inconsistente y anárquico. Las diferentes fuentes discrepan de manera significativa y construyen sus datos con metodologías

El desempeño de las agencias policiales y de la Justicia en la resolución de investigaciones complejas es muy deficiente

La inseguridad destaca en todas las encuestas como la mayor preocupación ciudadana

La ministra Garré decidió dar un nuevo enfoque a la lucha del delito

incompatibles entre sí. Es imprescindible la creación de un organismo que identifique el delito y la violencia en sus diferentes manifestaciones y que unifique criterios de construcción de datos. Articulación con la sociedad civil: un nuevo enfoque de intervención estatal debe contemplar diversas formas de interacción entre el Estado y la sociedad civil. Es necesario crear, recuperar y profundizar mecanismos de participación comunitaria para el diagnóstico, la planificación y el control de gestión de la seguridad. Estándares de actuación de las fuerzas de seguridad: los compro48

misos internacionales asumidos por la Argentina obligan al Estado a adoptar medidas de acción concretas de protección de derechos humanos, en particular, aquellas que se vinculan con la actuación de las fuerzas federales y provinciales. El Consejo de Seguridad Interior tiene las facultades necesarias para esta tarea y, así como la norma que creó este organismo requirió la adhesión de los Estados provinciales, puede procederse de forma similar para otras regulaciones que permitan establecer un piso común de ejercicio de derechos en todo el país.

PROPUESTAS

C r e a c i ón d e m e c a n i s m os e xt e r n o s d e c o n t r o l s o b r e l a s i n s t i t u c i o n e s p ol i c i a l e s

R e f or m a de l a s l e y e s o r gá n i c a s y de pe r s on a l de l a s i n s t i t u c i o n e s de s e gu r i da d f e de r a l e s y n or m a t i v a s v i n c u l a da s

C r e a c i ón d e u n O b s e r v a t o r i o Na c i o n a l de l D e l i t o y l a Vi ol e n c i a

I m pl e m e n t a c i ó n d e m e c a n i s m o s qu e ga r a n t i c e n e l a c c e s o a l a i n f or m a c i ó n p r o du c i da po r l a s i n s t i t u c i o n e s d e s e gu r i da d

A r t i c u l a c i ó n de pol í t i c a s c on e l P ode r J u di c i a l pa r a a v a n z a r s obr e l a c r i m i n a l i da d c om p l e j a

Viabilidad política Es imprescindible que procesos de reforma de esta índole sean evaluados y sostenidos por amplios acuerdos políticos y sociales que garanticen su sustentabilidad y continuidad en el tiempo. La conformación a fines de 2009 del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) como alianza multisectorial permitió generar un importante respaldo político y social para abrir nuevos escenarios. El trabajo realizado en el marco del Acuerdo por especialistas con experiencia en gestión, académicos, organizaciones de la sociedad civil y referentes de todas las fuerzas políticas que adhieren a este programa de seguridad representa una oportunidad para impulsar los cambios que requiere esta etapa.

AGENDA PRESIDENCIAL

Políticas de Estado para cuidar los recursos naturales Creciente valor de los recursos naturales. Los productos primarios y los bienes y servicios de los ecosistemas –que hoy mueven US$ 127 millones anuales- tendrán un valor creciente para el comercio mundial. En 2009, las principales actividades agropecuarias argentinas generaron $ 330 mil millones, un 30% del PBI.

DIEGO MORENO, director general de la Fundación Vida Silvestre

DIAGNÓSTICO

La Argentina está dentro de los 10 países que totalizan más del 60% de la capacidad mundial de producir recursos y servicios ambientales.

Degradación de los recursos y pérdidas económicas. La desertificación afecta al 75% de las tierras productivas, con 60 millones de hectáreas con procesos erosivos de moderados a graves. Cinco de las 10 principales pesqueras del Mar Argentino están por colapsar. El negocio representa más de US$ 1.000 millones de ingresos sólo por exportaciones. El stock reproductivo de la merluza común se redujo un 80% en los últimos 20 años, lo que arriesga 20 mil puestos de trabajo. El 89% de la matriz energética depende del petróleo y el gas, cuyas reservas se están agotando. Sólo el 7,7% del territorio terrestre y el 1,18% del marino están protegidos con parques nacionales, reservas provinciales y reservas privadas. El Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU, al que la Argentina suscribió, prevé proteger un 17% de la superficie terrestre y un 10% de la marina para 2020. Débil articulación de políticas ambientales. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, recibió en 2010 un presupuesto que apenas supera los $ 1.000 millones, menos del 0,1% del PBI. El valor de los bienes y servicios ambientales no está contemplado en las cuentas públicas ni en los proyectos de inversión.

El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) es el responsable de la coordinación de políticas entre Nación y provincias, pero no cuenta con una estructura ni peso político suficiente para poder hacer frente a los desafíos que nuestro país requiere. Iniciativas recientes en materia ambiental. Programa Nacional de Uso Racional de la Energía y de inversión en energías renovables (2010). Impulsan políticas de eficiencia energética. Ley 26.190 y Decreto 562/2009. Establecen que en 10 años el 8% del consumo eléctrico debe ser

abastecido con energías renovables. Ley de Bosques (2007). Constituyó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos. Ley Federal de Pesca (1999). Brinda un marco para una política pesquera que asegure la sostenibilidad del recurso. El papel de la Corte Suprema. Intervino en la causa por la contaminación de la Cuenca MatanzaRiachuelo (2007) y en la causa “Salas” por la deforestación en Salta (2009), y sentó las bases para aplicar normativa ambiental. La Ley de Bosques busca limitar la tala indiscriminada

PROPUESTAS

El Riachuelo, gran desafío pendiente

J e r a r qu i z a r l a t e m á t i c a a m bi e n t a l e n l a a g e n d a de go bi e r n o

Incrementar el presupuesto de la SAyDS a 1,5% del PBI para 2015. Fortalecer al COFEMA y al Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP).

I n t e gr a r e l c a p i t a l n a t u r a l e n l a s va r i a b l e s m a c r oe c on ó m i c a s

Encargar al Ministerio de Ciencia y Técnica un análisis -a dos años- de los bienes y servicios que los sistemas naturales aportan a la economía e incorporar los costos ambientales en las cuentas nacionales. Extender la metodología de medición al sector privado.

Di ve r s i f i ca r l a m a t r i z e n e r gé t i c a c on i n v e r s i ón e n e n e r gí a s l i m pi a s y p ol í t i c a s d e e f i c i e n c i a p a r a r e du c i r e l c on s u m o i n n e c e s a r i o

Diseñar un plan de inversión en energía con un incremento sustancial en energías renovables (eólica, solar, micro-hidro y biomasa). Implementar activamente políticas de eficiencia energética en los sectores residencial, industrial y de transporte.

P r om ov e r l a pl a n i f i c a c i ón de l u s o de l t e r r i t or i o y a s e g u r a r l a c on s e r v a c i ón de l o s bi e n e s y s e r vi c i o s d e l o s e c o s i s t e m a s

Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Bosques y constituir el fondo previsto en la norma para el pago de servicios ambientales con una partida no menor al 0,3% del Presupuesto Nacional y el 2% de las re-

tenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Promover la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para proteger bienes y servicios ambientales, que garantice el desarrollo de un ordenamiento ambiental del Mar Argentino, humedales, pastizales y áreas cordilleranas, integrando la variable ambiental en la planificación estratégica del territorio.

P r ot e ge r e l 1 7 % de l a s u pe r f i c i e t e r r e s t r e y e l 1 0 % de l a m a r i n a

Promover la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para Áreas Protegidas que brinde los instrumentos que permitan impulsar la protección de un 17% de la superficie terrestre y un 10% del Mar Argentino, en coordinación con el COFEMA y el SIFAP. Constituir un fondo de apoyo a la creación de áreas protegidas, a partir de fondos de compensación de grandes obras de infraestructura, un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y productos de la minería y de recursos derivados del turismo en áreas protegidas.

P r om ov e r e l de s a r r ol l o de b u e n a s pr á c t i c a s a m bi e n t a l e s c e r t i f i c a da s

Adoptar un marco de referencia de buenas prácticas a partir de marcos generales como los criterios del Pacto Global (PNUD), la Forest Stewardship Council, la Marine Stewardship Council y la Roundtable of Responsible Soy. Impulsar su adopción por parte de la Administración Pública Nacional, incorporando criterios de compra responsable. Desarrollar normativa e incentivos fiscales para impulsar buenas prácticas en el sector privado.

I m p u l s a r e l m a n e j o pe s qu e r o s u s t e n t a bl e

Diseñar un plan para recuperar la merluza común. Contemplar la reducción temporal de un 30% del esfuerzo pesquero con subsidios y créditos a las empresas para reducir la flota e invertir en tecnologías que agreguen valor a la producción. Reubicar al Instituto de Investigación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Técnica e incrementar su presupuesto en $10 millones anuales.

I m pl e m e n t a r e l pr ogr a m a de po l í t i c a s p ú bl i c a s pa r a l a ge s t i ón de l a C u e n c a M a t a n z a Ri a c h u e l o e s t a b l e c i d o p o r l a C or t e S u pr e m a d e J u s t i c i a de l a Na c i ó n

Asegurar la implementación eficiente del programa administrado por la ACUMAR. Impulsar la planificación integrada de otras cuencas hídricas relevantes.

I n c or por a r l a e du c a c i ón e n t e m as a m bi e n t al e s y de s a r r o l l o s u s t e n t a bl e e n l a c u r r í c u l a e du c a t i v a

Enseñar el valor de los recursos naturales, los problemas ambientales globales, nacionales y regionales y prácticas de consumo responsable en primaria y secundaria. Incorporar contenidos específicos en la formación de docentes y en las carreras universitarias.

AGENDA PRESIDENCIAL

Una Presidencia más institucional DIAGNÓSTICO

En la Argentina la hiperpresidencialización de la política se combina con una organización institucional de la Presidencia y un proceso de toma de decisiones que limitan la calidad de las políticas públicas.

FERNANDO STRAFACE, director ejecutivo de CIPPEC

Centralización. Para reconstituir el poder presidencial luego de la crisis de 2001, predominó una tendencia a la centralización política y operativa en la figura presidencial que, a largo plazo, deteriora la calidad de las políticas públicas. Proceso de decisiones altamente insular (el presidente y un pequeño grupo definen políticas en distintos sectores), y radial (la presidencia se vincula bilateralmente con cada miembro del Gabinete). Superpoderes presupuestarios, intervención sobre instituciones con autonomía profesional (INDEC) y alta discrecionalidad en instituciones que asignan beneficios y regulan mercados. Una oportunidad para modernizar la Presidencia. Los últimos dos gobiernos lograron liderar la agenda pública y encolumnar el gobierno con las prioridades presidenciales. La próxima gestión puede comandar una institución presidencial que promueva mejores políticas públicas y contribuya a un proceso político que privilegia el largo plazo.

Políticas recientes. Entre 2003 y 2011 hubo algunas iniciativas que pueden contribuir a una Presidencia institucional más moderna. La arquitectura del Gabinete refleja las prioridades presidenciales. Se abandonó la tendencia a acumular secretarías y organismos de carácter sectorial. Capacidad para liderar la agenda legislativa y el debate público en general. Sin embargo, en ocasiones la agenda presidencial estuvo signada por coyunturas políticas y el sentido de oportunidad por encima de una visión estratégica (la nacionalización de las AFJP y la reforma electoral, entre otras iniciativas, fueron impulsadas con una táctica de corto plazo).

Asistencia periódica del Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) al Congreso para rendir cuentas de los actos de gobierno. Queda por mejorar la calidad de los informes y la dinámica de diálogo con los legisladores. Estabilización y jerarquización del empleo público. Se jerarquizó el Convenio Colectivo del Sector Público como marco institucional para las relaciones Estado-trabajadores, y se creó el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) en reemplazo del SINAPA. Acuerdo Federal para la Gestión Pública. Establece objetivos y metas de modernización para las administraciones públicas provinciales. El Acuerdo Federal para la Gestión Pública, una herramienta de modernización

PROPUESTAS DE CIPPEC

Aníbal Fernández, en uno de sus informes al Congreso

Fo r t a l e c e r l a P r e s i de n c i a i n s t i t u c i on a l c on u n a Of i c i n a de l Pr e s i de n t e (OP) qu e c oor di n e e l a s e s o r a m i e n t o p ol í t i c o y l a s f u n c i on e s de d e l e g a c i ón y r e po r t e e xcl u si vo a l Pr e s i de n t e

coordinar con el JGM una comunicación alineada de la administración y que garantice el derecho a la información de los ciudadanos. La SLyT coordinaría con la JGM la producción legal de la Presidencia.

Organizar la Presidencia institucional con una OP que agrupe a la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Legal y Técnica (SLyT), la Secretaría de Prensa y Difusión, la Secretaría de Inteligencia y un cuerpo de asesores presidenciales sin responsabilidades funcionales ni estructura operativa propia. El Secretario General de la Presidencia (SGP) debe ser jefe de la OP y articular espacios de discusión sobre alternativas de políticas, involucrando a los ministerios sectoriales y a los asesores presidenciales. El Secretario de Prensa y Difusión debe actuar como vocero central del gobierno y

J e r a r qu i z a r e l r ol de l J GM a pa r t i r de l u s o c o m pl e t o de s u s f a c u l t a de s c o n s t i t u c i on a l e s

El JGM es un elemento fundamental para consolidar una Presidencia institucional que posea capacidad de fijar agenda e impulsar su efectiva implementación. Otorgarle el status institucional y funcional que le fue asignado en la Constitución de 1994 constituye un desafío para el Presidente y el conjunto del sistema político. La JGM debe usar sus facultades para dirigir la administración pública, convocar y presidir el Gabinete, concurrir al Congreso, y

refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso. Es importante que periódicamente se celebren reuniones de gabinete para reforzar en la opinión pública, el sistema político y los grupos de interés en general la coherencia y unidad de visión del gobierno.

puestos de conducción en el Estado respecto de funciones equiparables en el sector privado. Generar incentivos monetarios y no monetarios al desempeño individual e institucional. Diseñar un sistema de reclutamiento que permita captar a los mejores recursos de las universidades.

El marco estratégico de resultados se construirá con metas e indicadores socioeconómicos que el Presidente quiera lograr al finalizar su mandato. Estas metas tienen mayor horizonte temporal y sentido estratégico que el presupuesto anual. A inicio de cada año el Presidente deberá explicitar sus metas, y el JGM deberá dar cuenta de los avances en sus visitas al Congreso. Con un Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, la JGM deberá desarrollar auditorías de impacto en prioridades presidenciales.

Crear las condiciones para una gestión profesional de políticas en ámbitos estratégicos, y resguardarlas de los cambios de gobierno y la voluntad de confundir conducción política con cooptación institucional. Tejer acuerdos legislativos para garantizar la independencia de instituciones estratégicas (como el INDEC, la AFIP, la ANSES, el SENASA, y los entes reguladores, entre otros) y garantizar la estabilidad en las posiciones gerenciales de estas organizaciones.

E n u n c i a r a l i n i c i o de l gob i e r n o u n m a r c o e s t r a t é gi c o de r e s u l t a do s qu e r e f l e j e l a s m e t a s pr e s i de n c i a l e s

P r o f e s i on a l i z a r l a ge s t i ón de l E s t a d o c on u n c u e r po g e r e n c i a l m e r i t oc r á t i c o de a l t o n i v e l de f or m a c i ón y r e m u n e r a c i o n e s c o m p e t i t i va s Generalizar los concursos públicos para los puestos directivos y abrirlos a la participación externa. Mejorar la competitividad salarial de los

A s e gu r a r l a i n d e pe n de n c i a y e xc e l e n ci a pr o f e s i on a l de á m bi t os e s t r a t é gi c os de l E s t a do qu e de be n e s t a r r e s gu a r da d os de l a di s c r e c i o n a l i da d po l í t i c a

A d o p t a r u n a vi s i ó n e s t r a t é gi c a de l p e r í odo de t r a n s i c i ón p r e s i d e n c i a l

Aún en el caso de un presidente reelecto, la transición debe estar signada por un proceso institucional que asegure continuidad en temas estratégicos, información relevante para las nuevas autoridades y espacios de diálogo entre autoridades salientes y el nuevo plantel de gobierno.

agenda pública presidencial

LOS DESAFÍOS QUE NOS PLANTEA EL FUTURO JORGE TAIANA, ex ministro de Relaciones Exteriores (2005-2010)

uien gobierne la Argentina en los próximos cuatro años tendrá la responsabilidad de conducir el país durante un período de particular complejidad y trascendencia. Será un tiempo en el cual se definirá por muchos años el perfil de nuestra sociedad, sus perspectivas de desarrollo y las posibilidades de realización de sus ciudadanos. La complejidad está dada porque vivimos tiempos de extraordinarios cambios, empujados por una revolución tecnológica que no se detiene, y que ha modificado en toda la geografía del planeta, desde las formas de producción, distribución y cambio hasta la creación cultural y las identidades políticas y nacionales. Como estamos inmersos en ese cambio, no somos cabalmente conscientes de todas sus consecuencias e implicancias, pero sí sabemos que se están modificando las relaciones de poder. Las relaciones de poder entre los Esta-

dos, entre los diferentes grupos económicos, entre los distintos sectores en una sociedad. No sólo se modifican las relaciones de poder. Más importante aún, se modifican las formas y los medios a través de los cuales se construye y acumula poder. La mejor manera de destacar la importancia de los cambios que vivimos es afirmar que no vivimos un tiempo de cambios, sino que estamos inmersos en un cambio de época. La crisis financiera que estallara en 2008 puso fin a una primera etapa de ese proceso global. Esa etapa que había comenzado a fines de los 80 estuvo marcada por el auge de la liberalización comercial, la apertura y desregulación de las economías y la especulación financiera a escala mundial. A nivel político, fueron los tiempos del unilateralismo hegemónico, y la preponderancia del G-7. Hoy vivimos los primeros pasos de una nueva realidad. La crisis perdura y amenaza prolongarse

AL RESCATE DE LAS IDEAS

en los países desarrollados, mientras la declamada reforma de la arquitectura financiera internacional se demora, los reclamos de democratización política y económica de las relaciones internacionales se multiplican y el G-20 toma un rol destacado. Es un mundo inestable que se encamina paulatinamente hacia un sistema multipolar, más complejo, con un mayor número de actores protagónicos, con emergencia de nuevas potencias económicas y con importantes modificaciones en la correlación de fuerzas, en las alianzas y en el grado de autonomía de los Estados. Son los países en desarrollo quienes mejor han respondido a esta crisis. Han recuperado dinamismo más rápido, han tenido más éxito las políticas activas orientadas a mantener el nivel de actividad, han fortalecido las relaciones entre sí y se encuentran en buena posición para continuar creciendo por encima del promedio mundial. En estas economías,

exceptuando a la India y a China que son dos gigantes, es sobre todo la Argentina y el resto de América del Sur la región que más rápido ha demostrado esa recuperación de dinamismo. Por primera vez no ha estado en nosotros el origen de la crisis y, por primera vez, no somos los que fatalmente sufrimos sus peores consecuencias. Dos son las razones principales de este buen desempeño regional. Por una parte, las políticas que llevaron a la crisis de 2008 ya habían mostrado sus severas limitaciones en la región. Por eso, desde la década pasada en muchos de nuestros países hubo una modificación sustancial de esas limitaciones: se recuperó el rol regulador del Estado, la importancia de una economía basada en la producción y el estímulo al consumo. Esto permitió que varios países, notoriamente el nuestro, se recuperaran de años de recesión, destrucción del aparato productivo y elevados niveles de desocupación. Por otra parte, el mercado inter-

nacional, en gran medida como consecuencia del gran crecimiento de la India y China, inició un período sostenido de incremento de la demanda de nuestras exportaciones, lo que se tradujo en mejores condiciones para el crecimiento económico y la recuperación del aparato productivo. La Argentina, durante todos estos años, ha sostenido en los foros internacionales la urgencia de reemplazar la actual estructura financiera y económica internacional por otra capaz de garantizar la estabilidad económica global. El mundo debe avanzar hacia sistemas económicos nacionales y mundiales basados en adecuados controles y regulaciones, mayor transparencia y democratización en la toma de decisiones. Además, los organismos económicos y financieros deberían centrarse en temas tales como la seguridad alimentaria, el desarrollo humano, las obras de infraestructura, la reducción de la pobreza, la inclusión social y económica y promover un 61

agenda pública presidencial

patrón de crecimiento más equilibrado socialmente y sustentable en términos ambientales. La respuesta a estos grandes desafíos que presenta la realidad internacional terminará de definirse en el próximo mandato presidencial. Es fundamental fortalecer el multilateralismo y profundizar la integración regional. De ello dependerá en buena medida nuestro futuro. En un mundo inestable, con cambios trascendentes en el sistema económico y financiero y con la emergencia de nuevos centros de poder, la integración regional es, en sí misma, una estrategia que favorece las posibilidades de desarrollo, así como también una forma de potenciar la voz en defensa de nuestros intereses. La política de garantizar un orden mundial más justo está estrechamente vinculada con la política de desarrollar la integración regional. Y esa integración necesita de dos procesos convergentes. Por un lado, la profundización de la alianza estratégica con Brasil y del Mercosur, que es el instrumento fundamental de integración productiva y de negociación económica internacional. Y, por otro, avanzar en la construcción de la Unasur. 62

No es posible desarrollar la integración regional si la Argentina no continúa la reconstrucción de su tejido productivo y no logra una plena integración de su desarrollo industrial. La integración es hoy una estrategia imprescindible. De no hacerlo tendremos muchas dificultades para desarrollarnos productivamente y para ser escuchados en el mundo. A su vez, ésta debe lograrse desde una Argentina integrada

tiempo que propician el desarrollo, la inversión y la integración productiva, tienen como objetivo prioritario la generación de trabajo decente. Los próximos años serán decisivos para la Argentina porque en ellos se terminarán de definir algunos rasgos básicos de su perfil económico social y del grado de autonomía con que se integra en la economía global. Se trata, en verdad, de una si-

Son los países en desarrollo quienes mejor han respondido a esta crisis. Han recuperado dinamismo más rápido y han fortalecido las relaciones entre sí productivamente, desarrollada, sin excluidos y sin marginados. De lo contrario, no hay integración posible. La experiencia argentina y de otros países de la región nos ha enseñado que el crecimiento económico es una condición indispensable y necesaria, pero no suficiente, para enfrentar las elevadas tasas de marginación, informalidad y precariedad laboral. Por lo tanto es preciso articular políticas activas que, al

tuación que guarda cierta similitud con aquella que se vivió a fines del siglo XIX, cuando la demanda de nuestros productos primarios por parte del Imperio Británico creó el modelo que se denominó de economía primaria exportadora. Aquella estrategia posibilitó una onda larga de crecimiento económico y un importante proceso de modernización. Sin embargo tuvo grandes limitaciones que terminaron por llevarlo a la crisis y al estancamiento

AL RESCATE DE LAS IDEAS

del país. Por un lado, la extrema dependencia del sector externo y la consecuente debilidad estructural frente a los vaivenes del comercio internacional de bienes agrícolas y en especial de la economía británica. Por otro, la ausencia de un proyecto de desarrollo industrial que permitiera utilizar productivamente la renta extraordinaria del agro, la concentración de la tierra que limitó fuertemente el nacimiento de una burguesía rural y la situación de marginación de amplios sectores trabajadores, tanto rurales como urbanos. En los próximos años también tendremos una demanda sostenida para nuestros productos primarios. Pero, a diferencia del pasado, contamos con experiencia y una base productiva de cierto desarrollo, incluso en aéreas de tecnología de punta. Existe un proceso de integración regional que nos fortalece, un destino diversificado de nuestras exportaciones y una posibilidad de acceso a la tecnología, a los bienes de capital y a la inversión que fortalece la autonomía de nuestras decisiones. El gran desafío para la próxima Presidencia será evitar los errores de la dirigencia durante

el ciclo de la economía primaria exportadora y avanzar en consolidar un modelo que utilice nuestras ventajas comparativas para alcanzar un desarrollo sustentable, integrado regionalmente, avanzado tecnológicamente, que termine con la marginación y permita más justicia, más libertad y más democracia a todos los argentinos. Finalmente, el gobierno futuro deberá continuar una política de firmeza y coherencia, tanto a nivel bilateral como multilateral, en relación a los legítimos derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Un elemento fundamental de esta política es la activa y constante presencia argentina en los organismos internacionales y regionales, para reafirmar sus legítimos derechos soberanos y denunciar el incumplimiento por parte del Reino Unido del mandato impuesto por la comunidad internacional, que representa un comportamiento inadmisible para un país miembro permanente del Consejo de Seguridad, con responsabilidades en materia de paz y seguridad internacionales. 63

CRISIS, CRISPACIONES Y CONSENSOS agenda pública presidencial

JOSÉ OCTAVIO BORDÓN, ex embajador en Estados Unidos

os argentinos hemos demostrado en estos 28 años nuestra capacidad y coraje para superar crisis en el marco de la democracia, pero fuimos incapaces de sostener procesos de crecimiento, estabilidad y mejoramiento social. La Argentina ha sido por décadas una de las economías más volátiles del continente. Esta característica es una de las principales causas que “explica” lo que para muchos resulta inexplicable: que un país con las riquezas naturales y la base educativa de la Argentina no pueda superar desigualdades sociales, enfermedades del subdesarrollo, desnutrición y altos niveles de pobreza. Hemos perdido posicionamiento internacional, ya no sólo en relación a naciones hoy desarrolladas como Canadá y Australia, sino también con referencia a nuestros vecinos de Chile y Brasil. Si comparamos la evolución 1975-2010, encontraremos que ellos avanzan más rápido y mejor que nosotros, tanto en lo institucional como en lo tecnológico, económico y social. ¿Significa esto que estamos irre-

mediablemente condenados al retroceso y al fracaso? ¿Que tenemos que mudar nuestro erróneo sentido de la superioridad por un pesimismo inoperante? Por supuesto que no. Simplemente la necesidad de pararnos sobre la realidad de nuestras fortalezas y debilidades para potenciar unas y superar las otras. Nuestras riquezas existentes y potenciales están todavía al alcance de la mano. Aunque debilitadas, aún tenemos las huellas educativas y tecnológicas que nos siguen ubicando con el mayor desarrollo cultural y social de la región. Tenemos más democracia pero seguimos deficitarios en república, justicia social, calidad política y conducta ciudadana. A pesar de que el mundo ha vivido la peor crisis desde la gran depresión del 30, la Argentina, la mayoría de los países de Sudamérica y otros emergentes como China, han logrado superar mejor la difícil circunstancia de lo que hubiéramos podido imaginar. Es una buena noticia. Sin embargo, debemos evitar la autocomplacencia de creer que podemos ser inmunes a

AL RESCATE DE LAS IDEAS

la crisis global o a nuestros errores domésticos. Nuestro país le suma a estos riesgos, que aún no desaparecen, los problemas de los últimos dos años en la economía local. El período de recuperación económica desde la salida de la crisis de 2000 ha sido el más importante desde el inicio del siglo XX, con alta tasa de crecimiento y baja volatilidad. Hay que remontarse al siglo XIX para tener uno más significativo. Si uno hace una proyección lineal de sostenimiento desde el primer gran período de aceleración económica 1880-1912 hasta el presente, estaríamos en niveles similares de Producto Bruto Interno (PBI) por habitante. Pero no es menos real que si hubiéramos mantenido la tendencia de crecimiento 1960-1974 hoy el PBI por habitante sería un 20% mayor que el actual. Esto significa que el importante crecimiento desde 2002 a la fecha no nos ha permitido todavía recuperar lo que generaron la crisis de 1975, la desarticulación productiva y social de la dictadura militar, las hiperinflaciones 19891990 y la hiperrecesión 20012002.

Un análisis comparativo con otros países muestra que en los últimos 100 años Australia mantuvo y acrecentó las ventajas que tenía con la Argentina, que España y Corea nos superaron largamente y que Chile y Brasil acortaron dramáticamente la diferencia que teníamos en el campo económico y en desarrollo humano. Nos alegra

Tenemos más democracia pero seguimos deficitarios en república, justicia social, calidad política y conducta ciudadana el mejoramiento ajeno y nos preocupa la falta de dinamismo propio. Se necesitan buenas políticas públicas para sostener los avances logrados, superar los cuellos de botella que la misma política del Gobierno ha generado, morigerar los impactos negativos externos, aprovechar las oportunidades y defender a los sectores más vulnerables.

Previsibilidad para generar un marco de referencia que permita tomar decisiones óptimas y sustentables. No es esto lo que está ocurriendo. Se multiplican los ejemplos en los que los intereses electorales de corto plazo impiden crear condiciones de confianza y diálogo. Los países gozan de paz sociopolítica cuando los liderazgos tienen la conciencia de que la búsqueda de consensos es preferible a la confrontación permanente. Ningún sector por sí solo puede resolver los problemas o evitar la ruptura del tejido social. La idea no es abortar la competencia electoral, ni el debate por la idea. Tampoco impedir las críticas que la administración o la oposición merezcan. Simplemente tratar de ponerle convivencia y responsabilidad a la lucha política. Se necesita, frente a los grandes desafíos domésticos y globales, volver a reunir pensamiento y acción, convicciones y respeto por el otro, reflexión con proyectos concretos. En síntesis: reunir a la política con los valores, el conocimiento y la imaginación. 65

agenda pública presidencial

Hacia un país próspero

ELISA CARRIÓ

s la tercera vez que el Partido al que pertenezco tomó la decisión de impulsar mi candidatura a Presidente de la Nación. Asumo esa responsabilidad con la experiencia de mis años parlamentarios, y de las campañas electorales anteriores. Más grande y con equipos sólidos y con capacidad técnica para llevar adelante los cambios que proponemos, cuyas bases sentaremos en nuestros primeros 100 días de gobierno. Podemos colectivamente conducir esta Nación a la paz y a la libertad. Conducir esta Nación a una gran sociedad y pueblo de clase media, donde no haya un pobre mendigando por la calle. Para conducir a la Nación hacia este cambio hace falta autoridad. La autoridad no la da el poder, la autoridad la da la conducta. Es necesaria la ejemplaridad en el ejercicio del poder y que todos sepan que cualquiera que viole la ley tendrá sanción. Ser justos es ser justos con la infancia implementando un Ingreso Ciudadano Universal en 66

serio al que tengan acceso todos, ricos y pobres, por haber nacido en la Argentina. Ser justos es tener las mejores escuelas y la mejor educación en los lugares más pobres, comprometiendo a la inversión pública pero también a la inversión privada a que lleven a los barrios más castigados sus servicios. Ser justos es tener la mejor salud ahí donde la infancia no tiene la culpa del destino que se le ha deparado por nuestra responsabilidad. Pero ser justos es, también, no atosigar, no apremiar y no perseguir a los que producen, a los que trabajan, a los que generan riqueza en este país. Queremos un país justo y desarrollado. Un país en el que los que menos tienen puedan ser de clase media. Y los de clase media puedan crecer, enriquecerse y prosperar. Proponemos un Estado que no iguale para abajo, sino que empuje hacia arriba las potencialidades de sus ciudadanos. Una Argentina que recupere la cultura del trabajo. Y que ese trabajo tenga una recompensa, en bienestar, seguridad. Que signifique mejoras concretas en la calidad de vida y

el poder adquisitivo de todos. Distribuir el ingreso no significa mantener a los pobres en la pobreza con planes sociales de subsistencia. Significa dar oportunidades a todos para que prosperen. Significa acceso a un techo digno, a educación y salud públicas de calidad. Significa trabajo bien remunerado, como corresponde, como nos enseñaron nuestros abuelos. Significa un horizonte y un camino: saber que el esfuerzo personal tiene recompensa. Nosotros estamos decididos a construir una Nación donde nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de las madres pobres sean de clase media, sean emprendedores y sean ciudadanos del mundo. La gran cuestión es si los argentinos estamos dispuestos a “ser como Nación”. Y ser como Nación significa pensar un país rico, próspero, abierto al mundo, decente, transparente, justo y solidario. Creer en el progreso es creer en el desarrollo económico y en la prosperidad social. Eso es el progreso. Lo retrógrado, lo conservador, lo reaccionario es mantener a los pobres en la po-

LOS QUE QUIEREN LLEGAR

breza con subsidios para que los corruptos mantengan el poder. La Argentina tiene futuro, porque tiene pasado. Pudimos construir un país próspero, seguro, culto, educado, respetado por el mundo. Porque apostamos a la prosperidad, al trabajo. Hoy duele ver que mucho de esa gran Argentina se perdió, pero sabemos que no se perdió para siempre. Que está en nosotros retomar ese camino, apos-

tar por la paz, por los valores y los principios de siempre. Honrar lo que somos es hablar con verdad. Honrar la vida es buscar la justicia. Honrar la vida es buscar una humanidad justa para todos los habitantes del mundo, y abrir la Argentina a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Sin corrupción, con justicia, trabajo y honestidad vamos a salir a la prosperidad.

ELISA CARRIÓ PRECANDIDATA POR LA COALICIÓN CÍVICA EDAD: 54 PROFESIÓN: ABOGADA CARGO ACTUAL: DIPUTADA DE LA NACIÓN

agenda pública presidencial

Tres ejes para el cambio

MARIO DAS NEVES

l pensar la agenda política me viene a la mente la cita de Ortega y Gasset: “La política es tener una idea clara de lo que debe hacerse desde el Estado en un Nación”. Es en este sentido que mi agenda en la Presidencia de la Nación rondará por sobre tres ejes básicos: seguridad; ordenamiento de la economía y redistribución del ingreso e infraestructura básica. La seguridad sin dudas ocupará un lugar central en mi agenda. Tiene que haber un plan de seguridad nacional. Se debe trabajar en la coordinación de las distintas fuerzas policiales. Reformular la institución policial estructurada en dos niveles: uno reactivo (respuesta rápida a la emergencia) y uno proactivo (que busca los problemas que originan el delito); dotarla de más recursos y reestructurar la cantidad de efectivos de acuerdo con la cantidad de población. Hay que fortalecer la División de Asuntos Internos para combatir la corrupción. A nivel legislativo, hay que ser muy duro con las excarcelaciones. Hay que volver al respeto de las normas jurídicas y de convivencia, no se pueden permitir, por ejemplo, los cortes de ruta que representan claramente un delito. 68

Uno de los principales temas de mi agenda económica es la inflación. El proceso inflacionario actual tiene un fuerte componente inercial. Por eso, para actuar sobre las expectativas el primer paso es normalizar el INDEC mediante la reposición en sus cargos de todos los técnicos desplazados por la intervención, desalojar a la patota de Guillermo Moreno, dotarlo de autarquía institucional y financiera y designar su directorio por concurso. El segundo paso es estimular la inversión para que la mayor demanda no se traduzca en mayores precios y más importaciones sino en más oferta de bienes y servicios. El tercer paso es moderando el ritmo de crecimiento de la emisión monetaria y restableciendo el superávit fiscal. Esto tiene beneficios extras, dado que la Argentina tiene todas las condiciones para transformarse en un polo receptor de inversiones productivas: producimos lo que el mundo está demandando actualmente. Pero para que esta potencialidad se vuelva realidad, es primordial establecer reglas de juego claras. En el contexto actual, el primer paso es quebrar la tendencia alcista en materia inflacionaria. Hay que reformular el sistema de subsidios y tarifas. El sistema actual es profundamente regresivo

e inequitativo regionalmente. Sólo en 2010 se gastaron $ 48.000 millones: cinco veces el costo anual de la Asignación Universal por Hijo. Se gasta lo mismo en subsidios que en inversión pública nacional. La actualización tarifaria debe realizarse de forma cuidadosa para que aquellas personas con capacidad contributiva paguen lo que corresponde, pero estableciendo una tarifa social que beneficie a los estratos de menores recursos. Otro tema prioritario es la distribución del ingreso. Deuda pendiente de la presente administración pese al crecimiento evidenciado. El Gobierno piensa que con la asignación por hijo solucionó el problema de la distribución del ingreso, y lo cierto es que la desigualdad se encuentra todavía en los mismos niveles que en 1995. A corto plazo, la primera condición para mejorar la distribución del ingreso es disminuir la inflación, que es el “impuesto al pobre” por excelencia. Es necesario realizar una cuidadosa reforma del sistema tributario. Una de mis prioridades en materia tributaria pasa por hacer más progresivo el sistema financiero, disminuyendo el peso del IVA y aumentando el del Impuesto a las Ganancias y los bienes patrimoniales. Tenemos un Gobier-

LOS QUE QUIEREN LLEGAR

no que se dice progresista pero que mantuvo la alícuota del IVA en el 21% y que no implementó el impuesto a la renta financiera. Además hay que disminuir el peso en la estructura tributaria de dos impuestos “anómalos”, como el impuesto al cheque y las retenciones. Finalmente, apuntaré a disminuir la evasión. Además de cómo se recauda, debe modificarse la forma en la cual se reparte esa recaudación: es prioritario equilibrar la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias con un criterio verdaderamente federal y acabar con la “tiranía de la caja” que implementó el kirchnerismo.

Finalmente, voy a constituir un fondo especial de infraestructura, que va a estar monitoreado por organizaciones de la sociedad civil, para garantizar su transparencia, y avanzar con un plan a 10 años de infraestructura para los sectores más postergados del conurbano, el NOA, y el NEA. El financiamiento de estos fondos correspondería a la utilización de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, pero siendo muy cuidadoso de las formas institucionales como también del contexto económico. Una inflación superior al 25% no parece un contexto adecuado para pensar en esto.

MARIO DAS NEVES PRECANDIDATO POR EL PERONISMO FEDERAL EDAD: 60 PROFESIÓN: ESTUDIÓ ABOGACÍA CARGO ACTUAL: GOBERNADOR DE CHUBUT

agenda pública presidencial

Cómo construir la Argentina del futuro N

EDUARDO DUHALDE

unca antes en la historia reciente ha estado tan claro para casi toda la dirigencia cuáles son los problemas y los desafíos que enfrenta la Argentina a corto, mediano y largo plazo. Y eso casi obedece a que sólo quienes tienen la responsabilidad de la gestión ejecutiva actual parecen ver una realidad propia, diferente de la del resto de los argentinos, en la que no se registran como verdaderos problemas la inseguridad ciudadana, los crecientes índices de inflación, la intolerable cantidad de pobres y excluidos, o la estrepitosa caída de la calidad educativa y los servicios de salud. Sencillamente, debemos retomar el rumbo perdido. Después de haber atravesado una de las más trágicas crisis económica, social, política e institucional, entre 2002 y 2003 habíamos logrado una rápida recuperación basada en la expansión de la producción, la productividad, el empleo y el consumo. ¿Qué significa, entonces, retomar el rumbo? En primer lugar, convocar al diálogo para acordar con dirigentes de los partidos políticos con 70

significación electoral, por primera vez en la historia argentina, políticas de Estado para los próximos 20 años. A fines de 2011 debemos alumbrar un gobierno de unidad nacional, donde quién asuma la Presidencia sea una cuestión relativa. En materia de seguridad ya no hay tiempo que perder. Lo primero que debemos hacer es decretar la emergencia nacional para que las autoridades puedan usar todos los recursos disponibles a estos fines. Entre otras acciones, el Poder Ejecutivo debe construir y equipar los centros de rehabilitación para niños y adolescentes con problemas de adicciones o penales, trabajando con equipos interdisciplinarios que intervengan en su recuperación y capacitación en oficios; y construir y reacondicionar las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos, de modo tal que ninguno de ellos permanezca en comisarías al final de la emergencia. Al mismo tiempo, para crecer y sostener el desarrollo necesitamos producir más y distribuir mejor. En esta agenda, es prioritario el despliegue de un Plan Estratégico de Desarrollo Productivo que aproveche la inmensa potenciali-

dad de nuestro territorio y que contemple como cuestiones centrales: el análisis y reformulación del sistema tributario en favor de las economías regionales y las pymes; los precios y los salarios; la revisión de la política de subsidios; los aumentos por productividad y la reconversión del sistema financiero. Esto exige, a su vez, sincerar los números del INDEC; sostener una política de control de la inflación basada en un equilibrio fiscal y monetario con herramientas no recesivas; crear un Banco de Desarrollo exclusivo para las pymes, y crear instrumentos financieros que eviten la desnacionalización de las empresas. Es ineludible, además, encarar un estrecho anclaje entre el sistema educativo y científico-tecnológico y los requerimientos de nuestro sistema productivo. La igualdad de oportunidades no se logra suprimiendo exigencias, sino haciendo lo necesario para tener una escuela pública de calidad. Asimismo, es imprescindible elaborar agendas eficientes en materia de infraestructura y economía agroindustrial, proponiendo un modelo de país en donde el Estado tenga una participación virtuosa, activa, que ge-

LOS QUE QUIEREN LLEGAR

nere un marco de desarrollo más equilibrado, integral, y que plantee como estrategia para la Nación el desarrollo territorial y local priorizando las dimensiones sociales, económicas y ecológicas. Esto supone también una reinserción estratégica sobre la base de nuestras potencialidades productivas, focalizando en la integración regional a través del Mercosur y la complementación con Brasil y el resto de las economías del bloque ampliado. Paralelamente, debemos conocer la situación de los sectores más débiles de la sociedad e implementar mecanismos específi-

cos para protegerlos, universalizando verdaderamente los planes sociales, en particular la asignación por hijo. Todo esto no se logra de un día para el otro. Tampoco en 100 días. Pero confío en que, sobre la base del diálogo y la búsqueda permanente de consensos, en estricto apego a la ley y al orden institucional, podamos retomar el rumbo y convertir estas acciones específicas en verdaderas políticas de Estado que se prolonguen y perfeccionen en los sucesivos mandatos constitucionales que la Argentina tiene por delante.

EDUARDO DUHALDE PRECANDIDATO DEL PERONISMO FEDERAL EDAD: 69 PROFESIÓN: ABOGADO CARGOS ANTERIORES: PRESIDENTE DE LA NACIÓN (2002-2003)

agenda pública presidencial

Reeditar la movilidad social L

MAURICIO MACRI

a Argentina del futuro puede ser una Nación grande y para todos. Para lograrlo, los argentinos necesitamos un cambio. Un aire renovador que nos muestre un camino nuevo hacia un país lleno de oportunidades y sueños posibles de cumplir. Esto es imposible sin un Estado con capacidad de proyectar políticas públicas de calidad y sin mandatarios cuyo rol principal sea comprometerse con la gente. Necesitamos políticas que gocen de amplios consensos, construidas a través del diálogo y el respeto, y con la mirada siempre puesta en la gestión, en transformar la vida de los argentinos llevando las ideas a la realidad: haciendo. Ese es el principal compromiso que deberá asumir el próximo presidente de los argentinos, al que se suman otros grandes desafíos que deberá afrontar tanto en el plano político como en el plano social y económico. En primer lugar es fundamental combatir la pobreza. Hay que restablecer la movilidad social ascendente en el país, con empleos legítimos, con un sistema 72

de salud de calidad y con más y mejor educación para todos los argentinos. Un país sin salud y sin educación es un país sin futuro. Por eso nuestra obligación es darle a nuestros hijos el cuidado que necesitan y una educación pública y gratuita que llegue a todos los rincones del país, para que todos los argentinos puedan tener el mismo punto de partida, sin distinción. Es también prioritario luchar contra la inseguridad, porque la seguridad es un derecho de todos y debe ser garantizado. Esto se logra con un Estado que articule un plan federal de lucha contra el delito, con políticas de corto, mediano y largo plazo que generen condiciones dignas en términos de desarrollo social, especialmente en salud y educación. También es importante generar un marco de previsibilidad, con políticas estables y reglas claras. Para lograrlo, el principal reto de corto plazo es reducir la inflación y lograr crecimiento y desarrollo. Un marco macroeconómico estable nos permitirá recibir más inversiones y poner en marcha un plan de desarrollo productivo, con énfasis en sectores de alto potencial como la agroindustria,

la minería sustentable, la industria petrolera, el turismo y las economías regionales. El país necesita fortalecer a las economías regionales para potenciar su producción y aumentar su capacidad exportadora. Así podremos desarrollar nuestra economía de forma sostenible, generando empleo, fomentando el ahorro y con inversiones en energía e infraestructura. Necesitamos una fuerte inversión en infraestructura, porque un país como el nuestro no puede seguir creciendo si no invertimos en una mejor infraestructura que facilite la producción, el transporte y la exportación. Otro desafío imprescindible es que el país vuelva a vincularse con el mundo, pero no en función de la ideología de un gobierno sino en base a sus intereses nacionales permanentes. Tras los cambios que hubo en el contexto internacional, caracterizados principalmente por el crecimiento de nuevas potencias como China e India, aparecen importantes oportunidades para la Argentina y no podemos desaprovecharlas. Una Nación grande como la nuestra requiere de una política exterior a su al-

LOS QUE QUIEREN LLEGAR

tura, buscando los nichos políticos y económicos para insertarse exitosamente en el contexto internacional. Para lograr estos objetivos es tarea ineludible reconstruir un Estado con capacidad de gestión. Un Estado al servicio de la gente, que cumpla el rol de facilitador y articulador del progreso, que fomente el desarrollo económico y promueva los sectores dinámicos que han logrado tener competitividad. Así van a nacer más emprendimientos, las pymes pasarán a ser grandes, y las mayores empresas del país

saldrán a competir en el mundo, generando más y mejores empleos para todos. Estoy convencido de que es posible afrontar con éxito estos desafíos para cumplir el objetivo principal de reeditar la movilidad social ascendente en la Argentina, combatir la pobreza y garantizar salud y educación de calidad para todos los ciudadanos. Creo en una Argentina con oportunidades para todos y quiero que todos creamos lo mismo. Porque si lo creemos podemos lograrlo, y si lo logramos podremos vivirlo.

MAURICIO MACRI PRECANDIDATO POR EL PRO EDAD: 52 PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL CARGO ACTUAL: JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO

agenda pública presidencial

Seguridad e inflación, las grandes urgencias

ERNESTO SANZ

uando un dirigente político se propone conducir los destinos del país tiene dos obligaciones ineludibles: relevar y mostrar respuestas a los inconvenientes que afectan a la sociedad en el presente, e identificar las oportunidades que brindará el futuro. Hoy, para quien se pretende candidato es esencial diseñar respuestas para la seguridad ciudadana y la inflación, pero quien quiera ser Presidente no puede obviar la producción y la educación. Pretender morigerar los problemas de seguridad en la Argentina hablando de pobreza, es sencillamente un prejuicio. Pensar que para solucionar los problemas de seguridad alcanza con crear un Ministerio es francamente una ficción. La inseguridad tiene un origen: la economía del delito. La economía del delito abarca desde el narcotráfico a las autopartes robadas, pasando por la adulteración de medicamentos y la trata de blancas. La economía del delito tiene rehenes: jóvenes sin oportunidades que se convierten en sus primeras víctimas. La economía del delito tiene un partícipe necesario: un Estado distraído, cómplice o incompetente. Arremeter contra la economía 74

del delito implica: radarizar y controlar nuestras fronteras, desarmar las redes de comercio clandestinas, embestir contra el lavado de dinero, no mirar al costado ante la corrupción estatal y generar oportunidades donde estas redes delictivas encuentran mano de obra. Crear oportunidades implica no caer en un Estado que extiende sólo dinero ante la marginalidad, sino un cambio de paradigma: extender derechos con la convicción de que cada espacio que gane el Estado lo pierden las mafias, los disvalores, y los liderazgos negativos. Hace poco la Presidenta señaló que en la Argentina hay dispersión de precios. Claro que hay dispersión de precios, pero los precios como burbujas se dispersan hacia arriba. La solución para la inflación no puede ser, en un país con 2,7 millones de km², ir al Mercado Central. Para paliar la inflación hay que abordar tres cuestiones: por un lado el componente de expectativas. Tal vez el más importante y el de mayor responsabilidad oficial: la intervención del INDEC. Guillermo Moreno y sus metodologías y las imprevisibilidades que genera el Gobierno causan inflación. Mi primer día de gestión será el último de Moreno en el Gobierno y el primero en el largo camino de

recomposición del INDEC. A su vez, hay que incentivar la inversión productiva. Así tendremos mayor oferta y, por lo tanto, habrá una tendencia a bajar los precios. Finalmente, hay que tener una política económica clara y precisa que limite la emisión monetaria con la que hoy el Gobierno pretende disimular el déficit fiscal. Si observamos qué venden los países desarrollados del mundo encontraremos un patrón común: sus productos tienen componentes altamente tecnológicos y contienen inteligencia aplicada. Pensar en una sociedad que de aquí a 20 años iguale hacia arriba y genere riqueza exige incentivar cambios en la matriz productiva. Nuestro país necesita venderle al mundo más y mejores productos. Debemos incentivar las economías regionales, descomprimir territorialmente los grandes centros urbanos, generar cadenas productivas industriales y aprovechar que el mundo mira con buenos ojos a la Argentina. El mundo necesita alimentos, sí, pero también bienes agroindustriales e industriales y la Argentina está en condiciones de ofrecerlos. Necesita un Estado que genere condiciones, extienda crédito y marque un rumbo. Finalmente lo más importante: la igualdad de oportunidades en

LOS QUE QUIEREN LLEGAR

cualquier país del mundo se genera con educación. Una sociedad instruida y culta es una sociedad libre. No hay nada que distinga y limite más los horizontes de una persona que la falta de educación. Y hoy, la educación argentina es peor que en 2000, de ser el 2° país en la región pasamos a ser el 8°. Hoy, en las universidades en la Argentina de cada 10 chicos que ingresan sólo dos terminan sus estudios. La necesidad de trabajar, los costos del transporte y la vivienda en los chicos que no viven cerca de las universidades, un sistema de becas poco ágil que debiera ser

determinado y actualizado por ley, y una diferencia abismal entre la preparación primaria y media y los contenidos universitarios dejan fuera del sistema al 60% de los ingresantes durante los dos primeros años de universidad. Estos temas no son únicos, pero de abordaje imprescindible si queremos llevar a la Argentina por el camino de las oportunidades. Convertir el crecimiento del país en desarrollo exige un Estado ágil y transparente, que facilite en materia productiva y se sensibilice ante la desigualdad. Es el momento de construirlo.

ERNESTO SANZ PRECANDIDATO POR LA UCR EDAD: 56 PROFESIÓN: ABOGADO CARGO ACTUAL: SENADOR DE LA NACIÓN

agenda pública presidencial

EL DESAFÍO DE COMBATIR LA INFLACIÓN Y REDISTRIBUIR LOS INGRESOS MARIO RAPOPORT, economista e historiador e investigador superior del CONICET

e todas las cuestiones de política económica que deben tenerse en cuenta en el futuro próximo dos de ellas merecen nuestra atención: el problema inflacionario y la distribución de los ingresos.

EL FENÓMENO INFLACIONARIO Frente al aumento internacional de los precios de las commodities, que tiene un componente especulativo, y como resultado de las mayores tasas de crecimiento interno que se traducen en procesos inflacionarios, en varios países latinoamericanos se aplican regímenes de metas de inflación. Para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esas metas de inflación carecen de sentido en etapas de crecimiento y se parecen mucho a los planes de ajuste en épocas de recesión. En Europa se está viviendo esta última fase, que los países latinoamericanos experimentaron muchas veces. 78

Resolver dos de los grandes problemas de la economía actual requiere reformas profundas, que incluyen una apuesta a la innovación, estimular la inversión y desincentivar la especulación financiera Por ejemplo, las estrictas pautas de Maastricht y las políticas antiinflacionarias del Banco Central Europeo se hicieron trizas con la actual crisis mundial. Ese proceso antiinflacionario ocultaba tras las burbujas especulativas una inflación de ganancias, verdadera generadora de la crisis. Para vencer a la inflación, teniendo por objetivo el crecimiento, no sirve recurrir a políticas monetarias restrictivas o apreciaciones cambiarias. Es preciso, ante todo, desmontar los factores oligopólicos o monopólicos existentes en la Argentina, y los mecanismos que favorecen la especulación financiera frente a la producción. En segundo lugar, incentivar la innovación tecnológica, desarrollar sectores productivos con elevado valor agregado, estimular la inversión pública y privada, y ampliar el mercado doméstico a través de la plena ocupación en empleos formales. Es decir, sostener la demanda agregada, no ahogarla con metas de inflación que en la misma Eu-

ropa no pudieron cumplirse. En tercera instancia, recurrir a un programa de concertación social entre los distintos sectores que impulsan la puja redistributiva. Una cuestión esencial consiste en reconocer el peso del fenómeno inflacionario en los procesos de crecimiento económico. En este sentido la historia económica argentina permite hacer algunas comparaciones elementales que ayudan a comprender mejor las vinculaciones entre ambos factores, ahora y en un pasado cercano. No podemos dejar de mencionar, ante todo, los esquemas de financiarización de la economía, desindustrialización y endeudamiento externo que dieron lugar a procesos hiperinflacionarios (más de un 50% de inflación mensual) ni a las políticas deflacionarias, como la de la convertibilidad, que produjeron una crisis formidable. Pero la comparación más pertinente es con épocas con marcados procesos de industrialización y

PASADO Y LO QUE VENDRÁ

procesos de inflación moderados para el caso argentino. Por ejemplo, entre 1964 y 1965, las tasas de crecimiento fueron del 10,3% y 9,1%, con índices de inflación del 22,2% y el 28,6% por lo cual por un punto de crecimiento hay respectivamente 2,2 y 3,1 puntos de inflación. Por otra parte, desde 2003 a 2006 los índices de crecimiento no bajaron del 8 al 9% anual y los de inflación fueron menores al 10% (todavía no estaban en tela de juicio los índices del INDEC, que deben ser mejorados) por lo que en promedio cada punto de crecimiento para esos años explica 1,6% de inflación. La discusión acerca de la mayor o menor veracidad de los posteriores índices de inflación pueden poner en duda cualquier cálculo que hagamos, pero esos ejemplos permiten explicar mejor la problemática de la inflación, contradiciendo a ciertos economistas ortodoxos que han ubicado a la es-

tabilidad de precios como una meta crucial entre los objetivos de toda política económica. La primera cuestión consiste en insertar el problema de los precios en el lugar que le corresponde dentro de las políticas económicas. Las prioridades son distintas si la economía combina precios moderadamente altos con un aparato productivo funcionando a pleno y tasas de crecimiento satisfactorias. O si los precios no crecen o descienden pero las industrias quiebran, la tasa de desempleo supera el 20% y casi la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, como ocurrió con la época de la convertibilidad y la crisis subsiguiente; o con crecimiento cero e hiperinflación. La segunda cuestión, en cambio, tiene que ver con la búsqueda de medidas adecuadas para que la inflación no se dispare. Los ciclos de crecimiento productivo (no simples productos del en79

deudamiento) vienen acompañados casi siempre de procesos inflacionarios, aunque la inflación tiene que ser entendida en el marco de la problemática argentina particularmente sensible al tema: sus consecuencias negativas han castigado principalmente a los sectores populares y medios, con una disminución del consumo y de los salarios reales. La presencia de una tasa de inflación moderada es un dato que hay que tener en cuenta pero que no puede empañar lo que constituye el objetivo principal de un país en desarrollo: un crecimiento sostenido sobre la base de reconstituir el mercado interno, mejorar la inserción argentina en el mundo, volver a la plena ocupación y hacer más equitativa la distribución de los ingresos.

LA REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Algunos economistas señalan con razón que la distribución de ingresos en la Argentina no puede mejorar si no se cambia la estructura productiva y el país se industrializa, o moderniza industrialmente. Lo dijo alguna vez Aldo Ferrer: un país exclusivamente agroexportador –del tipo de bienes que exportamos- podría alimentar a 300 millones de per80

sonas, pero no dar trabajo a más de diez millones. Incluso, dentro de esos diez millones, la distribución del ingreso es profundamente desigual porque en la Argentina no se formó, como en Canadá, una sólida clase media rural. Antes, los ricos en el campo eran los estancieros, hoy serán otros, pero con seguridad no los trabajadores rurales ni los productores de tierras marginales que no pueden aprovechar la panacea de la soja. De modo que la estructura productiva actual no es inequitativa porque sobran habitantes sino por sus mismas características. Claro está que no siendo una economía de monoproducción, sectores como los servicios y la industria dan empleo a una parte importante de la población argentina cubriendo en algo esa falencia. El rol del Estado debe ser esencial en este proceso, garantizando una mejor distribución de los ingresos. Una de las razones del descalabro mundial en las naciones avanzadas ha sido la intervención del Estado en un sentido inverso, con políticas tributarias regresivas que concedieron suculentas rebajas a las corporaciones y a los más ricos, y premios extraordinarios a los que presiden

esas corporaciones y a los accionistas. La Asignación Universal por Hijo y la ampliación del universo de jubilados van en la dirección correcta, junto con otras medidas de ayuda directa que se han tomado en el país los últimos años y produjeron una notoria disminución de los niveles de pobreza. También contribuyeron a ello la recuperación de los niveles salariales y de las jubilaciones. Para que el país sea más equitativo no basta con transformar el aparato productivo y tener, junto a la agroexportación, una industria moderna que cree mayor valor agregado y más trabajo; hacen falta también otras cosas como la acción del Estado a través de una reforma tributaria progresiva, incluyendo a actividades no gravadas como las financieras. También reformar al mismo sistema financiero haciendo accesible el crédito para empresarios y particulares, en este último caso sobre todo el destinado a la vivienda. El futuro hay que conquistarlo con políticas de largo plazo que trasciendan los efectos favorables de la actual coyuntura económica o los desfavorables de un ciclo económico negativo.

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LOS SUBSIDIOS: DESARMAR La raíz de los problemas argentinos está en el deterioro del Estado; el reparto sin control de subsidios fundó uno de los más nocivos mecanismos de corrupción

LUIS ALBERTO ROMERO, historiador, investigador principal del CONICET y director del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad de San Martín

arto del supuesto -sin duda fuerte- de que un nuevo gobierno remplazará al actual oficialismo. A la hora de las prioridades, casi todos los problemas remitirán a una matriz central. En estos ocho años el kirchnerismo construyó un modo de gobernar, que completó y perfeccionó el rumbo iniciado en 1989 por Carlos Menem. Es un esquema complejo y articulado, que ha generado un grupo amplio de poderosos beneficiarios, y que deja tras de sí un campo minado, que le explotará a quienes vengan tras de ellos. El nuevo gobierno deberá simultáneamente cambiar el rumbo político y desarmar esas bombas de tiempo, lo que requerirá un timing cuidadoso y una gradualidad: iniciar lo nuevo y convivir con parte de lo viejo, aunque apuntando con claridad el camino. En mi opinión, cualquier listado de prioridades específicas -seguramente la inflación y la seguridad estarán a la cabeza- remiten a una de fondo: la madre de los problemas argentinos está en el lamentable deterioro del Estado. Un problema vasto y complejo, que demandará a varios gobiernos un esfuerzo sistemático y prolongado, pero que se expresa en muchas cuestiones específicas, urgentes e impostergables.

Una de ellas son los subsidios distribuidos por el Estado. En lo más hondo de la crisis social fueron un gran bálsamo. Pero a la vez fundaron uno de los más importantes mecanismos de corrupción, que hasta incluye prácticas delictivas o criminales, como lo evidenciaron episodios recientes (muerte del joven Ferreyra, affaire de los medicamentos). También es cuestionable su eficiencia: son universales cuando deberían ser selectivos, como en el caso de los transportes; y son discrecionalmente selectivos en el caso de los subsidios sociales, salvo la novedosa y excepcional Asignación Universal por Hijo. El Gobierno subsidia a algunas empresas de transporte o eléctricas, a obras sociales o a hogares de desocupados. Pero rara vez lo hace directamente. Entre el Estado y el beneficiario final se construye una red intermediaria de empresarios, subcontratistas, organizaciones sociales, como las piqueteras y hasta alguna de derechos humanos o punteros políticos, que se quedan con una parte no menor de los fondos de subsidios, en connivencia con agentes del poder político. Buena parte de la miseria política actual se vislumbra en este fragmento de las políticas públicas. Entre ellas el

PASADO Y LO QUE VENDRÁ

UNA BOMBA DE TIEMPO

manejo discrecional y falto de control de los fondos estatales, la discutible eficacia de su uso -la falta de debate sobre esa y otras cuestiones es una parte importante del problema-, y sobre todo la constitución de una cadena de actores que en sociedad con funcionarios del Gobierno depredan sistemáticamente al Estado. En general son males antiguos. Remontan a mediados del siglo XX, cuando el Estado tomó el camino de la prebenda, la colusión y la colonización de sus oficinas por agentes de los prebendados. Se agudizaron cuando a mediados de los años 70 comenzó el llamado “achique” del Estado -lo que más se achicó fueron los mecanismos de control- y se acentuó en los 90, cuando las privatizaciones abrieron la puerta a la depredación plena. Probablemente -lo indica el sentido común, aunque no hay estudios concluyentesesto creció cualitativamente en la última década, y aunque no fue el único, los subsidios fueron un instrumento importante. Los efectos colaterales de esta larga historia de colonización y depredación han sido la corrosión de la herramienta estatal, instrumento indispensable para la ela83

boración y ejecución de políticas de interés general. No es la única causa, pero sí la más importante. Enfrentar este problema es necesariamente una prioridad para cualquier gobierno que aspire a fundar su legitimidad en la honestidad y en la transparencia, como creo que será el caso del próximo. Mantener esta situación sin modificaciones destruiría su autoridad moral y, además, lo privaría de mejorar la herramienta estatal, sin la cual no habrá buen gobierno posible. Tampoco puede suprimir los subsidios de un plumazo, pues más allá de su relativa ineficiencia, son una parte importante de las escasas políticas de contención social que el Estado asume, y cumplen una función indispensable en la difícil subsistencia del amplio sector de la pobreza. Hay una segunda razón para obrar con prudencia: los beneficiarios de la corrupción generada por este régimen -por ejemplo el establishment sindical- son poderosos, y el nuevo gobierno deberá hacer un cuidadoso cálculo de fuerzas antes de enfrentarse con ellos. Otra cuestión complica el problema y muestra la imbricación de los elementos del modelo de gobierno vigente, lo difícil de su desarticulación y los riesgos del 84

“campo minado”. Los cuantiosos fondos demandados por el sistema de subsidios -parte del problema es que no sabemos cuántos sonprovienen de la fuerte concentración de ingresos fiscales en manos del Ejecutivo, de libre uso, provenientes de las sucesivas delegaciones por parte del Congreso. Este hecho, muy censurable, hace a otra cuestión que habrá que encarar: el restablecimiento de las instituciones republicanas. Indudablemente, el gobierno futuro debe restituir al Congreso su injerencia en materia presupuestaria. Es otra prioridad política que hace a su legitimidad moral; y no se trata sólo de principios, pues esa legitimidad será indispensable a la hora de medir fuerzas con los intereses corporativos. Pero la restitución de esas facultades abrirá una discusión sobre las prioridades presupuestarias, paralizada durante una década. Será ardua, y en lo inmediato probablemente significará una reducción en los fondos libremente disponibles por el Gobierno. Se trata de encontrar un buen mix entre el establecimiento de una línea política de largo plazo sobre los subsidios, los tiempos de su modificación, sustituyendo las formas que se descarten por otras mejores y más eficientes, y la arti-

culación de los apoyos sociales y políticos. Por ejemplo: declarar que el propósito general es la universalización de los subsidios sociales, o bien su focalización en los sectores necesitados, en el caso del transporte y la electricidad. En el Congreso, negociar un ajuste graduado y por pasos de los fondos destinados al “agujero negro” de los subsidios. Combinar la reducción del monto de recursos con la utilización de lo recuperado de las distintas bolsas de la corrupción. Un discurso que coloque al Estado en el lugar de la justicia social y a los corruptos en el de los explotadores del pueblo puede crear la necesaria base política para una batalla que no es menor, pues se juega la suerte de la necesaria reforma general del Estado -de la que los subsidios son sólo una parte- y la recuperación de sus agencias -por ejemplo la que asigna los fondos a las obras sociales, capturada por el sindicalismo-, su burocracia, su normativa, sus instrumentos de control y sus ámbitos de reflexión. En suma, todo lo que puede permitirle a un gobierno, que será de transición, desarmar el modelo heredado y sus bombas de tiempo, y poner en pie el Estado de una democracia republicana.

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UNA DEUDA COLECTIVA:

el demorado camino al fortalecimiento institucional SERGIO BERENSZTEIN, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella

Fijar reglas de juego y respetarlas sería un primer paso para mejorar la calidad de la democracia argentina; el siguiente, que los actores del sistema político y los ciudadanos se adapten a esos códigos compartidos

esde hace décadas la Argentina carece de un conjunto de reglas de juego estables y transparentes surgidas de un consenso democrático. Tanto en el ámbito político como en el económico son moneda corriente la modificación y la manipulación de las normas, sujetas a designios discrecionales en función de objetivos de corto plazo. Los costos reputacionales para el país son inmensamente más relevantes y duraderos que los eventuales beneficios obtenidos por un gobierno o un sector en particular. Así, se genera incertidumbre, altísimos costos de transacción, se promueve la desesperanza y las sospechas de corrupción. En síntesis, se trata de una receta perfecta para promover el subdesa86

rrollo y la inequidad social. Llevamos largos años repitiendo estos errores y sin embargo brillan por su ausencia los reclamos claros, amplios y perseverantes por revertir la débil calidad de las instituciones. Los principales actores económicos, políticos y sociales así como el resto de la ciudadanía toleramos la improvisación y las reacciones espasmódicas aún cuando esto nos aísle del mundo, devalúe nuestra credibilidad e impida nuestro progreso. A menudo nos quejamos de la falta de “políticas de Estado”, ajenas a los cimbronazos tan característicos de nuestra trayectoria político-institucional. Ignoramos lo macro y nos preocupamos por lo micro. Nos distraen los árboles pero desdeñamos el bosque.

En una sociedad moderna y democrática, las políticas de Estado se encuentran sometidas al debate y al escrutinio de los actores políticos y sociales de forma permanente. Es la única forma de identificar errores y de introducir los ajustes parciales y sucesivos que requieren todos los programas de política pública. Si nos enamoramos de los instrumentos de política al margen del contexto y de su impacto real, y nos negamos a revisar su validez y su relevancia, corremos el riesgo de convertir una solución parcial y temporaria en un problema grave y con consecuencias negativas de mediano y largo plazo. Por ello resulta fundamental focalizar en la calidad y transparencia de los arreglos político-institucionales, con vistas

PASADO Y LO QUE VENDRÁ

Las alianzas que se quiebran en pedazos son síntomas de la debilidad institucional

a asegurar que todos los actores puedan deliberar democráticamente sobre las prioridades, los instrumentos y los resultados de la política pública. Las instituciones coordinan el comportamiento de los agentes y, en tanto que creencias y valores, los motivan a seguir reglas permitiendo la articulación de la acción colectiva. Al generar un marco de normas preestablecido, las instituciones incentivan comportamientos previsibles y conforman un sistema que promueve la identificación de los individuos con los comportamientos esperados, dando lugar a un mecanismo que tiende a reproducirse en el tiempo. Sin embargo, no basta con que existan los procedimientos si no hay actores que se adecuen a las normas. Es necesario que los ac-

tores estratégicos –es decir, aquellos individuos, grupos u organismos capaces de influir en el funcionamiento de las reglas y en el proceso de toma de decisiones– y la gente en general, adopte las reglas porque considera que éstas serán beneficiosas para el interés conjunto, más allá de que puedan generar pérdidas o efectos adversos en un corto plazo. Esta es una responsabilidad del conjunto de la sociedad argentina, pero fundamentalmente de los sectores que tuvimos el privilegio de desarrollar nuestros proyectos de vida y realizar nuestros sueños individuales. La sociedad argentina deberá abandonar el ensimismamiento en el que está inmersa y comprender que sin un conjunto de reglas de juego específicamente diseñadas para forta-

lecer el sistema democrático, el Estado de Derecho y un modelo de crecimiento equitativo y sustentable, las barreras que obstaculizan el camino hacia el progreso económico y social serán cada vez más inquebrantables. Los líderes políticos que vienen tendrán que abandonar las soluciones esporádicas y los compromisos volátiles, y abocarse a construir un marco institucional sólido que proteja mediante la seguridad jurídica los derechos de propiedad, la libertad de la empresa y la garantía del cumplimiento de los contratos. Sólo en un contexto de previsibilidad y certidumbre podrá la Argentina embarcarse en un crecimiento sostenido que traslade sus beneficios a todos los sectores de la sociedad. 87

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El factor de poder más temido U

na preocupación, admitida públicamente o reservada para la más absoluta intimidad, une a todos los precandidatos para la próxima elección presidencial. En los primeros lugares del ranking de los desafíos para un próximo gobierno todos ubican siempre e inexorablemente al jefe de la CGT, Hugo Moyano, y a la dirigencia sindical que él encarna. A la espiral de reclamos salariales, como consecuencia de la temida inflación, que todos prevén, los aspirantes a la primera magistratura suman los gravísimos episodios criminales (desde homicidios hasta estafas con meCLAUDIO A. JACQUELIN, secretario de Redacción de La Nación

dicamentos falsos y defraudación al Estado) en los que se han visto involucrados los dirigentes gremiales, y sobre todas las cosas, el enorme e irrenunciable poder ganado, capaz de condicionar a cualquier gobierno. Nunca el sindicalismo peronista logró tanto poder con una administración nacional, con la breve excepción, claro, del sangriento crepúsculo del último gobierno de Perón, tutelado por lo que la izquierda de entonces llamaba la “burocracia sindical”, a la que respondía el entonces joven Moyano. Si para el primer gobierno de la recuperación democrática la dirigencia cegetista con su capacidad de movilización (más el apoyo, la complacencia o la com-

Nunca el sindicalismo peronista logró tanto poder como en los últimos ocho años; definir cómo será la relación con Moyano y la CGT aparece al tope de la agenda de prioridades políticas del próximo gobierno plicidad de un buen sector del empresariado) fue un enorme escollo que los propios errores de la administración alfonsinista hicieron insalvable, la actualidad logra empalidecer aquellas imágenes. En estos últimos ocho años el gremialismo oficialista, en sus diversas variantes, ha logrado sintetizar en su provecho, como si fueran proteínas, las ventajas obtenidas en los defenestrados años 90, cuando muchos aceptaron canjear derechos de los trabajadores por negocios (uno de cuyos paradigmas es el del ferroviario José Pedraza), con la recuperación de la capacidad para parar literalmente el país, la (en muchos caso justa) restauración de beneficios laborales enajenados, la continuidad del monopolio de la representación sindical, la ocupación de puestos estatales claves para sus finanzas o en empresas reestatizadas, el virtual control de ministros y altos funcionarios que han sido empleados de los gremios y la consagración legislativa de algunos dirigentes, liderados por uno de los más destacados abogados labo-

PASADO Y LO QUE VENDRÁ

Hugo Moyano se propone aumentar el poder político de la CGT y hasta sueña en público con un sindicalista en la Presidencia

ralistas, para elaborar leyes en beneficio de su modelo. Semejante poder, que ya no depende de lo que el Gobierno de turno le conceda, sino que tiene recursos para ser autónomo, sólo ha encontrado en los últimos años algún dique de contención en la Justicia: allí están, por ejemplo, los sucesivos fallos de la Corte que, como bien lo ha señalado el sociólogo especializado en sindicatos Héctor Palomino, han pretendido con relativo éxito poner coto a ese bastión de la antidemocracia que es la ley de asociaciones sindicales. También están (aunque con paso sugestivamente zigzagueante) las investigaciones judiciales por fraude al Estado en beneficio de la caja del poder gremial que

son las obras sociales sindicales, legadas por la dictadura de Juan Carlos Onganía. En cambio, menos eficiente han sido los tribunales a la hora de averiguar los extraños asesinatos de dirigentes sindicales, empezando por el del tesorero del gremio del propio Moyano, Abel Beroiz. En este escenario, el 15 de octubre del año pasado, ante más de 40.000 personas, pero sobre todo frente a Cristina y Néstor Kirchner, Moyano afirmó: “Los trabajadores (léase, los sindicalistas) tienen que dejar de ser un elemento de presión y convertirse en un factor de poder”. La realidad antes descripta permite comprobar que sólo se trató de falsa modestia, de una cuidada advertencia, con miras

al próximo proceso electoral, y de una reedición de la bien aprendida estrategia permanente de preservar y acumular poder, que el fundador del movimiento peronista dejó en su Manual de Conducción Política, como bien lo señala el sociólogo y estudioso del gremialismo peronista Juan Carlos Torre. En verdad, aquella frase fue entonces toda una advertencia para toda la dirigencia política, representada por Néstor y Cristina Kirchner. No resulta difícil entender, entonces, por qué buena parte de las preocupaciones, interrogantes, desvelos y pesadillas de los candidatos presidenciales tienen el rostro de Hugo Moyano y sus compañeros de ruta. 89

2011 ELECCIONES

Entre marzo y noviembre el país elegirá el Presidente para los próximos cuatro años, 21 gobernadores, el jefe de gobierno porteño, la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, un tercio de los senadores y más de 1.000 intendentes. Un nuevo sistema electoral se pone a prueba a nivel nacional, con las elecciones internas abiertas y obligatorias, aunque faltan reformas profundas para mejorar la transparencia electoral. Escriben: Julia Pomares, Marcelo Leiras, Ana María Mustapic, Nicolás Fernández Arroyo y periodistas de diarios de todo el país.

agenda pública presidencial

TIEMPOS DE CAMBIO PARA LAS REGLAS ELECTORALES Se estrena un mecanismo electoral, el de las internas abiertas, que puede ser considerada la modificación más ambiciosa desde la reforma constitucional de 1994; la forma en que se aplique por primera vez dejará una marca para el futuro

JULIA POMARES, directora del Programa de Política y Gestión de Gobierno de CIPPEC

as de 2011 serán las elecciones nacionales número 16 desde 1983, pero serán también las primeras en las que se implementen cambios muy importantes a las reglas electorales. Este hecho ha pasado bastante inadvertido, lo que es aún más sorprendente si contrastamos la estabilidad de nuestras reglas con la alta frecuencia de reformas electorales registrada en la región. En los 28 años de democracia ininterrumpida, las modificaciones más importantes al régimen electoral argentino fueron sólo cinco: la reforma constitucional de 1994 del sistema electoral para elegir la Presidencia de la Nación y el Senado, las modificaciones legislativas para introducir una cuota por género femenino en la selección de cargos legislativos en 1991 (fue el primer país en el mundo en hacerlo), las modificaciones al régimen de financiamiento de partidos políticos en 2002 (derogadas 92

por los cambios de 2007) y los cambios al Código Electoral y al régimen de partidos políticos y su financiamiento introducidos por la Ley 26.571, de diciembre de 20091. Esta última es sin lugar a dudas la reforma electoral más ambiciosa desde la reforma constitucional. Por ello, la trascendencia de la Ley 26.571 no debería pasar inadvertida y su primera implemen-

La demora en concluir la reglamentación de una ley sancionada hace 15 meses hace recordar que las primarias habían sido introducidas en 2002 pero fueron suspendidas en 2003 y derogadas en 2006

tación en 2011 requiere especial atención y apoyo no sólo por parte de la comunidad política sino también de la sociedad civil. La ley modifica cuatro aspectos fundamentales de la administración y regulación electoral: pone en marcha la digitalización del registro de electores; modifica las reglas de personería de los partidos

políticos –hace más difícil conformar un partido y mantenerlo–; vuelve el sistema de financiamiento de campañas electorales mayormente público, e introduce las primarias abiertas y obligatorias para elegir candidaturas para todos los cargos nacionales. ¿Qué implican estos cambios? Con respecto al registro de electores, que abandonemos las fichas en papel y tengamos finalmente un padrón digitalizado (¡más vale tarde que nunca!) trae aparejado –como sucede generalmente con la introducción de tecnologías de la información y la comunicación– su centralización y esto tiene importantes consecuencias. Por un lado, disminuye las prerrogativas de los juzgados federales y aumenta las de la Cámara Nacional Electoral. Por otra parte, la centralización aumentará las capacidades de coordinación entre distritos y permitirá mayor celeridad y veracidad en la actualización de datos. En segundo lugar, las nuevas reglas de conformación y mantenimiento de partidos políticos buscan dar respuesta a la proliferación de partidos de la última década que tuvo como una de

ELECCIONES 2011

sus principales consecuencias una oferta electoral cada vez más voluminosa, compleja y confusa para el elector. Al momento de sancionarse la Ley 26.571 existían en el nivel nacional 659 partidos de distrito y 38 partidos nacionales con reconocimiento legal. Si bien los nuevos requisitos son aún poco exigentes si los comparamos con los de los partidos políticos de la región, constituyen un importante paso para ordenar la oferta electoral. El tercer elemento clave de la reforma, el nuevo régimen de financiamiento de las campañas electorales, es quizás el más ambicioso. El dinero en la política es un problema aquí y en todas partes del mundo. A partir de estas

elecciones, la contratación de publicidad audiovisual será potestad del Estado y la distribución de los fondos, más igualitaria. Se busca así generar mayores condiciones de equidad en la competencia. Esto será así si se regula la publicidad oficial y si se logra hacer efectivo el control y el régimen de sanciones por incumplimiento. En un sistema tan descentralizado, la escasa regulación de las campañas electorales provinciales podrá ser el agujero negro de la reforma. Por último, las primarias abiertas como método de selección de candidaturas a todos los cargos nacionales fueron reintroducidas por la ley de 2009. Dado que en marzo de 2011 aún no han sido

reglamentadas en aspectos importantes y todo parece indicar que los principales partidos y alianzas llegarán a dicha instancia con la candidatura presidencial ya elegida, será clave evaluar su desempeño y si cumplen con la función esperada. La demora en concluir la reglamentación de una ley sancionada hace 15 meses no contribuye a ahuyentar la casi inevitable sensación de déjà vu que provoca el hecho de que las primarias habían sido introducidas en 2002 pero fueron suspendidas en 2003 y derogadas en 2006. También en 2011 varias provincias estrenan reglas en sus procesos electorales. A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, en el orden provincial las 93

agenda pública presidencial

reformas electorales (tanto por vía constitucional como legislativa) han sido muy frecuentes desde 1983. Entre los cambios más importantes en los procesos electorales provinciales se encuentran la descentralización comunal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la creación de un fuero electoral en Córdoba, la introducción de primarias abiertas y obligatorias para elegir candidaturas (San Juan y provincia de Buenos Aires) y el abandono de la boleta partidaria en Santa Fe y Córdoba, mientras que dos provincias continuarán experimentando con sistemas de votación electrónica (Salta y la provincia de Buenos Aires). El cambio en el instrumento para

emitir el voto constituye un tema no abordado por la reforma nacional (sólo se agregaron colores y fotos a la boleta partidaria) y pendiente. En términos más estructurales, sin embargo, la principal asignatura es el diseño de la administración electoral en un sistema profundamente descentralizado. La diversidad de reglas electorales permite la innovación y experimentación, pero también hace mucho más complejos los procesos electorales y dificulta la regulación y fiscalización. Necesitamos darnos una discusión sobre el federalismo electoral argentino, instando a diseñar esquemas novedosos de coordinación entre el nivel nacional y el provincial –de forma

similar a lo que se hace en políticas públicas descentralizadas como la educación–. Pero antes nos compete concentrarnos en los importantes cambios del proceso electoral 2011. A cambios grandes, desafíos grandes. La sociedad civil debe desempeñar un monitoreo y control responsable de la implementación de la ley, tener un rol activo en la difusión de las nuevas reglas y, con posterioridad a la elección, efectuar una evaluación exhaustiva de las consecuencias de estos cambios en la calidad de los comicios. Garantizar procesos electorales equitativos es la condición mínima pero no por eso menor de una democracia con equidad.

La normativa sobre cupo femenino de 1991 corresponde a la Ley 24.012 y la ley de 2002 es la Ley 25.600 derogada por la Ley 26.215 (de modificación de financiamiento de partidos) de 2007. No contamos aquí a la ley de internas abiertas de 2002 (Ley 25.611) que fue derogada en 2006 sin que llegara a ser implementada.

ELECCIONES 2011

OTRO PERÍODO QUE TENDRÁ UN CONGRESO FRAGMENTADO

C MARCELO LEIRAS, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés e investigador principal de CIPPEC

Las proyecciones de renovación legislativa marcan que quien gane las próximas elecciones casi con seguridad deberá compartir el Poder Ejecutivo si quiere gobernar con apoyo parlamentario

omo muestra lo ocurrido en 2010, gobernar la Argentina sin el apoyo de mayorías estables en el Congreso es posible, pero difícil. El próximo presidente podrá elegir: repite la experiencia del período legislativo anterior o construye una coalición de mediano plazo. La segunda opción es preferible. Pero puede adoptar distintas formas dependiendo de que quién gane la Presidencia y de cómo se arme la coalición. Los presidentes argentinos pueden gobernar con apoyo legislativo intermitente. Pueden buscar el apoyo de segmentos de los bloques no oficialistas para cada uno de sus proyectos de ley y emitir decretos cuando no lo encuentran. Este modo de legislar es ineficiente y riesgoso. Sin un acuerdo de mediano plazo, en cada votación los aliados circunstanciales se vuelven imprescindibles, lo que les permite reclamar más ajustes en la redac-

ción de las leyes y más subsidios u otras compensaciones materiales que los que ordinariamente demandarían los miembros de una coalición estable. El gobierno unilateral del Ejecutivo evita estos costos, pero priva al oficialismo del acompañamiento indispensable para el éxito de cualquier iniciativa ambiciosa, concentra en la Presidencia la responsabilidad por los resultados de las políticas y compromete la legitimidad representativa de las decisiones. Por eso, gobernar con una coalición legislativa estable es preferible a gobernar con apoyo circunstancial e intermitente. La fragmentación actual del Congreso de la Nación dificulta la formación de coaliciones. En la Cámara de Diputados hay 35 bloques, 24 de los cuales tienen tres integrantes o menos. Los 72 miembros del Senado se dividen en 24 bloques, 16 de ellos son unipersonales. El Frente para la 95

agenda pública presidencial

Victoria (FpV), primera minoría en ambas Cámaras, reúne sólo el 34% de los diputados y 42% de los senadores. El resto de los bloques es mucho más pequeño. Esta fragmentación, que los próximos resultados electorales no reducirán significativamente, plantea desafíos de distinta magnitud a cada uno de los principales aspirantes a la Presidencia. Un próximo presidente radical necesitaría formar una coalición multipartidaria en la Cámara de Diputados y obtener respaldo de una porción importante de los senadores de las provincias que gobierna y seguirá gobernando el justicialismo. Para un presidente de este partido, la opción de gobernar sin coalición estable, de tan costosa, se haría imposible. Otra Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que sería más factible si el triunfo se da en primera vuelta, seguramente vendría acompañada de un contingente de diputados oficialistas más numeroso y de algo más cercano a una mayoría en el Senado; un panorama parecido al de diciembre de 2007. Como se recordará, esas estrechas mayorías no bastaron para 98

aprobar la resolución 125 en julio del año siguiente. Mi conclusión: dado el nivel de fragmentación existente, conviene reforzar el apoyo al gobierno aun en el caso de los legisladores elegidos en las listas oficialistas e independientemente de quién gane la elección.

Distribuir el poder, la responsabilidad y los recursos del Ejecutivo compromete a los aliados del oficialismo con el gobierno y les da incentivos para respaldar la gestión

Hay presidentes que gobernaron eficazmente con Congresos muy fragmentados. Los ejemplos más cercanos y notorios son Fernando H. Cardoso y Lula Da Silva, quienes cimentaron sus coaliciones de gobierno asignando Ministerios a los partidos que votaron con el oficialismo en el Congreso. Distribuir el poder, la responsabilidad y los recursos del Ejecutivo compromete a los aliados del oficialismo con el gobierno y les da incentivos para respaldar la gestión

cuando las decisiones son polémicas o generan resistencia política y social. Adaptar esta modalidad al caso argentino requiere motivar la adhesión de los partidos y líderes provinciales. El 16% de los actuales diputados y el 39% de los senadores integran bloques con presencia en una sola provincia. Los miembros de los bloques más grandes también tienen fuertes lazos con sus organizaciones distritales. El apoyo de estos legisladores será indispensable para cualquiera de los presidentes que sea elegido en octubre. Desde 1983, los presidentes confiaron los Ministerios a políticos porteños, bonaerenses o de sus provincias de origen. La existencia de partidos nacionales fuertes y disciplinados en un Congreso con dos grandes bloques permitió sostener esta distribución ministerial. Esos partidos y ese Congreso ya no existen. Adaptar en consecuencia el modo de construir las coaliciones de gobierno no es indispensable, pero como lo sugiere la teoría y confirma la experiencia, permitiría gobernar más eficazmente y con menos sobresaltos.

LA BOLETA ÚNICA, UNA BUENA SALIDA

ANA MARÍA MUSTAPIC, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro del Consejo de Administración de CIPPEC

na vez más se discuten las reglas de juego electoral cerca de los comicios. A pocos meses de la elección presidencial, y con una reforma electoral recientemente aprobada, el partido de gobierno inició un debate sobre la legalidad de las llamadas “listas colectoras”. Una lista colectora permite que el integrante de una alianza que presenta candidatos para una categoría -ya sea presidente, diputado, senador, gobernador- pueda ir en una misma boleta junto a candidatos de otras categorías para la cual no formó alianza o no presentó candidatos propios. Así, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner estaría dispuesta a ir en dos boletas diferentes: en una acompañaría la candidatura a gobernador de Daniel Scioli y, en la otra, la de Martín Sabbatella. Obviamente, esta estrategia busca ventajas. Para la candidatura presidencial se trata de sumar votos desde distintos sectores. Para el que va pegado a esa candidatura, los votos que pueda sumar gracias al “arrastre”, que opera en particular con las candidaturas a cargos ejecutivos. Como estos candidatos son perfectamente identificables, la ten-

dencia del votante es colocar en el sobre la boleta entera en la que figura su candidato presidencial. Quizá no se detenga a analizar quiénes son los candidatos para el resto de los cargos. Desde un punto de vista político, los más afectados por la estrategia de las colectoras son los intendentes que apoyan al gobierno nacional y su esquema de poder en los Concejos Deliberantes. Scioli podría también perder algunos votos asociados a una confusión del votante frente a dos listas encabezadas por la misma candidatura presidencial. En este escenario, el actual gobernador de Buenos Aires puede perder votos respecto de la elección anterior, pero no la reelección, según marcan las encuestas. En cambio, esos votos de menos de Scioli podrían hacer perder la intendencia o la mayoría en un Concejo Deliberante a varios intendentes. Las colectoras disminuyen la calidad del proceso electoral porque juegan con la confusión del votante. Tras la introducción de las primarias, debilitan aún más a los partidos como asociaciones capaces de decidir quiénes llevarán adelante sus propuestas. Es llamativo que se introduzcan las primarias para dirimir las candidaturas y luego se vuelva a abrir la competencia en la elección general, al respaldar, con las colectoras, a candidatos distintos para el mismo cargo. El debate sobre la legalidad de las colectoras en la nueva ley electoral renueva la oportunidad de

ELECCIONES 2011

adoptar la boleta única como sistema de votación. La boleta única permite que el elector arme su propia “colectora” al combinar en sus opciones candidaturas de distinto origen partidario. A su vez, refuerza el sistema de partidos porque aumenta el énfasis en la etiqueta e identidad programática de cada fuerza política. La introducción de la boleta única suscita planteos adversos en algunos actores porque, en ocasiones, puede disminuir el efecto arrastre de la candidatura de mayor jerarquía hacia los cargos inferiores. Por eso, los intendentes del conurbano podrían oponerse a las colectoras y a la boleta única. Con el actual sistema de votación, los intendentes proponen al gobierno nacional un contrato de “votos locales por el monopolio del arrastre”. En el caso del gobierno nacional, su oposición pública a la boleta única estuvo fundada en la potencial complejidad de implementar el sistema en una elección de múltiples cargos. Pero la experiencia de la mayoría de los países de la región y del mundo que utilizan este sistema muestra que las dificultades pueden ser sorteadas. De hecho, Córdoba y Santa Fe ya adoptaron este sistema y lo implementarán en sus elecciones a cargos provinciales. Frente a una ley electoral nacional con aspectos positivos, la boleta única es la gran ausente para un proceso más completo de modernización y transparencia. 99

UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA LOS MUNICIPIOS agenda pública presidencial

Más autonomía y una apuesta firme al fortalecimiento de los liderazgos locales son desafíos que pueden empezar a cumplirse a partir del recambio de fin de año

NICOLÁS FERNÁNDEZ ARROYO, director del Programa de Desarrollo Local de CIPPEC

ste año electoral significará también la renovación de la escena política a nivel local, esa porción del Estado más cercana a los ciudadanos. Además de elegir presidente de la Nación, gobernadores, diputados, senadores y legisladores, entre otros cargos nacionales y provinciales, se celebrarán elecciones para cargos municipales en 21 provincias argentinas y 1.032 municipios podrán tener nuevo intendente. Ante este escenario, es clave poner en agenda los principales desafíos que presenta el panorama local y la importancia de fortalecer los liderazgos municipales. En un contexto donde las reformas políticas y económicas fueron empujando a los municipios a asumir tareas y roles cada vez más activos, resulta fundamental poner la lupa sobre cuestiones referidas a la generación de recursos y a la problemática 100

de la autonomía, para promover un debate que redunde en soluciones efectivas para los ciudadanos. Este es el único camino para que el recambio electoral se convierta en una ventana de oportunidad para saldar las deudas con esos espacios de relacionamiento casi directo entre representantes y representados. Entre los diversos desafíos que el nuevo escenario político deberá enfrentar, el reconocimiento de la autonomía municipal de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza se revela como uno de los prioritarios. A casi 17 años de la reforma constitucional de 1994, que reconoce a los municipios su capacidad de regular las actividades y administrar los intereses de su comunidad a través de sus normas y órganos de gobierno propios, aún no se ha introducido la modificación en sus Constituciones provinciales. También es imprescindible avanzar en el dictado de cartas orgánicas, ya que existen más de 200 municipios que tienen la capacidad de autonormarse pero aún se rigen por la Ley Orgánica de Municipios provinciales. De hecho, de los 1.032 municipios que renova-

rán intendente este año, sólo 111 poseen este conjunto normativo propio, lo que los habilita por ejemplo a separar sus elecciones municipales de las provinciales. El retraso institucional de la provincia de Buenos Aires resulta más grave. Del conjunto de municipios que renuevan intendente, los 134 distritos bonaerenses representan poco más del 10%. Sin embargo, las elecciones en esta provincia son centrales porque en términos poblacionales estos distritos representan más del 45% de los habitantes del total de municipios que elegirán intendentes. En estas elecciones el partido que más pone en juego es el Frente para la Victoria, ya que hoy gobierna el 65% de los municipios de esa región. Las transformaciones dentro del entramado institucional argentino desde el retorno de la democracia tuvieron como resultado un aumento de las responsabilidades y funciones de los gobiernos locales. No obstante, esto no se vio reflejado en un paralelo crecimiento de recursos económicos, financieros y técnicos, lo que perjudica la amplitud del horizonte de acción sobre la calidad

ELECCIONES 2011

de vida de los ciudadanos. Más aún cuando en los últimos años la capacidad de los municipios de financiar sus propios gastos disminuyó, al tiempo que aumentó la dependencia directa de los recursos que obtienen por medio de la coparticipación provincial y otros ingresos nacionales. So pena de seguir taponando la posibilidad de gestiones más eficientes, el recambio político deberá tomar a su cargo el desafío del financiamiento y búsqueda de recursos propios de los gobiernos municipales. Mayor capacidad de inversión pública, social y en infraestructura es un imperativo para poder hacer frente a las exigencias cada vez mayores que reciben los liderazgos locales. En este sentido, será fundamental discutir un proceso integral de descentralización más justa de los recursos, así como generar mayores niveles de riquezas a partir de la

atracción de inversiones privadas y el aprovechamiento de fondos de cooperación internacional para proyectos de fortalecimiento de las instituciones locales y de desarrollo económico local. También

Se debe promover el debate sobre las deudas pendientes con los municipios; nada podrá saldarse sin una apuesta firme al fortalecimiento de los liderazgos locales tienen mucho margen para mejorar los niveles de cobranza, limitar evasión de las tasas locales y estrechar la comunicación municipio-contribuyente. Promover el debate sobre las deudas pendientes con los municipios es una tarea impostergable

en una coyuntura electoral, pero nada de esto podrá saldarse sin una apuesta firme al fortalecimiento de los liderazgos locales. Para seguir avanzando sobre los logros obtenidos en los últimos años por los municipios, el panorama político post elecciones deberá apostar a la construcción de decisores locales autónomos y con mayor capacidad de respuesta ante las crecientes demandas de sus ciudadanos. Además, deberá tender hacia la institucionalización de canales de participación ciudadana en el proceso decisorio y a la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión municipal, a partir de la cual puedan acercarse a las nuevas generaciones. Sólo con estos objetivos en mira podrá avanzarse aún más en el camino hacia una mejor gestión local. El recambio electoral es, sin dudas, una gran ventana de oportunidad para lograrlo. 101

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LA BATALLA DECISIVA, EN UN VACÍO DE LIDERAZGO

BUENOS AIRES ELECTORES HABILITADOS: 10.600.000 INCIDENCIA NACIONAL: 37,2% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: DANIEL SCIOLI (FRENTE PARA LA VICTORIA)

La muerte de Kirchner y el retroceso de Duhalde ponen a la mayor provincia del país ante un desafío especial, con un oficialismo dividido y una oposición que intenta sacar partido de esas tensiones Se vota en todo el país, pero gana el que conquista Buenos Aires. Es una ley no escrita de la política nacional que más que nunca se toman al pie de la letra los principales candidatos a gobernar la Argentina: pasan horas y horas en recorridas muchas veces silenciosas por los barrios del superpoblado conurbano bonaerense y en giras por el inmenso interior de la provincia. Pero esta vez el desafío viene con una carga adicional de dramatismo: por primera vez en dos décadas el peronismo bonaerense, que gobierna desde 1987, quedó huérfano de liderazgos y sometido a tironeos de tono fratricida que ponen en peligro su hegemonía o al menos amenazan la relativa paz interna que se impuso en 2005, cuando Néstor Kirchner le arrebató en las elecciones legislativas el control político del territorio a Eduardo Duhalde. La muerte de Kirchner, posterior a su sorpresiva derrota de 2009 ante el frente opositor que encabezó

MARTÍN RODRÍGUEZ YEBRA, periodista de La Nación

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Francisco de Narváez, colocó al gobernador Daniel Scioli en una posición delicada. Ya no tiene encima un jefe político dedicado a manejarle el distrito y muchas encuestas lo ubican como la figura política con más posibilidades de ganar la Presidencia en una primera vuelta. Pero saltar a la pelea nacional implicaría enfrentar a la presidenta Cristina Kirchner y romper su lazo con el proyecto que lo llevó al poder. Por eso, empezó a resignarse pronto a una reelección en La Plata, lejos de su plan soñado. Y entonces descubrió que esa suerte de Plan B no será el paseo que había previsto. El apoyo de la Casa Rosada a la candidatura de Martín Sabbatella, un kirchnerista de la centroizquierda no peronista, amenaza con restarle a Scioli un buen caudal de votos. El infierno más temido: de ser un presidenciable con opciones claras de triunfo puede convertirse en el primer gobernador bonaerense derrotado en la aventura reeleccionista. Es todavía una posibilidad remota. Los opositores tienen sus propios problemas para encontrar un rumbo ganador. De Narváez se colocó en una posición amenazante con su victoria ante Kirchner en 2009, pero pronto se embarcó en un proyecto presidencial destinado a chocar con limitaciones judiciales. Cuando volvió a Buenos Aires estaba de nuevo remando de atrás. Aún tiene que resolver si, como parece, revive su alianza con Mauricio Macri y cómo se relaciona con la estructura remanente del duhaldismo. La UCR y sus aliados enfrentan dilemas más complejos. El principal: encontrar un candidato. Margarita Stolbizer podría repetir, en busca de una sorpresa, acompañando la boleta nacional del radical que termine por pelear la Presidencia en octubre. Elisa Carrió ya anunció que quiere defender su propia opción electoral, con el diputado Juan Carlos Morán como representante de la Coalición Cívica para la Gobernación. ¿Podrá Scioli fortalecer su oferta electoral para limitar al mínimo el efecto Sabbatella? Las listas colectoras

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

Cristina Kirchner y Daniel Scioli, una relación tensa que marca el año electoral

que apoya la Casa Rosada –artilugio que sobrevive pese a las promesas oficiales de que habían desaparecido de la ley con la última reforma electoral- buscan recopilar todos los votos posibles para una candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Si es verdad que Sabbatella puede aportarle votos “por izquierda”, también lo es que la sangría que podría afectar a Scioli tiene una magnitud impredecible, gracias al arcaico sistema de votación de boletas pegadas. ¿Cuántos puntos puede resignar el gobernador sin riesgo de ser superado por la primera opción opositora, en una provincia en la que se gana con un solo voto más? El cálculo inquieta en la Gobernación cuando se miran los resultados de 2009, en los que De Narváez llegó a los 35 puntos y la “fórmula” oficialista Kirchner-Scioli quedó tres puntos por debajo, con Sabbatella sumando cinco puntos y medio en solitario. Pero detrás de la maniobra para fortalecer a la Presidenta (y de los prejuicios ideológicos de un influyente sector del kirchnerismo hacia el gobernador) se vislumbra también una decisión del núcleo íntimo del poder

de limitar el potencial de Scioli, ante la hipótesis de una doble reelección en la Nación y la provincia. Sobre todo cuando la Presidenta no tendrá acceso a otro mandato más y su triunfo en octubre podría desatar una rápida carrera en el peronismo por la sucesión. Los meses finales de campaña mostrarán si esa tendencia se acentúa. O si crecen las opciones de una construcción opositora en el orden nacional que empuje un cambio de signo en la provincia. Hubo poquísimas excepciones a lo largo de la historia de un proyecto político que gane el país y pierda la provincia. Las dos campañas marcharán inexorablemente relacionadas hasta el gran final. El que gane se quedará con un botín preciado. Pero de inmediato tendrá que lidiar con una carga explosiva: gobernar el distrito que concentra a un tercio de la población argentina, con extrema dependencia de los fondos nacionales, una infraestructura deficiente, la mayor concentración de delitos y una población con necesidades básicas insatisfechas que desde hace años se cuenta por millones. 105

agenda pública presidencial

UN DUELO QUE ANTICIPA LA PELEA NACIONAL

CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES ELECTORES HABILITADOS: 2.700.000 INCIDENCIA NACIONAL: 9,43% FECHA DE ELECCIONES: POR DEFINIR JEFE DE GOBIERNO ACTUAL: MAURICIO MACRI (PRO)

Macri trata de conservar su bastión porteño en medio de una fuerte campaña del kirchnerismo para exhibir una experiencia exitosa en un gran centro urbano; una casi segura votación desdoblada acaparará la atención antes de las presidenciales Macrismo vs Kirchnerismo. La batalla final, política e ideológica, entre la gestión de la presidenta Cristina Kirchner y el líder de Pro, Mauricio Macri, tendrá su aperitivo en la ciudad de Buenos Aires, principal vidriera política del país y el escalón final que el jefe de gobierno porteño pretende escalar para llegar a la Casa Rosada en 2011. Todavía sin fecha confirmada, las elecciones a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires serán todo un termómetro de la reacción de los grandes centros urbanos frente al gobierno nacional, luego de dos elecciones seguidas en las que, al menos los

JAIME ROSEMBERG, periodista de La Nación

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porteños, le dieron la espalda al proyecto de Néstor Kirchner, primero, y al de Cristina Kirchner, después. Retener el poder porteño conquistado en junio de 2007 es el principal objetivo de Macri, aunque nada garantiza que el 46% de los votos obtenidos por el ex presidente de Boca Juniors en la primera vuelta electoral, en aquella oportunidad frente al hoy senador kirchnerista Daniel Filmus, pueda repetirse con otro candidato. Ese es, principalmente, el motivo por el que Macri demora la selección de su candidato a la sucesión, aunque los postulantes principales son dos: la diputada Gabriela Michetti, y el actual jefe de Gabinete de su gestión, Horacio Rodríguez Larreta. Michetti, ex vicejefa de gobierno, renunció en 2009 a su cargo para encabezar la lista de diputados nacional y ganó aquella elección, pero con el 31 por ciento de los votos contabilizados. Bien posicionada en las encuestas, y con buena imagen pública por sus posiciones moderadas, el punto débil de Michetti es sin dudas su inexperiencia en la gestión, que es, prescisamente, el principal aval para las ambiciones de Rodríguez Larreta. De acuerdo con la Constitución porteña hará falta el 50% de los votos para evitar el ballottage, en el que el macrismo podría enfrentar al candidato kirchnerista, aunque también Proyecto Sur, la Coalición Cívica, la UCR y otros partidos menores se preparan para participar de la contienda. Es, sin dudas, un escollo difícil: ninguno de los sucesores de Fernando de la Rúa (primer jefe de gobierno porteño de la ciudad autónoma, en 1996) pudo superar esos guarismos. En la misma elección se renovará la mitad de la Legislatura porteña, es decir 30 legisladores. En el kirchnerismo no hay tampoco, al menos

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

El debate de los precandidatos para el gobierno de la ciudad en la presentación de un libro de CIPPEC

por ahora, consenso sobre el candidato, aunque la mejora de la imagen presidencial empuja hacia arriba las chances de sus referentes en el distrito. El ministro de Economía, Amado Boudou, parece ser el elegido por la propia Presidenta y los grupos más influyentes de su entorno, aunque Filmus está mejor posicionado en las encuestas, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se subió a la carrera, también con el aval oficial y de algunos gremios porteños. Dos antecesores de Macri en la gestión porteña, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, ya han lanzado sus candidaturas a jefe de gobierno, aunque ambos (al igual que los referentes de Martín Sabbatella en el distrito) podrían formar parte de una confluencia global con el kirchnerismo, al igual que otros sectores del PJ porteño, con el objetivo de derrotar a Macri en su propia casa. Entre macristas y kirchneristas, un heterogéneo

abanico de agrupaciones busca acuerdos para ser terceros en discordia. Fernando Pino Solanas, que obtuvo el segundo lugar en las últimas elecciones legislativas, a siete puntos de Michetti, no participará directamente, por lo que sus representantes en Capital -el economista Claudio Lozano, de la CTAaún parecen con pocas chances. La Coalición Cívica de Elisa Carrió (con su candidata María Eugenia Estenssoro), la UCR (Silvana Giudici), el socialismo (Roy Cortina) y algunos dirigentes independientes, como la ex ministra de Salud Graciela Ocaña o el ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy, aparecen por ahora como expresiones minoritarias en la ciudad. De todos modos, ni en Casa Rosada ni en Bolívar 1 destruirán durante la campaña que se avecina los puentes con esos sectores, cuyo apoyo podría resultar fundamental en una hipotética segunda vuelta electoral en la ciudad. 107

agenda pública presidencial

TRES CANDIDATOS A ESTRENAR DESPACHO EN CÓRDOBA

CÓRDOBA ELECTORES HABILITADOS: 2.500.000 INCIDENCIA NACIONAL: 8,77% FECHA DE ELECCIONES: POR DEFINIR GOBERNADOR ACTUAL: JUAN SCHIARETTI (PJ)

Con sistema electoral nuevo, la provincia decidirá un nuevo gobernador en una cerrada disputa entre Juez, De la Sota y Aguad

El poder político que se jugará en las elecciones de un domingo de agosto o septiembre nunca resultó tan abstracto como ahora en las siempre politizadas tierras cordobesas. Tres partidos y sus candidatos arrancaron su carrera hacia la Gobernación sin saber dónde la ejercerán. Construida como un hogar de ancianos por orden de Eva Perón, la Casa de las Tejas fue sede del gobierno durante 53 años. Terminó sus días en enero pasado, a golpe de topadora; algunos de sus escombros fueron arrojados junto al cauce del arroyo La Cañada, para mayor estupor de defensores del patrimonio y del medio ambiente. Los Ministerios y sus miles de empleados y funcionarios fueron mudados al galope a una decena de edificios alquilados a particulares. Mientras, con tanto apuro como que se trabaja las 24 horas, Electroingeniería construye un Centro Cívico cuya primera etapa tendría que estar terminada en diciembre.

SERGIO SUPPO, secretario de Redacción de La Voz del Interior

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El gobernador Juan Schiaretti espera dejarle la obra a medio término (faltarán los edificios de los Ministerios) a quien le entregó el mando, José Manuel de la Sota. Si consuma su deseo, el peronismo habrá logrado cuatro mandatos consecutivos e igualado el récord del radicalismo, que estiró su paso por el poder entre 1983 y 1999. Con la insistencia de borrar el bipartidismo que signó la organización política cordobesa desde principios del siglo pasado, por segunda vez consecutiva, el poder provincial será disputado por tres fuerzas, las mismas que se enfrentaron el 2 de septiembre de 2007: el peronismo y sus aliados, el Frente Cívico (Luis Juez) y la Unión Cívica Radical. Aquellas elecciones, en las que entre denuncias de fraude Schiaretti fue proclamado vencedor por un punto porcentual de diferencia, dejaron una marca que tiende a borrarse, cuatro años después. Schiaretti encargó a una comisión de expertos una amplia reforma política que la mayoría peronista en la Legislatura acotó a la aplicación de una boleta única en lugar del sistema tradicional de votos individuales, dejando afuera la propuesta de prohibir los gastos electorales ilimitados y sin origen conocido. De la Sota sumará su quinta postulación a gobernador luego de un acuerdo cargado de recelos con el kirchnerismo. El peronismo que lidera fue y vino con Néstor y Cristina Kirchner y siempre se sintió más cómodo lejos del poder K. El acercamiento se explica en la dependencia de la administración provincial al presidente de turno. No es un dato nuevo. Se arrastra desde los años en los que Eduardo Angeloz multiplicó el endeudamiento y aprobó una ley jubilatoria para los empleados estatales que obliga a vivir negociando acuerdos con la Casa Rosada. De la Sota también incrementó la deuda, acentuando la dependencia.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

La nueva Casa de Gobierno de Córdoba, premio adicional para el próximo gobernador

No parece casual que Angeloz y De la Sota hayan intentado proyectar su carrera hacia la Presidencia, sin reparar en los gastos de sus gobiernos locales. De la Sota y Schiaretti, que nunca fueron amigos pero que siempre resultaron buenos socios, comprendieron que con la Casa Rosada en contra sería imposible correr con chances. De hecho, en los comicios legislativos de 2009, el oficialismo quedó tercero del juecismo y del radicalismo, claramente perjudicado por los 9 puntos que se llevó la fracción kirchnerista que compitió por cuenta propia. De la Sota demoró su lanzamiento varias veces. A fines del año pasado canceló su reaparición luego de que Marcelo Falo, su mano derecha en su mandato de gobernador, renunciara a su banca de legislador al estallar un escándalo que lo tiene como supuesto administrador de una mesa de dinero que voló por los aires y dejó decenas de perjudicados. Más tarde, debió aceptar que Schiaretti demorara la fijación de la fecha de las elecciones, estirando hacia el segundo semestre una votación que De la Sota hubiese preferido en mayo o junio.

Pero la pelea no se agota en el peronismo. Los sondeos de opinión coinciden en apuntar a Juez como fuerte candidato a pelear con De la Sota. Juez rompió con el kirchnerismo y también sufrió una notable fuga de legisladores y dirigentes, no obstante lo cual el signo personal de su agrupación lo mantuvo a flote. En los últimos tiempos morigeró en parte sus críticas al gobierno nacional para concentrarse en atacar al oficialismo provincial. Un nuevo acercamiento al kirchnerismo del que fue uno de sus principales aliados transversales nunca fue totalmente desmentido. Juez no tiene más acuerdos nacionales que con Pino Solanas, que en Córdoba no tiene fuerza propia. Visiblemente recuperado pero lejos de estar a salvo de sus peleas internas, el radicalismo intenta terciar en la pelea provincial con Oscar Aguad como candidato a gobernador. El diputado nacional es cuestionado internamente por su aparente desapego a recorrer intensamente la provincia, excusa que algunos radicales utilizan para justificar sus viejos acuerdos con el peronismo y con el juecismo. 109

agenda pública presidencial

INCERTIDUMBRE ANTE UN ESCENARIO SIN PRECEDENTE

SANTA FE ELECTORES HABILITADOS: 2.450.000 INCIDENCIA NACIONAL: 8,59% FECHA DE ELECCIONES: 24 DE JULIO GOBERNADOR ACTUAL: HERMES BINNER (PARTIDO SOCIALISTA)

El PJ se unificó inesperadamente y el frente que gobierna enfrenta una dura disputa interna; apareció Del Sel y Reutemann se abrió de la pelea Santa Fe, uno de los tres distritos más importantes que definirán cambios o ratificarán rumbos para el país este año, tiene varias particularidades. Acá gobernó el PJ durante 24 años consecutivos y perdió en 2007, aunque dos años después resucitó en la renovación de legisladores nacionales, con aquel recordado triunfo del senador Carlos Reutemann, casi sin campaña y con la estructura nacional en contra. Hace cuatro años, la mayoría votó el cambio que le propuso el Frente Progresista Cívico y Social (PS, UCR, PDP), encabezado por el socialista Hermes Binner. Pero en esta provincia no hay reelección. Por lo tanto, aquello que generó Binner debería ser capitalizado. Ocurre que la UCR insiste en que es su turno y dividió las aguas

JOSÉ BORDÓN, editor de Política y Economía de El Litoral

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y las de su socio político. En cambio, el PJ, en un acontecimiento inimaginado meses atrás, despejó sus diferencias y decidió que los candidatos de cada línea vayan por dentro de la estructura. Pudo haber sido un signo de madurez. También pudo haber sido que los haya unido el espanto. No sería fácil digerir una segunda derrota consecutiva. Así, los comicios de este año en la provincia de Santa Fe tendrán una característica tradicional: la polarización entre el Partido Justicialista y la oposición. Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias (que rigen desde 2007) se realizarán en esta provincia el 22 de mayo. La elección general en la provincia, para elegir gobernador y vice, 50 diputados y 19 senadores, y 320 intendentes y presidentes comunales, se concretará el 24 de julio. Hay una particularidad que hará especial a Santa Fe: en ambos casos se utilizará la boleta única, el primer antecedente de este sistema en el país, y el primer paso -según sus resultados- para arribar al voto electrónico. Hay 11 precandidatos a gobernador, pero sobresalen nítidamente Agustín Rossi y Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti y Mario Barleta (FPCS). Una tercera fuerza política puede convertirse en árbitro de las elecciones provinciales: el PRO. El partido de Mauricio Macri logró aquí cristalizar el acuerdo con el duhaldismo y se encolumnó detrás de la figura del humorista Miguel del Sel (Midachi). Según los resultados de mayo, se especula que en la general los peronistas “heridos” se volcarían a respaldar esa alternativa. En eso confía Del Sel, hoy con un piso bajo

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

Hermes Binner deja la provincia y aspira a integrar una fórmula presidencial

otorgado por las encuestas. Otro dato: la ultraizquierda no tiene candidatos a gobernador/vice, y apuesta todo a incorporar hombres a la Legislatura o al Congreso de la Nación. Esa será la base que cada sector político incorporará luego a la campaña nacional. Aunque kirchneristas y reutemannistas parecen diferenciarse, nada hace pensar que alguien sacará “los pies del plato” si es Cristina Fernández de Kirchner la candidata. Más de una vez los peronistas se apretaron la nariz y votaron sus listas. La oposición está más dispersa, pensando que todavía es posible el armado de un frente nacional similar al que cam-

bió el rumbo de Santa Fe hace cuatro años. Binner es el hombre más buscado. Pero el actual gobernador aspira a reforzarse con un resultado favorable en la elección provincial. Eso definirá su lugar en una eventual fórmula de consenso entre socialistas y radicales. Y para eso está trabajando. El gran ausente, como se deduce, será Reutemann. No se sabe bien si por razones de salud, porque no quiere volver a enfrentarse con el kirchnerismo o por qué otro motivo, se alejó del primer plano de la política argentina. Y parece ser definitivo, aunque muchos todavía confíen en un llamado del ex piloto de automovilismo. 111

agenda pública presidencial

UNA ÉPOCA DE REDEFINICIONES

ELECTORES HABILITADOS: 1.200.000 INCIDENCIA NACIONAL: 4,21% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE AGOSTO GOBERNADOR ACTUAL: CELSO JAQUE (FRENTE PARA LA VICTORIA)

El radicalismo está bien posicionado para recuperar la provincia, pero debe resolver primero sus diferencias internas y luego enfrentar a un peronismo que contará con fuerte apoyo nacional

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Si bien todavía está en definición, el panorama político electoral de la provincia de Mendoza se presenta como un escenario de tensión y redefiniciones. Tras haber roto dos períodos de mandatos radicales, el gobernador justicialista Celso Jaque enfrenta el desafío de la continuidad, lo que ha generado una aún incipiente -pero amenazante- discusión interna dentro del oficialismo. La Constitución provincial no permite la reelección del gobernador, por lo que dentro del PJ han mostrado sus intenciones de ser candidatos un puñado de ministros, otros intendentes y algún legislador nacional. Sin embargo, la pelea fuerte parece centrarse en la figura del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán (quien además contaría con el aval de Jaque) y el diputado nacional Omar Félix. El posicionamiento de la Casa Rosada, en especial del operador presidencial mendocino Juan Carlos Mazzón, podría ser determinante para inclinar la balanza hacia uno u otro contendiente, aunque la interna parece inevitable, por más que ambos reivindiquen la gestión nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Superado ese obstáculo puertas adentro, el PJ deberá buscar reconciliarse con la ciudadanía, que pese a votarlo en 2007, le dio la espalda en la legislativa de 2009, y ahora pone signos de interrogación sobre cómo evaluará la gestión de Jaque a su finalización. En la oposición, la UCR logró reunificarse tras el cisma que produjo la participación de Julio Cobos en la fórmula presidencial en 2007 con el Frente para la Victoria. Sus expectativas de recuperar la provincia son altas, según todas las encuestas, pero deberá enfrentar una fuerte apuesta del peronismo y su abroquelamiento en torno de la figura de la Presidenta. Los principales aspirantes a la candidatura radical son el ex gobernador Roberto Iglesias

LUIS ABREGO, jefe de Política de Los Andes

MENDOZA

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

Cobos motorizó el triunfo radical de 2009; este año volverá a hacer campaña en su provincia

y el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo. Su disputa no es nueva. Siempre han estado en fracciones partidarias distintas. Mientras en 2007 Iglesias se quedó en la UCR y fue candidato a gobernador, Cornejo fue uno de los principales sostenes políticos de Cobos en la conformación de Consenso Federal (CONFE), el partido del vicepresidente con el que se acopló a la fallida Concertación Plural con el kirchnerismo. Los mensajes de unidad son constantes, pero la definición en una interna también se ve como ineludible. Para recuperar la provincia, los radicales deberán vencer su propia tentación fratricida. A diferencia de otros distritos nacionales, en Mendoza el radicalismo alterna su rol de gobierno y oposición, posee cuadros con experiencia en gestión y siempre es una posibilidad concreta de conducción. En esta ocasión, será un gran contendiente -con altas chances- en su pelea con el PJ.

Finalmente, el tradicional Partido Demócrata atraviesa una de las peores crisis de su historia. Sus representantes en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes son cada vez más escasas. Sólo gobierna en dos municipios y sus principales referentes están enfrentados en la interna partidaria. Allí, la figura del diputado nacional Omar De Marchi divide aguas al impulsar la conformación de un gran frente nacional liderado por el PRO de Mauricio Macri. En ese sentido, en los pimeros días de marzo, se han sumado esfuerzos de distintos sectores para agregar también al PJ Federal, en lo que puede ser la expresión local de una alianza similar a nivel nacional que dispute el voto conservador. Sin embargo, ningún sondeo le atribuye posibilidades electorales ante lo que será una marcada polarización entre el PJ y la UCR, que podría incrementarse aún más si un mendocino (Cobos o Ernesto Sanz) es candidato a la Presidencia. 113

agenda pública presidencial

EL SUEÑO DE LA RE-REELECCIÓN TUCUMÁN ELECTORES HABILITADOS: 990.000 INCIDENCIA NACIONAL: 3,47% FECHA DE ELECCIONES: 28 DE AGOSTO GOBERNADOR ACTUAL: JOSÉ ALPEROVICH (FRENTE PARA LA VICTORIA)

El gobernador Alperovich intenta imponer una interpretación constitucional que le permita un tercer mandato, resistido por sus opositores

JOSÉ IGNACIO SBROCCO, colaborador de La Nación en Tucumán

as elecciones para gobernador en Tucumán tendrán al menos tres protagonistas: el actual mandatario, José Alperovich –que busca su rereelección–, el senador nacional José Cano (UCR) y el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez. Alperovich, un aliado de la Casa Rosada, buscará su tercer mandato consecutivo, aunque antes deberá esperar un fallo judicial. Cuando asumió Alperovich, en 2003, en Tucumán sólo se podía gobernar por un período. Reforma de la Constitución mediante, desde 2006 se habilitó una sola reelección. En el caso de Alperovich su segundo mandato sería desde 2007 a 2011, es decir, el actual. Pero en el texto constitucional se incluyó una cláusula transitoria que establece que a los fines de la reelección no sería tenido en cuenta el mandato 2003-2007. El dirigente radical Ariel García presentó un recurso pidiendo la inconstitucionalidad de ese artículo porque sólo beneficiaba a quienes ejercían un cargo en ese momento. A casi cinco años de ese planteo, la Justicia no se pronunció. Alperovich ya anticipó que si la Justicia falla en su contra impulsará una nueva reforma para obtener la re-reelección. El trámite será sencillo: el gobernador controla 44 de los 49 miembros de una Legislatura unicameral. La oposición legislativa es casi nula en la provincia. El radicalismo tiene dos representantes (podrían haber sido más pero algunos dirigentes se alinearon con el oficialismo), Fuerza Republicana tiene 114

a los hermanos Luis José y Ricardo Bussi –uno de los dos se sumaría a los candidatos a gobernador– pero el partido fundado por el padre de ambos, el general retirado Antonio Bussi, ya no tiene el peso de antes. El dilema para el gobernador es qué hará si en las elecciones nacionales no continúa el kirchnerismo. Si es fiel a sus antecedentes, no tendría problemas en acomodarse a nuevos tiempos. Alperovich fue legislador provincial por el radicalismo, luego ministro de Economía de Julio Miranda (PJ), senador nacional (PJ) –cercano al ex presidente Eduardo Duhalde–, y más tarde gobernador kirchnerista. En base a obras públicas y a una fuerte presencia mediática, las encuestas en la provincia dan a Alperovich como seguro triunfador en las elecciones provinciales, previstas para el último domingo de agosto. Los dirigentes opositores se quejan de que están vedados en los medios. Alperovich controla a través de un interventor amigo uno de los dos canales de aire de la provincia. El otro, que pertenece a Telefé, también tiene fuerte influencia de la Casa de Gobierno. La Gaceta, el medio gráfico de mayor tirada, se muestra como el más independiente; aunque con buena relación con el gobierno. La generosa pauta publicitaria que reparte el gobierno tucumano multiplicó la cantidad de portales de noticias afines al gobernador. La única voz que se escucha en Tucumán es la del gobernador.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

TRES CANDIDATOS PARA OCUPAR EL SILLÓN DE URQUIZA ENTRE RÍOS ELECTORES HABILITADOS: 910.000 INCIDENCIA NACIONAL: 3,19% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: SERGIO URRIBARRI (FRENTE PARA LA VICTORIA)

JORGE RIANI, coordinador General de la Redacción de El Diario, de Paraná

a división que se da en el seno del justicialismo multiplicó en Entre Ríos la oferta peronista, como en casi todo el territorio argentino. Y lo hizo de una manera muy singular, porque el caudillo Jorge Busti, enrolado en el Peronismo Federal, deberá enfrentar a quien él mismo catapultó en 2007 como sucesor en la gobernación: Sergio Urribarri, de indiscutible identidad kirchnerista. Esa división se traslada al funcionamiento institucional, porque Busti, presidente de la Cámara de Diputados, tiene el mayor peso en ese ámbito, mientras que el Senado responde a Urribarri. Cada iniciativa requiere un trayecto más largo por los vericuetos parlamentarios. De cara a las elecciones de octubre, el oficialismo puede exhibir una fortaleza: el respaldo a la gestión provincial que otorgan casi todos los intendentes entrerrianos, pese a que una docena de ellos –verdaderos caudillos territoriales– no puede aspirar a una nueva reelección si no los habilita el Superior Tribunal, que debe resolver un planteo para que se declare inconstitucional una cláusula transitoria de la última reforma de la Carta Magna (que les impide ir por su tercer mandato). Distinta es la situación del intendente de Paraná, José Carlos Halle, que concentra dos circunstancias particulares: es uno de los pocos mandatarios comunales que puede presentarse sin problemas a la reelección, debido a que recién está en su primera gestión, y segundo que es el único intendente de ciudad grande

Con fuerte apoyo de la Casa Rosada, Urribarri va por la reelección, para lo cual debe enfrentar a su mentor, el peronista disidente Busti; la UCR intenta aprovechar la división justicialista y postula al ruralista Benedetti

que respalda a Busti. El resto apoya a Urribarri. Busti aspira a llegar por cuarta vez a la Gobernación. Para lograr su cometido basa sus aspiraciones en el aporte de votos que pueda sumar Halle desde la capital. Pero a diferencia de Urribarri, que aprovechará el arrastre de los votos que coseche la Casa Rosada, Busti carece de referente nacional. Porque si bien su cercanía con Eduardo Duhalde es evidente, el ex gobernador optó por declararse prescindente en la discusión por el liderazgo nacional del PJ Federal. Un tercer candidato con expectativas de acceso a la Casa de Gobierno es el radical Atilio Benedetti. Productor agropecuario y dueño de una importante fábrica de alimentos balanceados, Benedetti accedió al Congreso por tracción del voto del campo, en pleno enfrentamiento del Gobierno con las entidades rurales. Con un enorme caudal de obras públicas –especialmente en materia vial– y con el arrastre de los votos del kirchnerismo, Urribarri se ilusiona con derrotar a su antiguo referente. Y su relación con la Casa Rosada está tan aceitada que su nombre fue mencionado como posible compañero de fórmula de la presidenta Cristina Kirchner. El principal frente abierto que tiene el gobierno entrerriano se produce por el malestar del gremio docente, que llamó a una huelga. En cambio, el resto del personal estatal aceptó el incremento de sueldos y el oficialismo evitó un foco de protesta que hubiese complicado sus planes políticos. 115

agenda pública presidencial

UN ESCENARIO COMPLICADO CON ALIANZAS CRUZADAS SALTA ELECTORES HABILITADOS: 790.000 INCIDENCIA NACIONAL: 2,77% FECHA DE ELECCIONES: 10 DE ABRIL GOBERNADOR ACTUAL: JUAN MANUEL URTUBEY (FRENTE PARA LA VICTORIA)

DANIEL CHOCOBAR, subjefe de Redacción de El Tribuno-Salta

on el trasfondo del voto electrónico como nueva herramienta de sufragio, Salta forma parte del grupo de provincias que abrirán la agenda electoral 2011. Gobernada desde 2007 por el justicialista Juan Manuel Urtubey y el renovador Andrés Zottos, la misma fórmula confluye en tres fuerzas y numerosas agrupaciones municipales para buscar la reelección. El kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) forma parte de una alianza de vertientes que no siempre conjugaron en los últimos tres años de gobierno y que aún hoy no pueden conciliar un abierto respaldo desde y hacia el kirchnerismo. El FpV aparece hoy desdibujado en el mapa del oficialismo provincial, tanto en cargos como en candidaturas, lugares que fueron capitalizados por el Partido Renovador de Salta, partido surgido del último gobierno militar en la provincia y un histórico opositor al PJ. No obstante ello, el oficialismo saldrá a competir el 10 de abril con una lista que pretende unificar al menos las denominaciones del nombre Frente Justicialista Renovador de la Victoria. Urtubey dispuso reflotar la alianza transversal que lo llevó al gobierno en 2007. Busca seducir a los salteños con el mensaje de que necesita cuatro años más para la consolidación del “cambio” que prometió en 2007 y con el que aún está en deuda. El escenario se plantea complejo a partir de una estrategia de captación que impulsó el actual gobernador, apuntando a partidos como la UCR, donde algunos de sus miembros dejaron el centenario parti116

El oficialista Urtubey busca la reelección en una contienda en la que se estrena el voto electrónico; el kirchnerismo se presenta con más de una opción; el mediático Olmedo busca ganar con apoyo de Macri do para participar con listas colectoras que sumen para Urtubey-Zottos. Esto provocó una enorme fractura dentro del radicalismo salteño, que hoy pone como candidato a gobernador a Diego Mariño, alineado con Ricardo Alfonsín. La otra fórmula en el horizonte electoral es la del frente “Olmedo Gobernador”, con el diputado nacional Alfredo Olmedo a la cabeza, el mediático candidato que a nivel nacional apoya Mauricio Macri. Los escándalos surgidos por un operativo de la AFIP en una de sus fincas y por el afiche de campaña junto al futbolista Lionel Messi, lejos de debilitarlo, lo posicionaron en el abanico de las opciones para los votantes. Otra de las ocho listas que competirán por la Gobernación en la provincia está encabezada por el ex vicegobernador Walter Wayar, que estuvo en ese cargo durante los 12 años de gestión del ex gobernador y hoy senador nacional Juan Carlos Romero. Pero en una nueva etapa de su carrera, Wayar se ubica ahora un tanto más próximo al kirchnerismo. Su compañero de fórmula es el jefe local del gremio de los Camioneros, Jorge Guaymás. El lanzamiento de su candidatura fue acompañado por la presencia del líder de la CGT, Hugo Moyano. En estas primeras fuerzas está el futuro esquema político y partidario de la provincia, luego de las elecciones donde deberán renovarse los cargos a gobernador y vice, la totalidad de los 59 intendentes junto a sus respectivos Concejos Deliberantes, 30 de los 60 diputados y 11 de los 23 senadores.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

SE REVIVE EL DUELO DE 2003: CAPITANICH O NIKISCH CHACO ELECTORES HABILITADOS: 740.000 INCIDENCIA NACIONAL: 2,59% FECHA DE ELECCIONES: 18 DE SEPTIEMBRE GOBERNADOR ACTUAL: JORGE CAPITANICH (FRENTE PARA LA VICTORIA)

En la provincia el bipartidismo sigue vivo y permitirá un nuevo duelo entre el PJ y la UCR; el kirchnerismo llega como favorito y aspira a dominar una Legislatura adversa

EDUARDO LÓPEZ, corresponsal de Clarín

diferencia de lo que pasó con el panorama electoral a nivel nacional, en el Chaco ya había más certezas que dudas en los primeros días del año. Además de la fecha de las elecciones en septiembre (el desdoblamiento de las presidenciales es obligatorio), quedó pronto en evidencia que la cuestión a dirimir será entre dos. Una vez más no podrá romperse el bipartidismo, más acentuado que nunca. Surgen nítidos, como sucedió en 2007 y como viene pasando desde 1995, dos alianzas o frentes. Uno, el dominado por el Partido Justicialista, bautizado Frente Chaco Merece Más. El otro es la Alianza Frente de Todos, liderada por la UCR, más el aporte de otros pequeños partidos y agrupaciones. También puede asegurarse, aunque falta realizar las elecciones internas, que los candidatos están definidos. Por el Frente Justicialista, el actual gobernador, Jorge Milton Capitanich, es el único e indiscutido candidato aunque deberá confirmarlo en la interna del 17 de abril ante el hoy senador Fabio Biancalani, un empresario de la construcción que es poco conocido y que debutó en política en 2007 con una candidatura legislativa de la mano de sus contactos empresariales con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Por la alianza radical el candidato seguro es el senador Roy Nikisch, gobernador en el período 2003-2007 (cuando superó al mismo Capitanich). Es el postulante por el movimiento dominante del partido desde 1995, Convergencia Social, que con-

duce Angel Rozas, mientras que sus opositores están sumidos en una crisis interna por la expulsión de su líder, Juan José Bergia, y la renuncia masiva de sus afiliados. Habrá terceros en discordia, pero con la escasa chance de repartirse no más del 10% del electorado. En esa línea está Proyecto Sur, al que se sumó el partido Barrios de Pie, ex aliado del Justicialismo. Aún no tienen definido a su postulante. Lo mismo puede afirmarse del Partido Obrero, aunque se descuenta que será su líder histórico, el obrero de la construcción Aurelio Díaz. También se presentará el partido que a nivel nacional conduce Raúl Castells. Todo indica que el bipartidismo goza de buena salud en el Chaco y, por eso de ejercer el poder y de gozar de la simpatía del gobierno nacional, el actual gobernador corre con la ventaja del caballo del comisario. Basta saber si el electorado piensa lo mismo. Donde la elección resultará crucial será en la Legislatura, ya que se renuevan 16 bancas (el 50%). En estos últimos cuatro años el Poder Ejecutivo no tuvo mayoría. Como el triunfo de 2007 fue por un margen de algo más de 1.000 votos, la alianza radical conservó la mayoría legislativa, algo que enfrentó repetidas veces a ambos poderes. Debido al panorama actual, puede preverse que quien gane la elección ganará también la mayoría legislativa, algo que los gobernantes consideran vital en la actualidad para superar la política que llaman “del palo en la rueda”. 117

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UN ADELANTO ELECTORAL QUE DESCOLOCÓ A LA OPOSICIÓN MISIONES ELECTORES HABILITADOS: 700.000 INCIDENCIA NACIONAL: 2,45% FECHA DE ELECCIONES: 26 DE JUNIO GOBERNADOR ACTUAL: MAURICE CLOSS (FRENTE PARA LA VICTORIA)

ANTONIO VILLALBA, editor de Política de El Territorio

uando el Gobierno de Misiones anunció el 16 de febrero el adelantamiento de las elecciones para el 26 de junio no sólo provocó desconcierto en los opositores sino que les generó una dispersión de fuerzas. No se puede hablar de sorpresa, porque la oposición, en su mayoría, se mostraba convencida de que eso sucedería. La UCR y el Socialismo hasta brindaban fechas tentativas. Ante tal posibilidad, el Partido Justicialista dejaba las puertas abiertas a un llamado de urgencia al Congreso partidario. El Peronismo Federal era la única corriente política que creía que ello no sucedería porque "el kirchnerismo no dejaría al Gobierno provincial adelantar los comicios". Pero ocurrió todo lo contrario. El mismo gobierno nacional consideró oportuno adelantar los comicios y coincidió con la tradición histórica en Misiones de concretar elecciones separadas de la Nación. El oficialismo, representado por la corriente provincial denominada “Renovación” (ex radicales, justicialistas), mantiene el poder en la provincia desde 1999. Por entonces, fue electo como gobernador Carlos Rovira, luego reelecto en 2003. En 2007, lo sucedió Maurice Closs, que ahora busca su segundo mandato. Ambos manejan el poder en Misiones. Rovira como conductor de la citada corriente política y como presidente de la Cámara de Diputados, donde cuentan con mayoría legislativa. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo mantienen buena relación con la mayoría de los sindicatos, a ex118

Por sugerencia de la Presidencia, el gobernador Closs anticipó a junio las elecciones en las que aspira a seguir en el poder y estirar el dominio de su corriente política; la UCR busca un frente con peronistas disidentes cepción de la CTA. Resulta minoritario el frente opositor docente, porque el gremio más fuerte es la Unión de Docentes de Misiones, liderada por Stella Maris Leverbeg, a su vez diputada provincial por el oficialismo. Como nunca antes, la UCR está organizada internamente. Desde fines de mayo de 2010 tiene resuelto que el candidato a gobernador será el diputado provincial Luis Pastori y como vice, Rodrigo De Paula. Prometieron buscar la unidad partidaria. Era la tarea desarrollada desde entonces, pero el cronograma electoral local, y una posible alianza con el Partido Justicialista, mostró la debilidad interna. Pastori promueve un posible acuerdo frentista, cuestión que no comparte De Paula. Las diferencias se dan ante el protagonismo que tendría el diputado nacional Ramón Puerta (gobernador entre 1991 y 1999). La incorporación de este referente del Peronismo Federal también divide las aguas en el Justicialismo. Mientras el titular del PJ, Luis Viana, sostiene tal acuerdo, otros referentes importantes como el diputado nacional Juan Manuel Irrazábal, kirchnerista de la primera hora, y el diputado provincial Adolfo Velázquez no están dispuestos a compartir un frente antikerchnerista. Velázquez, porque además es presidente del Sindicato de Camioneros en Misiones y con fuerte vínculo con el titular de la CGT, Hugo Moyano. Por ahora, las líneas opositoras aún no tienen resueltas sus alianzas como también pretenden partidos con menor caudal de afiliados, como el Socialismo.

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EN BUSCA DE LA CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA CORRIENTES ELECTORES HABILITADOS: 690.000 INCIDENCIA NACIONAL: 2,42% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE (NO SE ELIGE GOBERNADOR) GOBERNADOR ACTUAL: RICARDO COLOMBI (UCR)

ALFREDO ZACARÍAS, director de El Litoral de Corrientes

nvuelta en la fuerte polarización política que ganó el país, Corrientes deberá enfrentar en 2011 casi con seguridad un mínimo de dos actos electorales. En el primer turno renovará parcialmente sus Cámaras legislativas y concejales en algunos municipios del interior. El segundo turno estará reservado para las presidenciales, legislativas nacionales y concejales en distritos como la capital. Corrientes llegará a ambas instancias electorales con un mapa político casi idéntico al que en 2009 consagró gobernador de la provincia al radical Ricardo Colombi. Con la UCR en alianza con los partidos provinciales y el Justicialismo levantando las banderas de un proyecto nacional identificado con el Frente para la Victoria y la reelección presidencial de Cristina Kirchner. Las banderas de las postergadas reivindicaciones para la provincia serán seguramente los ejes de la campaña electoral, aunque cada uno proponiendo distintos caminos. La UCR está encolumnada detrás de la candidatura que surja de la interna nacional partidaria. El PJ divide sus apoyos. Algunos sectores están definitivamente decididos a trabajar en pos de la reelección presidencial. Otros, en cambio, decididamente “anti k”, ven en el Peronismo Federal el camino más potable para sus aspiraciones. En el marco de este agrupamiento de fuerzas, la provincia deberá elegir cuatro diputados nacionales: terminan sus mandatos María José Aretta, radical K que ya se pronunció a favor de una candidatura de 120

Corrientes no elegirá gobernador este año, pero tiene el desafío de dos elecciones legislativas de relevancia para fortalecer un sistema político todavía debilitado por las intervenciones federales Cristina Kirchner; Agustín Portela, UCR orgánica; José Arbo, liberal, y Rubén Perié, justicialista ultra kirchnerista. En la Legislatura provincial se renuevan cuatro senadores, dos pertenecen a la UCR, uno al Justicialismo K y uno a los partidos provinciales. Mientras que en la Cámara de Diputados, de los 13 que se deben renovar, seis son de la UCR, cuatro de sus aliados provinciales y tres opositores, dos del justicialismo y un radical disidente. La fuerte alianza que el gobernador, Ricardo Colombi, ha elaborado con organizaciones intermedias y sociales y el marcado acento municipalista que concede a su gestión hacen presagiar una muy buena elección del oficialismo que podrá, seguramente, sostener con comodidad sus números en el Senado, pero no en Diputados: obtener 10 de 13 bancas en juego parece algo muy difícil de lograr. Corrientes ha sido históricamente una provincia altamente politizada. Envuelta a lo largo de los años por fuertes disputas internas, deberá lograr en estas elecciones conformar un cuerpo legislativo que garantice, sobre todo, la continuidad de un sistema democrático interrumpido en incontables ocasiones en gran medida por impulso de sectores ligados a la historia de la provincia que, impedidos de llegar al poder por el camino de las urnas, buscan hacerlo por vías destituyentes. Tal vez ése sea el principal desafío de cada turno electoral en esta provincia.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

ZAMORA DEFIENDE SU HEGEMONÍA SANTIAGO DEL ESTERO ELECTORES HABILITADOS: 590.000 INCIDENCIA NACIONAL: 2,07% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE (NO SE ELIGE GOBERNADOR) GOBERNADOR ACTUAL: GERARDO ZAMORA (FRENTE CÍVICO)

Se eligen diputados nacionales en un contexto de absoluto dominio del gobernador radical aliado a la Casa Rosada

JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ, corresponsal de Clarín

urante 2011, Santiago del Estero sólo tendrá elecciones para renovar cuatro bancas de diputados nacionales, además de las presidenciales que se celebrarán en todo el país. El Frente Cívico y Social, coalición gobernante, irá a las elecciones de este año para ratificar su hegemonía de siete años, en los comicios en los que se renovarán cuatro bancas para Diputados. El gobernador, Gerardo Zamora, un radical alineado con la Casa Rosada, está transitando su segundo mandato, que concluirá en 2013. Los siete diputados nacionales que representan a Santiago responden a Zamora. La coalición gobernante aspira a ratificar su poderío. En la grilla de partidos para las elecciones de legisladores nacionales se anotan el radicalismo ortodoxo no alineado en el Frente Cívico, que apoyará lo que surja de las elecciones internas nacionales de la UCR; el Peronismo Federal, en plena construcción en la provincia; y el Movimiento Viable, una agrupación provincial que adhiere al kirchnerismo y cuyo principal referente es Héctor “Chabay” Ruiz, intendente de La Banda, la segunda ciudad en importancia en Santiago. En la Legislatura provincial, compuesta por 40 diputados, el Frente Cívico ostenta una abrumadora mayoría: 35 aliados y sólo 5 opositores que corresponden a un sector del radicalismo (dos), al

Frente Justicialista (otros dos) y al Frente Cruzada y Lealtad, también peronista (un diputado). Zamora cortó en 2005 una racha de más de 40 años de dominio peronista, pero rápidamente se alineó con la Casa Rosada. Hoy está expulsado del radicalismo, acusado de “traición”. Merced a esos vínculos fluidos con la Casa Rosada, Zamora ha dado un fuerte impulso a la obra pública, con el mejoramiento de la infraestructura, el fomento de la agroindustria y la radicación de inversiones. Como todas las provincias encolumnadas con el kirchnerismo, Santiago dispone de fondos en cantidad. Por eso, se observa un claro alineamiento de los medios más importantes, gráficos, televisivos y radiales con la administración del radical K, merced a una jugosa pauta publicitaria. Ocurre lo mismo con el sector privado: la mayoría de los empresarios de todos los rubros y hasta los comerciantes minoristas en su mayoría reconocen que hubo en los últimos seis años una fuerte reactivación. Los sectores sindicales locales, nucleados en la CGT local, apoyan también al gobierno santiagueño y han conseguido mejoras salariales. Existen pequeñas agrupaciones de docentes que reclaman mayores reivindicaciones, aunque el grueso está apoya la gestión provincial.

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EL REGRESO DE LOS AIRES DE RE-REELECCIÓN SAN JUAN ELECTORES HABILITADOS: 460.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,61% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: JOSÉ LUIS GIOJA (FRENTE PARA LA VICTORIA)

PEDRO MORALES, editor de El Nuevo Diario de San Juan y corresponsal de Clarín

an Juan se encamina a consolidar un proyecto político que va camino de convertirse en hegemónico, con las ventajas y desventajas que esto implica. La decisión del gobernador justicialista José Luis Gioja de impulsar una enmienda que le permita ser elegido para un tercer periodo es una jugada que implica pocos riesgos y muchas ganancias. A Gioja le responden 26 de los 30 diputados y sus niveles de popularidad no bajan del 65%. Lo primero le asegura que sorteará con éxito la exigencia de que para reformar un artículo de la Constitución se necesita el voto de dos tercios de los diputados. La popularidad prácticamente garantiza el apoyo en la consulta popular que debe ratificar la enmienda. Las claves de por qué pasa esto se basan en cómo estaba la provincia antes que José Luis Gioja asumiera la Gobernación en 2003. Hasta ese año gobernó una alianza de cuatro partidos liderada por dos fuerzas provinciales, la Cruzada Renovadora y el Bloquismo. El gobierno de Alfredo Avelín, a la crisis política, social y económica que vivió el país tras la caída de Fernando de la Rúa, le agregó una tozuda resistencia a ajustar las finanzas públicas. Esto derivó en que las ayudas nacionales resultaran siempre insuficientes para pagar sueldos y proveedores. Avelín fue destituido en 2002 en medio de una severa crisis. Tras la asunción de Gioja y con la importante ayuda del gobierno nacional a cargo de Néstor Kirchner, la provincia dio un vuelco y a través de la obra pública logró reactivar su economía y atraer inversiones, parti122

El gobernador Gioja convocó a un plebiscito para reformar la Constitución local y conseguir, sobre el filo de la fecha electoral, el permiso para un tercer mandato; se opuso hasta su hermano, que pretendía sucederlo

cularmente en el sector minero metalífero. En la vereda de enfrente… la nada. Después del fracaso de la Alianza, la Cruzada Renovadora se redujo a la familia Avelín y a unos pocos dirigentes históricos, el bloquismo, fiel a su historia pragmática, se alió con Gioja y logró unos pocos lugares en concejalías y diputaciones y el radicalismo se sumergió en un profundo pozo del cual nunca se recuperó. La única oposición surgió del mismo justicialismo. El Frente para el Cambio, que lidera el empresario y senador Roberto Basualdo, es la única fuerza que tiene representación (4 de los 30 diputados y ninguna Intendencia). Por eso podemos hablar que una nueva elección de Gioja supone la consolidación de un proyecto hegemónico. En los último días han aparecido algunos cuestionamientos al proyecto reeleccionista. Paradójicamente surgieron del propio entorno del gobernador. Su hermano mayor, César, aspiraba a sucederlo y criticó duramente el proyecto de enmendar la Constitución. El castigado elector medio sanjuanino no evalúa lo institucional ni las consecuencias de un poder hegemónico. Compara, recuerda el pasado y evalúa su situación actual. Por eso hasta ahora nada ni nadie le ha hecho cambiar su opinión favorable a José Luis Gioja, un líder de hablar campechano que cumplió con lo que prometió y cambió el tenor de las conversaciones. En San Juan hace tiempo que la noticia más importante dejó de ser cuándo cobran los estatales.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

FELLNER SE PREPARA PARA RETOMAR EL CONTROL JUJUY ELECTORES HABILITADOS: 430.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,50% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: WALTER BARRIONUEVO (FRENTE PARA LA VICTORIA)

El presidente de la Cámara de Diputados es favorito para volver al cargo que ya ejerció por dos mandatos; la oposición llega debilitada a la pelea por el poder

LAURA BALLATORE, secretaria de Redacción de El Tribuno-Jujuy

n Jujuy es un secreto a voces que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, será candidato a gobernador del justicialismo. Es número puesto y aunque deberá pasar por internas, en el partido –sus seguidores y también los detractores– dicen que sólo será “un trámite” conseguir la postulación del oficialismo. Lo que es todo una incógnita es el nombre de su compañero de fórmula, aunque en los últimos días hubo pronunciamientos de intendentes y gremialistas en favor de Rubén Rivarola, actual presidente del bloque de diputados provinciales del peronismo. Como se van tejiendo los acuerdos en el partido, el que definitivamente quedó fuera de discusión en la pelea por la Gobernación es el senador nacional y empresario Guillermo Jenefes, quien tendrá que conformarse con aspirar a su reelección y seguir en el Congreso. Por estos días, en Jujuy la discusión pasa por el compañero de fórmula de Fellner. Rivarola llega con un alto perfil y es un aliado incondicional del actual gobernador, Walter Barrionuevo. Al jefe de la bancada de diputados provinciales le reconocen su habilidad para lograr acuerdos entre los legisladores propios y de la oposición, como también su actitud conciliadora en cuanto conflicto social se presenta en la provincia. También, como un ensayo de laboratorio, secto-

res elitistas del partido apostaron, por el momento sin suerte, a que la senadora Liliana Fellner acompañara a Eduardo –su hermano– en la fórmula. Lo cierto es que en el peronismo jujeño, por el momento, no han surgido otros nombres. De todas maneras, los dirigentes entienden que se trata de un “detalle”, ya que saben que con Fellner la Gbernación no corre casi ningún riesgo, de acuerdo con lo que marcan las encuestas que se conocen hasta ahora. No obstante, son cautelosos, al punto de que ya comenzaron a aceitar los engranajes de la “maquinaria” que les debería asegurar el triunfo en los comicios de octubre. Otra cuestión que está clara y no se discute en la provincia es el apoyo a la reelección de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por el lado de la oposición, representada en Jujuy por la Unión Cívica Radical, lo único que se sabe es que el senador Gerardo Morales no estaría dispuesto esta vez a pelear, por tercera ocasión, la Gobernación con Fellner. El candidato sería el diputado nacional Mario Fiad, un médico con buena imagen, pero con pocas chances. Muy lejos en las encuestas aparecen las pretensiones de un grupo de históricos dirigentes del Movimiento Popular Jujeño de reflotar el partido y, con candidatos propios, volver al ruedo político. Con las mismas posibilidades, escasas por cierto, aparece el PRO en Jujuy encabezado por Dago Pubzolu, un abogado del foro local. 123

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EL BIPARTIDISMO KIRCHNERISTA RÍO NEGRO ELECTORES HABILITADOS: 415.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,45% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: MIGUEL SAIZ (UCR-CONCERTACIÓN)

CARLOS TORRENGO, corresponsal en Buenos Aires del diario Río Negro

l sistema político rionegrino sigue definiendo gobernador en el marco del bipartidismo. Pero para este año se ratifica también que se seguirá optando a igual que en la elección anterior, en 2007, entre kirchneristas. En la interna radical para mandatario se alzó con el triunfo Cesar Barbeito, prohijado por el ala kirchnerista del partido que lidera el actual gobernador, Miguel Saiz. Frente a él estará el peronista Carlos Soria –ex diputado, ex ministro de Seguridad con Eduardo Duhalde gobernador bonaerense, ex titular de la SIDE y hoy intendente de General Roca–. Soria adhiere a regañadientes al kirchnerismo. Lo hace más desde una necesidad de su respaldo para manejar el complejo municipio que lidera, que por afinidad política excluyente. No olvida, por caso, que en 2003 perdió la Gobernación ante el radicalismo por 3.000 votos. Derrota que explica –con razones bien fundadas–, a la socialización de respaldos que hizo en ese momento el entonces presidente Néstor Kirchner. No descuidó a Soria. Pero mimó a Eduardo Rosso, que en nombre de otra franja del peronismo, también pugnó por la Gobernación. Y de paso no se olvidó de mirar con dulzura al radical Saiz, que finalmente se alzó con el triunfo. La UCR gobierna Río Negro desde el inicio de la transición democrática en diciembre de 1983. El PJ sólo lo hizo en una oportunidad: el complejo lapso entre mayo de 1973 y marzo de 1976. Ambos partidos comparten número de afiliados: 43.000. 124

El radicalismo K logró imponerse en las elecciones internas y busca seguir en el poder con un ministro del gobernador Saiz; el peronista Soria apunta a representar al peronismo dentro Frente para la Victoria Esta es, en apretada síntesis, una primera lectura general que ofrece la elección del próximo mandatario de esta provincia de 633.000 habitantes, un PBI que rasguña los 10.000 millones de pesos y una deuda pública que orilla los 4.500 millones. Existen razones para fundamentar que el radicalismo muestra fatiga de ejercicio de poder. Ha devenido en una burocracia que gestiona mucho de sus decisiones sólo a favor de sus propios intereses. “Tenemos 3.200 familias de dirigentes, cuadros, funcionarios, que dependen del partido”, confesó hace ya algunos años el ex gobernador y hoy senador nacional Pablo Verani. Confesión descarnada. El peronismo, por su parte, ofrece como bandera la exitosa gestión comunal de Soria en Roca, la ciudad que hegemoniza el gerenciamiento de la actividad económica más importante de la provincia: la fruticultura. Pero la mira está puesta en la Casa Rosada, que tiene dos candidatos para gobernador. Uno: el radical y barilochense Barbeito. Fue elegido para la postulación por el actual gobernador Miguel Saiz, kirchnerista de buena madera. El último de los mandatarios provinciales radicales que sigue mostrando lealtad terminante al ideario K. Otro: el peronista Soria, que sobrelleva la historia del desigual afectos que el planeta K dispensa al justicialismo rionegrino. Los días por venir dirán dónde juega Cristina Kirchner en esta provincia de largo litoral sobre el Atlántico e imponente frente sobre los Andes.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL MPN NEUQUÉN ELECTORES HABILITADOS: 380.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,33% FECHA DE ELECCIONES: 12 DE JUNIO GOBERNADOR ACTUAL: JORGE SAPAG (MPN)

No aparecen amenazas a la vista para el partido regional que gobierna la provincia desde el retorno de la democracia; se enfrentan dos proyectos afines a la Casa Rosada

FRANCISCO CARNESE, editor de Regionales del diario La Mañana de Neuquén

l mapa electoral en la provincia muestra, una vez más, al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN) con la posibilidad de quedarse nuevamente con el gobierno en las elecciones convocadas para el 12 de junio. El actual gobernador, Jorge Sapag, irá por su reelección tras vencer en los comicios internos, y por un aplastante 63% de los votos, a su antecesor, Jorge Sobisch. Por el lado de la oposición, y después de muchas especulaciones y coqueteos, el PJ y la UCR conformarán un frente kirchnerista, dado que el sector de la UCR contrario al gobierno nacional, y representado por el cobista Horacio Quiroga, fue derrotado en internas por el intendente de Neuquén y ahora precandidato a gobernador, Martín Farizano. Este último representa a un sector del radicalismo que se mantuvo dentro de lo que se llamó la Concertación y conserva una muy buena relación con el gobierno nacional. A su vez, la pata peronista de este acuerdo electoral es la senadora Nanci Parrilli, hermana del secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. Resta definir quién encabezará la fórmula de gobernador. El resto del arco opositor lo conforma Unión por los Neuquinos (UNE), un partido que creció mucho de la mano de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) pero cuyo principal objetivo en este año electoral está puesto en la intendencia de Neuquén. El otro sector político que reúne el voto de la centroizquierda es Proyecto Sur, que lleva como candidata a gobernadora a la diputada provincial Paula Sánchez.

Más abajo y con escaso caudal electoral, el Peronismo Federal (con el diputado provincial Daniel Baum) y un PRO que desembarcó hace muy poco en la provincia aparecen como exponentes de la centroderecha. Los sondeos que se manejaban previo a las internas del MPN ya daban a Sapag una proyección que lo ubicaba primero y con un buen margen de distancia de sus potenciales adversarios. En ese contexto, hay un elemento que jugará en la mayoría de las provincias un rol preponderante, pero que resulta incierto el alcance que pueda tener en Neuquén, y es la posición que adoptará el gobierno nacional. La felicitación que Sapag recibió de parte de la presidenta Cristina Kirchner la noche del domingo 20 de febrero, luego de que éste derrotara a Sobisch, es una muestra más de que para la Nación el gobierno neuquino es un aliado. La provincia hoy no es un territorio hostil que se necesite conquistar y ese elemento resta potencial al kirchnerismo local, mucho más, debido a que las elecciones serán cuatro meses antes que las nacionales. Desde que asumió en diciembre de 2007, Sapag inició un camino distinto al que había adoptado Sobisch. Generó un marco de diálogo con los gremios estatales y tendió puentes con el gobierno nacional, lo que posibilitó acuerdos para obras y asistencia financiera. En el plano interno, conquistó a una buena porción del electorado independiente, que en las últimas internas le representó el 50% de los votos. 125

agenda pública presidencial

INSFRÁN VA POR EL “GOBIERNO ETERNO” FORMOSA ELECTORES HABILITADOS: 350.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,22% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: GILDO INSFRÁN (FRENTE PARA LA VICTORIA)

l peronista Gildo Insfrán está dispuesto a batir todos los récords. Gobierna Formosa desde 1995 y desde entonces se encargó de establecer un férreo sistema de poder que avanzó sobre los otros dos poderes, la prensa y el mundo empresarial de la provincia. 2011 lo verá convertirse otra vez en candidato, en busca de su cuarta reelección. Si lo lograra, podrá llegar a gobernar 20 años consecutivos y superará la marca de 18 años que tiene Adolfo Rodríguez Saá. Fue menemista, duhaldista y ahora se presentará como un modelo de kirchnerismo: no deja de agradecerle a Néstor y Cristina Kirchner por el sostenido apoyo económico que recibió su provincia desde 2003. Fue uno de los distritos que más fondos para obras viales recibió, sólo detrás de Santa Cruz y la inmensa Buenos Aires. Como nadie, Insfrán sacó provecho de la ley de lemas que todavía rige en la provincia para bloquear todos los intentos opositores de acceder al poder. Y, en su momento, pudo impulsar la reelección indefinida. Es una de las tres provincias que mantiene ese sistema. En 2007, Insfrán consiguió casi tres cuartos de los votos. Pero dos años después su triunfo tuvo un sabor amargo: cayó al 64% de los votos y cosechó apenas un diputado nacional de los que estaban en juego. El otro lugar quedó para el ruralista radical Ricardo Buryaile. Justamente Buryaile y el radicalismo encabezan las gestiones para conformar una gran alianza opositora que por primera vez en años tiene preocupado al 126

El jefe peronista de la provincia gobierna desde 1995 gracias a un complicado sistema electoral, que incluye la reelección indefinida y la ley de lemas; surge esta vez una alianza opositora encabezada por un sacerdote gobernador. Esperan lanzar una serie de candidaturas que, gracias a la ley de lemas, les permitan sumar más del 50% de los votos. Buryaile será uno de esos candidatos. Otro: el peronista federal y tradicional rival de Insfrán, Vicente Joga. Pero la figura que despunta como principal candidato opositor a la Gobernación es el sacerdote católico Francisco Nazar Anchorena, cuya popularidad subió por los aires a partir de su apoyo a las rebeliones indígenas de finales del año pasado. Ese conflicto golpeó fuerte a Insfrán. La policía formoseña reprimió de manera brutal el reclamo de las comunidades aborígenes y hubo dos muertos en la refriega. No sólo en la provincia el impacto sobre la imagen del gobernador fue grande sino que también le retaceó apoyo público por parte de la Casa Rosada. Nazar Anchorena tiene 69 años y vive en la provincia desde 1972, ayudando a las comunidades indígenas del norte formoseño. En febrero pidió licencia al obispo y confirmó que quiere ser gobernador. Se ilusiona con despertar una reacción similar a la que ocurrió en Misiones en 2006, cuando el obispo Joaquín Piña desafió el intento del gobernador Carlos Rovira de imponer en un plebiscito la reelección ilimitada. El frente que él encabeza está integrado por miembros de la UCR, Libres del Sur y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Aunque falta la confirmación oficial del gobernador, las elecciones en Formosa coincidirán con las presidenciales de octubre, en las que Insfrán promete dar total apoyo a la reelección de Cristina Kirchner.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

LA FRACTURA PERONISTA Y UN SUEÑO PRESIDENCIAL CHUBUT ELECTORES HABILITADOS: 340.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,19% FECHA DE ELECCIONES: 20 DE MARZO GOBERNADOR ACTUAL: MARIO DAS NEVES (PJ FEDERAL)

uatro años después de haber conseguido la reelección abrazado a Néstor y Cristina Kirchner, el gobernador chubutense Mario Das Neves decidió jugar fuerte en el terreno nacional: se unió al Peronismo Federal, se instaló como un feroz crítico de las políticas del kirchnerismo y lanzó su precandidatura presidencial en el lote de dirigentes que integran Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Alberto Rodríguez Saá. La decisión explotó como una bomba en la política provincial, que Das Neves dominó desde 2003, cuando recuperó la provincia para el peronismo, después de años de control radical. El kirchnerismo conformó una opción propia para pelear la Gobernación y desde la Casa Rosada llovieron fondos y apoyo del máximo nivel para “vengar” la deserción de Das Neves. La propia Presidenta voló a Comodoro Rivadavia ocho días antes de las elecciones para encabezar uno de los primeros actos partidistas a los que aceptó ir desde la muerte de su esposo. Das Neves alentó una fórmula a la Gobernación formada por los intendentes de las dos principales ciudades de la provincia, Martín Buzzi (Comodoro Rivadavia) y Gustavo Mac Karthy (Trelew). Intentó, para fortalecer más su plan, impulsar listas colectoras y sostener la alianza que desde 2007 mantenía con el partido Proyección Vecinal de Chubut (Provech). Mundo al revés: el kirchnerismo interpuso en este caso un reclamo judicial que el Superior Tribunal de Justicia aceptó y prohibió el uso del artilugio que el gobierno nacional impulsa en Buenos Aires y medio país.

El gobernador Das Neves rompió con la Casa Rosada, lanzó su candidatura nacional y puso en riesgo su proyecto provincial; la Presidenta jugó fuerte en apoyo de un candidato kirchnerista

Ese fallo tensó aún más el clima preelectoral, en el que no faltaron agresiones físicas y peleas entre sindicatos afines a uno y otro sector. El Frente para la Victoria decidió dar pelea con una fórmula integrada por el intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, y el dirigente Javier Touriñan. “Tanto Néstor Kirchner en su momento como Cristina hicieron los anuncios más importantes en Chubut. Gracias a ellos, la provincia ha conseguido un desarrollo único en su historia”, dijo reiteradamente en la campaña el candidato Eliceche. Del otro lado, atribuyen los avances económicos de la provincia a la gestión Das Neves y aseguran que la Casa Rosada paralizó desde hace dos años el flujo de dinero para las zonas donde gobiernan peronistas disidentes. Ese es, de hecho, uno de los argumentos que usa el gobernador en su campaña nacional, para la cual resulta clave el capítulo provincial: del resultado depende en gran medida su suerte en las elecciones internas del PJ Federal. El radicalismo, debilitado en los últimos ocho años en los que estuvo alejado del poder, presenta una fórmula conformada por Pedro Peralta (intendente de Rada Tilly) y Raúl Barneche. Ambos contaron con el apoyo del precandidato presidencial Ricardo Alfonsín, que viajó a la provincia para encabezar actos con ellos. Además de las elecciones a gobernador, Chubut renueva a fines de año 27 bancas en la Legislatura provincial y la totalidad de intendentes y concejales. 127

agenda pública presidencial

LA INTRIGA SOBRE EL FUTURO DE LOS RODRÍGUEZ SAÁ SAN LUIS ELECTORES HABILITADOS: 315.000 INCIDENCIA NACIONAL: 1,10% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ (PJ FEDERAL)

El oficialismo aspira a continuar en el poder que manejan desde 1983, aunque mantiene la incógnita de quién será el candidato

OSCAR ÁNGEL FLORES, periodista

lberto Rodríguez Saa, actual gobernador y precandidato a la Presidencia de la Nación, ha puesto todas sus piezas en el escenario nacional a partir de exhibir su gestión desde 2003 bajo el slogan: “San Luis, otro país”. La permanencia en el poder de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saa desde octubre de 1983 no es un dato menor a la hora de describir el escenario provincial. Adolfo ganó todas las elecciones desde 1983 y ocupó el poder durante cinco mandatos consecutivos, tras haber reformado la Constitución para habilitar la reelección indefinida. Su hermano Alberto ocupó la banca de senador nacional mientras Adolfo gobernaba San Luis con éxito popular ayudado por la promoción industrial, una reconocida política de construcción de viviendas y obra pública. Acreditan los Rodríguez Saa una administración exitosa; con métodos “feudales” y ciertos mecanismos de corrupción en la gestión pública sumado a escándalos en la vida privada y un denunciado secuestro, pero eso no ha hecho mella en el éxito electoral de los hermanos, que ahora trabajan en la proyección nacional del “modelo San Luis”. Alineados en el arco opositor del peronismo, crearon un bloque Federalista en el Congreso de la Nación y disputan los espacios en contra del kirchnerismo. El gobernador exhibe el Plan de Inclusión Social que impuso por ley en octubre de 2003 y que benefició a unas 40.000 personas expulsadas del sistema la128

boral tras la crisis de 2001. Hoy, su plan quiere ser llevado a nivel nacional bajo el manto de “pleno empleo”. Los hermanos Rodríguez Saá deben decir ahora si alguno de los dos se presentará a defender la Gobernación. Es la gran incógnita. La UCR, principal partido opositor de la provincia, definía su candidato a la Gobernación entre el ex funcionario nacional Walter Ceballos y el actual rector de la Universidad Nacional de San Luis, José Riccardo. Los sectores alineados con el kirchnerismo, muchos de los cuales completan el arco opositor con representación legislativa, debaten si definirán el futuro candidato a la Gobernación en elecciones internas, aunque todavía no se ponen de acuerdo en el mecanismo. El radicalismo intenta recomponer fuerzas internas para disputar a los hermanos Rodríguez Saa el poder tan centralizado y personalista. Para eso intenta con dos dirigentes con experiencia de gestión: Ceballos fue diputado nacional y ocupó la Secretaría de Provincias en el gobierno de Fernando de la Rúa. El rector José Riccardo quiere presentarse para reformular métodos, contenidos y la imagen de la política local. Está respaldado por Ricardo Alfonsín, mientras que Ceballos recibe la venia del senador Ernesto Sanz. Aun sin estar definidas fechas electorales, la carrera está con banderazo de largada. Todo dependerá del escenario nacional y del resultado de las elecciones internas del Peronismo Federal, donde el gobernador participará para definir su futuro en este 2011.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

CORPACCI, LA MUJER QUE INAUGURÓ EL CALENDARIO CATAMARCA ELECTORES HABILITADOS: 252.000 INCIDENCIA NACIONAL: 0,88% FECHA DE ELECCIONES: 13 DE MARZO GOBERNADOR ACTUAL: EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL

La dirigente kirchnerista será la primera gobernadora de la provincia después de un triunfo ajustado con el que consiguió desplazar del poder al Frente Cívico, después de 20 años

PATRICIA CARRIZO, jefa de Redacción de La Unión y directora de Radio Unión

a provincia de Catamarca abrió el calendario electoral en el país con una contienda política de alto voltaje. Los catamarqueños decidieron el domingo 13 de marzo que durante los próximos años la dirigente kirchnerista Lucía Corpacci será la gobernadora de la provincia; desplazó así a Eduardo Brizuela del Moral, de extracción radical, que fracasó en su intento de lograr un tercer período en el poder. Corpacci, actual senadora nacional, consiguió encolumnar a casi todas las vertientes del peronismo local y, con fuerte apoyo de la Casa Rosada, obtuvo el 48% de los votos, cuatro puntos más que Brizuela del Moral. El armado electoral catamarqueño no fue simple. Paradójicamente se enfrentaron en las urnas quienes hace cuatro años compartían la fórmula gubernamental que triunfó en las elecciones. Brizuela del Moral y Corpacci fueron por ese entonces representantes en la provincia la Concertación que el ex presidente Néstor Kirchner había ideado a nivel país. La sociedad política duró poco, ya que el mandatario catamarqueño fue uno de los primeros que apoyó el reclamo del campo y se distanció del gobierno nacional. Esto llevó a que a los dos años de asumir como vicegobernadora, Corpacci se presentara como candidata a senadora nacional por el kirchnerismo. Desde el Senado, Corpacci fortaleció sus lazos con la presidenta Cristina Kirchner, que la bendijo para convertirla en la máxima exponente del oficialismo nacional en Catamarca. Las distintas facciones

del peronismo, incluida la orgánica del PJ, respaldaron su candidatura y lograron lo que parecía utópico: terminar con 20 años de gobiernos del Frente Cívico y Social. El Frente, hegemonizado por el radicalismo, largó como favorito en las encuestas, aunque las últimas mediciones empezaron a mostrar la influencia a favor de Corpacci que tenía el apoyo de la Presidenta a su postulación. El cambio se vislumbra delicado. El oficialismo provincial mantendrá la mayoría en ambas cámaras legislativas, tal como ocurre desde 1991. Y los vínculos del oficialismo con el sector privado son muy estrechos. El Estado es el principal motor de la economía provincial, a través del empleo y la obra pública, con lo cual se genera una suerte de “Estado-dependencia” en todos los ámbitos y sectores, de lo que no están exentos los medios de comunicación, ya que la pauta oficial es la principal fuente de ingreso de casi todos los medios locales. El triunfo de Corpacci repite la hazaña de 2005, cuando Néstor Kirchner se jugó el todo por el todo en Catamarca y triunfó en las elecciones legislativas nacionales. En esa oportunidad, la diferencia a favor de los K fue de dos puntos, suficientes para derrotar por primera vez al oficialismo catamarqueño en dos décadas. Ahora la Presidenta reeditó la jugada y apostó fuerte en una provincia que representa menos del 1% del padrón nacional, pero que recalentó el termómetro político y marcó el inicio de un año netamente electoral. 129

agenda pública presidencial

TODAS LAS MIRADAS EN LA INTERNA PERONISTA LA PAMPA ELECTORES HABILITADOS: 250.000 INCIDENCIA NACIONAL: 0,87% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: OMAR JORGE (PJ)

GUSTAVO LAURNAGARAY, corresponsal de Clarín en La Pampa

as elecciones del octubre pondrán a prueba al Partido Justicialista (PJ) que lleva 28 años en el gobierno. En el oficialismo, el partido de gobierno todavía no definió sus candidatos. El juego está abierto. Por un lado, el gobernador Oscar Jorge tiene chances de ir por la reelección: es el dirigente del PJ con mejor relación con la presidenta Cristina Kirchner. Si ella es candidata, sus chances aumentan. El PJ pampeano aún dirime una interna histórica que enfrenta a los pesos pesados del partido: Carlos Verna y Rubén Marín. El primero, senador nacional y ex gobernador, es jefe de la Línea Plural del PJ pampeano, la más poderosa. El segundo, ex senador y ex gobernador, retiene una cuota de poder. Verna apareció en los primeros meses de su mandato de senador al lado de la oposición del Senado empujado por la bronca de las zonas rurales contra los Kirchner, mientras Marín –que votó contra le resolución 125 mientras era senador nacional– se alineó férreamente con el kirchnerismo. Otro protagonista de la interna del PJ es el diputado nacional y sindicalista Roberto Robledo. Alineado con Hugo Moyano, participa de la Corriente del peronismo sindical. Aunque fue aliado de Verna, ahora tiene juego propio y está alineado con el kirchnerismo. Hace un año, el ex gobernador Verna era el candidato puesto para 2011. Pero con la candidatura de Cristina Kirchner esa posibilidad está devaluada por un añejo enfrentamiento: Verna fue uno de los que impulsó la expulsión de la senadora Cristina Fernán130

La disputa entre los dos líderes históricos, Verna y Marín, será clave en la elección del futuro gobernador; la oposición tiene el desafío de consolidar un bloque con aspiraciones reales dez del poderoso bloque del PJ en los años del menemismo. El favorito parece el oficialismo, pero si no resuelve su interna, la oposición puede explotar el desgaste de 28 años de gobierno que han sumado desigualdades y casos de corrupción. La oposición está integrada en La Pampa por el Frente Pampeano Cívico y Social, una alianza de radicales, socialistas y el Partido del Frente, un partido vecinal con lazos con el Frepaso en los años 90. Tiene el gobierno de la capital, Santa Rosa. Allí es intendente el radical Francisco Torroba. Pero tal vez es Juan Carlos Marino, líder de la Línea Blanca, quien mayores chances tiene de encabezar la fórmula de la oposición. El desafío más grande del frente opositor es consolidar un frente político y electoral fuerte en la provincia, a pesar de su integración heterogénea con algunas fuerzas alineadas con el kirchnerismo (como el Partido del Frente) y otras abiertamente opositoras, como la UCR. La otra presencia electoral con significancia es el partido formado alrededor de la figura del ex intendente Juan Carlos Tierno. Después de asumir la Intendencia de la capital en 2007 desató una crisis política que lo catapultó del gobierno 87 días después, luego de marchas opositoras masivas y el vacío de su partido. Cultor del discurso de la mano dura y las arengas moralistas, tiene un historial de 25 años en cargos público aunque se presenta como un outsider de la política.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

LA DEUDA HISTÓRICA DE LA DEPENDENCIA LA RIOJA ELECTORES HABILITADOS: 225.000 INCIDENCIA NACIONAL: 0,78% FECHA DE ELECCIONES: 22 DE MAYO GOBERNADOR ACTUAL: LUIS BEDER HERRERA (FRENTE PARA LA VICTORIA)

El próximo gobierno provincial seguirá atado a los fondos que envía el Estado nacional, que representan el 95% de sus ingresos; Beder Herrera es favorito para la reelección

JULIO AIUB MORALES, corresponsal de Clarín

as elecciones de 2011 serán claves para el futuro de La Rioja porque de la prolongación o no del mismo signo partidario en el gobierno nacional depende la construcción de las relaciones que deben hacer sus mandatarios para lograr la continuidad de obras y fondos sustanciales. En esto La Rioja no se diferencia de la gran mayoría de los Estados provinciales, excepto en que necesita el 95% de ayuda nacional sobre el Presupuesto provincial para poder hacer frente a distintos proyectos que impulsa el gobernador, Luis Beder Herrera, y para pagar las erogaciones de tipo salarial (incluyendo becas, sueldos municipales, programas). Lejos, muy lejos quedó La Rioja productiva que describió hace poco más de una centuria el ingeniero Bialet Massé en su famoso Informe. La Rioja era entonces una de las pocas provincias fundantes del país y bullía de actividad agrícola, ganadera y minera, a pesar de haber sufrido los estragos de la guerra civil. Tras pactos de alto nivel institucional, leyes nacionales y provinciales y acuerdos políticos y hasta de haber tenido a un riojano por dos períodos en la Presidencia de la Nación, La Rioja no logra romper, ni siquiera disminuir, aquel grado de dependencia del poder central. La reconstrucción de la verdadera autonomía provincial es la gran tarea estratégica pendiente que tiene toda la clase política riojana. El gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera aspira a su segundo

mandato. Para eso debe vencer al radical Julio César Martínez (actual presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja) y al diputado provincial duhaldista Nicolás Martínez. En lo inmediato e institucional, es necesario que se aplique el párrafo del artículo 87 de la Constitución provincial, que establece que las minorías no podrán tener menos de ocho bancas en la unicameral Legislatura provincial. Actualmente el radicalismo tiene tres diputados sobre un total de 36. El resto son justicialistas y oficialistas en su gran mayoría. Para esto es clave una ley electoral que señale clara y en forma permanente el sistema electivo que deberá formular el Ejecutivo. En las elecciones pasadas, el radicalismo reclamó por tres candidatos de sendos departamentos que debieron resignar sus escaños por aplicación del sistema de colectoras, muy similar al de lemas que existió anteriormente. Es otro desafío contar con una ley de coparticipación municipal, pero que a su vez los intendentes tengan el debido control y transparencia en la recepción e inversión de fondos. El sistema actual de representación deliberativa es cuando menos irracional, pues establece un mínimo de siete concejales aún para departamentos que tienen muy pocos habitantes: Villa Castelli tiene 1.712 habitantes en tanto que más de la mitad de la población provincial se aglutina en la capital riojana. Hace muchos años que la Constitución reconoce regiones dentro de La Rioja, lo que jamás se tradujo en un efecto práctico. Podría ser una opción para comenzar. 131

agenda pública presidencial

LA POLÍTICA EXTRAÑA A KIRCHNER SANTA CRUZ ELECTORES HABILITADOS: 170.000 INCIDENCIA NACIONAL: 0,59% FECHA DE ELECCIONES: 23 DE OCTUBRE GOBERNADOR ACTUAL: DANIEL PERALTA (FRENTE PARA LA VICTORIA)

POR MARIELA ARIAS, corresponsal de La Nación en Santa Cruz

n Santa Cruz, más que en cualquier lugar, la ausencia de Néstor Kirchner pisa fuerte. El hombre que marcó la agenda, el pulso, las venturas y desventuras de la provincia en los últimos 20 años desapareció y dejó una orfandad política que se respira tanto en el oficialismo como en la oposición. Kirchner era el gran armador político, el que inventó candidatos, sedujo y abdujo opositores, desarmó conspiraciones y redujo a cenizas a cualquier intento de liderazgo que creciera. El desconcierto por su ausencia que sobrevoló el día de su repentina muerte aún perdura en la provincia con menor densidad demográfica del país, que generó en lo que va de la década dos presidentes. Vaya paradoja, es la misma provincia donde por ahora reina la ausencia de heredero. El gobernador, Daniel Peralta, peronista ortodoxo, era el candidato indiscutido de Kirchner. Pero la ausencia del líder abrió un abanico entre los kirchneristas que se atreven a cuestionarlo y empiezan a postular el nombre de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, como alternativa posible. Peralta no tiene un escenario fácil: perdió las elecciones legislativas en 2009, ni siquiera el nombre de su esposa en la lista y todo el aparato oficial a su favor le alcanzaron. El radical Eduardo Costa le arrebató dos de las tres bancas en juego. La derrota nacional del kirchnerismo en 2009 aquí se vivió a flor de piel. Santa Cruz es una de las tres provincias en la Ar132

El ex presidente controló la política provincial durante dos décadas, pero no dejó un heredero político, lo que abre una incógnita sobre el futuro del oficialismo, que ya sufrió una dura derrota en 2009 gentina que aún mantienen la reelección indefinida para gobernador (la impulsó Kirchner) y la ley de lemas en las categorías municipales. Versiones locales no descartan que el oficialismo, con la mayoría abrumadora en la Legislatura (20 a 4) logre instalar otra vez la ley de lemas en la categoría a gobernador para sumar así los votos que le fueron esquivos en 2009. Mientras tanto, Costa ha dedicado los últimos tres años de su vida y cerca de $ 3 millones de su fortuna personal para lograr lo que se ha convertido en su obsesión: la Gobernación de Santa Cruz. Logró primero ganarle al radicalismo tradicional, ahora va por un electorado que tuvo un voto cautivo durante dos décadas. La economía atada a la suerte del petróleo internacional es la aguja que establece los sueldos. Las fuertes transformaciones económicas para Santa Cruz aún no se concretan y el Estado como salida laboral garantizada ya se encuentra agotado. No se puede ignorar el fuerte cimbronazo social que vivió la provincia y su dirigencia política durante la fuerte crisis social de 2007, originada en una huelga docente a la cual se sumó un fuerte sector sindical. Incluso nació un partido, Encuentro Ciudadano, que logró captar la atención del electorado habituado a la histórica polarización partidaria. Néstor Kirchner ya no volverá a caminar por las calles de Santa Cruz, tal como lo prometiera en el último acto público que hizo aquí, 20 días antes de su muerte. Eso hace aún más imprevisible el resultado electoral de octubre.

PANORAMAS ELECTORALES PROVINCIALES

SE DISCUTE TODO, MENOS EL APOYO A LA CASA ROSADA TIERRA DEL FUEGO ELECTORES HABILITADOS: 92.000 INCIDENCIA NACIONAL: 0,32% FECHA DE ELECCIONES: 26 DE JUNIO GOBERNADORA ACTUAL: FABIANA RÍOS (PARTIDO SOCIAL PATAGÓNICO)

La gobernadora Ríos y sus rivales del justicialismo tienen fuertes diferencias de criterio, pero defenderán en la campaña la impronta del kirchnerismo

POR JOSÉ PIÑEIRO, corresponsal de la agencia DyN

a campaña electoral va cobrando ritmo en la provincia más austral: la gobernadora, Fabiana Ríos, busca su reelección y la diputada ultrakirchnerista Rosana Bertone se impone como principal contendiente. También están decididos a participar de la carrera electoral otros candidatos, como el ex senador Mario Daniele, el diputado Rubén Sciutto, el legislador provincial Adrián Fernández, todos justicialistas; y el ex intendente de Ushuaia Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino (con un sector del radicalismo). Con matices, todos están más o menos cerca de la presidenta Cristina Kirchner y ninguno se plantea desentonar con el actual oficialismo nacional en la próxima campaña. Mientras tanto, en la provincia se define si los próximos comicios serán con voto electrónico, lo que debe ser tratado por la Legislatura. Ríos enfrenta la reciente división de su partido, en el Partido Social Patagónico, que ella integra, y Encuentro Popular, una formación que contiene a cuatro legisladores y a un concejal de Ushuaia. Por el lado de Bertone, la crítica central pasa por “la falta de gestión” del gobierno de Ríos, además de “la ineficiencia y la falta de conocimiento de las necesidades de los fueguinos”. En el justicialismo, sus dirigentes están convencidos de que se encuentran frente a una oportunidad histórica de recuperar el gobierno provincial y las municipalidades de Ushuaia y Río Grande. Pero la atomiza-

ción no logra superarse porque hasta ahora no hay una figura que sirva para resolver el fraccionamiento interno, mientas Bertone ya tiene decidido presentarse por fuera del partido, representando al Frente para la Victoria. En tanto, las posibilidades del Movimiento Popular Fueguino y el radicalismo se ven relegadas, con la decisión del intendente de Río Grande, Jorge Martín (UCR), de no sumarse a ninguna fórmula gubernamental. En este contexto, todos los candidatos saben que la primera parte del gobierno de quien resulte elegido tendrá como una de las actividades centrales la negociación con los gremios estatales. La pelea salarial ocupa un lugar destacado en los últimos años y hay una administración pública dividida entre un sector de trabajadores con sueldos elevados, que cubren ampliamente el costo de la canasta familiar, y otro relegado que se encuentra muy lejos de las necesidades de una familia que vive en esta parte del país. Con esa situación deberá enfrentarse también el próximo gobernador de la provincia, después de una gestión que finaliza con avances parciales en temas como la regulación de la publicidad oficial y la desactivación de mecanismos de corrupción dentro del Estado; pero que deja muchas cuentas pendientes para quienes esperaban mayores avances en cuestiones sociales y el fortalecimiento de los lazos entre el poder gubernamental y las organizaciones que representan a los trabajadores, con quienes el gobierno de Ríos tuvo múltiples enfrentamientos. 133

Alfonsín, en 1983, durante uno de los actos multitudinarios en los que se palpitaba el regreso de la democracia

Acercarse a los humoristas del momento, una vieja táctica electoral: aquí, Alfonsín con Sapag, en 1983

Cafiero ganó con solvencia las elecciones bonaerenses de 1987; un año después Menem frustró su sueño presidencial

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Recuerdos en campaña ALEJANDRO QUEROL

La ilusión del 83 y el retorno a la democracia, la apatía del “que se vayan todos”, aliados que se convirtieron en los peores enemigos, del fervor callejero al imperio del marketing: escenas de esperanzas, sorpresas y frustraciones que marcaron 28 años de democracia ininterrumpida

El menemóvil en acción: Menem y Duhalde recorrieron el país para ganar en 1989

Bordón y Chacho Álvarez dieron pelea en 1995 con el Frepaso; lograron relegar a la UCR

> Menem y Duhalde lanzan la campaña de la reelección en 1994; a su lado, Pierri e Irma Roy

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Patillas y poncho, el look menemista en las elecciones internas de 1988

De la Rúa y Chacho Álvarez movilizaron al país en 1999 con la Alianza; una esperanza que resultó efímera 137

Menem regresó a medias en 2003; ganó la primera vuelta y se negó a competir en un ballottage que se avecinaba ruinoso para él

En 2003, Kirchner peleó para obtener el apoyo del PJ bonaerense; aquí, con Hugo Curto y Felipe Solá

La campaña permanente: Kirchner asume el 25 de mayo de 2003 con la misión de no perder el contacto con la gente

Kirchner y Scioli, una fórmula siempre en silenciosa tensión; aquí en 2003 con Jorge Obeid, en Santa Fe

Otros tiempos: Cristina Kirchner y Julio Cobos durante el acto de cierre de su campaña de 2007, en La Matanza <

Cristina Kirchner en el Congreso, en marzo de 2011, jugó al misterio: "Nunca me escucharon decir que quiero la reelección" 139

Clima de campaña a cada paso en la ciudad de Buenos Aires

Carlos Reutemann, cultor de campañas poco estridentes, estará ausente de las listas en 2011

Francisco de Narváez apeló a promesas sobre la inseguridad para crecer en las encuestas en 2009: terminó ganándole a Kirchner

Macri y Michetti, una fórmula ganadora en la ciudad de Buenos Aires, en junio de 2007

El kirchnerismo apela a la entronización de Néstor Kirchner en las vísperas de la campaña para octubre 141

CONTRA

PUNTO E UN PACTO SOCIAL POR LA ENSEÑANZA SILVINA GVIRTZ, profesora de la Universidad de San Andrés e investigadora del Conicet

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l sostenido incremento de la inversión del Estado en educación durante el último lustro debe servir como estructura en la que apoyarse con el objetivo de montar durante la próxima década un sistema educativo equitativo e igualitario. El desafío de la educación argentina consiste en mejorar sustancialmente la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los resultados de PISA 2009 demostraron (pese a la leve mejora con respecto a la abrupta caída reflejada en el período 2001-2006) que nuestro sistema se encuentra muy por debajo de los estándares aceptables. Para ello resulta indispensable establecer políticas educativas de Estado a través de un pacto social entre la Nación, las provincias, los sectores políticos, las organizaciones civiles y los movimientos sociales. Es necesario acordar metas claras, medibles, comunicables y con plazos de cumplimiento preestablecidos para los próximos años. Deberían diseñarse en lineamiento con las metas educativas 2021 propuestas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y con los trabajos elaborados por Juan Carlos Tedesco para el caso argentino. Ese pacto debería tener como eje la reducción de las desigualdades educativas y el mejoramiento de la calidad. Independientemente del signo político del gobierno de turno, el Estado debe en los próximos años desplegar estrategias que

>>>> apuntalen ese camino. ¿Qué cuestiones no deberían dejar de incluirse en ese pacto? * Profundizar políticas integrales que mejoren las condiciones materiales de la población en edad escolar. La Asignación Universal por Hijo es un claro ejemplo de ello y continuar con esta anhelada política es clave. Al mismo tiempo resulta necesario volver a llevar la salud a la escuela, como en los inicios de nuestro sistema educativo. En ese sentido, deben encararse acciones conjuntas entre los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. * Garantizar la universalización de la oferta de educación inicial. Esto repercute de manera muy favorable en el aprendizaje de las competencias básicas en lectoescritura, matemática y ciencias. Berlinski y otros (2006 y 2008) sostienen que un año de asistencia a la educación inicial tiene un efecto positivo sobre el desempeño académico de estudiantes de la escuela primaria y media. * Implementar la jornada completa en las escuelas primarias y secundarias públicas. El aumento efectivo de las horas de clase permite fortalecer competencias básicas e incluir contenidos como un segundo idioma. Cuando se pretende agregar un segundo idioma sin aumentar las horas de clase se está haciendo marketing político en lugar de mejorar la calidad. continúa en pag. 144

SE NECESITA UN CAMBIO ESTRUCTURAL CLAUDIA ROMERO, directora del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella

espués de una década en la que se consolidó la segregación social en la escuela argentina y la calidad educativa descendió dramáticamente mientras la de otros países cercanos mejoraba, el próximo presidente deberá encarar políticas que apunten no sólo a inyectar más recursos en el sistema educativo sino a invertir mejor en educación, propiciando cambios estructurales. No son los gobiernos los hacedores directos de la mejora del sistema educativo. Su trabajo es crear las condiciones para que las escuelas y los maestros hagan mejor su trabajo. Su función es garantizar que exista educación de calidad y para todos; no son las medidas del gobierno las que de manera directa producen un mejoramiento. La mejora de los sistemas educativos no puede decretarse ni consumarse en anuncios ni comprarse junto con el equipamiento que se envía a las escuelas. Lamentablemente no es así de sencillo. Sin embargo, políticas acertadas, consistentes y sostenidas en el tiempo promueven mejoras rápidas y significativas. La acción de los gobiernos en materia educativa es, entonces, al mismo tiempo limitada pero importante. La agenda del nuevo gobierno debería atender a una condición necesaria y a algunos temas prioritarios. La condición necesaria para que la gestión del nuevo gobierno sea eficiente es contar con un sistema de información y evaluación

confiable, transparente y sostenido en el tiempo que permita fundamentar las decisiones. La opacidad del sistema educativo impide conocer con exactitud la magnitud y localización de los problemas y, como consecuencia, dificulta una distribución racional y equitativa de los recursos. Tampoco permite establecer metas realistas. En este sentido, por ejemplo, además de sostener las evaluaciones internacionales de calidad, más allá de si los resultados son buenos o malos, es necesario contar con evaluaciones nacionales de calidad de carácter censal que provean información por escuela. Para esto probablemente sea necesario revisar la concepción de la evaluación contenida en la actual Ley de Educación Nacional que colisiona con el espíritu republicano de división de poderes y con el derecho a la información que tiene cada ciudadano al definir al gobierno como el responsable de evaluar el sistema educativo y al restringir la difusión de los resultados. Otros modelos más evolucionados, participativos y democráticos son posibles y sería importante tener en cuenta las experiencias que en los últimos años se implementaron en América Latina. Algunas áreas prioritarias para definir políticas serían: * Docentes. “Los cambios en educación dependen de lo que los docentes piensan y hacen, algo tan simple y tan complejo a la vez”, dice Michael Fullan. Es necesario elacontinúa en pag. 144

<<<<< EDUCACIÓN

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* Diseñar cambios sustanciales en el nivel medio. Deben comprender tanto el nivel curricular como el organizacional. Algunos temas ineludibles son la enseñanza de competencias básicas para la comprensión y no de contenidos enciclopedistas que privilegian la memorización y, por lo tanto, la disminución en la cantidad de materias, la concentración de la dedicación de los profesores en una misma institución para acabar con los denominados “profesores taxi”, la conversión del rol del preceptor en el de coordinador pedagógico, etc. * Proveer equipamiento y materiales didácticos a las escuelas. Esos recursos son condición necesaria para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debe proveerse de laboratorios, libros y otros recursos didácticos en base a criterios claros. El programa Conectar Igualdad es una política ejemplificadora de ello. * Mejorar la profesión docente. Debe basarse en la mejora de la formación inicial y continua, de la organización de la carrera docente y de las condiciones laborales, así como también en la articulación constante entre escuelas e institutos de formación. Mejorar la formación de formadores y de las burocracias intermedias de los Ministerios es condición sine qua non para mejorar la calidad de los docentes. * Informatizar la gestión escolar. Es un paso clave para mejorar el flujo de información micro y macro del sistema educativo. Eso permite diagnosticar de manera adecuada la realidad de los subsistemas educativos y mejorar los criterios para la toma de decisiones con miras a la solución más efectiva y más eficiente de sus problemáticas. Como ciudadanos debemos bregar por un país con iguales oportunidades para todos y eso significa promover la realización de las metas educativas anteriormente señaladas. Ojalá la educación sea una de nuestras prioridades.

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SILVINA GVIRTZ

CLAUDIA ROMERO

borar un plan estratégico de desarrollo de la docencia que genere un circuito virtuoso. Atraer a los mejores candidatos, mejorar sustancialmente la calidad de las instituciones formadoras, mejorar las condiciones laborales en un sentido amplio, no sólo salariales, e implementar una carrera docente en la que se reconozca el buen desempeño. * Escuela secundaria. Más de medio millón de jóvenes están fuera de la escuela y de los que ingresan a la escuela sólo se gradúa el 43%. La situación no puede ser más urgente en el contexto de una escuela secundaria que se define como obligatoria. Los retoques al actual modelo no parecen ser suficientes. Es imprescindible innovar más profundamente en el formato de la escuela secundaria para responder a los requerimientos de inclusión y calidad de una población diversa. Diseñar e implementar modelos alternativos de escuelas secundarias con un curriculum integrado y actualizado, una organización flexible del tiempo, el espacio y los grupos, un sistema de evaluación y acreditación centrado en el logro y condiciones institucionales para desarrollar la enseñanza, la orientación y tutoría de los jóvenes. Simultáneamente se requiere rodear al esfuerzo estrictamente educativo con políticas sociales de sostenimiento de los jóvenes en la escuela. * Educación temprana. Para disminuir la brecha de la desigualdad es imprescindible concentrase en el desarrollo infantil en el período entre el nacimiento y el ingreso a la escuela primaria. Ese es un tiempo crítico para asegurar igualdad de oportunidades, tal como lo muestran las investigaciones. Los niños de familias pobres que participan en buenos programas de educación temprana tienen 30% más probabilidades de terminar la secundaria y el doble de probabilidades de llegar a la universidad. La educación en la primera infancia supone en principio garantizar, sobre todo a los sectores más pobres, el acceso a jardines maternales e instituciones de nivel inicial de altísima calidad. En síntesis, habrá que concentrarse en los docentes, en los jóvenes y en los más chicos. Y habrá que hacer más transparente el sistema educativo y la propia gestión de gobierno.

CONTRA

PUNTO EL DESAFÍO DE CREAR UN MODELO SUSTENTABLE BERNARDO KOSACOFF, director del Centro sobre Empresas, Competitividad y Desarrollo del ITBA y la Universidad de San Andrés (CECyD) y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Quilmes

xisten nuevos desafíos económicos que requieren de un programa integral para demostrar que el país, además de su notable capacidad de generar riqueza en los últimos ocho años, puede sostenerla. Simultáneamente, los reclamos distributivos y sociales, muy lejos de superar el agudo proceso de exclusión y regresión social de las últimas tres décadas, es una asignatura pendiente que debe ser superada para garantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Es necesario implementar un programa macroeconómico que desacelere la inflación, mantenga los equilibrios fiscales y promueva la inversión, el desarrollo tecnológico y la educación. El país tiene margen técnico para lograr soluciones consistentes que contemplen una mayor equidad social y promuevan una mayor competitividad de las empresas. Hoy el mundo da una oportunidad a los países con abundantes recursos naturales, con fuerte capacidad emprendedora e innovadora y con mano de obra calificada. La Argentina cuenta con una nueva oportunidad. Una cuestión central es aumentar la inversión asegurando un clima de confianza. La intermediación financiera y el mercado de capitales son siete veces menores que el promedio de los

>>>> países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con prácticamente ausencia de créditos que no sean de corto plazo. La normalización con el mercado voluntario de crédito internacional y el retorno parcial de los ahorros externos de los argentinos son esenciales para hacer efectivas las innumerables oportunidades de negocios. El desafío es cómo se administra un nuevo sendero de crecimiento. Para ello es necesario un ejercicio colectivo que construya una visión compartida públicoprivada sobre el desarrollo posible y deseable a nivel nacional. Ello involucra, al menos, considerar los siguientes aspectos: * La volatilidad y los ciclos económicos tienen efectos negativos muy profundos. La dificultad de identificar la tendencia de los ingresos en el largo plazo perturba las decisiones de consumo e inversión. La implementación de políticas anticíclicas es un componente central para sostener los equilibrios externos, fiscales y de financiamiento. Pero a su vez, las políticas económicas deben incentivar las decisiones de inversión en el largo plazo, el desarrollo de las ventajas competitivas dinámicas y permitir una mayor cohesión social a través de la igualdad de capacidades y oportunidades. continúa en pag. 148

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LAS AMENAZAS PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO MANUEL A. SOLANET, socio fundador de Infupa y consejero académico de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

uando se inicie un nuevo período de gobierno ya habrá quedado en evidencia el agotamiento de un modelo de gestión. El crecimiento de la actividad económica y del empleo, expuestos hoy por el discurso oficial, se contraponen con otras circunstancias menos felices y más amenazantes hacia el futuro si no se introducen correcciones. Hay que decir que el marco internacional continuará siendo favorable a nuestra economía, lo que implicará una enorme ayuda para quien tenga que operar correcciones que de otro modo tendrían un impacto social y político más doloroso. El precio internacional de los productos agrícolas ha subido un nuevo escalón y los analistas coinciden en que habrá para ellos una tendencia firme y sostenible en el mediano y largo plazo. Las tasas de interés persisten en muy bajos niveles, favoreciendo a las economías emergentes que sepan aprovechar esa situación. No ocurre esto con la Argentina y es ahí justamente donde aparecen las fisuras que podrían llevar a la pérdida de una oportunidad y eventualmente a un daño mayor. De ser en los 90 el segundo país en América Latina en atracción de inversiones externas, la Argentina ha pasado en los últimos años al sexto lugar. El riesgo país permanece alto y es comparable al de Venezuela, circunstancia que tiene que ver con una debilidad institucional manifiesta y con la falta de confianza.

Es cierto que la deuda pública formalmente reconocida ha reducido su proporción respecto del Producto Bruto Interno (PBI), pero también es cierto que eso se logró pasando por sobre miles de acreedores con quitas sangrientas y que hay pasivos públicos potenciales de enorme magnitud aún dentro del ropero. Entre ellos el que se asumió al estatizar el sistema privado de jubilaciones y gastarse luego los fondos confiscados. La falta de confianza y la ausencia de un clima de inversión responde, además, a otros factores, entre ellos a la falta de autonomía de la Justicia, las arbitrarias intervenciones en el sistema de precios, la corrupción, el falseamiento de las estadísticas del INDEC, la inseguridad, y un discurso agresivo con el mundo y con los propios ciudadanos. Quien tome el gobierno en diciembre próximo deberá revertir todo esto. Prioritariamente deberá resolver el default remanente y restablecer las relaciones financieras y políticas con el resto del mundo y particularmente con nuestros vecinos. Los superávit gemelos están en trance de ser un atributo perdido. Ya estamos en déficit fiscal debido al desborde del gasto público. El saldo comercial externo se está esfumando a pesar del crecimiento notable del valor exportado. La producción interna, restringida por la insuficiencia de inversiones en la industria y en infraestructura, no ha podido acompañar el impulso continúa en pag. 148

<<<<< ECONOMÍA

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* El patrón de especialización es determinante de la sustentabilidad. El crecimiento de las exportaciones es una excelente noticia para superar las restricciones externas. Pero sólo tendrán las externalidades positivas para sostener el desarrollo en la medida en que se basen en la generación de más riqueza y de mejor calidad. La revalorización de las materias primas y el capital productivo previamente construido deben ser la base para avanzar hacia los bienes diferenciados más intensivos en la incorporación de procesos de innovación. Esto involucra la generación de las capacidades tecnológicas domésticas, la calificación permanente de los recursos humanos, la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento empresarial. * Las empresas transnacionales pueden tener un aporte significativo al desarrollo. La calidad de su localización es decisiva, requiriéndose de incentivos y reglas de juego que propendan a su mayor inserción en las cadenas globales de valor, con la generación de conocimiento y capacidades de producción domésticas. A su vez, la inserción internacional y los procesos de integración económica deben fortalecer los procesos de complementación productiva. Brasil nos da la oportunidad de redefinir una agenda positiva de integración productiva. * La distribución del ingreso y la provisión de bienes públicos que garanticen la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las capacidades impactan en la sostenibilidad del desarrollo. La educación y la innovación son ejes centrales de una estrategia de desarrollo. El fortalecimiento de las políticas públicas, con transparencia y evaluación social, son un componente imprescindible para el logro de la equidad, el fortalecimiento empresarial y la creación de mercados competitivos. Todas las acciones públicas y las estrategias de negocios privadas deben ser evaluadas para aportar positivamente a una mayor cohesión social, plena vigencia de los derechos y cuidado del medio ambiente.

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BERNARDO KOSACOFF

MANUEL A. SOLANET

gubernamental al consumo. Por ello la cuestión se resuelve hoy con más importaciones. La cuestión de la energía es tal vez la de mayor dramatismo. El desquicio tarifario, que habrá que normalizar, ha transformado a la Argentina en un importador de energía de altísimo costo. Crear un clima propicio para la inversión privada será el único camino para restablecer el saldo comercial sin tener que recurrir a una devaluación ni a las destructivas restricciones cuantitativas ni tampoco al control de cambios. La inflación deberá estar al tope de las preocupaciones del nuevo gobierno. No sólo habrá que resolver las restricciones en la oferta recuperando la inversión. Será imprescindible actuar estructuralmente sobre el gasto público para poner en cauce el resultado fiscal y la emisión monetaria. La reforma del Estado sigue siendo un deber pendiente y aún más perentorio luego de que en los últimos ocho años el empleo público ha crecido más de un 50%. Si es que no se quiere volver a caer en default o retacear el gasto en salud, educación y otros servicios sociales esenciales o indelegables, deberá estudiarse seriamente la racionalización administrativa, las reprivatizaciones, y seguramente reconstruir un sistema de retiro por capitalización. Como un instrumento esencial de política industrial, modernización y competitividad, deberá caminarse hacia una política arancelaria que la promueva. El modelo chileno de un derecho de importación único, uniforme y bajo, debiera ser el objetivo. La gradual desaparición de los derechos de exportación debiera también responder a esta sana política de apertura al mundo. Una palabra final sobre la paz interior. El juzgamiento de los hechos del pasado con una visión parcial y asimétrica deberá sustituirse por un proceso de superación y reconciliación que permita mirar hacia adelante, erradicando los sentimientos de venganza y de perpetua confrontación.

CONTRA

PUNTO UNA AGENDA PRECISA PARA LA REINSERCIÓN EN EL MUNDO MARCELO ELIZONDO, director de la Escuela Internacional de Negocios de la UCES y ex director de la Fundación Export.Ar

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a política exterior debe ser una herramienta esencial para concretar el deseo de un mundo mejor y, como parte de él, lograr que los argentinos vivamos en una sociedad progresista y tengamos una participación digna en el espacio global que nos ha tocado compartir. Para eso, nuestro país debe, por un lado, defender internacionalmente la integración consensuada basada en el respeto de las normas y los valores; la paz, la democracia y los derechos humanos, el multilateralismo, el derecho al progreso, la promoción del desarrollo socioeconómico y el comercio justo. Pero por el otro, es pertinente plantearse un camino crítico con objetivos cuantificables que beneficien el desarrollo del país. Así, resulta relevante que la Argentina enfoque la nueva década con seis metas hacia 2020: exportaciones de bienes por entre US$ 180.000 y 200.000 millones (fueron de unos US$ 68.500 en 2010), exportaciones de servicios por US$ 25.000 millones (fueron de unos US$ 12.000 en 2010), un conjunto de exportaciones que representen el 30% del PBI (en promedio en los últimos años han representado un 20%), niveles de inversión extranjera directa de al menos US$ 25.000 millones anuales y un stock de inversiones argentinas en el exterior de unos US$ 40.000 millones. Además, debe

>>>> ser un objetivo contar con más de 200 empresas que exporten cada una por sobre los 100 millones de negocios anuales (hoy, son menos de 100). Para conseguirlo la Argentina debe fortalecer su alianza regional con el Mercosur como su principal apuesta histórica (Brasil es el destino central de nuestras exportaciones, importante origen de inversiones y el mercado en el que más preponderancia tienen las ventas de manufacturas de origen industrial), sin perder de vista que en Latinoamérica toda bregamos por un espacio de democracia, desarrollo, justicia social, y prosperidad. Pero el siglo XXI requiere una madura relación con los Estados Unidos y la Unión Europea (ambos, socios comerciales argentinos históricos), con los que tenemos coincidencias en el respeto por la democracia política, la institucionalidad y legalidad internacionales, el comercio internacional como fuente de progreso, el fomento de la inversión como medio para el desarrollo y la modernización de las instituciones internacionales. Y, a la vez, también se debe reconocer al denominado mundo emergente -gran explicación del crecimiento en los años venideros-, al que dirigimos el 75% de nuestras exportaciones, como un espacio de complementariedad creciente. En su estrategia comercial, la continúa en pag. 152

LA ARGENTINA, PROTAGONISTA ACTIVA EN EL ESCENARIO REGIONAL FÉLIX PEÑA, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank y profesor titular de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

l espacio geográfico regional, especialmente el sudamericano, es un ámbito natural y privilegiado para la proyección externa de la Argentina. No es por cierto el único. En un mundo con múltiples opciones para todos los países, una estrategia-país de inserción internacional tiene que estar abierta a todos los horizontes y a aprovechar todas las oportunidades posibles en función del interés nacional y, en particular, de los objetivos de desarrollo económico y social. Ello requiere coordinar esfuerzos entre todos los protagonistas de la inserción internacional del país a nivel nacional, provincial y local y, en particular, entre los sectores empresarios que proyecten al mundo y a la región su capacidad de producir bienes y de prestar servicios competitivos. Hoy más que nunca son las naciones las que compiten en el escenario internacional y ello demanda la conjunción de esfuerzos de todos los sectores de una sociedad. En el plano regional sudamericano –que incluye en muchos aspectos el ámbito latinoamericano- para una estrategia eficaz de inserción

de nuestro país se destacan tres ejes principales vinculados entre sí. El primer eje es el de las acciones orientadas a preservar un ambiente de paz y estabilidad política en la región, como condición para consolidar la democracia, la cohesión social y la transformación productiva en cada uno de los países sudamericanos. Sin perjuicio de otros, en este eje se destacan los desafíos crecientes que plantean el narcotráfico y el crimen organizado. El segundo es el de los diferentes tipos de preferencias económicas negociadas o que se negocien entre los países de la región. Para operar como incentivos eficaces a la inversión productiva tienen que ser efectivas, previsibles y compatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprovechando los márgenes de flexibilidad derivados del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y de la Cláusula de Habilitación. Y el tercer eje es el de un denso tejido de múltiples redes que conecten espacios físicos, sistemas productivos y de innovación tecnológica, instituciones académicas, y protagonistas sociales y culturales de los países de la región. El desarrollo de encadenamientos productivos transnacionales que potencien la capacidad del país –y de sus socios- para competir a escala global, requerirá especial atención tanto en el plano gubercontinúa en pag. 152

<<<<< INTEGRACIÓN

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Argentina debe tener una mira multipolar que se apoye en dos grandes brazos ejecutores: la apertura de mercados a través de las negociaciones internacionales tendientes a lograr la reducción de restricciones al comercio internacional, y la ocupación de mercados a través de la promoción comercial, optimizando el funcionamiento de los vasos comunicantes entre el sector público y el sector privado. Pero también debe respetar prácticas universales en el comercio transfronterizo. Y, en relación con la oferta exportable, debe desarrollar atributos para calificar aún más su capacidad de gran oferente de alimentos, incorporar a ella la ciencia y el conocimiento científicos, aprovechar el escenario de estratégicos recursos naturales y destacar el aporte de los recursos humanos altamente calificados, la capacidad histórica de liderazgo intelectual, el potencial turístico y el manejo de un idioma de creciente importancia mundial. La Argentina, país cosmopolita creado por inmigrantes y nativos, tiene por destino la vinculación con el conjunto del globo. La participación en los organismos internacionales, desde la ONU hasta el Banco Mundial, que ha sido desatendida, es un instrumento para promover el desarrollo, defender nuestros intereses y obtener cooperación. Así, la Argentina tendrá otra vez una agenda internacional precisa y adecuada y, por ello, instrumentos de fortalecimiento y vinculación funcionales a los intereses de los argentinos.

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MARCELO ELIZONDO

FÉLIX PEÑA

namental como en el empresario. La riqueza de la región en recursos naturales y sus indudables ventajas culturales para navegar en una era de modernización mestiza la tornan en un ámbito privilegiado para esfuerzos conjuntos de transformación productiva y de inserción activa en la competencia económica global. Un ejemplo destacado es el de la producción de alimentos –especialmente los procesados, diferenciados, “inteligentes” y “verdes”- y el del desarrollo de cadenas de comercialización que permitan llegar con el mayor valor agregado posible a las góndolas de todas las ciudades del mundo, cada vez más pobladas y con una creciente masa de consumidores informados, y con ingresos y pautas de consumo propio de las clases medias. Tecnologías organizativas, públicas y privadas; gestión de inteligencia competitiva para detectar oportunidades y constantes desplazamientos de ventajas competitivas; capacidad de compromiso, constancia y paciencia en la construcción de diversas alianzas transnacionales, cruzadas y de geometría variable son algunas de las cualidades que se requerirán en el futuro para que la Argentina se inserte con éxito en la región y simultáneamente, por cierto, en el resto del mundo. Ello implicará desarrollar sinergias entre los múltiples protagonistas nacionales y de éstos con sus contrapartidas en cada país de la región. Exigirá, asimismo, consolidar, aprovechar y, en lo que corresponda adaptar, las estructuras y mecanismos institucionales que existen en el campo de la cooperación regional tales como el Mercosur, la UNASUR y la ALALC.

MIRADAS DESDE EL EXTERIOR

Una plataforma para superar el miedo al caos H

GERARDO DELLA PAOLERA, presidente de Global Development Network (GDN)

ace tiempo que los argentinos se contentan con votar partidos políticos y candidatos que les garanticen que no habrá caos. En general, los electores votan con miedo y buscan líderes que garanticen paz social y económica. Pero no se vislumbra, todavía, una plataforma política moderna, capaz de trascender el miedo del votante, que proponga cambios reales para superar los problemas estructurales de la Argentina. Para cambiar, el país necesita a un Presidente con apoyo de una estructura partidaria dispuesto a enfrentar esos problemas clave que la Argentina arrastra desde hace décadas. Es urgente revisar el diseño de la república federal y avanzar hacia una nueva configuración territorial. En la actualidad, el clientelismo entre el gobierno central y la provincia más necesitada y más poblada, Buenos Aires, asfixia toda posibilidad de cambio.

Por eso, para cambiar verdaderamente el rumbo, la Argentina necesita un líder dispuesto a iniciar, con un solo mandato, transformaciones fundamentales que, aun con mucho costo político, sostenidas en el largo plazo permitirían un país con más equidad y más integrado al mundo. Evidentemente, se necesita un líder con mucho apoyo político para ser, paradójicamente, un presidente impopular. Un proyecto político de vida efímera capaz de cambiar el rumbo errante de la Argentina. En el plano internacional asoman algunos ejemplos de líderes que se animan a la impopularidad para iniciar proyectos realistas. En Francia, el presidente, Nicolás Sarkozy, se atrevió a encarar una reforma jubilatoria para evitar que su país vaya inexorablemente hacia el default. A pocos meses de las elecciones, y muy golpeado por la crisis financiera internacional, Sarkozy mantiene su proyecto incluso a costa de no ser reelegido.

Es difícil vislumbrar a un líder político así en la Argentina. Hay numerosos candidatos en la oposición, pero todavía no se escuchan propuestas o ideas fuerza que apunten directamente a los problemas estructurales que tienen décadas sin resolver. En este contexto, el proyecto que encara CIPPEC, Agenda presidencial, es fundamental para revelar a los ciudadanos un verdadero debate por las ideas, que incluya a los mecanismos y costos de implementación de las propuestas políticas. La Argentina necesita volver a instalar la idea de que las próximas generaciones estarán mejor que nosotros gracias a su esfuerzo. Para ello, es necesario tener una clase dirigente. En un país que tiene una cultura del debate que no trasciende el ataque personal, es fundamental involucrar a toda la clase dirigente -empresarios, líderes sociales y políticos- en un debate serio con propuestas realistas para resolver deudas pendientes desde hace años.

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agenda pública presidencial

Tiempo de elecciones, oportunidades de innovación ORAZIO BELLETINI, director ejecutivo de Grupo FARO, Ecuador

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a política ya no es lo que solía ser. La creciente complejidad de los problemas públicos exige respuestas basadas en análisis rigurosos y en la colaboración entre diversos actores. En las últimas décadas, América Latina ha experimentado cambios políticos y económicos que han modificado el funcionamiento de sus instituciones políticas, las relaciones de poder y la estructura socioeconómica; este nuevo escenario plantea desafíos que ya no pueden ser resueltos sólo desde el Estado. Por ello, organizaciones como las universidades, ONG y centros de políticas públicas (think tanks) son actores cada vez más importantes en la generación de ideas y la expansión de capacidades para mejorar la calidad de la deliberación democrática y las políticas públicas.

Aunque hay quienes piensan que lo peor de la democracia son las elecciones, éstas podrían constituir una oportunidad inigualable para promover cambios e innovaciones necesarias para el desarrollo de las sociedades. En los países latinoamericanos los sistemas políticos no siempre facilitan la toma de decisiones; por ello, actores sin autoridad formal como los think tanks disponen del “margen de maniobra” que les permite presentar ideas, generar propuestas de reformas que les serían política e institucionalmente difíciles, si no imposibles, a actores políticos tradicionales. Por su capacidad de generar conocimiento aplicado a la resolución de los problemas públicos y de servir de puentes entre los saberes “expertos” y “políticos”, los think tanks pueden jugar un rol importante introduciendo

MIRADAS DESDE EL EXTERIOR

En las últimas elecciones porteñas los candidatos aceptaron un debate público; algo hasta ahora imposible a nivel nacional

temas en la agenda pública y promoviendo un debate plural y basado en evidencia que enriquezca la calidad de la democracia. Adicionalmente, y dado el carácter competitivo de los procesos electorales, los think tanks también sirven como un espacio donde actores de ideologías diversas pueden discutir ideas y desarrollar planes de acción mínimamente concertados. Desde esa perspectiva, la participación de los think tanks no sólo ha enriquecido el debate democrático sino que ha catalizado los consensos necesarios para permitir el inicio de reformas públicas cruciales para el desarrollo de nuestros países. Para ello, los think tanks tienen el desafío de encontrar formas de convertirse en verdaderos “foros de políticas” y conectarse con organizaciones que represen-

ten diferentes perspectivas, intereses y necesidades en la sociedad para así convertirse en lo que Antonio Camou denomina una especie de “partido transversal” que “recorren diferentes formaciones políticas” y que permiten la implementación de reformas públicas que permanezcan más allá de las elecciones. Esto es especialmente cierto en la segunda y tercera generación de reformas públicas, donde será necesario un tipo de gobernabilidad diferente al que permitió llevar adelante las reformas económicas de primera generación. Como bien lo expresa Moisés Naím, “los héroes de la nueva generación de reformas no serán un pequeño grupo de poderosos tecnócratas expertos en la complejidad del manejo macroeconómico. En su lugar, serán una mirada de ad-

ministradores públicos de nivel medio construyendo hábilmente la estructura organizacional y la logística indispensable para hacer funcionar el Estado”. A estos nuevos héroes se podrían sumar los think tanks y los políticos que entiendan las ventajas de la sinergia y la colaboración. Los partidos y movimientos argentinos tienen en estas elecciones una enorme oportunidad para promover las ideas que se requieren para enfrentar los nuevos desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales; hagamos votos para que vean a los think tanks como aliados para generar las propuestas y construir algunos consensos que permitan la implementación de reformas y la consolidación de instituciones públicas que sus ciudadanos y ciudadanas merecen. 157

agenda pública presidencial

La gran E

ENRIQUE MENDIZÁBAL, editor de www.onthinktanks.org

l rol o la función de think tank ha existido desde hace mucho antes que existiera la etiqueta think tank. A fin de cuentas, la idea denota nada más que un espacio, un tanque, donde se piensa sobre temas de relevancia para el interés público. Y desde que ha habido personas cumpliendo el rol de think tanks (asesores, consejos, comisiones, tutores personales) ha habido también críticos que, a veces en tono burlón y otras más seriamente, los han acusado de ser una pérdida de espacio y culpables de las mayores crisis económicas y políticas. En parte, las acusaciones devienen de las prácticas de los mismos think tanks, que no favorecen una mayor apreciación de su contribución al espacio y bien públi-

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co. Freetown, que es donde estoy viviendo en estos días, está decorado con miles de tanques de agua “Milla Tank” de 3.000 litros. Son unos tanques de PVC negro que, a decir de varios expatriados viviendo aquí, contienen agua de dudosa procedencia y calidad. Yo, claro, no tengo mayor evidencia para afirmar esto, pero a falta de muestras de agua, me fijo en lo que veo a mi alrededor para inferir sobre la calidad del agua. ¿Y qué veo? Basura, pobreza, riachuelos llenos de desperdicios, tierra y polvo por todos lados, caos y congestión en las calles, desagües rotos, etc. Lo mismo sucede con muchos think tanks que, tal como la política a su alrededor y en parte alentados por sus donantes, se enfocan en estrategias cada vez más ocul-

MIRADAS DESDE EL EXTERIOR

conversación

tas al público en más de una manera: en espacios de acceso restringido para el ciudadano común, usando lenguajes y términos altamente técnicos e innecesariamente complejos, y haciendo uso de métodos y herramientas de estudio y análisis ajenos incluso a la población educada (y, menos aún, a la población en general). Esta privatización de lo público no es nueva en la Argentina. Antonio Camou comparó los roles de expertos en el diseño de la política económica entre 1985 y 2001 y encontró que el número de expertos involucrados vinculados a centros de investigación privados, consultoras y empresas internacionales y bancos se incrementó con relación a los de universidades públicas y partidos políticos.

Este fenómeno de privatización del debate público ha sido un tema de preocupación para estudiosos de las políticas latinoamericana, norteamericana y europea. En un contexto político difícil como el latinoamericano, otra cosa entonces sería un tanque transparente que posibilite ver la calidad de agua –que nos permita cerciorarnos que no se nos está dando gato por liebre (o desagüe por Evian)-. Este tipo de think tank es el que contribuye a lo que David Ricci llama “La gran conversación”, en donde lo fundamental para el think tank no es cambiar las leyes de manera inmediata sino sobre todo educar al público sobre la política misma, los problemas que enfrenta, las maneras de resolverlos y sobre los propios métodos y

herramientas empleados por la organización. “La gran conversación” acepta el rol de la ideología en la práctica de la política y busca informarla pero no eliminarla. Entonces, los think tanks pueden participar como mediadores, facilitadores o articuladores de un debate ideológico, inyectando evidencia, abriendo nuevos espacios de debate, evitando y administrando conflictos, identificando nuevos problemas sobre los que deben enfocarse esfuerzos, testeando opciones y buscando puntos de encuentro. El proceso electoral, entonces, es el momento perfecto para limpiar el vidrio del tanque e invitar al público a observar y participar del debate de ideas sobre el interés público. 159

INDICADORES SOCIALES

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agenda pĂşblica presidencial

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INDICADORES SOCIALES

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agenda pĂşblica presidencial

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INDICADORES SOCIALES

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agenda pĂşblica presidencial

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INDICADORES SOCIALES

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agenda pĂşblica presidencial

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INDICADORES ECONÓMICOS

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agenda pĂşblica presidencial

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INDICADORES ECONÓMICOS