Comunicación Fiscal

Senadora Claudia López Alianza Verde Bogotá, marzo de 2017

Fatou Bensouda Fiscal Corte Penal Internacional otp.informationdesk@icc-cpi.int eugenia.valenzuela@icc-cpi.int xabier.agirre@icc-cpi.int franco.mantillana@icc-cpi.int publicAffairs.Unit@icc-cpi.int La Haya, Países Bajos

Asunto: Comunicación sobre las distorsiones del derecho internacional en el diseño normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz creada en Colombia.

Señora Fiscal, reciba un cordial saludo.

En mi calidad de Senadora de la República de Colombia allego a su Oficina información que advierte la existencia de distorsiones en la aplicación del Derecho Internacional en el sistema de justicia transicional contenidos en la legislación que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante “JEP”) y en particular, en lo relacionado con la responsabilidad de mando de los miembros de la Fuerza Pública colombiana. La JEP se está creando como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (en adelante “SIVJRNR”) establecido en el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc-EP el 24 de noviembre de 2016.

La preocupación se refiere de manera particular a tres temas: i) exclusión del Derecho Penal Internacional (en adelante DPI) como norma aplicable en el tratamiento de justicia diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública, ii) incorporación de requisitos concurrentes adicionales a los desarrollados en el derecho internacional para fijar la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública, y iii) exclusión de la responsabilidad de mando para civiles y miembros de las Farc-EP.

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Senadora Claudia López Alianza Verde Como consecuencia de la información que explicaré en detalle sobre cada punto solicito a su señoría que, en ejercicio de sus competencias, realice un cuidadoso estudio de los insumos aquí entregados y, de considerarlo pertinente, emita un pronunciamiento sobre las eventuales distorsiones del Derecho Internacional.

El proceso de paz en Colombia Como lo ha señalado su Oficina1, “los fines de una paz sostenible están intrínsecamente ligados a la realización de la justicia y a que ésta se vea realizada (...) Como Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Colombia ha reconocido que los crímenes más graves constituyen una amenaza a la paz, la seguridad y al bienestar general del mundo.

Asimismo, ha afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes, contribuyendo así a la prevención de los mismos”.

También coincido con su afirmación sobre las aspiraciones de justicia de las víctimas, las cuales “deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia” y que la Jurisdicción Especial para la Paz que se establecerá en Colombia debe responder a esas aspiraciones y centrarse “en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”.

En cuanto a la responsabilidad de mando, coincido con sus preocupaciones referentes al diseño contenido en el proyecto de JEP, pues como lo señaló en su reciente comunicación: “la definición que adopten en última instancia los legisladores tendrá que ajustarse plenamente a la definición establecida en el Estatuto de Roma. Esto garantizará que Colombia cumpla las obligaciones que emanan de tratados internacionales como Estado parte del Estatuto de Roma, mediante investigaciones y enjuiciamientos efectivos a nivel nacional, en consonancia con el principio de complementariedad.” 2

1

Declaración de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, 1o de septiembre de 2016.

2 Bensouda, F. (2017). El acuerdo de paz de Colombia demanda respeto, pero también responsabilidad. Revista Semana.

Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/deseo-corte-penal-internacional-justiciatransicional-en-colombia/512820

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Senadora Claudia López Alianza Verde Así las cosas, respaldo sus observaciones sobre los estándares internacionales de la responsabilidad de mando, referidas a: 1. control efectivo, en tanto: “no se requiere que el comandante en cuestión ejerciera control efectivo sobre la propia conducta delictiva (...) no es preciso demostrar para todos los casos de responsabilidad de mando otro tipo de consideraciones, como si el delito se cometió en la zona de responsabilidad del superior o si este tenía capacidad para dictar órdenes y para preparar y llevar a cabo operaciones en la zona precisa en que se cometieron los actos punibles”. 2. requisito de conocimiento, el que, según el Estatuto de Roma, “podrá enjuiciarse a un comandante si tiene a su disposición información que le hubiera puesto sobre aviso de los delitos, pero también en caso de que no hubiera hecho uso de los medios que tenía a su disposición para tomar conocimiento de los delitos”. Y 3. La obligación de adoptar medidas para prevenir o castigar la comisión de un delito, pues esta “no se limita únicamente a los comandantes directos. Cuando un comandante de rango superior no adopta ese tipo de medidas sobre la base de información que tiene a su disposición, su responsabilidad penal también se activa”3. Lamentablemente, en lo aprobado hasta ahora en el Acto Legislativo que crea la JEP no sólo se desconocen sino que se contrarían estas observaciones, violando, en mi opinión, los estandares internacionales consuetudinarios sobre responsabilidad de mando y el Estatuto de Roma.

Por lo anterior, presentamos a su señoría nuestras preocupaciones derivadas del proceso legislativo que se está desarrollando para crear la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP).

Procedimiento Legislativo Especial para la Paz El Proyecto de Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) ha surtido tres de los cuatro debates necesarios para ser incorporado en la Constitución Política; el último fue el pasado 22 de febrero, por lo que es inminente la aprobación de esa disposición que, en el texto aprobado hasta tercer debate, atentaría contra el Derecho Penal Internacional (en adelante DPI), el Estatuto de Roma y los derechos de las víctimas.

Según el Proyecto, el Sistema integral estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

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Íbid.

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El Procedimiento Legislativo Especial para la Paz conocido como “fast track”, fue creado por medio del Acto Legislativo 01 de 2016 para hacer posible la aprobación ágil de las leyes y acto legislativos requeridos en la implementación del Acuerdo de Paz. El fast track cuenta con las siguientes características: ●

●

● ● ● ●

En cuanto a los tiempos legislativos, permite reducir a la mitad las discusiones requeridas para aprobar los actos legislativos (aquellos que modifican o adicionan la Constitución), y disminuir un paso en la aprobación de las leyes al permitir las sesiones conjuntas en el primer debate.

Implica una serie de limitaciones legislativas. En primer lugar, sólo el Gobierno tiene iniciativa legislativa, es decir, este es el único facultado para presentar proyectos de ley y de acto legislativo. En segundo lugar, limita la facultad de los Congresistas para modificar los proyectos sometidos a su estudio, pues solo pueden ser votadas aquellos cambios previamente avalados por el Gobierno.

Otorga prelación en el orden del día a los proyectos tramitados por el procedimiento especial.

Exige mayoría absoluta para la aprobación de los proyectos de acto legislativo.

Permite que los proyectos sean aprobados en sesiones extraordinarias.

Establece el control previo de la Corte Constitucional para los proyectos aprobados por medio del procedimiento especial.

Disposiciones de la JEP que van en contra de las obligaciones internacionales de Colombia i) Exclusión del Derecho Penal Internacional como norma aplicable en el tratamiento de justicia diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública colombiana La JEP establece los mecanismos transicionales de justicia aplicables a miembros de las Farc, a las fuerzas militares y a terceros que cometieron crímenes en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

En el artículo 5 se señalan las reglas generales aplicables a quienes ingresen al sistema especial y reciban sus beneficios punitivos. En dicho artículo se señala: “(...) La JEP al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal Colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Cra. 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Of. 228. Tel: 3823441

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Senadora Claudia López Alianza Verde Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad (...)” (Negrita y subrayado fuera del texto) No obstante lo anterior, en el Capítulo VII que contiene las reglas particulares aplicables a la Fuerza Pública, se excluye por completo al DPI como fuente normativa.

El artículo transitorio 21 “Calificación jurídica de la conducta en la Jurisdicción Especial para la Paz” señala: “La Jurisdicción Especial para la Paz al adoptar sus resoluciones o sentencias hará una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará, con estricta sujeción al artículo 29 de la Constitución Política, en el Código Penal colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). La JEP respetará las obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción. Lo anterior, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.

En la valoración de la conducta de los miembros de la Fuerza Pública, también se tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal.”

A su turno, el artículo transitorio 23 “Responsabilidad del mando” indica: “Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal (...)”

Los artículos transitorios 21 y 23 injustificadamente excluyen al Derecho Penal Internacional como fuente normativa para determinar la responsabilidad del mando; el artículo 23 además deja por fuera al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Según la redacción del proyecto, la responsabilidad de mando se establecerá teniendo en cuenta el “Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal”.

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Senadora Claudia López Alianza Verde No obstante, no existe razón para excluir esa normatividad internacional cuando se resuelven asuntos relacionados con la responsabilidad del mando. La figura de la responsabilidad de mando ha sido desarrollada por el DPl consuetudinario y por el Estatuto de Roma, por lo que resultan parámetros normativos imprescindibles para resolver este tipo de casos4.

A diferencia del artículo 21, el artículo 23 no hace referencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) como fuente normativa. No hay razón para esta exclusión, ni siquiera bajo el argumento del DIH como ley especial. En la sentencia C-084 de 2016, la Corte Constitucional señaló que en virtud del principio de complementariedad y convergencia, el DIDH y el DIH “deben ser aplicados y reconocidos de manera concurrente en aquellos eventos de conflicto armado –internacional, o no internacional-, pues a pesar que puedan ser considerados como dos sistemas normativas independientes y autónomos, se encuentran en íntima relación e interacción”.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, a lo largo del texto aprobado en la JEP, las fuentes normativas se van disminuyendo, y lejos de ser consistentes otorgan una preocupante inseguridad jurídica.

Artículo

Fuente normativa

Artículo transitorio 5.

JEP

Artículo transitorio 21.

Calificación jurídica de la conducta en la JEP

Artículo transitorio 23.

Responsabilidad del mando

Código Penal Colombiano

Código Penal colombiano vigente al momento de la comisión del hecho

Código Penal colombiano

Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH)

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)

Excluye DIDH

Derecho Internacional Humanitario (DIH) o

Derecho Internacional Humanitario (DIH)

Derecho Penal Internacional (DPI)

Excluye DPI

Derecho Internacional Humanitario como ley especial Excluye DPI

Incluye reglas operacionales de la fuerza pública

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Dejusticia, Comisión Colombiana de Juristas, Misión de Observación Electoral y otros. Comunicado sobre el proyecto de acto legislativo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bogotá, 13 de febrero de 2017.

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La anterior exclusión, lejos de ser casualidad, responde a una clara intención de dejar por fuera los estándares contenidos en el Estatuto de Roma y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional (CPI) para los agentes del estado y miembros de la Fuerza Pública, lo que a todas luces va en contra de las obligaciones adquiridas por Colombia, y afecta la seguridad jurídica de los miembros de los Fuerza Pública, pues ante la ausencia de una investigación y juzgamiento adecuados a los estándares internacionales de responsabilidad de mando, podrían darse los criterios para una eventual competencia subsidiaria de la CPI. Por lo anterior, propuse modificar los artículos transitorios 21 y 23 incluyendo el DIDH y el DPI como fuente normativa; sin embargo, no fue acogida esta propuesta, y los artículos se aprobaron en tercer debate sin ninguna modificación. ii) Incorporación de requisitos concurrentes adicionales a los estándares internacionales para fijar la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública El derecho internacional ha decantado los requisitos para que se configure la responsabilidad del mando. El primer requisito exige que exista mando efectivo, es decir, una relación jerárquica entre el superior y el subordinado que cometió el crimen. El segundo requisito señala la necesidad de evidenciar que el superior debía tener conocimiento real de la comisión de la conducta (actual knowledge o conocimiento efectivo), o había razones para que el superior supiera la comisión (had reason to know o conocimiento inferido), o el superior debía haber conocido de la comisión (should have known o conocimiento presunto). El tercer requisito exige que se demuestre que el superior no adoptó las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o sancionar al subordinado, o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes para que el subordinado fuera investigado y sancionado.

En el Acto Legislativo se regula la responsabilidad de mando de los miembros de la fuerza pública bajo los siguientes parámetros: “Artículo transitorio 23. Responsabilidad del mando. Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal.

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Senadora Claudia López Alianza Verde La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.

Se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de sus subordinados, cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes: a. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad; b. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir; c. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles, conforme al nivel de mando correspondiente; y d. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión”.

Si bien el inciso segundo del artículo transitorio 23 recoge los estandares del derecho internacional, el inciso tercero y los numerales contravienen la regulación del derecho internacional. El artículo indica que solo habrá mando y control efectivo si la relación de subordinación entre el superior y quien cometió la conducta se demuestra con cuatro (4) requisitos formales y materiales adicionales a los señalados en los estándares internacionales, necesarios para establecer la responsabilidad del mando de los miembros de la fuerza pública colombiana.

Como lo expuso el Profesor Rodrigo Uprimny5, tal exigencia de que concurran requisitos formales y materiales ,adicionales a los señalados en los estándares internacionales para comprobar la responsabilidad del mando, desconoce el DPI consuetudinario. Se contraviene la 5

Uprimny Yepes R. y Güiza Gómez D. Reflexiones sobre la reforma constitucional que crea la jurisdicción especial para la paz y regula el tratamiento especial a fuerza pública. Este texto acoge parte de las propuestas planteadas por varias organizaciones, grupos de investigación de universidades y académicos, en un comunicado público sobre JEP y tratamiento a Fuerza Pública, de fecha 13 de febrero de 2017: http://www.dejusticia.org/#!/actividad/3406.

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Senadora Claudia López Alianza Verde doctrina de los tribunales internacionales y, en especial, de la Corte Penal Internacional que señala que la determinación de si existe o no mando efectivo es un asunto que se establece probatoriamente, y que si bien existen criterios que pueden y deben ser tomados en cuenta para fijar si hay o no mando efectivo, como los contenidos en el artículo 23 transitorio, son puramente indicativos y, no obligatorios ni individual ni concurrentemente.

En el caso Bemba6, la CPI señaló: “188. The Chamber considers that the question of whether a commander had effective control over particular forces is case specific7. There are a number of factors that may indicate the existence of “effective control”, which requires the material ability to prevent or repress the commission of crimes or to submit the matter to the competent authorities8; these have been properly considered as “more a matter of evidence than of substantive law”9. These factors may include: (i) the official position of the commander within the military structure and the actual tasks that he carried out10; (ii) his power to issue orders11, including his capacity to order forces or units under his command, whether under his immediate command or at lower levels, to engage in hostilities 12; (iii) his capacity to ensure compliance with orders including consideration of whether the orders were actually followed13; (iv) his capacity to re-subordinate units or make changes to command structure14; (v) his power to promote, replace, remove, or discipline any member of the forces, and to initiate investigations15; (vi) his authority to send forces to 6

Corte Penal Internacional. Situation in the Central African Republic in the case of The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo. ICC-01/05-01/08 de 21 de marzo de 2016, párr. 188 - 190. Disponible en: https://www.icccpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/05-01/13-1989-Red. 7 ICTY, Blaškić Appeal Judgment, para. 69; and ICTY, Milošević Appeal Judgment, para. 280 8 Confirmation Decision, para. 417. See also ICTY, Halilović Appeal Judgment, para. 207; ICTY, Strugar Appeal Judgment, para. 256; ICTY, Blaškić Appeal Judgment, para. 69; ICTY, Milošević Appeal Judgment, para. 280; ICTY, Hadžihasanović and Kubura Appeal Judgment, para. 199; ICTY, Orić Appeal Judgment, para. 159; ICTY, Halilović Trial Judgment, para. 58; ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, paras 418 and 421; ICTY, Strugar Trial Judgment, paras 392 to 397, 406, 408, 411, and 413; ICTR, Muvunyi Trial Judgment, para. 497; ICTY, Delalić et al.

Trial Judgment, para. 767; and SCSL, Brima et al. Trial Judgment, para. 788 9 ICTY, Blaškić Appeal Judgment, para. 69; and ICTY, Strugar Appeal Judgment, para. 254.

10 ICTY, Orić Appeal Judgment, paras 91 to 92; ICTY, Hadžihasanović and Kubura Appeal Judgment, para. 21; and ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 438.

11 ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 421; ICTY, Hadžihasanović and Kubura Appeal Judgment, para.

199; and ICTY, Strugar Trial Judgment, paras 395 to 396 12 ICTY, Strugar Trial Judgment, paras 394 to 396.

13 ICTY, Strugar Appeal Judgment, para. 256. See also ICTY, Halilović Appeal Judgment, para. 207; ICTY, Blaškić Appeal Judgment, para. 69; ICTY, Milošević Appeal Judgment, para. 280; and ICTY, Hadžihasanović and Kubura Appeal Judgment, para. 199.

14 ICTY, Strugar Trial Judgment, para. 397.

15 ICTY, Delić Trial Judgment, para. 62; ICTY, Strugar Trial Judgment, paras 406 and 408; ICTY, Delalić et al. Trial Judgment, para. 767; and ICTY, Halilović Appeal Judgment, para. 182.

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Senadora Claudia López Alianza Verde locations where hostilities take place and withdraw them at any given moment16; (vii) his independent access to, and control over, the means to wage war, such as communication equipment and weapons17; (viii) his control over finances18; (ix) the capacity to represent the forces in negotiations or interact with external bodies or individuals on behalf of the group19; and (x) whether he represents the ideology of the movement to which the subordinates adhere and has a certain level of profile, manifested through public appearances and statements20”.

Esta misma línea jurisprudencial fue seguida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, lo que le permitió condenar a Zdravko Mucić21, por su responsabilidad de mando sobre los crímenes que cometieron sus subordinados en la prisión Čelebići –una cárcel que, durante la guerra de Bosnia en 1992, fue usada para recluir ilegalmente a prisioneros serbios-.

Mucić no recibió nombramiento formal como comandante de la prisión. Pero el Tribunal recaudó evidencia empírica que apuntaba a que Mucić sí tenía control de hecho sobre sus subordinados en esa prisión, desde finales de mayo o inicios de junio de 1992 hasta finales de noviembre del mismo año. Según documentos internos de la cárcel, Mucić tenía el poder de transferir prisioneros de Čelebići a otras prisiones, o de dejarlos en libertad. Igualmente, de acuerdo a testimonios, Mucić controlaba las visitas que hacían a los familiares o los civiles que podrían ingresar a la cárcel, como lo relató un periodista bosnio quien fue autorizado por el comandante para filmar la prisión22.

En el mismo sentido, la sentencia contra Rasim Delić, proferida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se señaló: “62. The indicators of effective control are more a matter of evidence than of law23 and are “limited to showing that the accused had the power to prevent, punish or initiate measures leading to proceedings against the alleged perpetrators where appropriate.”24 Factors indicative of an individual’s position of authority and effective control may 16

Ver Confirmation Decision, para. 417.

SCSL, Brima et al. Trial Judgment, para. 788 18 ICTR, Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 606; and SCSL, Brima et al. Trial Judgment, para. 788.

19 ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 424; and ICTY, Strugar Trial Judgment, para. 3988.

20 SCSL, Brima et al. Trial Judgment, para. 788; and ICTY, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 424.

21 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Prosecutor V. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić also known as “Pavo”, Hazim Delić, Esad Landžo also known as “Zenga”. Case No.: IT-96-21-T de 16 de noviembre de 1998, párr.

737-767. Disponible en: http://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf.

22 Uprimny, Rodrigo y Güiza Diana.Op. cit.

23 Bla{ki} Appeal Judgement, para. 69; Aleksovski Appeal Judgement, paras 73-74; Čelebići Appeal Judgement, para. 206.

24 Bla{ki} Appeal Judgement, para. 69; Aleksovski Appeal Judgement, para. 76.

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Senadora Claudia López Alianza Verde include: the procedure used for appointment of an accused,25 his official position,26 the power to give orders and have them executed,27 the power to order combat action and re-subordinate units,28 the availability of material and human resources,29 the authority to apply disciplinary measures,30 the authority to promote, demote or remove particular soldiers31 and the capacity to intimidate subordinates into compliance.32 The Appeals Chamber in Bla{ki} found that the capacity to report to competent authorities the criminal acts of subordinates for the taking of proper measures is indicative of the superior’s limited ability to punish, which determines that he had limited effective control33 ”.

Así mismo, en el caso de Momčilo Perišić, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se refirió al “control efectivo” en la responsabilidad de mando, así: “1669. The Trial Chamber recalls that the indicators of effective control are more a matter of evidence than of law and are “limited to showing that the accused had the power to prevent, punish or initiate measures leading to proceedings against the alleged perpetrators where appropriate”. Further, the Trial Chamber notes that cooperation in itself and/or the mere ability to exercise influence over subordinates is not sufficient to establish effective control34”.

En conclusión, la jurisprudencia internacional es clara al señalar que, aunque existen ciertos criterios orientadores para determinar la existencia del control efectivo de los superiores, esta es una materia probatoria que deberá ser decidida por el juez y que en todo caso, no puede ser

25

Halilović Trial Judgement, para. 58.

Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-T, Judgement, 26 February 2001 (“Kordić and Čerkez Trial Judgement”), para. 418. The Appeals Chamber recognised that the de jure position of a superior may be a prima facie indicia of effective control. See Čelebići Appeal Judgement, para. 197; Hadžihasanovi} and Kubura Appeal Judgement, para. 21; Ori} Appeal Judgement, para. 91.

27 Bla{ki} Appeal Judgement, para. 69, where the Appeals Chamber endorsed “the Appellant’s argument that to establish that effective control existed at the time of the commission of subordinates’ crimes, proof is required that the accused was not only able to issue orders but that the orders were actually followed”. See also Hadžihasanovi} and Kubura Appeal Judgement, para. 199; Kordić and Čerkez Trial Judgement, para. 421.

28 Strugar Trial Judgement, paras 393-397.

29 Prosecutor v. Tharcisse Muvunyi, Case No. ICTR-2000-55A-T, Judgement and Sentencing, 12 September 2006, para. 497.

30 Strugar Trial Judgement, paras 406, 408; Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Case No. IT-96-21-T, Judgement, 16 November 1998 (“Čelebići Trial Judgement”), para. 767.

31 Strugar Trial Judgement, paras 411, 413; Čelebići Trial Judgement, para. 767.

32 Prosecutor v. Alex Tamba Brima et al., SCSL-04-16-T, Judgement, 20 June 2007, para. 788.

33 Bla{ki} Appeal Judgement, para. 499. See also Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgement, 25 June 1999 (“Aleksovski Trial Judgement”), para. 78.

34 Strugar Appeal Judgement, para. 178.

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Senadora Claudia López Alianza Verde reducida únicamente a una serie de requisitos concurrentes y adicionales a los estandares internacionales, como se pretende hacer en este caso.

Por otro lado, el artículo tampoco es preciso en cuanto al estándar de conocimiento inferido, pues establece la exigencia de un conocimiento efectivo, lo cual desconoce que el DPI consuetudinario también aplica el conocimiento inferido y presunto. Cualquier regulación interna de la responsabilidad del mando debe, por lo menos, respetar los estándares de conocimiento que reconoce el DPI consuetudinario: el conocimiento efectivo y alguna forma de conocimiento inferido, ya sea en la forma del derecho penal consuetudinario o del derecho internacional humanitario, en donde se habla de que el superior tuviera elementos para conocer de las atrocidades de sus subalternos; o el estándar de conocimiento presunto señalado por el artículo 28 del Estatuto de Roma.

Como consecuencia, propuse que los requisitos adicionales a los estándares internacionales, y además concurrentes fueran criterios indicativos que, facultativamente, pudieran aplicar los Magistrados de la JEP, siempre conforme al derecho internacional. Sin embargo, mi propuesta no fue respaldada por el Gobierno, por lo tanto no fue siquiera sometida a votación, y en consecuencia el artículo fue aprobado en tercer debate sin ninguna modificación. iii) Exclusión de la responsabilidad de mando para civiles y miembros de las Farc-EP. Aunque el Acuerdo de paz prevé la responsabilidad de mando de los jefes guerrilleros de las Farc-EP, el proyecto de acto legislativo de la JEP deliberadamente excluye la aplicación de esta figura sin ningún sustento. El Acuerdo señala: “59.- Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP se tendrá en cuenta como referente jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal. El componente de justicia del SIVJRNR tendrá en cuenta la relevancia de las decisiones tomadas por la anterior organización que sean pertinentes para analizar las responsabilidades. La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía.

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Senadora Claudia López Alianza Verde Se entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional.”

Nótese que en la parte del Acuerdo de Paz sobre la responsabilidad de mando de los integrantes de las Farc sí se incluye el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal como fuentes normativas y se ajusta a los estándares internacionales. Sin embargo, en el Acto Legislativo que crea la JEP deliberadamente se excluyó la responsabilidad de mando de los miembros del las Farc, por lo cual propuse un artículo nuevo que establecía dicha responsabilidad según lo dispuesto en el Acuerdo de Paz. Esta propuesta no fue aprobada por el Gobierno y en consecuencia no fue considerada para votación.

Adicionalmente, el proyecto de reforma constitucional debería regular la responsabilidad de mando de los agentes del Estado tanto civiles como militares. El proyecto de acto legislativo prevé solamente la responsabilidad del mando respecto de los miembros de la Fuerza Pública (mandos militares y policiales), con lo que no incluye a otros agentes de Estado que son mandos civiles. Con la regulación del Acto Legislativo de la JEP no sería posible, por ejemplo, imputar responsabilidad del mando a un Ministro por no haber prevenido o sancionado adecuadamente los crímenes de sus subordinados, ni a alcaldes o gobernadores, máximas autoridades de policía en sus jurisdicciones.

Discusiones durante el tercer debate Los contenidos normativos aprobados hasta ahora en los debates del Acto Legislativo de la JEP, que en mi opinión son contrarios al derecho internacional, han sido avalados y propuestos por el actual Gobierno, por intermedio de sus Ministros, como de Senadores, en particular aquellos nombrados como ponentes. Durante las discusiones desarrolladas en el debate legislativo se han realizado afirmaciones contrarias a las obligaciones que Colombia ha adquirido en relación al DPI como se mostrará.

Durante el debate realizado el 22 de febrero de 2017, el Senador, Roosvelt Rodríguez, coordinador ponente del tercer debate del proyecto de acto legislativo que crea la JEP, señaló, como se puede verificar en el video anexo, “¿para quienes opera la figura de responsabilidad de mando?, para los combatientes de la fuerza pública, de conformidad con el artículo transitorio 23 (...)”, y a continuación se refiere a algunas sentencias de la Corte Constitucional (C-578 de 2002,C-801 de 2009) para justificar que el artículo 28 del Estatuto de Roma, no hace parte del bloque de constitucionalidad, y en ese sentido, los jueces nacionales solo deben Cra. 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Of. 228. Tel: 3823441

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Senadora Claudia López Alianza Verde aplicar el ordenamiento jurídico interno. Agregó que las disposiciones del Estatuto de Roma sólo surten efectos en el ámbito de competencia de la CPI. Y continúa diciendo “se ha explicado suficientemente el tema del Estatuto de Roma, razones por las cuales no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, no es cierto que lo afirme yo, aquí he leído apartes de las sentencias de la Corte Constitucional, es ella la que ha definido la suerte en el ordenamiento constitucional colombiano”.

Por su parte, en el mismo debate, el Ministro de Justicia indicó que “obviamente el Estatuto de Roma es aplicable, pero que en el mismo estatuto se establece que si se honra que hay una investigación, un procedimiento y una sanción dentro del ordenamiento interno ese será el que se pueda y se deba aplicar, no existe ninguna obligación de que todo el Estatuto de Roma se tenga que transcribir textualmente en el ordenamiento interno”. Y continúa diciendo, “el Estatuto de Roma está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, y exige que se honre la investigación, el procesamiento y la sanción en los procedimientos internos que se vaya a dar, si eso existe, que es lo que estamos haciendo con la JEP, pues el Estatuto de Roma, es una jurisdicción que es subsidiaria. La sentencia C-290 de 2112, expresó que el artículo 28 no formaba parte del bloque de constitucionalidad eso no quiere decir que el Estatuto de Roma este o no vigente, eso dependerá de todo el procedimiento y de todo lo que estamos aprobando en esta sesión”.

Respecto a la responsabilidad de mando de los miembros de las Farc, el Ministro señaló que en el Acuerdo de Paz se encuentra textualmente contenida esta disposición, por lo que desde el Ministerio no tienen ninguna oposición a que se incluya, sin embargo, considera que con la mención de la regulación de la JEP en el artículo transitorio 5, es suficiente.

Así las cosas, resulta clara la confusión existente, pues pareciera que tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, se tiene la errónea concepción que, debido a que la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que no todo el Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, el Estado colombiano puede elegir si tener o no en cuenta sus estándares.

De ahí, nuestra preocupación sobre el eventual incumplimiento de las obligaciones internacionales.

Informe sobre la situación de Colombia Las advertencias realizadas en el informe que en 2016 realizó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se están materializando. Así, la Fiscalía señaló: “253. Cuando haya sido establecida, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá jurisdicción para investigar y enjuiciar a los máximos responsables por los crímenes Cra. 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Of. 228. Tel: 3823441

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Senadora Claudia López Alianza Verde más graves relacionados con el conflicto, como por ejemplo casos contra miembros de las FARC-EP, miembros de las fuerzas armadas, y todos aquellos que hubiesen participado directa o indirectamente en el conflicto armado interno. En el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz solamente podrían ser objeto de amnistía los crímenes políticos, como la rebelión o la sedición. Las amnistías y los indultos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra con arreglo al Estatuto de Roma están excluidos del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. (...) 257. (...) La Fiscalía también deberá tomar en consideración si existe alguna laguna sustantiva en las leyes aplicadas por las autoridades competentes de la Jurisdicción Especial para la Paz, como las relativas a la responsabilidad del superior, que podría socavar su capacidad para proceder de manera genuina en relación con los casos potenciales que podrían surgir de una investigación en la situación.”

Las observaciones que aquí se han hecho relativas a la ausencia del DPI como fuente normativa en la calificación jurídica de las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública, y la advertencia sobre inclusión de requisitos adicionales a los estándares internacionales y concurrentes difícilmente aplicables, hacen que se ponga en riesgo la verdadera investigación y juzgamiento de las conductas por responsabilidad del superior.

Colombia frente al Estatuto de Roma A continuación se presenta un recuento del desarrollo que ha tenido en Colombia la incorporación del Estatuto de Roma: ●

El Congreso de la República, mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002, publicada en el Diario Oficial número 44.826 del 7 de junio de 2002, aprobó el "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", hecho en Roma el 17 de julio de 1998.

●

La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-578/02 del 30 de julio de 2002, declaró exequible la Ley 742 del 5 de junio de 2002 y el "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", hecho en Roma el 17 de julio de 1998.

●

El 5 de agosto de 2002, Colombia depositó ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, el Instrumento de Ratificación del "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", hecho en Roma el 17 de julio de 1998. En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el

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Senadora Claudia López Alianza Verde primero (1°) de noviembre de 2002 de conformidad con lo dispuesto en su artículo 126 (2); Al momento de depositar el instrumento de ratificación, el Gobierno Nacional formuló seis (6) declaraciones: 1. Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma Sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado colombiano, y sus disposiciones deben ser interpretadas de manera concordante con el Derecho Internacional Humanitario.

2. Siempre será en interés de la justicia que a los nacionales colombianos les sea garantizado plenamente el derecho de defensa.

3. Las “otras razones” a que se refiere el artículo 17, párrafo 3°, a fin de determinar la incapacidad del Estado para investigar o enjuiciar un asunto, se refieren a la ausencia evidente de condiciones objetivas necesarias para llevar a cabo el juicio.

4. Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma modifican el Derecho Interno aplicado por las autoridades judiciales colombianas en ejercicio de las competencias nacionales que le son propias dentro del territorio de la República de Colombia.

5. No acepta la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8° (crímenes de guerra).

6. Las solicitudes de cooperación o asistencia se tramitan por vía diplomática, en idioma español o acompañadas de una traducción a este idioma.

Por lo anterior, resulta claro que Colombia ha reconocido no solo la competencia de la Corte Penal Internacional, sino, como consecuencia, ha aceptado que tiene obligaciones derivadas del Estatuto de Roma.

La Corte Constitucional y el Estatuto de Roma A instancia constitucional, Colombia ha tenido la discusión sobre el valor normativo del Estatuto de Roma y su observancia en el ordenamiento interno.

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Senadora Claudia López Alianza Verde Con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma para Colombia, en sentencia C181 de 2002, la Corte Constitucional recurrió al artículo 28 del Estatuto de Roma en términos de parámetro para ejercer el control de constitucionalidad de una norma legal. Se trató, en el caso concreto, de examinar la validez de la consagración de la falta disciplinaria de comisión de genocidio, prevista en el literal a) del artículo 25.5 de la Ley 200 de 1995. En dicha ocasión, el juez constitucional consideró lo siguiente: “Finalmente, es posible admitir que, en casos excepcionalísimos, la comisión del genocidio podría darse a título de imprudencia, pero únicamente en relación con jefes y superiores encargados de proveer seguridad a un determinado grupo social, tal como lo dispone el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. (…) Tal como se aplica en relación con el genocidio, la comisión de esta falta disciplinaria, que constituye conducta penalmente reprochable, sólo admite la modalidad dolosa dentro del tipo subjetivo. Obviamente con la salvedad que introdujo el Estatuto de Roma, a la cual se hizo referencia. Ello, porque la sucesión delictiva que la identifica, implica el conocimiento cierto y voluntario de quien ejecuta la conducta, elementos incompatibles con la conducta culposa”.

En sentencia C-695 de 2002, con ocasión del examen de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 13 de la Ley 733 de 2002, referido a la prohibición de conceder amnistías o indultos para los autores o partícipes de los delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, la Corte consideró que “si bien el Congreso tiene una amplia facultad para conceder amnistías e indultos por delitos políticos, tal facultad debe ejercerla con estricto respeto de la Constitución Política y los Tratados internacionales de Derechos Humanos y de Derecho internacional Humanitario”, dentro de los cuales fue citado el Estatuto de Roma de la CPI. En la sentencia C-1076 de 2002 la Corte recurrió al texto del Estatuto de Roma con un doble objetivo: (i) examinar la validez de una norma legal, es decir, tomarlo realmente como parámetro para ejercer el control de constitucionalidad, y (ii) a efectos de dotar de contenido un tipo disciplinario abierto o en blanco, con el fin de poder luego confrontar la norma legal con la Constitución.

De igual manera, esta Corporación en sentencia C- 004 de 2003, referida a la regulación legal de la acción de revisión, tomó como parámetro para ejercer el control de constitucionalidad el artículo 20 del Estatuto de Roma.

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Senadora Claudia López Alianza Verde Así mismo, en sentencia C- 871 de 2003, con ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la Corte volvió a emplear el artículo 20 del Estatuto de Roma, para los efectos señalados: “En el mismo sentido el Estatuto de Roma, por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional, también establece excepciones al principio del non bis in idem, las cuales están referidas a situaciones en las que se pretende sustraer al acusado de responsabilidad penal por crímenes de competencia de dicha Corte, o cuando el juicio no ha sido adelantado en forma independiente o imparcial”.

El Estatuto de Roma de la CPI ha sido igualmente tomado en consideración durante el ejercicio del control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales. Así por ejemplo, en sentencia C- 172 de 2004, referida al análisis del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la participación de Niños en los Conflictos Armados”, la Corte consideró lo siguiente: “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998, aprobado mediante Ley 742 del 5 de junio de 2002, en su artículo 8, 2, literal b), xxvi considera crimen de guerra el “[r]eclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”.

Ese mismo año, en sentencia C- 405, la Corte Constitucional volvió a apelar al artículo 8 del Estatuto de Roma, en tanto que límite al margen de configuración normativa del legislador: “Más recientemente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8, referente a los crímenes de guerra, tipifica a la toma de rehenes como un comportamiento violatorio de los usos y costumbres de la guerra, en desarrollo de un conflicto armado interno o internacional. Al respecto, valga aclarar que el Estatuto no especifica en qué consiste exactamente este comportamiento delictual. No obstante, el mismo Estatuto dispone, en el citado artículo, que los crímenes de guerra deberán ser cometidos “como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”.

Cabe igualmente señalar que, en ocasiones, la Corte Constitucional se ha visto en la necesidad de confrontar los textos de diversos instrumentos internacionales, incluido aquel del Estatuto de Roma, a efectos de determinar cuál de ellos contiene la regulación más protectora (principio pro homine). Así por ejemplo, en sentencia C- 148 de 2005, el juez constitucional, al momento

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Senadora Claudia López Alianza Verde de examinar la validez del tipo penal de tortura, se dio a la tarea de determinar cuál era la norma internacional más garantista en la materia, concluyendo lo siguiente: “A su vez el artículo 10 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala que “Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto”. Es decir que el hecho de que en dicho estatuto -cuya aprobación por Colombia es la más reciente- figure una disposición que no es coincidente con la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana, en nada impide que se tome en cuenta el contenido más garantista que se establece en la referida Convención en cuanto al delito de tortura”.

Por el contrario, en sentencia C- 203 de 2005, concerniente al tema de la judicialización de menores de edad vinculados con el conflicto armado, la Corte Constitucional estimó que el artículo 26 del Estatuto de Roma configuraba una regulación aplicable únicamente en el ámbito de competencia de la CPI. Luego, en fallo C- 928 de 2005, la Corte Constitucional examinó la validez de la regulación legal de la concesión de unos indultos con unos fines estipulados en el texto del Preámbulo del Estatuto de Roma, y desarrollados en algunos de sus artículos: “Por otra parte, cabe resaltar que el mismo sentido normativo concuerda plenamente con el contenido actual del ordenamiento constitucional colombiano y de la normatividad internacional, por causa de la reforma introducida al Art. 93 de la Constitución por el Art. 1º del Acto Legislativo 2 de 2001, que facultó al Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de Julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuencialmente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución. Con base en dicha facultad el Estado colombiano aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 742 de 2002, y tanto aquel como ésta fueron declarados exequibles mediante la Sentencia C- 578 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.”

Ahora bien, mención especial merece la sentencia C- 095 de 2007, en cuya ocasión la Corte Constitucional debió examinar la validez de la siguiente disposición referida a la aplicación del principio de oportunidad: “Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho Cra. 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso Of. 228. Tel: 3823441

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Senadora Claudia López Alianza Verde internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.”

Con posterioridad, en providencia C- 291 de 2007, con ocasión del examen de constitucionalidad de varios tipos penales referidos a personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, la Corte Constitucional reiteró que el legislador, al momento de tipificar delitos y establecer procedimientos para la investigación de crímenes internacionales, debía tomar en consideración lo previsto en el Estatuto de Roma.

A pesar de la afirmación de la sentencia C-290 de 2012, que no todo el Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucional, es claro que su uso es requerido. En ese sentido, la Corte Constitucional señaló las siguientes aplicaciones del Estatuto: a. El Estatuto de Roma en tanto que insumo que permite reforzar la argumentación del juez constitucional. En múltiples situaciones, la Corte Constitucional ha traído a colación el texto del Estatuto de Roma, no como parámetro para ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, sino como un elemento que permite reforzar una determinada construcción argumentativa. Aquello ha sucedido, especialmente, cuando se ha tratado de explicar la evolución que ha conocido determinado tema (vgr. posición de garante, regla de exclusión, derechos de las víctimas, juicios en ausencia, etcétera). b. El efecto interpretativo del instrumento internacional. En ciertos casos, la Corte Constitucional ha operado un reenvío hacia el Estatuto de Roma, con el fin de dotar de contenido y alcance una determinada expresión legal, tal y como ha sucedido con los crímenes de guerra (C- 1076 de 2002). c. El legislador colombiano puede ir más allá de lo regulado por el Estatuto de Roma. En determinados casos, y actuando con base en su facultad de configuración normativa y su deber de protección de bienes jurídicos (art.2 Superior), el legislador colombiano puede extender la protección de las víctimas a ciertos casos no regulados por el Estatuto de Roma (vgr. genocidio contra grupos políticos), sin que por ello se desconozca el objeto y fin del tratado internacional.

De todo lo anterior es dable concluir que el juez constitucional ha aplicado los contenidos del Estatuto de Roma como parámetros de constitucionalidad algunas veces, e interpretación en otras, pero en todo caso, ha reconocido su plena validez y aplicación.

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Senadora Claudia López Alianza Verde Solicitud Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, solicito a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional: ●

Que continúe monitoreando el caso colombiano con miras a garantizar que el Gobierno de Colombia, la Corte Constitucional y las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz apliquen en sus propuestas legislativas y decisiones judiciales los estándares internacionales consuetudinarios y del Estatuto de Roma a la hora de calificar las conductas y la responsabilidad de mando, tanto de los miembros de la Fuerza Pública como de los demás beneficiarios del sistema de justicia transicional regulado en la JEP.

●

Que, de considerarlo pertinente, emita un comunicado público sobre la eventual distorsión del Derecho Internacional existente en el diseño normativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que se refiere a las fuentes normativas de la calificación jurídica de los miembros de la Fuerza Pública y a la responsabilidad del superior; y que señale las consecuencias que la ausencia de una correcta aplicación del Derecho Internacional puede acarrear para los responsables de graves crímenes.

●

Que efectúe una evaluación a la luz de la complementariedad, con el fin de determinar si como consecuencia del eventual diseño normativo distorsionado de justicia transicional aprobado para los miembros de la Fuerza Pública, se configura una falta de voluntad por parte del Estado de investigar, juzgar y sancionar genuinamente, buscando sustraer a los altos mandos estatales, a los civiles y a los miembros de las Farc-EP de su responsabilidad penal por los graves crímenes de competencia de la CPI.

Cordialmente,

Claudia López Hernández Senadora Partido Alianza Verde Congreso de la República de Colombia

Con copia: María Ángela Holguín Cuéllar - Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

Todd Howland - Representante Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ONU Derechos Humanos.

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